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Libertad vs seguridad: ¿Un falso dilema?

A medida que los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se ven inundadas por noticias, comentarios y opiniones sobre la delincuencia, crece el temor de la ciudadanía y el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele comienza a ser añorado como posible solución a los problemas de seguridad que vive Chile. Antes de avanzar en esa línea es necesario preguntarse si la única solución a los problemas de seguridad es la limitación de las libertades y derechos, o si este es un falso dilema.

La percepción de seguridad no sólo depende del número de delitos, sino que mayormente depende de otros factores tales como la cobertura en los medios de comunicación y redes sociales, la violencia de estos y otros factores subjetivos.

Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y corroborado como verdadero por https://factchecking.cl/ de la Universidad Católica, «Las cifras muestran que, si uno toma los delitos de mayor connotación social, efectivamente vienen con una tendencia persistente a la baja. Pero los robos con intimidación, los robos con violencia, y los homicidios hace 10 años que tienen una tendencia persistente al alza. Cada día que pasa, Chile ha sido un país que tiene más delitos violentos».

En la percepción de inseguridad, el Índice Paz Ciudadana 2023 informa que la proporción de personas con temor alto al delito alcanzó 30,5%, la cifra más alta desde que se inició el registro hace 23 años. En la medida que el miedo siga aumentando habrá cada vez más personas que apoyen las limitaciones a las libertades señalando que “quien nada hace, nada teme”.

El gran problema radica, no en la condena al delincuente, sino que, sin la vigencia de un Estado de derecho, no hay contrapeso a las arbitrariedades y abusos que llevan a inocentes a vivir las consecuencias de una política represiva. Además, y quizás lo más grave, como la historia lo demuestra, el poder sin contrapeso es fuente de abuso y corrupción.

La delincuencia y la percepción de inseguridad también tiene una dimensión política. Nos encontramos en un punto de inflexión. Por un lado, nuestra sociedad y nuestro sistema político, está enfrascado en rencillas de poca monta y no ha sido capaz de lograr aprendizajes que vayan por delante de la nueva realidad delincuencial que enfrentamos. Y por el otro, la población ve que los presidentes Bukele en El Salvador y Noboa en Ecuador están logrando resultados en reducir la violencia en sus respectivos países con severas restricciones a las libertades y derechos.

Si la democracia y el Estado de derecho no muestran resultados en el combate a la delincuencia, nos enfrentaremos al dilema político de seguridad vs libertades porque, mientras más miedo tenga la población, más inclinada va a estar para apoyar un líder autoritario que limite sus derechos y libertades como canje por mayor seguridad.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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Panamá: Pandillerismo, en la mira del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación evalúa las acciones a seguir para reforzar la seguridad en las escuelas, tras los últimos hechos de violencia ocurridos en los que se han visto involucrados estudiantes.

De acuerdo con la alta funcionaria las escuelas deben ser entornos de protección para la comunidad educativa.

Además recordó que ya existen múltiples programas orientados a  reforzar este tema en conjunto con estamentos de seguridad.

En este sentido recalcó que las familias también deben cumplir su rol en la formación de los jóvenes.

«Debemos evaluar cómo disminuir las pandillas para evitar la iniciación temprana de los jóvenes en estos grupos», expuso.

La jefa del Meduca añadió que también se revisarán los reglamentos disciplinarios a nivel nacional.

«Colón fue la alerta, pero sabemos que hay otras áreas de mucha vulnerabilidad en el país», agregó Gorday de Villalobos.

Según la ministra, los propios estudiantes han reportado situaciones irregulares de pandillas con otros compañeros, por lo que no se puede ocultar este tema.

A inicios de mes, un estudiante fue asesinado a balazos cuando regresaba de clases.

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/pandillerismo-en-la-mira-del-ministerio-de-educacion-1225580

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Sobre la igualdad y la libertad

Por: Rodrigo Rettig Vargas

En Francia, el actual lema estatal de la República que viene desde la época de la revolución, es libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la igualdad es tan relevante para ellos como la libertad. Y Francia no es Cuba o Venezuela. El problema con esta palabra nace cuando afiebrados regímenes en nombre de la igualdad mutilaron la libertad y, en consecuencia, generaron peor calidad de vida ahí donde quisieron mejorarla. La libertad y la igualdad no son valores contrapuestos, sino complementarios ya que son dos caras de una misma moneda que se llama justicia y quien pretenda construir justicia social, debiera atender a ambas virtudes. Esta es la madre de la discusión política, ya que tomar posición por una, la otra, o ponderar ambas, implica determinar cómo discurren prácticamente todas las políticas públicas que se aplican en un país. La condición para vivir una vida libre consiste en que las personas que constituyen una sociedad estén en relaciones de igualdad con otros en determinadas dimensiones.

Pero, ¿de qué igualdad se habla cuando uno la promueve? Esta palabra, junto a la libertad, son de aquéllas que tienen distintos significados y ello hace que sea de fácil caricaturización y de difícil comprensión el asunto sometido a análisis. Usted cuando promueve la libertad, ¿habla de la de tipo negativa (no interferencia) o positiva (capacidad de ejercerla)? ¿O ambas? Pues bien, en materia de igualdad, también existe esta disyuntiva. Hay que ponerle apellido a la igualdad, pero no cambiarle el nombre.

La igualdad que sería deseable promover y construir sobre ella, es la igualdad de todos en al menos algo, no de todos en todo. Nadie sensato debiera buscar que todos tengan un automóvil de una marca alemana o italiana en el frontis de la casa o que nadie tuviera un auto, sino que todos tengan iguales consideraciones de respeto, trato (ver concepto “Igualdad Democrática” de Elizabeth Anderson) y de condiciones de vida material. Y ojo, aquí se debe hablar de igualdad, no de equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto. Hablar de equidad es admitir que la igualdad democrática, de consideración, ciudadanía y respeto, debiera ser objeto de un segundo análisis. ¿Cómo se entiende la igualdad democrática si cambiamos igualdad por equidad?

Asimismo, hablar de equidad en materia de Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales) implica desconocer su carácter de derechos fundamentales, lo que permite afectar la máxima de que la titularidad de ellos está por el solo hecho de ser persona (distinto es el problema de la provisión). No tiene sentido plantear que, por ejemplo, existe equidad y no igualdad de todos para poder ejercer la libertad de expresión. En nombre de la equidad, que es justicia al caso concreto, ¿podríamos suspender el ejercicio de la libertad de expresión de alguien producto de determinadas características o circunstancias? ¿Cómo conversa la equidad cuando se habla de derechos civiles y políticos? La verdad es que no tiene mayor sentido. ¿Porqué modificar la conclusión anterior en razón de los derechos sociales que son los que dotan de condiciones de vida material para ejercer genuinamente la libertad? La equidad si bien deseable (sobre todo en materia jurídica), no es lo mismo que la igualdad en el lenguaje político, todo circunscrito evidentemente a un objetivo a largo plazo que permite progresividad, pero objetivo político al fin y al cabo.

Ahora bien, cuando se habla de condiciones de vida material nos referimos a ese conjunto de bienes primarios que permiten a los individuos poder desplegar su plan de vida de forma autónoma, sin atender al lugar en que nacieron o dónde desarrollaron su infancia. En este sentido, las condiciones de vida material aplicadas al caso concreto son los derechos a la salud, educación y seguridad social. Y aquí sí efectivamente quiero darle más consistencia a la palabra igualdad, por cuanto la problemática excede la igualdad de oportunidades, que como dijera Nils Christie en Los Límites del Dolor (1984): “es un arreglo perfectamente apropiado para transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración o fracaso”.

La igualdad de oportunidades permite desprenderse de analizar cuál fue el diseño en la carrera de la vida, quiénes dibujaron la pista y las posiciones ocupadas. Y si nos desprendiéramos del diseño y el resultado en materia de estos tres derechos, la crisis de octubre de 2019 no tendría mayor sentido. Todos los chilenos tienen la oportunidad de tener educación, salud y pensiones, pero el problema se presenta en el tiempo/acceso, calidad y eficiencia: salud que te permita vivir o ser atendido en tiempos dignos si no tienes recursos, educación que te permita competir si prescindes de medios económicos, y una pensión que permita tranquilidad a los adultos mayores.

Y, en esta dimensión, una lucha por igualdad pareciera tener más consistencia, le da más robustez a la problemática, que una lucha por igualdad de oportunidades y/o suficientarismo. Implica tener un grado de compromiso mucho mayor en la mejora de lo referido.

El profesor Agustín Squella en su libro que analiza esta palabra (“Igualdad” Universidad de Valparaíso, 2014) nos menciona que Pierre Rosanvallón en su célebre obra llamada “La Sociedad de los Iguales” explica que la carrera de la vida se asemeja bastante a lo que son las competencias deportivas identificándolas como “El Teatro de la Igualdad de Oportunidades”. Efectúa analogías explicando que en muchos deportes se complementa la igualdad de oportunidades o “igualdad de inicio”, precisamente para entregar más justicia a los resultados. Se cita a la carrera de 100 metros planos, en la cual no tan solo importa el punto de partida, sino que existe una cámara que determina el resultado, incluso después de ella existe el control antidopaje. Sumo a ello que en el básquetbol los equipos peores situados en el término de temporada, eligen primero en la siguiente a los jugadores de mejor rendimiento que vienen de las universidades, y así.

En consecuencia, para determinar la justicia de un contrato social, es relevante analizar no tan solo el lugar de dónde se parte, sino que también se debe atender a problemas de diseño y posiciones. Que te atiendan en un año una dolencia en el sistema de salud público versus al día siguiente en el sector privado contra el pago de sumas no menores de dinero, pareciera que no es tan solo un problema de oportunidades o de inicio.

Finalmente, el llamado es a no temerle a la palabra igualdad por culpa de fanáticos que en su nombre ahogaron la libertad haciendo a todos iguales en desdicha, sino que a tener un real compromiso por esta virtud, ponderándola prudencialmente con la palabra libertad, tal como se conjuga a ésta con la seguridad pública (menos libertad, más seguridad). Francia, país que si bien es cierto ha tenido sus problemas, ha demostrado que ambos objetivos son perfectamente aplicables en conjunto siendo incluso deseable hacerlo, tal como nos lo ilustrara uno de los filósofos políticos más relevantes del siglo XX, John Rawls, padre de la corriente llamada (vaya novedad) “liberalismo igualitario”.

Rodrigo Rettig Vargas

Abogado Magíster en Política y Gobierno

Candidato Consejero Constitucional Región Metropolitana

Pacto Unidad Para Chile

Fuente de la información e imagen:  https://www.diarioconstitucional.cl

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Venezuela: 2da Juntadera Formativa en la nueva era política 2022

El día de mañana miércoles 27 de julio del presente año seguiremos nuestra Juntadera Formativa en el estado Táchira, dónde iniciamos esta propuesta el pasado 20 de Julio en el salón de sesiones Ligia Montoya del Consejo Legislativos fue el epicentro de una valiosa jornada para la plataforma política del movimiento de movimiento Somos Venezuela de la entidad; a través de la secretaria de Formación integral les invitamos a la *2da Juntadera Formativa en la nueva era política 2022* con una clase magistral dictada por el ponente MSC Jorge Forero, titulada *»Análisis de la Coyuntura Geopolítica: Tiempo de Inestabilidad Sistémica, Transiciones y Crisis Organicas*

 la actividad se desarrollará en la casa Steinvort junto a activistas, simpatizantes, responsables de redes y secretarias, asimismo con esta actividad se da inicio a una nueva fase formativa impulsada por el Consejo Político Regional y que cabe destacar que está dentro de nuestra objetivo propiciar espacios para el intercambio de saberes de manera permanente.
 Por esta razón el encuentro será cada miércoles, de forma intinerantes y con diversos ponentes que viene apoyando desde la red de intelectuales del estado, quiénes desarrollaran sus ponencia en marco de los siguientes cincos (5) ejes temático: Geopolítica, Políticas pública, Seguridad, Economía y Frontera, Pensamientos Bolivariano, Ética y ciudadanía.
La Juntadera formativa se convierte en una acción que busca el intercambio, interacción y el encuentro para fortalecer la estructura de nuestro movimiento, donde en esta nueva era se desarrolla un espacio que permita poner la tecno-política al servicio de nuestros Activistas.
 *#SomosTáchira*. 💛🖤❤️ *#SomosVenezuela* 🇻🇪
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Puerto Rico: Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

América Central/Puerto Rico/15-04-2022/Autora: Tatiana Díaz Ramos/Fuente: www.metro.pr

Más de 40 eventos violentos en los últimos tres meses de 2021 desestabilizaron los servicios educativos en las instituciones correccionales para menores, señaló la monitora del Departamento de Justicia federal.

Del CPI

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios. En Villalba, son 27 los estudiantes, cinco de Educación Especial.

A principios de noviembre de 2021, tres jóvenes escaparon del Centro de Ponce luego de que uno de los menores agrediera a una oficial de custodia, le arrebatara las llaves del área de admisiones y liberara a otros dos. La situación de seguridad en Villalba luce peor que la fuga de Ponce a juzgar por los 41 actos violentos, incendios y situaciones de riesgo durante el último trimestre del pasado año por el abandono de los oficiales de sus puestos.

El CPI solicitó a Corrección un informe de los días de clases suspendidos entre 2016 y 2021 así como las razones por las que se cancelaron. En Villalba fueron 47 días menos de enseñanza, mientras en Ponce perdieron 41. A diferencia de lo que dice el informe federal, ninguna de las suspensiones fue atribuída a los actos de violencia o falta de oficiales de custodia, sino a emergencias como el huracán María, los terremotos y la pandemia.

Uno de tres educadores del Centro de Tratamiento Social de Villalba que accedieron a entrevistas con el CPI bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que “si baja[n los menores d]el módulo A [de vivienda] no puede bajar el B porque no hay oficiales para velar por los que se quedan en las otras viviendas. Hoy mismo se suspendieron las clases porque no habían oficiales; muchos estaban doblando turno”.

El informe sometido por Tandy en marzo de 2022 reveló que la escasez de personal custodio “desestabilizó el programa educativo en [el Centro de Tratamiento Social de] Villalba durante los últimos dos trimestres” de 2021 y “contribuyó a numerosos referidos de maltrato institucional y negligencia”.

El NIJ está bajo monitoría desde que en 1993 una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. dio paso a una demanda contra el Gobierno por violar los derechos constitucionales de la población correccional menor de edad. Hacinamiento, condiciones antihigiénicas e inseguras, falta de servicios de salud y salud mental; falta de controles y protocolos para evitar la violencia entre la población juvenil y la ausencia de servicios educativos en casi todas las instituciones fueron algunos de los hallazgos informados en ese entonces. Para 1997 se alcanzó un acuerdo de 106 estipulaciones. Veinticuatro años más tarde, quedan 26 estipulaciones por cumplir, según indicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.

Cuando la enseñanza puede ser individualizada

“A pesar de ser un ambiente por definición hostil, el ambiente de reclusión de adolescentes en instituciones juveniles, las condiciones educativas — paradójicamente — pueden ser en ocasiones superiores a las que hay en muchas de las escuelas públicas. Por ejemplo, la posibilidad de educación individualizada”.

María de Lourdes Santiago, presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial.

Antes de ingresar al NIJ, el 82% de los menores estudiaba en el sistema público de enseñanza; 7% había estado entre ambos sistemas, público y privado; el 4% sólo en escuela privada y otro 4% tomó exámenes libres, según el Perfil del Menor Transgresor de 2021. El currículo para la población estudiantil correccional es acelerado y no se estructura por semestres, sino por horas contacto, explicó la secretaria interina de Educación Alternativa, Yarilis Santiago, durante una entrevista con el CPI.

No se mide el aprovechamiento. “No fomentamos las pruebas, fomentamos trabajos diarios, en grupo o en el salón. Aquí los grupos son pequeños así que el maestro tiene la oportunidad de individualizar con los menores, porque los grupos no sobrepasan los 12 estudiantes. Podemos trabajar más con su rezago académico y ayudar a ese estudiante”, dijo.

Tan pronto llega un menor a uno de los centros se le administran pruebas para conocer sus necesidades académicas, explicó por su parte el gerente del Programa Educativo en el DCR, Carlos Delgado.

Los maestros también denunciaron que tal como ocurre en otras escuelas del país, les faltan materiales didácticos y escasean los conserjes.

“Tengo que llevar mis materiales, sino no puedo dar la clase”, aseguró uno. El director del área escolar del Centro de Tratamiento de Villalba, Luis Velázquez, rechazó que esto ocurra en su centro y dijo que “si nos faltara algo, se hacen las requisiciones y podemos contar con Corrección”.

Cuando no son los propios educadores quienes echan mano a los productos de limpieza para desinfectar sus áreas, “limpia un oficial con un nene. Ahora mismo no hay un conserje, parece un vertedero”, comentó un maestro sobre la institución de Villalba. Su homólogo alegó que la administración del NIJ les hizo firmar “un documento donde decía que los salones y todas las áreas se fumigan y limpian, cuando eso es falso”.

Desde 2019, los materiales y equipos educativos, talleres vocacionales y técnicos, así como los maestros necesarios para atender a la población correccional se pagan con el presupuesto del Departamento de Educación. DCR está a cargo del acceso a internet y el inmobiliario de los salones.

Para 2017 Corrección administró un presupuesto de $1,176,560 para el área académica, pero en 2018 esta asignación sufrió un recorte de 28%. Bajo la administración de Educación en 2019, el presupuesto separado para la enseñanza de los menores institucionalizados fue $581,256, y al año siguiente $1,000,329. La asignación presupuestaria para 2021-22 es de $2,522,098.

Algunos funcionarios dan prioridad a la salud emocional y a los estudios post secundarios

Las instituciones correccionales para menores carecen de un sistema de manejo de conducta coordinado y multidisciplinario, criticó la monitora federal en su último informe. Según el último Perfil del Menor Transgresor, la mitad de los institucionalizados tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad; 13% trastorno específico del aprendizaje; otro 13% tiene ambos trastornos, y 4% discapacidad intelectual. Además, el 69% de los varones y el 100% de las féminas han padecido alguna condición mental antes de ingresar al sistema correccional.

El DCR, no obstante, se limita a premiar las buenas conductas con dulces o permitiendo acceso a consolas de videojuegos “como actividades programáticas para modificar comportamientos”, denunció Tandy.

El director escolar en Ponce, Pedro Jiménez, opinó que los menores “necesitan demasiado apoyo, no solamente en la parte académica, sino también el refuerzo, trabajar con la inteligencia emocional. Eso ayuda mucho a que se minimice la falta de interés en el área escolar y el rezago”.

Edgar Colón Santos, quien dirige el área de Trabajo Social de la institución de Ponce, opinó que los menores no cuentan con el apoyo familiar suficiente y lamentó escuchar con demasiada frecuencia “¿cuándo me vas a visitar?” durante las llamadas telefónicas entre parientes y algunos de los jóvenes, quienes desean contacto con sus familiares a pesar del ambiente restrictivo.

Un desgastado cartel sobre el marco de un portón de gruesos barrotes grises a la entrada del área de visitas en Ponce ordena: “No se permiten besos, caricias o cualquier demostración de afecto que pueda atraer la atención de los presentes”. Colón Santos aseguró que apenas llegan ocho a 10 visitas cada sábado, para una población de 20.

De esas pocas visitas, Colón Santos recuerda a Carmen Oquendo, quien viajó durante cerca de cuatro meses desde Utuado a Ponce para ver a su bisnieto cada sábado. Ahora Oquendo viaja cada fin de semana a Villalba, a donde fue trasladado “mi hijo, porque lo crié desde los seis meses”, luego de que le impusieron otra falta tras un altercado con un oficial de custodia.

“Al llegar a Villalba, gracias a Dios, pues él tiene un mejor comportamiento. Yo lo encuentro mucho mejor en conducta. Está estudiando, está enfocado”, contó sobre su bisnieto de 17 años, quien cursa el décimo grado y es estudiante del Programa de Educación Especial. “El maestro de Educación Especial me dijo que, de darle el egreso antes de tiempo, ellos le van a dar el examen de cuarto año. De terminarlo ahí, pues ellos lo van a ayudar para seguir en la universidad o cualquier empleo, o cualquier cosa que él quiera estudiar. Él me ha dicho que le gusta la mecánica, la fotografía y algo como de promotor de música”, abundó.

Los jóvenes que completan su cuarto año de escuela superior recluidos en alguno de estos centros pueden solicitar cursos universitarios, pero el DCR divide la población según el espacio disponible para ofrecer las clases y la oferta académica no es uniforme entre las instituciones correccionales. Además, cada institución educativa o proveedor de servicios educativos establece sus requisitos, como puede ser tener octavo grado o cuarto año completados.

Un análisis de los contratos para servicios educativos en Corrección durante los últimos cinco años muestra que la mayoría (42%) se concentran en educación básica para completar la escuela superior. Existe la posibilidad de obtener un bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, pero no se ofrece en estas instituciones correccionales para menores. Esta alternativa sólo se le ofrece a confinados de máxima seguridad que hayan aprobado el cuarto año de escuela superior, según el acuerdo entre Corrección y la UPR.

Tandy confirma lo que señala un maestro cuando detalla en su informe que los jóvenes entrevistados que completaron cuarto año se quejaron de la falta de actividades después de obtener el diploma así como sus deseos de continuar estudios.

“No se les muestra esa ventana para que el estudiante siga estudiando. No hay un sistema donde diga ‘te voy a ayudar para que salgas a la calle, te consigo universidad, voy verificando tus salidas, chequeando tu conducta afuera’. Nada de eso existe, y el menor vuelve a los puntos [de venta de drogas ilícitas] de nuevo”, aseguró un profesor entrevistado.

Según el último Perfil del Menor Transgresor, un 53% de los varones estuvo antes en una institución juvenil, y el 19% de los que están en el sistema correccional de menores cumple por la misma falta cometida anteriormente.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/noticias/2022/04/14/menos-tiempo-para-educarse-debido-a-la-escasez-de-oficiales-de-custodia/

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Un mundo que busca la seguridad

Por: Dinorah García Romero

Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia.

Formamos parte de un mundo marcado por avances extraordinarios en órdenes diversos. Por ello participamos de escenarios en los que las ciencias y las tecnologías, con bastante frecuencia, sorprenden con cambios e innovaciones. Estos adelantos ponen en evidencia la gran capacidad que tiene el ser humano para la invención y la recreación. Los avances indicados permiten la solución de múltiples problemas que aquejan a la humanidad en muchos ámbitos; especialmente, en materia de salud, educación, comunicación y alimentación. En estos aspectos, el desarrollo es notable y su impacto en la vida de las personas y de los pueblos es evidente y, por tanto, innegable. Pero, los adelantos no llegan con el mismo potencial ni con la rapidez requerida a las diferentes naciones. Las más desarrolladas se benefician de forma directa e intensiva; de forma indirecta y lenta, las naciones más pobres. La distribución de los resultados de los avances es cada vez más desigual en el mundo. Los beneficios de las transformaciones generadas por las ciencias y las tecnologías son exiguos para los países en desarrollo; son exorbitantes para los países ricos. Esta situación acentúa el déficit de solidaridad y de voluntad política para compartir los bienes que  conllevan los progresos científicos y tecnológicos. La gestión y la distribución de los bienes que derivan de estos avances constituyen un obstáculo al desarrollo global de los pueblos. Se percibe una gestión y una distribución centralizada y poco alentadora de la fraternidad universal. Un ejemplo claro es la crisis que supone la desigual adquisición de las vacunas necesarias para contrarrestar la COVID-19. Mientras hay países a los que les sobran vacunas, a otros les falta la primera dosis, como sucede en África. Hay una voluntad clara de retener para sí los bienes científicos y tecnológicos, que deben ser de todos.

En medio de una crisis de la igualdad en el mundo, se produce una búsqueda intensa de la seguridad de las personas y de la sociedad en general. Vivimos la contradicción de un mundo que, por sus progresos científicos y tecnológicos, se ha convertido en una aldea global. Pero esta aldea cada día siente el peso de la inseguridad. Las variantes de la COVID-19 no dan tregua. Esta inseguridad, provocada por diferentes factores, particularmente por las variantes que se producen en este tiempo de pandemia, genera en las personas y en los pueblos una experiencia signada por condiciones de inseguridad y de inestabilidad. Somos parte de un mundo que tiene la necesidad de sentirse seguro; que busca cómo liberarse de todo aquello que limita su acción y sus capacidades. Es una búsqueda de nivel mundial. El poderío que exhibe el mundo a partir del uso inteligente de las innovaciones de las ciencias y de las tecnologías, contrasta con la inseguridad que viven las naciones en estos tiempos. Este fenómeno constituye un desafío para los científicos y para la gente común. En la base de esta inseguridad está la falta de visión del liderazgo mundial sobre la importancia de pensar y de buscar la seguridad colectiva. La superación de la inseguridad ha de ser un compromiso colectivo. Este requiere voluntad política y un ejercicio solidario real dentro de cada país y entre los países. La seguridad no solo se afecta con la aparición de variantes. Se lesiona de forma grave con la delincuencia social, con la corrupción y con la impunidad. Esta tríada está vigente en el mundo que habitamos. Los líderes del mundo han de hacer un esfuerzo conjunto para pensar de forma holística. Los ciudadanos también han de aportar sus conocimientos y experiencias para contribuir a la construcción de un mundo más solidario y seguro. Los pueblos tienen la necesidad de un mundo más seguro. Esta seguridad cada día se siente amenazada por imprevistos como las pandemias; y por hechos calculados y planificados, como las guerras y los distintos tipos de delincuencia. Hemos de apoyar la construcción de una sociedad global más sana, segura y resiliente

Fuente: https://acento.com.do/opinion/un-mundo-que-busca-la-seguridad-9012910.html

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OIT: Expertos del mundo entero piden que se reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental

Fuentes: USO-FAC

Destacados expertos mundiales en salud y seguridad en el trabajo han exhortado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental, en vísperas del debate sobre el tema en el Consejo de Administración de la OIT, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo.

Los sindicatos piden que la Conferencia de la OIT, en junio de 2021, sitúe la salud y seguridad en el trabajo al máximo nivel de las normas internacionales del trabajo, asignando así mayor responsabilidad a gobiernos y empleadores para salvar vidas en el trabajo, y lograr que más países ratifiquen convenios vitales sobre seguridad y salud.

Esto respondería al compromiso que figura en la Declaración del Centenario de la OIT, de 2019, que fuera adoptada unánimemente por gobiernos, trabajadores y empleadores, de garantizar salud y seguridad en el trabajo para toda la gente trabajadora.

El Collegium Ramazzini, sociedad científica independiente integrada por expertos en medicina ocupacional y ambiental, ha instado a la OIT a implementar urgentemente las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, idealmente durante la Conferencia de 2021.

Según el Collegium Ramazzini, “Cientos de millones de personas en el mundo entero sufren lesiones cada año a causa de su trabajo. Millones más pierden la vida. Esta masacre puede prevenirse, pero sólo si se concede a la protección de los trabajadores la mayor prioridad posible y la salud y seguridad en el trabajo se reconoce como un derecho humano fundamental. La OIT debe actuar lo antes posible reconociendo la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo”.

Salvar vidas en el trabajo

Nick Pahl, Director Ejecutivo de la Society of Occupational Medicine, asociación internacional de profesionales de la medicina ocupacional con sede en el Reino Unido, indicó: “La Society of Occupational Medicine respalda firmemente que se designe la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Instamos al Consejo de Administración de la OIT a actuar con la debida diligencia aplicando la decisión de la Conferencia del Centenario de la OIT (108ª sesión) en 2019, con vistas a incluir la designación de la salud y seguridad en el trabajo como uno de los derechos fundamentales en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021”.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Gobiernos y empleadores deberían hacer caso a estos destacados expertos. Durante demasiado tiempo, se ha venido concediendo a la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a posibles lesiones y enfermedades ocupacionales mucha menos relevancia que a los otros derechos fundamentales en el trabajo. Algunos empleadores e incluso ciertos gobiernos parecen pensar que los costes de la actividad empresarial son más importantes que las vidas de la gente trabajadora. Asignando a la salud y seguridad el estatus legal que se merece contribuiría a reparar un fallo histórico, contribuyendo además a impulsar los esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19”.

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