América/México/25/03/2020/Autor: Entre Noticias/Fuente: rubenluengas.com
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que para resolver dudas de la población sobre Covid-19, a partir de hoy, TV UNAM transmitirá el programa #LaUNAMresponde, en el que expertos de esta casa de estudios contestarán preguntas sobre el tema.
Durante el tiempo que dure la contingencia, la emisión será de lunes a viernes a través del canal 20.1 de televisión abierta y el sitio https://tv.unam.mx/, a las 15:00 horas y se retransmitirá a las 18:30 horas.
“Hay más mitos de lo que crees. Lo más sano es mantenerse informado”, señaló el Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la Universidad Nacional.
Entre esos mitos están: que COVID-19 es una sentencia de muerte. Es falso, sólo dos por ciento de los casos ha fallecido, y la mayoría de ellos padecía otras enfermedades, aclaró la UNAM.
Agregó que es falso que recibir paquetes o cartas de China y otros países asiáticos sea un riesgo de contagio, o que las vacunas de la influenza y neumococo previenen del coronavirus.
Es importante que la sociedad cuente con información verídica, agregó la Universidad, como que los animales de compañía no transmiten el virus, o que el uso de cubrebocas es útil sólo si se presentan síntomas, pues evita contagiar a otras personas.
COVID-19: ¿Qué es y qué hacer ante la epidemia?
Fuente e imagen: http://rubenluengas.com/2020/03/unam-transmitira-por-su-canal-de-tv-a-expertos-informando-del-covid-19/
En otras colaboraciones me he referido al problema del procedimiento para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley en términos del dilema del candado y la llave: ¿cómo evitar que las instancias facultadas para iniciar reformas legales presenten motu proprio iniciativas de reforma que afectan las materias garantizadas por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?, que es el tema del candado, y ¿cómo hacer posible que las universidades autónomas reformen sus propias leyes orgánicas sin transgredir el procedimiento autorizado en las normas constitucionales de la federación y los estados?, que es el tema de la llave.
Una forma de avanzar en el razonamiento de posibles soluciones es considerar algunos casos prácticos en que este dilema ha salido a relucir, así como sus consecuencias. El más reciente es el caso de la UNAM. Apenas el pasado 18 de febrero el diputado federal (Morena) Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca presentó una iniciativa de “con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.” En ella, el legislador proponía que el rector y los directores de facultades, escuelas e institutos fueran designados a través de elecciones “abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto”.
Esta iniciativa fue confrontada por el rector de la UNAM, por los rectores de varias universidades autónomas, por representantes del sector empresarial, por los coordinadores de las fracciones legislativas y al cabo por su propio partido. Aunque inicialmente el diputado Jáuregui había decidido mantener su iniciativa para continuar con el trámite legislativo correspondiente, el martes pasado procedió a solicitar formalmente su retiro. El argumento central en contra del proyecto de Jáuregui fue que la iniciativa transgredía la atribución de autogobierno sancionada en el tercero constitucional. En este caso, la solución fue política, antes que propiamente jurídica: no se puso en cuestión la facultad del legislador para diseñar y proponer la reforma, sino no haber consultado a la comunidad universitaria ni el marco constitucional que protege a la autonomía.
Otro caso reciente. El de la Universidad Autónoma de Nayarit, ya comentado en estas páginas. A iniciativa del gobernador de la entidad, Antonio Echevarría García, y al margen de las autoridades universitarias, la legislatura nayarita aprobó una reforma a la ley orgánica de esa institución. Entre las modificaciones incorporadas se incluía una relativa a la formación de un Colegio de Elección, que sería encabezado por el presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial Destinado a la Universidad. Además, se aprobó la creación de “redes empresariales” de la UAN para ampliar las fuentes de financiamiento de la institución.
En el caso de Nayarit, al igual que en el de UNAM, la iniciativa aprobada en enero de este año trasgredía la garantía constitucional de autogobierno. Por ello, se levantó una fuerte polémica, primero local, aunque poco después de mucho mayor alcance en la que la postura de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al mismo tiempo que la de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados coincidieron en señalar la inconveniencia de tal reforma al no haber tomado en cuenta el punto de vista de la institución. Aunque el gobernador anunció que el problema se resolvería mediante la reforma de la ley aprobada, la UAN se amparó y las autoridades judiciales del estado dictaminaron primero la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Salvo que el legislativo local interponga un recurso de apelación, lo más probable es que dicha reforma quede sin efecto. ¿Cuál fue el argumento del tribunal local? Inconstitucionalidad, en una palabra.
También de inconstitucionalidad fue tachada la reforma que emprendió el gobierno de Hidalgo al designar un órgano interno de control para supervisar el desempeño y las cuentas de la Autónoma de Hidalgo. Esta universidad ganó el amparo en la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgado por la Segunda Sala del Tribunal en octubre de 2018, lo que obligó a la legislatura estatal a dejar sin efecto la reforma propuesta. Uno de los razonamientos de la sentencia correspondiente establece, y vale la pena citarlo: “Que cualquier acto legislativo que pretenda modificar el contenido y alcance de la autonomía universitaria, debe ser calificado por los tribunales de amparo como violatorio del artículo 3 constitucional.”
Otra cara de la moneda la representa la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, aprobada por la legislatura local el pasado 6 de febrero. Este caso contrasta con los anterior por la ausencia de protestas o inconformidad legal. La propuesta de reforma, que autoriza a la universidad para obtener recursos extraordinarios por venta de productos y servicios, aunque también se incluyen nuevos requisitos para ocupar el cargo de rector, fue primero procesada en los órganos colegiados universitarios, posteriormente presentada por el gobernador al congreso local, dictaminada por la comisión correspondiente y aprobada en el pleno.
Hasta hoy la solución política parece la más eficaz: lograr acuerdo entre los poderes públicos y las universidades autónomas. Pero este método no tiene el respaldo normativo que debería tener. ¿No será la hora de legislar al respecto?
Veinte años después de la huelga de nueve meses del Consejo General de Huelga (CGH) hoy en la UNAM se puede decir que ha surgido un nuevo movimiento estudiantil. Pero con características radicalmente distintas al de hace dos décadas: está a cargo de las estudiantes mujeres y son ellas las que forman el grueso de la movilización. No hay una instancia central, sino decisiones locales, pliegos petitorios que responden a las circunstancias también de cada plantel, aunque los unifica el objetivo del fin de la violencia difusa, pero grave contra las mujeres. Algunos espacios del paro son más permanentes, otros aparecen y desaparecen y las autoridades parecen desconcertadas y rebasadas, sin la posibilidad de crear tácticas que son útiles en un escenario fijo como el de una huelga de larga duración, con sus mesas de negociación y su representación claramente identificada, la atención de la prensa, la extensa navegación por los largos argumentos. Es un movimiento que parece haber aprendido del pasado. No sirven aquí las intervenciones de los eméritos, las campañas de descalificación, las clases extramuros, la persuasión paternal. No está aislado, tiene la mirada y la simpatía de muchas mujeres y, crecientemente de hombres, y ha comenzado a calar a escala nacional. Se ve, además, como parte de un movimiento mundial y, para hacer aún más difícil la tarea de las autoridades nacionales e institucionales, renueva constantemente su voluntad de luchar por el goteo incesante de feminicidios. En el lapso de unos días un nuevo nombre de una mujer asesinada se suma a los anteriores, y la circunstancia es cada vez más violenta y atroz, aunque con la pequeña Fátima, niña todavía, pero ya muerta por mujer, hubo un quiebre, un rompimiento de diques cuya fuerza sólo se puede canalizar a través de la brecha que han abierto las mujeres. Eso las vuelve incontenibles y a todos nos obliga a pronunciarnos.
Es otro escenario y, hasta donde nos alcanza la mirada, totalmente distinto. Y, además, sigue consiguiendo logros inéditos. Está rodeado de un contexto amplio y creciente de apoyo a la causa de las mujeres, incluyendo numerosas instituciones de educación superior y hasta el propio rector Graue, antier, a pesar de las recientes confrontaciones violentas en algunos planteles –que desaprueba– reiteraba que el movimiento de las mujeres es legítimo y estamos con ellas ( La Jornada, 28/2/20). Claramente las autoridades han optado por la ruta de hacer cambios (aunque falta un buen trecho) y no por atrincherarse, como otros rectores. Y no es poca cosa que, con el movimiento presente el Consejo Universitario se haya reunido y haya hecho cambios en la legislación institucional. No ocurrió así en 1999, ni en 1986. Este impulso no es una amenaza a la institución, sino un momento de fuerza capaz de impulsar una transformación hacia la igualdad y equidad en las relaciones internas. Para eso, el movimiento ha abierto horizontes y ha hecho ver que no se trata sólo de este o aquel acosador, o de aquel funcionario que deben ser removidos; perciben que las estructuras, normas y hasta procedimientos que durante décadas se han construido y que se ostentan como parte indispensable de la institucionalidad académica, subrepticia y constantemente han alimentado la exclusión y el desdén por las mujeres.
Un buen ejemplo de cómo el maltrato contra las mujeres se disfraza de búsqueda de la calidad y excelencia, es el procedimiento de acceso al nivel superior. Un reciente estudio (basado en Perfil de Aspirantes y Admitidos a … Licenciatura, UNAM 1999-2019) muestra que en ninguno de los últimos 20 años el número de admitidas a la universidad mediante un examen de selección es igual o mayor que el de los aspirantes masculinos. Nunca. Y esto a pesar de que en todos y cada uno de esos años, el número de mujeres que busca un lugar siempre es mucho mayor al de los hombres. Un ejemplo reciente: en 2018, solicitaron ingreso 92 mil mujeres y 72 mil hombres y, sin embargo, como en todos los demás años, más hombres que mujeres fueron seleccionados. De cada 100 hombres, 14.7 fueron admitidos, pero de cada 100 mujeres, sólo 10.7; 27 por ciento menos. En números absolutos, cierto, quedaron fuera 62 mil hombres, pero 82 mil mujeres fueron rechazadas. Hay pocos lugares disponibles, pero aun esos pocos se distribuyen sin igualdad y sin equidad. Es decir, ni proporciones iguales sobre el número de aspirantes, ni preferencia institucional a las mujeres porque en el camino de ellas hay más obstáculos y se requiere más esfuerzo, sobre todo para las más pobres. En 2003 Karina y Elizabeth no pudieron vivir con el rechazo y, sola cada una, con revólver o pastillas, se quitaron la vida. La sociedad también mata a las mujeres desde dentro de ellas mismas, con desesperanza. Pero hoy, para cambiarlo todo y no morir, han descubierto la opción de luchar juntas.
En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.
En noviembre del año pasado se suspendieron actividades dos semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esa coyuntura, el tema de la violencia de género ocupó el lugar central, y la solución del conflicto se derivó del compromiso institucional de atender a las demandas formuladas por el colectivo de mujeres que participó en la toma.
Un elemento común de las actuales expresiones de protesta ha sido el reclamo por la insuficiente atención a demandas relacionadas con acoso y otras formas de violencia de género. Desde la perspectiva de los grupos estudiantiles que han protagonizado o participado en esos eventos, las autoridades universitarias han sido omisas para resolver la problemática. También se ha señalado la inoperancia de dispositivos tales como protocolos, recomendaciones o campañas centradas más en la persuasión que en un efectivo rediseño de las pautas de convivencia universitaria.
En algunos casos, principalmente en las escuelas de bachillerato, a las demandas de género se han agregado otras: las condiciones de seguridad dentro y en el entorno de los planteles, los servicios de auxilio médico, el equipamiento de aulas y talleres, e incluso la disponibilidad de espacios para los colectivos de acción política y cultural. Persiste la exigencia de erradicar el porrismo en las escuelas y se han denunciado casos de posible corrupción o abuso de autoridad de funcionarios e incluso profesores, entre otros temas. Además se demanda la reformulación de los protocolos para la atención de las formas de violencia de género, en cuyo diseño participen los colectivos de mujeres estudiantes, la impartición de asignaturas obligatorias para concientizar a los estudiantes en la temática, así como la creación de servicios para el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.
Una de las demandas más complejas, presente en varios de los paros, es aquella que exige la expulsión o despido, según el caso, de estudiantes, académicos, funcionarios o trabajadores que han sido señalados, incluso en forma anónima, como posibles victimarios o cómplices de casos de acoso o violencia sexual. Las posibilidades de un procesamiento con justicia de acusaciones de esta naturaleza probablemente exceden las capacidades institucionales, por ello su solución no es sencilla como elemento de una negociación mutuamente satisfactoria entre las partes.
Una pregunta que ronda el ambiente es ¿se trata de movilizaciones aisladas, de movimientos articulados entre sí, o de protestas dirigidas desde el exterior universitario para desestabilizar a la institución? Las hipótesis de un complot contra la institucionalidad cobraron credibilidad en la coyuntura del proceso de elección del rector a finales del año pasado, entre otros factores por la participación en el proceso sucesorio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La reelección de Enrique Graue al frente de la Universidad no modificó sustancialmente la conflictividad de la protesta; quienes pensaban que una vez concluido el trámite de cambio o renovación de la rectoría se aplacaría el conflicto estaban equivocados, ello no ocurrió así, más bien al contrario.
No puede dudarse que los grupos promotores de las tomas de instalaciones se comunican entre sí, es de sentido común. Pero hay una distancia entre ello y la hipótesis de un único movimiento coordinado y articulado por una dirección central y estratégica. Es poco probable si se toma en cuenta la relativa diversidad de expresiones, demandas específicas, fórmulas de negociación e incluso la auto-caracterización de los colectivos protagonistas. Todo parece indicar, más bien, que hay una influencia recíproca en los repertorios de la protesta, en el eje compartido sobre las demandas de género y probablemente también en los esquemas de resistencia/negociación.
Desde luego es llamativa la dificultad que priva hasta el momento para la operación de canales de diálogo eficaces. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en que las aproximaciones desde la autoridad con propósitos de una negociación convencional conducente a la devolución de las instalaciones han sido infructuosas. Tampoco han rendido el fruto esperado las opciones de intermediación entre las partes del conflicto, y no se advierte cuál podría ser la ruta de solución. En la Preparatoria 9, las cosas han cobrado un perfil todavía más complejo por la confrontación de grupos de estudiantes y padres de familia que buscan recuperar, motu proprio, las instalaciones. Cuando el espacio de autoridad es ocupado por otros actores, las cosas andan muy mal.
Las clases han iniciado y los paros siguen. Seguramente por ello las autoridades de la Universidad intentan una solución urgente. Pero el retorno a la “normalidad” confronta, precisamente, el tema central de la protesta. ¿Se espera que las comunidades de estudiantes y académicos operen como una presión para finalizar los paros? No es sencillo, por una razón: con cada vez mayor claridad se generaliza la opinión según la cual las demandas son legítimas aunque los medios para hacerlas cumplir no lo sean en la misma dimensión.
¿Y por lo tanto? Dos riesgos claros: uno es que los conflictos escalen en el entorno universitario, lo que podría suceder si no se consigue su anticipación y procesamiento. El otro es que el fenómeno pueda ser replicado en otras instituciones. Ello no es impensable e implica asumir, antes que sea tarde, respuestas que atiendan la problemática de género en cada una de las instituciones de educación superior y centros de bachillerato.
También hay una tarea para los legisladores: incorporar a la nueva Ley General de Educación Superior la perspectiva de género en su doble dimensión: oportunidades equitativas y respeto íntegro a la dignidad y seguridad de las personas.
En los últimos meses la problemática de la violencia de género, en sus distintas vertientes, ha sido objeto de expresión y protesta en varias universidades del país. De especial visibilidad el caso de la UNAM porque la movilización de las estudiantes ha implicado la suspensión de actividades en varios de los planteles de la institución. El pasado 12 de febrero el Consejo Universitario aprobó reformas al Estatuto General de la Universidad para establecer que la violencia de género se considere una falta “especialmente grave de responsabilidad”. Se autorizó también la ampliación del número de vocales permanentes en el Tribunal Universitario para garantizar la paridad y promover un mejor tratamiento de los casos que se denuncien ante ese órgano.
En la misma sesión del Consejo, posteriormente en declaraciones de las autoridades universitarias, se reconoció que la respuesta normativa es apenas un primer paso, que es necesario seguir explorando y diseñando fórmulas para enfrentar la problemática, y que una política general e integral que atienda a las diversas desigualdades de género debe formar parte de una agenda de “transformación estructural” de la UNAM.
Hasta ahora, la respuesta de las organizaciones de mujeres involucradas en el proceso ha sido más bien de cautela. Se registra como una victoria de la movilización, pero también se advierte la necesidad de incorporar medidas normativas y prácticas adicionales, así como la de atender a las demandas específicas de las organizaciones de mujeres estudiantes en los planteles del bachillerato y las facultades universitarias. Por ahora ese es el estado de la cuestión. No es fácil anticipar su horizonte y desenlace, sobre todo por su intersección con expresiones de protesta mucho más violentas, centradas en la ocupación de espacios universitarios.
En tal contexto, es de interés la pregunta ¿la violencia de género es la única y principal expresión de las desigualdades entre hombre y mujeres en el ámbito universitario? La respuesta, desafortunadamente, es negativa. La desigualdad de género tiene múltiples dimensiones y se expresa en prácticamente la totalidad de los aspectos de la vida universitaria. Más aun ¿qué se está haciendo para avanzar hacia una nueva condición, en la cual la distribución de las oportunidades para el desarrollo de las estudiantes y las académicas sea en efecto equitativa? En realidad, muy poco.
Un objetivo a la vez deseable y factible propondría una universidad con perspectiva de género. Al decir “universidad” se engloba aquí tanto a las instituciones universitarias propiamente tales como al resto de las instituciones de educación superior, lo que incluye a las de vocación tecnológica y a las correspondientes al sistema privado. ¿Cómo abordar la cuestión si se acepta el propósito general?
Una de las vías de acceso al tema es considerar la experiencia internacional en la materia. A partir de la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985 se adoptó la denominación “gender mainstreaming”, traducida como transversalización de género, enfoque integrado de género, y convencionalmente como perspectiva de género. El enfoque correspondiente, según la propia declaración de Nairobi, implica que la formulación de políticas públicas y acciones institucionales toma en cuenta los intereses y preocupaciones de mujeres y hombres con respecto a determinado ámbito social, económico, político, educativo o cultural. Con base en dicho enfoque varias universidades, algunas del mundo desarrollado y otras de países de desarrollo intermedio, han planteado agendas de transformación que vale la pena tomar en cuenta, no solo desde el punto de vista de su orientación social, sino también de las experiencias y resultados logrados.
Un reporte sintético del tema, centrado en el área europea, se publicó recientemente con el título “Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training”, como uno de los reportes finales del proyecto “Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training” (PLOTINA). Este proyecto fue financiado con fondos de la Unión Europea al corresponder al programa general Horizonte 2020 y consistió en la formación de un consorcio universitario integrado por ocho instituciones: la Universidad de Bolonia (Italia), coordinadora del proyecto, la Universidad de Warwick (Reino Unido), Mondragon Unibertsitatea (Euskal Herria), Instituto Superior de Economia e Gestao (Portugal), Kemijski Institut (Eslovenia), Ozyegin Universitesi (Turquía), Zentrum fur Soziale Innovation GMBH (Austria), Jump Forum (Bélgica), Centro Studi Progetto Donna e Diversity MGMT (Italia) y Elhuyar (Euskal Herria). El objetivo del mismo consistió en desarrollar una diversidad de proyectos enfocados, todos ellos, al diseño e instrumentación de herramientas para apoyar, en el terreno de las prácticas, las políticas institucionales respectivas en favor de la equidad de género.
Las áreas de exploración del proyecto fueron: Órganos de gobierno, actores clave y tomadores de decisiones; reclutamiento, progresión profesional y retención; integración laboral y de la vida personal; investigadores e investigación: igualdad de género y perspectiva de sexo y género; integración de la dimensión sexual y de género en el currículo universitario.
En este marco, destaca la política institucional de la Universidad de Bolonia en la materia. Esta universidad la más antigua del mundo, decidió en 2014 convertirse en una institución con perspectiva integral de género. Como primera medida formó el Comité de Garantía para la igualdad de oportunidades, el bienestar de los trabajadores académicos y la no discriminación laboral (CUG). Las medidas adoptadas -normativas, prácticas y de renovación de procesos- han sido múltiples, comprenden las áreas de ingreso y trayectoria de alumnos, bienestar estudiantil, paridad de género en el gobierno universitario, la administración y los órganos de evaluación del trabajo académico. Los reportes anuales del programa están disponibles en la página web de la institución.
¿A poco no valdría la pena hacer algo equivalente en nuestro contexto?
Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/por-una-universidad-con-perspectiva-de-genero/
Tras meses de protestas en México, la UNAM ha decidido reconocer oficialmente las agresiones y acoso hacia las estudiantes, pero muchas activistas lo consideran insuficiente
“No me importa perder el año si esto va a ayudar a que se erradique la violencia contra las mujeres en la UNAM”, dice Oyuki, una estudiante de 17 años que pide ser identificada con ese nombre y lleva más de dos semanas durmiendo en el suelo de un aula junto a decenas de compañeras. Ella estudia en la Preparatoria 6, uno de los cuatro planteles de bachillerato adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México tomados por alumnas que reclaman medidas para erradicar la violencia contra la mujer que soporta la institución. Además de estos centros, hay cuatro facultades y dos colegios de Ciencias y Humanidades en paro, algunos desde hace tres meses.
Hasta ahora, fumar marihuana o tomarse un whisky eran infracciones más graves que abusar de una mujer, un delito que ni siquiera estaba mencionado en el Estatuto General que rige la UNAM desde hace 75 años. Pero esta semana, la universidad más importante de México y la mayor de toda Latinoamérica, ha dado un paso inédito: el Consejo Universitario ha aprobado una reforma del estatuto para incorporar a la violencia de género como una infracción grave, merecedora de castigo, aunque no establece qué sanciones le corresponden.
Esta reforma, que entrará en vigor a partir de este lunes 17 de febrero, parece ser la vía que encontró la institución para tratar de salir del punto muerto en el que se encuentra desde noviembre, cuando grupos feministas comenzaron a tomar los establecimientos y a exigir una respuesta ante la violencia de género. El Consejo ha aprobado también la modificación de un artículo del estatuto para garantizar la paridad de género en el Tribunal Universitario, el máximo órgano que imparte justicia en la universidad. Aún así, no parece que ninguna de las dos medidas vaya a poner un fin definitivo al conflicto.
Para Brenda Medina, profesora auxiliar del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) —que lleva sin clases desde principios de noviembre por la huelga de sus estudiantes—, las reformas son insuficientes. Una de las exigencias, explica, era que se establecieran sanciones específicas para el acoso, el abuso y la violación, algo que no ha sucedido. Jorge Volpi, encargado de Difusión Cultural de la UNAM, asegura que esa modificación se tratará en marzo, ya que la propuesta no llegó a tiempo a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Medina dice también que desde la FFYL propusieron que el Tribunal Universitario sea independiente o, al menos, que las estudiantes puedan participar, y que eso tampoco se ha tenido en cuenta. Este jueves, una alumna de la universidad arremetió contra el presidente de ese Tribunal, Eduardo López Betancourt, acusándolo de hostigamiento y acoso durante una conferencia.
Una de las entradas de la Preparatoria 9 de la UNAM.ROGELIO MORALESCUARTOSCURO
Los casos de abuso sexual, los crímenes contra las mujeres y la inseguridad dentro de la UNAM no son nuevos; son el reflejo de un país que cuenta un promedio de 10 feminicidios diarios, según las estadísticas oficiales. Pero ahora la problemática parece haber llegado a un punto de quiebre, tanto afuera como adentro de la institución. En 2016 se activó el protocolo contra la violencia de género en la universidad y desde entonces ha habido 1.104 denuncias por abuso y acoso sexual, de las que se han procesado menos de la mitad. Desde 2018, seis mujeres han sido asesinadas en la UNAM. Las reformas impulsadas este miércoles, aunque muchas activistas las consideren insuficientes, dan esperanza a una comunidad desgastada por la impunidad y el miedo cotidiano.
La Preparatoria 9 lleva más de 90 días en paro. Esta escuela ha sido de las más criticadas por la supuesta violencia de las manifestantes. Las barricadas formadas con mesas y pupitres permanecen a las puertas del plantel, situado al norte de la capital mexicana. El escenario es de posconflicto. En el camino hacia la sala dormitorio de las alumnas hay basura y cristales rotos. Antes de subir las escaleras, un muro se muestra repleto de fotografías de profesores y alumnos señalados por acoso o por violación a estudiantes. Algunas se repiten hasta en cinco ocasiones.
Tres chicas de 15 a 18 años, que prefieren no dar sus nombres por seguridad, permanecen en una de las salas. Una come un burrito precocinado. Otra remolonea en un sofá cama. La tercera trata de limpiar una habitación que, a simple vista, necesitará años para volver a su estado original. Ellas también tuvieron una asamblea esta semana con las autoridades universitarias. “No sirvió de nada”, asegura una, mientras se arropa con una manta. Las estudiantes sostienen que en las reuniones con los directivos universitarios se les dice que sí a todo, menos a su petición más urgente: la expulsión definitiva de los profesores señalados por violencia física y verbal contra ellas. Entre ellos mencionan a un docente de matemáticas, a uno de literatura y, sobre todo, a un profesor de educación física. Tras la toma de la preparatoria, aseguran, en uno de los cajones de su despacho encontraron unos lentes con los que grababa a las alumnas menores desde hace años.
Las chicas pasan el tiempo leyendo, platicando, viendo alguna serie y comiendo mal. La que se hace llamar Regina tiene 18 años y está a punto de dar el salto a la universidad. “Prefiero dejar la escuela limpia de maestros que acosen a las alumnas. No me importa perder el año por esta causa. No tenemos miedo”, afirma.
A las tres estudiantes sus padres las apoyan y cuando pueden les traen algo de comida. Aunque, admiten, es mucho tiempo. “No es fácil estar aquí, pero no hay otra forma de que nos hagan caso”, explica Regina. Al principio tenían apoyo de la mayoría del alumnado y podían pasar el tiempo en la piscina que tiene la escuela. Con el paso de las semanas el apoyo ha bajado y muchos estudiantes que no forman parte de la protesta han sido reubicados en el céntrico Colegio Latinoamericano. En los últimos meses, los enfrentamientos entre las huelguistas y otros alumnos a veces acompañados por sus padres, han sido frecuentes, motivados principalmente por el temor a perder el año por las protestas. “Hasta que no tomen acciones reales esto va a seguir así”, avisa Regina.
Desde su despacho de la UNAM, Jorge Volpi afirma que la universidad está tomando conciencia sobre la desigualdad y violencia de género gracias a las movilizaciones feministas que han sacudido al país los últimos años. “La Universidad tiene que actuar ya, pero ojalá estos movimientos deriven en una toma de conciencia de nuestra sociedad, que provoca, admite, tolera y encubre la violencia de género. Es, sin duda, una prioridad”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/15/actualidad/1581775115_830122.html
…Y contra el acceso y permanencia de los estudiantes. En la más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES, enero 2020, por fin se elimina la frase que en el artículo 6 degradaba el derecho a la educación. Decía: el Estado garantizará el derecho de toda persona a tener la posibilidad de recibir educación. Y con esto se ponía en peligro el derecho pleno a la educación, como lo advirtió la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando hizo un llamado para que (en la propuesta de LGES) se retome el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional que garantiza el derecho humano a la educación. ( La Jornada, 6/2/20). En efecto, la Carta Magna señala sin ambigüedades ni posibilidades que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Con esta declaración, la nueva conducción de la CNDH rompió claramente con la anterior, la que durante un cuarto de siglo guardó silencio y resistió a las quejas contra los exámenes de selección que durante años le pedía que dijera algo. Guardó silencio y cuando habló fue para defender la interpretación neoliberal del derecho a la educación. Esta consiste en ofrecer a todos –pero previo pago de una cuota para el Ceneval– la oportunidad de presentarse a un examen de selección, donde tendrá la posibilidad de mostrar que es una/uno de los mejores. Incluso dio respuestas tan desafortunadas como cuando dijo a los quejosos que el ingreso (a una escuela) está sujeto a la capacidad intelectiva y a los méritos personales de los aspirantes (CNDH 1997, citada en Aboites, Hugo: La medida de una nación: 564). Cuando claramente la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Sin embargo, como se decía, la propuesta de posibilidad se desechó y ahora dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente que acredite la terminación de estudios del tipo medio superior, el acceso a un programa de educación superior (artículo 6 LGES, enero 2020).
Pero no hay final feliz. Porque después de decir que el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior se añade: en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta. (artículo 6 enero 2020). ¿De verdad no hay aquí la intención –como en el examen único– de canalizar a las y los jóvenes que buscan licenciatura a carreras técnicas cortas, hoy en crisis por falta de aspirantes y desde las cuales ya no se podrá ingresar a estudios de licenciatura?
La nueva CNDH cuestiona, además, que en la propuesta original (2019) se incluyan elementos (que luego se mantienen en la versión 2020) que no están contemplados en el artículo tercero constitucional (fracción X) y que potencialmente son muy problemáticos. “Adicionalmente, –dice la propuesta– las instituciones de educación superior establecerán los requisitos de permanencia, tránsito y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa.” Este es el regreso pleno, llevado a ley general, del paquete neoliberal de educación superior. Las autoridades institucionales no sólo tendrán el respaldo legal para determinar requisitos, sino que, además, se les otorga el respaldo legal para reducir a los estudiantes el tiempo límite de titulación (que en la UNAM 1999 significaba el peligro de dejar sin título a 70 por ciento de los alumnos de los CCH y las prepas), asegurar que no dejen de estudiar ni un semestre (continuidad) y avanzar así a la excelencia y a su egreso oportuno. Es decir, la concepción de transformación neoliberal que hizo crisis en 1999 con una larguísima y tenaz huelga y el encarcelamiento de mil estudiantes. Con esta ley, ya no serán rectores en solitario que hagan los cambios, tendrán el respaldo del Congreso.
También los empresarios: en el artículo 47, I, VII ellos se convierten en legales participantes de instancias y procesos claves para el rumbo de toda la educación superior, e igual en los artículos y fracciones 42; 16, X; 13, XV; 45, V; 46, V, y 54. Como parte del Consejo Nacional de Participación y Vinculación, les corresponde, además, proponer estrategias y criterios para la educación superior (46,V), pero también como parte de las instancias colegiadas de participación y consulta (54) emitir propuestas y recomendaciones a la SEP acerca del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (como el que se creó con el INEE en el nivel básico con Peña Nieto) que tendrá mecanismos, instrumentos e instancias (¿el Ceneval?). En resumen, con esta Ley SEP-rectores-empresarios será difícil que los movimientos estudiantiles no achaquen a la 4T esta regresión neoliberal que los hiere. Y que la rechacen con una tenacidad e intensidad sólo comparable con la que hoy muestra el movimiento de las mujeres.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 78
Total Users : 35404100
Views Today : 91
Total views : 3333570