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El Congreso Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional: Un pasito pa’ delante, dos pasitos para atrás

Por: Miguel Ángel Pérez

Hace meses se dio a conocer el arranque formal de lo que se conoce como el Congreso Nacional Universitario (CNU) en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.), con una estructura nacional pensada para organizar y promover dicho congreso por Unidades y sub-sedes, estados, regiones e incluyendo la Unidad del Ajusco a la cual se le ha definido como la unidad central de la Universidad.

El congreso en cuestión ha caminado demasiado lento debido a la formalidad en sus reglas y al centralidad y exceso de atribuciones que ha tenido el Consejo Universitario de la Universidad, órgano facultado para cuidar de dicho proceso y que lo han cuidado tanto que el proceso camina despacio y con poca o pobre participación por parte de la comunidad universitaria.

Con tres grandes ejes programáticos:

  • Diagnostico institucional.
  • Definición de la figura jurídica y
  • Proyecto académico y de desarrollo institucional.

En estos momentos y después de haberse agotado el punto sobre el Diagnostico, la comunidad universitaria de una buena parte de la UPN a nivel nacional, comienza a adelantarse y a buscar consensos con respecto a la figura jurídica, perdón lo pondré así FIGURA JURIDICA debido a su importancia.

Como ya ha sido discutido y publicado por otros colegas, este CONGRESO es especialmente relevante, el cual se enmarca en un momento histórico relevante, nos coloca en una posición no solo de poder decidir el presente sino incluso el futuro de nuestra Universidad (aquí hablo en primera persona porque forma parte de la comunidad de esta Universidad pública).

Fundada en el mes de agosto de 1978, como organismo público desconcentrado del gobierno federal, con muchos logros y aciertos a lo largo de 40 años de historia, en estos momentos la comunidad de la UPN debe decidir sobre la base de una agenda y una serie de prioridades que se han ido acumulando con el paso del tiempo.

En la primera fase del Congreso, los resultados del diagnóstico por región y a nivel nacional demostraron las distintas carencias y las condiciones desfavorables bajo las cuales se encuentra la UPN a nivel nacional y algo sorprendente ha sido la pobre participación de los integrantes de la comunidad en la conformación de propuestas y en la integración de debates y discusiones informadas.

Al tener el año de 1992 como fecha clave para entender en un contexto global un poseso paulatino de perdida y de desprendimiento del proyecto nacional de la Universidad Pedagógica, en términos institucionales la Universidad se tornó en una losa pesada difícil de sostenerse desde el centro, no sólo en términos financieros, sino también operativos. Si bien la Universidad vivió su primera década con grandes apoyos, con el paso del tiempo pasamos a lo que le llano un descuido institucional tanto de adentro como de afuera de la propia UPN.

Las condiciones innequitativas en cuanto a recursos y apoyos, la contradicción insalvable en la relación Ajusco vs Unidades del país, dan cuenta de una Universidad fragmentada y segmentada en pequeñas parcelas. Hoy en día, el sistema de unidades en el país (se decía en los resultados del diagnóstico) se vive con los mismos recursos que hace 20 o 30 años, pero con un incremento incalculable en la incorporación de nuevas tareas, el incremento de asuntos de diversa naturaleza: la diversificacion de la oferta académica ha hecho que la UPN entre a un escenario de complejidad, pero bajo de implicación y el ninguneo institucional. Hace años los proceso de reclutamiento de nuevos docentes (concurso de oposición) y de recategorización o reclasificación para avanzar en la carrera académica eran regulares año con año, hoy en día sin justificación alguna vivimos en una constante nacional de inestabilidad en el empleo (la plantilla nacional da cuenta de que del 60 al 70% del personal docente labora bajo condiciones distintas a la basificación por falta de concurso y que muchos docentes ya dictaminados por la CAD, no pueden avanzar en el logro de categorías más altas en la carrera cadencia, debido a esta parálisis institucional que falta de los últimos años. Si bien este es un asunto laboral no es problema menor y afecta estructuralmente las condiciones de trabajo y la vida entera de las 76 unidades UPN en el país.

Bajo este marco, y bajo este contexto me surgen algunas preguntas:

¿De qué manera aprovechar este congreso universitario para fortalecer un proyecto nacional que atienda necesidades regionales y que beneficie a todas y todos?

¿Después de un largo y turbulento proceso de 40 años ahora a qué tipo de Universidad aspiramos y cómo pretendemos lograrlo con los recursos y las condiciones actuales?

¿Cómo resolver el asunto de los consensos y la legitimidad de los acuerdos de tal manera que este congreso se aproveche para avanzar estructuralmente, no para retroceder?

Al ser la UPN una universidad grande y diversa en pluralidad y en perspectivas. La diversidad de las propuestas es una de sus distinciones identitarias.  Desde hace años se ha arraigado una serie de grupos, bloques, agrupamientos, expresiones, corrientes, expresiones etc., que conforman iniciativas a académicas con un fondo ideológico por llamarlas de alguna manera al abanico de posibilidades que actualmente tenemos, ello nos coloca ante una realidad la cual no es posible ni negar ni tampoco evadir. Y el congreso está obligado a avanzar bajo esta realidad o a pesar e ella.

El tiempo para decidir el asunto de la figura jurídica ha comenzado su cuenta regresiva. En este sentido las posibilidades son varias: ¿autonomía, refundación, descentralización, desconcentración, el seguir igual, etc.? Y lo que se sume en este proceso. Sin embargo, el problema no sólo tiene que ver con el reconocimiento de identidades y pequeñas propuestas sino la forma en cómo vamos a abrir la discusión para lograr acuerdos, el problema no solo se decide a partir del sesgo institucional, no sólo se trata de pensar en lo que queremos, sino también en todo aquello que es viable, factible y lo que se espera (socialmente hablando) de una universidad nacional, temática y con una profunda tradición democrática.

Me parece que el primer punto sobre el que habría que consensuar es acerca de conservar el carácter nacional de la Universidad, pero también con un profundo respeto con respecto a las dinámicas y las necesidades regionales.

La nueva ley orgánica de la UPN por construirse, deberá ser lo sufrientemente clara que garantice definir no sólo lo que somos ahora (lo que es la UPN) sino también a lo que aspira, mantener los logros, el avance, definir necesidades del presente y una estrategia y ruta de acción que brinde claridad para el futuro inmediato.

El dilema consiste en pensar hacia dónde decidir en dónde colocarse. Si en el seno del mundo de las universidades (tipo ANUIES), con los beneficios de autonomía que ahí se tienen, pero también con la serie de limitantes sobre todo de corte financiero, o en el sub sistema de Normales (en la DGESPE), por el asunto de la formación en donde ya sabemos, la serie de limitantes que se viven sobre todo en los estados.

Esta contradicción no es poca cosa, por años hemos vivido una contradicción con distintos matices con el sub sistema de Normales. ¿a que aspiramos entonces, en dónde queremos estar?

Por lo tanto, las letras y los términos de la ley por escribirse deberán ser tan claros que no sólo resuelvan el problema del presente, sino que también contribuyan a prevenir los desafíos del futuro.

El reto al definir lo concerniente a la figura jurídica, es que se necesita que le soporte, sustento y legitimidad al marco de legalidad de la UPN de cara al futuro. Todo ello, no se podrá lograr, a partir de que una expresión (incluyo al Consejo Académico) se coloque por encima del resto, pero tampoco es posible pensar el tratar de acceder a una especie de eclecticismo en aras de avanzar. Se trata entonces de construir una propuesta potente que rescate los principales aportes de cada expresión, para ello se requiere disposición, diálogo y una profunda horizontalidad democrática. Se trata de que la UPN sea capaz de dar un gran salto y se piense como la Universidad Pedagógica del siglo XXI que México necesita. La descalificación de expresiones en diferencia, el madruguete de supuestos avances, son malos consejeros, que impiden la construcción de verdaderos consensos.

En todo este contexto la comunidad de la UPN a nivel nacional requiere de panqueas señales. De acciones que den cuenta de la una disposición verdadera por arribar a una Universidad que vive la democracia, no solo que habla de ella.

  • Se requiere regularizar las condiciones laborales de cerca del 70% de la plantilla nacional del personal académico.
  • Definir el asunto de la distribución equitativa de los recursos financieros.
  • Ordenar la oferta académica de los programas educativos nacionales y por estado.
  • Y el último punto de corto plazo, se trata de buscar un recurso que permita equilibrar las políticas y equilibrar la relación entre la autoridad nacional con las autoridades locales o estatales, delimitar funciones y atribuciones ¿Qué les toca a las autoridades de la Universidad y qué a los gobiernos estatales?

Necesitamos trabajar intensamente para construir consensos y que para que el Congreso Universitario resuelve un mejor futuro para la UPN en México. En todo ello y hasta ahora hay una serie de evidencias de excesos en la centralización de atribuciones y en la pobre participación de los integrantes de las comunidades universitarias.

Es necesario tomar con seriedad este congreso, y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Parece que el concepto de democracia se ha tornado en retórica, se trata de vivir la democracia en cada espacio y para lograr cada consenso. Un asunto prioritario, es poder equilibrar los espacios de participación, todas y todos tienen derecho a expresarse, pero pareciera que el congreso está siendo controlado o hegemonizado desde una sola perspectiva universitaria. Se trata de dar voz y poder a los grupos o expresiones que tradicionalmente han estado silenciadas o marginadas en la Universidad.

Arribaremos a mejores consensos cuando verdaderamente logremos sentir que este congreso es de todas y todos los integrantes de la UPN y entendamos que el mismo, es la oportunidad histórica para definir un mejor rumbo para la UPN.

Reconocer que somos herederos de una cultura de debate informado, que aportamos y aprendemos en comunidad, que el diseño de la oferta académica (amplia y diversa), se ha creado a partir de una cultura de participación hecho por todas y todos, que esa es la mística y la vocación que tenemos como huella fundacional, Construir de manera plural y colectiva. El congreso entonces será la principal obra que la UPN construya en esta segunda década del siglo XXI.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-congreso-universitario-de-la-universidad-pedagogica-nacional-un-pasito-pa-delante-dos-pasitos-para-atras/

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Nuevo proceso de admisión con una admisión inconclusa

 Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, a partir de la aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, las disposiciones legales y normativas para el ingreso al Servicio Profesional Docente cambiaron sustancialmente. Los exámenes de ingreso, conjuntamente con el cumplimiento de ciertos requisitos, fueron algunos de los aspectos que los aspirantes tendrían que realizar para que accedieran y ocuparan un lugar dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN). De ahí que, como también sabemos, una vez que los participantes pasaban los filtros establecidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y, desde luego, si es que los resultados les eran favorables de acuerdo a las listas de prelación y las vacantes disponibles, éstos ingresaban al magisterio de manera provisional, por lo cual se les otorgaba un nombramiento con un código 89 “Alta por Tiempo Fijo, por Ingreso al Servicio Profesional Docente”.

Ahora bien, después de cierto tiempo (que variaba entre los 6 meses a un año, aproximadamente), muchos de estos maestros y maestras tuvieron que realizar un examen de diagnóstico para que pudieran cambiar el código 89 por un FU “Alta Definitiva por Ingreso, SPD”; esto no significaba que ya tenían en sus manos una Alta Definitiva, puesto que la misma ley estipulaba que al término de dos años los recién ingresados al SEN, tendrían que realizar otro examen para que les fuera otorgado el código FV “Alta definitiva por ingreso y evaluación, Servicio Profesional Docente” que, en sentido estricto, no era otra cosa más que lo que muchos conocemos como código 10 “Alta definitiva”.

Todo lo anterior se realizaba con fundamento en lo que se conoció como “Disposiciones en materia del Servicio Profesional Docente” que emitió la CNSPD (CNDSP, 2017) y, de los cuales, hay que señalarlo, las entidades federativas lo aplicaban bajo su propia interpretación y, por tal motivo, muchas de los nombramientos que se dieron durante este sexenio variaron en cuanto a su temporalidad (aplicaciones de exámenes diagnóstico y de los dos años) y características de los formatos de dichos nombramientos. En fin.

Con la aprobación de la reforma a la reforma educativa de 2013, este esquema cambió un poco.

Por principio de cuentas vale la pena recordar, que las leyes y normas relativas a los procesos de admisión se modificaron, siendo lo más significativo, el hecho de la preferencia que tendrían los egresados de las Escuelas Normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para ocupar un lugar en el SEN.

Ahora, sobre los requisitos y demás cuestiones que los aspirantes a ocupar una plaza deberían atender, de acuerdo a las convocatorias que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) ha emitido hasta el momento, no han cambiado mucho que digamos; la realización del registro previo cumplimientos de ciertos requisitos, el haber tomado un curso sobre la Nueva Escuela Mexicana y la aplicación de un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, son los aspectos que hemos visto, de manera particular, el año pasado.

Y es precisamente esta última cuestión, lo que me lleva a escribir estas líneas porque, como se sabe, el proceso de admisión del año pasado no se completó o quedó inconcluso dada la imposibilidad, por parte de la USICAMM, de realizar la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes (examen) a todos los que participaron en este proceso; esto, por la declaración de contingencia sanitaria decretada por el Gobierno Mexicano generada por la pandemia que ya conocemos; sin embargo, dos etapas sí se llevaron a cabo y, conforme a ello, se otorgaron nombramientos “provisionales o temporales”. Asunto poco fácil de entender porque, mientras la federación ha puesto y dispuesto “ciertas normas” en la emisión de nombramientos a los participantes que obtuvieron un resultado favorable y que les permitió acceder a éste, en las entidades federativas, dichos nombramientos tienen sus propias particularidades, más en el ámbito de la Descripción del código que de éste mismo. Me explico.

Por la imposibilidad de aplicar el instrumento de valoración ya referido, más o menos en mayo del año pasado, la USICAMM emitió un comunicado mediante el cual informaba que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento quedarían suspendidos por la contingencia sanitaria y que, por tal razón, ésta se encontraba analizando las actividades del calendario anual de esos procesos de selección; hecho que generó reacciones diversas entre los participantes. Quiero pensar que, por tal razón, y por la obvia disponibilidad de vacantes en los estados, se entregaron nombramientos con ¿código 99?, esto siempre y cuando se cumpliera con lo estipulado en los “Criterios excepcionales para el proceso de selección para la admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-2021” (USICAMM, 2020) que la USICAMM emitió, repito, hace un año por las condiciones sanitarias del país, dejando obviamente, pendiente la aplicación del instrumento de valoración en comento.

¿Por qué un código 99 y no uno 95 “Alta provisional”? La respuesta seguramente se encuentra en la USICAMM, sin embargo, al igual que otros colegas lo han pensado y afirmado, supongo que este código es un “número identificador” que se le asignó a todos aquellos que participaron en el proceso que no ha concluido. ¿Está fuera de toda norma la emisión de este código? Al no encontrarse como tal en los “Lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º constitucionales”, publicados en el diario oficial de la federación el 15 de mayo, mi respuesta es afirmativa, es decir, este código está fuera de toda norma dado que no se tiene un sustento legal que lo fundamente más que, muy probablemente, la decisión que tomó la USICAMM y que, desde mi perspectiva, afecta a cientos de maestras y maestros que en próximas semanas, verán concluida la vigencia del nombramiento otorgado hace un año.

Este código 99, supongo, puede ser definido como “Alta Provisional”, si es que se tuviera el catalogo o un documento que estableciera los nuevos nombramientos con sus respectivos códigos y descripciones, sin embargo, poco se conoce sobre este tema, aún y cuando este gobierno ha pugnado, desde su inicio, por la “transparencia”. Esto lo digo porque es obvio que al reformar las leyes y dejar sin efecto las disposiciones reglamentarias de la reforma educativa de 2013, tendrían que haberse emitido otras que sustenten los nombramientos, códigos y descripciones a partir de la reforma de 2019 pero, insisto, poco se sabe de ello. Ojalá la USICAMM de a conocer estas disposiciones para que haya mayor claridad y transparencia, principalmente, para los interesados.

Y bueno, todo este asunto se complica en demasía porque, si usted revisa los documentos (formatos) que elaboraron las Secretarías de Educación de las diferentes entidades federativas y que contienen los nombramientos, códigos y descripciones que les fueron entregados a los participantes una vez que obtuvieron un lugar provisional en el magisterio, la cosa no está para creerse puesto que, en estos estados, se emitieron una serie de nombramientos con una variación de códigos y descripciones, aun y cuando la USICAMM diera a conocer que a todos ellos debería asignárseles un código 99; no obstante, en algunos casos el formato con el código 95 no se cambió o se canjeó por parte de los interesados o por cuenta de las áreas responsables del proceso y, por tales razones, aunque se encuentran prestando sus servicios profesionales en alguna zona escolar, el hecho de que en próximas fechas se inicié otro proceso de admisión podría generarles dificultades que, líneas más adelante explico, porque es importante ejemplificar algunas de las inconsistencias que he podido observar en algunos de los profesores que tienen en su formato un código 95 o 99 con descripciones diferentes, situación que puede ser susceptible de variadas interpretaciones al momento de que se tenga que aplicar el instrumento de valoración ampliamente referido, por ejemplo, a un profesor le otorgaron un nombramiento con código 95 “Alta provisional” y la autoridad local no lo ha cambiado por uno 99, a otro le dieron un nombramiento con código 99 pero “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, a otro, un nombramiento con código 99 “Alta provisional”¸ a uno más, un nombramiento con código 99 “Tiempo fijo”, etc.

En consecuencia, bien haría el USICAMM en aclarar todo este asunto porque, con el comunicado que emitió en su página hace unos días, en cuanto a que ésta determinará las fechas para aplicar los instrumentos de valoración de conocimiento y aptitudes al personal docente o técnico docente al que se le haya asignado una plaza vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo ha generado, de nueva cuenta, reacciones diversas. Ciertamente, se entiende que las listas de prelación (y los criterios de valoración para la admisión del año pasado) fueron un indicador para el otorgamiento de vacantes definitivas o temporales, sin embargo, como bien sabemos, en las entidades los documentos que se emiten difieren dada la interpretación que las autoridades educativas hacen de éstos. Es decir, si a un profesor o profesora se le entregó “por error” un nombramiento con código 99 “Alta Provisional” cuando tuvo que haber obtenido un código 99 “En vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, ¿deberá ser considerado para la aplicación del instrumento de valoración y no para el nuevo proceso de admisión?

Bien valdría la pena que antes de emitir otra convocatoria para el proceso de admisión para este año, se trabaje en lo que aún se tiene pendiente del año pasado y, sobre todo, se ponga un orden en cuanto a la emisión de nombramientos en las entidades. A muchos profesores el tiempo los está alcanzando, dada la vigencia de la emisión de sus nombramientos y, sería favorable, que todas estas dudas las disipara la USICAMM para que tuvieran una seguridad en cuanto a dos cuestiones: la aplicación del instrumento de valoración, si es que fue otorgado un nombramiento con código 99 “En vacancia definitiva con nombramiento por tiempo fijo”, o bien, la realización de todo el proceso de admisión dado su nombramiento de carácter temporal. En cualesquiera de los casos, ojo, el que el profesor responda su instrumento de valoración o el que realice otra vez el proceso de admisión, no significa que vaya a obtener un código 10 que, en términos sencillos significa: “Alta definitiva” porque, para como están las cosas y dado el deficiente trabajo que viene realizando la USICAMM, podría esperarse cualquier cosa. Menudo problema tiene en sus manos esta Unidad administrativa.

Desde mi perspectiva, como desde hace años viene sucediendo cuando se “definió” la aplicación de un examen para el ingreso al magisterio, los afectados, por toda esta serie de irregularidades faltas de orden y transparencia, son los maestros y, principalmente, los alumnos, quienes poco saben si contarán en las próximas semanas con el maestro que les estuvo dando clases, o si es que estos últimos serán recontratados bajo el mismo esquema  y con las mismas irregularidades en la emisión de sus respectivos nombramientos.

Referencias:

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/nuevo-proceso-de-admision-con-una-admision-inconclusa/

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USICAMM y MEJOREDU: las contrariedades para la evaluación del Desempeño Profesional en la Promoción Horizontal

 Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, con la llegada del “peñanietismo” a la Presidencia de la República, y con la consecuente aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, México, en materia educativa, vivió uno de los momentos más desafortunados de su historia. Se priorizó la evaluación docente y se tiró al bote de la basura el esquema de formación continua y de desarrollo del profesorado mexicano que, con altas y bajas, se venía dando a nivel nacional.

De hecho, la “formación continua” que durante este sexenio se brindó fue paupérrima, caracterizándose por ofrecer algunos cursos cuya intención consistía en “preparar” a los profesores para la evaluación docente y para que conocieran el “nuevo modelo educativo”. Un ejemplo de ello es lo que se observa en el documento del Seguimiento de la Estrategia Nacional del Programa de Desarrollo del Personal docente dado a conocer en 2018, mismo que resalta: 1) Que durante el 2018 se ofrecieron 19 cursos en línea sobre el Plan y Programas de Estudio sobre el Modelo Educativo 2017. 2) Para atender las tres líneas que contemplaba la estrategia nacional que se derivó de la evaluación se implementaron: a) cursos sobre la formación del proyecto de enseñanza y los proyectos de las figuras correspondientes; b) para los ATP en tutoría y servicio de asistencia técnica a la escuela (SATE).

Sí, así como lo leyó usted, desde la visión de quien operó en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esos años, la formación del profesorado se limitó al ofrecimiento de cursos en línea para que los maestros y maestras pudieran afrontar la evaluación de su desempeño docente y para que conocieran el “nuevo” modelo educativo. No se pensó en la adquisición, logro y mejora de los aprendizajes de los niños a través de sus docentes. Quizá, ello explica por qué en ese mismo año se dio a conocer que, en 2017, la capacitación de profesores a través del Programa de Desarrollo Profesional Docente ejerció el presupuesto más bajo de ese sexenio puesto que, aunque fueron aprobados mil 654 millones de pesos, solo se gastaron 949 millones, es decir, tuvo un subejercicio de 42%, cifra que obviamente contrasta con el gastó de 2,680% más del presupuesto aprobado para comunicación (Roldán, 2018) para, irrisoriamente, posicionar la imagen del Secretario.

Ahora bien, es cierto, durante este periodo, y con anterioridad, el tema de la formación continua y desarrollo profesional, dada la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), se trasladó hacia un esquema de “incentivos económicos” mediante los cuales, por voluntad propia del profesorado, se podía acceder a éstos a través de una evaluación de diversos factores que arrojarían un puntaje determinado, mismo traería una repercusión en su salario. Es decir, un aumento salarial dados los porcentajes y niveles establecidos en las normatividades correspondientes.

¿Qué pasó con la Universidad Pedagógica Nacional (y sus respectivas Unidades), los Centros de Actualización del Magisterio (CAM), las Escuelas Normales, los Centros de Maestros o las Áreas o Departamentos dependientes de las Secretarías de Educación en los estados encargados de brindar una formación en el servicio a los profesores? Esa otra historia porque, como bien sabemos, aunque su función tiene sus propias particularidades, algunas de estas instancias se encargaban de ofrecer una capacitación, actualización o profesionalización del magisterio mucho antes de que el esquema por “estímulos” se implementara con el Programa Carrera Magisterial (PCM). Pasamos entonces de una formación y desarrollo del profesorado tendiente a obtener un incentivo “simbólico” (Cordero, 2021), a otro cuya intención consistía, y aún consiste, en la obtención de un estímulo económico por su constante preparación a partir de su desempeño docente.

Este tránsito, desde mi perspectiva, trajo bondades, pero también vicisitudes, puesto que las normas, reglas y criterios que se diseñaron para valorar la formación continua y, más tarde, el desempeño docente, se vieron modificados.

Antes de la reforma educativa de 2013, los profesores que deseaban participar en el PCM podían acudir a para tomar cursos, talleres, seminarios, diplomados que el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica (PRONAP), y otras instituciones, ofrecían, mismas que, en su mayoría, contaba con el aval de la SEP puesto que sus ofertas de capacitación, actualización y profesionalización, habían sido sometidas a una valoración por diferentes áreas, departamentos o instituciones. Luego de algunos años en que operó, particularmente el PRONAP, éste se sustituyó en 2008 por el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SNFCSP). ¿La razón? Tuvo que ver con lo que algunos informes señalaban en cuanto a que con el transcurrir de los años, CM había propiciado que los profesores tomaran cursos para acumular puntos. Cuestión, hoy día, todavía debatible. Me refiero a lo señalado en esos informes.

Ahora bien, en 2013, al desaparecer el PCM y todo lo que ello trajo consigo, como el surgimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que sustituyó a los anteriores, se relajaron estos criterios y, por ende, comenzaron a surgir una serie de empresas u organizaciones que ofrecían sus servicios a través de diversos medios de comunicación para que los profesores pudieran obtener alguna constancia, diploma, etc., por haber cursado o asistido a “x” o “y” curso, taller, seminario, etc., aun cuando su carta descriptiva y contenido no fuera valorado, supervisado o aprobado por algún Departamento o Área de la SEP. Consecuentemente, ello podría haber representado que, a mayor cantidad de constancias obtenidas, presumiblemente, mayores posibilidades de lograr un estímulo. ¿Qué pasó entonces con la formación continua en nuestro país? Curiosamente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el 2018, publicó un estudio en el que señaló que: “así como está actualmente conceptualizada, diseñada, e implementada, la Estrategia Nacional de Formación Continua y Desarrollo Profesional de 2016 podría enfrentar serias dificultades para lograr su objetivo de contar con profesionales que garanticen una educación de calidad y aseguren un óptimo aprendizaje de los alumnos en un marco de inclusión y equidad (Santibáñez, Rucio y Vázquez, 2018). Y efectivamente, las enfrentó, y nunca supieron cómo superarlas porque los tiempos ya no se los permitieron. ¿Qué paso en cada uno de los estados con las instancias de formación docente en esos años? Se desdibujaron y, las empresas y organizaciones capacitadoras tuvieron un auge importante.

Llegado el 2018-2019, y la consecuente aprobación de la reforma a la reforma educativa de 2013, las cosas, al menos en el papel, cambiaron un poco; surgió la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la Educación, y de las cuales se deprendieron la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). La primera, un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene su cargo atribuciones que le confiere la ley, entre las que destacan, el normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función, directiva o de supervisión. La segunda, constituida como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, entre otras funciones, le corresponde atender la formación continua, la actualización de conocimientos de las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que contribuyan a la superación docente de las maestras y maestros en servicio.

Los propósitos, tanto de la USICAMM como de MEJOREDU, son claros. La ley respectiva así lo específica, sin embargo, después de que hace unos días se anunció el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, la USICAMM emitió un comunicado que generó un debate importante, tanto en las redes sociales, como en otros espacios. Dicho comunicado señalaba, de manera particular que: a la fecha no se han establecidos los programas de formación, capacitación y actualización previstos en la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, por lo que en la implementación del proceso previsto en el Programa para 2021, no será considerado el factor Desarrollo Profesional y su puntaje (30 puntos), por lo que el puntaje máximo que puede alcanzar el proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos será de 300 puntos” (http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/compilacion/2021.html).

Como era de esperarse, MEJOREDU respondió a tal comunicado porque, si bien es cierto que la Ley a la que alude la USICAMM atañe a algunas de las atribuciones que MEJOREDU tiene especificadas, también es cierto que la USICAMM no ha sabido qué hacer, cómo actuar, ni de qué manera se puede interpretar la ley propiamente dicha, eso lo veremos más adelante. La respuesta que líneas atrás refiero, MEJOREDU la brindó en estos términos, particularmente en el punto 3: “Mejoredu no ha recibido los resultados de los procesos de selección, la promoción y el reconocimiento, de conformidad con lo señalado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros respecto a los programas de formación”.

Interesante respuesta que me llevó a consultar las leyes señalas y, de las cuales obtuve lo siguiente; se los comparto.

La Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), efectivamente, en su Capítulo III De los ámbitos de competencia, Art. 14, Fracción XVII, establece que le corresponde a la Secretaría (a través del USICAMM): “Enviar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en la LGSCMM, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros” (DOF, 2019). Por su parte, el Art. 16, de la Ley Reglamentaria del Art. 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación, relativo a la oferta de formación, capacitación y actualización del magisterio, señala que: “El personal elegirá los programas o cursos de formación, capacitación y actualización en función de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica en que participe o de sus necesidades, intereses, habilidades y capacidades, tomando en cuenta además los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos”. En el Art. 17 de esa misma ley se especifica que: “La Unidad del Sistema, enviará a la Comisión los resultados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento previstos en la Ley respectiva, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros” (DOF, 2019).

No obstante, lo anterior, aún hay más, en el Programa Institucional 2020-2024 de MEJOREDU se señala que esta Comisión: “tiene la atribución de emitir criterios y programas para la formación continua y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, con base en el análisis de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento propios del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros” (MEJOREDU, 2020).

Consecuentemente, reafirmo que alguien no ha hecho o no está haciendo el trabajo que le corresponde porque, como hemos visto, la ley es clara en cuanto a las atribuciones o funciones que a cada instancia le compete. Es más, si usted revisa lo que estipula el Art. 23 de la Ley Reglamentaria en referencia, sobre las evaluaciones diagnósticas, encontrará que: “La Unidad del Sistema determinará los procesos, criterios e indicadores, además de los mecanismos de participación de las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México y los organismos centralizados, mediante los cuales se realizarán las evaluaciones diagnósticas al personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, en términos de las disposiciones previstas en esta ley”. (DOF, 2019). Evaluaciones diagnósticas que, hasta la fecha, no han sucedido y eso que ya llevamos dos años de gobierno.

Luego entonces, después de este amplio recorrido que he hecho sobre la formación continua y el desarrollo profesional, y considerando el impacto que la decisión tomada por la USICAMM hace unos días en cuanto a eliminar uno de los elementos multifactoriales para la promoción docente en este año, queda preguntarnos si es que no existe la posibilidad de que el trabajo que ésta realiza esté apegado a la normatividad correspondiente porque, si bien es cierto que, como he señalado, con el anterior gobierno este esquema se desdibujo, también es cierto que si MEJOREDU ha declarado que tiene listo su Plan de Formación Continua y de Desarrollo Profesional, por qué los maestros y maestras tienen que ser los afectados dado su interés por participar en estos procesos.

De mi parte, espero que ese plan incluya o amplié su visión para que esa formación continua y desarrollo profesional no se limite a aquellos profesores que desean participar en estos procesos de promoción. Creo, la educación que pueden y deben recibir nuestros alumnos lo amerita porque, en todo caso, sea a través de un incentivo o no, nuestra prioridad debe ser el aprendizaje de nuestros alumnos.

Referencias:

Cordero, (2021). La incentivación del desempeño docente asociada a la formación continua. Educación Futura. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/la-incentivacion-del-desempeno-docente-asociada-a-la-formacion-continua/

DOF. (2019). Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. SEGOB. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860&fecha=30/09/2019

DOF. (2019). Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la Educación. SEGOB. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019

MEJOREDU. (2020). Programa Institucional 2020-2024 de Mejoredu. Recuperado de: https://www.gob.mx/mejoredu/documentos/programa-institucional-2020-2024-de-mejoredu?idiom=es

Roldán, N. (2018). SEP redujo recursos para capacitar docentes al mismo tiempo multiplicó su gasto en comunicación. Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/05/sep-gasto-reforma-educativa-comunicacion/

Santibáñez, L., Rubio, D., y Vázquez, M. (2018). Formación continua de docentes: política actual en México y buenas prácticas nacionales e internacionales. INEE. Recuperado de: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1F226.pdf

SEP (2018). Balance de cierre Prodep 2018. Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica. Recuperado de: http://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/galerias/151/201811/151-3-201811-FILE-19DKffdysH-PresentacinReuninNacionalnoviembre2018_VF.pdf

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La nueva titular de la SEP bajo la sombra de Elba Esther Gordillo

Por: Pluma invitada

En la historia educativa de nuestro país, el estado de México se había convertido en el territorio de la Maestra como se le conoce a Elba Esther Gordillo Morales. No existía acción que no pasara por sus manos, Defina Gómez Álvarez, es originaria de dicho estado. En su trayectoria tuvo algo que ver con la Maestra y este acercamiento indirecto si se quiere, fue en las elecciones para gobernador en dicho estado. Delfina Gómez contendió en contra de Alfredo del Mazo, este último resultó ganador después de poner en juego toda la maquinaria electoral del PRI, Delfina tuvo el apoyo de Rafael Ochoa (operador político de la maestra) y de Ferrando González, yerno de la maestra, ambos forman parte de su círculo cercano.

Esta señal puede dar pie a enrarecer el análisis en la reciente designación de Delfina Gómez, como titular de la SEP y pocos días después del anuncio, el presidente López Obrador en la mañanera de 28 de diciembre hablaba de agilizar el relevo en la dirigencia del SNTE.

La disputa por la dirigencia nacional del SNTE, será sin lugar a dudas en el año 2021 uno de los puntos críticos que le tocará a Delfina Gómez, pero otros puntos sobre el estilo de gestión, también son importantes.

El Proyecto y el equipo

Se ha criticado fuertemente a administraciones anteriores por cambiar o relevar al titular de una de las dependencias más importantes a mitad del sexenio, la 4 Transformación y el gobierno de López Obrador ha caído en el mismo vicio ¿Por qué? ¿por tener un estilo de gestión incompatible con el antecesor Moctezuma Barragán al que tanto presumió AMLO? ¿o porqué ya están pensando en las elecciones del 2024?

El proyecto educativo del actual gobierno es un amplio acuerdo nacional por instaurar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los equipos de colaboradores son de distintos matices, desde los que vienen de gobiernos anteriores hasta ex militantes de izquierda institucional como es el caso de Luciano Concheiro en la Sub secretaria de Educación Superior. Bajo este contexto lo que surgen son muchas preguntas y unas pocas hipótesis.

¿Ratificará Delfina Gómez el equipo de trabajo que le hereda Moctezuma Barragán, o llevará a su gente? Con los nuevos personajes en la estructura superior de la SEP, ¿estos personajes serán cercanos a Elba Esther Gordillo? ¿Qué opinan los investigadores del país como el caso del COMIE o la masa crítica de académicos diseminados en las principales universidades el país? ¿la NEM tendrá continuidad o Delfina Gómez trazará nuevas líneas o nuevos ejes de desarrollo educativo para el país? ¿se hablará de una reforma de largo aliento en tan solo 3 años o todo quedará en parches y remiendos para salir al paso? ¿y qué hay con la deuda pendiente con el magisterio nacional?

Como podrá verse las preguntas son diversas surgidas de distintos flancos. El cambio o el relevo se venía venir, pero no con una designación que traerá mayores tensiones en el aparato educativo del país. Es difícil pensar en un personaje para un puesto tan ambicioso e igualmente comprometedor. Es plausible saber que la nueva titular de la SEP, es egresada de la UPN institución a la que yo pertenezco y que su extracción es haber sido maestra frente a grupo de educación primaria. que es la segunda mujer que ocupa ese cargo en toda la historia también es digno de aplaudirse. Pero después de ello, hay muy pocos argumentos que se tornen convincentes para ocuparse del segundo lapso del actual sexenio de la posición más importante de educación en este país.

Con los casi nulos elementos que manejo, la hipótesis que quisiera aventurar a futuro, es que Delfina Gómez caerá en una especie de pragmatismo político – pedagógico, echará mano de un grupo de colaboradores entre los que ya están y los que llegarán y la SEP servirá como plataforma de lanzamiento para el oportunismo y el futurismo político de MORENA. Poca Pedagogía y si mucha política es lo que se espera.

Solo nos resta esperar a que pasen los primeros meses del año 2021 para darnos cuenta cuál será el rostro y el estilo de gestión que le imprimirá Delfina Gómez al frente de la SEP.

A esperar…

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-nueva-titular-de-la-sep-bajo-la-sombra-de-elba-esther-gordillo/

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Las tendencias en la definición de los nuevos estilos de desempeño docente

Por: Miguel Ángel Pérez

A los alumnos y alumnas de Pedagogía de la UPN Guadalajara,

Que con entusiasmo y creatividad construyen el rostro de la docencia para el siglo XXI.

Aunque ya es un lugar común afirmar que el contexto de la pandemia, ha “zarandeado” a la mayoría de las instancias y las estructuras de la sociedad; han sido las instancias educativas las más frágiles ante la llamada “nueva normalidad” debido a que la atención educativa ha migrado de esquemas y modelos de atención presencial al interior de un aula de clases en escuelas públicas o privadas, a la atención remota con el uso de diversos aparatos y conectados básicamente con el apoyo de la televisión o del internet.

Estos nuevos formatos de atención escolar (por llamarles de alguna manera), están exigiendo también una serie de cambios en la formación y en el ejercicio docente. Si bien el asunto de la formación docente es uno de los temas más abordados por estudiosos e investigadores, es el tema del cual se generan mayores retos y desafíos para la sociedad y para el diseño y curso de acción de las políticas educativas.

Ligado a lo anterior, el asunto de la formación y el desempeño docente es uno de los temas más importantes, debido a que se coloca por encima del amplio escenario del sistema educativo y es ahí en donde se articulan la vinculación entre las políticas y las acciones educativas. Los docentes de cierta manera son los interlocutores en la acción de lo que se piensa o se desea en el seno de la racionalidad política, su sensibilidad o irreverencia (según el caso y el contexto especifico), se colocan en la práctica en los hechos y la generación de resultados educativos. De ahí su importancia.

En este campo de la formación y el ejercicio docente, los especialistas distinguen tres grades modelos históricos:

a) El de la vocación y el apostolado.

b) El del docente como trabajador asalariado, sindicalizado y empleado al servicio del Estado benefactor. Y

c) El del profesional reflexivo con autonomía y autodeterminación.

En el origen, la vocación estuvo ligada con el apostolado, a los maestros y maestras se les asocia con el cura, el párroco o el sacerdote del pueblo por su capacidad de convertirse en líder o dirigente de las causas sociales, su vocación estaba definida a partir de la entrega, el compromiso de dar todo a cambio de muy poco. Estas imágenes están relatadas en el ideario de la escuela Rural mexicana y en algunos testimonios de los pedagogos clásicos del siglo XIX e inicios del siglo XX, en toda América Latina.

De ahí pasamos al modelo del docente empleado, trabajador, asalariado como una pieza más de la gran maquinaria burocrática de los gobiernos postrevolucionarios. Para el caso nuestro el sistema se sostiene con cerca de 900 mil docentes de educación básica de todos los niveles y las modalidades educativas, docentes que en su mayoría fueron formados en las Escuelas Normales (públicas y privadas) y que, a cambio de un salario quincenal o mensual hacen el mayor esfuerzo, por cumplirle a la patria, a la comunidad donde están y a sí mismos. Este ejercito de docentes no se exige mucho en cuanto al rigor profesional de su tarea, este rubro ha pasado por varias etapas y en la última de ellas, se colocan las reglas cada vez más complejas y confusas para ingresar al sistema y ganar una plaza en el sector público. Hoy en día no basta estudiar para ser maestro, no basta pasar las pruebas de ingreso o selección, hoy en día, también hay que superar las reglas de la nueva regulación que se ha impuesto, para ocupar un cargo en el entramado y burocrático mundo del sector público en educación.

Y tenemos un tercer modelo que está ligado con la profesionalidad y la autonomía, aquí entran los docentes destacados, que reflexionan e innovan su práctica que trabajan en equipo y construyen propuestas desde colectivos redes y agrupamientos por zonas escolares, por regiones o por estados. La profesionalidad no se reduce a un asunto de salario digno, (este se incluye en su esquema) ni tampoco con condiciones institucionales adecuadas y suficientes para realizar la tarea. No, tienen que ver también con la autoimagen y la proyección que difunden los sujetos docentes ante la sociedad como sujetos, comprometidos, sensibles y capaces. La profesionalidad está relacionada con la mejora continua de la práctica, con la innovación, la creatividad, como un rol de un docente animador que sabe acompañar a sus estudiantes y que garantiza estrategias para favorecer y consolidar aprendizajes.

En este recuento apretado en la revisión de modelos y propuestas de formas de ser docente y de asumirse en la profesión, está un elemento reciente vinculado con el llamado enfoque por competencias. Los docentes deben definir y clarificar las competencias básicas, genéricas, específicas y transversales que deberán desarrollar para formar parte del ejercito de profesionales de la educación en tareas de enseñar. El enfoque por competencias, sin embargo, ha sido fuertemente criticado por su perversidad tecnológica y por las intencionalidades ideológicas que de manera oculta tienden a formar y validar a sujetos que le hagan el juego al sistema y a todo el engranaje reproductivista.

En la contraparte poco se habla del desarrollo de competencias de solidaridad, de cooperación, de inclusión y justicia, de participación política de avanzada, por citar solo pocos ejemplos.

Desde la sociología de las profesiones se define al sujeto docente como un sujeto colectivo, el cual se encuentra atrapado bajo fuertes hilos y tradiciones que vienen del pasado, incuso el modelo de las Escuelas Normales en su versión del Plan 2018, no tiene nada de novedoso en cuanto a definir con claridad y compromiso el poder un salto y trascender del siglo XX para arribar al siglo XXI con toda la claridad de lo que significa formar docentes para responder a los retos de in presente cargado de profundos cambios en un mundo convulsionado y que nuevos desafíos.

Los modelos de formación, los estilos de práctica y las tradiciones en la docencia se siguen moviendo, pero en torno a espacios acotados. La pregunta persiste ¿Cuál es el rol, el perfil y los rasgos ideales de un modelo de docencia que responda a los retos de este mundo de profundos cambios y de amenazas de pandemias repentinas?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/las-tendencias-en-la-definicion-de-los-nuevos-estilos-de-desempeno-docente/

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La UPN a 42 años de su fundación

Por: Miguel Ángel Pérez

Este 29 de agosto se cumple el 42 aniversario de la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional, en ello distintas voces entre ellas la rectora Dra. Rosa María Torres, y el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro han manifestado una postura en esta fecha emblemática, ha habido también foros de discusión organizados por algunos colegas o colectivos o de varias expresiones político – académicas de la propia Universidad.

Sin embrago considero, que es necesario que la palabra circule entre los distintos integrantes que formamos parte de la Universidad temática encargada del tratamiento educativo más grande del país. A 42 años de distancia el recuento implica un balance de muchos aciertos logrados y de una larga agenda pendiente de asuntos que deberán atenderse.

Por su carácter público de Universidad, la UPN es un referente importante en el tratamiento de los asuntos educativos, en la formación y las prácticas educativas, en las contribuciones disciplinarias en campos específicos del conocimiento ligados con la pedagogía, en la formación de jóvenes y adultos, e indígenas y en la conformación de alternativas e innovaciones pedagógicas; todo ello la han convertido en una instancia de vanguardia y un referente obligado en el tratamiento y conocimientos de los asuntos educativos de nuestro país. Sin embargo, en la contraparte la pluralidad y la diversidad de perspectivas acerca del rumbo y de la definición de la organización, estructura, financiamiento y órganos de gobierno, han contribuido a generar una especie de empantanamiento de su propio proceso y de su proyecto nacional.

La UPN a nivel nacional ha tenido (como todo en la vida) momentos de grandeza y crecimiento y otros de oscurantismo y estancamiento. Hoy en día atravesamos por un proceso complejo en donde los adeudos en las promesas incumplidas y la perdida de la perspectiva del rumbo de su proyecto nacional fundacional, han generado una mayor polarización y la generación de contradicciones que podrían evitarse con una disposición preventiva de todas las instancias.

Son muchas las contribuciones que la UPN le ha hecho al país como parte de proyectos nacionales y también de proyectos locales, de iniciativas ligadas con la sensible detección de necedades locales que se convierten en espacios de oportunidad para la acción de propuestas educativas, vinculadas con las comunidades locales y a partir de la alianza con otros actores en los estados.

Un ejemplo importante, viene siendo el surgimiento de la Licenciatura en Intervención Educativa la cual comenzó a operar a nivel nacional en el año de 2002, dicha licenciatura no solo inauguraba nuevas formas de concebir la formación de agentes educativas, sino también de concebir el trabajo de los y las educadores con un alto compromiso de participación social, de tal manera que hoy en día la LIE (como se le conoce) ocupa el primer lugar nacional en la matricula en licenciatura de todo la UPN a nivel nacional.

Un aspecto más que destaco de las contribuciones de la UPN es la conformación de una nueva identidad profesional tanto como como académico, como universitario, como docente y las contribuciones a lo que se podría llamarse la cultura pedagógica surgida de estudiar o formar parte de la UPN.

Aun con todo ello, la UPN atraviesa por una serie de problemáticas que comienzan a convertirse en problemas estructurales, enlisto tres a modo de botones de muestra sobre esto que yo le he llamado la agenda pendiente por atender:

  1. Desde hace meses tal vez algunos años, se comienza a sentir un descuido institucional, en cuanto al tratamiento de las propuestas y proyectos de la Universidad. Si bien la UPN fue pionera con el establecimiento del concurso de oposición para reclutamiento del personal académico, hoy bajo las nuevas reglas de control y corporación basadas en el eficietalismo neoliberal, el concurso ha sido sustituido por contratos temporales, los cuales generan vulnerabilidad laboral y fragilidad en cuanto a la continuidad de los proyectos estratégicos. Este mismo descuido institucional del que hablo, ha dado lugar a que nadie se haga cargo y resuelva los reclamos y las necesidades de diversos sectores de la comunidad universitaria: ni la Rectoría, ni los gobiernos de los estados y para el caso de las entidades, ni la nueva Dirección de unidades resuelven los problemas y los rezagos acumulados. Esta sensación de orfandad institucional se asocia a un ambiente de descuido e inmovilismo que comienza a desplegarse en muchas Unidades UPN.
  2.  Un segundo problema estructural, tiene que ver con el envejecimiento de la planta académica y un escenario incierto del relevo generacional. La mística fundacional de la UPN estuvo pautada a partir del compromiso, la entrega, un vocacionismo que permitió fusionar y amalgamar las identidades normalistas y universitarias en algo que fue muy propio de la UPN, estar en educación y atender docentes en servicio, pero bajo una visión crítica, rigurosa y de avanzada. Todo ello comienza a desdibujarse en la vida cotidiana de nuestra Universidad.
  3. Y el tercer problema tiene que ver, con la cancelación de proyectos estratégicos. El congreso universitario está detenido, la generación de actualización de la oferta educativa ha quedado paralizada a partir de dejar de diseñar nuevos programas de formación y el ser capaces de liderar proyectos y propuestas importantes, ha obligado a hacer un alto en el camino.

A 42 años de distancia los y las upenianos débenos estar orgullosos de nuestra Universidad, pero también preocupados por el alto nivel de incertidumbre. Lo único que nos resta es rescatar y fortalecer nuestro viejo vocacionismo que está en nuestro lema y que muchos y muchas lo llevamos en la sangre pedagógica. “Educar para transformar”.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-upn-a-42-anos-de-su-fundacion/

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