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Desafíos de la comunicación popular en la etapa pospandemia

Por:  Javier Tolcachier-FCINA

La pandemia generada por el Covid-19 ha atravesado a todas las sociedades y dejará una huella de la que solo contamos con primeros indicadores. Se ha debatido y escrito mucho sobre lo que puede suceder en esta etapa de fragilidad posterior al primer shock  y en el momento en que el contagio y la mortalidad logren ser reducidos a una mínima expresión. La necesidad de respuestas a interrogantes preexistentes en el marco de una crisis general del sistema y de la incertidumbre en relación al mañana, es innegable.

En ese contexto, recogimos las voces de referentes de la comunicación popular de distintos lugares de América Latina y el Caribe consultando su opinión sobre el papel y las principales tareas de estos espacios en el período pospandemia.SIGNIS ALC - Radios comunitarias exigen que ENACOM cumpla con la ...

Disputar el balance de la pandemia

Para Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), “Lo que viene va a ser un escenario de reconstrucción social, económica para muchos sectores y personas, pero también de replanteo de la tan mentada “nueva normalidad”.

La pandemia salda muchos debates que ya estaban planteados, como por ejemplo la necesidad de contar con Estados fuertes, con sistemas que puedan contener a las personas, contar con sociedades que no queden libradas a la buena voluntad de los mercados en cuestiones tan importantes como la seguridad, la salud y la vida.

La comunicación popular, como ya estamos haciendo, va a tener mucho trabajo en dar esos debates y en visibilizar a las voces que los están planteando. En esta nueva fase de la sociedad pospandemia que nace, con esta experiencia encima, creo que se va a tener que trabajar en disputar el balance de la pandemia, ya que habrá quienes continúen insistiendo como conclusión en la necesidad de modelos más desiguales, el imperio de los negocios por sobre la vida y un montón de cuestiones derivadas. Frente a eso, los medios populares vamos a tener que estar dando los debates que siempre hemos dado e intentando que el balance que parecería a primera vista lógico, realmente lo sea, porque sabemos que los grupos económicos, a través de sus medios y sus voceros son muy capaces de confundir y dar vuelta las cosas como han hecho históricamente.

Producir contenidos centrados en la comunidad y movilizar a la población para hacer frente a los problemas

Comunicación popular | Question DigitalDesde Brasil, Renata Mielli, secretaria general del Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé y Coordinadora del Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), señaló:

“La pandemia del Coronavirus ha puesto de relieve muchos de los problemas estructurales de nuestra sociedad. En el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, las profundas desigualdades económicas. Hemos visto cómo el déficit de acceso a Internet es un factor de segregación social, de exclusión de la población más vulnerable del acceso a otros derechos (educación a distancia, acceso a ingresos de emergencia, restricción para cumplir con el aislamiento social debido a la imposibilidad de acceso a la banda ancha fija, entre otros. La concentración económica que caracteriza el panorama de los medios de comunicación ha explicitado cómo la ausencia de diversidad y pluralidad repercute negativamente en el acceso a una información de calidad en un momento tan fundamental.

En este sentido, el desafío que se plantea a la comunicación popular es muy grande. Entre otras cuestiones, la de producir contenidos centrados en la comunidad, con información de interés público sobre la prestación de servicios públicos y otras cuestiones que no tienen visibilidad en los medios de comunicación principales, por ser de carácter local. La falta de vehículos populares y comunitarios que hagan efectivo el derecho a la comunicación dentro de las localidades es una realidad que debe ser transformada.”

Así pues uno de los retos de la comunicación popular -durante y después de la pandemia- es clarificar, producir contenidos que reflejen los problemas de cada comunidad y tratar de empoderar y movilizar a la población para hacer frente a esos problemas. Dar voz y visibilidad a la comunidad.”

Articular en los territorios con procesos organizativos y  anti-hegemónicos desde una comprensión del mundo digital

Por su parte, el comunicólogo ecuatoriano Osvaldo León, director de la revista América Latina en Movimiento (ALAI), expresó: “Con la pandemia y el aumento vertiginoso del uso de Internet, asistimos a una mayor consolidación de las actividades económicas apuntaladas en plataformas que se sustentan en tal tecnología.  En este marco se registra un reimpulso de las llamadas “redes sociales” cuyo encanto se estaba minando por temores de crímenes cibernéticos, bullying online, fake news, vigilancia por parte de empresas y gobiernos, etc.

En este reimpulso, un factor gravitante es el confinamiento que se establece para contrarrestar la pandemia, en la medida que dichas redes digitales capitalizan la valoración que paulatinamente ha adquirido la dimensión relacional de la comunicación, que implica reconocimiento, estima, etc.  Pero más allá de un criterio instrumental, el hecho es que en tales plataformas digitales se la encuadra bajo los parámetros ideológicos predominantes pautados por el consumismo, la competitividad, el individualismo como valores de superación y residual convivencia social, bajo un ambiente altamente emotivo.

En los territorios, con la pandemia también se verifica una revalorización de la solidaridad, que va aparejada de procesos organizativos y la consiguiente disputa de sentidos.  Y es ahí donde se articula la comunicación popular en tanto rescata las condiciones de producción y reproducción social del sentido, dando particular importancia a los procesos organizativos y de movilización, para la formulación de respuestas anti-hegemónicas.  Lo cual hoy pasa por una debida comprensión del mundo digital.”

Exigir el cese del bloqueo, la democratización de la comunicación y el pleno acceso a la comunicación digitalizada

A su vez, Ámbar García Márquez, de ALBA TV, señaló desde Venezuela: “En la coyuntura global, diversas miradas sobre el desarrollo de la pandemia generada por la expansión del COVID19, sus razones estructurales y el devenir civilizatorio pospandemia, han enriquecido las reflexiones emprendidas en las diversas esferas que hacen posible la reproducción digna de la vida. La esfera de la comunicación como derecho humano fundamental no ha estado excluida de ello.

En el contexto del confinamiento preventivo, se ha vuelto inherente la relación entre la comunicación y las telecomunicaciones como herramientas para el pleno ejercicio de dicho derecho. Con la promoción de la teleducación y el teletrabajo, la posibilidad de garantizar estos tres derechos fundamentales (comunicación, educación y trabajo) pasa por los avances (o no), que se hayan alcanzado en materia de democratización de la comunicación de los medios televisivos y radiales de propiedad pública o comunitarios usados para dar continuidad a los programas educativos en la etapa básica y media. 

En la misma dimensión de importancia están los avances alcanzados en el acceso a las TIC’S y a la internet para la mayoría de los sectores de educación universitaria y de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, donde no hay acceso a la digitalización de la comunicación, ¿hay posibilidades de acceso a estos derechos universales?

En el caso de Venezuela, a esta mirada se le suman las reflexiones de vivir la pandemia con un bloqueo financiero y comercial instrumentalizado desde el mes de marzo del año 2015 a través de una serie de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, afectando de forma directa la capacidad de inversión y mantenimiento de la infraestructura para el suministro de servicios básicos.

Este escenario se ha visto recrudecido desde el mes de marzo del año 2019 con el ataque al Sistema Eléctrico Nacional que generó un colapso generalizado del mismo que se extendió por varias semanas y que implica, aún, el suministro no constante de energía eléctrica en el país y con ello de acceso a las telecomunicaciones, internet y otros servicios asociados, lo cual impide la posibilidad real de garantizar el acceso universal a los derechos antes enunciados.

En pleno escenario de pandemia, la transnacional de la comunicación AT&T, a  través de su empresa DIRECTV (propietarias junto a Warner Media de la agencia de noticias CNN), principal plataforma de acceso a medios en el territorio venezolano, emprendió una liquidación y retiro de la corporación del territorio nacional en un lapso inédito de 7 días, generando incumplimientos masivos de sus clausulas de contratación con sus clientes y con la población de trabajadores, que en el marco de la pandemia tenía inamovilidad laboral por decreto presidencial.

Las consecuencias de tales acciones, aún en desarrollo, con demandas colectiva por parte de los usuarios y usuarias e investigaciones penales por parte de la  justicia, expusieron con absoluta claridad que hay debates fundamentales e impostergables. El de la concentración mediática, es uno de ellos.Tecnicatura en Comunicación Popular - Facultad de Periodismo y ...

Cualquier derecho universal en un escenario pospandemia debe plantearse desde el cese de las medidas coercitivas unilaterales como formas de hacer política internacional que limita de forma directa el pleno ejercicio de derechos fundamentales. Y el de la comunicación, conduce específicamente a fortalecer las iniciativas de exigibilidad por la democratización de la comunicación y de superar transcurrida la pandemia las formas de exclusión de acceso a derechos por la no accesibilidad a la comunicación digitalizada, que permitan poner de nuevo en el centro el debate y la mirada en los medios como herramientas de interés público. ¿Seguiremos relegando estos debates en el escenario de pospandemia?

Sobre el rol de los medios y periodistas populares en la pospandemia

Leonel Herrera Lemus, desde la experiencia de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), apunta cuatro ejes:

“1. Asegurar la pertinencia y veracidad de la información, el análisis y las opiniones que publicamos; frente a la vorágine de información falsa (desinformación) y versiones distorsionadas de la realidad difundidas en redes y plataformas digitales, medios tradicionales e incluso, en casos como El Salvador o Brasil, contenidas en las propias narrativas gubernamentales. En este sentido, los medios y periodistas comunitarios y populares tenemos el desafío de la rigurosidad del método, la ética y la función periodística que -según el profesor español Lorenzo Gomis- es “proporcionar a la ciudadanía la información que necesita para comprender su realidad y transformarla” (y que hasta el fundador del periodismo estadounidense Joseph Pulitzer dijo que es “defender la democracia, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos”).

  1. El ejercicio de lo que, siguiendo la lógica de la “sociología de las ausencias” del portugués Boaventura de Souza Santos, podemos llamar “periodismo de lo ausente”. Esto significa que, frente a la agenda y los enfoques dominantes en los medios hegemónicos, los periodistas y medios populares debemos proyectar una agenda alternativa que incorpore aquellos temas que no son de interés y por tanto no tienen espacio en la prensa tradicional o corporativa, dando especial relevancia a los temas relacionados con luchas reivindicativas y demandas de las organizaciones populares, movimientos sociales, pueblos originarios e incorporando los enfoques feministas, ambientalistas, etc.Qué hacer con tus manos durante una entrevista de trabajo | El ...
  2. Crear o fortalecer junto con los movimientos sociales lo que Ignacio Ramonet llamó “el poder ciudadano” frente al “súper poder” formado por los grandes medios (y redes sociales comerciales), las élites políticas conservadoras y las corporaciones. Frente a esa “bestia de tres cabezas”, como la llama el periodista franco-español, medios populares y organizaciones ciudadanas debemos plantarnos en un frente común instalando observatorios de medios y promoviendo la democratización de los modelos de medios tradicionales y de las redes y plataformas digitales.
  3. Promover alternativas al modelo de desarrollo capitalista neoliberal imperante que, si queremos asegurar la continuidad de la vida en la post-pandemia, debe ser desmontado. Los medios y periodistas populares debemos aportar a la construcción de un nuevo o nuevos modelos necesarios, retomando -por ejemplo- la cosmovisión de los pueblos andino-amazónicos “y su perspectiva del “Buen Vivir”), los valores del humanismo (y sus propuestas “neosocialistas” o “neocomunistas”) o la perspectiva de justicia social desde el “evangelio progresista” en el que militó el Arzobispo mártir y ahora Santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y que tiene un eco importante con el actual Papa.”

Más allá de que el dolor y las dificultades sociales producidas por la pandemia están demasiado presentes todavía en la región, estas reflexiones comprometidas aportan a debates ineludibles para los colectivos de comunicación popular de América Latina y el Caribe.

Queda a las claras que la democracia y la emancipación continúan siendo restringidas y bloqueadas, toda vez que la subjetividad sufre los intentos de control y manipulación por parte del mezquino interés de los monopolios, tanto en el campo de los medios de comunicación como en la crecientemente dominante esfera digital.

Más allá de las distintas lecturas e hipótesis planteadas, las aspiraciones y el protagonismo del colectivo social, amplificado a través de los medios populares, serán decisivos, como en cada bifurcación de la historia, para dirimir las condiciones en las que se quiere vivir.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/08/06/desafios-de-la-comunicacion-popular-en-la-etapa-pospandemia/

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Educación a distancia: ¿panacea del aprendizaje por otros medios o normalización de la segregación social?

María Ángela Petrizzo Páez

“Vivimos en una sociedad de la información. La gestión, la calidad y la
velocidad de la información son esenciales para la competitividad
económica. Dependientes de la mano de obra más calificada, las
tecnologías de información y comunicación tienen características que
no sólo contribuyen para el aumento de la productividad, sino que son
también incubadoras de nuevos servicios donde la educación asume un
lugar destacado.” (de Sousa Santos, B. 2007:34)

Resumen

Si aceptamos que la conducción del aprendizaje de forma autogestionada bajo una modalidad diferente a la presencial sea referida comúnmente como educación a distancia, también deberemos aceptar como moneda común, que la mediación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje autogestionado es en realidad la tendencia más fuerte, entre las otras opciones disponibles para habilitar la educación a distancia. Por ello, en este artículo se pretende explorar cómo el establecimiento de la educación a distancia mediada por TIC como opción privilegiada para asumir las actividades educativas en condiciones de crisis, puede redundar en una profundización de los procesos de exclusión y segregación ya agudizados en algunas sociedades por los sistemas económicos y las dinámicas propias del capital.

Palabras clave: Educación a distancia, segregación social, segmentación social, aprendizaje en línea.

Lo que entendemos por educación a distancia.

La educación a distancia es una actividad desarrollada bajo distintas modalidades, que supone la conducción de procesos de aprendizaje de forma autogestionada y no mediada por la presencia física en un aula de clases. Por autogestionada, entendemos que ocurre cuando en el ámbito individual se toman decisiones como el espacio donde se realizan las actividades de aprendizaje, así como la duración e intensidad y el momento en que se harán. Del lado de la gestión educativa, se conservan sin embargo, aspectos como la planificación y la estructuración de los contenidos, por ser aspectos inherentes al seguimiento, evaluación y control del proceso educativo.

En muchas ocasiones, la educación a distancia se entiende como sinónimo de formación en línea o de educación en línea. Sin embargo, es importante establecer que la educación a distancia tiene en las opciones mediadas por las TIC apenas una opción, sin que ello suponga negar que, en las actuales condiciones de hiper-conexión de un porcentaje nada despreciable de personas a escala global, sea una tendencia muy significativa el asumir actividades de aprendizaje a través de aplicaciones y plataformas en línea.

Por ello, resulta mucho más útil aproximarse a una perspectiva más bien amplia con respecto a la educación a distancia, entendiéndola como toda experiencia pedagógica que no tenga como condición funcional su realización de forma presencial y mediada por una persona en ejercicio de carrera docente. Así, todo aprendizaje informal y no conducente a título, puede ser contemplado como ejercicio de un modelo de educación a distancia, siempre que suponga un espacio a través del cual la persona que lo utiliza recibe información y conocimiento y lo gestiona en función de sus propias posibilidades de tiempo, interés y dedicación.

Entran aquí experiencias particularizadas de algunos canales temáticos dentro de la plataforma Youtube, como Julio el profe1, y otros como Geography Now2, páginas web con contenido sobre temas específicos, o con aspiraciones de ser una plataforma para el aprendizaje de contenidos diversos como Khan Academy3 y Coursera4, por ejemplo, sin ser una lista exhaustiva. Pero también deben ser consideradas como tales, los cursos por entregas a los cuales se tiene acceso por correo postal, los cursos con asistencia de material sonoro o audiovisual para aprendizaje de algún idioma por ejemplo, o cursos facilitados a través de programas de televisión, y aquellos que se disfrutan a través de emisoras de radio. El carácter de ser a distancia, viene marcado por su posibilidad de autogestión por parte de quien es aprendiz, y la condición de no presencialidad, mucho más que por su carácter orgánico dentro de una estructura educativa al uso o virtualizada. De hecho, antes de que se priorizara recientemente su uso, la educación a distancia ya formaba parte de los dispositivos de conocimiento utilizados por muchos de los estudiantes y docentes en la realización de sus actividades pedagógicas y de aprendizaje.

Indica la UNICEF (2020), en el caso de una suspensión sobrevenida por circunstancias extremas del entorno como la reciente pandemia por la COVID-19 que,

Para darle continuidad a la educación de los alumnos y alumnas en sus casas, hay que usar todas las herramientas y los canales disponibles, ya sea a través de radio, televisión, internet o celulares. Solo podremos enfrentar este reto a través de un esfuerzo conjunto de los Estados, del sector privado, de los padres y de los niños y niñas”

La diversificación de los medios utilizados por las instituciones educativas, sin embargo, puede llegar a suponer una situación inmanejable en especial cuando consideramos que se asume la educación a distancia no como una experiencia marginal dentro del sistema educativo, sino una modalidad priorizada en situaciones sobrevenidas como las vividas a escala global durante los primeros meses del presente año, con el advenimiento de la pandemia por SARS-COVID2 y, por tanto, sustitutiva de la modalidad presencial, en lugar de ser complementaria a ésta.

La continuidad de la educación en situaciones de crisis.

Si se entiende las crisis como situaciones de disconformidad entre lo que ocurre y lo que se espera que ocurra, se puede entonces admitir que hay situaciones críticas prácticamente a diario, a escala individual, local, regional y mundial. Cierto es que, en términos generales, nuestra percepción y autoconcepción sobre lo que es o no una crisis, se construye con la mediación de muchos factores, entre otras cosas, de la información que recibimos a través de medios de comunicación y nuestros círculos de contactos o de personas a quienes concedemos credibilidad.

Dicho ésto, se puede entrever que también la superación de las crisis, en especial las que involucran a quienes integran una comunidad, demandan acciones de distintos niveles y con impacto en distintas dimensiones también. Por ello, los gobiernos nacionales y los organismos multilaterales, con frecuencia asumen la tarea de construir directrices de trabajo para los gobiernos ante situaciones sobrevenidas de índole sanitario, natural o económico. Con frecuencia, y luego de un tiempo, las actividades cotidianas más básicas, buscan su propio ritmo de recuperación adquiriendo, sin embargo, algunos matices particulares en función de adaptarse a las nuevas condiciones existentes.

La educación es una de esas actividades que, de alguna u otra forma, van progresivamente acoplándose a los nuevos escenarios. En condiciones de guerra, por ejemplo, y gracias a la mística y el compromiso docente por ofrecer espacios en los márgenes, los niños, en función de que su seguridad e integridad lo permitan, se reúnen generalmente bajo el formato de aulas integrales de forma de dar continuidad a sus procesos formales de aprendizaje. En estas condiciones, las aulas cumplen el doble propósito de satisfacer una necesidad de ofrecer conocimiento a los estudiantes, generar dinámicas de interacción social, espacios de entre ayuda, y de abstraer a los niños de las dinámicas propias de la rudeza de la guerra.

El pasado 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (WTO por sus siglas en inglés), informó al planeta que la COVID-19 alcanzaba rango de pandemia, y recomendaban a los gobiernos nacionales extremar las medidas orientadas hacia la reducción de la tasa de contagio. Acciones tendientes a lo que se conoció como “aplanar la curva”5, llevaron a los gobiernos de muchos países a tomar medidas de confinamiento y distanciamiento social, prohibición de actos públicos y aglomeraciones en general. La aplicación de estas medidas ha variado entre los distintos países pero, además de las medidas sanitarias comunes, han tenido otro denominador común en casi todos los casos: la suspensión parcial o total de las actividades académicas de aula.

En nuestro país, la gestión gubernamental del sistema educativo, lo mantiene fraccionado en dos subsistemas: el de educación primaria y secundaria y el de educación universitaria, cada uno con gestiones distintas. Las acciones tomadas por ambos ministerios han seguido la pauta de suspensión de actividades de aula y la búsqueda de opciones alternativas para paliar la ausencia de éstas.

En ambos casos el llamado ha sido a la búsqueda de medios alternativos para que los estudiantes puedan dar continuidad a sus actividades de aprendizaje. Desde el Estado se han activado a través de canales estatales y radios públicas, disposición de contenidos educativos de refuerzo de los contenidos para estudiantes, en especial para educación básica. En términos generales, se ha permitido la decisión a docentes e instituciones educativas, sobre determinar cuáles medios se utilizarán para cumplir la directriz de trasladar la imposibilidad de realizar actividades presenciales, a al cumplimiento de objetivos por la vía remota.

Esta decisión, sin embargo, no deja de verse impactada por el paradigma educativo predominante, al menos en educación básica, media y diversificada, el cual asume en términos generales: 1) que el estudiante es un objeto de educación, 2) que el docente es un vehículo del aprendizaje, 3) que las instituciones educativas habilitan esos procesos, sin cuestionar en la mayoría de los casos los contenidos y modos; y 4) que la rendición de informes de gestión se haga en formatos diseñados para recoger números correspondientes a indicadores sin un sentido de contribución y vinculación con una política educativa integradora conducida desde las instituciones públicas. Una realidad bastante similar puede verse para el sector universitario, aunque habrá algunas variaciones según desde cual Institución de Educación Universitaria (IEU) se observe y su naturaleza (pública, privada, nacional o regional).

En los países de la región, el llamado ha variado de tenor y alcance. Desde una suspensión temporal de actividades, hasta una realización de actividades académicas de forma remota, como el caso de nuestro país, en donde se ha hecho un llamado contundente e insistente hacia la continuidad, a un ritmo distinto pero constante, de actividades de enseñanza-aprendizaje, desde las nuevas condiciones que suponen la declaración de la pandemia en nuestro planeta.

En docentes y estudiantes, subyacen, sin embargo, algunas condiciones que han venido progresivamente mermando el avance de las actividades educativas a distancia y que han afectado de forma clara su arraigo en la población que debería beneficiarse, algunas de las cuales son, fundamentalmente habilitadoras y que, según se argumentará después, vienen acentuando las ya marcadas diferencias en el acceso a la educación:

  1. Infraestructura normativa: no todos los países cuentan con una infraestructura normativa que permita dar un sentido orgánico a la incorporación de la educación a distancia en el sistema educativo como ruta alternativa, complementaria o sustituta de la educación por medios convencionales.

  2. Acceso continuo a servicio eléctrico y otros servicios como agua y combustible: el acceso al servicio eléctrico de manera constante es una condición para asumir la realización de actividades de investigación desde el hogar. Aunque parezca irrelevante, estas condiciones se ven afectadas también por las limitaciones en servicios como agua y combustible. El acceso a estos servicios, por medios públicos o a través de soluciones privadas, marca una diferencia significativa entre el alumnado.

  3. Familias monoparentales: encargar a los padres la supervisión, ayuda y acompañamiento diario de las asignaciones escolares de los hijos, manteniendo el formato en el cual la escuela asigna y el estudiante copia, supone una complicación adicional para los hogares monoparentales, en los cuales esa misma persona, por razones propias de la precarización laboral, no ha podido interrumpir sus actividades laborales, pese a tener a hijos en casa.

  4. Cobertura de servicio de internet y conectividad: el pago de proveedores de servicios de internet supone un costo oculto dentro del proceso de conducción de la educación a distancia durante el periodo de confinamiento, en especial cuando esta se realiza de forma priorizada a través de TIC.

  5. El acceso a equipos electrónicos: la falta de disponibilidad de equipos electrónicos en estos momentos, se convierte en un factor añadido de segregación al implicar una diferencia significativa en el acceso a los procesos de formación cuando estos son mediados por el uso de tecnologías de información y comunicación.

  6. El significado de la tecnología y del hecho tecnológico: no sólo tener un equipo electrónico para acceder y manejar información puede marcar una diferencia significativa entre estudiantes y docentes. También la aproximación hacia la tecnología como fenómeno, y la responsabilidad colectiva sobre su conocimiento, las formas de aprehenderla y de asumirla de forma crítica, impactarán positiva o negativamente en cómo se integran los estudiantes a las actividades a distancia.

  7. La doble desigualdad en el caso de las mujeres: ha sido establecido en varios espacios académicos formales y no formales, que la asignación de las labores de reproducción social de forma prioritaria a las mujeres6, incide notablemente en su incorporación a actividades productivas, educativas, impactando notablemente en sus niveles de satisfacción personal y profesional.

  8. Aspectos territoriales de segregación social: no resulta exagerado afirmar que las desigualdades territoriales tienen también una expresión tangible en el día a día de las personas, generando en ellas condiciones diferenciadas de acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, muchas personas están limitadas por el acceso a transporte público, pues su uso es incompleto, el pago debe hacerse en efectivo o porque su pago diario supone disponer de un porcentaje alto de los ingresos familiares mensuales. Esto hace que muchas personas opten por buscar trabajos cercanos a su residencia habitual, incluso son empleos informales. Teniendo en cuenta que el acceso a empleos informales supone también una precarización sostenida de otras condiciones sociales, laborales, educativas e, incluso, familiares, no resulta entonces difícil de aceptar que son también un factor adicional generador de discriminación y desigualdades trasladables a la educación a distancia.

  9. El contenido de las actividades de formación a distancia: la instrucción de continuar actividades a distancia no ha acompañado en todos los casos, una preparación previa en docentes y estudiantes, a fin de facilitar la toma de decisiones sobre la construcción de dinámicas de su desarrollo. De hecho, muchos docentes enfrentan el dilema sobre si utilizar o no los dispositivos disponibles para educación a distancia mediada por TIC, puede suponer una desmejora en su desempeño docente o en la calidad de la formación ofrecida pues, tal como afirma Castells (1998), “la calidad de la educación aún se asocia con la intensidad de la interacción cara a cara” (p.430).

La anterior lista, sin embargo, no pretende ser exhaustiva. Ayuda, empero para poner de relieve cuán a traspiés pudo haber tomado esta coyuntura a quienes ejercen la docencia y a quienes participan como estudiantes.

Sobre la docencia, concurren distintas dinámicas tanto en el ámbito de la educación básica como el universitario, que han conducido a enajenarla del proceso de investigación, a enajenarla de la acción pedagógica y a buscar la normalización de los estudiantes, en lugar de respetar la diversidad, alimentándola.

Estas dinámicas, lamentablemente se refuerzan desde el ámbito de la gerencia educativa, cuando la información manejada no es generada con miras a su utilización en procesos de generación de políticas públicas en el sector, sino sólo con propósitos informativos. Se hace referencia aquí a la búsqueda de los números por los números, evidente en el empeño por conocer el número de estudiantes que se incorporaron a actividades a distancia y el porcentaje de avance en evaluaciones, por ejemplo, por encima de conocer diagnósticos precisos sobre las dificultades afrontadas por instituciones educativas, docentes y estudiantes en la realización de éstas. De modo que, en términos muy generales, no sólo la docencia se encuentra enajenada de la pedagogía, la investigación y el sentido ontológico de la docencia y formación; sino también la gerencia educativa se encuentra aislada de cualquier posibilidad de mejora, pues recoge información descontextualizada e inútil en procesos de planificación educativa, y el tiempo de recogida de esta información no siempre resulta pertinente al proceso mismo de construcción de políticas públicas del sector.

Las opciones

En estas condiciones, definitivamente el planteamiento de continuidad de las actividades educativas, debería movilizar a evaluar, en primer término, cómo hacerlo de forma de generar un impacto menor en quienes participarán en ellas y, sobre todo, cómo no profundizar con ello, aún de forma inadvertida, las diferencias preexistentes. Cabría evaluar el impacto de opciones multi modales7, en la profundización de las desigualdades enunciadas, pues, aún cuando estas permitieran dar cuenta de todas las dificultades experimentadas por estudiantes y docentes, quizás no garanticen su superación, en especial en caso de mantenerse el uso prioritario de la educación a distancia.

Por otro lado, aunque la utilización de TIC para generar y ofrecer contenidos no es la única opción para la educación a distancia, lo cierto es que se trata de un nicho dentro del mercado de opciones educativas y de formación desde hace ya varios años, cuyo auge a raíz del decreto de la pandemia por la COVID-19 es evidente. Sin embargo, como ya se adelantó antes, no en todos los países se cuenta con una infraestructura legal y tecnológica propias y autónomas, que permitan sustentar su aplicación en sustitución de las modalidades convencionales de educación. Por ello, asumir la educación a distancia como obligatoria aún sin tener una infraestructura legal para sustentarlo, deviene en una vulnerabilidad marcada para la educación orientada por el Estado como política pública, pues no permite a los gobiernos nacionales ofrecer garantías de su realización, ni de acompañamiento a los resultados obtenidos. Además, según dice Domínguez A., R. (2009):

(…) Existen poderosos motivos económicos que hacen que las TIC sean un elemento de carácter estratégico y de competitividad a nivel económico y político, lo que implica que sus “dueños” no van a ceder sus derechos de forma altruista. La cesión para el uso y disfrute de las TIC está además diseñada para que los usuarios sólo tengan el producto final y no el diseño, planificación y desarrollo, lo que nos obliga a mantenernos dependientes durante mucho tiempo hasta que comenzamos a producir por nuestros propios medios y recursos” (p. 9)

Si el uso de las tecnologías para garantizar el acceso a los contenidos en línea plantea, en sí mismo, una limitación y dependencia sostenidas por parte de los usuarios, mención aparte requiere el proceso de producir, por nuestros propios medios los contenidos útiles para la educación a distancia. Tanto si se asume como educación a distancia el dictado de clases o la generación de contenidos disponibles en línea, como si se utilizan TIC para generación de contenidos que serán dispuestos de forma física, se requiere una aproximación a la tecnología distinta de la de meros usuarios. Esto es, comprender la tecnología y, además, desarrollar un conocimiento sobre la técnica que ello implica para su uso y apropiación.

En este escenario, la propuesta presentada por educadores de distintas partes del mundo y recogida por la UNESCO con respecto a desarrollar Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources, OER por sus siglas en inglés), resulta muy útil para abonar las limitaciones multidimensionales que plantea la educación a distancia. No en vano, la UNESCO al recoger el planteamiento para los OER, elaboró un borrador de recomendaciones para su implementación que es presentado como una estrategia para avanzar en la construcción de sociedades de conocimiento8, y la adopción de una perspectiva del concepto abierto sobre los recursos educativos, demuestra la denuncia de que los contenidos digitales utilizados para la formación en línea son, hoy por hoy, un modelo de negocio que cierra el acceso por parte de los usuarios finales, tal como lo describe Domínguez en la cita anterior.

En todo caso, aún con la posibilidad de uso y reuso de los recursos educativos abiertos, subyace el necesidad de solventar las debilidades en el acceso por parte de estudiantes y docentes, en especial si se insiste en plantear como única vía para el aprendizaje la educación a distancia mediada por TIC. Estas desigualdades, de hecho, pueden llevarse también a las instituciones educativas, siendo que no todas se encuentran en condiciones de asumir, de forma integral, la gestión de plataformas de educación a distancia, o la incorporación a su estructura orgánica, de la infraestructura y gestión necesarias para articularlas y darles seguimiento.

En las actuales circunstancias de pandemia por la COVID-19, la decisión asumida en muchos países, ha sido, en términos generales, dejar a consideración de los docentes y los gestores de las instituciones educativas, la decisión sobre cuáles mecanismos, dispositivos y metodologías serán conducidas las actividades a distancia. Esto afecta de modo importante el seguimiento que desde la gerencia educativa pueda hacerse a las actividades desarrolladas por los estudiantes. Sin embargo, vistas las desigualdades preexistentes y la poca capacidad para varios países de superarlas en el corto plazo, quizás tampoco podríamos hablar de una única solución para todos los casos.

Por otro lado, ante debilidades tanto la infraestructura tecnológica como en la infraestructura normativa que habilitaría la realización de las actividades a distancia mediada por TIC, quizás el propósito último sea el de ofrecer una actividad placebo, organizada con el propósito de generar otras dinámicas hacia el aprendizaje y favorecer la diversificación de experiencias pedagógicas en estudiantes, al tiempo que reduce la interrupción de contacto de estudiantes con su proceso de aprendizaje.

Efectivamente, la superación de las desigualdades señaladas antes, no es viable a través de una solución única para atender la educación a distancia. En buena parte de los países de Sudamérica que han cerrado escuelas durante la pandemia y continuado actividades a distancia, los soportes más utilizado han sido el correo electrónico, la mensajería instantánea (Whatsapp principalmente aunque también Telegram), y la mensajería de texto. Esto, en conjunto con una vuelta de tuerca a las estrategias pedagógicas y de trabajo con los estudiantes, ampliando los plazos de recepción de las asignaciones y de envío de respuestas, y posibilitando la elaboración acumulativa de asignaciones para una posterior consignación al término de las restricciones de reunión y movilización, supone el andamiaje sobre el cual, de forma privilegiada, se han asumido las actividades a distancia durante la pandemia de la COVID-19.

Por una parte, encontramos a los que reclaman que la enseñanza ha de modernizarse desde la apertura de puertas a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), proponiendo una reestructuración total de la concepción existente de escuela y de organización escolar, donde se flexibilicen los procesos y se rompa por fin con la tradicional visión de la enseñanza como transmisión del saber en un espacio físico cerrado y presencial. Los miembros más radicales de esta corriente llegan a pedir la supresión total de los centros educativos actuales y su transformación en centros virtuales de enseñanza. Estemos o no de acuerdo con esta propuesta, consideramos que está teoría desescolarizadora es hoy por hoy una utopía, entre otras razones por la falta de medios materiales, económicos, humanos pero fundamentalmente formativos. Los docentes aún tienen mucho que aprender para introducir las TIC en su desarrollo profesional y aún más para llegar al planteamiento citado de una total enseñanza virtual en todos los niveles educativos. Y podríamos entrar aquí, en las críticas que harían otros especialistas en lo referido por ejemplo a las carencias que tendrían los alumnos en lo referido a las relaciones interpersonales, de comunicación, de aceptación de órdenes, etc.” (Domínguez A., R. 2009:10)

Esto supone un esfuerzo por superar el acceso a la tecnología como la limitación más acuciante. Sin embargo, la práctica casi excepcional de la lectura en los estudiantes, hace de los libros impresos un objeto casi en desuso y, por tanto, inexistente en muchos hogares, lo cual supone un escollo adicional en especial para otras modalidades alternativas de educación a distancia. La superación de la fase más crítica de la pandemia, supondrá el regreso progresivo a las actividades, en otras condiciones diferentes a las que dejamos y con una forma de normalidad con un significado aún por construir.

Las alternativas para asumir la educación a distancia, más aún en una situación como la actual, tal y como hemos visto, depende de las opciones que estudiantes y docentes tengan disponibles para organizar, de un modo más o menos cohesionado, la atención de las distintas unidades curriculares. Sin que la diversidad de opciones y estrategias sea la opción más idónea, tal parece que hay algunos sacrificios que hacer en aras de garantizar, al menos, la inclusión y participación en condiciones equivalentes, si no iguales.

En países como España, por ejemplo, los docentes acusan agotamiento emocional pues la atención a estudiantes durante el confinamiento les ha supuesto un esfuerzo mayor para comprender y atender el uso de las herramientas dispuestas a su alcance para la educación a distancia, y garantizar la incorporación de todos sus estudiantes a su uso. En el caso de nuestro país, como se dijo antes, ha habido un uso mayoritario del Whatsapp como herramienta útil para distribuir contenidos entre estudiantes y representantes de los niveles de educación básica, media y diversificada. También las universidades han debido echar mano de esta plataforma con miras a organizar, en conjunto con otras herramientas como mensajería de texto y correo electrónico, el envío de materiales y abordaje de los contenidos a impartir. Ciertamente ésta herramienta no garantiza la bidireccionalidad en la interacción durante el proceso educativo, de forma que, en términos pedagógicos, su uso privilegiado ha supuesto un importante retroceso en las aspiraciones de ofrecer el aprendizaje como parte del proceso de formación de una conciencia crítica sobre los fenómenos estudiados.

Hasta aquí se han enunciado varios aspectos relevantes al abordaje del aprendizaje a distancia en situaciones de crisis. Resulta evidente pues, que no hay una situación que pueda utilizarse de forma transversal en los distintos contextos a los cuales deba responderse. Además, resulta cada vez más notoria la necesidad de diseñar e implementar acciones en todos los niveles y en distintas dimensiones de profundidad pero, sobre todo, cuya flexibilidad permita hacerlas particulares y contextualizadas para con ello permitirles construir un sentido común de lo colectivo.

No es útil insistir en una educación a distancia mediada por TIC, cuando hay importantes carencias de redes públicas estables de servicios de interconexión; o cuando los espacios útiles para su acceso en sectores al margen de los centros urbanizados, son inaccesibles o no están disponibles. Un obstáculo claro en la construcción de soluciones colectivas es, en realidad, no tener como sociedad, mucha experiencia en ello; y una debilidad a superar para hacer esa experiencia alcanzable, es re construir los espacios de aprendizaje como lugares de entre ayuda y de búsqueda por soluciones comunes a problemas comunes.

A modo de conclusión. El riesgo de normalizar la educación a distancia y suprimir la interacción entre pares en todas las etapas de la educación.

Bien se sabe que el sistema educativo no sólo arroja como resultado personas con titulaciones. Buena parte del papel de los sistemas educativos estriba en contribuir al sostenimiento de la arquitectura social y del mantenimiento de las otras instituciones que la sustentan. Cierto es que, en este contexto no sólo aprender el conocimiento útil para los sectores productivos, sino también todas las contribuciones desde el ámbito educativo son necesarias, incluidas aquellas que suponen la generación de masa crítica que pueda objetar la arquitectura social de la que son parte.

Por otro lado, el sistema educativo, tal y como lo conocemos, es objeto de presiones de distinta índole para capturarlo como dispositivo a través del cual universalizar una suerte de realización remota de las relaciones interpersonales. Trasladar a los procesos educativos parte de ese “ordene desde su casa” que ya viene instalándose en un número importante de las actividades productivas, viene de la mano con procesos de precarización pedagógica progresiva y profundización de los factores de alienación que ya hemos establecido antes. Sin embargo, Castells, M. (1998) tiene sus reservas ante la inminencia de este cambio:

“(…) “Refugiarse en el hogar” es una tendencia importante de la nueva sociedad. No obstante, no significa el fin de la ciudad. Porque los lugares de trabajo, los colegios, los complejos médicos, las oficinas de servicios al consumidor, las zonas de recreo, las calles comerciales, los centros comerciales, los estadios deportivos y los parques aún existen y existirán, y la gente irá de unos lugares a otros con una movilidad creciente debido precisamente a la flexibilidad recién adquirida por los dispositivos laborales y redes sociales” (p. 431)

Esta flexibilización soterrada en los procesos laborales que hasta ahora en muchos países formaba parte de una economía marginal y sumergida9, ha sido reivindicada como una opción de necesaria aplicación en aras de mantener la vinculación laboral pese a las restricciones establecidas durante la pandemia por la COVID-19. De forma que, aquello que Castells enunciaba en 1998 como una tendencia importante dentro de la nueva sociedad de la información y sociedad en red, hoy por hoy es en muchos casos la única opción de mantener una actividad productiva de forma constante. Esto, lo sabemos, conlleva el crecimiento importante de la sociedad de los servicios y, además, viene de la mano con el desarrollo de nuevas instancias en las cuales la precarización laboral y la segregación social puede llegar a arraigarse.

En el caso de la educación, mientras se resuelve cómo dar cuenta de lo que quede de año escolar, no debería dejarse pasar la oportunidad de retomar esfuerzos, ya avanzados años atrás, por dotar de piso jurídico y organizacional a una práctica de la cual las IEU y el sistema educativo en general pueda beneficiarse, todo ello en aras de avanzar en la superación de las asimetrías que una educación a distancia sustentada prioritariamente en TIC, y planteada de forma acrítica, por si misma no ayuda a resolver.

Como gestores educativos, la tendencia general será hacia la búsqueda de soluciones monolíticas que incluyan un todo en uno, en aras de facilitar la supervisión y evaluación de su desempeño y los resultados. Sin embargo, las condiciones y asimetrías descritas suponen también el trabajo conjunto en diseñar una estrategia con varias rutas de acción, empujado por el empeño por adaptar las respuestas a las capacidades y posibilidades de uso de nuestras instituciones educativas y de nuestros estudiantes. Las opciones a incluir en esa estrategia deberán, en todo caso, considerar como máxima la necesidad de que sea una solución que no traslade o refuerce en el ámbito digital o a distancia, las desigualdades y factores de segregación ya presentes en el espacio físico.

Entre otras cosas, pensar en el papel del conocimiento dentro del ámbito del sistema educativo y sus resultados puede suponer un punto de partida en la tarea de configurar esa estrategia de educación a distancia. Al respecto, Pérez L., A. (2016) nos dice:

“En el contexto actual de cientificación de la sociedad, de informatización y de globalización, la función del conocimiento se ha replanteado tanto a nivel mundial como en América del Sur. Pero “la sociedad del conocimiento” que muchos han anunciado como un proceso inevitable no ha de instalarse si no existe un consenso estratégico de los actores sociales en esa dirección.” (p.71)

Este consenso pasa, entre otras cosas, por la determinación de cuotas de aportes y compromisos desde cada uno de los sistemas que conforman esa arquitectura social que enunciamos arriba y por la comprensión de su condición de interrelacionados y codependientes, de forma que la suerte de cualquiera de esos sistemas depende de la suerte de todos los demás.

Referencias.

Castells, M. (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1 La sociedad red. España: Alianza Editorial

_________ (1998a). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2 El Poder de la Identidad. España: Alianza Editorial

de Sousa Santos, B. (2007). La Universidad del Siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. Bolivia: ASDI, CIDES-UMSA.

Domínguez, R. (2009). La sociedad del conocimiento y los nuevos retos educativos. Año VII Número 8. Abril de 2009. [Revista Electrónica] (Consulta: 2020, abril 28)

Pérez L., A. (2016). El modo 3 de producción de conocimiento, las universidades y el desarrollo inteligente de América del Sur. Revista Integración y Conocimiento, N°5, vol, 2 año 2016, pp. 70-81.

UNICEF (2020). COVID-19: Más del 95 por ciento de niños y niñas está fuera de las escuelas de América Latina y el Caribe. Comunicado de prensa de UNICEF. [Documento en línea] Disponible desde https://www.unicef.org/venezuela/comunicados-prensa/covid-19-m%C3%A1s-del-95-por-ciento-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-est%C3%A1-fuera-de-las-escuelas-de (Consulta: 2020, abril 28)

3Disponible desde https://es.khanacademy.org/

4Disponible desde https://coursera.org

5Es decir, reducir la tasa de contagio que, para el caso de la transmisión del SARS COVID-2, causante de la COVID-19, es exponencial y afecta de forma más grave a hombres, de más de con comorbilidades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre otras.

6Castells, M. (1998, p.160) reseña la cuádruple jornada laboral asignada a las mujeres (trabajo remunerado, tareas del hogar, cuidado de los hijos y turno nocturno para el esposo), definiéndola como una carga insoportable a la vida de las mujeres.

7Es decir, aquellas que involucran varias estrategias de contacto con estudiantes para la entrega, socialización, internalización y evaluación de contenidos educativos.

8La información disponible desde el portal de la UNESCO sobre los OER, puede consultarse desde este enlace: https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer

9Hablamos aquí del teletrabajo, algo que en países de la OCDE se encuentra regulado, pero que en muchos países no cuenta con una regulación clara y su funcionamiento permanece en una zona gris.

Artículo enviado a la redacción de OVE por su autora

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Cuando la clase media toma la escuela pública

Por: Xavier Bonal 

Los actuales procesos de segregación social en los entornos urbanos no hacen más que incentivar las estrategias de diferenciación y búsqueda de exclusividad en la elección

Una de las consecuencias de los efectos de la crisis económica en la educación es el aumento de demanda de escuela pública por parte de una clase media que ve menguadas sus posibilidades económicas de recurrir a la educación privada para escolarizar a sus hijos. No hablamos, por supuesto, de una clase para la que la educación pública no es siquiera una de las posibles opciones de escolarización, sino de aquellas fracciones sociales de demanda muy elástica, que suelen moverse entre el mercado y la provisión pública en función de variables como la renta familiar disponible, la calidad educativa o la percepción del riesgo entre las distintas opciones de escolarización.

Son estas fracciones de clase las que son más activas en la elección escolar. Utilizan estrategias muy calculadas para maximizar la inversión educativa, conscientes de que se juegan las posibilidades de reproducción de las posición social en esa inversión. Antes de tomar la decisión sobre dónde escolarizar a los hijos, visitan numerosas escuelas, participan de reuniones de puertas abiertas o se entrevistan con las direcciones escolares. Comparten grupos de whatsapp con otras familias para intercambiar información y sobre todo, para saber qué estrategias utilizan otras familias afines en estilos de socialización. En el cálculo de la elección escolar intervienen muchas variables: el proyecto educativo del centro, las aportaciones económicas, la cantidad y calidad de actividades complementarias y, sobre todo, la composición social de la escuela.

Es en este contexto en el que ha crecido la demanda de un tipo de escuela pública muy determinada, caracterizada por una oferta escolar que se presenta como una educación distinta y pedagógicamente alternativa. Son escuelas de apariencia muy innovadora, en las que el lenguaje se adapta a los retos de la educación del siglo XXI: centrada en competencias más que en conocimientos, no memorística, alternativa en la organización escolar o flexible en las estrategias de evaluación. Esta oferta escolar refuerza su mensaje cuanto más accede a una clientela de un perfil social que, de forma explícita o implícita, le reclama ir de la mano en las estrategias de clausura social. De este modo, el proyecto educativo puede garantizar la calidad si, y sólo si, se asegura que las familias que acceden al centro escolar están convencidas del mismo (se lo creen y lo defienden). La escuela obtiene a cambio una imagen de prestigio educativo y social y ser un foco de atracción para familias de clase media, siempre más fáciles de educar que las familias pobres.

Los actuales procesos de segregación social en los entornos urbanos no hacen más que incentivar estas estrategias de diferenciación y búsqueda de exclusividad en la elección. Algunos autores han denominado a este fenómeno “colonización o gentrificación escolar”. La llegada de sectores de clase media a algunas escuelas públicas “de barrio” produce un fenómeno de desplazamiento (voluntario o no) de algunas familias y sobre todo genera mecanismos de exclusividad y exclusión que convierten a la escuela en especialmente atractiva para sus nuevos ocupantes y a menudo extraña para parte de la comunidad en la que se ubica. Es común que las familias de clase media “tomen” la asociación de padres, colaboren activamente con el profesorado del centro o fijen nuevas cuotas para cubrir actividades complementarias.

Sin duda, la cobertura y la calidad del Estado de Bienestar depende de que las clases medias crean en los servicios públicos como alternativa al mercado y clamen por una educación o sanidad públicas y de calidad. Sin embargo, si esta reivindicación supone la búsqueda de exclusividad y clausura social, se corre el riesgo de construir servicios de distinta velocidad y calidad. Si abundamos en la jerarquización de la escuela pública, nos jugamos algo tan importante como son sus virtudes como institución igualadora de oportunidades. Impedirlo depende de la política educativa.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2019/08/28/catalunya/1566996191_105330.html

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Segregación hasta la Universidad

Por: Milagros Pérez Oliva

Las facultades está lejos de reflejar la diversidad social. La mayoría de los estudiantes son hijos de padres con alto nivel de estudios

En los años sesenta, la Universidad dejó de ser aquella fortaleza inexpugnable para los hijos de las familias humildes. Durante varias décadas, llegaron a las Facultades españolas miles de estudiantes que eran los primeros universitarios de su familia. El elevador social se había puesto en marcha y durante años fue uno de los principales mecanismos de progresión social. La ampliación y descentralización de los campus universitarios y el hecho de que España figure entre los países con mayor número de licenciados pueden dar la impresión de que la Universidad ha dejado de ser una institución elitista, que se ha democratizado de tal modo que cualquiera puede estudiar una carrera. En teoría, así es. En la práctica, el principal predictor de las posibilidades de ser universitario es tener padres universitarios con sueldos altos.

La Universidad está lejos de ser un reflejo de la diversidad social y, de hecho, cada vez lo es menos. Así lo indica el informe de la Red Vives Via Universitaria 2017-2019, con datos de 40.000 universitarios de Cataluña, Baleares y Valencia, extrapolables al resto de España. Si se clasifica a los estudiantes por el nivel social de la familia, no en función de la renta, que puede ser engañosa, sino por el nivel de formación y ocupación de los padres, vemos hasta qué punto esta institución perpetúa las desigualdades: el 55% de los universitarios pertenece a familias de clase social alta, el 34,4% a familias de clase media y solo el 10,6% a hogares de clase baja, cuando el 40% de la población adulta española tiene un nivel bajo de estudios.

La familia es la que mantiene y paga los estudios de seis de cada diez universitarios, y solo un 18,1% se beneficia de una beca. Otro 18,9% trabaja para poder pagar los estudios, lo que supone una dificultad añadida puesto que el modelo Bolonia no favorece poder estudiar y trabajar al tiempo. Otro elemento que muestra una evolución preocupante es la forma de acceso. El porcentaje de estudiantes que llega a la Universidad a través de las pruebas de selectividad ha subido en tres años del 67,4% al 82,4%, y en cambio, los que acceden desde ciclos formativos han caído del 18,2% al 11,5%. Además, los hijos de familias con bajo nivel de estudios que llegan a la Universidad tienden a elegir en mayor proporción carreras de humanidades y ciencias sociales que científicas o ingenierías.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/05/27/opinion/1558977741_059792.html

 

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La universidad constata que ella también segrega por clase social y género

Por: Victor Saura

Sólo el 10% de universitarios proviene de una familia con un bajo capital educativo. Prácticamente el 60% pueden estudiar porque los padres lo pagan todo o casi. Y las mujeres son el 62% del alumnado, pero en determinadas carreras no llegan ni al 20%. Estas son algunos de los datos del estudio Vía Universitaria, que hoy ha presentado la Red Vives.

“La universidad en España ha avanzado mucho en los últimos 50 años en términos de masificación, y no es tan elitista como otros países de nuestro entorno como Alemania o Francia, pero aún está lejos de la equidad”. Esta es, según Antonio Ariño, catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia, una de las principales conclusiones del segundo estudio Vía Universitaria, realizado por la Red Vives (que reúne las 22 universidades, públicas y privadas, del ámbito lingüístico catalán) , sobre una muestra de más de 41.000 encuestas realizadas a estudiantes de grado y máster de estas universidades. Las otras dos grandes conclusiones son que la diversidad del alumnado va en aumento y que, a pesar de la revolución digital, la innovación es prácticamente testimonial, ya que sólo el 5% de los estudiantes afirman que sus profesores utilizan metodologías innovadoras.

¿Y por qué está lejos de la equidad? El estudio concluye que la proporción de niveles formativos de la sociedad no se traslada a la universidad. Mientras que en la sociedad el 40% de la población tendría un capital educativo bajo, en la universidad este porcentaje a penas supera el 10%. A la hora de definir las clases sociales (y dividirlas en alta, media y baja), el estudio tiene en cuenta sobre todo el nivel formativo de los padres y su tipo de empleo, más que la renta familiar, que no se pregunta a los encuestados. Esta inequidad se acentúa en las ingenierías y carreras científicas, donde el porcentaje de alumnos con progenitores de nivel formativo bajo es inferior que en las ramas de ciencias sociales y humanidades.

“No es que en la universidad no haya igualdad, porque en este caso estaríamos diciendo que no corrige las desigualdades sociales, sino que ni siquiera hay equidad; queda mucho camino para llegar a la equidad y no digamos ya a la igualdad”, explica Ariño, uno de los codirectores del estudio, junto con Miquel Martínez (Educación UB), Ramon Llopis (Sociología UV), y Ernest Pons (Estadística UB), y con la dirección técnica de Anna Prades, jefe de proyectos de AQU Catalunya (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña).

Costes y beneficios: el efecto Mateo

El estudio también constata que el coste de la universidad (concepto que incluye la matrícula, pero también la manutención: alquiler, comida, transporte, etc) se financia gracias al dinero de los padres y madres. En el caso de los estudiantes de grado, el 58% del volumen de la financiación sale de las familias, el 18% de becas y el 20% de ingresos procedentes del trabajo (sea durante el curso o las vacaciones). El resto, testimonial, son préstamos, la pareja y otros. En el caso de los estudiantes de máster, los porcentajes varían, pero todavía la familia es la fuente principal de financiación. En cuanto al lugar donde viven los estudiantes, el 62% lo hace en casa de sus padres, un porcentaje que sitúa a España (si la muestra de la Red Vives se puede extrapolar al conjunto del Estado) al lado de países como Italia (69%), Georgia (65%), Albania y Croacia (51% ambos), muy lejos de la media europea (36%) y aún más de países como Finlandia (4%), Dinamarca (8%) o Noruega ( 9%).

La movilidad internacional sería otra fuente de inequidad. A pesar de que la totalidad de los alumnos encuestados pertenecen a estudios enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que no ocurría con el primer Vía Universitaria, sólo un 8% declara haber hecho movilidad internacional (básicamente, el programa Erasmus), si bien un 37% afirma que piensa hacerlo. Pero el estudio también constata que, dentro de este 8%, la clase social alta está sobrerrepresentada, porque, nuevamente, su financiación se basa principalmente en los progenitores. “Si a la universidad ya sólo llega una cierta élite, en el caso de la movilidad ya es una selección de la selección -dice Ariño-, y así es como determinadas personas van acumulando beneficios y las oportunidades llegan sobre todo a los que ya tienen mejores condiciones, consolidando así el efecto Mateo”, expresión inspirada en una frase del Evangelio de Mateo y muy usada por los sociólogos para definir aquellos procesos que hacen que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres.

El acceso a la universidad también permite hablar de efecto Mateo. En relación al primer estudio, ha aumentado el porcentaje de alumnos que accede a la universidad a través de las PAU (del 67,4% en 2015 el 82,4% en 2018), y han caído los que lo hacen desde un ciclo formativo de grado superior o mediante el acceso a los mayores de 25 años, lo que lleva a los investigadores a afirmar que “se va en la dirección contraria al objetivo”, ya que el sistema no es lo suficientemente flexible para atraer la interés de estudiantes de más edad o clase social baja.

La ‘síndrome de la impostora’

En los estudios de salud las mujeres representan alrededor del 70% del alumnado. E los de educación e intervención social rozan el 80%. En el conjunto de la población universitaria las mujeres representan el 62% del total. En cambio, en las ingenierías, la mayor parte de los alumnos son hombres y, en algunos casos, como el de las TIC, sólo el 16,8% son mujeres. De ahí que el estudio Vía Universitaria concluya que “las carreras reproducen las tareas del ámbito doméstico marcadas por el género”. “Las mujeres se orientan hacia las áreas de salud y de cuidado, mientras que los hombres lo hacen hacia aquellos estudios que tienen que ver con el espacio exterior de poder y de toma de decisiones”, dice el estudio, según el que “los ámbitos de conocimiento más masculinizados tienen más oportunidades laborales, reconocimiento y prestigio social”.

Esto, sostienen los directores del Vía Universitaria, refuerza lo que se conoce como el síndrome de la impostora. “La mujer que se matricula en una titulación masculinizada se infravalora porque entiende que está en un lugar que no le corresponde, la materia le gusta pero sabe que socialmente está valorado como un ámbito masculino, por lo que se siente como una intrusa o una impostora”, aclara Ariño.

En la distribución horaria de una semana lectiva normal, las mujeres asisten más horas a clase, dedican más tiempo al estudio y también más tiempo a las tareas del hogar y el cuidado de otros. Por el contrario, los hombres ganan en tiempo dedicado a trabajo remunerado y, en especial, en tiempo dedicado a aficiones y vida social.

Mejora de expectativas, inmovilismo metodológico

Otra de las pocas comparaciones que establece el estudio en relación al primero que se hizo (muchos de los parámetros se consideran no comparables) se refiere a las expectativas de los estudiantes universitarios. Así, en relación al primer Vía Universitaria (2014-2016), los estudiantes de ahora son más optimistas con respecto al futuro y a lo que les aporta la universidad en este futuro. Un 54% cree que los estudios les serán útiles para encontrar un trabajo bien remunerado (en 2016 eran el 40%), y 7 de cada 10 opinan que los estudios les serán útiles para contribuir a la mejora de la sociedad y encontrar un trabajo relacionado con estos estudios. Un 60% dice sentirse integrado en la vida universitaria, pero sólo el 20% ha participado en algún órgano de gestión.

En cuanto a la pedagogía, el estudio constata que, al menos hasta ahora, los cambios del Plan Bolonia no han tenido el efecto esperado en cuanto a innovaciones pedagógicas (Ludificación, Flipped classroom, MOOC, etc). Estas continúan ocupando un porcentaje residual, de sólo el 5%, en relación a las metodologías tradicionales (clase magistral y evaluación final con examen escrito), que representan el 60%, y las metodologías activas (laboratorios, talleres, trabajos en grupo, prácticas , etc.), que suponen el 35% restante. El estudio también señala que, en el caso de las metodologías tradicionales el porcentaje de estudiantes que declaran que su objetivo principal es aprobar con el mínimo esfuerzo posible es bastante superior a los que lo hacen ante una asignatura impartida a través de una metodología innovadora.

Sin embargo, este inmovilismo no puede atribuirse exclusivamente a un presunto fracaso de Bolonia, advierten los investigadores, ya que hay otros poderosos factores a tener en cuenta, como los efectos del decreto Wert de 2012 o la precariedad laboral de buena parte del profesorado universitario.

“No es sólo miedo al cambio, sino que las condiciones del sistema no favorecen el trabajo transversal y en equipo que requieren las nuevas metodologías”, advierte Miguel Martínez.

Al final del estudio se presentan una serie de propuestas para corregir las dinámicas negativas detectadas, entre las que impulsar políticas de acceso a estudiantes de origen social bajo, familias extranjeras o de más edad; flexibilización de casi todo: régimen de permanencia, ritmos de progreso, métodos de evaluación, currículo, calendario académico; impulso de becas y tasas universitarias que se ajusten mucho mejor al nivel socioeconómico de los estudiantes (con becas-salario que pudieran cubrir no sólo la matrícula sino también una parte considerable de la manutención); o la visibilización de modelos masculinos y femeninos que rompan los estereotipos de género y la introducción de la perspectiva de género y revisión de contenidos en esta clave en todas las áreas de conocimiento.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/05/17/la-universidad-constata-que-ella-tambien-segrega-por-clase-social-y-genero/

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El fracaso de la educación pública aboca a millones de sudafricanos negros a la pobreza

África/Sudáfrica/11 Abril 2019/Fuente: El periódico

La segregación implantada durante el ‘apartheid’ no se ha revertido pese al ingente dinero invertido en el sistema de enseñanza

Un 20% de los maestros y profesores sudafricanos no acuden a dar clase los lunes y los viernes

Durante décadas, los sudafricanos negros recibieron del gobierno una educación de segunda, que les privaba de recibir formación adecuada en Ciencias, Matemáticas y otras materias clave para encontrar empleos bien pagados y salir de la pobreza. El gobierno del ‘apartheid’ los condenaba así a seguir siendo la mano de obra barata de la que se aprovechaba la Sudáfrica blanca, y preservaba un sistema de segregación racial en el que la principal función de los negros era servir a sus amos.

Esta situación debería haber cambiado en 1994, cuando el Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela comenzó a gobernar Sudáfrica. El CNA puso fin a la discriminación, declaró gratuita la educación básica y ha invertido ingentes cantidades de dinero en pagar a más maestros y profesores y acondicionar y construir escuelas e institutos. Sin embargo, un cuarto de siglo después, el pésimo estado de la educación en las zonas donde viven la mayor parte de sudafricanos negros siendo uno de los principales factores para explicar las tremendas desigualdades sociales y raciales en el país austral.

Según un informe del Banco Mundial, Sudáfrica es el país del mundo con mayores índices de desigualdad social. Datos oficiales muestran que esta desigualdad coincide con la división racial que promovió el ‘apartheid’. Los sudafricanos blancos, que representan el 8% de la población, ganan en promedio cinco veces más que sus compatriotas negros, que suponen el 80% del total de sudafricanos.

Pública versus privada

Un estudio encargado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que “el 75-80% de los alumnos” no tienen dinero para buscar alternativas y se ven obligados a acudir a escuelas públicas que no funcionan, obteniendo malos resultados académicos que lastran sus opciones en la vida laboral. Mientras tanto, “el 20-25% de los alumnos, los más ricos, son matriculados en escuelas privadas o escuelas públicas que funcionan y obtienen mejores resultados”.

El informe, presentado esta semana por el FMI, aporta también un dato crucial para entender el impacto de estos números sobre las desigualdades entre sudafricanos blancos y negros: “Un 80% de las escuelas disfuncionales están en los ‘townships’ [donde el ‘apartheid’ confinaba a la fuerza trabajadora negra] y las comunidades rurales”, espacios ambos de abrumadora mayoría negra.

Contra lo que podría pensarse, el problema no es de inversiones, sino de gestión. El gobierno del CNA invierte en educación tanto como los países más desarrollados del mundo. En las escuelas públicas de las zonas pudientes, de mayoría blanca, las asociaciones de padres ejercen sobre maestros y profesores el control que no ejerce el gobierno, y surten las necesidades de los centros con contribuciones económicas privadas. Las cosas son muy distintas en las “escuelas disfuncionales”. Allí los educadores están peor preparados y no están sometidos a ningún control, en parte debido a la influencia de los sindicatos a los que pertenecen, que se han opuesto con éxito a los tímidos intentos del gobierno de hacer rendir cuentas a los docentes.

El informe del FMI revela que un 20% de los maestros y profesores sudafricanos no acuden a dar clase los lunes y los viernes, mientras que un 33% de los docentes se ausenta de las aulas en los últimos días de mes. “En las escuelas predominantemente negras, los maestros enseñan una media de 3,5 horas al día”, dice el estudio, que calcula en 6,5 horas al día la media de horas de enseñanza de los educadores en las escuelas en que los blancos siguen siendo mayoría.

El resultado de todo ello es que casi la mitad de las personas entre 25 y 34 años no han terminado la educación secundaria en Sudáfrica, cuyos alumnos quedaron en último o penúltimo lugar en pruebas de lectura, matemáticas y ciencia realizadas con estudiantes de su edad de decenas de países del mundo.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190406/el-fracaso-de-la-educacion-publica-aboca-a-millones-de-sudafricanos-negros-a-la-pobreza-7385598

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La Industria Educativa y la Segregación Social

Por Víctor Cárcamo Silva/ institutobautistavanschouwen/23-01-2019

El debate por la selección de estudiantes en los denominados “liceos emblemáticos” en torno al denominado “Proyecto admisión justa”, ha puesto en el centro de la discusión las concepciones implícitas tras el modelo educacional chileno y nos abre a repensar los niveles de inclusión en nuestra sociedad y, junto con ello, el rol que el sistema escolar cumple en nuestro país.

No es posible separar la discusión en torno a la selección en el ingreso de estudiantes a un determinado colegio, como si en sí misma fuera la solución al problema de la promoción de estudiantes hacia la educación superior. En base a lo datos arrojados por el DEMRE a partir del último proceso de selección universitaria, de los 50 colegios con mejores puntajes obtenidos en la PSU, sólo dos son municipales y ninguno de ellos es particular subvencionado(1). Este dato no sería particularmente dramático si es que de él no se desprendiera como una nefasta consecuencia, que tan solo el 30% de los estudiantes de provenientes de establecimientos municipales quedó seleccionado para proseguir sus estudios de educación superior(2).

La gran defensa en la irrupción de otros sectores como oferentes en la educación, en los marcos de la “libertad de enseñanza”, fue el aumento de la matrícula y la posibilidad de superación de la pobreza, cuestión que los datos demuestran como un total fracaso. Si bien es cierto que los niveles de cobertura a nivel escolar son mayores, cabría preguntarse para qué están siendo formados nuestros jóvenes y, si no pueden elegir dónde educarse, en qué se traduce para ellos aquella “libertad”.

La comprensión de la educación como una industria(3), vale decir, como un nicho de negocios o un sector susceptible al “emprendimiento” desde el cual se pueden obtener ganancias, han sido por décadas parte estructural del marco que regula la labor educativa en nuestro país. Esto se expresa en acuerdos de larga data, como el debilitamiento de la presencia estatal en el sector público, la municipalización, el aseguramiento de financiamiento público para los sostenedores privados (particular subvencionado), que dicho sea de paso está condicionado al desempeño y asistencia de los estudiantes al establecimiento, lo que concuerda con la necesidad del sostenedor de seleccionar a aquellos estudiantes que le puedan asegurar el alcanzar mejores resultados en las pruebas estandarizadas y con ello obtener los fondos necesarios para la “prestación del servicio”.

Si bien el fin de la selección propuesto como “herencia” iba en una dirección correcta, la gran mayoría de los planes impulsados por la anterior administración no buscaban cambiar las lógicas de la “industria de la educación”, sino que muchas de ellas la perpetúan. Sería muy iluso de nuestra parte el pensar que la propuesta de conformación de los servicios locales en torno a direcciones zonales que contarían con presencia del empresariado local, fuera un intento de cambiar la matriz productiva de nuestro país con participación activa de las comunidades educativas o de las entidades sociales presentes en un territorio. Dicho esfuerzo, más bien, tenía como fin asegurar a la industria la obtención de mano de obra barata y calificada en el territorio aledaño a su labor(4).

Francisco Zariqueiey, así como diversos estudios en neurociencias, señala que los estudiantes con mayores capacidades alcanzan desempeños de mayor complejidad cuando enseñan o le explican a otros, pues son habilidades de un nivel superior las que deben poner en práctica(5). Sería importante avanzar la discusión en torno a lógicas que permitieran asegurar alcanzar mejores aprendizajes en el aula, de manera que la integración de estudiantes con distintos niveles de desempeño, con variadas necesidades para la facilitación de su desarrollo cognitivo y, por qué no con distintas realidades sociales, enriquezcan las experiencias educativas, generando mayores niveles de inclusión, no sólo a nivel del aula; sino que ayude a la rearticulación de un tejido social,  ya no sólo a nivel económico, sino también cultural, pues la realidad del sector público ya da cuenta de la presencia de un sin número de niños-estudiantes que migran al interior de nuestro país.

Con todo, el contar con mayores recursos para el desempeño del profesorado, el aumento de los tiempos de preparación para el trabajo en el aula, o el mejorar las prácticas de inclusión de estudiantes de distintos sectores en nuestro establecimientos, parecen fuera de toda discusión.

Lamentablemente, los problemas de segregación social derivados del concebir el ejercicio de un derecho como si fuera una industria, no son exclusivos del ámbito educativo, sino que son parte estructurante de un estado concebido bajo el principio de la subsidiariedad, sólo que a ratos muchos de los que se hacen parte del litigio parecen olvidarlo.

Víctor Cárcamo Silva
Instituto de Ciencias Políticas Bautista Van Schouwen

*Fuente: https://institutobautistavanschouwen.wordpress.com/2019/01/15/la-industria-educativa-y-la-segregacion-social/?fbclid=IwAR0STHdh2-OCZP0yOG3cmLSF-qxAU4lCHZYZzod77d7TyIJJo8aArUv_kW0

*Fuente de la imagen: https://www.unoentrerios.com.ar/hoy-hoy/privatizacion-educativa-una-politica-estado-n1677843.html

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