«Se están prohibiendo las exageraciones, por ejemplo una microfalda, un microshort, llevadas a la exageración, muy minúsculo… Esto no es machismo, estamos hablando de la presentación» de los alumnos, dijo la vicerrectora de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Nelly Román Paredes, citada el jueves por la edición electrónica del diario El Comercio.
«Esa es una forma de distraer la atención, a todo el mundo nos distrae eso», agregó la vicerrectora al justificar la medida que guardias uniformados se encargan de hacer respetar en los accesos del campus y que ha sido criticada por estudiantes de ambos sexos y organizaciones feministas.
«(Los estudiantes quieren) venir como les dé en gana, son amantes del libertinaje», afirmó el rector Rosel Quispe.
La norma que regula la vestimenta en esta institución pública y laica entró en vigor el lunes y desató protestas de los estudiantes, que afirman que evidencia una mentalidad «machista y retrógrada» por parte de los directivos de la universidad.
«No están queriendo dejar entrar con sandalias, con pantalones rasgados y mostrando los hombros. Están fomentando pensamientos machistas», afirmó una alumna, que pidió no ser identificada, al diario La República.
Las denuncias de estudiantes llevaron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú a iniciar una investigación en resguardo del derecho al libre acceso de los alumnos al campus.
La universidad tiene su sede en Puerto Maldonado, capital de la región amazónica Madre de Dios, en la frontera con Brasil, donde la temperatura promedio anual es de 26 grados centígrados, por lo que muchos estudiantes prefieren usar sandalias, faldas cortas o polos sin mangas.
El nuevo reglamento establece que «constituyen faltas leves de los estudiantes asistir a sesiones de clase vistiendo ropa no adecuada, es decir; short, faldas y pantalones cortos, rasgados, blusas y polos escotados, exhibición de ropa interior, (..), tanto en varones como en mujeres».
«Nos parece cuestionable que se haya dado esta medida, que no hace sino reflejar el machismo de la sociedad, porque la ropa no es la culpable de algún tipo de agresión o acoso hacia la mujer», declaró a la AFP la activista Claire Guerra Romero, de la organización feminista Flora Tristán.
Otra paradoja de esta norma disciplinaria es que fue instrumentada en una región «donde la oferta educativa es mínima, es como poner más barreras a los estudiantes», agregó la activista.
Los estudios de grado en los centros públicos cuestan entre 20.000 y 50.000 euros por lo que los jóvenes tienen que recurrir a un préstamo bancario con el aval del Estado.
El día que Belén Pérez acudió al recinto universitario para firmar el crédito que le permitiría tener acceso a los estudios superiores no lo podía creer. Fue en 2010 cuando, después de comer y acompañada de sus compañeras de carrera, ingresó al edificio y se encontró con una enorme carpa por la que desfilaban miles de personas. “Tenías que tomar un número y te asignaban un banco, entonces tenías que hacer la cola al banco que te tocaba”, recuerda la joven.
Belén tiene 26 años y hace dos se licenció en Ortodoncia en la Universidad Autónoma de Chile, de titularidad privada. Es una de las muchas estudiantes que tuvieron que endeudarse para poder acceder a la universidad. Una realidad que han vivido varias generaciones de jóvenes del país suramericano, uno de los más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina. En la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) se puso en marcha durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), pero fue ideado en el gobierno de su predecesor, Ricardo Lagos. Se diferencia de otros créditos porque el aval del estudiante es siempre el Estado. Inicialmente, el CAE se vendió como una fórmula para dar acceso y masificar la educación superior, que había quedado restringida a las clases más acomodadas tras los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet y su feroz privatización de derechos básicos. Después de la poca popularidad de otros mecanismos de financiación educativa, el CAE se presentó a los jóvenes como un crédito de fácil acceso que entregaba la posibilidad de tener un futuro abierto y lleno de oportunidades, sobre todo para aquellos que eran la primera generación de la familia que entraba a la universidad.
Este mes, Belén ha pagado su primera cuota del CAE. Después de 18 meses, ha llegado al final del llamado “período de gracia”, una especie de concesión temporal que dan los bancos para que los jóvenes encuentren un trabajo después de graduarse que les permita enfrentar la deuda. Una vez superado este plazo, ya no hay excusas y cada mes, puntualmente, los estudiantes deben abonar sus tasas. La dentista, por ejemplo, paga entre 172.000 y 220.000 pesos chilenos mensuales (entre 230 y 300 euros) al banco que financió su crédito. Tendrá que hacerlo los próximos 20 años. Su carrera es de las más caras del país –le cuestan, en total, casi 57.000 euros, incluyendo los aranceles anuales y la matrícula que se paga cada año– y, además, ella la cursó en una universidad privada. La misma licenciatura en una universidad pública saldría por unos 46.000 euros.
Fotografía: Daniel Labbe
Aunque el caso de Belén puede que sea extremo, lo cierto es que cualquier grado en Chile tiene costos elevadísimos en Chile. Por ejemplo, la carrera de Biología en un centro público cuesta unos 23.000 euros, mientras que la equivalente a un grado de Maestro de Educación Infantil oscila alrededor de los 22.000 euros. Unos costes que se asumen con muchas dificultades económicas ya que en Chile el sueldo mínimo es la mitad que en España.
Asumir la deuda implica quedar totalmente amarrado por años a los dictámenes de los bancos, que antes de entregar el crédito se han encargado de averiguar todo sobre el postulante: su barrio, el colegio del que procede, los empleos y remuneraciones de sus padres, la carrera que quieren estudiar y dónde.
Efectos en estudiantes y familias
Los efectos del CAE tuvieron un impacto casi inmediato en los estudiantes y sus familias. La tasa de interés, cuyo importe se suma al costo total de los grados, estuvo varios años al 6%, lo que provocó un sobreendeudamiento importante que complicó las opciones de pago de la deuda. Poco a poco se fue engordando una lista de morosos que no ha parado de crecer hasta hoy.
Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, hay más de 874.000 beneficiarios del CAE, de los cuales 397.000 están estudiando. De éstos, 151.000 están morosos, es decir, cerca del 40% del total, y arrastran una mochila que les afecta en muchos otros aspectos: desde la imposibilidad de acceder a una línea de teléfono u obtener su devolución de los impuestos hasta alquilar una vivienda.
“La impopularidad del CAE se intensificó cuando los primeros egresados tuvieron que empezar a pagarlo, porque cuando firmaron el crédito tenían 18 o 20 años y no tenían tanta claridad de lo que significaba”, explica Camila Rojas, exlíder del movimiento estudiantil y hoy diputada en el Congreso por la coalición de izquierda Frente Amplio.
“En el colegio nos dieron una pincelada sobre el sistema de becas y del crédito, pero en general uno lo tiene que aprender por las suyas”, indica Belén. La dentista reconoce que cuando le tocó firmar el CAE, después de dos horas de cola, leyó “lo poco y nada que se entiende” y que quedó con la sensación de recibir “un premio de consuelo” por no haber podido acceder a una beca.
Rojas señala como el descontento por la deuda se sumó a una crisis más profunda del sistema educativo que hasta hoy denuncia el movimiento estudiantil. “Se puso en cuestión la calidad de las carreras y que existiera una masa de universitarios que además de endeudados, luego tenían muchas dificultades para encontrar trabajo”, dice.
Las grandes manifestaciones estudiantiles de 2011 hicieron reaccionar al presidente de la época, Sebastián Piñera, quien llamó a un consenso con la oposición e ingresó un proyecto de ley que rebajó el interés del 6% al 2%. Sin embargo, la reducción no llegó por un gesto de “buena voluntad” de los bancos, sino porque el Estado decidió costear el 4% de los intereses de los estudiantes a través de recursos de sus arcas fiscales. “Esa política tuvo un impacto relevante para los endeudados porque, efectivamente, bajaba el interés, sin embargo, para el Estado la carga es muy importante y el banco sigue recibiendo el dinero”, lamenta Camila Rojas.
La diputada, que hoy preside la comisión investigadora del CAE en el Parlamento, creada para indagar si el beneficio de los bancos ha sido en detrimento de los estudiantes y qué respuesta ha dado el Estado ante eso, comenta que le han llegado denuncias de que no todos los bancos aplicaron la baja de interés del mismo modo. “Algunos en vez de bajar al 2% bajaron en un 2%, quedando el interés al 4%”, detalla. Por eso, desde la instancia que lidera se ha propuesto esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas del crédito, que sospecha que podría tener cláusulas abusivas e ilegales.
El beneficio de los bancos
Uno de los consensos que se ha instalado con fuerza entre los actores sociales y políticos del país es sacar a los bancos de la educación. Es una idea que hoy se defiende desde la derecha hasta la izquierda y el centro del abanico político en Chile. Después de más de una década, las autoridades y representantes se han dado cuenta de que las entidades bancarias han sido los principales beneficiarios de una política que ha exprimido las arcas fiscales del Estado.
Según el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, de la Fundación Sol, que investiga y analiza temas sobre trabajo, sindicalismo y educación, en el país suramericano la implementación del CAE logró cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la educación superior, pero el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos. La mayoría de ellos pertenecen a cuatro grandes grupos educativos privados y, además, varios están siendo investigados por lucrar con las utilidades que, según establece la ley, debieran ser reinvertidas en las universidades.
Fotografía: Movimiento Deuda Educativa
“El CAE tiene una incidencia muy importante en el aumento exponencial de las matrículas de estas instituciones privadas, lo que refuerza la idea de que el sistema de educación superior se mercantiliza y el sector público se hace más pequeño, con un índice de matrículas del 15%”, expone Marco Kremerman, uno de los autores del estudio.
El documento también revela que para hacer este negocio aún más atractivo para las entidades financieras, el Estado se comprometió a subsidiar a los bancos a través de un sistema de compra de créditos con sobreprecio. Pese a que inicialmente se comprometieron a comprar cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%, entre 2006 y 2017, la administración recompró el doble de los créditos comprometidos con un sobreprecio de 26,1%, es decir, 4,3 veces más que lo que se requería.
Sacar a los bancos
A pesar de que en su último gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet instauró un sistema de gratuidad para el 60% del alumnado más pobre, el CAE hoy representa el 26,5% del presupuesto de la partida destinada a Educación Superior, 24 puntos más que en 2006, y ha comprometido recursos para 2018 por 549.630 millones de pesos (casi 750.000 euros).
Para los que no pueden acceder a la gratuidad, la ex mandataria también propuso crear un nuevo Crédito Estatal de Educación Superior (Cepes) que excluía a la banca y se adaptaba al sueldo que reciben los profesionales más jóvenes. Sin embargo, dejó fuera dos aspectos innegociables para el movimiento estudiantil: salir del sistema de crédito y condonar la deuda a quienes quedaron atados al CAE.
La propuesta de Bachelet no alcanzó a avanzar y Piñera la retiró apenas llegó a su segundo gobierno en 2018. El presidente ha presentado ahora otro proyecto de ley -también basado en el crédito- para crear el llamado Sistema Único de Créditos (SUC), un mecanismo administrado por el Estado y sin intervención de la banca que establece en un 10% del salario el pago máximo que deberá hacer cada estudiante una vez haya finalizado sus estudios y tenga ingresos. El crédito tendrá una tasa de interés del 2% anual y la deuda se condonará a los 15 años de pago.
“Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE (…) El sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y discriminatorias diferencias que existen hoy en día”, aseguró Piñera.
Sin embargo, la iniciativa no ha dejado satisfechos a los estudiantes, que critican que no se haga cargo del problema de los morosos y que no condone la deuda. “Eliminar el CAE es eliminar un problema para futuros estudiantes, pero no para los morosos actuales o para los que finalizarán sus estudios dentro de dos años y que habrán cursado el 80% con CAE. Ellos van a seguir siendo deudores y morosos”, lamenta Marco Kremerman.
La deuda educativa carga sobre las espaldas de un país con unas tasas de endeudamiento que, en general, ya son muy elevadas. Las cifras estratosféricas que enfrentan los jóvenes que quieren formarse han hecho de la demanda por una educación gratuita y de calidad la principal bandera del movimiento estudiantil, que persistentemente no ha dejado de presionar para que los gobiernos les den una respuesta. Al final, lo que reclaman no es que se garantice el acceso a la educación, sino que se garantice el derecho.
America del Sur/ Argentina/ /www.elentrerios.comEl gobernador Gustavo Bordet sostuvo que la Universidad Pública “es un derecho” y que “no debería estar sujeta a criterio alguno de rentabilidad”. Lo hizo al recordar los 100 años de la Reforma Universitaria.
Bordet compartió con sus pares de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de Córdoba, Juan Schiaretti, la visita al histórico salón del consejo superior del rectorado antiguo de la Universidad Nacional de Córdoba. Los tres mandatarios recibieron una réplica del monumento que se construyó en esa ciudad para conmemorar el centenario de la reforma de 1918.
En ese marco, el gobernador entrerriano sostuvo que la Reforma “fue un hito histórico que tiene un correlato hasta nuestros días. Quienes nos educamos en las universidades públicas lo hicimos bajo los conceptos de la Reforma del 18, compartiendo lo que es una forma de gobierno donde los estudiantes tuvimos plena participación, sobre todo después de la recuperación de la democracia en 1983”, y completó: “Poder estar aquí, en esta casa histórica, conmemorando los 100 años, es realmente un orgullo”.
Bordet destacó el “espíritu transformador y libertario” de aquel acontecimiento histórico, “el fenomenal movimiento estudiantil de la Argentina”, y calificó a los hechos de 1918 como un “punto de partida para una educación pública, gratuita y de calidad, y para la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades”.
Además definió a la educación universitaria como “un derecho humano universal” y como “un deber” del Estado. “El acceso a ella es el primer y principal paso para lograr que haya verdadera justicia social en Argentina”, afirmó y ratificó que “la inversión en educación universitaria no debería estar sujeta a criterio alguno de rentabilidad”.
El mandatario entrerriano se remontó a “comienzos de los 80” y a los inicios de su militancia estudiantil en épocas de la recuperación democrática, donde llegó a ser consejero de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“Nos resultaba urgente dejar atrás cualquier vestigio dictatorial y alumbrar la esperanza de una transformación que consolidara la democracia y que recuperara el abrigo de la política para los más humildes”, expresó.
Para Bordet la universidad pública fue “el ámbito en el que nos formamos no sólo como profesionales, sino como militantes políticos, como hombres y mujeres de la democracia”, dijo y remarcó que fue ahí “donde abrazamos la lucha por la libertad frente a los dogmas instituidos y donde ratificamos nuestro compromiso con la verdad, como principal camino para construir una patria justa, libre y soberana”.
“Hoy celebro este aniversario recordando aquellos años tan hermosos de lucha, de debates y descubrimientos que me permitieron ejercer el cargo de Consejero de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y lo hago también con la tranquilidad que me da sabernos en la misma senda que antes, defendiendo con acciones concretas y mucha responsabilidad la universidad pública en la provincia que permite a miles de jóvenes ser los primeros universitarios de su familia. Porque sabemos que esa es la verdadera forma de conquistar las libertades que nos faltan”, concluyó.
Argentina / 15 de junio de 2018 / Autor: Josefina De Mattei / Fuente: Ladran Sancho
El intelectual brasileño visitará nuestra ciudad para brindar diversas charlas en la Universidad Nacional de Luján y en el Centro Cultural y Social José Artigas el martes 12 y miércoles 13 de junio.
El reconocido educador popular y teólogo de la liberación Frei Betto llega a diferentes sedes de la Universidad Nacional de Lujan (UNLu) para reflexionar sobre la actualidad que atañe a la universidad pública, organizaciones y educación popular durante el martes 12 y miércoles 13 de junio.
El ciclo de charlas surge a raíz de la visita de Frei Betto a la Argentina invitado por la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (C.E.I.P.) y organizado junto al Departamento de Educación de la UNLu. El escritor brindará una semana de conferencias que inician en Buenos Aires en la fábrica recuperada IMPA.
Frei Betto es co-autor con Paulo Freire del libro “Esa escuela llamada vida” y con Fidel Castro de “Fidel y la Religión”. De origen brasileño, el intelectual estuvo y continúa comprometido en la vida política de su país, cercano a los procesos de lucha de su pueblo: desde los movimientos eclesiales de base, los movimientos obreros y populares pos dictatoriales. Además, colaboró en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), su llegada al gobierno y encabezó el programa contra el hambre en el gobierno de Lula da Silva.
“Como educador e intelectual crítico y comprometido, Betto ha desarrollado la capacidad de ser un profundo analista de los procesos sociales, un sistematizador de los aprendizajes colectivos de los movimientos populares y un problematizador de los dogmatismos de diverso signo. Por ese motivo estamos invitando entusiastamente con la certeza de que se trata de una oportunidad para pensar juntos sobre aspectos sustanciales de nuestra actividad profesional y política”, expresaron desde la institución.
En Luján el primer encuentro comenzará el martes 12 de junio a las 14:00 en el Centro Cultural José Artigas, Mitre 846. El tema será “Actualidad latinoamericana y desafíos para la organización popular”, orientado a organizaciones y cooperativas de nuestro partido y ciudades cercanas con el objetivo de intercambio y reflexión entre el público y el escritor.
En el contexto del centenario de la Reforma universitaria, escenario que dio lugar a la democratización del acceso y a la corriente de pensamiento latinoamericano, el desfinanciamiento que sufre la universidad pública y las declaraciones de María Eugenia Vidal repudiados por la alta casa de estudios de nuestra ciudad, Frei Betto brindará conferencias en distintas sedes de la UNLu sobre la universidad pública en la actualidad.
El martes 12 de junio a las 18:00 en el auditorio de la Sede Central, Ruta 5 y Avenida Constitución, la actividad tratará de “Universidad Pública y Educación Popular”. En la delegación de San Fernando, ubicada en Avenida del Libertador 1700, el miércoles 13 de junio a las 10:00 brindará una charla sobre la “Educación popular en América Latina hoy”.
Finalmente, culminará su exposición el miércoles 13 de junio a las 18:00 en el Centro Regional San Miguel, Avenida Balbín ex-Mitre esquina Farías, orientado a “100 años de la reforma: universidad pública y desafíos populares”.
América del sur/Colombia/26 Abril 2018/Fuente: Semana
Cerca de 40.000 estudiantes universitarios de todo el país protestaron para exigir cambios en el modelo de financiación y en contra del programa Ser Pilo paga.
Desde muy temprano cientos de estudiantes de distintas universidades alistaron sus pancartas para salir a marchar por las calles de las principales ciudades de todo el país en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, tal y como quedó pactado en el Encuentro Nacional de Estudiantes (ENNES), celebrado en marzo, en el que se decidió llevar a cabo un paro de estudiantes desde el 24 de abril hasta el 25 del mismo mes.
Alrededor de las 9 de la mañana, en la Plaza Francisco de Paula Santander de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se empezaron a congregar los estudiantes de distintas facultades que con cánticos, comenzaron una caminata por toda la sede en busca de más compañeros para que se unieran a la iniciativa, “compañero, mirón, únase al montón”, gritaban por los salones de los edificios de la institución.
Ya en la salida de la calle 26, los universitarios salieron rumbo al punto clave de su encuentro, el Icetex. En la marcha se juntaron los estudiantes de la UNAL, la Universidad Libre y la Escuela Superior de Administración Pública. Más adelante se les incluirían la Universidad Distrital, la Pedagógica y la Universidad de Cundinamarca.
“Yo soy estudiante y quiero estudiar para cambiar la sociedad”, era lo que más repetían los jóvenes. Durante todo el recorrido muchos de ellos portaban máscaras de calaveras y otros llevaban lápidas de cartón en las que se podían leer epitafios como “aquí padecieron los no tan pilos” o “descanse en paz el Icetex, brille para él la deuda perpetua”, en representación de luto por la muerte de la universidad pública.
Al llegar a la institución de crédito educativo, la congregación llenaba los alrededores en el Parque de los Periodistas y por varias horas permanecieron allí en medio de los discursos de líderes estudiantiles que citaban los puntos por los que siguen luchando: la educación como derecho fundamental y bien financiado por el estado, acreditación con garantías, transformación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, reconocimiento y pago de deuda histórica del gobierno con las IES, autonomía perteneciente a las comunidades universitarias, entre otras.
Hace algunas semanas se había realizado el ENEES, que acogió a alrededor de 2.000 estudiantes de distintas universidades públicas del país y en él se debatieron los temas que hoy tienen en jaque al sector como el endeudamiento de miles de estudiantes con Icetex y distintas instituciones financieras, el poco acceso a la educación superior, la precaria financiación de la universidades públicas, el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso y ahora se le suma el programa Ser Pilo Paga.
Según las cifras, alrededor del 87% de los créditos que entrega el Icetex van dirigidos a estudiantes que entran a universidades privadas y el 12,58% para las públicas. Y de los estudiantes que hacen parte del programa Ser Pilo Paga, según cifras del Ministerio de Educación, el 82% estudia en universidades privadas y el restante 18% accede a una institución de educación pública del Estado.
Para Angie Aguirre, miembro de La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), esta marcha se hizo con el fin de visibilizar la lucha que se está haciendo desde los gremios estudiantiles para la defensa de la educación pública y reflejar la injusticia social que se vive desde la educación, más aún en época electoral “para que el próximo gobierno entienda lo que debe y no debe hacer”, aseguró.
Es necesario un modelo social de universidad pública, que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad frente a los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal.
Corría este y otros mensajes similares por las redes estos días con motivo del escándalo de la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, en cuyo currículum figura un Máster de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que a todas luces parece que obtuvo de forma fraudulenta.
Los datos que han salido a la luz muestran que aprobó asignaturas que se habían impartido antes de que Cristina Cifuentes se matriculase en el Máster en que se impartían, cuando además se había matriculado tres meses después del plazo legal para hacerlo. Falsificación de firmas en actas, trabajos de fin de máster que no se presentaron, tribunales que no existieron, no asistencia a clases en un máster presencial, aprobar sin hacer exámenes obligatorios… Algo que hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid admitió ante el parlamento regional, que ni fue a clase ni hizo los exámenes.
Todo un despropósito, que en cualquier Estado “civilizado” habría supuesto la inmediata dimisión o destitución de un cargo público de este nivel, no solo por el presunto fraude universitario cometido, sino especialmente por su reiterada persistencia en falsear la realidad o dicho más claramente, mentir, y cambiar las versiones de sus declaraciones en función de las nuevas denuncias periodísticas que se iban sucediendo.
Este tipo de actuaciones de algunos dirigentes políticos (aunque no solo políticos, por cierto), se asienta en la impunidad que parece regir en este Estado, donde se encarcela a raperos por cantar estrofas críticas y prescriben delitos de grandes causas de corrupción, se amnistía a las grandes fortunas que defraudan fiscalmente o se rescatan a los bancos con 1,5 billones de euros (no los 60.000 millones que nos suelen decir).
Impunidad cimentada por la cúpula de determinados partidos (los denominados partidos del régimen) y sus connivencias con el poder económico y mediático (véase el listado de dirigentes políticos de estos partidos que ocupan consejos de administración de empresas públicas privatizadas o de grupos de comunicación). Dirigentes políticos que han tratado de convertir la política en un negocio, como manifestaba Vicente Sanz, exsecretario general del PP de Valencia, cuando afirmaba “yo he venido a la política para forrarme” y que el exministro y Portavoz del Gobierno del PP, Eduardo Zaplana, confirmaba diciendo “me tengo que hacer rico” (de ahí buena parte del hastío de la población ante la política en general, y los partidos en particular).
Este clima de impunidad está generando que el humor se convierta en válvula de escape ante una realidad que parece desbordar todas las previsiones. Cada mañana nos desayunamos con nuevos casos de corrupción, sí, pero también de impunidad y vemos cómo Urdangarín celebraba su cumpleaños en Ginebra rodeado de la familia “real”, sin devolver un euro de lo que nos ha robado a todos y todas. Por eso el tuit que circula por las redes “hazte un Cifu: no hagas exámenes, súmate a la lucha contra las pruebas externas” emplea la ironía, casi el cinismo, para señalar quizá lo que se nos pasa por alto, en este espectáculo frenético de noticias de corrupción y escándalos, recordando el dicho: “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”.
Porque mientras se señala la corrupción, la “normativa” del PSOE y del PP legalizan la evasión fiscal a través de las SICAV. Mientras señalamos el rescate de autopistas, han desmantelado la banca pública y quebrado las cajas de ahorro. Mientras denunciamos el brutal aumento de la compra de armamento, han privatizado el sector estratégico de la energía y nos han convencido de que no tiene sentido el artículo 128 de la Constitución que señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Lo mismo pasa en este caso con la Universidad. Nos centramos en el escándalo Cifuentes, olvidando que ha sido esta presidenta de la Comunidad de Madrid la abanderada en el intento de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una próxima ley estatal, como denuncia la Coordinadora Universidades Públicas de Madrid.
Ya no se trata de que dos de los partidos del régimen, PSOE y PP, creen universidades a su imagen y semejanza (la Carlos III, el primero o la Rey Juan Carlos, el segundo). O que alguna de éstas parezca estar al servicio del partido (en el caso de la URJC cargada de escándalos como el del rector plagiario, el refugio dado a dirigentes implicados en la Púnica, la contratación ilegal de la hermana de Cristina Cifuentes o ahora el culebrón del master de la propia Cifuentes con la manipulación de un expediente para beneficiar a un cargo público). Ni siquiera de las conexiones con el poder, que amenazan la independencia de uno de los órganos vitales de toda democracia que debe generar progreso científico, humano, social y cultural. Se trata del modelo de Universidad Pública gerencial, elitista y segregadora que pretenden consolidar y que pone en evidencia este reguero de escándalos.
La doctrina neoliberal aplicada a la enseñanza superior en la LEMES, en un contexto de recorte presupuestario continuado, conduce a lo que se ha denominado el “capitalismo académico”: universidades cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias y con una formación y docencia fundamentalmente orientada por las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando “obsoletas” y se las obvia progresivamente. Este modelo pone la universidad al servicio del mercado, recortando la financiación pública, asignando presupuestos en función de la posición en rankings, utilizando los contratos-programa para decidir prioridades (incentivan, por ejemplo, el uso del inglés o la investigación frente a la docencia), y fomentando una lucha competitiva por los escasos recursos entre universidades, en vez de potenciar la cooperación interuniversitaria. Crea figuras de profesor visitante “distinguido” para conseguir la anhelada “flexibilización” en la contratación del profesorado, asegurándose el control del profesorado universitario y creando docentes de “elite” con contratos blindados y otros a 5 euros la hora.
Las universidades han dejado de ser espacios para enseñar, realizar trabajo académico, investigar y debatir sobre la ciencia y el conocimiento a ritmo pausado y profundo, y se están transformando en “universidades corporativas o emprendedoras” que requieren la obtención de resultados cuantificables, que puedan ser patentados, transferidos y explotados, mientras se recortan presupuestos para proyectos “improductivos” de orientación humanística o crítica. Orientándose de manera creciente a la formación para el mercado laboral, con un doble modelo: de élite para quienes se lo pueden pagar y de precariado para quienes no tienen recursos y medios. La universalidad propia del conocimiento universitario ha sucumbido al modelo pragmático e instrumental del saber al servicio de la economía. Parece no encontrar ya más razón de ser legítima que la salida profesional de los estudiantes universitarios y el beneficio que las empresas pueden extraer de las investigaciones y del “entrenamiento” que pueden recibir en ella los futuros trabajadores y trabajadoras de sus empresas, formados a costa del dinero público.
Fruto de ello es la penetración de la lógica del beneficio inmediato, que se va introduciendo progresivamente también en las dinámicas de investigadoras y académicos en que se enmarca este “cifuentesgate”. Lo que se está jugando, en definitiva, es el modelo de Educación Superior que se pretende y que responde a un modelo de sociedad.
Es hora de defender un modelo de universidad pública al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias, que pare los recortes privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal. Es necesario conseguir una Universidad pública y gratuita para asegurar el derecho de toda la ciudadanía a la educación superior, como sucede al menos en diez países europeos. Pero también es necesario profundizar y priorizar la función social de la universidad, consiguiendo un contrato educativo con la sociedad en su conjunto, que entienda la institución académica como un bien público y permita su desarrollo como tal, con una democratización radical de su funcionamiento y contenido.
En definitiva, un modelo social de universidad pública, que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad frente a los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal, exigiendo una universidad pública de todos y todas y para todos y todas.
Por cierto, mi enhorabuena, desde aquí al equipo de periodistas de eldiario.esque han destapado este “cifuentesgate”, recuperando la tradición de investigación más admirable del periodismo al servicio de la verdad y como vigilancia y denuncia del poder corrupto.
Cuando España se incorpora al Espacio Educación Superior de Europa, en los años de la organización contra el Plan Bolonia, se extiende la presencia de las prácticas en los planes de estudio. Es en este momento cuando aparecen la diferenciación entre prácticas extracurriculares y curriculares con el Estatuto de las estudiantes.
En pleno contexto de crisis, surgen las prácticas no laborales en empresa, una nueva figura alejada de las prácticas externas en universidad. Se configuran pues 3 tipos de prácticas no laborales en el sistema universitario español.
La función ideológica de la universidad respecto al sistema educativo en el capitalismo desempeña tres funciones principales: en primer lugar, la cualificación de la futura mano de obra, en segundo lugar, la producción y transferencia de conocimientos y en tercer lugar, la reproducción ideológica capitalista y patriarcal. Las prácticas en la universidad sostienen pues, las mismas características, pero acentuadas.
Las practicas suponen nuestro primer contacto con el mundo del trabajo asalariado y éste está completamente aislado de derechos y con un nulo contacto con el sindicato de las trabajadoras en la empresa. Es decir, supone la subordinación a los códigos del sistema productivo capitalista, junto la segregación por sexo por ramas de conocimiento y puestos de trabajo.
Las prácticas en las sucesivas adaptaciones del modelo productivo, ha cumplido la misión de asegurar una mano de obra totalmente gratuita con una gran flexibilidad de adaptación, es un completo proceso de alienación en el que realizamos prácticas para realizar un mejor trabajo para los dueños de producción.
La mayoría de los hijos, pero sobre todo hijas de la clase trabajadora no pueden permitirse la realización de prácticas universitarias sea éstas cuales sean puesto que generalmente las prácticas se realizan a tiempo completo y en adición al horario lectivo. Esto hace imposible compatibilizar y conciliar estudios, familia y cargas de cuidados y trabajo; suponiendo una expulsión de las estudiantes en estas circunstancias de cualquier tipo de prácticas, ya que trabajamos para pagarnos los estudios.
También se produce una privatización exógena de la educación pues la empresa privada gana presencia y en ocasiones gestiona directamente este tipo de prácticas.
Nuestra propuesta para el debate: apostar por la máxima laboralización de las prácticas. Es necesaria la eliminación de las prácticas extracurriculares y la eliminación de las prácticas no laborales en la empresa, pasando a regulación propia de un contrato laboral, el contrato de prácticas que se encuentra regulado en el estatuto de las trabajadoras. Esta regulación siempre ha de aspirar a que el reconocimiento de la relación laboral vaya acompañado de una remuneración y derechos de la estudiante, que entra en el mundo del trabajo, totalmente dignas.
A su vez, esta propuesta ha de ir acompañada con la defensa inevitable de la industrialización y cambio de modelo productivo bajo los principios que plantean tanto UJCE como PCE.
Por último, es necesario que cualquier regulación se adapte a la conciliación de la vida estudiantil, como trabajadora y como integrante en una vida familiar; así que debemos aprovechar el debate que se abre para exigir también tiempo parcial en las prácticas, así como otras herramientas facilitadoras.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 14
Total Users : 35404281
Views Today : 18
Total views : 3333792