América/Argentina/25/03/2020/Autor: Salta12/Fuente: pagina12.com.ar
Referentes de derechos humanos, abogados, intelectuales y políticos rechazaron la mirada militarista del gobernador salteño. La tensión entre cuarentena, seguridad y respeto por los derechos humanos.
En un Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia marcado por la cuarentena y la suspensión de todo acto público y teñido de pedidos para que vuelvan los militares a ocupar las calles, Salta/12 indagó sobre la tensión que atraviesa el país y la provincia entre la extrema necesidad de mantener el aislamiento social por la pandemia del Covid-19 y el injustificado uso de la fuerza vulnerando los derechos de los sectores históricamente más postergados.
Para el filósofo y docente de la Universidad Nacional de Salta, Hernán Ulm, “Hay una línea muy finita que separa las políticas sanitarias de las biopolíticas contemporáneas de las que hablaba Foucault y que ponen en riesgo los derechos civiles que además están consagrados en la Constitución”.
El intelectual explicó que “hay que tener cuidado con la logia del pánico, que se esconde detrás de la lógica higienista sanitaria con la cual nos están bombardeando los medios”. Y agregó que “los gobiernos están utilizando esta especie de estado de excepción no puntualmente declarado para eventualmente avasallar las garantías constitucionales, eso se ve muy en claro en el accionar cotidiano”.
Con respecto al pedido del gobernador Gustavo Sáenz de que el gobierno nacional ponga al Ejército en el control de las calles, el docente declaró: “Creo que hacer ese pedido un día antes del 24 de marzo es por lo menos sintomático”.
Y volvió sobre lo que para él es lo más preocupante: “el discurso del pánico, que nos convierte a todos en vigilantes y denunciantes los unos de los otros”. Aseguró que allí es donde “ya no hace falta que estén las fuerzas de seguridad, todos nos empezamos a ver como gendarmería”,
Por lo que para el pensador es el discurso bélico el que está por detrás del discurso sanitarista, “estamos en guerra, hay enemigos invisibles, y esos discursos son muy peligrosos porque se produce la ruptura de los vínculos más elementales de la sociedad”.
Pero además explicó que lo que sucede en las calles con las detenciones por parte de la Policía tiene que ver con un “civismo selectivo, basado en un modelo clasista que ya conocemos”.
Para el abogado especialista en derechos humanos Rodrigo Solá, el manejo entre la seguridad y los derechos humanos es muy difícil “porque hay varios derechos en juego, por un lado la libertad y por otro la salud pública”.
Solá sostuvo que en el estado democrático hay herramientas para “hacer conciliar el ejercicio de los dos derechos sin necesidad de llegar a un estado de sitio”.
“Cada vez que se sucede algún tipo de crisis, sea económica, sanitaria, de migraciones, los que afloran son estos movimientos de derecha que tratan de avanzar contra las libertades individuales”, dijo quien el año pasado ganó uno de los concursos para integrar el hasta aquí todavía no puesto a funcionar Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
El abogado admitió que le parecen justificables las restricciones “excepcionales y temporarias para limitar la circulación ante semejante pandemia”, pero no acuerda con el llamado a las Fuerzas Armadas. En ese sentido consideró «exagerado» el pedido del gobernador para que los militares tomen las calles y dirigido hacia un sector de la población al que «lo único que le da tranquilidad son esas reacciones de seguridad. Sí podrían hacerlo en pasos fronterizos difíciles de controlar, pero no en las calles”.
No hay estado de sitio
La abogada querellante en causas de lesa humanidad, María José Castillo, sostuvo que en realidad, más que controlar el cumplimiento del aislamiento social, la Policía está haciendo un uso de la fuerza desmedido “pero esta vez con un pretexto”, sobre todo en los barrios más populares y marginales, con quienes la Policía “siempre se encarniza”.
“Es grave lo que está sucediendo porque son todas detenciones arbitrarias y excesivas violando todas las garantías”, y recordó que no se declaró un estado de sitio y “las garantías constitucionales siguen existiendo”.
La abogada añadió que la economía informal es la que más está sufriendo porque “es muy difícil comprobar el vínculo laboral en los casos eximidos por el decreto, como la venta ambulante de comestibles y verduras, por ejemplo”.
Indicó que le han llegado denuncias de persecución a gente que va a buscar su ración de comida a los merenderos y comedores. En algunos casos, hay cientos de personas detenidas en un solo lugar o en un mismo barrio.
Castillo expresó que se debe sostener el aislamiento “pero no permitir los abusos de autoridad, porque no detienen a la clase media, sino que hacen razias en las barriadas en donde la situación de aislamiento no es la misma”. En su opinión, hay que activar los mecanismos de denuncia, “Derechos Humanos de Nación ya lanzó un número y Salta debería hacerlo también”.
El ex diputado provincial y abogado Guillermo Martinelli reconoció que las fuerzas de seguridad “tienen que tener un grado de energía suficiente como para que la gente cumpla con lo dispuesto, que será lo único que nos pueda proteger”, y sostuvo que muchas veces “los jóvenes se sienten inmunes a todo riesgo”.
Sin embargo, criticó la manera de actuar contra ciertos sectores de la sociedad, “allí se manifiesta un prejuicio y el control debe ser para todos”, sostuvo.
Con respecto al discurso de Gustavo Sáenz, Martinelli consideró que el gobernador “tiene una tendencia hacia las Fuerzas Armadas, no creo que sean imprescindibles en estos casos, cada uno tiene su rol, Gendarmería para el control de fronteras y la Policía en las calles”.
Y agregó que el estado de sitio no solucionaría nada, “hay gente que no sabe lo que significa porque no lo ha vivido, y no ayudaría en nada”. El ex legislador aseguró que “en lugar de hacernos cumplir nuestras obligaciones, nos darían un castigo que puede generar más problemas sanitarios juntando a la gente en una alcaldía o en un calabozo”.
Repudio
La referenta de HIJOS en Salta, Mariana Gamboa, repudió los dichos del gobernador. “No me extraña de una persona que tiene un nivel de posicionamiento ideológico claro de entender que puede poner como su mano derecha en seguridad a un negacionista como (el militar Juan Manuel) Pulleiro”.
Con respecto al accionar de la Policía, Gamboa sostuvo que no es lo mismo vivir en las zonas más urbanas y del centro que en las periferias, y mucho menos en las zonas rurales. “Este no es un estado de excepción, no están suspendidas las garantías de los ciudadanos, sino que tiene que ver con la salud colectiva”, enfatizó.
En ese sentido, añadió que “es muy difícil hacer una cuarentena en una vivienda de nailon o en una pieza sin condiciones materiales básicas, por lo que estar en el merendero o en una canchita es una posibilidad al menos más llevadera y se tiene que tener en cuenta”. Aseguró que hace falta más trabajo para controlar las condiciones en esas situaciones en lugar de perseguir a estas personas: “No es con represión, sino con conciencia y comunicación que se cambia la cosa”.
De manera similar se expresó Cristina Cobos, integrante de la organización de derechos humanos Lucrecia Barquet, quien rechazó los dichos del gobernador y se manifestó totalmente en desacuerdo.
“El Ejército no tiene esas funciones y espero que el Gobierno Nacional no autorice al Ejército a salir a las calles”, dijo Cobos, “en todo caso debería pedir refuerzos de Gendarmería para la frontera. Me parece un despropósito, menos a un día de recordar un aniversario más de la atroz dictadura cívico militar”, concluyó.
Cobos es otra de las ganadoras del concurso para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. El concurso se realizó durante los últimos meses de la gestión de Juan Manuel Urtubey pero aún hoy el Comité sigue sin funcionar. El argumento oficial del actual gobierno fue “la falta de presupuesto”.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/254958-seguridad-salud-publica-y-derechos-humanos-en-la-pandemia
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