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Mejoredu desaparece, por qué no la USICAMM

Por:  Abelardo Carro Nava

MEJOREDU es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión…

Tal vez nadie le informó al presidente, que la Unidad del Sistema para la Carrera de la Maestras y Maestros (USICAMM) es un organismo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa y de gestión que ha vulnerado los derechos laborales y profesionales de cientos de trabajadores de la educación en lo que va del sexenio; tal vez nadie le informó al presidente, que este organismo ha mantenido la misma política tecnocrática y neoliberal que impulsó el peñanietismo al más puro estilo de quien, en el gremio magisterial es conocido con el mote del Sargento Nuño; tal vez nadie le informó al presidente, que la política de estímulos salariales que coordina e impulsa este organismo, no satisface las demandas de mejoras salariales ampliamente demandadas por las maestras y maestros de México; tal vez nadie le informó y sugirió al presidente que, si un organismo debería de desaparecer con la intención de favorecer parte del intricado Sistema Educativo Mexicano, tendría que haber sido la USICAMM y no la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como MEJOREDU.

Razones, como las expuestas, hay o habría de sobra para evidenciar la poca o nula utilidad de un organismo mediante el cual, supuestamente, se “revalorizaría” al magisterio; no obstante, pienso que ante el desconocimiento y falta de un ejercicio donde la evaluación pudiera conducir la toma de decisiones para proponer la desaparición de ciertos organismos autónomos como los que ha propuesto el presidente en días pasados es que, precisamente, se toman malas decisiones que indudablemente podrían generar algunos vacíos en el ámbito educativo, sobre todo, cuando de información y/o datos se refiere. Información o datos que podrían dar pauta a la generación de propuestas de diversa índole para la atención y mejoramiento de dicho Sistema. Me explico.

Como sabemos, la MEJOREDU es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio desde el 15 de mayo de 2019. Su aparición en escena estuvo directamente relacionada con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); instituto que fue percibido por buena parte del magisterio, como un instrumento del gobierno que perseguía, denostaba y sancionada al gremio.

Y bueno al ser la MEJOREDU un organismo “autónomo”, la reforma constitucional de 2019 le atribuyó diversas responsabilidades, entre las que destacan: 1. Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo. 2. Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. 3. Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. 4. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. 5. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Entre otros tanto más.

Como puede verse, la relevancia de este instituto no es menor, si consideramos que desarrollar investigaciones y/o evaluaciones diagnósticas como las que ofrece esta institución, permite contar con datos que llevan a la toma de decisiones de los responsables de conducir la vida educativa de un país.

Pongo un ejemplo, si un médico recibiera a un paciente en un estado de gravedad que, visiblemente, podría indicar la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente, ¿solicitaría la realización de un estudio para conocer las causas que originan el malestar del paciente o de inmediato lo introduciría al quirófano para proceder conforme a los dictados de su disciplina? El sentido común nos indicaría que los estudios son absolutamente necesarios para conocer las razones por las que un paciente sufre determinado malestar en su organismo, luego entonces, con los resultados de esa valoración, dicho médico podría tomar las decisiones que, conforme a su conocimiento, experiencia o disciplina, podría tomar.

Esto es lo mismo que, de alguna manera pasa, o tendría que pasar en el Sistema Educativo, pero, ¿por qué la necesidad de contar con un organismo autónomo? Simplemente porque esa autonomía lo llevaría a realizar, por ejemplo, los estudios o investigaciones que pudiera realizar para, luego, dar a conocer los resultados a quien corresponda con la finalidad de que se pudieran tomar las mejores decisiones en razón de la educación de millones de niñas, niños y adolescentes.

Si la MEJOREDU, como se ha dicho, será “trasladada” a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ¿qué garantiza que la información que ésta generé (del Sistema Educativo) no tendría un sesgo que no permitiera conocer cómo se encuentra dicho Sistema? Por simple y llana lógica, las acciones que se pudieran derivar de la realización de estudios o investigaciones que la misma SEP realizaría, tendría escasa, pero escasísima credibilidad entre el gremio y, como parece obvio, entre la sociedad.

Entiendo las decisiones “presidenciales” y las intenciones que éstas conllevan, pero lo que no acabo de entender es la poca, pero poquísima capacidad de análisis y propuesta de las autoridades educativas y gubernamentales para, por ejemplo, diseñar un esquema que permita y/o favorezca el ingreso de maestras y maestros al Sistema, o bien, para que dichos maestros y maestras puedan mejorar sus condiciones salariales sin la aplicación de un bendito examen diseñado y aplicado por un Centro de Evaluación al que se le pagan millones de pesos cada año.

Si la SEP y el gobierno no tienen la capacidad de analizar y valorar entre dos instancias como lo es la USICAMM o la MEJOREDU, ¿qué nos hace pensar que el rumbo que seguirá la educación de nuestro país va por buen camino?

Al tiempo.

Cierro estas líneas, leyendo un reportaje de Alma Paola Wong, de grupo Mileno, intitulado: Mejoredu alerta que 4 millones de jóvenes no asisten de manera regular a la escuela (https://www.milenio.com/politica/mejoredu-alerta-millones-menores-regularmente-clases). Así de relevante es la información que proporcionan algunos organismos autónomos quienes, dicho sea de paso, no han perseguido ni denostado al magisterio. Así de relevante sería su permanencia, pero, para cómo están las cosas, hablar de autonomía en este gobierno es hablar de un sueño, tal y como también se significa en el Plan de estudios 2022. Sí, un sueño.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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USICAMM: El mercado y la meritocracia

La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucional.

Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento.

¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares? Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta preparación para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua. Sabemos que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.

Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio) del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas, así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados, que se han dado en los trámites y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, pero lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”).

¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?

El cambio curricular de 1992, que iba a remolque del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados. Aunque se le considero como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal.

Sin embargo, la reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica.

Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos al salario de docentes y directivos de la escuela pública: Carrera Magisterial (CM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).

Carrera Magisterial, como programa, desapareció por problemas de consistencia interna y sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013. No obstante lo anterior, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional”) prevalece.

A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México, esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del poder legislativo (en este paquete incluyo a la reforma educativa de 2019); marco que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:

Insisto que, en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.

¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?

Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).

Fuente: Calendario de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2022, DOF: 16/12/2021; y para el año fiscal 2023, DOF: 15/12/2022.

USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN; así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe el COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.

¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?

Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.

Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

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La evaluación en la NEM: entre la calificación y la formación

Por: Abelardo Carro Nava

 

Vivimos en un país sui géneris, donde el Sistema Educativo solicita a sus maestras y maestros, registren las evaluaciones/calificaciones de sus estudiantes en una plataforma justo un mes antes de que concluya el ciclo escolar. Un proceso que, por donde quiera que se mire, tiene varias aristas de análisis, sin embargo, me limitaré a señalar algunas de ellas porque, como parece obvio, el tema que me ocupa tiene que ver con un aspecto fundamental dentro de lo que hemos llegado a conocer con el nombre de Nueva Escuela Mexicana y por lo que, en próximas fechas, se estará trabajando en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) en todo el territorio mexicano.

Desde hace ya varias décadas, como bien lo han señalado investigadores, académicos o especialistas en la materia, en nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN) se ha confundido dos conceptos que, aunque se pudieran ubicar en un mismo plano, la realidad es que difieren en cuanto a sus propiedades, me refiero lo que se conoce con el nombre de calificación y evaluación. El primero, como pareciera obvio, en los últimos años ha eclipsado el de la evaluación propiamente dicha porque, imagino, a algún sabio detrás de un escritorio se le ocurrió decir que todo aprendizaje debía ser medido y, en consecuencia, cuantificado, delegando a un segundo plano un proceso que, desde mi perspectiva es más profundo, rico en posibilidades y análisis sobre el proceso formativo de los principales protagonistas en las escuelas: los alumnos y sus profesores.

Indudablemente el acto de calificar, es decir, asignar un número, está directamente vinculado con lo administrativo que desde hace tiempo se implementó en cada una de las escuelas mexicanas. Se califica un examen, se califica una tarea, se califica un trabajo hecho clase, se califica el número de trabajos entregados durante una unidad de aprendizaje, se califica el comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera; es decir, a todo se le va asignando un número con la finalidad de que se obtenga una calificación numérica final y, como parece obvio, al final se tendría en las escuelas a alumnas y alumnos de diez, nueve, ocho, siete, etcétera, etcétera, etcétera, esto dependiendo del número que se la haya asignado. ¿Este proceso de asignación numérica refleja la adquisición de un aprendizaje? En fin. Sigamos.

Si consideramos que el proceso descrito en el párrafo anterior se desarrolla en buena parte del SEN, entonces debemos incluir dos elementos que me parecen fundamentales: los maestros y los estudiantes. Los primeros porque, a juicio o criterio fundado en su experiencia, conocimiento, diseño y elaboración de instrumentos de evaluación – la famosa y conocida “instrumentitis” –, entre otros, asignan ese valor numérico, ya sea en primaria o secundaria (por mencionar solo dos subsistemas) para que al final del o los trimestres registren y entreguen un número – con ciertas observaciones –, mismas que serán incorporadas a la boleta de calificaciones; calificaciones que, hay que decirlo, se han convertido el eje de trabajo docente y educativo en cada una de las instituciones escolares. ¿Este proceso de asignación numérica refleja la adquisición y valoración de un proceso de enseñanza y de aprendizaje? Sigamos.

Por otra parte, pienso que los estudiantes que ingresaron a este SEN hace unas décadas, bajo esta modalidad y/o cultura evaluativa que han conocido, prácticamente desde que han ingresado a la escuela, es muy probable que hayan comprendido que lo importante no es aprender bajo un proceso crítico y/o reflexivo fundado en el diálogo con uno mismo, con sus compañeros o con el docente, sino mediante la obtención de un número que les da un “valor numérico” al interior del aula y escuela, pues ello refleja dicho aprendizaje. En consecuencia, pareciera ser que lo importante es obtener “buenos” números, aunque no se reflexione la forma o manera en que se obtiene ese número por más “bueno” que sea. Entonces, podría decirse, que el cumplir con una tarea, resolver un ejercicio en clase, entregar un número determinado de trabajos a lo largo de la unidad o el estudiar de un día para otro para responder un examen, etcétera, etcétera, etcétera, se ha convertido en el mecanismo bajo el cual, desde mi perspectiva, ha girado el SEN.

Y bueno, si esto no fuera suficiente, hace varios años hicieron acto de presencia en nuestro país, los exámenes estandarizados provenientes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y, recientemente, los de Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y Alumnos de Educación Básica (MEJOREDU), todos con la peculiaridad importante: medir el aprendizaje bajo ciertos estándares, parámetros o criterios; aunque, por ejemplo, en el último señalado se refiera que no se busca calificar, clasificar, juzgar o etiquetar a los estudiantes, cuando en realidad los docentes tienen que descargar los instrumentos de evaluación que no son otra cosa más que exámenes, imprimirlos (con sus propios recursos), aplicarlos y calificarlos porque ello… ¿indicaría un aprendizaje?. Otra vez, ¿esto refleja la adquisición y valoración de un proceso de enseñanza y de aprendizaje o, para acabar pronto, simplemente refleja una forma de evaluación en extremo burocratizada que necesariamente tiene que superarse?

¿Qué pasaría si a dicho proceso evaluativo se le quitara ese carácter administrativo y burocrático que termina en la asignación de una calificación?, ¿qué pasaría si dejaran de aplicarse esas evaluaciones estandarizadas que poco o nada han aportado a los procesos educativos y de aprendizaje en los planteles escolares?, ¿qué pasaría si a la maestra o maestro se le quitará toda esa carga administrativa y burocrática que deja poco espacio para la realización de formas de evaluación relacionadas, por ejemplo, con la observación y registro de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes?, ¿qué pasaría si se hiciera efectiva la autonomía profesional de las maestras y los maestros para que diseñen sus propios procesos de evaluación, debidamente contextualizados y, mediante los cuales, se pudiera establecer una análisis y reflexión sobre la trayectoria de sus alumnos?, ¿qué pasaría si se hiciera efectiva la tan nombrada evaluación formativa en cada uno de los centros escolares?

Como se sabe, en el plan de estudios 2011 se señalaba que la evaluación formativa se realizaría durante los procesos de aprendizaje que permitirían valorar los avances de los alumnos; en el plan 2017, se dijo que el enfoque formativo de la evaluación se consideraba de esta forma, porque debía realizarse con el propósito de obtener información para que cada uno de los actores tomara decisiones que condujeran al cumplimiento de los objetivos educativos; y, en el plan de estudios 2022 próximo a implementase, se considera esta evaluación formativa a partir del seguimiento que realicen los profesores del proceso de aprendizaje de los estudiantes considerando su desarrollo en diferentes contextos y experiencias de su vida cotidiana y, para ello, trabajar de manera conjunta entre alumnos y docentes, priorizaría la reflexión y conciencia sobre lo aprendido, delegando a un segundo plano la acreditación a partir de su calificación.

Este último es un proceso que, por donde quiera que se mire, puede ser sencillo de escribir, sin embargo, el complejo SEN y la cultura que se ha construido desde hace varias décadas podría dificultar su implementación; no obstante, y eso lo tengo clarísimo, si en verdad este gobierno y esta Secretaría de Educación consideran impulsar un cambio y transformación importante en el medio educativo, tendrían que comenzar por dejar atrás esas evaluaciones estandarizadas, darle mayor peso a la evaluación formativa establecida en el plan de estudios 2022 desburocratizando la evaluación que ocurre en el aula. Ya han sido varias décadas de esto último o… ¿me equivoco?

En sentido estricto, la Secretaría de Educación Pública está en la posibilidad de lograr la coherencia entre un plan de estudios que busca superar a los anteriores y una evaluación que posibilite una manera diferente de valorar los aprendizajes; desde luego, pienso en la incoherencia que ha sido manifiesta con este gobierno, que prometió revalorizar a las maestras y maestros, pero ha mantenido a una USICAMM que lo único que ha hecho es desvalorizar al magisterio mediante la aplicación de exámenes estandarizados.

Creo, el momento es propició para dejar un buen legado. Ya veremos que ocurre en los CTE.

Al tiempo.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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La USICAMM y el CENEVAL: el gran negocio

Por: Abelardo Carro Nava

 

¿En verdad no habría la posibilidad de pensar en mecanismo diferente mediante el cual se pudiera favorecer el ingreso, promoción o el reconocimiento docente?

 

Recuerdo con bastante claridad las imágenes y relatos de varios profesores que, durante la aplicación de las evaluaciones punitivas de desempeño docente en el sexenio peñanietista – comandadas por el Sargento Nuño – dieron cuenta del uso de una violencia desmedida por elementos de las supuestas fuerzas de seguridad pública.

En Xalapa, Veracruz, por ejemplo, varios profesores con cierto aire de impotencia, coraje o frustración, narraban por aquellos años cómo varios elementos policiacos o paramilitares (vestidos de civiles), en las calles contiguas a Plaza Lerdo, se postraban garrote en mano con la intención de amedrentar a aquellos docentes que pretendía manifestar su rechazo a esa evaluación magisterial. De hecho, como podrá recordarse, por las redes sociales recorrió la fotografía del actual Gobernador de esa entidad federativa en medio de la gresca, con el brazo y mano derecha extendida hacia arriba y los dedos en señal de victoria.

Imposible no recordar lo que en Guerrero también sucedía por esas fechas, dadas las intensas movilizaciones magisteriales de rechazo a esa evaluación punitiva aplicada por la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD): grupos antimotines de policías federales apostados en la entrada de la Avenida Escénica, cerca de la Base Naval, puesto que en el Hotel Resort Mundo Imperial y Hotel Fairmont Princess se aplicarían las evaluaciones a los profesores de distintos lugares de ese estado del país. Hoteles que a decir de varios mentores fueron pagados por la Secretaría de Educación de esa localidad, sin embargo, por lo que toca al traslado, aunque oficialmente se dijo que los profesores se trasladaron en sus propios vehículos, diversos rumores aseguraron que, dicho traslado se realizó en varios autobuses pagados por esa Dependencia, así como en helicópteros del gobierno estatal.

El sello distintivo de la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño durante ese periodo fue la violencia, aunque, por obvias razones, alguien podría señalar lo contrario porque está en todo su derecho de manifestar que sí deseaba ser evaluado. De hecho, como reiteradamente he escrito, durante esos años percibí que los docentes no se oponían a la evaluación como tal sino a su carácter punitivo plasmado en la mal llamada reforma educativa de 2013. En fin.

Llegado el lopezobradorismo al poder, con “nuevos” actores políticos y educativos que “lucharon” y “manifestaron” incansablemente su rechazo a las evaluaciones magisteriales en el sexenio pasado, poco o nada cambiaron los procesos de ingreso, promoción o reconocimiento de las maestras y maestros. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), copia mal pero muy mal hecha de la CNSPD, desde inicios de este sexenio hasta nuestros días viene operando en la total opacidad e incompetencia sin que nadie, absolutamente nadie del Gobierno Federal, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o de algunos colectivos docentes puedan tocarla con el pétalo de una rosa. Acaso, en varias ocasiones, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han demandado su desaparición para dar paso a un mecanismo diferente que permita el ingreso al magisterio o su posible ascenso escalafonario. Pero nada más.

¿Dónde habrá quedado ese discurso que tanto prometía una revalorización del magisterio?, ¿dónde habrán quedado esos principios o “valores” que llevaron a cientos de actores a manifestarse en las calles porque ese esquema de evaluaciones docente vulneraba sus derechos laborales y profesionales?, ¿acaso aquí cobra sentido aquella frase tan conocida que señala que tales personajes pueden tener ciertos principios, pero si al jefe o al pueblo no le gustan pueden cambiarlos por otros?

Ahora bien, en medio de este asunto, ¿qué tiene que ver el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, mejor conocido en el medio educativo por sus siglas CENEVAL? La respuesta es muy concreta: todo; porque esta figura, que poco llama los reflectores en la escena pública, encontró un gran negocio en el sistema educativo, desde luego avalado y permitido por el gobierno federal y/o estatales, tanto del sexenio pasado como del presente. Un secreto a voces que recientemente se hizo público a través del Canal en YouTube Soy Docente con un video cuyo título es más que evidente: ¿Cuánto paga la Usicamm a Ceneval por su programa de examen? (el video que puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jNtNXv80BTQ).

El profesor identificado en este este canal como James Uchiha, expuso lo que otro usuario de las redes sociales identificado como El Profe Neto indagó a través del portal de transparencia: un contrato abierto anual (del 2022) para la prestación de servicios integrales consistentes en el desarrollo y mantenimiento de instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes, así como su aplicación y calificación. Ojo, no hay que perder de vista tres momentos: el desarrollo y mantenimiento de los instrumentos de apreciación de conocimientos – es decir del examen, aunque la USICAMM diga que no lo es –, su aplicación y su calificación.

Pues bien, dicho contrato se observan datos que, por donde quiera que se miren, desde mi perspectiva resultan ser ofensivos para el magisterio y para la sociedad en general; por ejemplo, se señala que la USICAMM podría pagarle al proveedor (CENEVAL) como contraprestación por sus servicios integrales un monto mínimo de $277,223,000.00 y un monto máximo de $454,911,000.00, obviamente que por los servicios que brinde, la cantidad oscilaría entre los montos referidos.

Por lo que se refiere a los instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes, en este contrato se establece que la USICAMM pagaría al CENEVAL la cantidad de $1,394,000.00, por cada uno de los exámenes que desarrolle; es decir, si para admisión se diseñan 17 instrumentos para docente inicial/preescolar, primaria, Secundaria Español, Secundaria Matemáticas, etc., por cada uno de estos instrumentos dicha USICAMM estaría erogando poco más de un millón de pesos. Pero si usted piensa que el tema ahí termina, la verdad es que no, porque también se debe pagar a CENEVAL los instrumentos para promoción horizontal, vertical y por horas adicionales. Un negocio millonario.

Ahora bien, por lo que se refiere a la aplicación de esos instrumentos, de nueva cuenta se señala que la USICAMM debe pagar al CENEVAL, por ejemplo, en educación básica por esos 17 instrumentos que ya diseñó y por los cuales se le pagó cierta cantidad, un monto total de $36,195,000.00. Cantidad que obviamente se va acrecentando con la aplicación de los otros instrumentos para promoción y de horas adicionales.

Finalmente, en cuanto al monto destinado para la calificación, se señala que la USICAMM debería pagar entre $16,800,000.00 a $44,000,000.00, dependiendo del número de participantes en los procesos; sin embargo, también se especifica que por cada uno de los exámenes calificados de cada uno los participantes (mediante la plataforma y programa), se deben de pagar $280.00. Imagine usted a cuánto ascendería el número de participantes en un año y multiplíquelos por esos doscientos ochenta pesos.

Visto lo anterior, ¿en verdad no habría la posibilidad de pensar en mecanismo diferente mediante el cual se pudiera favorecer el ingreso, promoción o el reconocimiento docente?, ¿es necesario que el gobierno federal destine millones y millones de pesos para la el diseño, aplicación y calificación de una serie de exámenes mal hechos y a través de una plataforma que siempre y en todo momento ha representado problemas de funcionamiento?

En verdad, no imagino que quien en su momento estuvo en contra de las evaluaciones magisteriales (del sexenio pasado), hoy día: 1. Coordine esta Unidad; 2. Mantenga prácticamente el mismo esquema evaluador mediante el cual se destinaban millones de pesos que solo han beneficiado a unos cuantos, y no precisamente me refiero a los docentes sino a los dueños de, por ejemplo, el CENEVAL; 3. Que bajo el discurso de una supuesta revalorización magisterial se siga impulsando una política eminente neoliberal y meritocrática en momentos en los que el Plan de Estudios 2022 para educación básica contiene un sentido eminentemente formativo bajo una evaluación de la misma naturaleza. En fin, la verdad es que no lo imagino.

¿Será entonces que: aunque algún neoliberal que se vista de izquierda neoliberal se queda?

¡Qué gran negocio!

Al tiempo.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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La CNSPD y la USICAMM: el imperio de la arrogancia

 

 

Como es bien sabido por el magisterio, con la imposición de la reforma educativa de 2013, al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le asignaron otras atribuciones de las que desde el 2002 tenía contempladas, pero también, se constituyó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), con la finalidad de disponer de una estructura jurídica y organizativa que asegurara que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes y directivos, permitiera acreditar sus capacidades en sus respectivas funciones. Todo ello, según se dijo, con el propósito de “transformar” el sector educativo colocando al centro un Sistema Nacional de Evaluación que impulsara la mejora de la calidad de la educación pues, prestar servicios de calidad, fue una de sus metas.

Evidentemente, evaluar lo que pudiera ser evaluado, sin mejorar las condiciones de todo aquello que tenían que evaluarse no trajo buenos resultados.

Recuerdo que, por esos tiempos, el Colegio de México publicó un video en Youtube titulado “La reforma educativa”, donde Manuel Gil Antón, a través de una metáfora, explicó con bastante claridad este hecho. Hoy, ese video, en esa plataforma, cuenta con cerca de 329 mil visitas (https://www.youtube.com/watch?v=jH6lzKYGgNY).

Con estas acciones, la “posible” evaluación del Sistema Educativo pasó a un segundo plano, la disputa por la permanencia más no de la evaluación de ese Sistema concentró todas las fuerzas en todas las latitudes posibles, sin que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como ha sido su costumbre, haya defendido los intereses y derechos laborales y profesionales de sus agremiados.

Un recordatorio más. A mi mente viene lo ocurrido en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa celebrado en Chihuahua. Muchos fuimos testigos de uno de los momentos más inverosímiles y/o vergonzosos que, de manera personal, pudiera haber presenciado: la exaltación de Guevara Niebla (en ese entonces integrante del INEE) cuando fue cuestionado por un maestro en medio de una mesa de diálogo (https://www.youtube.com/watch?v=NgYSnuk69Ng&t=58s) y, desde luego, la posterior increpación de parte del primero al segundo. ¿Y la CNSPD en ese entonces? Sentada en sus laureles y aplicando a rajatabla las disposiciones normativas y administrativas, aunque sus procesos fueran un verdadero desastre. Obviamente la cara que fue visible en este embrollo fue la del INEE y la de sus ex consejeros, muy pocas veces se fijó la mira en la CNPSD pues, se sabía, que era necesario exigir y demandar la abrogación de la ley o una reforma que eliminara la permanencia, pero también, los procesos evaluativos para el ingreso, promoción y reconocimiento.

¿Cuántas marchas y/o manifestaciones del magisterio mexicano en contra de la reforma educativa de 2013 y de la evaluación no se llegaron a ver o a conocer en distintos medios de comunicación?, ¿cuántas maestras y maestros no fueron golpeados por grupos de granaderos cuando se manifestaban en las sedes que los distintos gobiernos locales habían habilitado para que los docentes seleccionados pudieran ser evaluados? En fin.

La era del lopezobradorismo entró con tambor batiente. Su reforma educativa fue aprobada en 2019 y se cumplió su promesa de campaña al eliminarse la evaluación de permanencia, sin embargo, quedaron muchas comas de la de 2013, aun y cuando se haya dicho hasta el hartazgo que no quedaría ni una de ellas. La ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros dio vida a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM); unidad que conservó prácticamente el mismo esquema “evaluador” de la extinta CNSPD, con sus mismas fallas, con sus mismos errores y con las mismas violaciones a los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educación, hecho del que “parece” no ha tenido conocimiento el SNTE, tal y como sucedió en antaño.

Como es conocido, la incompetencia del primer titular de la USICAMM provocó la llegada de una profesora que, en su momento, luchó contra la “mal llamada reforma educativa”. Poco o nada ha cambiado desde que tales funcionarios públicos asumieron sus cargos. Cada año han sido recurrentes las fallas o errores en los procesos de evaluación para el ingreso, promoción o reconocimiento, aunque, por ejemplo, la actual titular presuma que más de 200 mil maestras y maestros hayan generado citas para un registro, ya sea para el proceso de admisión, promoción o de horas adicionales. ¿En verdad se piensa que las maestras y maestros no harían un registro cuando en el Sistema Educativo prácticamente se cuenta con un solo mecanismo de admisión o de promoción que les permita ingresar al servicio o de mejorar sus condiciones de vida personales y profesionales?, ¿acaso no se piensa que prácticamente todo ser humano tiene aspiraciones personales y profesionales?, ¿acaso se piensa que los egresados de las escuelas normales, CAM, UPN o de cualquier otra licenciatura no pensaría dedicar su vida profesional a la carrera que pudieron haber concluido en algún momento de su etapa académica? Vaya, ¿las condiciones socioeconómicas de nuestro país permitirían que un recién egresado de estas instituciones, o de algún maestro en servicio, se quedara con los brazos cruzados esperando que alguien lo contrate o promocione?

Si lo anterior no fuera suficiente, tal y como en antaño sucedía con la CNSPD, el cambió repentino de disposiciones normativas y administrativas en cada uno de los procesos de admisión, promoción, horas adicionales o de reconocimiento, ha sido una muestra de la soberbia de lo que hoy se conoce con el nombre de USICAMM. Siempre, bajo un supuesto amparo de la ley, el personal adscrito a esa instancia ha hecho y desecho lo que ha querido, sin que en ello medie la autocrítica y el reconocimiento de las afectaciones que padecen las maestras y los maestros en cada uno de esos procesos. ¿Y el SNTE? Obviamente como dicen en mi pueblo: “calladito se ve más bonito”; sin embargo, bien valdría preguntarse dónde habrá quedado ese sentido rechazo por los procesos de evaluación que hace unos años movilizaron a cientos de maestras y maestros a lo largo de la República Mexicana.

¿El imperio de la arrogancia habrá ganado y silenciado las voces que de 2013 a 2018 se manifestaron abierta y públicamente?

Fuente de la información:  https://revistaaula.com

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¿Y la evaluación diagnóstica?

Por: Sergio Martínez Dunstan

«¿Cuándo darán a conocer el plan de trabajo sobre la evaluación diagnóstica?»

En la colaboración pasada preguntaba: ¿en dónde está o qué avances presenta el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización del magisterio? Refería que en la reforma educativa del 2019, y con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del artículo tercero constitucional, se contempló la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua. Su regulación se estableció en la ley secundaria correspondiente así como la del organismo que lo coordinaría — la Comisión Nacional de Mejora Continua (Mejoredu) — y el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. En el artículo 14 obliga a las autoridades en la materia a tomar en cuenta los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en la ley respectiva. En días recientes, la Mejoredu anunció el Acuerdo de Cooperación con la USICAMM para tal fin en su cuenta oficial de twitter, (http://bit.ly/3V2Ki7E), el pasado dieciocho de noviembre.

En este sentido, los cuestionamientos planteados en el artículo de opinión de la autoría de quién esto escribe, hoy más que nunca, cobran vigencia.

¿quién o quiénes son los responsables que los maestros no hayan podido aún ejercer su derecho constitucional de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización?

El marco jurídico considera que el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización debe retroalimentarse por evaluaciones diagnósticas sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Nacional con la finalidad de contar con una respuesta que promueva una acción de mejora en la educación. Es decir, la evaluación diagnóstica es concebida como una evaluación al mismísimo Sistema Educativo Nacional. Considera al menos cuatro etapas:

  1. Diagnóstico
  2. Implementación
  3. Seguimiento
  4. Evaluación

De igual manera, adelanta que la evaluación valoraría la observancia de las responsabilidades sobre la atención de las autoridades educativas a las problemáticas de las escuelas y los avances de las políticas para el cumplimiento de las obligaciones.

También señala que las evaluaciones diagnósticas tendrían como objetivo el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión para detectar las fortalezas e identificar sus áreas de oportunidad las cuales serían atendidas a través del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización.

Asimismo, menciona que el personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, con funciones de dirección y supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado será objeto de una evaluación diagnóstica con la finalidad que reciba formación, capacitación y actualización profesional.

A la luz de lo legalmente establecido, y analizado en los párrafos antecedentes, bien valdría insistir en los cuestionamientos:

¿Cuál es el diagnóstico acerca del perfil profesional del magisterio tomando como referencia los resultados obtenidos en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros?

¿Qué saben y qué son capaces de hacer quienes desempeñan funciones docentes, técnicos docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnico pedagógica para el desempeño de sus funciones?

¿En dónde está la evaluación diagnóstica? ¿cuál es su concepción y diseño? ¿se ha piloteado? ¿se ha implementado? ¿a quiénes se ha evaluado? o ¿Cuándo serán evaluados las maestras y los maestros para esos fines? ¿qué resultados se han obtenido? ¿cuáles son los hallazgos para fines de política pública en materia educativa? ¿cuándo se darán a conocer los resultados globales e individuales de la evaluación diagnóstica? ¿cuáles son sus avances? si ese fuera el caso, ¿por qué no han sido presentados?

¿Dónde están los criterios para valorar el diseño, la operación los programas de formación, capacitación y actualización?

¿Y las recomendaciones del Mejoredu a la luz del análisis de los resultados de las evaluaciones derivados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros?

Algunos tuiteros externaron otras preocupaciones: V. gr., @mariieales ¿cómo se acometerán las ineficacias halladas? y @Guirierumo ¿quién va a recopilar y a informar sobre los resultados de las evaluaciones diagnósticas? ¿cómo? ¿será un proceso público y transparente? Más las que se vayan acumulando. Por ejemplo: ¿cuándo tendrán el diseño ¿cuándo darán a conocer el plan de trabajo sobre la evaluación diagnóstica?

El avance más notorio sobre el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización presentado por la Mejoredu lo representa el Acuerdo con la USICAMM a través del cual informan la recepción de los “resultados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del ciclo escolar 2022-2023 para fortalecer los programas de formación, capacitación y actualización de los maestros” (http://bit.ly/3V2Ki7E). Ha transcurrido mucho tiempo para este resultado. Ello ocurre a más de tres años de haberse aprobado la Ley Reglamentaria del Artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación.

Al paso de tortuga que llevan, tanto la USICAMM como el Mejoredu, cabría esperar que suceda primero la conclusión de la administración pública gubernamental antes que garantizarle a los docentes su derecho constitucional de acceder a un Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización.

¿Y la evaluación diagnóstica? Bien, gracias. Mientras tanto el magisterio sufre por su ausencia porque de acuerdo con la ley, sin evaluación diagnóstica no habrá formación inicial o continua de naturaleza alguna.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Del Programa Nacional de Carrera Magisterial a la USICAMM

Por: Lucía Roble

El proceso de precarización salarial del magisterio

A continuación, describiré brevemente cada etapa del programa por incentivos implementado a la par de la Ley General de Educación de 1993, que comienza a gestarse un par de años atrás de la implementación de la llamada gestión “neoliberal” en nuestro país.

Este esquema de promoción por incentivos es similar al de la iniciativa privada para aumentar la productividad y disminuir la rotación de personal. En el sistema educativo la productividad no es tangible, pero con este programa se pretendía elevar la calidad de la educación, responsabilizando a los docentes de los bajos niveles educativos obtenidos en las evaluaciones internacionales, siendo que, por la falta de asignación de recursos federales suficientes, hasta la fecha continúan estos resultados, pese al esfuerzo y la entrega de los trabajadores de la educación.

Este esquema ha permitido al Estado evadir la responsabilidad de asignar un salario digno a todos los docentes y ha violado el Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que dice “a trabajo igual desempeñado en puesto jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe de corresponder salario igual”. También ha servido como pretexto para ir privatizando la educación, para obtener mejores resultados educativos

Como mencionamos más arriba, el Programa Nacional de Carrera Magisterial surge en 1993, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con Elba Esther Gordillo Morales a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siendo Ernesto Zedillo Ponce de León titular de la Secretaría de Educación Pública, quien posteriormente sería presidente de la república. Este programa vino a desplazar el sistema de escalafón tradicional y el esquema básico que asignaba puntajes diferenciales a los maestros según su preparación.

Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal (en la misma función), de participación voluntaria e individual, integrado por cinco niveles de estímulos. No contemplaba el ingreso ni la promoción vertical (a otra función). Aunque en teoría era voluntario su ingreso, muchos docentes terminaban optando por ingresar debido que era de las pocas formas en las que podían percibir un incremento salarial.

Este programa consideraba 6 factores con un puntaje específico qué determinaba la calificación final. Si las condiciones eran favorables al trabajador, como tener un puntaje elevado de la suma de los factores evaluados y que existieran los recursos suficientes, le tomaba 16 años llegar al último nivel. A los maestros que trabajaban en zonas empobrecidas les tomaba mucho menor tiempo si continuaban laborando en esas escuelas.

Este programa de estímulos, aparentemente ventajoso para el docente, es el inicio de la precarización salarial que actualmente padecemos e implicó estrés y sacrificio del magisterio ya que tenían que invertir tiempo que debían de dedicar a sus familias o descansar para tomar los cursos en fines de semana o contra turno, en un proceso incierto y poco objetivo. El Estado, al ver que un buen número de maestros accedía a los últimos niveles (lo que implicaba desembolsar más recursos para cubrir los compromisos adquiridos con el magisterio), endureció aún más el proceso. Por cierto, en este periodo los docentes recibían 2 incrementos anuales: uno el primero de enero según el salario mínimo, y el otro el 15 de mayo por el Día del Maestro, por negociación del sindicato.

Al final del Programa de Carrera Magisterial vino un período implementado en el ciclo escolar 2011-2012 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo titular de la secretaría de educación Alfonso José Ricardo Lujambio Irazábal. Este último, con Elba Esther Gordillo todavía al frente del SNTE, idearon lo que yo llamo “serpientes y escaleras”, ya que los niveles obtenidos en el proceso debían ser refrendados, y de no lograr la puntuación mínima de 70, el docente bajaba de nuevo al nivel anterior nivel. No se podía salvar de la evaluación, ya que, si no se presentaba para quedarse con el estímulo obtenido, éste era retirado.

Es importante señalar que aprovechaban los puntos de quiebre entre cada programa para no convocar para esa etapa, por lo que, en el año de cambio con el nuevo sistema de promoción, no hubo posibilidad de ascenso salarial para los docentes, ahorrándose las autoridades ese recurso.

Durante la presidencia de Calderón, los docentes perdieron varios bonos, como el que les daban al final de cada sexenio. Los incrementos salariales ya eran únicamente los acordados por el sindicato el Día del Maestro, pero eran similares al incremento del salario mínimo.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encarceló a Elba Esther Gordillo y se nombró a Juan Díaz de la Torre como Secretario General del SNTE, siendo Emilio Chuayffet secretario de educación y posteriormente Aurelio Nuño. Durante este periodo, se aprobó en tiempo récord la Reforma Educativa y se estableció la Evaluación de Desempeño obligatoria para todo aquel que fuera convocado. De no presentarla o salir insuficiente, perdía su plaza, sin responsabilidad alguna para el patrón.

A todas luces está reforma fue punitiva y laboral estableciéndose una lucha encarnizada de los docentes, oponiéndose a esta ley que atropellaba todos sus derechos conquistados. Dicha Reforma establecía que, de sacar un resultado destacado, el docente tenía la opción de inscribirse a un programa llamado Servicio Profesional Docente de promoción horizontal o vertical. Además, la Reforma hablaba de un sistema de estímulos (K1, K2, etc.). Sin embargo, no se aplicó cómo estaba estipulado y se obtenía el K1 solo con la evaluación de desempeño obligatoria.

Otra de las afectaciones qué sufrimos los docentes con este programa fue qué los estímulos ya no eran parte del sueldo base, sino que se manejan como un “bono adicional”, qué se disfruta estando activo, pero al momento de la jubilación no forma parte de la pensión, disminuyendo nuestro salario.

A partir de este programa también se establece el proceso y requisitos para el ingreso o incorporación de docentes al servicio educativo. Se establecen factores similares, a los que se les asigna determinados puntajes, pero también depende del recurso asignado la posibilidad de los maestros para mejorar sus ingresos.

Con Peña Nieto, se realiza la desindexación del salario mínimo y se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no existiendo diferencia entre ésta y el salario mínimo y los incrementos salariales. A pesar de que esta unidad de medida no fue creada para salarios, los incrementos anuales empezaron hacer menores que el salario mínimo.

La Cuarta Transformación no resolvió el problema

Al llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador nombró Secretario de Educación a Esteban Moctezuma Barragán, aunque en lo que va del sexenio han desfilado por dicha secretaría al menos dos titulares más. A su llegada, el Secretario General del SNTE es Alfonso Cepeda Salas. Aunque había en campaña prometido que de la Reforma Educativa no iba a quedar “ni una coma”, ha quedado en evidencia que la precarización laboral contra el magisterio, al igual que ocurre con el resto del proletariado, se mantiene.

Durante su gobierno se estableció la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). En este nuevo programa de incentivos, se establece tener 2 años de servicio para empezar a participar e ir ascendiendo gradualmente a cada uno de los 8 niveles, permaneciendo en cada uno 4 años, lo que implica que para llegar al último nivel, que representa un incremento salarial significativo, el docente tiene que someterse a un proceso desgastante, poco objetivo y poco transparente para obtener un resultado lo suficientemente bueno cada vez que le toque promover, siempre y cuando existan los recursos económicos asignados a nivel federal para tal promoción. Por lo tanto, al docente le tomará 34 años de servicio llegar al último nivel.

Tal vez disfrute un año o más todo ese salario, pero en el momento de jubilarse, al no estar en su sueldo base, se jubila con un salario de plaza inicial, sin que se reconozcan todos esos años y dinero invertidos. Ni siquiera llegará al tope establecido por las distintas instituciones de seguridad social para la pensión, actualmente de 8 UMAS en el ISSSTE[1]. Es importante señalar que, si se llega al último nivel de promoción, cuando uno se jubila por el tope existente, disminuye un 60% aproximadamente lo que se recibe de pensión cuando nos retiramos. Eso tal vez explicaría por qué muchos maestros prefieren seguir trabajando para no ver mermados sus ingresos. Por cierto, si están con cuentas individuales o en AFORE, la situación empeora.

Es importante señalar que, tanto en el Servicio Profesional Docente como en el USICAMM, el costo los cursos que se requieren corren por cuenta de los docentes, a diferencia de lo que ocurría en Carrera Magisterial, pues la secretaría los proporcionaba de manera gratuita.

Cómo puede verse este proceso para que los maestros obtengan mejores ingresos es engañoso e injusto. Ha precarizado el salario de un gran porcentaje de excelentes maestros, ha dividido a los trabajadores en categorías y, de esta forma ha desarticulado cualquier movimiento de lucha, ya que, al estar enfocados de manera individual por ganar un poco más, se pierde el sentido de solidaridad de clase, la visión de que todos somos trabajadores y merecemos un salario digno.

La Reforma Educativa continúa igual o peor a la anterior, por lo tanto, el Sistema de Evaluación Docente o USICAMM debe de desaparecer, para que el Gobierno asuma su compromiso de proporcionar salario digno y capacitación permanente, en horario laboral a todos los trabajadores de la educación.

Actualmente la precarización salaria ha aumentado y el poder adquisitivo es cada vez menor. Los incrementos salariales anuales ya no son en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo, este año ni siquiera fueron igual a la inflación. No queda otro camino que organizarnos para seguir exigiendo un salario justo que permita una vida digna para todos los trabajadores de la educación quienes hemos visto aún más disminuidos nuestros ingresos durante este gobierno que resultó ser tan enemigo del magisterio como los anteriores.

[1] En el caso del ISSTEY, en Yucatán, el tope es de $43,000.

Fuente de la información e imagen:  https://chaksaastal.wixsite.com

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