Violación a los Derechos Humanos

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Entrevista con el Presidente de la Federación de Estudiantes de la entidad jesuita, Gustavo Orellana

Entrevistas

América del Sur/Chile/10 Septiembre 2016/Autor: Andrés Figuera Cornejo/Fuente: Rebelión

El movimiento estudiantil de la Universidad jesuita Alberto Hurtado (UAH) ha permanecido en el ojo del huracán de los medios masivos de comunicación dominantes. El objetivo: criminalizar, satanizar y aniquilarlo premeditadamente.

El reciente 3 de septiembre, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), máxima agrupación del sector en el país, se reunió en la sede de la de la UAH para brindar su respaldo a las y los jóvenes perseguidos y sancionados.

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH, Gustavo Orellana Acuña, señala que “Los grupos que controlan la U son el Partido Demócrata Cristiano, la alta jerarquía de la congregación católica de la Compañía de Jesús, una fracción del Partido Socialista. Y la gente que representa esos grupos tiene en común provenir del ex Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu), un partido de izquierda en sus orígenes y que devino en un grupo de interés asociado al poder, al lobby profesional y a la inteligencia política (en términos de represión y control social). Por eso la dirección tiene tanto apoyo de la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, también ex Mapu”.

Y Gustavo añade que “El movimiento estudiantil en la UAH comenzó a formarse con seriedad el 2010, cuando se terminó el ciclo de federaciones impuestas por la dirección de la entidad con los partidos políticos de la Concertación (hoy Nueva Mayoría). Desde entonces las y los estudiantes logramos construir un petitorio histórico y por el cual seguimos luchando hasta hoy”.

-¿Qué demandas considera?

“Son tres puntos básicos. Terminar con el subcontrato y la tercerización de los servicios de aseo y guardias privados de seguridad. No para que dejen de existir esos servicios, sino que para que sean un cuerpo de trabajadores/as de la propia institución. Por otra parte, la democratización de la UAH y un gobierno triestamental (académicos, trabajadores, estudiantes) con voz y voto. Acá no existe ninguna instancia en la que podamos participar en las decisiones sobre la vida universitaria. Y por último, un financiamiento adecuado y la gratuidad universal. Al respecto, es preciso recordar que la UAH se define por su rol público, pero en la realidad las carreras, en promedio, cobran alrededor de 3 millones de pesos al año (USD4.470).”

GOLPE A GOLPE: LA POLÍTICA REPRESIVA DE LOS SUMARIOS A GRANEL

-La UAH tiene 18 años de vida. ¿Cuándo comenzaron a ser castigados por la autoridad?

“El 2010 fue expulsada la primera Federación de estudiantes democráticamente elegida. El argumento que usó la dirección fue que se les habían ‘perdido los papeles del crédito universitario’ de los miembros de la Federación. Como se trataba de estudiantes empobrecidos, fueron inmediatamente expulsados por incapacidad de pago del arancel.

Posteriormente, hubo una serie de sumarios (procesos punitivos jurídicos internos) en contra de dirigentes estudiantiles que se destacaban por ser organizadores del movimiento. El 2012 se produjo la primera toma de la UAH, donde también se realizó el primer ingreso de las Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militar chilena) a las dependencias de la universidad.

El movimiento estudiantil, al igual que en todo el país, cobró mayor masividad, hasta que, desde las bases, llegamos nosotros a la Federación. Nuestro objetivo hasta hoy es recuperar la Federación para las y los estudiantes porque los dirigentes anteriores fueron siempre funcionales a los intereses de la dirección de la UAH, de los gobiernos nacionales de turno y del Estado. Luego de muchas dificultades interpuestas por las autoridades de la institución, logramos ganar la Federación en noviembre de 2015. A la semana de asumir el máximo organismo democrático estudiantil de la universidad, ya la dirección había sumariado a nuestro jefe de campaña. Hasta el momento en que llegamos a la Federación, la autoridad universitaria había sumariado a 8 estudiantes. Mientras tanto, rápidamente los estudiantes volvieron a la política universitaria, volvieron a llenarse las asambleas, los consejos de Federación volvieron a estar al servicio de las carreras. Ello comenzó a incomodar a la dirección.”

-¿Y cómo se expresa el malestar de los dueños de la UAH?

“Con más sumarios en contra de los estudiantes. A nuestro propio jefe de campaña se le hicieron tres sumarios consecutivos justo en días de exámenes. De ese modo, como no fructificaron los cargos falsos que le imputaron, entonces se le expulsó por razones académicas. En enero de 2016, temporada de vacaciones, fueron sumariados 8 jóvenes más, de los cuales 7 quedaron en situación de ‘condicionales’. Ahora bien, la política de los sumarios se basa en castigar a los estudiantes que solidarizan con los estudiantes sumariados anteriormente. Es el absurdo completo.”

NUEVO RECTOR INTENSIFICA LA REPRESIÓN

-¿Qué pasó con el rector Fernando Montes (S.J.)?

“Fernando Montes estuvo 18 años de rector y en su gestión se registró la mayor cantidad de sumarios en contra de estudiantes de educación superior a nivel de país desde el retorno de los gobiernos civiles. Después de Montes, en marzo de 2016, asumió la rectoría el decano eterno de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Silva (S.J.). Su historial está marcado por la deslegitimación frente a los trabajadores. Sin embargo, a su investidura asistió incluso la presidenta Michelle Bachelet, dándole un respaldo gubernamental incondicional.”

-Entre el 9 de junio a principios de agosto de 2016 ustedes realizaron una movilización general…

“Siempre tras el petitorio histórico que levantamos. En el proceso de movilización se efectuó una toma y la autoridad desplegó toda su represión sobre nosotros. Una de las estrategias de criminalización en nuestra contra consiste en responsabilizarnos de supuestos daños sufridos por la UAH durante la toma. Para eso la dirección empleó montajes (armados) fotográficos muy pobres. También utilizó la amenaza de calificarnos académicamente con la nota mínima para intentar obligarnos a volver a clases sin ninguna demanda estudiantil cumplida, ni diálogo, ni negociación. Alrededor de un 25% del estudiantado fue castigado con las peores evaluaciones por seguir movilizado. La reprobación de una cantidad de asignaturas determinadas es causal de eliminación de la institución. En ese rango hoy existen 1.158 estudiantes, quienes quedaron en calidad de ‘condicionales’, mientras que, por lo mismo, fueron expulsados inmediata y formalmente 264 jóvenes (el 30 de agosto de 2016). Para las expulsiones primó un criterio político, independientemente de la excelencia académica de los estudiantes. El argumento fue la condición de representantes estudiantiles y su compromiso con las demandas del movimiento. Asimismo, el día de un plebiscito del movimiento estudiantil y durante una segunda toma de las dependencias universitarias, según un listado de las Fuerzas Especiales de Carabineros, se ‘individualizó’ a un grupo de 25 estudiantes a quienes se les acusó de los supuestos daños de la primera toma (!).”

-¿Y existen pruebas para semejante acusación?

“Ninguna. De los 25 jóvenes, tres fueron notificados de su expulsión y los otros 22 de la suspensión de un año (dos semestres), lo que, en los hechos, significa la expulsión porque se pierden las becas y la continuidad de los estudios. En general, de los casi 290 estudiantes sancionados en total, la inmensa mayoría somos jóvenes pobres. No podemos estudiar sin becas.”

MONTAJE MEDIÁTICO Y JUDICIAL, Y CRISIS INSTITUCIONAL

-El último día de agosto ustedes ingresaron a rectoría con un petitorio…

“En efecto. El rector Silva hasta ese momento, sólo había sostenido una reunión con la Federación estudiantil donde se limitó a reiterar sus negativas al diálogo. El ingreso a rectoría contaba con solicitudes bien sencillas: consensuar un nuevo reglamento de convivencia universitaria y formularlo triestamentalmente; consensuar un protocolo de movilización para evitar sanciones y represalias; y la reincorporación inmediata de los casi 290 estudiantes sancionados. El rector Silva, una vez más, se negó a todo y nos dijo que los tribunales de la UAH son autónomos, toda vez que sus miembros son designados por el propio secretario general de la institución, el demócrata-cristiano José Miguel Burmeister.”

-¿Cuáles son los poderes de José Miguel Burmeister?

“Todos. Es el nexo entre los grandes empresarios que forman el Consejo Superior de la universidad con la dirección. De hecho, Burmeister sesiona como secretario general en ambas instancias, cuestión que ni el rector puede hacer.”

-¿Quiénes son los ‘personajes’ más relevantes en el consejo superior?

“Eugenio Tironi (cabeza de un importante grupo económico del país); Andrea Vial (productora ejecutiva de Televisión Nacional de Chile); un miembro del grupo económico Saieh vinculado a la propiedad de bancos; el responsable provincial de la Compañía de Jesús, Cristian del Campo.”

-Ustedes caracterizan a la coyuntura de la UAH como situada en una crisis institucional…

“Con las represalias y sumarios, tres carreras ni siquiera tendrán egresados este año. Más de mil estudiantes no podrán seguir estudiando porque ya no tienen becas. Hay profesores que se han ido por cuenta propia y otros que han sido echados por apoyar la movilización. ¿No es una verdadera crisis institucionalidad que una universidad jesuita, la congregación del Papa; una entidad educativa que se dice sin fines de lucro y de carácter público, y que sostiene un relato progresista, humanista y de servicio a la comunidad, deje a su suerte a tantos jóvenes empobrecidos? Estamos hablando de una institución que sí recibe aportes del Estado para que estudiantes empobrecidos puedan estudiar. A estas alturas, aquí ya se perdió cualquier criterio académico y humano. Sólo prima la política de reprimir al movimiento estudiantil. La ministra de Educación, Adriana Delpiano públicamente apoyó al rector y sus medidas en nuestra contra. O sea, la crisis adquirió un carácter de Estado.”

-El miércoles 31 de agosto pasado, otra vez irrumpieron las Fuerzas Especiales de Carabineros a la universidad…

“A punta de golpes, lumazos, gases antimotines, dejando más de seis estudiantes lesionados de gravedad, y a una trabajadora migrante y subcontratada que además está embarazada, la que fue trasladada de urgencia a la Posta Central de Santiago. No contentos con ello, nos montaron sumarios a 25 dirigentes estudiantiles, entre ellos a tres de los cuatro miembros de la Federación. Ya habíamos sido sancionados antes de los acontecimientos descritos. El objetivo de las autoridades es claro: desfederar y destruir la organización estudiantil. A otro estudiante y a mí se nos procesó penalmente por ‘maltrato de obra de carabineros’, sin más pruebas que la declaración de un carabinero. Quedamos en la comisaría con orden de arraigo y firma mensual. El tribunal determinó 90 días de investigación. Carabineros actuó indiscriminadamente, agrediendo a varios periodistas.”

-Esta política represiva y criminalizadora, ¿sólo cae sobre ustedes?

“En absoluto. Ya van 20 estudiantes expulsados en la Universidad Diego Portales; 30 en la Universidad Cardenal Silva Henríquez; y otras y otros tantos en la Universidad Católica de Valparaíso y de Temuco, y en Universidad Viña del Mar. A ello se suma la política de desfinanciar a otras Federaciones estudiantiles de estudios superiores. En la Universidad de Magallanes la ministra de Educación llegó a destituir a la rectora Roxana Pey por manifestar públicamente su disconformidad con el incumplimiento de la gratuidad de la enseñanza proveniente del gobierno central.”

-Frente a esta política de Estado que reprime ‘ejemplarmente’ toda disidencia, y que, en tanto régimen político en crisis por la corrupción abierta refrendada en todas las encuestas a la población, ¿qué piensan hacer?

“Ante el autoritarismo, la corrupción, la represión, la ausencia de diálogo y democracia, sólo nos queda un camino: generar más organización y apelar solidariamente a un movimiento amplio de defensa de nuestros derechos. Y no abandonaremos la movilización. No lograrán que se naturalice la violencia del Estado en contra de las y los jóvenes que luchan por una causa justa.”

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=216444

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Un juez federal paraliza la directiva que obliga a las escuelas públicas de Estados Unidos a respetar la identidad de género de su alumnado trans

Noticias

Estados Unidos/ Agosto de 2016/Cubadebate

Nuevo episodio en la batalla por los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Un juez federal ha paralizado la aplicación de la directiva para que los estudiantes trans de los centros educativos públicos puedan utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La norma impulsada por la administración Obama iba a empezar a aplicarse con el comienzo del curso escolar.

El juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitió el pasado domingo una medida cautelar (preliminary injuction) que deja en suspenso, justo antes de que empiece el curso escolar, la orden de la administración Obama que insta a los centros educativos públicos a que permitan al alumnado trans hacer uso de las instalaciones acordes con su identidad. La sentencia de O’Connor es la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación el pasado mes de mayo, que indicaban a la comunidad educativa que las leyes antidiscriminación por razón de sexo deben aplicarse también a las diferentes identidades de género.

Una visión que no comparte el magistrado, que cree que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla: lo cual, en opinión de O’Connor, contradice estatutos y textos regulatorios existentes a nivel de los estados. El departamento de Educación replicó que las directrices se limitaban a aclarar la interpretación que hace la administración federal de las normativas antidiscriminación y que la retirada de fondos públicos sería solo la última medida tras un proceso judicial.

Expertos legales consultados por The New York Times limitan el alcance de la resolución del juez O’Connor, porque no afecta a otros frentes judiciales sobre derechos trans que están abiertos actualmente. El propio magistrado, nominado en su momento por el expresidente George W. Bush, advierte de que no se ha dicho la última palabra “este complicado asunto político” y reconoce la “dificultad de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y su privacidad personal” con la garantía de que “ningún estudiante es innecesariamente marginado”.

Dos batallas legales se están librando actualmente sobre este mismo asunto. Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch anunciaba en mayo una demanda federal contra la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, que entre otras cosas prohíbe a las personas trans escoger los baños públicos acordes con su identidad. Además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo del país prohibió temporalmente a un adolescente trans, Gavin Grimm, poder usar el baño de chicos de su instituto. En abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito con sede en Richmond (Virginia) le había dado la razón a Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La sentencia del Supremo revoca temporalmente la de la Corte de Apelaciones y supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

A pesar de que estos dos frentes siguen abiertos, la medida cautelar de O’Connor supone una nueva victoria para las fuerzas homófobas y tránsfobas que han hecho del derecho a usar los baños acordes con la propia identidad sexual su caballo de batalla en los últimos meses. Así lo consideran diversas organizaciones de derechos civiles que han emitido un comunicado oponiéndose al fallo del juez federal: “Una sentencia de un solo juez en un circuito no puede anular los años de jurisprudencia a nivel nacional que establecen que los estudiantes transgénero tienen el derecho a ir a la escuela sin ser discriminados”. El fiscal general de Texas, por el contrario, se ha felicitado por la medida, ya que en su opinión el presidente Obama “intenta reescribir las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

Una directiva para atajar la discriminación del alumnado trans

La directiva aprobada por el departamento de Educación el pasado mes de mayo y enviada a todos los distritos escolares del país estipula que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

La estrategia del “pánico transexual”, trasfondo de la polémica

La sentencia de O’Connor, como la del Supremo hace unas semanas, supone un cierto jarro de agua fría para las organizaciones LGTB. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente: http://www.dosmanzanas.com/2016/08/un-juez-federal-paraliza-la-directiva-que-obliga-a-las-escuelas-publicas-de-estados-unidos-a-respetar-la-identidad-de-genero-de-su-alumnado-trans.html

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África dice no a la mutilación genital femenina

Noticias

Unión Africana/11 agosto 2016/Fuente: El País

El Parlamento de la Unión Africana ha avalado la prohibición de la mutilación genital femenina en todo el continente, una práctica en retroceso pero que se sigue realizando en una treintena de países sobre todo en la banda del Sahel, desde Somalia hasta Senegal. Aunque el Parlamento Panafricano, con sede en Sudáfrica, sólo tiene carácter consultivo y asesor y no legislativo, esta decisión supone un espaldarazo a la creciente adopción de medidas por buena parte de los países afectados, que obedece tanto al trabajo y las presiones ejercidas por los organismos internacionales como a la lucha que desde hace décadas lideran asociaciones africanas de defensa de los derechos de la mujer y la infancia.

El acuerdo se produce tras intensas sesiones realizadas entre miembros del Grupo de Trabajo para la Mujer del citado Parlamento y representantes del Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA). En realidad, lo acordado es un plan de acción encaminado a erradicar la ablación, que sufren cada año unos tres millones de niñas en África y Oriente Próximo y que afecta en la actualidad a 125 millones de mujeres. A partir de ahora comienza la tarea de los 250 diputados firmantes de hacer llegar esta decisión a sus respectivos países e impulsar la puesta en marcha del plan de acción en coordinación con las autoridades nacionales.

En los últimos años, los avances sociales y legislativos en África occidental, una de las regiones afectadas han sido imparables. Nigeria prohibió la ablación en todo su territorio en mayo de 2015, mientras que Gambia, hasta ahora refugio de esta práctica, hizo lo propio en noviembre pasado. Issatou Touray, histórica activista gambiana, asegura sin embargo que “sólo con el trabajo en las comunidades se podrá dar un cambio real, las leyes son necesarias pero no bastan”.

Cada país es un mundo. En Senegal está prohibida desde hace años, pero se sigue practicando de manera clandestina y por eso, la ONG Tostan sigue llevando a cabo su política de juramentos, en la que las mujeres y líderes comunitarios prometen públicamente el abandono de la ablación. En Guinea también está prohibida, pero la tasa de prevalencia está en torno al 90% porque cuenta con una enorme aceptación cultural. En Malí, sin embargo, es legal aunque existe un plan nacional desde 2010 para erradicarla. Virginie Moukoro, defensora de los derechos de la mujer y la infancia maliense, cree que aún queda mucho trabajo por delante, pero que en el plazo de una generación se podrá acabar con la ablación. “Un día será historia, como ocurrió con la práctica de atar los pies a las niñas en Japón”, asegura.

En África oriental el optimismo es más moderado. Países como Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía o Somalia tienen el triste honor de concentrar las tasas de prevalencia más elevadas, en este último país del 98%, la más alta del mundo. Allí se practica un tipo de ablación conocida como la circuncisión faraónica, que además de la extirpación del clítoris y labios mayores y menores conlleva el cosido de la vulva hasta dejar un pequeño orificio para permitir la salida de la orina. Las consecuencias son terribles y provoca cientos de muertes cada año. Somalia es un ejemplo de la ambigüedad legislativa en la que se mueven muchos países sahelianos, la Constitución establece la prohibición de la práctica pero ninguna ley ha sido aprobada para hacer efectiva esta decisión.

La mutilación genital femenina comprende un conjunto de prácticas que van desde la amputación total o parcial del clítoris hasta la extirpación de labios mayores y/o menores, con consecuencias trágicas para las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, además del riesgo de muerte y enfermedades, el dolor, el trauma y las lesiones creadas por el procedimiento en sí mismo, muchas veces realizado en penosas condiciones higiénicas, las consecuencias a largo plazo incluyen las infecciones recurrentes, quistes, esterilidad y aumento de las complicaciones durante el parto, además, claro está, de la imposibilidad o dificultad de sentir placer durante el acto sexual. Además de un atentado para la salud de la mujer, supone una violación de sus derechos y una forma de discriminación que refleja la desigualdad entre los sexos.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/09/actualidad/1470746651_803060.html

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Antioquia: segunda región con más casos de trata de personas

Noticias

Colombia/ Antioquia/Agosto de 2016/El Tiempo

En 2015 hubo 73 denuncias en el país por este delito de lesa humanidad. 8 fueron en el departamento.

Es en los barrios más pobres de los municipios de Antioquia, entre ellos Medellín, las mujeres jóvenes son las más propensas a ser engañadas por las redes de trata de personas.

También es en ellos donde se presenta la mayoría de embarazos adolescentes, hay altos índices de deserción escolar y desempleo juvenil, y está el porcentaje más alto de víctimas de ese flagelo.

 Según cifras de las Naciones Unidas, Antioquia es el segundo departamento del país, después del Valle del Cauca, con más casos de trata de personas, delito considerado de lesa humanidad y al que se le ha denominado la esclavitud del siglo XXI. El año pasado 8 mujeres fueron comercializadas ilegalmente en el departamento.

Por esta razón, en el marco de del Día Mundial Contra la Trata de Personas, que se celebra este sábado, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín realizaron la firma del pacto del Corazón Azul, liderado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En este pacto se comprometieron a implementar el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Hasta el momento ha sido ratificado por 159 estados que buscan reducir la vulnerabilidad de las potenciales víctimas al facilitar que la población se entere, conozca y participe activamente en las acciones de prevención del delito.

“Lo que busca el Corazón Azul es generar preguntas sobre cómo y por qué se genera la explotación de seres humanos, hombres y mujeres. Lo importante es que haya espacios de opinión y debate respecto al rol de cada ciudadano en la erradicación de este delito”, dijo Carlos Pérez, coordinador del proyecto de la oficina de Naciones Unidas.

Según él, la trata de personas es un crimen invisible, difícil de identificar y en el que están involucradas muchas personas, desde miembros de la familia y amigos hasta grandes mafiosos que se enriquecen con la esclavitud de otros seres humanos.

Según Betty Pedraza, de la Corporación Espacios de Mujer, las víctimas son captadas en los colegios, a la salida de las universidades, pero también en los barrios residenciales. Los victimarios pueden ser desde el señor que reparte folletos de agencias de modelaje, hasta amigos, familiares o allegados, que las convencen de viajar a otros países o ciudades en busca de mejores oportunidades de vida, trabajos estables y dinero.

Sin embargo, cuando llegan a esos lugares las condiciones son otras y sus cuerpos y mentes les pertenecen al explotador que las obliga a tener relaciones sexuales 14 horas al día, sin recibir ni un 90 por ciento del valor de sus servicios. A su vez, contraen una deuda de viaje que aumenta casi en un 80 por ciento y que se multiplica cada día.

Según información de Naciones Unidas, el viaje de una persona a los países en que serán explotadas le cuesta a las redes de trata de personas 6.000 dólares. Pero con solo tres meses de trabajo estas reciben 60.000 dólares de ganancias por cada mujer.

“Para ellas resulta imposible pagar esa deuda. A ellos no les conviene que vuelvan a sus países a denunciar”, señaló Pedraza que en el 2015 fue homenajeada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su ayuda a mujeres que han ejercido la prostitución o han sido víctimas de la trata.

Las que logran salir de la explotación, aseguró la activista, no están dispuestas a denunciar por miedo a amenazas, a recibir represalias y a que sus familiares sean víctimas de estas redes. Por eso, por cada caso que se identifica hay 20 más que no han sido denunciados.

“Muchas se cambian de barrio o lugares de residencia y ahí las localizan, las buscan y las llaman para que no denuncien. Otras le tienen miedo al estigma, a ser señaladas socialmente, por eso no quieren contar todo lo que les pasó”, expresó Pedraza.

Según ella, la recuperación puede durar mucho tiempo aunque la mayoría prefiere olvidar y visualizar un futuro. En ese camino de autosuperación llega un momento en que sus miedos reaparecen y es cuando la fundación está abierta para ayudarlas.

Un negocio ilegal muy rentable

La trata de personas es el segundo negocio ilegal más rentable en el mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 2,4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas ya sea para explotación sexual o laboral.

Según el Ministerio del Interior de Colombia, los países de recepción y explotación, en 2015, fueron China, Bahamas, Argentina, República Dominicana, México y Venezuela.

‘Cerca hay una mujer explotada’

EL TIEMPO entrevistó a Mabel Lozano, activista española en contra de la trata de personas y la autora del documental Chicas nuevas 24 horas, que denuncia este delito y que explora casos en cinco países, entre ellos Colombia.

¿Por qué hablar en un documental de trata de personas?

El cine es una herramienta transformadora, aporta valores. Así que Chicas Nuevas 24 horas aparte de que ha estado nominada al Goya como mejor largometraje documental, fue realizado para cambiarles la percepción sobre la trata a miles de jóvenes, a los que es mucho más fácil llegarles por lo audiovisual.

¿Qué pretende generar con esto?

Es importante que la gente salga de esa sociedad del bienestar europea, y vean que muy cerca de ellos una mujer está siendo explotada debido a la permisividad social. Estamos haciendo trabajo transversal en países de tránsito y destino, como Alemania y España.

Pero también hacemos un trabajo pedagógico en los lugares de origen, así que nuestro documental está doblado al guaraní, y lo llevamos a centros educativos en Paraguay y otros países latinoamericanos como Colombia.

¿Hay ignorancia en lo que significa la trata de personas?

En algunos lugares la trata se ve muy lejos de afectar, sino que más bien está ligado a la prostitución y el ocio, al divertimiento, pero no al delito. Por eso, directamente para empoderar a estas mujeres y niñas hay que hacer un trabajo de educación, pero también crear unos proyectos sociales para brindarles mejor oportunidades de educación y acceso al trabajo.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-segunda-region-con-mas-casos-de-trata-de-personas/16659562

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México: Maestros burlan cerco policíaco de Mancera y proponen “una gran consulta nacional para construir un proyecto educativo”

Noticias

México/30 Julio 2016/Autor: Antonio Aranda/Fuente: Revolucion tres punto cero

A pesar del intenso cerco policíaco que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México montó en las inmediaciones del Centro Histórico de la capital para evitar que los profesores, que se mantienen en plantón permanente contra la Reforma Educativa, se manifiesten en el zócalo capitalino, un contingente cercano de los mil maestros logró burlar la vigilancia y llegahttp://otrasvoceseneducacion.org/wp-admin/post.php?post=127733&action=edit#TB_inline?width=400&inlineId=huge_it_videogalleryr hasta este punto.

Aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera había bloqueado sistemáticamente todos los intentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para protestar en el primer cuadro de la ciudad, en esta ocasión la policía no logró detenerlos a pesar que en las inmediaciones se desplegó un nutrido grupo de granaderos con su equipo antimotines.

Para llegar al Zócalo, donde se realiza en estos días la Aldea Digital, los docentes planearon una distracción: emitieron una convocatoria para realizar un mitin en el Hemiciclo a Juárez a las diez de la mañana, sin embargo horas antes el magisterio en “operación hormiga”, fue tomando posiciones mimetizándose con los visitantes a la Aldea Digital.

En el lugar miembros de las secciones 9  y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la Plaza de la Constitución con pancartas, carteles y mantas en los que demandan la abrogación de la reforma Educativa, el pago de salarios caídos y la reinstalación de sus compañeros que han sido despedidos por no presentarse a realizar las evaluaciones que marca la Reforma.

Los mentores disidentes se colocaron frente al Palacio Nacional y exigieron que el gobierno federal exprese respuestas “serias” a las demandas que han presentado en las mesas de negociación.

Los profesores gritaron consignas en contra de Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. “Enrique, culero, privatiza tu agujero”, “Ya cayó, ya cayó, la Reforma ya cayó” y “Aurelio, se te nota, tu cara de ratota” fueron algunas de las expresiones que lanzaron los docentes al aire.

Ante la situación que sorprendió a las autoridades capitalinas se optó por cerrar los accesos a la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo Metro y se realizaron cortes viales en la calle 20 de Noviembre a la altura de Venustiano Carranza.

Los inconformes fueron encabezados en esta ocasión por el dirigente de la sección 9, Enrique Enríquez, quien reiteró el llamado al gobierno federal para que atienda los tres ejes de sus demandas.

“Nosotros seguimos con la abrogación y debemos construir la ruta para poder tirarla, ya sea administrativamente o a través del poder legislativo, que fue lo que pedimos ahora. Sobre si la Reforma es benévola como lo dijo Peña Nieto, yo pregunto: ¿benévola en qué sentido? Ellos han reconocido que tiene fallas desde un discurso inicial de que “no se movía” pasaron a que “debe modificarse”. El INE, Peña y Ñuño, como todos los que la defendían.

“Nosotros decimos que esa reforma dejó de ser vigente para ellos y nosotros debemos ir sobre la construcción del proyecto educativo. Ya hicimos una propuesta, ellos presentaron un modelo que no creemos posible que lo implemente porque la consulta en las escuelas es hasta agosto. Y la reunión de ayer con los gobernadores es una farsa entre cuates. Ni los secretarios de educación estuvieron ahí.

“Nosotros proponemos una gran consulta nacional y no como propuesta de la CNTE, sino sentarnos a discutir cómo se debe construir y un proyecto educativo. La propuesta se hizo el pasado martes ya en la mesa, cuando anunciaron que ya tenían el modelo”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO el líder magisterial de la sección 9, Enrique Enríquez.

Sobre los anuncios que la Secretaría de Gobernación difundió ayer en el sentido que la dependencia federal acordó con los docentes la reinstalación de los maestros cesados, la liberación de los docentes presos, junto con la cancelación de cualquier orden de aprehensión en contra de integrantes del magisterio, Enríquez opinó:

“El acuerdo de la CNTE con gobernación es que debe liberar a todos los maestros presos, que son más de 25 y no sólo tres. Eso es lo que estamos exigiendo porque a todos se les inventaron cargos. No son más que rehenes de la Reforma Educativa, presos políticos y de consciencia.

“La mesa tres sobre reparación de los daños: Todos los compañeros que fueron cesados por no acudir a la evaluación sean repuestos en sus puestos con sus salarios. Gobernación en su última reunión afirmó que el martes tendría una respuesta, pero ésta aún no ha llegado, por eso estamos pidiendo que se restaure la mesa para seguir trabajando con los daños, presos, la reinstalación y la abrogación, puntos que han sido simultáneos aunque se han trabajado por mesas”, concluyó el dirigente.

Después de manifestarse en el circuito de la plancha del Zócalo, el contingente de maestros partió con rumbo a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se ubican a dos cuadras, sobre la calle de Brasil.

En completo orden y de manera pacífica los docentes marcharon hasta la Plaza de Santo Domingo donde realizaron un mitin político en el que llamaron a sus agremiados a no desistir de la lucha contra la Reforma Educativa.

“Los docentes exigimos la reinstalación inmediata de los maestros cesados, despedidos o removidos injusta y arbitrariamente de sus centros de trabajo. Esta reforma administrativa que hacen pasar por educativa, sólo violenta los derechos laborales de los maestros, pues se pierden las plazas de base, los estímulos y logros alcanzados; además, es el inicio de la privatización la educación en México”, expresó un docente de Michoacán.

Al concluir con un mitin en la Plaza de Santo Domingo -una manifestación que se prolongó casi cuatro horas- los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que se cumplió con el objetivo de marchar en forma pacífica en el Zócalo “para reiterar que se trata de un espacio público que es de todos los mexicanos, no sólo de los empresarios”, dijo Enrique Enríquez.

Los docentes reiteraron su rechazo a la reforma educativa y afirmaron que podría “no haber un regreso a clases 2016-2017, si el gobierno federal insiste en darle largas al conflicto magisterial”. En pequeños grupos, los maestros que se encontraban concentrados frente a la SEP y el templo de Santo Domingo, comenzaron a dispersarse para regresar al plantón que mantienen desde hace más de dos meses en la Plaza de la Ciudadela.

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/maestros-burlan-cerco-policiaco-de-mancera-y-proponen-una-gran-consulta-nacional-para-construir-un-proyecto-educativo/

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Maestros y estudiantes: Punta del iceberg de crisis de DDHH en México

Inés M. Pousadela

Por: Inés M.Pousadela

México está experimentando una monumental crisis de derechos humanos. Hay abundante evidencia de las extendidas violaciones de derechos humanos en el país, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Si los datos duros son preocupantes, lo es aún más la negativa persistente del gobierno mexicano a reconocer la situación. En las palabras de Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca, una organización de la sociedad civil local, el Estado “está invirtiendo más esfuerzo y recursos en negar un problema que de todos modos es evidente, que en resolverlo”.

Pese a las garantías constitucionales, en México el imperio de la ley es incompleto y muy desparejo. En estados como Oaxaca, donde las protestas de maestros fueron recientemente reprimidas con violencia, o Guerrero, donde 43 estudiantes de magisterio rural fueron desaparecidos y dados por muertos desde 2014, organizaciones y activistas de la sociedad civil enfrentan fuertes restricciones.

Ellas se derivan de la violencia ligada al narcotráfico, la infiltración de gobiernos locales por parte de operaciones de crimen organizado crecientemente diversificadas, la penetración de la corrupción, la represión policial, y las severas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En junio, los maestros de Oaxaca se manifestaban en las calles en contra de la reforma educativa emprendida por el gobierno. En el fin de semana del 19 y 20 las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos nueve personas e hirieron a varias decenas al atacar a maestros y pobladores movilizados.

Una declaración firmada conjuntamente por numerosos grupos de la sociedad civil mexicana subrayó entonces que la gente de Oaxaca vive “en un contexto de violencia generalizada” en el cual los movimientos sociales – en particular los que involucran a los maestros – llevan largo tiempo criminalizados por el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.

El hostigamiento judicial contra los líderes sindicales de los maestros es en efecto frecuente, e incluye arrestos y detenciones. Precisamente uno de esos arrestos tuvo lugar el pasado 11 de junio, al tiempo que el clima de protesta se recalentaba.

Los maestros denunciaron el arresto como un acto de acoso judicial motivado políticamente, desestimaron los cargos de malversación y lavado como meras excusas destinadas a desactivar la protesta y, acto seguido, redoblaron su estrategia de bloqueo de rutas.

En los días y horas que precedieron al desencadenamiento de la violencia, las autoridades convirtieron el área en una zona de guerra: a medida que la tensión se incrementaba, una flotilla aérea sobrevolaba la zona y eran desplegados numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad. Nada más que tragedia podía resultar del encuentro cara a cara de esos efectivos fuertemente armados con las multitudes de manifestantes.

A la represión le siguió la consabida discusión acerca de las virtudes morales de los maestros (¿eran lo suficientemente pacíficos?), sus opciones tácticas (¿cuán legítimo es el bloqueo de rutas, uno de sus métodos disruptivos preferidos?), sus preferencias de política pública (¿es la reforma educativa tan mala como ellos afirman?) e incluso sus razones subjetivas para rechazar los cambios propuestos por el gobierno (¿tenían miedo de perder sus empleos en caso de imponerse evaluaciones de desempeño?).

Mientras que las opciones de política pública son en efecto el tema de una discusión que ha de ser saldada por los mexicanos –y de hecho uno de los principales reclamos expresados en las calles era justamente que el gobierno trataba de imponer su proyecto de reforma en vez de someterlo a debate público-  no existe justificación alguna para el uso de fuerza letal por parte de las autoridades estatales.

A contramano de los estándares de buenas prácticas vigentes sobre el manejo de manifestaciones, el gobierno federal de México y el gobierno del estado de Oaxaca han recurrido una vez más a medidas punitivas de mantenimiento del orden público. Han tratado a los bloqueos de rutas, históricamente parte de las tácticas de resistencia de los movimientos sociales, como delitos graves.

Han utilizado el sistema de justicia penal como herramienta para inhibir las protestas a la vez que castigar a los manifestantes por participar en ellas. La violenta reacción gubernamental frente a la protesta social de los días 19 y 20 de junio fue todo menos sorpresiva.

Según las autoridades, fue cuando la policía trató de desalojar a los manifestantes que unos individuos armados no identificados (pero según todos los indicios no vinculados con las organizaciones que lideraban la protesta) abrieron fuego y desataron el caos. Tras los incidentes, numerosos testigos oculares coincidieron en afirmar que los manifestantes se encontraban desarmados.

Lejos de carecer de precedentes, esta tragedia siguió el guión de una masacre similar ocurrida una década atrás. Fue, precisamente, la impunidad reinante la que habilitó la repetición: tal como lo enfatiza Sánchez Maya, “todavía hoy no tenemos ni una persona detenida y sentenciada por la terrible represión ocurrida en 2006… El Estado no ha sido capaz o no ha querido garantizar el acceso a la justicia, ni siquiera en los casos en que se sabe quién es el culpable de la violación de derechos humanos a partir del testimonio de las víctimas. Ello ha generado impunidad, y por lo tanto permisibilidad (hacia las violaciones de derechos humanos)”.

En la práctica, las libertades básicas que componen el espacio cívico – las de asociación, protesta pacífica y expresión – no son plenamente respetadas en México, y predomina la impunidad. De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno mexicano, desde 2007 más de 22.000 personas han desaparecido en el país.

Un reciente informe de Front Line Defenders registró ocho asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en México durante 2015, en tanto que el capítulo mexicano de Artículo 19 documentó 23 desapariciones de periodistas entre 2003 y 2015, es decir un promedio de dos al año. El último iforme anual de la misma organización describe una situación de temor extendido entre los trabajadores de medios, con 397 agresiones contra la prensa documentadas en 2015 (una cada 22 horas, un aumento de 22 por ciento en relación con 2014), incluidos 7 asesinatos.

No resulta sorprendente que el espacio para la libre expresión, tanto en los medios tradicionales como en la web, quede restringido por efecto de la autocensura.

La participación en protestas callejeras también conlleva riesgos, en la medida en que la menor chispa de violencia por parte de los manifestantes suele constituir una excusa bienvenida para el despliegue de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, a menudo seguida de detenciones arbitrarias e incluso torturas bajo custodia.

Varios estados cuentan con legislación que permite a la policía utilizar armas de fuego o fuerza letal para dispersar manifestaciones.

La violencia y la represión son parte de la vida cotidiana en numerosos estados y localidades de México, aunque solo unos pocos casos seleccionados terminan colocados bajo los reflectores de la atención internacional.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que en 2014 desaparecieron en camino a una protesta en Iguala, en el estado de Guerrero, constituyó en ese sentido un punto de inflexión. Cuando nuevos activistas mexicanos son asesinados por decir su verdad o exigir explicaciones al poder, sus conciudadanos ya no están mirando para el otro lado.

Desde la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ha existido una demanda sostenida por una investigación independiente, la cual se ha renovado vigorosamente en las últimas semanas.

De igual modo, la represión en Oaxaca empujó a miles de estudiantes y pobladores locales hasta entonces ambivalentes hacia las reformas educativas propuestas a manifestarse en las calles en solidaridad con los maestros. Enormes multitudes sumaron sus voces en otras partes del país, incluida la Ciudad de México. Manifestaciones menores también tuvieron lugar en ciudades de todo el mundo.

Desde las calles, los medios y los foros internacionales se elevan un fuerte llamamiento al gobierno mexicano. Las demandas son claras. En primer lugar, las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno deben buscar y mantener el diálogo con los grupos de la sociedad civil movilizados, entre ellos los sindicatos docentes.

En segundo lugar, deben dar instrucciones a las agencias de mantenimiento del orden para que cese de inmediato el uso de fuerza excesiva contra organizaciones y activistas de la sociedad civil en pleno ejercicio de su legítimo derecho a reunirse y peticionar a las autoridades.

Tercero, deben iniciar una investigación independiente de toda instancia de uso de la fuerza contra manifestantes y de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas en conexión con aquellas. Tercero, deben adoptar las mejores prácticas para el manejo de manifestaciones recomendadas por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas.

Finalmente, deben fortalecer y utilizar en forma efectiva las instituciones de protección ya existentes, tales como la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En pocas palabras, medidas efectivas de protección más sólidas garantías de no repetición: he aquí la simple fórmula del cambio.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/07/maestros-y-estudiantes-punta-del-iceberg-de-crisis-de-ddhh-en-mexico/

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Expertos brasileños rechazan la postura de forzar el contacto con tribus aisladas

Noticias

Survival/08 de julio de 2016
En la Amazonia hay alrededor de un centenar de pueblos indígenas no contactados. Sabemos muy poco sobre ellos, pero muchos han expresado su claro deseo de permanecer aislados.
El departamento de asuntos indígenas de Brasil (FUNAI) ha criticado con dureza a los autores de un polémico editorial publicado en la revista Science que apostaba por forzar el contacto con pueblos indígenas aislados.

En una carta abierta que critica a los controvertidos antropólogos Kim Hill y Robert Walter, expertos en pueblos indígenas aislados de FUNAI recalcan las amenazas a las que estos últimos se enfrentan, como la violencia ejercida por los foráneos que les arrebatan sus tierras y recursos, y las enfermedades como la gripe y el sarampión frente a las que no tienen inmunidad. Asimismo, rechazan lo que Hill y Walker denominan “contacto controlado” por considerarlo “una grave violencia contra el derecho de estos pueblos a determinar sus propios procesos de vida”.

Y añaden: “Queremos expresar aquí nuestro desacuerdo en relación con las interpretaciones expuestas por algunos antropólogos (…) donde se defiende el ‘contacto controlado’ como única estrategia posible para la protección de dichos pueblos (…) En ninguna intervención de contacto hay control absoluto, ni siquiera en aquellos casos donde los equipos disponen de todos los insumos necesarios para llevarlo a cabo de forma eficaz”.

En el editorial Hill y Walker reconocen el devastador impacto que puede tener el primer contacto, pero afirman que el “contacto controlado” es “mejor opción que una política de no contacto” y debería iniciarse después de “concebir un plan bien organizado”.

Agentes de FUNAI en una patrulla, Brasil.

Agentes de FUNAI en una patrulla, Brasil.

© FUNAI

Con su declaración, FUNAI se suma al llamamiento internacional liderado por los pueblos indígenas para que se protejan los derechos territoriales de los pueblos indígenas aislados y tengan la oportunidad de decidir su propio futuro. Varias ONG brasileñas, incluidas CIMI, ISA y CTI, así como Survival International, también están haciendo campaña en este sentido.

En una grabación para el proyecto de Survival Tribal Voice, Olimpio Guajajara, un hombre indígena de la Amazonia oriental de Brasil, rechazaba el contacto forzoso con estas palabras: “Nosotros estamos al tanto de que algunos antropólogos quieren establecer un ‘contacto controlado’ con los indígenas aislados (…) Nosotros no vamos a dejar que esto pase. Porque eso sería otro genocidio dentro de un pueblo (…), de un grupo indígena que no quiere contacto.”

Este año la campaña internacional de Survival para salvar a los últimos kawahivas, un pueblo indígena no contactado del estado de Mato Grosso, consiguió asegurar un territorio protegido para la tribu. Ahora los activistas esperan que la declaración de FUNAI mantenga la presión sobre el Gobierno interino de Brasil para que proteja de forma eficaz a los pueblos indígenas aislados.

Por su parte, el director de Survival International, Stephen Corry, declaró: “Asegurar que las misiones para contactar forzosamente a pueblos indígenas aislados, aún habiendo sido ‘bien planificadas’, pueden salvar vidas es ingenuo y choca plenamente con lo que la historia nos ha demostrado: por toda América del Sur los primeros contactos casi siempre han conllevado muerte, enfermedad o la destrucción de la tribu afectada. ¿Por qué iba a ser diferente en el futuro? La respuesta corta es que no lo será. Seamos claros: el contacto forzoso es probable que sea una sentencia de muerte para los pueblos indígenas aislados. Estos se enfrentan a una catástrofe a menos que su tierra sea protegida y estamos haciendo todo lo que podemos para garantizar sus territorios”.

Tomado de: http://www.survival.es/noticias/11351

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