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Entrevista: «Los niños con talento matemático dicen que son foco de mofas»

Entrevistado: Antonio Viruel Arbáizar. Matemático.

Entrevistadora: Encarna Maldonado.

¿El talento matemático se tiene o se crea?

-Hay quien tiene esa capacidad, pero también quien con menos capacidad trabaja y lo desarrolla.

-¿Tenemos en España un problema con las matemáticas?

-No. A nivel científico somos muy buenos. Como país estamos en el top 10 en producción científica en matemáticas.

-¡Quién lo diría con los resultados de PISA!

-Parece que en enseñanzas medias la atención a la diversidad se hace a la baja. El profesorado se vuelca con los alumnos con problemas de aprendizaje. El sistema antiguo era al revés. Si eras listo, sobrevivías. Hemos seguido estándares anglosajones de una formación general más básica con la idea de que se especialicen más rápido cuando se gradúen. El problema es si la formación universitaria que damos completa eso o no.

-Parece poco convencido.

-No existe una visión objetiva de esta cuestión. Si quieres formación especializada o inviertes mucho dinero para que sea adecuada a cada grupo y nivel, o atiendes a los más débiles pero no a los más fuertes.

-Y se pierde talento.

-Una cosa lleva a la otra. Si no tienes dinero, tiempo o capacidad mientras dedicas la clase a atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje, quien no las tiene se aburre.

-Desde la Real Sociedad de Matemáticas se habló de algo tan espinoso como segregar alumnos por capacidades. ¿Comparte el criterio?

-Se percibe mal porque se considera elitista. Si un niño juega a fútbol nadie piensa que es elitista, pero si se entrena en matemáticas, literatura o pintura, sí. ¿Por qué jugar a baloncesto es normal pero el ballet es elitista? Hay un sesgo que indica que la cultura es elitista pero estar en un club de atletismo que separa a los niños por capacidades, no. También veo que existen muchas sinergias entre los estudiantes de modo que si en un grupo hay dos o tres buenos tiran de todo el grupo. Separar por capacidades es aberrante. Es como separar niños y niñas, y cosas de ese tipo. Yo no soy pedagogo y de los pequeños sólo veo a chicos superlistos. Me imagino que esos chicos que leen literatura seria y hablan como mayores se tienen que sentir como bichos raros en clase. Ellos cuentan que son foco y objetivo de bromas y mofas.

-Eso es duro.

-Bueno, son diferentes y la sociedad no homogeneiza al que parece raro. En parte, la sociedad funciona porque homogeneiza a los individuos y estos niños a veces se sienten raros. Uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto en Estalmat es crear grupos y cohesión social para que vean que no son raros, que hay otros iguales.

-¿Cómo seleccionan a los alumnos que entran en Estalmat?

-Llegan con el aval de un profesor. Nosotros les hacemos una prueba y después una entrevista. Se seleccionan a 25 en Andalucía oriental, que reciben clases en la Universidad de Granada, y otros 25 en Andalucía occidental, que acuden a la Universidad de Sevilla.

-¿Qué proceso siguen?

-Tienen 24 clases en el curso académico que intentamos que no interfieran en la vida familiar ni académica. Las clases se hacen en sábado, en dos sesiones de hora y media, reciben contenidos que no tienen nada que ver con lo que ven en el instituto o, incluso, en la carrera si algún día llegan a estudiar Matemáticas.

-¿Qué les enseñan?

-Yo, por ejemplo, les hablo de cómo funciona un GPS, cómo se lee un mapa, de teoría de grafos de redes de conexiones, probabilidad… Todo aderezado con historia y algo de literatura.

-¿Buscan talento?

-El fundador del proyecto, Miguel de Guzmán, decía que ofrecerle a estos jóvenes algo más allá de la educación estándar es una forma de revertir a la sociedad lo que la sociedad hace por nosotros porque los que hacemos matemáticas puras no salvamos vidas ni enviamos cohetes al espacio. Somos como los pintores, que crean belleza pero tampoco hacen nada que revierta específicamente en la sociedad.

-De pronto las matemáticas, con su pleno empleo, parecen haber captado la atención de los jóvenes y han subido las notas de acceso a la universidad para esta carrera.

-Tuvimos una temporada baja coincidiendo con el tope de desarrollo económico. Creo que cuando hay dinero la familia y la sociedad presiona a los estudiantes brillantes para que estudien, por ejemplo, ingenierías porque tienen más prestigio social y dan más dinero. Ahora, con las vacas flacas, las ingenierías ya no se ven tanto como una garantía, de modo que si haces Matemáticas y encima vas a tener trabajo…

-Parece también que ahora un matemático sirve para muchas cosas.

-Hace 30 años te dedicabas a la enseñanza, la investigación o la banca. Ahora muchos trabajan en informática, que apareció como una escisión de las matemáticas, y en consultoría. La Real Sociedad de Matemáticas ha hecho informes donde se ve que hay pleno empleo y un abanico de posibilidades muy amplio.

Fuente de la Entrevista:

http://www.diariodesevilla.es/entrevistas/ninos-talento-matematico-dicen-mofas_0_1161183937.html

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Clasismo en Chile: cómo el color de piel “define” el colegio de un niño

Chile/13 julio 2017/Fuente: El Dinamo

La segregación en Chile también se nota en la sala de clases. Así lo determinó un reciente estudio de Centro de Investigación para una Educación Inclusiva (iniciativa conjunta de la universidades Católica de Valparaíso, Chile, Tarapacá, Andrés Bello e Inacap), que reveló una dramática realidad en el país. Y es que los niños, sólo por su color de piel, son discriminados y hasta catalogados en los colegios que van.

El experimento fue el siguiente: a un grupo de participantes se les mostraron fotografías de rostros neutros de escolares. Al ver las imágenes, ellos determinaban en qué tipo de escuela estarían matriculado, es decir, si estaban matriculados en una municipal, particular subvencionada o particular pagada.

Se utilizaron 30 fotografías de escolares chilenos, que fueron evaluadas por 120 participantes. Además, evaluaron cada rostro según atributos como generosidad, honestidad, dominancia y fortaleza.

El resultado reveló que los rostros que son relacionados a escuelas municipales son en general más morenos y percibidos como más pobres, mientras que rostros imputados a colegios particulares pagadas son más caucásicos y percibidos como más ricos. Sin embargo, el color de la tez no reveló diferencias significativas en términos morales.

Para el investigador a cargo del estudio, Mauricio Salgado, “la segregación del sistema escolar parece reflejar estereotipos que están muy anclados en nuestra cultura”.

Según cifras publicadas el 2011, Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor segregación socio-económica a nivel escolar.

Fuente: http://www.eldinamo.cl/educacion/2017/07/10/clasismo-en-chile-como-el-color-de-piel-define-el-colegio-de-un-nino/

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Bogotá y Ciudad de México: capitales de la segregación y de la “limpieza social”

Cristiano Morsolin

Luego de seis meses de la estruendosa intervención del barrio “Bronx” de Bogotá, la administración distrital del Alcalde Mayor Peñalosa no presenta mayores avances, ni siquiera hay asomos de una política pública integral para atender a la población habitante de calle que se constituyó en la principal víctima de la intervención y que hoy, de acuerdo con expertos, está siendo presuntamente eliminada sistemáticamente por resultar incómoda no sólo para la administración distrital, sino para la ciudadanía en general.

Así lo denunció Ángela María Robledo en el Congreso de la República quien aseguró además que el Distrito tan sólo ha atendido a 550 personas de las 3.500 retiradas del Bronx, es decir, sólo el 16% de la población, que de acuerdo con el Secretario Distrital de Seguridad, Daniel Mejía, fue expulsada del Bronx y de quienes aseguró que era mejor tenerlos en el caño.

¿Dónde están los habitantes de calle que fueron desplazados del Bronx? Preguntó insistentemente la congresista Robledo, a lo largo del debate de control político realizado el pasado 20 de septiembre, pregunta que sigue sin responder en la audiencia realizada el viernes 2 de diciembre, con el agravante de los permanentes hallazgos y señalamientos en el sentido de que esta población podría ser víctima de una estrategia de “limpieza social”.

El represettante Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo denunció que, de acuerdo con reportes de Medicina Legal, este año, hasta el 30 de noviembre, han sido asesinados 99 habitantes de calle en Bogotá “Es decir, 9 habitantes de calle cada mes, lo cual es una situación muy dramática que significa que por lo menos cada tercer día se cometen crímenes por intolerancia contra los habitantes de calle”, aseguró Uribe.

Ángela María Robledo documentó e hizo seguimiento al recorrido realizado por un grupo entre 200 y 500 habitantes de calle que fueron literalmente arriados, violentados y hostigados por la Policía Metropolitana a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes no se conoce su paradero.

Parece increíble, pero una de las acciones más contundentes emprendidas contra la población han sido ocho tutelas interpuestas por vecinos de los barrios a los que se desplazó esta población y que exigen que la Alcaldía los desaloje a la fuerza, a lo mejor recogiendo la premisa de Peñalosa frente a que “el orden urbano trae orden social”.

“El talante autoritario e higienista de Peñalosa empeñado en limpiar aquí, embellecer y ordenar allá, puede estar incidiendo en esta práctica macabra de limpieza social que en palabras del profesor Carlos Mario Perea, es una práctica que (…) condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar (…) Sus mismos perpetradores –asegura Perea- entienden que es un (…) acto de remover la inmundicia y la suciedad de aquellos que portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular”, dijo Robledo.

Según Perea las operaciones de exterminio social son frecuentes en Colombia y Bogotá no es la excepción, sobre todo en barrios populares como Ciudad Bolívar. Datos del CINEP del 2014 –citados en el libro del Centro de Memoria Histórica, Limpieza Social, Una violencia mal nombrada – indican que es una práctica con presencia en 28 departamentos y 356 municipios del país con un saldo de 4.928 personas asesinadas. “De los 189 casos ocurridos en Bogotá, con saldo de 346 homicidios, se identificó la práctica en cuatro expedientes directos y seis de miembros del Bloque Capital”. Como es común en Colombia es un crimen que está en la casi total impunidad, no existen mayores registros sobre el tema ni en las instituciones ni en las investigaciones académicas, como tampoco hay claras estadísticas de este crimen.

De acuerdo con Robledo pasados seis meses de la intervención en el Bronx, “Enrique Peñalosa no resuelve la crisis humanitaria que generó esta operación y que deja desamparada a la población habitante de calle que, de acuerdo con la Ley 1641 de 2013, tiene derecho a que se le proteja y restablezca sus derechos. Peñalosa desconoce además las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que indican que son sujetos de especial protección”.

La Organización Parces denunció que luego de la intervención del Bronx se han registrado por lo menos 15 muertes violentas de habitantes de calle. “La violencia se ha convertido en el vehículo preferido de la Policía para recuperar el espacio público. La Alcaldía de Bogotá sembró en el imaginario colectivo que el habitante de calle es sinónimo de peligro y por tanto un sujeto que fácilmente puede eliminarse”, aseguró Alejandro Lanz, su director.

La audiencia convocada por los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla del Partido Alianza Verde y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo contó con la participación de Patricia Rodríguez, socióloga, coautora del libro Emergencia del sujeto excluido; Susana Fergusson, educadora comunitaria y trabajadora social; Alberto López de Mesa – ex habitante de calle y autor de “El Manifiesto Callejero”; Marcela Tovar, Filósofa y Directora de Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT); German Betancourt, Ex funcionario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON; Ángel “alias Todo Copas”, rapero del Bronx; Pablo Zuleta, Médico psiquiatra; Ingrid Johanna Morris, Antropóloga experta en población habitante de calle y Wilfredo Grajales, Director del IDIPRON, entre otros (1).

Antecedentes

Ante la Procuraduría y la Fiscalía fue denunciado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por las políticas del Distrito en la atención de habitantes de calle, luego de la intervención al Bronx, en el centro de la ciudad.

El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien anunció la demanda el pasado 18 de agosto, dijo que Peñalosa “ha hecho una intervención totalmente negligente e improvisada y eso ha afectado a una población vulnerable que es el habitante de calle”.

En ese sentido, dijo Alirio Uribe, la situación ha desencadenado “desplazamiento forzado, ha generado una política de odio en la ciudadanía hacia los habitantes de calle y se han presentado abusos de autoridad y tratos crueles hacia esta población”.

Sobre la situación que se viene presentando con los habitantes de calle, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó en las últimas horas que la administración distrital está en capacidad de atender a esa población en los centros de acogida pero, por sentencia de la Corte Constitucional, se trata de una decisión voluntaria de estas personas, relata Caracol (2).

El pasado 27 de mayo de 2016 las autoridades de la ciudad de Bogotá pusieron fin a años de tráfico y expendio de estupefacientes en el sector El Bronx, centro de la capital colombiana, a solo 400 metros del Palacio Presidencial de Nariño.

En la zona había casas de pique y ocurrían torturas, secuestros, además, los perros eran usados como armas de ataque. Asimismo, abundaba la trata de personas y la esclavitud sexual de 300 niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En el Bronx se recaudan mensualmente 1,5 millones de dólares solo por concepto de venta de drogas, aseguraron las autoridades.

La diputada Ángela María Robledo (Verdes), ex Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá, subraya que “Bogotá está en una crisis humanitaria y social. La Alcaldía trató a habitantes de calle como animales y hoy la vida de seres humanos está en riesgo.

La intervención en Bronx requería más que inteligencia policial y bolillo; mínimo debió haber proceso de 1 mes para generar confianza con el habitante de calle. Después del garrote, cualquier acercamiento genera rechazo.

La responsabilidad de Enrique Peñalosa (actual Alcalde Mayor) es más que política. La Corte Constitucional dice en la sentencia C-385 de 2014: Habitantes de calle requieren protección del Estado.

Lo de la improvisación en la administración de Peñalosa no es un «slogan de oposición», tenemos ya una tarea documentada que así lo demuestra y surgirán acciones legales”, concluye Ángela Robledo.

Al respecto Gustavo Petro (Alcalde de Bogotá entre 2011-2015) considera que “la operación sobre el Bronx en Bogotá se convirtió en una política de gentrificación a mano armada.

La gentrificación es el proceso que excluye una población pobre o étnicamente diferente de donde habita tradicionalmente, para ser reemplazada por poblaciones más ricas o de otra índole étnica. En la Colombia contemporánea se ha producido un extenso y profundo proceso de gentrificación en los campos con el desplazamiento de millones de campesinos de sus tierras reemplazados por narcotraficantes, testaferros y sus compradores de “buena fe” de muy altos recursos, a partir de la acción armada del paramilitarismo con la ayuda del Estado.

La gentrificación siempre es una práctica antidemocrática y es capaz de generar violencias incontenibles.

Bogotá Humana cambió las políticas de gentrificación que se dieron, incluso en gobiernos del Polo, por políticas de revitalización urbana, que implican que los habitantes tradicionales de una zona puedan gozar de las renovaciones urbanas que se dan en su zona de residencia y no ser desplazados por ellas, así no tengan capacidades económicas o sean muy reducidas. Ejemplos de revitalización se dieron en los Olivos, Chapinero; el barrio Belén, Egipto, la Plaza de la Hoja, en el proyecto Fenicia con la Universidad de los Andes, en la transformación del centro comercial cielos abiertos en el centro comercial popular de San Victorino”, concluye Gustavo Petro (3).

Yo he video-entrevistado a Antonio Aniesa (4), miembro del gabinete del Presidente Plaine Commune – Paris y miembro de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, presenta la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y el 5º Congreso de CGLU que se realizarán en Bogotá (12-15 octubre de 2016).

En esta entrevista Aniesa debate sobre periferias, segregación, derecho a la ciudad, con relación a mi libro:

Emancipaciones de calle. Entrevistas a Wanderlino Nogueira Neto, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Monedero, Lola Sánchez Caldentey y otros expertos sobre el derecho a la ciudad y la segregación en Latinoamérica. Ed. Mediafactory, Italy, 2015.

Este libro propone algunas alternativas para enfrentar la problemática de los niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en la calle en Latinoamérica. Se trata de un proceso relacionado a la carta abierta de 74 expertos que han escrito a Naciones Unidas con relación a la elaboración de un informe mundial y a recomendaciones, que actualmente están en construcción.

Se encuentran algunas entrevistas exclusivas a representantes de los movimientos sociales, académicos y expertos de Naciones Unidas para construir nuevas políticas públicas innovadoras e incluyentes.

Este libro visibiliza las voces de sujetos históricamente excluidos en Latinoamérica también en la perspectiva del derecho a la ciudad (Juan Carlos Monedero) y de la epistemología del Sur (Boaventura de Sousa Santos), denunciando la segregación urbana en Colombia y en Brasil.

Vernor Muñoz, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010), dijo: “Respaldo la carta abierta promovida por Cristiano Morsolin y considero que la situación de los niños y niñas en la calle muestra uno de los impactos más graves del abandono, la exclusión y discriminación en nuestras sociedades. Se hace necesario profundizar en el análisis de las causas y en la búsqueda de soluciones que conduzcan a mejores intervenciones gubernamentales, basadas en políticas públicas culturalmente pertinentes y socialmente efectivas. Para este fin, se requiere que las acciones desplegadas por las agencias y organismos de las Naciones Unidas, amplíen sus márgenes de acción, de modo que se puedan fortalecer la investigación y acción intercultural e intersectorial”.

​​REDIM y Commenta A.C saludan la respuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al llamado a garantizar derechos de niñas y mujeres en poblaciones callejeras

Hace dos años se solicitó Audiencia Pública con el Jefe de Gobierno donde las participantes puedan exponer personalmente las problemáticas que enfrentan en la Ciudad de México. Es indispensable crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión social con la participación de población callejera y sociedad civil.

Frente a las múltiples formas de discriminación y violencia que afectan la vida de las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas que viven en poblaciones callejeras de la Ciudad de México, Commenta A.C integrante de la red nación REDIM, comenzó en 2014 la iniciativa “Existo Si Me Nombras Tú” a través de la cual se han obtenido a la fecha más 30 mil firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org y que ahora tiene continuidad con la campaña #YoTeNombro porque existes. La exigencia social difundida a través de estas campañas ha sido apoyada por múltiples voces entre las que están: Natalia Lafourcade, Tiaré Scanda, Lidya Cacho, Kate del Castillo y Fernanda Tapia.

El Jefe de Gobierno dio respuesta a través de un mensaje en vídeo dirigido a las niñas, las adolescentes y las mujeres que viven en calle en el que menciona “tenemos un compromiso claro, de apoyo, de atención, de protección para todas ustedes, de empoderarlas, de hacer visible ésta condición en la que se encuentran de vulnerabilidad y por supuesto de apoyar para que la misma cese para que la misma se termine. Todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo en su defensa. Y por supuesto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México comprometido y todo el gabinete también con esa instrucción de tener una línea de acción transversal en favor de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en situación de calle.”

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, subraya al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán (Italia) que “desde REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México y Commenta A. C saludamos la iniciativa del Jefe de Gobierno y estaremos a la espera de la fecha de Audiencia Pública en la que un grupo de mujeres pueda hablar personalmente con Miguel Ángel Mancera sobre las dificultades así como las violaciones a derechos a las que están expuestas al sobrevivir en situación de calle.

Esperamos que luego de la Audiencia Pública donde se recojan las propuestas de las participantes, se establezca una mesa de trabajo que dé seguimiento a su cumplimiento y en la que participen autoridades, sociedad civil e integrantes de poblaciones callejeras. Consideramos prioritario que estas demandas sean atendidas y que las autoridades estén abiertas al diálogo productivo ya que nos encontramos en un momento coyuntural para avanzar en el respeto a los derechos humanos de la población que viven en calle.

​Estamos frente a la oportunidad histórica de construir políticas públicas con la participación del Jefe de Gobierno con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, políticas que atiendan a esta población desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, donde Miguel Ángel Mancera tome en cuenta su opinión y les reconozca como ciudadanas con voces válidas para los tomadores de decisiones de la Ciudad de México, invitamos a establecer a la brevedad una fecha para la Audiencia Pública con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. Con el fin de que el Jefe de Gobierno escuche las problemáticas y propuestas de las mujeres y niñas que viven en las calles.

Es importante desarrollar políticas públicas para mujeres. Crear la primera política pública en América latina con perspectiva de género e infancia para mujeres callejeras, sus hijas e hijos.

Hay que crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras con la participación de las y los integrantes de las poblaciones callejeras y de sociedad civil especialista en el tema, y garantizar el cumplimiento del Protocolo de Atención a Poblaciones Callejeras particularmente a nivel delegacional en que se le reconoce como ciudadanas de plenos de derechos y prohíbe la esterilización forzada, violencia obstétrica y separación familiar.

Debemos trabajar con sociedad civil y mujeres de poblaciones callejeras sobre un modelo de trabajo para el Hogar CDMX basado en el enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género y incorporar a la Ciudad de México como una de las 12 Ciudades Modelo en la estrategia global para reducir las condiciones y personas que viven sin hogar junto al Institute of Global Homelessness”, concluye Juan Martín Pérez García.

REDIM organiza consulta latinoamericana en Ciudad de México, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU

Juan Martin Perez Garcia– Director Redim – co-autor del libro “On children’s rights debt. Reconsidering the debates about working and street children in a globalized world“ junto a Cristiano Morsolin- ha organizado en Ciudad de México Consulta con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México y América Latina el pasado 5 de abril, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU.

En el marco del foro internacional “Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras”, senadores, organizaciones civiles, funcionarios y especialistas denunciaron que las personas que se encuentran en esta situación son objeto de discriminación, limpieza social, detenciones arbitrarias y desalojos forzosos, por parte de las autoridades y de la sociedad. Según un comunicado de prensa difundido el pasado 6 de abril de 2016, coincidieron en que es indispensable escuchar las opiniones y propuestas de este sector poblacional, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma se podrán generar políticas públicas que permitan visibilizarlos y hacerlos sujetos de derechos plenos. La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, señaló que en la actualidad existen poblaciones callejeras no sólo en las grandes ciudades, sino que ahora también las hay en las fronteras, que poco a poco van creciendo “y se van constituyendo en pequeñas metrópolis”. Ante este panorama, dijo que es necesario visibilizar a este sector poblacional y entender cuáles son las circunstancias que los convierten en un grupo vulnerable y de riesgo; pues además persisten actitudes de persecución y de criminalización por parte de las corporaciones policiacas de todo tipo y también por funcionarios administrativos en las demarcaciones donde se encuentran. Recordó que México como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de trabajar para que la población infantil sea sujeta de derechos plenos y no permitir que esté fuera del contexto de ese reconocimiento, por lo que la población callejera tiene que ser reconocida en el marco de los derechos humanos que deben gozar más allá de la condición en la que se encuentran.

Para Bernard Gastaud, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este foro podría suscitar una esperanza para el acceso a la dignidad y al goce de los derechos humanos de las personas en situación de calle. No obstante, dijo que para ese fin es fundamental el compromiso conjunto y continúo de todas las partes: estados, familias, comunidades, asociaciones civiles y de las mismas personas que se encuentran en esta condición.

Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred), destacó que la falta de información respecto a las poblaciones callejeras ha llevado a crear políticas públicas deficientes y asistencialistas, que no tienen un enfoque de derechos humanos, además de que perpetúan los estereotipos y los prejuicios en contra de este sector. Dijo que las personas en situación de calle se enfrentan a la negación directa de sus derechos humanos, así como a detenciones arbitrarias y desalojos forzosos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Aunado a ello, se encuentran en una situación de invisibilidad que no le permite tener acceso a otros derechos como el de la identidad, ni los servicios médicos ni salud.

Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de dependencias y órdenes de gobierno del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Ejecutiva, señaló que niñas, niños y adolescentes en situación de calle se encuentran ante situaciones de discriminación, invisibilidad y estigmatización, por lo que es fundamental un cambio de paradigma en las decisiones que se tomen para resolver esta problemática. Indicó que se han llevado a cabo políticas inadecuadas, que muchas veces van de la limpieza social hasta mecanismos coercitivos que no toman en cuenta la información y opiniones de niños y niñas que viven en las calles.

En este sentido, mencionó que el nuevo paradigma consiste en escuchar sus opiniones y alternativas para que sean tomados en cuenta en la construcción de políticas públicas que les permitan restituir los derechos que les han sido negados.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó la necesidad de transitar de un modelo de atención que deriva en medidas de carácter paliativo a otro, cuya piedra toral sea el reconocimiento de su calidad como sujetos de derechos y que obligue a las autoridades a adoptar soluciones integrales a largo plazo. Comentó que se requiere visibilizar a poblaciones callejeras, en especial a las niñas, niños y adolescentes que las integran, así como reconocer sus condiciones particulares para prevenir y evitar el acoso, discriminación e intolerancia de la sociedad y de las autoridades, que muchas veces generan su ocultamiento, marginación, incluso, la negación de su existencia. Para ello, consideró indispensable que este sector poblacional exprese sus inquietudes, aspiraciones y necesidades, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma podrán conocerse las causas que los incorporaron a la vida en las calles y las razones que propician su permanencia en ellas. Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, refirió que en 2015 el Instituto Nacional de Migración retuvo a 35 mil niños que llegaron a la frontera solos; cifra que es “escalofriante”. Explicó que muchos menores migrantes huyen de sus regiones debido a los fenómenos asociados al cambio climático, aumento de la pobreza, violencia familiar y en sus comunidades, crímenes, por explotación, trata y venta de la que son objeto. Juan Garay Amores, de la Delegación de la Unión Europea, aseguró que para generar políticas públicas que atiendan el problema de las poblaciones callejeras es fundamental la voz y opinión de los niños y adolescentes, de lo contrario no tendrá ningún sentido.

Mariana Olivera West, directora general adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó que la Cancillería se encuentra en espera de la observación general que hará la ONU a México sobre este tema, a fin de realizar acciones conjuntas para atender las recomendaciones que pudiera emitir. A su vez, Elba Cárdenas, directora de Protección del DIF Nacional, informó que este año se va iniciar la actualización de del estudio Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en diferentes ciudades del país, el cual aportará información valiosa para la toma de decisiones (5).

Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión Derechos Humanos del Senado mexicano, ha destacado que “Indiferencia y criminalización fomentan exclusión de las poblaciones callejeras

El fenómeno de las personas en situación de calle, sin hogar, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una verdadera población callejera, a pesar de lo cual está invisibilizada y en situación permanente de vulnerabilidad y riesgo.

Este grupo poblacional si bien está conformada por una gran cantidad de niñas y niños menores de 8 años de edad, también hay adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y por familias que se han conformado en la calle e incluso han procreado hijos o hijas.

Todas estas personas además de subsistir las condiciones propias de vivir en la calle, también deben sobrellevar la persecución y criminalización de las corporaciones policiacas y de funcionarios administrativos en las demarcaciones en donde se encuentren.

Las grandes poblaciones callejeras se ubican en principales ciudades de nuestro país, pero no es un tema exclusivo de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla o Guadalajara, sino que ahora están presentes en las ciudades fronterizas y en aquellas que muestran un crecimiento acelerado.

México, como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de integrar a toda la población de niñas y niños menores de 18 años de edad, sin distinción de ningún tipo, en el mundo las y de los sujetos de derechos plenos, y ese es el gran reto que se tiene como país.

Las personas que viven en la calle tienen derechos reconocidos en nuestra Constitución y son los mismos derechos que tenemos el resto de mexicanas y mexicanos; por lo tanto, la población callejera debe ser reconocida en el marco de ese gran conglomerado de los derechos humanos que deben gozar irrestrictamente más allá de la condición en la que se encuentran.

Finalmente, el Senado de la República se preocupa y ocupa no solamente por visibilizar a esta población, sino también para que sus integrantes sean reconocidos como sujetos y sujetas plenas de derechos; así como para impulsar políticas públicas y acciones gubernamentales que garanticen este nuevo estadio que obliga la Convención sobre Derechos de la Niñez al Estado mexicano”, concluye Angélica de la Peña Gómez, entrevistada por el Observatorio SELVAS.

La segregación impide la paz, según Ministro Pardo

Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, aseguró durante la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp” realizada en la Universidad Nacional de Colombia U.N. de Bogotá el viernes 21 de octubre de 2016 – que las agendas de seguimiento de este tipo son muy eficaces para fortalecer las políticas públicas de las diferentes ciudades. “En Ecuador, una inmensa cantidad de personas no se sintieron representadas por los asistentes y esto hace que se tengan que crear alternativas de diálogo que lleven a derribar las barreras de relaciones con otros y que los ejercicios democráticos sean eficientes”.

Se puede considerar como histórico el pronunciamiento del representante del Presidente Santos, Rafael Pardo que subrayó que «la segregación es contraria a la paz. El contraste a la segregación es parte de la agenda del post-conflicto. Las ciudades son hoy el lugar más adecuado para el fortalecimiento de la democracia”.

A su vez Jordi Borja, catedrático de la Universidad de Barcelona famoso por transformar a Barcelona, enfatizó que “el derecho a la ciudad no es una lista de derechos bien intencionados. Es una estrategia transformadora, plantea acciones con la bandera de la justicia espacial. El Derecho a la Ciudad quiere decir conquistar poder político, no de participación para lograr consensos pasivos. Las ciudades deberían ser protectoras no resilientes, sin embargo no lo son. Quienes más necesitan la ciudad son los más necesitados. El derecho a la ciudad es una conquista del poder político en las clases sociales».

María Mercedes Maldonado, secretaria de transporte del Alcalde Petro (2012-2015) declaró que “la potencia del Derecho a la Ciudad se liga a su connotación política: interpelar y cuestionar un sistema basado en la propiedad privada y la mercantilización de la ciudad”.

He conversado con Roberto Lippi, Coordinador de ONU-Hábitat Colombia, que me ha comentado que “se trata de construir colectivamente una sociedad en paz y de aprovechar del post-conflicto como grande oportunidad para que el país avance más rápidamente en la senda de la prosperidad y de la inclusión”.

Lippi ha organizado en agosto en Cali el IV Foro Urbano Nacional (FUN4). Como resultado del Foro se formuló un manifiesto con ocho puntos que la delegación colombiana debe tener en cuenta para las discusiones durante Hábitat III.

Entre las ideas principales del manifiesto se destacan: i) El carácter participativo que se debe tener en cuenta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; ii) La promoción del derecho a la ciudad en Colombia; iii) La identificación de instrumentos financieros para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; iv) Promover la integración territorial como herramienta fundamental para construir una paz sostenible en Colombia; v) Aumentar la autonomía política, técnica y financiera de los territorios; vi) Promover la innovación tecnológica en los procesos de urbanización y viii) Construir un pacto colectivo entre los sectores público, privado y la sociedad civil para abordar de forma contundente la inequidad (6).

Conclusión

El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán ha documentado el tema del derecho a la ciudad entre la Cumbre Mundial de Alcaldes de Bogotá y la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III de Quito, a través de varios artículos: Se abre Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales CGLU (7), Cumbre Mundial de Alcaldes CGLU: El reto de las alcaldías es traducir el urbanismo en inversión social e inclusión (8), El camino difícil del derecho a la ciudad (9), la video-entrevista a Antonio Aniesa de las banlieux de Paris-CGLU (10) y la video-entrevista a Marisa Glave, congresista peruviana del Frente Amplio (11), Conclusiones de la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp”: Derecho a la ciudad, Nueva Agenda Urbana y contraste a la segregación, artículo de Morsolin para agencia ALAI (12).

Concluyendo, esperamos que el Presidente Juan Manual Santos, después de recibir el Premio Nobel de Paz, se comprometa a implementar la paz también en dirección de la lucha en contra de la segregación porque la realidad de Colombia in primis de Bogotá es intolerable. La comunidad internacional sigue presionando para que las palabras del Ministro Pardo se traduzcan en un compromiso real del Gobierno Nacional.

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Los conciertos: una perversión educativa

Por: Agustín Moreno

La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.

Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.

El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.

No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.

La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.

Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.

Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.

No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.

La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/04/los-conciertos-una-perversion-educativa/1399

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=Los+conciertos:+una+perversi%C3%B3n+educativa&biw=1024&bih=494&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid_e7a84LPAhVFHR4KHV_LAC0Q_AUICSgC#imgrc=PZXQXNIcp9qZDM%3A

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EE.UU:Community college pilots course sections for African-American students

América del Norte/EE.UU/14 Agosto 2016/Fuente: insidehighered/Autor: Andrew Kreighbaum

Resumen:  Moraine Valley Community College limita la inscripción en algunas secciones, el supuesto éxito en la universidad de los estudiantes afroamericanos genera preguntas. Esta institución desde hace años ofrece secciones de su curso requerido exclusivamente a grupos tales como atletas y personas con necesidades especiales. Después de revisar los datos de finalización de los estudiantes, la universidad este otoño ofrece dos secciones de acceso restringido a los estudiantes afroamericanos

Moraine Valley Community College has for years offered sections of its required College 101 course exclusively to groups such as athletes and those with special needs. After reviewing student completion data, the college this fall is rolling out two sections restricted to African-American students.

College-readiness courses can be especially impactful for low-income and first-generation students. Administrators at the Illinois college say academic research and experiences at their own institution show that those classes can be particularly effective when students can build support by networks by taking the course with those of a similar background. The college has more than 34,000 credit-seeking and non-credit-seeking students, according to Moraine Valley’s website — and the Education Department says about 10 percent of those students are black.

That new restriction got the attention of a handful of Moraine Valley parents, who reached out to The Chicago Tribune.

Margaret Lehner, the college’s vice president for institutional advancement, said Moraine Valley’s curriculum and support services are shaped by data-driven decision making.

“This is not something new for us. We’ve done [courses for] veterans, we’ve done women, we have done Hispanics,” Lehner said. “We find that these particular courses with these particular groups with our mentoring and peer support help them to be more successful than they would be if they did not have this particular experience.”

African-American students are also free to sign up for sections of the course, titled College: Changes, Challenges, Choice, that are open to all students.

Targeting special populations for support services is common at higher ed institutions. Sometimes those efforts are not well received by students of color themselves, as Concordia University St. Paul learned recently. But restricting course sections to a specific racial or ethnic group is not standard. Lehner said this is the first time the course restrictions have received any kind of scrutiny from the public or families of students.

A parent wrote to the Chicago Tribune’s opinion page that their son, a Moraine Valley student, wanted to know “why there are not two sections limited to Asian-American students? How about Native American students?”

Never mind that the college says it has offered course sections specifically for groups like women and Hispanics in the past, Michael A. Olivas, acting president of University of Houston Downtown, said the policy sounded well intentioned but misguided. He said it invited mischief from those who had no interest in the success of minority students. Aggrieved white people tend to fixate on programs that are exclusionary or that even attempt to target minority populations, Olivas said.

Olivas is on leave as director of the Institute for Higher Education Law and Governance at the University of Houston. He said he doubted anyone would have standing to sue over the policy but argues that courses and even support services should be opened up to participation by any student who is interested.

“I think it’s ill-advised, arguably subject to legal challenge, and you don’t want to wave the flag in front of the bull,” he said.

Lehner said politics never factored into the college’s course design and that Moraine Valley sees the course as simply another way to improve student success.

“Because a few people object to it should not be a deciding factor in limiting these opportunities for at-risk students,” she said. “We certainly are not hampering other students also being successful. We have the same courses available to them as well.”

Fuente de la noticia: https://www.insidehighered.com/news/2016/08/08/community-college-pilots-course-sections-african-american-students

Fuente de la imagen: https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files/styles/large/public/media/MVCC2_sign.jpg?itok=0Md8X4DZ

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Hungría: Two months to act

Europa/Hungría/02 de Julio de 2016/Autor: Adam Janos/Fuente: The BudapestTime

RESUMEN: La Comisión Europea envió una carta de advertencia a Hungría el 26 de mayo sobre la segregación de los niños romaníes en el sistema de educación pública del país. La Comisión dio el gobierno del primer ministro Viktor Orbán dos meses para responder a la preocupación por el desproporcionado número de estudiantes romaníes en escuelas para discapacitados mentales, así como «un considerable grado de educación segregada en las escuelas regulares». El requerimiento se inicia un procedimiento de infracción contra Hungría, con el argumento de que esté en violación de la Directiva sobre igualdad racial de la Unión Europea.

The European Commission sent a letter of warning to Hungary on May 26 over the segregation of Roma children in the country’s public school system.  The Commission gave Prime Minister Viktor Orbán’s government two months to respond to concerns about the disproportionate number of Romani students in schools for the mentally disabled, as well as “a considerable degree of segregated education in mainstream schools”.

The formal notice begins an infringement procedure against Hungary, on the grounds that it is in violation of the European Union’s Racial Equality Directive.
The Commission’s letter echoed sentiments voiced in 2014 by the European Court of Human Rights in its judgment of Horváth and Kiss v. Hungary, a case involving the misdiagnosis of two young Roma men as mentally disabled.
In that unanimous judgment, the Strasbourg court noted that primary school children in Hungary were being diagnosed as mentally disabled more than twice as often as the European Union average, the result of a “systemic misdiagnosis of Roma children as…  a tool to segregate,” them from their non-Roma classmates in the Hungarian public school system, existent since “at least the 1970s”.
In response to the letter, Minister Overseeing the Prime Minister’s Office János Lázár said he had “no idea how the European Commission knows who is and isn’t a gypsy”, according to the daily Népszava.
Hungarian citizens are allowed to abstain from reporting their ethnicity in the nationwide census. This right, afforded by the Rights of National and Ethnic Minorities Act of 1993, was implemented so as to protect the privacy of Roma and other longstanding ethnic minorities in Hungary and thus safeguard them from potential discriminatory state policy.
In the 2011 census, 315,583 people reported themselves as Roma, about 3.7% of the country’s populace. Some scholars estimate the real number to be nearer to 700,000.
Without reliable demographic information, the extent of segregation in the educational system is impossible to measure. But Roma rights activists claim that the governmental response to the letter is a diversionary tactic which deliberately misses the forest for the trees.
“The existence of segregation of Roma schoolchildren in Hungarian schools… it just exists,” says Péter Molnár, a researcher at Central European University who has sued the Ministry of Human Capacities for allegedly withholding information from the public about governmental desegregation policy. “It’s probably not possible to get exact numbers, but… the existence of segregation: it’s not really possible to seriously question or challenge it.”
A report by sociologist Gábor Havas estimated that in 2004 “at least” 15% of Hungarian Roma primary school children were enrolled in special education classes, more than four times the national average.
Members of the Fidesz administration argue that the underperformance of Roma in school is intimately tied to the population’s deep poverty, which the party says it is striving to alleviate.
At a Roma Coordination Council meeting in Kaposvár in June, Minister of State for Social Affairs and Inclusion Károly Czibere said poverty rates among Hungarian Roma had dropped over the past three years. Czibere noted nationwide initiatives meant to assist Roma youth, such as compulsory kindergarten attendance and one free hot meal per day in schools.
But opponents see glaring setbacks, including a May 2015 decision by the Kúria, the country’s supreme court, to keep open a state-funded parochial school, operated by the Greek Catholic Church, in the city of Nyíregyháza.
The Chance for Children Foundation, a Roma educational rights group, sued to have the school closed in 2007 on the grounds that it was substandard and promoted Roma segregation. Electing not to challenge the lawsuit, the federal government instead allocated funds so as to bus the children to better schools in the city as part of a wider desegregation effort.
In 2010, the newly elected Fidesz administration reversed course on the decision and had the school reopened under the administration of the church, causing the foundation to once again bring litigation against the municipality and the church.
The Kúria ruled in favour of the church last May on the grounds that the school granted Roma children freedom of religion. Those at the Chance for Children Foundation say this parochial schooling is just a new avenue for Hungarian schools to segregate, and creates a dangerous precedent for other cities with Roma populations to follow suit.
“This model can be used in other places,” said Gábor Daróczi, a former chair of the board for the foundation, adding that the European Commission’s letter was a direct result of the court’s decision.
Roma rights activists add that the matter of segregation is exacerbated by Hungary’s system of free choice school enrollment, which grants students the right to attend any public school in the country, provided the school is not at full capacity and that the student’s family can afford to transport them to and from premises.
“The rich parents take their kids to wherever they want,” said Ernő Kadét, an editor at the Roma Press Centre, a news agency that covers Hungary’s Roma population. “Those who don’t have money… their kids get stuck in the schools where they live. And that’s how schools get polarised.”
Efforts to desegregate the school system are further complicated by pervasive anti-Roma sentiment nationwide. According to a 2014 Medián poll, 73% of Hungarians would not feel comfortable having a Roma living next door. A February Publicus Research poll found that 82% of Hungarians either “completely agree” or “mostly agree” that “the problems of most Roma would be solved if they would finally start working”. Those numbers hold steady regardless of the respondents’ political party allegiances.
Kadét, who worked at the Ministry of Education from 2005 to 2009 under the left-leaning MSZP-SZDSZ administration, said he saw firsthand the expediency of anti-Roma sentiment across the political spectrum, when in 2008 and 2009 “more than a dozen” MSZP mayors protested efforts by the ministry to desegregate and proportionally increase funding to neglected Roma schools through a National Roma Integration Strategy.
He says efforts to desegregate schools were hampered at the time by limitations on the federal government’s control over local school districts.
Since 2013, Hungary’s public schools have all fallen under the purview of one centralised body: the Klebelsberg Institution Maintenance Centre (KLIK).
“If there’s one central power, and everything’s in one hand, then if you want to take care of segregation in Hungarian schools, you can,” Kadét said. “The issue usually with segregation is that if you poke at it here, then it just shifts over there. But if it’s all in one central power’s hands… they could eliminate it if they wanted to. But they don’t.”

Fuente: http://budapesttimes.hu/2016/07/02/two-months-to-act/

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Colegios de Alto Rendimiento (COAR): La discriminación ilegal como política educativa del estado

COAR 2

 

Lima, Perú/ 06 de mayo de 2015/ Fuente: Inversión en la Infancia

 

Manuel Bello

 

El Estado peruano está comprometido con el cumplimiento de una casi olvidada «Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza», aprobada en la Conferencia General de UNESCO el 14 de diciembre de 1960 y ratificada por nuestro país en 1966. El Artículo 4 de esta Convención señala que: «Los Estados Parte en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial (…) b. Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada;»

En consecuencia, a la luz de esta Convención –vigente en nuestro país- la aplicación de condiciones ventajosas y un nivel mejorado de la calidad de la enseñanza en unos pocos colegios públicos, en los últimos grados de secundaria, tal como el Ministerio de Educación (MINEDU) hace deliberadamente en los Colegios de Alto Rendimiento –COAR- (y en el Colegio Mayor, que para el caso es lo mismo), resulta ilegal y discriminatoria.

Pero hay más: los COAR son incompatibles con los principios y definiciones de la propia Ley General de Educación (LGE) vigente. El Art. 8 (b) de la LGE establece el principio de equidad, “que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad”. El Art. 17 de la LGE define la equidad en la educación en los términos siguientes: “Para compensar desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente”. El propósito es asegurar la igualdad de oportunidades para los que están en desventaja, no es seleccionar, segregar y privilegiar a una pequeña minoría por su “alto rendimiento”, o cualquier otro motivo.

En la LGE (Art. 39) es claro que la atención a “niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos” es una función de la Educación Especial, la cual “se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran (…), respetando el principio de integración educativa y social”. Es decir, todo lo contrario a separar a los estudiantes de alto rendimiento en colegios segregados y exclusivos para ellos (COAR). Entre las medidas de equidad (Art. 18), la ley contempla que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, “promueven programas educativos especializados para los estudiantes con mayor talento a fin de lograr el desarrollo de sus potencialidades”. Los cuales, como es obvio, se deben realizar “respetando el principio de integración educativa y social”, no separando a estos estudiantes en colegios especiales.

Los COAR son discriminatorios porque son establecimientos públicos que ofrecen enseñanza en condiciones privilegiadas y con una calidad diferente y ventajosa a una pequeña minoría de estudiantes menores de edad, seleccionados por el MINEDU en base a criterios arbitrarios que difícilmente pueden ser atribuidos al “mérito”, como se pretende. Por lo demás, la Convención aludida y la LGE no exceptúan al “mérito” como condición que pueda justificar la discriminación. El propio MINEDU manifiesta que en los COAR los jóvenes participan “bajo la modalidad de residentes recibiendo servicios educativos con altos estándares nacionales e internacionales”, en los que todos los costos son asumidos por el Estado hasta que culminen la secundaria. “Los COAR implementarán un plan innovador orientado a fortalecer el potencial académico, artístico y deportivo de los alumnos garantizando una formación integral y holística”, dice. Los COAR incluyen servicio social, asesoría de psicopedagogos y tutores, programas para el desarrollo de habilidades socioemocionales, proyecto de vida y liderazgo. También, un programa de fortalecimiento y consolidación de aprendizajes.

Los COAR –dice el MINEDU- se proponen “desarrollar en los estudiantes las competencias que les permitan ejercer a plenitud su proyecto de vida ante los desafíos de la sociedad actual. Desde una dimensión personal y social, esta modalidad de enseñanza los llevará a vivir una ciudadanía activa, democrática e intercultural, formándolos como personas integradas al trabajo digno, comprometidas con el desarrollo de sus comunidades y del país.”

Por supuesto, los estudiantes de los COAR tienen derecho a recibir una educación de la más alta calidad y en condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje. Ese mismo derecho lo tienen todos los demás –millones- de jóvenes de 14 a 17 años de todas las regiones y localidades del Perú. Se podría admitir un beneficio desigual transitorio para una minoría de estudiantes, si aquel fuera el efecto de una aplicación progresiva de una reforma que terminará beneficiando a todos con equidad; pero no es el caso de los COAR, que están definidos como colegios diferenciados para estudiantes seleccionados, no replicables, en los que la discriminación se vuelve permanente. Esperemos que el nuevo gobierno que se instale el próximo 28 de julio sustituya los COAR por una política contraria a la segregación, que lleve gradualmente a una educación secundaria de excelencia en todos los colegios públicos del país.

 

  • Manuel Bello, profesor principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia.

 

 

FUENTE DEL ARTÍCULO:

http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/opinion/271/0

 

FUENTE DE LA FOTO:

http://goo.gl/4bGMp8

 

PROCESADO POR:

Hans Mejía Guerrero

hans_mguerrero@hotmail.com

 

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