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El Deja vu de la mala política en Venezuela

Por: Rose Mary Hernández

Venezuela es un país que se encuentra en contante retroceso en Derechos Laborales desde los gobiernos capitalistas como los que dicen llamarse socialistas.

Una escena reciente y  escalofriante se ha vivido desde el año 2018, cuando luego de que el Presidente anunciara la implementación del programa que llevó por nombre “Plan de Recuperación, Crecimiento y Estabilidad Económica”,  se contemplaran modificaciones en materia fiscal, tributaria, además de contractuales, deteriorando el patrono sin explicación ni basamento legal que lo soporte, la capacidad adquisitiva de las y los trabajadores de la administración pública.

Se trata de la Resolución 27921 emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, a través del entonces Ministro Eduardo Piñate, lo cual ha significado una violación flagrante de disposiciones legales que contemplan derechos de la clase obrera.

Esto ha conllevado en los hechos a la supresión de otros derechos que derivaban de las negociaciones y resoluciones de esas instancias, entre lo que se menciona el limitado derecho a huelga, puesto que, la posibilidad de ejercerlo “en los marcos de la ley”, está supeditada al cumplimiento de los pasos en esas instancias. Con ese Decreto, el Ministerio del Proceso Social del Trabajo establece como único canal  de exigencia al diálogo, unas “mesas técnicas” que buscan despojar a los trabajadores del derecho a ejercer mecanismos de lucha como los pliegos conflictivos y los paros a los que estos pliegos habilitan.

La legalidad del derecho a huelga queda en un “limbo”, una indeterminación que por supuesto se resolverá con el aparato judicial y represivo al servicio de los patronos. Una verdadera contrarreforma laboral, un retroceso brutal en los derechos de la clase obrera venezolana.

La política regresiva, además de ilegal, violenta totalmente la intangibilidad, progresividad y carácter irrenunciable de los derechos laborales, principios establecidos tanto en el artículo 89 de la Constitución (CRBV)2 así como en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)3“Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”, dice el 89, “Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”, rezan tanto el 89 de la CRBV como el 18 de la LOTTT, por el contrario, las decisiones que se toman y aplican siguen haciendo hirientes en quienes todavía apuestan por una mejora económica, social y laboral en Venezuela.

La precariedad con la cual se han enfrentado estos últimos tiempos las y los trabajadores venezolanos ha sido desgarradora. Luchar contra sanciones impuestas a nuestra economía y que solo paga el ciudadano (a) común, al igual que, el opuesto accionar de quienes trazan las políticas pública y sociales, se ha convertido en un desgaste emocional, físico. Las carencias se han hecho presente de manera humillante, vergonzosa. A diario toca ver cómo las personas luego de años de servicio al país, les resulta imposible pagar sus medicinas, costear sus alimentos, cubrir con sus necesidades básicas, poder tener en casa servicios estables como agua, luz, gas doméstico, tener asistencia médica satisfactoria en los hospitales sin necesidad de pagar desde la aguja para recibir tratamiento o cama para hospitalización.

Escuchar al Presidente anunciar este 04 de marzo 2022 un incremento del salario mínimo4, el cuál pasaba de 7 bs (1.5 dólares) a 130 bs (28 dólares mensuales)  y, con incidencia directa en los sueldos de las y los trabajadores de la Administración Pública y Privada, generó expectativas en quienes todavía se mantienen como empleados del Estado, aunque sigue siendo un intento mínimo  puesto que todavía está por debajo del costo de la canasta básica que, según organismos de consulta, se ubica entre 340 y 400 dólares al mes. Además, ese monto de nuevo salario mínimo (130 bs) se corresponde con 1,90 dólares al día y, que el Banco Mundial considera como línea de pobreza extrema por rango de ingresos, sin entender entonces, por qué países con menor ingreso per cápita como Haití y México o con bloqueo económico de muchos más años que Venezuela, como es el caso de Cuba, tengan  salarios mínimos mayores para sus trabajadores y pensionados/as5.

Aunado a esto, el atropello con el cual ahora el Ministerio del Poder Popular de Planificación decide reducir los porcentajes de los beneficios económicos en las Convenciones de las y los maestros y profesores, lo que resulta inconcebible, ilegal, violatorio y fuera de orden, porque los derechos conquistados en la Convenciones Colectivas son irrenunciables. El principio de irrenunciabilidad es una norma sustantiva de orden público en la legislación laboral venezolana, constituye una de sus notas emblemáticas, junto al principio de la progresividad de los derechos laborales; cualquier acto que vulnere o violente el principio de irrenunciabilidad o desmejora es nulo.

No puede existir pacto, acuerdo o negociación con algún representante de las y los trabajadores que soporte tan semejante atrevimiento que vulnera los derechos refrendados.

Según el Nuevo Salario Mínimo con incidencia en el Salario Mínimo de la Administración Pública en función de la IV Convención Colectiva Universitaria , un profesor Agregado Dedicación Exclusiva  tendría a su favor el siguiente cálculo:

Salario Base: Bs 668
Prima Familiar: Bs 70
Prima por Hijo: Bs. 30
Bono Transporte: Bs 46
Prima Actividad Universitaria: Bs 167
Prima Profesionalización: (Msc) Bs. 334
Prima Antigüedad (18 a): 240
Complemento Especial: Bs. 993
Cesta Ticket: Bs 45
*Total: Bs. 2.594*
Sin embargo,  hay una trasgresión  aplicada en el sector educativo, nivel universitario, donde  quedan reducidasy/o eliminadas  las siguientes clausulas económicas:

a). Prima de Titularidad: que correspondía con el 20% del salario básico.

b). Prima Familiar:  40% del ingreso mínimo mensual ha sido rebajada al 10% del Salario mínimo.

c). Prima por hijos: de 31 bs ahora 12,50 bs.

d). Prima por actividad universitaria; 25% del Salario Básico, queda en 12,5% del Salario Básico.

e). Prima por profesionalización: Doctorado, de 60% lo reducen a 40%; Maestría, de 50% a 35%; Especialización, de 40% a 30%; Licenciado, de 30% a 25%.

Se  eliminan las primas de Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores, Jefes de Área.

Por lo que ahora, ese mismo docente, clasificado como Profesor Agregado, Dedicación Exclusiva

Salario Base: Bs 408
Prima Familiar: Bs 17,5
Prima por Hijo: Bs. 12,5
Bono Transporte: Bs 0
Prima Actividad Universitaria: Bs 51
Prima Profesionalización: (Msc) Bs. 142
Prima Antigüedad (18 a): 93
Complemento Especial: Bs. 0
Cesta Tikect: Bs 45
*Total: Bs 769*
Esta grotesca diferencia: Bs.1.825, producto de lo que nos roban como pago representa un aproximado de 397 dólares, con los cuales se podría estar dando cumplimiento al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Y, que además es nuestro DERECHO, NOSOTROS, NOSOTRAS, NOSOTRES NO HEMOS RENUNCIADO A TALES CLAÚSULAS PORQUE  NO ES POSIBLE. VIVIMOS UN DEJA VU DE POLÍTICA REGRESIVA Y OPRESORA QUE SE NOS APLICA CON LA VENIA SINDICAL PATRONAL.

Todo esto es una muestra de cuánto se desprecia a las y los trabajadores, al sector Educativo, a la enseñanza, a la formación, al conocimiento, a la Constitución que en algún momento firmaron y juraron defender, pero sobretodo, al País. Es necesaria y urgente la nueva forma de organización, el desmarque de los actuales gremios, sindicatos y federaciones que a diario se sientan a trazar las malas jugadas en contra de sus afiliadas y afiliados, necesitamos avanzar en otra posible estructura sindical q favor de la Clase Trabajadora. Es necesario denunciar lo que nos sucede, pero también exigir a las y los responsables, subsanar de inmediato el error y recomponer nuestros derechos económicos.

Referencias:

1Resolución 2798: https://lascomadrespurpuras.com/wp-content/uploads/2019/09/Memorando-oficial-2792-del-Ministerio-del-Trabajo.pdf

2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999 https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

3 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012) https://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_leyorgtrabajo_ven.pdf

4 Gaceta 6.691, fechada el 15 de marzo de 2021, incluye el decreto Nº 4.653 https://finanzasdigital.com/category/gacetas/

5 Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf) https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/381852

 

 

 

 

 

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Así es la brecha territorial de los sueldos de la enseñanza pública: 6.000 euros en la escuela, 8.000 en el instituto y 9.000 en FP

Un informe de CCOO pone sobre la mesa las enormes diferencias de salario de los profesionales del sector educativo, a las que se añaden otras de menor cuantía en la duración de la jornada lectiva.

«Somos un cuerpo estatal, con un sueldo base igual en todo el país. La diferencia está en los complementos, que cada comunidad aplica como considera», explica Guillermo Herráiz, responsable de Enseñanza de CCOO en Aragón, organización que denuncia en un informe cómo los salarios medios finales de los maestros y profesores de la enseñanza pública pueden llegar a tener horquillas de alrededor de 9.000 euros.

Eso ocurre en la FP, donde entre los 31.808 euros brutos anuales de un profesor aragonés y los 40.796 de otro que trabaje en Euskadi se da una diferencia de 8.988, una brecha que se reduce ligeramente en las escuelas y los institutos.

Los cálculos incluyen, en todos los casos, los complementos que se cobran junto con los sueldos básicos por antigüedad, formación, desempeño de cargos u otros motivos como la insularidad.

«Somos un cuerpo estatal, con un sueldo base igual en todo el país. La diferencia está en los complementos, que cada comunidad aplica como considera», explica Guillermo Herráiz, responsable de Enseñanza de CCOO en Aragón, organización que denuncia en un informe cómo los salarios medios finales de los maestros y profesores de la enseñanza pública pueden llegar a tener horquillas de alrededor de 9.000 euros.

Eso ocurre en la FP, donde entre los 31.808 euros brutos anuales de un profesor aragonés y los 40.796 de otro que trabaje en Euskadi se da una diferencia de 8.988, una brecha que se reduce ligeramente en las escuelas y los institutos.

Los cálculos incluyen, en todos los casos, los complementos que se cobran junto con los sueldos básicos por antigüedad, formación, desempeño de cargos u otros motivos como la insularidad.

«Las diferencias salariales entre territorios vienen determinadas por las retribuciones que tienen carácter autonómico, englobadas en las retribuciones complementarias», advierte el documento, que anota cómo «en la última década ha habido distintos recortes y congelaciones salariales en todo el Estado que se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo docente».

En la enseñanza Primaria las diferencias se sitúan en los 5.740 euros que separan los 30.995 que paga el Gobierno de Aragón de los 36.736 que recibe un maestro en Ceuta, en este caso con un complemento específico por las peculiaridades del enclave, y en Secundaria ascienden a 8.244, de nuevo con los mismos territorios en los extremos aunque ahora con los registros en 34.726 y 42.970; siempre, en términos de salario bruto anual.

«Cada comunidad ha ido aplicando los complementos que ha considerado oportunos«, remarca Herráiz, que asegura que «en Aragón hay un bloqueo de la negociación. Nos reunimos mucho con la Consejería de Educación pero apenas ha habido avances desde 2016. La enseñanza ha dejado de ser prioritaria».

En cualquier caso, los salarios brutos de cualquiera de esos tres segmentos de la enseñanza pública se encuentran claramente por encima del salario medio de 22.837 que, según las estimaciones del INE, recibe en España un trabajador con un empleo tipo, y se les aplica la subida del 0,9% que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para los sueldos públicos.

«Globalmente, si unimos nuestra última posición en materia de retribuciones, nuestro liderazgo en cuanto a horas lectivas y la alta tasa de interinidad, nos convierte en el profesorado con las peores condiciones laborales del Estado«, concluye el informe, titulado El profesorado peor pagado de España.

El Gobierno de Aragón, que sostiene que en los últimos siete años ha reducido los ratios de alumnos por clase, el nivel de interinidad y el horario lectivo de los profesores de secundaria, matiza la posición del sindicato en el ámbito salarial: «en 2016 se aprobó la extensión de nombramientos de interinos hasta el 31 de agosto, permitiendo recuperar el cobro íntegro de las retribuciones de este colectivo los meses de verano», a lo que se añade que el primer llamamiento se efectúa el primer día hábil de septiembre, señalaron fuentes de la Consejería de Educación.

El estudio pone sobre la mesa dos constantes sobre las políticas salariales de las comunidades autónomas en materia de enseñanza: los enclaves africanos y los territorios forales ocupan los primeros puestos por la cuantía de los salarios tanto en Primaria como en Secundaria, mientras que inmediatamente por encima de Aragón en la cola se alternan en los dos casos tres de los gobiernos autonómicos emblemáticos del PP como son los de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

La tendencia a pagar sueldos bajos de los gobiernos del PP

En la FP, Canarias desplaza a Navarra en el grupo de cabeza mientras en el de cola Catalunya ocupa el lugar de Madrid, lo que vendría a confirmar, con esa excepción y por pasiva, la tendencia a la cicatería de las administraciones de signo conservador en la enseñanza pública, reforzada también por la aparición de Galicia cerca de esos puestos de cola en los dos principales grupos.

Galicia, Andalucía y Madrid aparecen, por el contrario y por este orden, como los territorios en los que menor tasa de interinidad sufren los profesionales de la enseñanza, con un 5,2% en la primera de ellas y un 13,1% y un 14,3% en las otras dos cuando la media estatal se sitúa en el 22,6% y alcanza cotas superiores al 33% en Navarra, Catalunya, Euskadi y Aragón.

«La inestabilidad en el empleo docente (…) también afecta a la calidad docente, no porque el personal interino tenga menos capacidad para realizar su trabajo, sino porque la alta rotación de personal en un mismo centro educativo dificulta que los proyectos y programas que allí se desarrollan tengan la adecuada continuidad», señala el informe, que también dedica un apartado a la duración del horario lectivo.

Las «situaciones asimétricas» con la jornada lectiva

La llamada Ley Celáa, vigente desde mediados de 2019, recomienda «con carácter ordinario un máximo de veintitrés horas [semanales] en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general», aunque deja al criterio de las comunidades la determinación de esa jornada.

En realidad , solo en cuatro territorios, en Navarra, Euskadi, La Rioja y la Comunitat Valenciana, se aplica la jornada semanal de 23 horas en Primaria y en Infantil, mientras otras tres, Cantabria, Castilla y León y Catalunya, la han recortado a 23.

El seguimiento de la recomendación ha sido mayor en Secundaria y FP, con reducciones a 18 horas de carga lectiva semanal por profesor en La Rioja, Navarra, Euskadi, Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias y la Comunitat Valenciana y un régimen de 19 en Baleares, Cantabria, Catalunya, Extremadura y Castilla y León.

Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y los dos enclaves africanos son los únicos territorios que mantienen las jornadas más amplias en ambos casos.

Esas decisiones, señala el documento, han generado «situaciones asimétricas entre los distintos territorios y, en consecuencia, un agravio comparativo en las condiciones de los y las docentes en función de su enclave territorial«, ya que, según el sindicato, «el aumento de la carga lectiva resta, de facto, tiempo para otras tareas docentes como la programación, la preparación de clases, evaluación, formación, corrección, atención a alumnado y familias o innovación».

Fuente: https://www.publico.es/economia/educacion-publica-brecha-territorial-sueldos-ensenanza-publica-6000-euros-escuela-8000-instituto-9000-fp.html

 

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Venezuela: Docentes de la UCV tiene pocas ganas de volver a las aulas

El profesor Miguel Alfonzo aseguró en nombre del consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela, que todavía no han definido cuándo retornarán a las clases presenciales en la casa de estudio.

Dijo que aún no han discutido con profundidad el punto, pero indicó que hay estudiantes que esperan por culminar sólo algunas materias para poder graduarse y hasta ahora no las han podido cursar, lo que les genera un retraso.

Los bajos salarios y la falta d presupuestos no motivan a los profesores. Sólo pocos  docentes están dispuestos a retornar a las aulas. Alfonzo reitera que hay que seguir trabajando a pesar de la situación económica y deben buscarse alternativas para solucionar la situación. Recordó para Unión Radio que otros países pasan condiciones difíciles y la educación no ha parado, por lo que Venezuela debe hacer lo mismo y asumir algunas estrategias favorables.

Recuperan la ciudad universitaria

Jacqueline Faría, protectora de la UCV y presidenta de la Misión Venezuela Bella, aseguró que se han recuperado instalaciones en la institución que se hallaban muy deterioradas como edificios, iluminación de las áreas comunes, el comedor universitario, la Plaza del Rectorado, Plaza Cubierta y los techos del Aula Magna. Informó que han arreglado más de 480 aulas que albergan a 19 mil estudiantes y uno de los mayores compromisos es recuperar los edificios de medicina.

La también egresada de la UCV aseguró que con el apoyo de especialistas, han logrado restaurar más de 78 laboratorios y limpiar sustancias químicas que estaban dañadas.

Fuente: https://voce.com.ve/2022/02/16/641721/docentes-de-la-ucv-tiene-pocas-ganas-de-volver-a-las-aulas/

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Propuesta salarial: comenzó la reunión entre el Gobierno y gremios docentes de Chabut, Argentina

El encuentro se da desde este mediodía en la Secretaría de Trabajo, delegación Comodoro Rivadavia. Asisten representantes de sindicatos educativos y referentes del Gobierno.

De la reunión participan los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech), Unión Docentes de Argentina (UDA), Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), según comunicó el Gobierno de la provincia.

En representación del Gobierno del Chubut, están presentes los ministros de Educación, Economía, Infraestructura, Gobierno y Justicia; Florencia Perata, Oscar Antonena, Gustavo Aguilera y Cristian Ayala, respectivamente.

Además de la cuestión de la recomposición salarial, también se tratarán temas de infraestructura escolar, licencias gremiales, el Programa «Volvé a la Escuela», la Ley de Concurso de Ascenso y Concurso de Ingreso Secundaria.

El ministro de Gobierno, Cristian Ayala, confirmó que en el encuentro se realizará una propuesta ante el planteo del «aumento de emergencia» solicitado, que es adelantar las dos cuotas pendientes del aumento del 30% resuelto por el Gobierno provincial.

Fuente: https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-1-29-12-26-0-propuesta-salarial-comenzo-la-reunion-entre-el-gobierno-y-gremios-docentes

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Informe sobre la situación del Derecho Humano a la Educación en Venezuela 2017-2021

Autores: Rose Mary Hernández Román

Luz Palomino

Luis Bonilla

Año: 2022

Email: rosemhernandezr@gmail.com

mayorga.luz@gmail.com

luisbonillamolina.62@gmail.com

Resumen:

Este informe fue elaborado y presentado por un equipo de investigadores (Rose Mary Hernández, Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina)  según directrices de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación  (CLADE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  como el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela en fecha del 05 de julio de 2021, en el marco de la Defensa del Derecho Humano a la Educación. El mismo, se hizo del conocimiento general y acceso libre en fecha del 26 de enero de 2022 en el Portal Otras Voces en Educación luego de su discusión y aval por el Organismo Internacional que acreditó su contribución (UNESCO) en  Ginebra https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index. Su elaboración atiende al formato de comunicación de Informe en los Organismos Internacionales, lo cual se describe puntualmente a continuación. Las conclusiones se extraen de lo determinado y aportado en este documento. Sobre las recomendaciones se destacan cuatro aspectos: impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación; resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes, hacer transparente la información y datos del Estado en materia educativa y la redistribución del presupuesto y las finanzas públicas debe hacerse con una clara perspectiva social.

Palabras Clave: Derecho Humano a la Educación, Salarios, Pobreza, Sanciones, Políticas Públicas

Abstract 

This report was prepared and presented by a team of researchers (Rose Mary Hernández, Luz Palomino and Luis Bonilla-Molina) according to the guidelines of the Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE) and the United Nations Educational Organization, the Science and Culture (UNESCO) as the Universal Periodic Review (EPU) of Venezuela on July 5, 2021, within the framework of the Defense of the Human Right to Education. It became general knowledge and free access on January 26, 2022 on the Other Voices in Education Portal after its discussion and endorsement by the International Organization that accredited its contribution (UNESCO) in Geneva https://www .ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index. Its preparation follows the Report communication format in International Organizations, which is specifically described below. The conclusions are drawn from what was determined and provided in this document. Four aspects stand out regarding the recommendations: promote the formation of a National Education Council; immediately resolve the salary issue of teachers, make transparent the State’s information and data on educational matters and the redistribution of the budget and public finances must be done with a clear social perspective.

Keywords: Human Right to Education, Salaries, Poverty, Sanctions, Public Policies

 

Introducción

El Examen Periódico Universal, conocido con las siglas EPU, fue creado  el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 60/251, y se concibió para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países. Con base en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) “…es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y las libertades individuales de todas las personas sin distinción de ningún tipo y de forma equitativa..”

Por tanto, el EPU se entiende como un mecanismo de cooperación entre Estados cuyo conocimiento del informe se implementa en formato de diálogo interactivo durante tres horas y media donde se permite el intercambio de información entre el Estado examinado, los Estados miembros y los Estados observadores del Consejo de Derechos Humanos en el cual, el Estado bajo examen se involucra y compromete completamente con el proceso de revisión y recomendaciones tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional. Asimismo, se comprometen a entregar al Consejo información fidedigna y de calidad, sobre la cual la comunidad internacional realiza su examen al estado bajo revisión.

Es de hacer saber que, la revisión de los Estados bajo este mecanismo sucede en un período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, el cual está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y por los demás Estados no miembros que actúan en tanto observadores.

Cada ciclo del EPU dura 4 años y medio, durante los cuales todos los Estados son revisados bajo éste mecanismo, por lo que se denota que, actualmente está en marcha el tercer ciclo de Revisión de Venezuela ante el mecanismo del Examen Periódico Universal 40ª Sesión. Para la Revisión de cada Estado, es fundamental contar con tres documentos clave: i) el informe país o nacional elaborado por el Estado bajo examen; ii) un informe que compila la información sobre el Estado bajo revisión con la que cuenta Naciones Unidas referida al cumplimiento del mismo para con sus obligaciones internacionales en materia de DDHH elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y iii) un resumen de la información y recomendaciones elaboradas por otros actores relevantes tales como la Institución Nacional de DDHH y Organizaciones de la Sociedad Civil, con competencia nacional e internacional en éste ámbito.

En atención al punto anterior, el presente informe se realiza acorde con las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la Resolución 16/21 y la Decisión 17/119, con la debida orientación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentado bajo la autoría compartida de los coordinadores del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa y el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE), en el cual se busca hacer una observación minuciosa en relación al Derecho Humano de la Educación en Venezuela durante el período 2017-2021, destacando en particular: ¿Cuál es la situación salarial docente en el país?, ¿Cómo ha sido la participación y la transparencia en materia educativa por parte del Estado? y ¿Cuáles son  aspectos presupuestarios y financieros que destinó el gobierno para la Educación  en el periodo examinado?.

Por tanto, se procuró: Describir la situación salarial docente en el país, Resaltar la participación y la transparencia en materia educativa por parte del Estado y Puntualizar los aspectos presupuestarios y financieros que destinó el gobierno para la Educación en el periodo examinado.

Si bien el Examen Periódico Universal es un mecanismo perfectible de promoción y defensa de los derechos humanos, actualmente es una de las herramientas más eficaces de contralor del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los gobiernos, que vela por la no regresividad de los mismos.

Metodología

La metodología implementada exigió dos abordajes para poder dar cuenta de lo examinado. En tal sentido, para el seguimiento de las actuaciones del gobierno nacional en relación al Derecho Humano a la Educación, conllevó a la revisión  de datos oficiales que debieron ser publicados o facilitados por representantes y autoridades de los  organismos ministeriales en competencia,  así como por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo, se trató lo concerniente a los basamentos legales que rigen el sistema educativo y a las políticas públicas implementadas en materia salarial.

En otra instancia y trayecto del EPU realizado, se procedió al ejercicio de consulta a la base magisterial, instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales, lo cual permitió incorporar otras voces de organizaciones, movimientos sociales y de la sociedad civil, gremios y sindicatos, en relación a su perspectiva en cuanto al Derecho Humano de la Educación.

Resultados: Análisis y Discusión

a. La situación actual (2017-2021)

Seguimiento al gobierno y las políticas públicas en educación

Venezuela decidió en 1999 recorrer un camino de nueva independencia y soberanía nacional. Eso implicaba revisar la situación de dependencia neocolonial que había mantenido con el norte colonialista. Tal situación, generó tensiones hasta ahora desconocidas en la geopolítica nacional. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como “una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”, lo cual dio lugar a medidas coercitivas contra Venezuela. Estas sanciones norteamericanas y de sus aliados internacionales han generado pérdidas a la economía del país calculadas en 120 mil millones de dólares lo cual ha afectado el presupuesto público y la educación (Cifras de la Cancillería venezolana).

La situación antes descrita constituye el obstáculo más importante para construir una ruta cierta de transformación radical del sistema escolar venezolano, desde la perspectiva de inclusión, equidad, pertinencia y calidad. Además, el bloqueo norteamericano oculta indefiniciones, retrocesos y errores gubernamentales en materia educativa que podrían ser analizados y discutidos de manera más transparente, crítica y realista, si Venezuela no fuera un país asediado.

Desde 2014 la polarización política, propia de la crisis política existente en Venezuela, se ha profundizado a niveles de afectar todos los aspectos de la vida ciudadana. Esto ha imposibilitado la construcción consensuada de un Proyecto Nacional de Transformación Educativa. La falta de acuerdo se ha expresado de manera dramática en la forma de abordar la emergencia nacional en el sector educativo. Es urgente construir una unidad nacional contra la agresión económica extranjera, como paso previo para poder construir un proyecto educativo aceptado por todos a todas. Este acuerdo nacional no implica de manera alguna, silencio respecto los errores, fallas e inconsistencias de las políticas públicas en educación.

En el año 1999 se realizó un proceso nacional de Constituyente Educativa (CE) que intentó construir un horizonte de transformación pedagógica nacional. No obstante, no se dio continuidad al proceso consultivo y de diálogo constituyente en materia educativa. Desde el 8 de agosto de 2020 se encuentra desaparecido el Coordinador Nacional de este proceso constituyente en educación, el educador popular Carlos Lanz Rodríguez sin que hasta la fecha el Estado venezolano haya informado sobre las causas de su extraña desaparición. El derecho humano a la educación pasa por la garantía de la vida, seguridad personal, libertad de opinión del personal docente y, el Estado venezolano está obligado a esclarecer que ha pasado con Carlos Lanz Rodríguez.

Para poder monitorear el derecho a la educación se requiere transparencia en los datos y en la información del Estado, posibilidades de acceso a la misma en cualquier momento y de verificar la confiabilidad de dicha información. Ese es un problema serio en Venezuela, por la opacidad de la información. Los informes que se conocen no pueden ser verificados de manera diaria, mensual y por años escolares. Existe una concentración y hermetismo de los procesos de manejo y procesamiento de información sobre la dinámica del Estado en el Ministerio de Planificación y Desarrollo; resulta muy difícil acceder a la misma tanto en este ente, como en los ministerios de educación. Sin información cierta, creíble, verificable y de acceso en tiempo real, se debilitan la democracia, el pensamiento crítico y el derecho a la educación.

No se ha avanzado en formas de gobierno digital en educación que permitan acceder a la información pública en tiempo real, sobre ejecución presupuestaria, procesos de toma de decisiones, relación de los planes y programas con la ejecución presupuestaria, entre otros. Esto limita el acompañamiento y contraloría social.

La responsabilidad intransferible de garantizar el derecho a la educación es del Estado y su gobierno, como reposa en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La perspectiva neoliberal internacional en educación promueve una transferencia de estas responsabilidades a los y las ciudadanas(os). La responsabilidad es un proceso dinámico de interacción del gobierno con sus ciudadanos, no una transferencia de las facultades y competencias del Estado a su pueblo. Por ello, cuando se hace seguimiento al derecho a la educación, es al Estado a quien se interpela.

El Estado venezolano, al emprender una ruta de soberanía nacional tenía la obligación de prever los escenarios de conflictividad geopolítica internacional que afectaría a toda la población, como efectivamente ha ocurrido. En ese sentido, debió garantizar la creación de un fondo estratégico de protección a la educación con una parte importante de los enormes ingresos que se obtuvieron con precios del petróleo en el periodo 2005-2013.

La crisis económica ha impactado de manera directa a la educación, no solo en la infraestructura escolar, salarios docentes, equipamiento y dotación, sino fundamentalmente en la construcción de una educación pertinente que se oriente por la dialéctica entre lo local y lo global, es decir, el vínculo indisoluble entre lo que demandan los territorios y las dinámicas de aceleración de la innovación y el conocimiento a nivel mundial.

Para garantizar el derecho a la educación se deben cumplir una serie de premisas. Legislación actualizada y pertinente a las necesidades y requerimientos de la sociedad y el tiempo actual, un mínimo del 6% del producto interno bruto y de la inversión pública destinada a la educación, instancias gubernamentales de dirección de los procesos educativos, planes y programas de estudio, una estructura homologada de sistema escolar, condiciones de igualdad para todos y todas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, instancias de formación docente, mecanismos institucionales compartidos con la sociedad civil de evaluación del comportamiento del sistema escolar, infraestructura escolar adecuada y planes de mantenimiento de la misma, dotación y actualización permanente, entre otros. Veamos el estado actual de cada uno de estos aspectos.

En Venezuela, el proceso Constituyente de 1999 generó una Carta Magna que estableció nuevas prioridades para el sistema educativo. Por ello, la Ley Orgánica de Educación de 2009 sustituyó a la existente que había sido elaborada en la década de los ochenta del siglo XX; no obstante, falta reglamentar muchos de los preceptos que estable esta nueva Ley. Por otra parte, la Ley de Universidades vigente sigue siendo la de 1970 y no se ha actualizado conforme las definiciones de la nueva Ley Orgánica; ello ha producido una relación asincrónica entre ambos instrumentos jurídicos.

Así mismo, se han iniciado procesos de revisión de instrumentos como el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (para personal docente de los primeros niveles), sin que ello sea el resultado de una amplia consulta ciudadana; gremios y sindicatos han expresado su preocupación por este cambio. Es urgente, abrir una consulta nacional sobre la arquitectura jurídica que demanda el sistema educativo venezolano en el presente, la cual sea abierta a toda la sociedad y sus organizaciones.

Venezuela reportó en 2014 a nivel internacional (por el para ese entonces, Vicepresidente Jorge Arreaza) un PIB en Educación del 5%, por debajo del 6% exigido internacionalmente por la UNESCO. No hay cifras oficiales más recientes, que tengan que ver con la realidad actual. Este monto declarado en el 2014 evidentemente ha caído, pues no se expresa en la cotidianidad de los procesos educativos. La opacidad de los datos no permite corroborar las cifras presupuestarias, con el PIB y la ejecución actual en el sector.

En Venezuela existen dos ministerios de educación, uno para los primeros niveles de la educación y otro para la educación universitaria. Esto que operativamente es correcto, al carecer el país de un Consejo Nacional de Educación que obligue a articular las políticas públicas del sector educativo, genera acciones no siempre complementarias. Es urgente conformar un Consejo Nacional de Educación, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos docentes.

La mayoría de planes y programas educativos del país han sido formulados en la perspectiva de las dos primeras revoluciones industriales. Se ha impuesto una perspectiva de la pertinencia que enfatiza en el localismo, descuidando la dialéctica de lo global y lo local. Se requiere una reactualización de los programas para atender las necesidades nacionales en plena complementariedad con la aceleración de la innovación científica-tecnológica en todos los campos del saber.

La polarización política ha colocado en un “no lugar” de consenso el tema de las profesiones. Ni la oposición ni el gobierno están haciendo un debate sustantivo sobre este tema. Se requiere una redefinición de las carreras profesionales del país, para incorporar en todas ellas las dinámicas de inteligencia artificial, nanotecnología, Blockchain, contenidos digitales. La educación debe construir el necesario encuentro entre la tradición y la innovación. La transdisciplinariedad debe complementarse con los avances de la lógica difusa en las epistemologías de las profesiones. Todo ello sin olvidar que el compromiso de la educación del país es con la independencia nacional, la soberanía y la autodeterminación.

Se aprecia una caída brutal en la inversión en infraestructura escolar. Esta situación tiene un capítulo especial en las universidades, cuyas instalaciones en muchos casos llevan décadas sin un mantenimiento estructural. La dotación de equipos e insumos ha sido precaria en los últimos tres años, por no decir casi inexistente, lo que ha generado prácticas de transferencia de las responsabilidades del Estado a los y las ciudadanas. Muchas universidades se han visto obligadas a convocar el apoyo económico de los egresados o buscar fuentes de autogestión para solventar estas carencias, lo cual abre paso a novedosas formas de introducción del paradigma neoliberal en educación. Esto ocurre por el vacío que está dejando el Estado.

Los salarios del personal docente han caído de una manera muy significativa en un contexto de híper inflación y de devaluación sostenida de la moneda nacional. El salario docente de junio de 2021 oscila en los siguientes rangos: a) el salario mensual de una maestra y profesor de primaria está compuesto por salario base + bono por ejercicio docente + bono de guerra económica + antigüedad por años de servicio + prima por profesionalización (entre 20% y 60 %) + prima geográfica + bono Simón Rodríguez, y ello en el escalafón más alto de Docente Categoría VI es de 36.334.481,33 bolívares y el más bajo, de Categoría I, es de 33.265.398,14 Bolívares, que representan 10,10 y 10,08 dólares mensuales, respectivamente; b) los salarios de los profesores universitarios están estructurados conforme la categoría de la carrera docente universitaria.  Un Instructor a Dedicación Exclusiva gana 16.467.447 Bolívares, un Agregado a Dedicación Exclusiva 21.027.283 Bs, el Asociado a Dedicación Exclusiva 23.760.830 Bs., el Titular a Dedicación Exclusiva 26.849.738, equivalentes a 5 – 6,40 – 7,20 – 8,13 dólares mensuales.

La mayoría de incrementos se han dado por vía de bonificaciones que no impactan al cálculo del salario para prestaciones sociales, jubilaciones y otros beneficios de sobre sueldo como aguinaldos, bono vacacional, entre otros. Se ha instalado la práctica de anunciar los bonos por las redes sociales y no por la vía institucional de publicación en Gaceta Oficial, lo cual construye una peligrosa práctica que tiende a la flexibilización.

Una parte importante del deterioro de los salarios docentes está asociado al bloqueo norteamericano, pero también a definiciones estructurales del gobierno sobre lo que hay que hacer en economía y en materia salarial. Es inconcebible que países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití que tienen un Ingreso Per Cápita menor que Venezuela cuenten con salarios docentes mucho más elevados que los que se reportan para el personal docente en Venezuela. Algo similar ocurre con países con Ingreso Per Cápita ligeramente más alto que Venezuela como Ecuador, Perú y Cuba quienes tienen salarios mucho más altos que Venezuela. Lo descrito demuestra que no es cierto que el problema salarial de los y las docentes sea solo por las sanciones, sino que hay un problema de perspectiva y voluntad política en la materia.

Durante los últimos años el gobierno Bolivariano dotó de manera directa a millones de estudiantes con computadoras portátiles. Esta estrategia tiene algunos problemas. Se debió dotar primero a las escuelas, liceos y universidades con computadoras para garantizar condiciones de aprendizaje iguales en cada institución educativa. Por otra parte, esta estrategia construye condiciones de posibilidad ciertas para el desembarco del modelo de educación virtual en casa que promueven las grandes corporaciones tecnológicas; defender la escuela presencial pasa por equipar adecuadamente con los equipos tecnológicos y la conectividad que demanda el presente.

La conexión a internet en las instituciones educativas es prácticamente inexistente. Eso no se corresponde a la estrategia de dotación directa de computadores para fines escolares.

A pesar de contar el país con satélites y acuerdos estratégicos con China al respecto, no se ha construido una arquitectura de nube digital educativa propia, ni plataformas virtuales autónomas para la educación, mucho menos repositorios digitales en formato de tercera y cuarta revolución industrial. Esto constituye una limitación estratégica en materia del derecho humano a la educación y un problema de seguridad de Estado.

Durante la pandemia de la COVID-19 se produjo una situación dramática. A pesar de la carencia de cifras oficiales confiables, es evidente para la población, los serios problemas que tuvieron (y tienen) los y las estudiantes de todos los niveles educativos para sostener el vínculo pedagógico desde marzo de 2020 hasta la fecha de presentación de este informe (junio 2021). A pesar de la entrega y mística del personal docente que hizo esfuerzos sobre humanos, incluso arriesgando su propia vida en un contexto de pandemia, un porcentaje importante de estudiantes quedaron “descolgados del sistema escolar”. Las políticas contingentes de “Universidad en casa”5 y “Cada familia una escuela” se fundamentaban en la virtualidad, la conexión a internet, aunque desarrollaron estrategias complementarias de limitado impacto (televisión, guías). El acceso a internet en el país es inestable, actualmente no alcanza al 60% de la población y no fue liberado de forma gratuita a pesar que el principal proveedor de este servicio es la estatal CANTV; frente en una situación de precariedad salarial y de fuertes limitaciones de la población, el internet debió ser liberado para estudiantes y docentes durante la pandemia del COVID-19, lo cual no ocurrió (ni ocurre). La mayoría de escuelas no poseen una computadora por estudiantes. Si el plan de dotación se hubiese hecho por aulas, se habría podido facilitar un computador pos estudiante en la contingencia. El impacto de esta situación lo veremos en los próximos años.

El gobierno durante la pandemia del COVID-19 dotó de dispositivos de computación al personal docente de la educación universitaria, a tiempo completo y dedicación exclusiva, lo cual es una iniciativa correcta. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los y las docentes de educación inicial, primaria y secundaria, ni con los estudiantes que no habían sido alcanzados por las dotaciones anteriores de computadores. No se dotó de computadores al personal contratado no fijo a tiempo convencional, así como al personal docente y estudiantes de las escuelas subvencionadas perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y las de Fe y Alegría. Este tratamiento desigual no ha sido explicado en su fundamentación como política pública, ni como orientación del Estado. El derecho a condiciones iguales de aprendizaje es para todos y todas por igual.

En aquellos estudiantes que no pudieron acceder al modelo de educación virtual en casa, se generó la auto percepción de excluidos del proceso educativo en formatos de innovación tecnológica. La escuela al retorno se presenta desigual, entre quienes disponen o no en casa de computadores y conexión a internet, pues lo que se anuncia es un modelo bimodal (presencialidad + virtualidad).

Esta situación mencionada puede generar abandono escolar de muchos niños, niñas y jóvenes por auto percepción de no poseer las condiciones mínimas para el retorno a clases. Es urgente avanzar en soluciones al respecto, que pasan por recuperar la capacidad igualadora de las condiciones de aprendizaje de la escuela pública.

No existe un mecanismo de diálogo permanente entre los ministerios de educación y las organizaciones de la sociedad civil en materia educativa. Al menos, las organizaciones que elaboraron este informe y las consultadas no han sido consultadas en momento alguno sobre la orientación estratégica de la educación venezolana

b. Consulta abierta a organizaciones sociales, estudiantes, gremios y sindicatos

De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, y, de los resultados de la encuesta abierta sobre la percepción de la Educación venezolana, se puntualiza lo siguiente:

En cuanto a la formación docente, el 68% de las y los encuestados, expresaron que, se encuentra desactualizados (as). Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.

Gráfico N.1

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales, pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que, en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.

Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.

Gráfico N.2

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.

Gráfico N.3

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.

Gráfico N.4

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

En relación a la percepción de las y los estudiantes, el 63,5% de las y los encuestados expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. El bono denominado 100% Escolaridad otorgado a través de la plataforma Patria, se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.

Gráfico N.5

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.

De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.

Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.

En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021, los gremios y sindicatos docentes consultados, en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual rechazan el bloqueo y sanciones económicas.

Gráfico N.6

Fuente: autores del EPU-Venezuela (2021)

Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas

Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.

Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

Conclusiones

La situación del derecho a la educación en Venezuela ha sido seriamente afectado por la situación de crisis económica derivada del bloqueo, pero también por la limitada capacidad del gobierno de privilegiar los intereses de los y las trabajadoras de la educación en una situación tan compleja.

Es urgente construir espacios de diálogo entre todos los sectores del hecho educativo, para construir una ruta de solución a la actual solución, que tenga como lugar de enunciación los intereses del mundo del trabajo.

Recomendaciones

UNO: Impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación (con ese u otro nombre) que agrupe a los dos ministerios de educación y las instancias institucionales que trabajan el sistema educativo, donde tengan representación permanente organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos docentes, así como intelectuales de la pedagogía en Venezuela. Esta instancia tendría la tarea de articular los dos subsistemas, construir consenso nacional en materia educativa y garantizar una mirada plural del hecho educativo.

DOS: Resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes. Los gremios vienen planteando un salario mínimo docente en la coyuntura de 300 dólares, aspiración que se puede concretar con una política redistributiva a favor del mundo del trabajo, impuestos a las grandes fortunas y ganancias y la dignificación social de la profesión docente.

TRES: Es urgente hacer transparente la información y datos del Estado en materia educativa. Esta transparencia y acceso público universal, debe ser en tiempo real, como una forma de impulsar la co-responsabilidad y la contraloría social previstas en la carta magna y la Ley Orgánica de Educación.

CUATRO: La redistribución del presupuesto y las finanzas públicas debe hacerse con una clara perspectiva social, garantizando que los sectores más vulnerables recuperen el poder adquisitivo de sus salarios e ingresos. El derecho a la educación es interdependiente de los restantes derechos humanos.

Fuentes

Cada Familia una Escuela: http://cadafamiliaunaescuela.fundabit.gob.ve/

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999:   https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_1006.pdf

https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/346850

https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/357104

Ley de Universidades publicada en Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 8 de septiembre de 1970: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/10210.pdf

Ley Orgánica de Educación (G. O. Nº 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009): https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0452.pdf

Ley Orgánica de Educación de 2009 publicada en Gaceta Oficial Nº 5.929 Extraordinario del 15 de agosto de 2009  https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0452.pdf

Memorando-Circular N° 2792 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018, sobre lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo:  https://www.laizquierdadiario.com.ve/IMG/pdf/lineamiento_para_las_negociaciones_colectivas-2.pdf

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) Informe Educación Universitaria en Venezuela durante el COVID-19 e Inviabilidad del Plan “UNIVERSIDAD EN CASA”:  https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/01/Educacion-Universitaria-Vzla-y-covid19-def-26ene.pdf

Plan Universidad en Casa deja a la educación superior a su suerte: https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/346850

Por la inmediata reaparición de Carlos Lanz (recolección de firmas): https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/357104

Resultados de la abierta sobre la percepción de la Educación venezolana:   https://www.otrasvoceseneducacion.org/archivos/382342

Índice de siglas

 

AVEC: Asociación Venezolana de Colegios Católicos
CE: Constituyente Educativa
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
CII_OVE: Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”
CLADE: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
FOVEDE: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
PIB Producto Interno Bruto

 

Descargue el Informe en formato ONU. Omite gráficos según recomendaciones de presentación. Disponible la versión pdf en UPRVenezuela_Joint contribution FOVEDE-CLADE

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Argentina: Kicillof ATR con la precarización: «Es un desastre como se están manejando desde el gobierno con nosotros

Directivas que se contradicen entre los funcionarios de la DGCyE y dejan en el limbo a miles de docentes. El gobierno de Kicillof, de manera compulsiva y sin actos públicos mediante, pretende obligar a docentes del +ATR a trabajar en las colonias de vacaciones, modificando arbitrariamente las condiciones de trabajo. Precarización y amenazas de perder el trabajo es lo que prima.

Todo esto y más se expresó en la asamblea convocada por los Sutebas multicolor la semana pasada en la que participaron más de 400 trabajadores de toda la provincia, denunciando un nuevo ataque a las condiciones de trabajo, en donde el gobierno de Kicillof decidió, de un día para el otro, modificar el horario de trabajo, el grupo pedagógico y la sede de trabajo, sin clarificar ningún tipo de protocolo o burbujas. Y con amenazas de cese para quien no acepte estas condiciones. Allí, una docente contó que frente a su embarazo de riesgo la obligan a renunciar porque no tiene justificadas las faltas. Como resolución se decidió presentar un acta modelo de rechazo firmada por los docentes en las escuelas y movilizarse a las jefaturas distritales para presentar un petitorio que rechaza la precarización de este programa.

Cada día que pasa, es cada vez más claro que la educación no es ninguna prioridad para el gobierno. Todo lo que resuelven está atado con alambre. Cómo ya hemos denunciado en este medio, las políticas educativas del gobierno han fracasado, dejando a millones de niños, niñas y adolescentes sin acceso a la educación durante la pandemia. Hoy implementa este +ATR Verano, avanzando con la precarización laboral y dejando al desnudo que 263.000 niñas, niños y jóvenes no tuvieron continuidad pedagógica. Intercambiamos con docentes de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires y nos contaron qué es lo que está sucediendo.

Maylen, docente +ATR de la escuela 67 de Quilmes, nos cuenta que «en la reunión que tuvimos ayer, nos plantearon que no hay colectivos para llevar a los chicos y que tenemos que traerlos y llevarlos desde la escuela a la pileta caminando como 10 cuadras ¿Cómo hacemos para evitar accidentes o problemas de salud ante semejante calor de parte de los niños?»

En Merlo, uno de los docentes que tiene escuela sede en la N° 9 del centro, relata que «esa escuela no es la que elegimos en el acto público, pero nos están obligando a trasladarnos porque sino nos cesan del cargo junto con el planteo que tenemos que tener chicos de diferentes modalidades que no estamos preparados, los docentes de secundaria podemos llegar a tener chicos de primaria y viceversa y todos van a estar juntos ¿puede un chico de cuarto año de secundaria estar con un niño de quinto grado con las mismas actividades?».

Paola y Jimena, docentes de +ATR de la escuela secundaria 111 en González Catán de La Matanza, amplían este tipo de problemas contando que «nosotras ya venimos precarizadas desde que tomamos los cargos de ATR porque tenemos muy pocas faltas y tenemos que ir enfermas al trabajo y, ahora es peor, porque nos informaron que no podemos faltar ni una vez en este contexto de Covid. La coordinadora, incluso, no nos supo responder si los chicos tienen seguro ante cualquier accidente y, ante nuestros reclamos nos dicen que desde los jefes del distrito plantean que renunciemos» nos cuentan ellas con mucha bronca ante el destrato y el juego que hace el gobierno con la dificultad enorme que hay de conseguir trabajo.

David Maidana, concejal electo por el Frente de Izquierda y justamente docente precarizado de Merlo (ex trabajador de PIEDAS y ATR), agrega que «hace años que no se invierte en educación sino más bien la plata se va afuera, al FMI por ejemplo, como lo hizo el gobierno con los 1.900 millones de dólares que le pagó en el mes de diciembre mientras en la provincia hay más del 70% de niños y niñas en el umbral de la pobreza. Es muchísima la cantidad de escuelas, vacantes, alimentos o puestos de trabajo que se podrían crear urgentemente con la plata que le pagan al FMI, esa odiosa deuda ilegal y fraudulenta que contrajo Mauricio Macri y que Alberto Fernández está decidido a pagar».

Yanina Bazán, militante de la Marrón – PTS y referente de los docentes precarizados del sindicato recuperado por la Multicolor del SUTEBA Matanza nos explica que «es muy difícil conseguir trabajo estable en la docencia porque los cursos que son de 50 chicos no los transforman en dos cursos de 25 sino que mantienen las aulas superpobladas, dejando pocos cargos y muy mala calidad educativa ya que es muy difícil que un docente tenga un seguimiento serio de tantos«. Así, Yaniz nos describe el conjunto del panorama «habiendo docentes precarizados generalmente que recién entran a la docencia que sólo consiguen trabajo con las características del +ATR muy precarizados y, los docentes estables de más años, no les alcanza el sueldo teniendo que trabajar hasta triple cargo con cursos superpoblados con mucha fatiga laboral».

Cómo planteó Yanys en la asamblea con 400 docentes, frente a todo esto surge la cuestión de qué sindicato queremos. Vimos como La Celeste se borró en la pandemia, directamente no nos dio ni voz ni voto, festeja la precarización, no nos representa, no lucha. Todo lo contrario con La Matanza u otras seccionales dónde surgen estas instancias de organización. ¿Cómo puede ser que Baradel siga avalando y festejando la precarización del gobierno? no le da la cara. Debería romper su seguidismo y llamar a asambleas para discutir cómo enfrentar la precarización de los y las docentes.

De la escuela N°5 de Luzuriaga La Matanza, Daniel Durán nos plantea que «es un desastre como se están manejando desde el gobierno con los docentes que somos ATR, ya que siempre estamos en la incertidumbre y ahora nos cambian todas las condiciones laborales de un día para el otro. Nos cambiaron hasta el horario de trabajo y hay muchísimos compañeros que estaban en el turno tarde como docentes y a la mañana trabajan de otra cosa y ahora obligan a que elijamos el único turno que es el de la mañana en las colonias, teniendo que elegir entre un trabajo u otro de manera compulsiva sabiendo que la plata no alcanza con un solo trabajo hoy».

Este viernes 7, cómo decidimos en asamblea, nos movilizamos a jefatura distrital (Pueyrredón y Av. Eva Perón) para decir ¡basta de precarización laboral!
Tenemos que fortalecer la organización en cada distrito porque se haga escuchar nuestra voz, y avanzar en desarrollar las comisiones de docentes precarios que hace tiempo se pusieron en pie a pesar de la conducción del sindicato de la celeste a nivel provincial que hace oídos sordos a todos nuestros reclamos. Firma este petitorio que se voto desarrollar desde la Multicolor provincial

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Kicillof-ATR-con-la-precarizacion-Es-un-desastre-como-se-estan-manejando-desde-el-gobierno-con

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Maestros de Ecuador exigen aplicar Ley de Educación Intercultural

Miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador protagonizaron hoy una protesta en esta capital para exigir la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Hasta la Corte Constitucional llegaron los maestros para demandar a esa instancia un dictamen a favor de la implementación de la regulación.

Los docentes se encadenaron en los exteriores del ente e insistieron en el reclamo, que según alegan, es en defensa de la educación pública.

El pedido concreto es dar luz verde a la implementación de la normativa, aprobada por el anterior órgano legislativo.

‘Estamos exigiendo a los nueve jueces de la Corte Constitucional que se pronuncien en defensa de la educación pública, en defensa de nuestros niños y jóvenes’, afirmó Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Al respecto, añadió que 560 mil menores están actualmente fuera del sistema de enseñanza, lo cual debe ser atendido.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las medidas, las cuales podrían incluso llegar hasta una huelga de hambre.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene por objetivo normar el sistema nacional de enseñanza con una visión plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

El reglamento establece que no puede haber discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica o migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar el VIH o discapacidad.

Asimismo, comprende un aumento del sueldo de los educadores y lo ubica en 2,5 salarios básicos unificados, lo cual equivale a un pago de mil dólares.

Sin embargo, la Corte declaró el texto inconstitucional, ante lo cual ya se presentaron 18 recursos en su defensa.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457927&SEO=maestros-de-ecuador-exigen-aplicar-ley-de-educacion-intercultural
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