¿Qué sociedad roba a sus escuelas?

 Abelardo Carro Nava

¿Algo estamos haciendo mal cuando los hombres roban en las escuelas de nuestros hijos? Fue la pregunta que vino a mi mente después de haber visto una noticia en la televisión mientras degustaba mis alimentos. Ello, desde luego, motivó mi curiosidad y me llevó a indagar y a leer algunas de las noticias más recientes sobre este tema que, diversos medios de comunicación, han reportado a través de sus portales de noticias digitales, mismos que circulan por la internet.

“Roban escuelas durante la pandemia”, así lo reportó Monserrat García de El Sol de San Juan del Río, de Querétaro, el pasado 13 de agosto. Y es que, señala la reportera, ante la imposibilidad de dar clases presenciales en las mismas, de manera progresiva, han desmantelado las escuelas llevándose cables, tubería, lavabos y equipamiento educativo que, de alguna manera, han proporcionado los padres de familia a los centros escolares.

Por su parte, la redacción del periódico digital Cambio 22, de Quintana Roo, informó que el pasado 12 de agosto, habían sido robadas y vandalizadas 83 escuelas durante la pandemia en ese estado, afectando a un número importante de alumnos y profesores que ahí acudían a sus clases antes de la contingencia sanitaria porque, en lo que va de estos meses, se han sustraído cables eléctricos, aires acondicionados, cables de cobre, medidores de luz, protectores, ventanas y puertas, tubería de tanque de gas, diverso mobiliario, equipo de cómputo y eléctrico, tinacos, plomería y artículos inventariados.

Otra reportera, Nadia Mendoza, el 15 de agosto, publicó una nota en El Sol de Tlaxcala que llevó por título: “En curso, investigación por robo a 17 escuelas”. Y es que, a decir de la periodista, dichos robos se habían presentado en la entidad tlaxcalteca desde el mes de marzo a la fecha en que cerraba esa nota, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), había iniciado 17 carpetas de investigación por hurto a los colegios de los que habían sustraído equipos de cómputo, pantallas, proyectores, herramientas de jardinería y hasta borregos.

Sobre este mismo asunto, el 5 de septiembre, Lidiet Mexicano, del periódico digital Vanguardia Mx, reportaba que en Coahuila, habían robado 350 escuelas durante la pandemia; las afectaciones que tuvieron dichos centros educativos fueron de diversa naturaleza pero, lo que más llamó la atención de las autoridades y de los habitantes de esa entidad federativa, según esta informante, fue el robo de 90 paquetes de útiles escolares.

En este mismo tenor, Cecilia Nava, el pasado 4 de octubre, reportó a través de El Sol de México, de la Ciudad de México, que del 3 de abril al 31 de julio de 2020, 61 planteles educativos fueron robados ocasionándoles a éstos daños a sus instalaciones, sustracción de muebles y otros enseres educativos, motivo por el cual, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que ya se había puesto en marcha la aplicación Mi Policía en mi Escuela, una alarma silenciosa mediante la cual, los ciudadanos, podían reportar cualquier ilícito en flagrancia en las escuelas cuando así lo observaran.

En la misma tesitura, el pasado 15 de octubre, la redacción del periódico digital Noticias Cuautla, de Morelos, reportaba que, en plena pandemia, se habían registrado 25 robos a escuelas y que, algunas de ellas, habían sido saqueadas más de dos veces; esto, según los datos de la autoridad educativa de esa entidad federativa, misma que informó que el material que había sido robado de éstas, consistía en tuberías y aparatos electrónicos.

Sí, fueron seis notas que leí y elegí para exponerlas en estas líneas, aunque debo señalar que encontré muchas más; sin embargo, a partir de su contenido, de los datos que los periodistas aportaron, del estado o ciudad en la que se recabó la información, entre otras cuestiones más, es que consideré relevantes, repito, para que pudieran acompañar estas líneas.

Dicho lo anterior, de nueva cuenta saltaron en mi mente otra serie de interrogantes: ¿quién debería proporcionar seguridad a las escuelas?, ¿cuál es el papel de la federación, estados y municipios en este rubro?, ¿por qué debería proporcionarse esa seguridad?, ¿qué papel juega la sociedad en este asunto?, ¿qué es lo que ha propiciado tales robos?

Al respecto, tengo claridad que el Estado, a través de sus instituciones, tiene la obligación de velar por la seguridad pública de sus habitantes y de las propiedades que son parte de éste. Ello no está a discusión, puesto que en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así lo establece: “La seguridad pública es una función del estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas… La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley…”.

Sobre la persecución de los delitos, ¿qué señala el Código Penal Federal vigente? Bien, en su Título Primero sobre la Responsabilidad Penal, Capítulo I Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, Artículo 7º, se define al delito como “el acto u omisión que sancionan las leyes penales”. De esta forma, en su Título Vigésimo Segundo de Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, Capítulo I Robo, Artículo 367, se señala que “comete delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”. En este mismo sentido, por lo que toca a las posibles sanciones, el Artículo 381 Bis, de este Código, señala: “Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra sino también los móviles sea cual fuere la materia de que están construidos, así como aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales”. Finalmente, en su Capítulo VI Daño en Propiedad Ajena, Artículo 397, se especifica que: “Se impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño de peligro de: III. Bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios y monumentos públicos” (DOF, 2020).

Como hemos visto, jurídicamente, la delincuencia puede definirse como una conducta humana reprimida por la ley penal de nuestro país, sin embargo, ¿cómo puede verse este hecho desde la sociología? A decir de Nureña (2014), se trata de un verdadero fenómeno social, manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino que, además, implica trasgresiones a los valores reinantes en la sociedad. En consecuencia, puedo decir, que se trata de conductas antijurídicas, pero también, antisociales que, de alguna manera, han ido en aumento porque, como bien señala (Tonkonoff, 2016), todo nuevo delito es siempre, y fundamentalmente, una invención cultural.

 ¿Qué es lo que está fallando entonces?, ¿las leyes?, ¿la aplicación irrestricta de esas leyes?, ¿las instancias de procuración de justicia?, ¿la escuela?, ¿la sociedad?, ¿los hombres?

Tengo claro pues, que el tema es amplio; lleno de diversas aristas que, de cierta manera, deben ser desmenuzadas para comprender el fenómeno como tal; sin embargo, a bote pronto, pienso que el delito y la delincuencia tal y como hoy la conocemos, se ha interiorizado y normalizado en nuestra sociedad y, desafortunadamente, la hemos aceptado.

La ley está escrita, ¿habría que pensar en reformarla para que sean más severas las sanciones para quien comete un delito como el que he expuesto?

La escuela, dada la función social que le ha sido encomendada a través de estos años, ¿ha cumplido con su encomienda para que no se normalicen tales hechos?

La sociedad, ¿estará dispuesta a modificar sus conductas para dar paso a una cultura de respeto y aprecio por todo aquello que le produce un bien social como lo es el campo educativo?

¿Qué podemos hacer al respecto?

Con negritas:

Justo en el momento en que cierro estas líneas, por las redes sociales me entero que, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, varios sujetos ingresaron a robar, por la madrugada, llevándose consigo equipos de cómputo y diversos materiales educativos. Insisto, ¿qué sociedad roba a sus escuelas?


Referencias:

Código Penal Federal. Útima reforma publicada en el DOF el 01/07/2020. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el DOF el 08/05/2020. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

García, M. (13/08/2020). Roban escuelas durante la pandemia. EL sol de San Juan del Río. Recuperado de: https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/roban-escuelas-durante-la-pandemia-5620621.html

Mendoza, N. (15/08/2020). En curso, investigación por robo a 17 escuelas. El Sol de Tlaxcala. Recuperado de: https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-curso-investigacion-por-robo-a-17-escuelas-5630755.html

Mexicano, L. (5/09/2020). Roban y vandalizan 350 escuelas de Coahuila durante la pandemia. Vanguardia Mx. Recuperado de: https://vanguardia.com.mx/articulo/roban-y-vandalizan-350-escuelas-de-coahuila-durante-la-pandemia

Nava, C. (4/10/2020). Aprovechan Covid-19 para robar escuelas. El Sol de México. Recuperado de: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aprovechan-covid-19-para-robar-en-escuelas-5842991.html

Nureña, C. (2014). La sobrepenalización del delito de robo agravado: su incidencia delictiva en la ciudad de Trujillo durante los años 2008-2009. Texto recuperado de: file:///C:/Users/ABELARDO/Downloads/905-2314-1-PB.pdf

Redacción Cambio 22. (12/08/2020). Robadas y vandalizadas 83 escuelas durante la presente pandemia. Cambio 22. Recuperado de: https://cambio22.mx/robadas-y-vandalizadas-83-escuelas-durante-la-presente-pandemia/

Redacción Noticias Cuautla. (13/10/2020). En pandemia, se registran 25 robos a escuelas. Noticias Cuautla. Recuperado de: http://noticiasdecuautla.com/index.php/2020/10/13/en-pandemia-se-registran-25-robos-a-escuelas/?fbclid=IwAR3NUirBnErO_KYzBxNN9VNDc0Qc8bwEIBTzHc3ZAq3FLRUprCxScH7YTfw

Tonkinoff, S. (2016). La Sociología Criminal de Gabriel Tarde. Texto recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tonkonoff/publication/305414042_La_Sociologia_Criminal_de_Gabriel_Tarde/links/59becae3a6fdcca8e56cba54/La-Sociologia-Criminal-de-Gabriel-Tarde.pdf

Fuente: https://profelandia.com/que-sociedad-roba-a-sus-escuelas/

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OPINIÓN: La batalla contra el abuso policial: crónica de un desencuentro

Por: Tlachinollan

 

Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec.  A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.

A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.

Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.

El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.

El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.

El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.

En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.

Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.

Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.

Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.

Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/

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Falta de liderazgo en protestas complica situación en El Líbano

Asia/Líbano/27-10-2019/Autor(a): Armando Reyes Calderín/Fuente: www.prensa-latina.cu
Por: Armando Reyes Calderín
La falta de liderazgo en las protestas antigubernamentales en El Líbano, complica la posibilidad de encontrar solución a un movimiento espontáneo que condena a los políticos sean cualesquiera su profesión de fe.

Las manifestaciones sin precedentes acusan a la clase gobernante de saquear recursos estatales a lo largo de los años en el poder.

El robo, la corrupción y la venalidad de los dirigentes de Gobierno, Estado y Parlamento colocaron al país en una profunda crisis económica que por ironía hubo un intento de salvarla mediante más impuestos y gravámenes contra los que menos tienen.

A medida que surgen variantes para una solución, el tiempo corre y se agudizan las tensiones financieras de un Estado con una deuda de 85 mil millones de dólares, equivalente a 150 por ciento del producto interno bruto.

Los manifestantes demandan cambio radical en las estructuras de poder, una consigna similar a la de la llamada Primavera Árabe que derrocó en 2011 a los jefes de Estado de cuatro países.

Pero hay una diferencia, en aquella oportunidad respondía a un diseño de Estados Unidos e Israel para colocar gobiernos favorables a su política en la región.

En El Líbano, la situación pasa por la imposibilidad de los ciudadanos de a pie de continuar sufragando los lujos de una élite gobernante emergida de las cenizas de la guerra civil de 1975-1990.

Los señores de la guerra son los mismos que hoy día predominan en el escenario político nacional y, por supuesto, descartan abandonar sus posiciones y someterse al escrutinio popular.

Como prueba se toman los 17 mil desaparecidos durante el conflicto interno de 15 años que, pese a una ley aprobada por el Parlamento, sigue sin entrar en funciones y sancionar a los culpables de aquellos crímenes.

Con tal de frenar la ola de protestas, los partidos presentes en el Gobierno y Parlamento buscan alternativas, entre ellas las de reorganizar el Ejecutivo y mantener a Saad Hariri como primer ministro.

El resto del gabinete, sugieren, debían ocuparlo tecnócratas calificados para promulgar reformas urgentes, so pena de caer en la bancarrota.

Esa posibilidad en debate necesitará apoyo de todos, incluidos los manifestantes, pero ahí se traba el proceso por no existir una dirección única entre los miles que exigen un cambio en la historia libanesa.

En cualquier caso, el próximo gobierno debe ajustarse a las normas de las cuotas sectarias religiosas que comparten cristianos y musulmanes, otro de los obstáculos para un salto de calidad.

De tal manera que se volvería a más de lo mismo en la percepción de los protestantes, al igual que en caso de elecciones, a causa de que los candidatos independientes serían opacados por los de siempre, los ricos.

Se estima que la opción de una renuncia de Hariri aportaría más conflicto que solución, porque es probable se profundice aún más la crisis.

La otra variante de políticos consiste en una fatiga de los manifestantes y se alivie la presión, se mantenga un mismo Ejecutivo que llevará a cabo reformas destinadas a mejorar la situación económica.

Fuente e Imagen: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=315488&SEO=falta-de-liderazgo-en-protestas-complica-situacion-en-el-libano
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