Page 2 of 13
1 2 3 4 13

Denuncian desalojo violento de comunidad campesina en Guatemala

Denuncian desalojo violento de comunidad campesina en Guatemala

Según las denuncias, publicadas en redes sociales, José Choc Chamán murió durante el desalojo realizado por la policía.

Un desalojo violento realizado por la policía guatemalteca en la aldea Chinebal, en el municipio de El Estor, del departamento de Izabal, dejó una persona muerta, denunciaron comuneros y organizaciones sociales.

Según las denuncias, publicadas en redes sociales, José Choc Chamán murió durante el desalojo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea donde viven las familias campesinas maya Q’eqchi, una comunidad que se ha visto afectada por la usurpación a sus bienes y recursos de sus territorios en las últimas décadas.

Fernado Juc, uno de los abogados que tiene comunicación con la comunidad, confirmó que el desalojo se realizó de forma violenta; unos 2.000 agentes participaron en este operativo.

«Asesinan a campesino José Choc Chamán durante un desalojo en la comunidad Chinebal, Estor, Izabal, este 31OCT20. Participaron más de 300 efectivos de la @PNCdeGuatemala y antimotines quienes disparaban a diestra y siniestra dice un poblador. Hay heridos y capturados.»

Video insertado

«Asesinan a campesino José Choc Chamán durante un desalojo en la comunidad Chinebal, Estor, Izabal, este 31OCT20. Participaron más de 300 efectivos de la @PNCdeGuatemala y antimotines quienes disparaban a diestra y siniestra dice un poblador. Hay heridos y capturados.»

A las 16H00 horas de este sábado, en una cuenta de Facebook “Soy Policía de Guatemala”, administrada por uno de los agentes de la PNC que participó en el operativo, fue publicado un video en donde se escucha el uso de armas de fuego durante el desalojo.

Esta cuenta afirma que participaron agentes de la PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos PDH y fiscales de Ministerio Público, aunque la representante oficial de la PDH negó haber participado.

Por su parte, la PNC informó que tres agentes resultaron heridos durante un procedimiento judicial de desalojo en una comunidad al noreste del país centroamericano, en el que también falleció un campesino supuestamente armado.

La entidad aseguró que «mientras se desarrollaban diligencias judiciales en la aldea Chinebal, El Estor», en el departamento de Izabal (noreste), a más de 310 kilómetros de distancia de Ciudad de Guatemala, elementos de la PNC fueron atacados «por un grupo de personas del lugar con armas de fuego».

«La @PNCdeGuatemala confirma a las 19:40 horas el asesinato de un comunitario en la Aldea Chinebal en #ElEstor Izabal, en un comunicado afirman que agentes fueron atacados con arma de fuego. Esto ocurrió en la mañana de este #31deOctubre durante un desalojo.»

Imagen

Como consecuencia del enfrentamiento «tres elementos de la PNC resultaron heridos con proyectil de arma de fuego y una persona armada (un campesino) resultó fallecida», enfatizó la Policía guatemalteca en un comunicado de prensa.

La PDH informó que frente al «bloqueo del camino a empresa NaturAceites por pobladores de El Chinebal, El Estor,  la auxiliatura recomendó el diálogo entre líderes y autoridades. El juez de Instancia Penal ordenó a la PNC retirar el bloqueo y dar seguridad a trabajadores».

La PDH dijo que, ante las muertes que se produjeron, verificó «que el Ministerio Público se apersonara, quienes continúan en diligencias».

El Estor fue uno de los municipios del departamento de Izabal y de los correspondientes a Alta Verapaz (norte) que fueron puestos bajo estado de sitio en julio pasado.

«| Ante bloqueo del camino a empresa @NaturAceitesGT, por pobladores de El Chinebal, El Estor . Auxiliatura recomendó el diálogo entre líderes y autoridades. Juez de Instancia Penal ordenó a @PNCdeGuatemala retirar el bloqueo y dar seguridad a trabajadores.»

Imagen

El presidente, Alejandro Giammattei, justificó la medida porque había presencia de grupos armados y narcotráfico en el área que habían «desestabilizado» la región y habían provocado «ingobernabilidad».

La comunidad ha denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos, durante el estado de sitio en El Estor este año.

En septiembre del año pasado, el expresidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio en más de 20 municipios del departamento de Izabal, El Progreso, Alta Verapaz y Petén después de que una brigada de la marina supuestamente fuera emboscada por un grupo de narcotraficantes,

Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/news/guatemala-desalojo-violento-comunidad-campesina–20201101-0008.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_content=9

 

 

Comparte este contenido:

Libro (PDF): Educación y vínculo social : experiencias de maestras presas políticas en una cárcel de mujeres

Reseña: CLACSO

Cuando las condiciones de vida cambian abruptamente y se confrontan diferentes subjetividades en contextos de encierro, control y poder, se hace necesario reflexionar sobre los vínculos que se tejen. El vínculo social se reconfigura como la urdimbre de las relaciones ético-políticas que se traman en la nueva cotidianidad carcelaria. Aquí, las relaciones éticas son entendidas en el marco de lazos humanos con la subjetividad, la identidad y la alteridad como elementos predominantes. Lo ético se concibe como la reflexión sobre los comportamientos humanos, porque la ética está más allá del ser, se refiere a la relación del ser con el otro, a la responsabilidad con el otro, al encuentro con el otro. Aquí, las relaciones políticas se configuran en el marco de relaciones de poder. En esa medida lo político se asume como aquello que lleva a mujeres y hombres a tener una práctica de justicia social. Aquí, la experiencia de estar presa conlleva a que los vínculos consigo misma y con los otros se vean notoriamente modificados, configurando distanciamientos, crisis y desarraigos; también generando que la condición de mujer, de maestra y de activista política confluyan en el encierro carcelario para activar inéditas posibilidades encuentro y de compromiso social.

 

 

Autor/a:                               Arias Gómez, Diego Hernán –   Ortega Valencia, Piedad –   Torres Puentes, Elizabeth
Editorial/Editor: Editorial Aula de Humanidades
Año de publicación:  2015
País (es): Colombia
Idioma: Español
ISBN : 978-958-58913-5-7
978-958-58913-4-0
Descarga:   Libro (PDF): Educación y vínculo social : experiencias de maestras presas políticas en una cárcel de mujeres
Fuente e imagen:

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
Comparte este contenido:

¡Alto al asesinato y la violencia policial en Colombia!

América del Sur/Colombia/10-09-2020/Autor(a) y Fuente: Colaboradoras de OVE

Tras la muerte del abogado Javier Ordóñez este martes 08 de septiembre en manos de los carabineros en Bogotá, Colombia, las personas indignadas por el abuso, violación de los derechos humanos y asesinatos sistemáticos por parte de la policía nacional que perpetran en contra de las y los jóvenes y, de las personas en general; han salido a las calles a manifestarse desde entonces.

Este miércoles por la tarde algunas personas dieron presencia para realizar un homenaje al abogado asesinado por la policía nacional frente de los Centros de Atención Inmediata (CAI), estos centros son casetas donde hay fuerzas policiales ubicadas estratégicamente en los barrios con el propósito de que los policías tengan capacidad de reacción inmediata.

Por tanta indignación e impotencia de la población, las manifestaciones se salieron de control  provocando disturbios, balaceras y, por lo menos, unos 15 CAI y 8 buses de transmilenio incendiados; las personas estuvieron manifestándose hasta pasada la media noche, mientras que la policía nacional repeliéndolas brutalmente, el saldo hasta hoy es de unos 7 asesinados por parte de la policía y más de un centenar de heridas y heridos.

Pobladoras y pobladores comentan que “la cosa no pinta bien, la cosa está grave”.

Algunas imágenes de lo ocurrido:

 

 

 

Fuente: Colaboradoras de OVE

Comparte este contenido:

Corea: The children of Korean War prisoners who never came home

The children of Korean War prisoners who never came home

When the Korean War ended in 1953, about 50,000 South Korean prisoners of war were kept in the North. Many were forced into labouring jobs against their will. Some were killed. Now their children are fighting for recognition, writes BBC Korea’s Subin Kim.

No matter how hard she tries, Lee cannot recall what happened after three shots were fired by the executioners who killed her father and brother. It was three decades ago, when Lee was in her thirties.

She does remember what happened just before. Security officers had dragged her to a stadium in a remote village in North Korea called Aoji. She was forced to sit under a wooden bridge, waiting for something – she knew not what – to happen.

A crowd swelled and a truck pulled up, and two people were escorted off the truck. It was her father and brother.

«They tied them to stakes, calling them traitors of the nation, spies and reactionaries,» Lee told the BBC in an interview recently. That’s the moment her memory falters. «I think I was screaming,» she said. «My jaw was dislocated. A neighbour took me home to fix my jaw.»

Korean refugees are aboard a train at a station in South Korea"s southeastern city of Daegu amid the Korean War, on 29 December 1950

The forgotten prisoners

Lee’s father was one of about 50,000 former prisoners of war who were kept in the North at the end of the Korean war. The former prisoners were regrouped against their will into North Korean army units, and forced to work on reconstruction projects or in mining for the rest of their lives.

When the armistice was signed, on 27 July 1953, the South Korean soldiers had assumed there would soon be a prisoner exchange and they would be sent home. But a month before the armistice, South Korean President Syngman Rhee unilaterally freed more than 25,000 North Korean prisoners, in order to sabotage the ceasefire. He wanted UN forces to help him reunite the country under South Korea. Many believe the move made the repatriation of South Korean prisoners more difficult.

The North only sent back a small fraction of the prisoners it had taken.

Soon South Korea largely forgot the men. In years since, three South Korean presidents have met North Korean leaders, but the prisoners of war were never on the agenda.

South Korean President Syngman Rhee

In the North, the Lee family were viewed as bad stock. Lee’s father was born in the South and had fought alongside United Nations forces in the Korean War, against the North – a black mark against him. The family’s low social status relegated them to backbreaking jobs and dim prospects. Both Lee’s father and brother worked at coal mines, where fatal accidents were a regular occurrence.

Lee’s father harboured a dream of going home one day, when the country was reunited again. After work, he would tell his children stories of his youth. At times, he would prod his children to escape to the South. «There will be a medal for me, and you will be treated as children of a hero,» he would say.

But Lee’s brother, while drinking with friends one day, let slip the things their father would say. One of the friends reported it to the authorities. In a matter of months, Lee’s father and brother were dead.

In 2004, Lee managed to defect to South Korea. It was then that she realised her father’s error – his country did not see him as a hero. Little had been done to help the old prisoners of war get home.

Choi scolded her father after being rejected to study at a university

The soldiers kept back in North Korea suffered. They were viewed as enemies of the state, men who had fought in the «puppet army», and assigned to the lowest rank of North Korean social caste of «songbun».

Such status was hereditary, so their children were not allowed to receive higher education or the freedom to choose their occupation.

Choi was a star student, but her dream of going to a university was impossible because of her father’s status. She once yelled at her father, «You reactionary scum! Why don’t you go back to your country?»

Her father didn’t yell back, but said to her dejectedly that their country was too weak to repatriate them. Eight years ago, Choi abandoned her family and fled to the South.

«My father wanted to come here,» she said. «I wanted to come to the place the person I loved the most in my whole life wanted to come but never could. That’s why I abandoned my son, my daughter and my husband.»

Choi’s father is now dead. And in South Korea, on paper, she has no father, because official documents say he died in action during the war.

The soldiers kept back in North Korea suffered. They were viewed as enemies of the state, men who had fought in the «puppet army», and assigned to the lowest rank of North Korean social caste of «songbun».

Such status was hereditary, so their children were not allowed to receive higher education or the freedom to choose their occupation.

Choi was a star student, but her dream of going to a university was impossible because of her father’s status. She once yelled at her father, «You reactionary scum! Why don’t you go back to your country?»

Her father didn’t yell back, but said to her dejectedly that their country was too weak to repatriate them. Eight years ago, Choi abandoned her family and fled to the South.

«My father wanted to come here,» she said. «I wanted to come to the place the person I loved the most in my whole life wanted to come but never could. That’s why I abandoned my son, my daughter and my husband.»

Choi’s father is now dead. And in South Korea, on paper, she has no father, because official documents say he died in action during the war.

Son retrieved her father's remains from North Korea

Bringing my father’s bones home

Son Myeong-hwa still clearly remembers her father’s last words on his deathbed nearly 40 years ago. «If you get to go to the South, you’ve got to carry my bones with you and bury me where I was born.»

Son’s father was a South Korean soldier who was from Gimhae, some 18km (11 miles) away from Busan. In the North he was forced to work in coal mines and a logging factory for decades and only allowed to go home 10 days before he died of cancer.

He told Son: «It is so bitter to die here without ever seeing my parents again. Wouldn’t it be good to be buried there?»

Son defected in 2005. But it took her eight years to get her father’s remains out of North Korea. She asked her siblings to dig up her father’s remains and bring them to a broker in China. Three suitcases were needed. Two of Son’s friends came along, but it was Son who carried her father’s skull.

Son Myeong-hwa protested for more than a year to fight for the recogition of her father's status as an unrepatriated soldier

Son protested for more than a year for the recognition of her father’s status as an unrepatriated soldier, and eventually she was able to bury his remains at the national cemetery in 2015.

«I thought that I finally fulfilled my duty as a daughter,» she said. «But it breaks my heart when I think of him having had his last breath there.»

Son discovered later that the family paid a terrible price for the burial. Her siblings in the North were sent to political prisons.

Son now heads the Korean War POW Family Association, a group that fights for better treatment of roughly 110 families of South Korean soldiers who never came home.

Through a DNA test, Son was able to prove that she was her father’s daughter – which was essential for her to file for his unpaid wages from South Korea. Even if they manage to escape to the South, the children of prisoners of war are not officially recognised, and many of the unrepatriated prisoners were considered dead, or discharged during the war, or simply missing.

South Korean President Moon Jae-in salutes to caskets containing remains of South Korean soldiers killed during the Korean War during a ceremony commemorating the 70th anniversary of the Korean War at Seoul Air Base in Seongnam, South Korea, June 25, 2020

Only a handful of prisoners of war who managed to escape to the South ever received unpaid wages, and those who died in captivity in the North were not eligible for any compensation.

In January, Son and her lawyers filed a constitutional court case, arguing that the families of the prisoners who died in the North had been treated unfairly and that the government had done nothing to repatriate the prisoners, making it responsible for the prisoners who never came back.

«We were so sad to be born the children of the prisoners, and it was even more painful to be ignored even after coming to South Korea,» Son said.

«If we can’t recover our fathers’ honour, the horrendous lives of the prisoners of the war and their children will be all forgotten.»

Some names were changed to protect contributors’ safety. Illustrations by Davies Surya.

Fuente de la Información: https://www.bbc.com/news/world-asia-53511646

Comparte este contenido:

Un Estado de pobreza y dependencia

Por:  Roberto Patiño

Se acaba de publicar el informe Encovi 2019-2020 realizado por la UCAB. Las cifras contenidas en el mismo muestran la realidad de ruina y empobrecimiento agudo que fomenta y aprovecha el régimen autoritario y dictatorial. Este informe de condiciones de vida sale a pocos días del de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU mostrándonos el cuadro completo de violaciones masivas de los derechos humanos y el deterioro que en lo social, económico y político han generado quienes hoy ocupan el poder.

Esta realidad es la que conocemos los venezolanos, viviéndola diariamente y afectados en todos los aspectos de nuestra cotidianidad.  Las cifras del informe son palmarias: un tercio de la población padece inseguridad alimentaria severa y solo 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria. Solo un cuarto de la población tiene acceso diario a agua. Impacta un nivel de pobreza de 90% de la población, con más de 40% en condiciones de pobreza extrema.

De igual forma, se evidencia el aumento sostenido de indicadores de desnutrición, empobrecimiento, colapso de servicios y niveles de educación que muestra la política de colapso y empobrecimiento que ha llevado el régimen para sostenerse en el poder, generando condiciones de sometimiento, control y dependencia sobre la población.

Lo cierto es que el país vive una realidad de colapso sistémico que solo puede revertirse desde la implementación de un plan de emergencia y un proyecto democrático y solidario de reconstrucción, inclusivo y sostenible en el tiempo. Acciones imposibles de llevarse a cabo bajo el actual régimen autoritario y violento.

En las comunidades esta realidad es reconocida en toda su crudeza. Como testimonian madres, líderes locales, activistas sociales y vecinos comprometidos en redes de apoyo, el estado actual de colapso y caos es solo comparable al de una guerra o una catástrofe natural, y solo puede ser abordado desde el encuentro de las fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto. El nivel de destrucción y empobrecimiento en el que ha caído el país solo puede superarse con el esfuerzo mancomunado de todos. Sobre todo, a propósito de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos, en nuestro caso, solo agravan a niveles agudos los graves problemas que en lo social y económico estamos sufriendo.

Nuestra actual situación solo puede describirse como desastrosa, sin paliativos que minimicen el grave cuadro en el que nos encontramos. La necesidad de un cambio inmediato y la vinculación de todos alrededor de la solución a la emergencia y el empobrecimiento que padecemos es ya un llamado alrededor del que debe cohesionarse toda Venezuela.

robertopatino.com

Fuente:  https://www.elnacional.com/opinion/un-estado-de-pobreza-y-dependencia/

Comparte este contenido:

‘Pin Parental’ vulnera los derechos de niñez y adolescencia: SEP y SEGOB

Por: Erick Juárez Pineda

Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales.

Desde inicios de 2020, al menos en cinco congresos locales se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.

De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez.

Por tales razones, se enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.

Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como ‘Pin Parental’: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.

Ante ello, las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.

Concluyen que el llamado ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.

Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/pin-parental-vulnera-los-derechos-de-ninez-y-adolescencia-sep-y-segob/

Comparte este contenido:
Page 2 of 13
1 2 3 4 13