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Relator de ONU pide que cesen desalojos en Brasil ante Covid-19

América del Sur/Brasil/12-07-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

El relator de la ONU alentó a los poderes Legislativo y Ejecutivo en Brasil a proteger los derechos humanos en Brasil.

El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, pidió este jueves que Brasil cese los desalojos y las mudanzas forzadas de personas en medio de la pandemia de la Covid-19.

Mediante un comunicado oficial, el funcionario de la ONU hizo la petición motivada por un informe elaborado por la organización Terra de Direitos, por Labá – Law, Space & Politics y el Laboratorio de Investigación Interinstitucional, adscrito a las universidades federales de Río de Janeiro, Paraná y Sao Paulo.

De acuerdo con el documento enviado al relator, el país suramericano no ha redactado ni implementado medidas uniformes y de validez para todo el territorio nacional que garanticen que no se realicen desalojos de familias.

«Brasil tiene el deber de proteger urgentemente a todos, especialmente a las comunidades en riesgo, de la amenaza de la Covid-19, que afectó a más de medio millón de personas en el país y mató a más de 65,000»,  expresó Rajagopal.

El representante de Naciones Unidos aseveró que el desalojo, en una situación de pandemia, es una violación de los derechos. «Desalojar por la fuerza a las personas de sus hogares en esta situación, independientemente del estado legal de su ubicación, es una violación de sus derechos humanos», dijo.

El documento enviado a la ONU expone que más de 8 millones de familias, alrededor del 12 por ciento de la población, no tienen hogar y 35 millones de personas no tienen acceso al suministro regular de agua en Brasil.

También, detalla que el presidente, Jair Bolsonaro, vetó la suspensión de los desalojos en el proyecto de ley que luego se transformó en la Ley 14.010 / 2020 y que si bien existen otras medidas que abogan por mejorar esa realidad, estas no han sido consideradas.

Ante esa situación, el alto funcionario de la ONU llamó a las autoridades de Brasil a proteger a las familias que pueden quedar sin una vivienda donde vivir.  «Aliento a los poderes legislativo y ejecutivo en Brasil a priorizar urgentemente la protección de los derechos humanos de las comunidades en situaciones vulnerables», instó.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/relator-onu-pide-cesen-desalojos-brasil-covid–20200709-0054.html

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El movimiento feminista no retrocede ante la extrema derecha: «El machismo también es una pandemia que hay que combatir»

Autora: Sabela Rodríguez Álvarez

Con el inicio de la pandemia, la mirada de la ultraderecha buscó un objetivo concreto: el movimiento feminista. La celebración de la marcha del 8M, que congregó a más de cien mil personas en Madrid, ha sido utilizada por la extrema derecha institucional y social para cargar contra la gestión de la crisis. Esta batalla se ha desplazado ahora al terreno judicial y ha aterrizado en el Juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación.

La Comisión 8M lo tiene claro: «No somos parte de ese juego. No queremos serlo. Y no vamos a entrar en él». Lo dicen a través de un comunicado en el que recuerdan que el movimiento «se ha convertido en la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como cualquier posibilidad de debatir sobre ello». Los ataques, advierten, «no son sólo simbólicos», sino que han cristalizado en una serie de ataques por parte de «quienes estaban intentando manipular la realidad con informes falsos y maniobras políticas». Algunas activistas, denuncian, han sufrido «prácticas que se saltan las garantías de un estado de derecho». Y añaden: «Se nos ha presionado para que fuésemos a hacer declaraciones policiales en pleno estado de alarma. Se nos ha señalado con nombres y apellidos»

La Comisión 8M recuerda que quienes les «han puesto en la diana ni siquiera entienden qué es el 8M». «Somos mujeres comunes organizándonos para luchar por lo común. Somos un movimiento social, horizontal, asambleario. Somos tú y yo, somos nosotras. Y, sobre todo: no salimos a la calle solo el 8 de marzo. Y esto es, quizá, lo que más les asusta». En todo caso, las activistas dicen estar «acostumbradas» a que se las «criminalice». «También sabemos que, cuando se empieza a criminalizar las luchas sociales, ese camino no tiene fin. En un momento como este, salvaguardar los derechos fundamentales también es la garantía de que podamos seguir hablando de lo esencial, y trabajando por ello».

Yolanda Díaz es activista y una de las promotoras de la iniciativa Emergencia Feminista. En conversación con infoLibre insiste en que «es todo ruido» y forma parte de una estrategia bien conocida para las feministas: «Una vez más, culpabilizan a las mujeres». Pero ellas, afirma, llevan «más de tres siglos luchando por los derechos de las mujeres y a muchas les ha costado la vida». Recuerda que el discurso y los movimientos de la extrema derecha demuestran «más que nunca el machismo y la homofobia», pero sobre todo persiguen un fin: «Nos quieren ver temerosas, pero las mujeres somos valientes». «Quieren que nos quedemos en el ámbito privado y que sólo ellos tengan el poder». Pero el movimiento feminista no prevé desviarse del camino. «Nuestra senda va a ser la misma: seguir luchando». También durante el confinamiento, señala, mostrando su «disconformidad dentro de casa, a través de las redes y en las calles». A juicio de Díaz, «el ruido siempre ha existido, para tapar lo verdaderamente importante», pero no entra en los planes del movimiento amilanarse. «Los asesinatos machistas siguen, el machismo sigue y nosotras vamos a seguir diciendo que el virus del machismo es la pandemia que se debe combatir«.

En todo caso, insiste Soleto, «la batalla que se está librando en torno al 8M tiene más que ver con el clima de crispación política que con nosotras» y aunque entiende que el resultado no «beneficiará al movimiento feminista», se pregunta si realmente «alguien cree que esto puede ser perjudicial para todo el trabajo» hecho hasta ahora. «Yo en marzo de 2021 estaré manifestándome y conmigo al menos otras 120.000 más», augura.

«Este baile no va con nosotras». Lo resume así Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. «A las posiciones de la ultraderecha siempre le ha venido muy bien el discurso agresivo contra las mujeres«, de manera que el «uso específico del 8M tiene más que ver con ese posicionamiento ideológico» y no con que «las manifestaciones tuvieran efectos relacionados con la pandemia». En Madrid, recuerda, la movilización congregó a «cerca de 120.000 personas que en ningún caso es comparable con los dos millones que nos subimos al metro ese día».

En todo caso, insiste Soleto, «la batalla que se está librando en torno al 8M tiene más que ver con el clima de crispación política que con nosotras» y aunque entiende que el resultado no «beneficiará al movimiento feminista», se pregunta si realmente «alguien cree que esto puede ser perjudicial para todo el trabajo» hecho hasta ahora. «Yo en marzo de 2021 estaré manifestándome y conmigo al menos otras 120.000 más», augura.

La extrema derecha y la crispación

Aunque las movilizaciones feministas se celebraron en decenas de países, únicamente en territorio español se ha vinculado, vía judicial, la expansión de la epidemia con la realización de las marchas. Diferentes colectivos feministas de dimensión internacional desconocen acciones similares en otros países y tampoco el Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE) tiene noticias al respecto, aunque está investigándolo. El uso de la denuncia como herramienta de la extrema derecha se ha consolidado en suelo español por parte de partidos como Vox o agrupaciones como Abogados Cristianos.

El equipo de Santiago Abascal ha encontrado en la vía judicial un instrumento al que aferrarse para ejercer su particular oposición, sin mirar los resultados: el partido ultra ha presentado decenas de querellas contra representantes políticos que han quedado en el archivo. Abogados Cristianos también ha ocupado titulares de manera habitual por constituirse como una máquina de presentar denuncias, esta vez relativas a delitos contra sentimientos religiosos.

Nuria Alabao, periodista y autora del capítulo Género y fascismo: la renovación de la extrema derecha europea, contenido en el libro Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018), recuerda que «esta estrategia está muy vinculada con Vox», que a su vez procede de una «escisión neocon del PP». En ese sentido, destaca que existe un antecedente en cuanto a tensión emocional, en marzo de 2004, tras los atentados de Atocha en Madrid. Entonces «hay un intento, en un momento de tensión emocional muy fuerte, de utilizar eso para excitar los ánimos en una especie de necropolítica». En aquel momento, analiza Alabao, se utiliza una suerte de «teoría de la conspiración para introducir dudas sobre la autoría de los atentados», con el objetivo de «impugnar el resultado de unas elecciones que habían dado la victoria al PSOE».

A día de hoy, tanto las manifestaciones ultra como la batalla judicial «no llevan el membrete de Vox, pero la tonalidad de las expresiones sí lo son». El objetivo, entiende, pasa por «agitar los ánimos» para lograr sus objetivos políticos. «Ellos han puesto el foco en el 8M porque es algo de lo que pueden responsabilizar al Gobierno«, desgrana la periodista, pero «no llegarán muy lejos» porque aunque la celebración de las marchas «pueden ser discutibles, no podían prohibirse en aquel contexto». En todo caso, continúa, a la formación de Santiago Abascal «le viene muy bien porque es el único partido español manifiestamente antifeminista».

Sin embargo, la conexión de las filas ultra con otros movimientos europeos, especialmente del este, es evidente. Estos sectores han tenido sus propias expresiones misóginas durante la pandemia. La diferencia esencial tiene que ver con quién ostenta el poder: en Polonia y Hungría, con la extrema derecha en el Gobierno, la estrategia ha venido a golpe de legislación. En el primer país a través de la puesta en marcha de una ley restrictiva contra el aborto y en el segundo contra las personas trans.

Lo recuerda Violeta Assiego, activista y abogada por los derechos humanos. «El movimiento fascista, o los fundamentalismos contemporáneos, están centrando sus ataques en los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, pero está tomando un cuerpo diferente en cada país», dice al otro lado del teléfono. En España «lo hace por la vía judicial y contra el 8M», pero en otros países la estrategia se adapta a las circunstancias propias. «Mi sensación es que el 8M es el escenario que están utilizando aquí los fundamentalismos contemporáneos para desestabilizar al Gobierno», por tanto la peculiaridad en suelo español es que la ultraderecha «está tratando de recuperar el poder político» y lo hace intentando matar dos pájaros de un tiro: perjudicar al Gobierno y «desactivar la confianza de la gente en un movimiento imparable que está conquistando muchos espacios». Si la extrema derecha estuviera en el poder, sospecha la abogada, «impondría medidas que sí vemos en otros países».

 

Fuente de la Información: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/29/el_movimiento_feminista_no_retrocede_ante_ruido_extrema_derecha_nos_quieren_ver_temerosas_pero_las_mujeres_somos_valientes_107246_1012.html

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No a la estigmatización de los migrantes retornados

Por: Roberto Patiño

Desde el principio de la crisis del covid-19 en nuestro país, el régimen ha instrumentalizado la pandemia para extremar sistemas de control y políticas de exclusión y hostigamiento. El régimen incluso utiliza el fenómeno de la pandemia para enfrentar a las personas dentro de las mismas comunidades, estigmatizando a quienes puedan estar contagiados como amenaza para el resto, y no como objeto de atención o solidaridad.

En este sentido, uno de los grupos más afectados es sin duda el de los migrantes retornados. Los connacionales que vuelven a Venezuela, luego del intento fallido de mantenerse en otros países del continente por las restricciones derivadas de la cuarentena, se encuentran con enormes dificultades para cruzar la frontera, lo que se suma a la ya dolorosa experiencia de padecimientos y maltratos en su arduo periplo de vuelta.

Los migrantes son recluidos en centros de cuarentena en situación de hacinamiento y agravio y ya son varias las denuncias al respecto que hablan de alimentación deficiente, instalaciones inapropiadas, y el maltrato de las autoridades, condiciones que en vez de frenar el contagio, aumentan las posibilidades de que ocurra

Pero tal vez uno de los aspectos más graves de esto sea la imposición de un discurso oficial que tergiversa términos médicos para hablar de “contagios importados”, por ejemplo, y que criminaliza a las personas al identificarlas como agentes de contagio e incluso “armas biológicas”. Se crea así una nueva forma de exclusión que afecta a grupos vulnerables y en la que vuelven a potenciarse las características dictatoriales y represivas del actual modelo.

Sin duda, se trata de una nueva segregación. La carga de «culpables» que recae sobre los retornados desde la narrativa oficial no solo viola derechos humanos, sino que profundiza el trato discriminatorio contra cualquier venezolano, como ya ocurre con los connacionales de las regiones, a quienes se les trata como «de segunda».

Se repite así el uso natural del régimen de la estigmatización del otro para su «eliminación» y su naturaleza opuesta a la solidaridad y la convivencia. Una condición que ha convertido al Estado y sus instituciones en factores de destrucción, violencia y empobrecimiento de las personas, y que han sido significativos para la existencia de la realidad de crisis y colapso que estamos viviendo.

En nuestro trabajo en el movimiento Caracas Mi Convive enfrentamos esta situación desde la promoción y el ejercicio de los valores convivenciales. Debemos responder desde la sociedad civil generando iniciativas de articulación y encuentro que contrarresten la imposición de sistemas de segregación y exclusión oficiales. De igual forma debemos visibilizar y difundir las situaciones de vulneración de derechos humanos que nos afectan tanto en lo individual como en lo colectivo.

Es fundamental que enfrentemos la nueva realidad del covid-19 en nuestro país desde la solidaridad y el trabajo mancomunado. Solo así podremos atravesar esta situación de manera exitosa, evitando las dinámicas de enfrentamiento, fragmentación y caos que han signado al actual régimen y que han traído tanta tragedia a nuestro país.

robertopatino.com

Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/no-a-la-estigmatizacion-de-los-migrantes-retornados/

Imagen: https://www.flickr.com/photos/64484371@N03/47198063492/in/photostream/

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Levantar la voz ante el cerco de la violencia

Por: Roberto Patiño

El modelo tiránico del régimen asedia a los venezolanos con violencia, colapso, crisis hiperinflacionaria y escasez casi total de combustible. La coyuntura de la cuarentena preventiva mundial para frenar el contagio del covid-19 ha sido instrumentalizada por la dictadura para reforzar sus sistemas de control y censura mediática, así como para invisibilizar el descontento y la protesta.

La sociedad es desbordada por la situación. Ante la orfandad de instituciones públicas, coaptadas por el poder, la labor de ONG y redes de apoyo civiles representa la única opción de solidaridad y ayuda para la inmensa mayoría. Aunque estas organizaciones y redes tienen capacidades materiales y logísticas limitadas, de igual forma tienen un papel fundamental para la gente, ya que muchas veces son las únicas instituciones que visibilizan y reconocen a la persona y su situación.

Así lo expresa uno de nuestros líderes del Movimiento Caracas Mi Convive: “El saber que cuento con un equipo que me oye en un momento duro, el recibir un mensaje por parte de ustedes preguntando cómo estoy, cómo me siento… Eso tiene más significado para mí…”.

Esta labor toma un mayor sentido en el actual contexto de libertades cercenadas y violencia promovidas desde el Estado.  En días recientes la comunidad de Petare ha vivido enfrentamientos entre bandas armadas, derivados de las nefastas políticas de “zonas de paz” propiciadas por la dictadura. Muchos han tenido que huir de sus hogares, como si fueran refugiados de sus propios barrios. El silencio y la inacción oficial de los primeros días ha dado paso, el viernes 8 de mayo en la madrugada, a la intervención de grupos del Cicpc y las FAES, que nuevamente han actuado violando derechos humanos, en medio de denuncias de detenciones ilegales y ajusticiamientos.

En este sentido, desde Alimenta la Solidaridad, hemos alertado sobre estos hechos, en particular la detención ilegal de Junior Pantoja, un líder social de la comunidad de José Félix Ribas, con una reconocida labor de ayuda en el barrio, en el que participa en el funcionamiento y coordinación de los comedores de nuestro emprendimiento en esa zona.

La detención de Junior repite el patrón de persecución y criminalización de activistas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en una política análoga a los sistemas totalitarios.

Esta es otra expresión del cerco de violencia que, desde el régimen opresor, busca arropar a todos los ciudadanos para generar conflicto, rabia, impotencia, anomia. Desde Caracas Mi Convive reiteramos la necesidad de contrarrestar estas políticas inhumanas y crueles desde los valores convivenciales. Por ello utilizamos nuestra plataforma para visibilizar la situación de personas que, como Junior, son agredidos y violentados desde el poder.

Nuestro llamado es a tomar conciencia de la gravísima realidad de represión y violaciones de los derechos humanos que se ha agudizado bajo el manto de la cuarentena.  Debemos sumar voces de denuncia y demanda que deben elevarse por sobre la violencia que el régimen ha establecido como única vía para mantenerse en el poder.

Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/levantar-la-voz-ante-el-cerco-de-la-violencia/

Imagen: www_slon_pics en Pixabay

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Américas: Los derechos humanos en la era del COVID-19: Entrada #1

Américas: Los derechos humanos en la era del COVID-19: Entrada #1

Mientras nos adentramos en un periodo incierto y sin precedentes de la historia moderna, Amnistía Internacional en las Américas te trae este blog con algunas de las amenazas más graves para los derechos humanos relacionadas con la pandemia de COVID-19 en todo el continente. De manera constante (a menos que el contexto nos abrume), nuestros investigadores y activistas proporcionarán análisis y ejemplos de violaciones de los derechos humanos desde Alaska hasta Argentina, así como detalles de las investigaciones actuales y futuras en este contexto de agitación.

Aquí hay cinco temas que nos han llamado la atención en los últimos siete días:

  1. Tratamiento policial: Una pendiente resbaladiza hacia el empeoramiento de la crueldad

Con gran parte de la región en cuarentena o toque de queda, y con muchos países que han declarado estados de emergencia desde mediados de marzo como parte de sus enfoques de salud pública para prevenir la propagación de COVID-19, los medios de comunicación internacionales comenzaron a informar cómo las fuerzas policiales y militares castigaban a las personas que rompían el toque de queda, haciéndolas asumir posiciones forzadas, hacer saltos o recitar frases humillantes ante la cámara.

Esta semana, la aplicación de tales medidas comenzó a volverse más siniestra. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe las restricciones a la libertad personal en tiempos de emergencia, nunca permite la tortura u otros malos tratos, inhumanos o degradantes, y siempre exige que todo uso de la fuerza por parte de la policía o el ejército sea proporcional, necesario y apegado a la ley.

Actualmente estamos siguiendo un caso en Santiago de Chile, donde verificamos imágenes del 24 de marzo en las que Carabineros habrían disparado fatalmente a una persona a quemarropa. Los medios de comunicación locales informaron que el incidente ocurrió en los primeros días después de la orden presidencial de toque de queda, y que se trataba de un joven que estaba paseando a su perro de noche en frente de su casa. Este hecho no ha sido destacado en las noticias internacionales. La carga de la prueba en este caso recae en las autoridades, y estaremos atentos para ver si la investigación dirigida por la Fiscalía toma en cuenta de manera efectiva todas las versiones de los hechos.

El 28 de marzo, el Perú aprobó una Ley de Protección Policial que viola abiertamente las normas internacionales y que podría abrir el camino a la impunidad policial, haciendo más difícil que se activen consecuencias legales para los policías que violan los derechos humanos.

  1. Guayaquil, Ecuador se convierte en un sombrío símbolo de una crisis sanitaria

Hemos verificado la fecha y el lugar de al menos 15 videos como éste que han sido publicados en línea en los últimos días y que muestran cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil en medio de la devastadora crisis sanitaria de la ciudad portuaria ecuatoriana.

A la luz de esta evidencia, queremos llamar la atención sobre un comunicado de prensa de las organizaciones locales de derechos humanos en el que se pide a las autoridades que tomen medidas urgentes y sigan las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud sobre el manejo de los cadáveres en este país, que actualmente tiene un número destacado de muertes por el virus.

  1. Los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas están amenazados

En México, 15 migrantes y solicitantes de asilo resultaron heridos, incluyendo un hombre guatemalteco, que murió después de que el 31 de marzo estallara una protesta en respuesta a los peligros que representaba el COVID-19 en un centro de detención migratoria en Tenosique, en el sur de México.  El 2 de abril hicimos un llamado a las autoridades de todo el continente americano, incluyendo a las de Canadá, los Estados Unidos, México, Curazao y Trinidad y Tobago, entre otros, para que pusieran en libertad a las personas detenidas por motivos de migración a fin de evitar miles de muertes. La próxima semana publicaremos una investigación más profunda sobre los riesgos que la pandemia plantea para las personas migrantes detenidas en los Estados Unidos.

  1. Restricciones a libertad de prensa y acceso a la información

El periodista Darvinson Rojas estuvo en prisión durante 12 días por cubrir la difusión de COVID-19 en Venezuela. Su liberación llegó el jueves, horas después de que Amnistía Internacional lo declarara prisionero de conciencia. Dado que aún está sujeto a procedimientos legales a pesar de su liberación, seguiremos haciendo campaña en el caso hasta que Darvinson y todos los trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela puedan llevar a cabo su vital trabajo de forma libre y segura.

  1. Semillas de esperanza y humanidad en estos tiempos oscuros

Aunque fue una semana sombría en todas las Américas y nos preocupan las tendencias por venir, no todo fue triste. Confirmamos la veracidad y la ubicación de un trompetista brasileño de la brigada de bomberos de Río de Janeiro, que el día de ayer dio una serenata a los barrios cercanos que seguían en cuarentena.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/americas-human-rights-in-the-age-of-covid19-entry-1/

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8 millones de niños son obligados a abandonar su educación por la violencia en África occidental

8 millones de niños son obligados a abandonar su educación por la violencia en África occidental

8 millones de niños son obligados a abandonar su educación debido a la violencia en África occidental Un informe de UNICEF calcula que más de 8 millones de niños en edad escolar en África occidental han sido obligados a abandonar la escuela debido a la violencia extrema.

Burkina Faso, Malí y Níger se encuentran entre las naciones más afectadas con casi 1 millón de personas desplazadas, y más de la mitad de las que provienen de Burkina Faso.

Ver más en video.

 

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Brasil: Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Río de Janeiro es el epicentro de un fenómeno que alarma incluso a Naciones Unidas

Brasil vivió este domingo pendiente de sus adolescentes. Cinco millones hicieron la selectividad con la vista puesta en la universidad. Era sin duda un día trascendental para todos ellos pero, como casi siempre en este país tan desigual, para algunos era vital. Para los criados en las favelas preparar el examen —no digamos ya aprobarlo con nota— supone asomarse a oportunidades que otros dan por supuestas. Es comprar boletos para un futuro menos sombrío. “Todo negro de favela ha sentido el impacto de la violencia. Cuando llegas a cierta edad ya conoces más gente que ha muerto violentamente que gente que ha entrado en la universidad”, explica Arthur, de 22 años.

Jóvenes como él —varones, negros, adolescentes o veinteañeros, pobres— son el sospechoso habitual. Y la víctima tipo de la creciente violencia de la policía brasileña, la más letal del mundo tras Venezuela. Los agentes son responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Las víctimas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aumentan veloces. Se triplicaron entre 2015 y 2018, cuando sumaron 6.220 personas.

Los tipos como Arthur, trabajadores de la ONG Redes da Maré, se saben objetivo por su color, su género y por vivir en la favela de Maré. Son carne de la próxima operación policial, tanto él como sus compañeros que acuden a la sede de esta organización creada por los primeros universitarios del arrabal para contar sus vivencias al visitante. Lo mismo da que James, 24, bibliotecario, entrara en la universidad a los 17 a estudiar computación o que Wagner, 28, sea un artista plástico que da clases de cine. Las mayúsculas de la camiseta fucsia de Felipe, 21 años, ilustran lo que una parte de Brasil denomina el genocidio negro: “Joven, negro, VIVO”.

Aunque en cualquier rincón de Río de Janeiro se puede comprar marihuana o coca, la guerra contra las drogas se libra en las colinas, en favelas como esta. Los grupos criminales se reparten el negocio y el control de los barrios. Un caluroso martes de octubre, se ve a un tipo sentado en una cafetería con un fusil; un joven vestido solo con chanclas y un bañador del que asoma una pistola vende coca a 10 euros el gramo, y llama la atención la pulsera electrónica en el tobillo de otro joven de pantalón corto que se refresca bajo una ducha en la calle.

La altísima letalidad policial brasileña es anterior a que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente con un discurso belicista que proclama que la manera más eficaz de combatir el crimen es con violencia. Esa retórica caló entre una ciudadanía amedrentada por la delincuencia. Lo novedoso es que está en la cúspide del poder. Cada tanto, un episodio conmociona a Brasil. Un músico acribillado con 80 balazos por militares, un escolar alcanzado desde un helicóptero policial, seis jóvenes con tiros en la nuca, la niña Ágatha de ocho años alcanzada por una bala

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Mientras las muertes a manos de agentes del Estado aumentan, los asesinatos en general disminuyen. Ambos fenómenos no están vinculados, advierten los expertos. “En los Estados con más letalidad policial, la tasa de crímenes acaba siendo mayor”, recalca Daniel Cerqueiro, del Instituto público de Investigación Económica Aplicada. El impacto de la violencia es enorme. Él lo ha traducido a pérdidas económicas: “Brasil, con el 2% de la población mundial, tiene el 14% de los homicidios. Eso supone desperdiciar el 6% del PIB”.

La inseguridad es, junto a la economía, la gran preocupación de cualquier brasileño. Por eso el presidente Bolsonaro no pierde ocasión de subrayar que en el primer semestre de su mandato los homicidios han caído un 22%. Pero el académico es categórico: “El Gobierno federal no tiene absolutamente nada que ver con eso, viene de antes, es un proceso. El Gobierno va a contribuir, en todo caso, a revertirlo con su política enloquecida de liberalización de armas y endurecimiento de las penas con nuestro sistema penitenciario, que es un caos total”. Unas prisiones, explica, que han alumbrado a 79 organizaciones criminales y son la cantera perfecta de nuevos reclutas.

“Río de Janeiro es el paradigma de lo que funciona mal en la policía de Brasil, no refleja el país en general”, afirma David Marques, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, una ONG creada por académicos, jueces y policías que desde que recaba y sistematiza los datos colocó la seguridad pública en la agenda nacional. En otros Estados “la retórica es de prevención y respeto a los derechos humanos”. Espírito Santo es ahora alumno aventajado.

El Estado de Río de Janeiro es, en cambio, el epicentro de letalidad policial con una de cada cuatro muertes a manos de agentes en 2018. Un fenómeno que alarma incluso a la ONU y que surgió antes incluso de que el antiguo juez y antiguo marine Wilson Witzel tomara posesión como gobernador. Witzel pronunció una de esas frases difíciles de olvidar: “Lo correcto es matar al bandido que lleva un fusil. La policía hará lo correcto: va a apuntar a la cabecita… ¡y fuego! Para no cometer errores”.

El veinteañero Arthur destaca uno entre los conocidos a los que ha visto morir. Su primo Mateus, tres años menor. “Tenía 14 años cuando fue ejecutado” bajo custodia policial, cuenta. Había sido detenido acusado de robar unos collares y trasladado a comisaría. La favela de Maré, donde se crio y se formó como activista la concejala asesinada Marielle Franco, es uno de esos barrios de frecuentes tiroteos y operaciones policiales. Lugares en los que la policía no patrulla, solo entra con toda la fuerza en busca de traficantes de drogas. Poco importa que mueran vecinos en el fuego cruzado o el terror que causa a los escolares y al resto de los vecinos. Mientras dura la operación policial, todos enclaustrados.

La favela de Complexo do Alemão, también en el norte de Río, es aún más violenta. Tan lejos y tan cerca de las playas de postal. Algunos callejones están tan marcados a balazos que recuerdan a Oriente Próximo. “Aquí vemos las mismas armas que en Siria, con la diferencia de que aquí no entran tanques”, asegura Julio César Camilo, 44 años, presidente de una asociación vecinal. “No tenemos derecho a ir y venir. Nos prometieron que habría proyectos sociales además de policía pero solo colocaron al brazo armado del Estado… en cualquier momento hay un tiroteo”, explica junto al esqueleto de un descomunal teleférico que se construyó cuando el Mundial y los Juegos Olímpicos. Un día, las autoridades lo cerraron sin explicación. Hasta hoy. Es miércoles. La zona está tensa aunque revela que “desde la fatalidad de la niña Ágatha (muerta en septiembre por una bala perdida) está más tranquilo”.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Cuando estalla una balacera, Roberta, 39 años, se encierra en el baño con sus siete hijos. El lugar menos inseguro de su casa. Los disparos en la sala atestiguan que a veces la violencia se le instala dentro. Cuenta que los agentes arrasan con todo. “Se roban hasta lo que hay en el frigorífico”, dice.

Redes da Maré echó mano del ingenio —y la técnica jurídica— para reivindicar en los tribunales su derecho a la seguridad pública. Presentaron “artificio legal para que en la periferia se aplique una ley que se aplica en el resto de la ciudad”. Una juez ordenó aplicar lo que ya está en la ley: las operaciones policiales no pueden ser de noche, ni en el horario de entrada o salida de las escuelas, cada coche patrulla o blindado debe llevar GPS y debe haber ambulancia y un policía jefe que responda por los agentes. Las incursiones cayeron de 41 a 16 en un año. Eso fue antes de que Bolsonaro y el gobernador Witzel fueran elegidos.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão

Cuando los cuatro jóvenes salen de la favela al resto de la ciudad se sienten… “exóticos”, dice James. “Exactamente, esa es la palabra”, apunta Wagner. “Te miran todo el tiempo”, cuenta el artista. “La policía me ha bajado varias veces del autobús o me ha registrado. Me han abordado llegando al trabajo, preguntando que qué hago. O que mi casa fuera invadida mientras dormía y me pregunten que qué hago en mi casa a las ocho de la mañana”. Lo más doloroso para estos hombres es que de críos ellos también vieron a los traficantes como héroes, crecieron con los vecinos que hoy siguen sus pasos hacia el dinero fácil con la única diferencia de que en algún punto del camino algo pasó. Fuera el curso para la selectividad o alguna otra cosa, sus caminos se separaron.

Fuente de la Información: https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572903643_516117.html#?ref=rss&format=simple&link=guid

 

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