Chihuahua I Isidro Baldenegro López, luchador social indígena de la Sierra Tarahumara fue asesinado el 14 o 15 de enero en la vivienda de un familiar, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Testigos del asesinato señalan que los autores están vinculados a quienes han matado a otros indígenas de la región por defender su territorio de la tala clandestina.
Isidro, fue encarcelado el 22 marzo de 2003 por defender su territorio, en ese tiempo tenía 38 años. Luego de unos meses, fue puesto en libertad. En abril de 2005, recibió el Premio Goldman en San Francisco, California, el máximo galardón otorgado a los defensores del medio ambiente.
Isidro logró la suspensión de la explotación del bosque de Coloradas de la Virgen, pero en marzo del 2003, cuando fue detenido por agentes judiciales, en su hogar, en compañía de su vecino y amigo Hermenegildo Rivas Carrillo, les fueron sembradas armas de uso exclusivo del Ejército y una bolsa de semillas de mariguana . El indígena estuvo “acusado de un delito que le fue armado, en circunstancias injustas y violatorias de los derechos humanos”.
Baldenegro defendió el bosque comunal de Coloradas de la Virgen, que hasta la fecha tiene litigios relacionados con la tala de árboles y el territorio, y que se han sumado a lo largo de toda la Sierra Tarahumara, por la presencia de grupos delictivos que se han ensañado principalmente contra los rarámuri y las otras tres etnias que comprende la región serrana chihuahuense.
La revista Proceso documenta que hace trece años después del encarcelamiento y liberación de Isidro, su gente vive secuestrada en la Sierra Tarahumara, los delincuentes han tomado los caminos y brechas por las que se reunían y encontraban para fortalecer su cultura y su comunidad. En este contexto, es que Isidro fue asesinado este fin de semana.
Hace más de un año, otro de sus hermanos fue herido cuando intentaron asesinarlo en esa misma comunidad. Ahora, él y parte de su familia viven desplazados por el crimen organizado en otro municipio de la entidad. También han perdido a otros integrantes de la familia por esta situación.
Isidro Baldenegro participó en el 2003 en un bloqueo de la carretera en la Sierra Tarahumara, porque por ahí pasaban los camiones madereros para transportar árboles talados a pesar de su prohibición por una orden de un juez, en 2002.
Baldenegro López tenía 50 años de edad. Aún no hay más datos sobre su muerte, solo se sabe que su hermano Francisco acudió a tierras de Guadalupe y Calvo a dar santa sepultura a Isidro.
Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de “segurización” permanente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al publicar un exhaustivo análisis, desde la perspectiva de los derechos humanos, de las medidas antiterroristas adoptadas en 14 Estados miembros de la Unión Europea.
Tras una serie de atentados atroces, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias.
Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa revela la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos que había costado mucho conseguir.
“Tras una serie de atentados atroces, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
“Tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una imagen inquietante en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo.”
El informe, basado en más de dos años de investigación en 14 Estados miembros de la UE y en el análisis de iniciativas tanto internacionales como europeas, revela hasta qué punto las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.
En varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas.
Tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una imagen inquietante.
La nueva normalidad: Leyes de excepción y medidas similares
En varios países, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
Por ejemplo, en Hungría, la nueva legislación concede amplios poderes al ejecutivo en caso de que se declare una emergencia; esos poderes incluyen la prohibición de reuniones públicas, severas restricciones a la libertad de circulación, y congelación de bienes. Unas disposiciones vagamente definidas otorgan el poder de suspender leyes y acelerar la promulgación de otras nuevas, así como desplegar al ejército con armas de munición real para sofocar disturbios.
En Francia se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
Las medidas temporales de excepción, como las órdenes administrativas para controlar la circulación de personas en Reino Unido y Francia, se han integrado cada vez más en la legislación ordinaria.
La nueva ley antiterrorista polaca cimenta de forma permanente una serie de poderes draconianos, entre ellos las medidas desproporcionadas contra personas de ciudadanía extranjera.
Algunos Estados han utilizado indebidamente las leyes antiterroristas para atacar a activistas políticos y a personas que defienden los derechos humanos. Un claro ejemplo es el uso de las leyes de excepción por parte de la policía francesa para poner bajo arresto domiciliario a activistas medioambientales en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en 2015.
Estados vigilantes
Muchos países de la UE se han unido a las filas de los “Estados vigilantes” a medida que han ido aprobando nuevas leyes que permiten la vigilancia masiva indiscriminada y otorgan poderes intrusivos a los servicios de seguridad e inteligencia.
Se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La vigilancia selectiva sin supervisión también se ha ampliado enormemente. La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.
A David Miranda, ciudadano brasileño que ayudaba en la investigación periodística sobre las revelaciones de Edward Snowden relativas a la vigilancia, lo interceptaron en virtud de los poderes antiterroristas cuando estaba en tránsito por Reino Unido en 2013. Fue detenido, registrado e interrogado durante nueve horas como sospechoso de estar implicado en “espionaje” y “terrorismo”. Le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.
Delitos de pensamiento
En un moderno giro del orwelliano “delito de pensamiento”, la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos. Esto ha dado lugar a que muchas personas se hayan visto sometidas a toques de queda, prohibiciones de viajar o etiquetas electrónicas sin haber sido siquiera acusadas o declaradas culpables de delito alguno. En estos casos, a menudo las pruebas se mantienen en secreto, lo que significa que las personas acusadas de actividades “predelictivas” no pueden defenderse adecuadamente.
Ataques a personas refugiadas y grupos minoritarios
Las personas migrantes y refugiadas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los grupos minoritarios han sido blanco especial de los ataques de los nuevos poderes, mientras el establecimiento de perfiles —basados frecuentemente en estereotipos— conducía directamente al uso indebido de leyes que definen el terrorismo de manera muy vaga.
Muchos Estados miembros de la UE están intentando establecer vínculos entre la crisis de refugiados y la amenaza del terrorismo. En noviembre, un tribunal húngaro condenó a Ahmed H. —ciudadano sirio residente en Chipre— a diez años de prisión por cometer un “acto de terrorismo”. Dicho acto consistía en arrojar piedras y hablar por un megáfono a una multitud durante unos enfrentamientos con la policía de fronteras. En realidad, Ahmed H. había viajado para ayudar a sus ancianos padres en su huida de Siria a Europa. Aunque admitió haber arrojado piedras, hay grabaciones de vídeo que muestran que también había intentando calmar a la multitud.
La esposa de Ahmed, Nadia, contó a Amnistía Internacional: “Nos han arruinado la vida. Intento ser madre y padre para mis hijas, pero es muy difícil. Lo echamos de menos y tememos por él.”
La función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad.
Efecto disuasorio
El miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de “extremista” ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión. En España, dos titiriteros fueron detenidos y acusados de “enaltecimiento del terrorismo” tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema que se consideró de apoyo a un grupo armado. En Francia se ha utilizado un delito similar —“apología del terrorismo”— para acusar a cientos de personas, incluidos menores de edad, de “delitos” tales como publicar en Facebook comentarios que no incitaban a la violencia.
En 2015, los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España, un popular músico fue detenido y recluido por una serie de tuits entre los que se encontraba una broma sobre ofrecer al rey emérito Juan Carlos un pastel bomba como regalo de cumpleaños.
Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma.
Las medidas discriminatorias han afectado de manera desproporcionada y profundamente negativa a la población musulmana, las personas de ciudadanía extranjera o las personas consideradas musulmanas o extranjeras. Las actuaciones discriminatorias del Estado y sus agentes se consideran cada vez más “aceptables” en el contexto de la seguridad nacional.
“Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica, la función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma.
Las autoridades saudíes han empezado el año intensificando la represión de activistas de derechos humanos, asestando así otro duro golpe a los últimos vestigios de la sitiada sociedad civil, ha declarado Amnistía Internacional.
En las últimas semanas, una serie de activistas han sido detenidos o han sido llevados ante los tribunales en relación con su trabajo pacífico por los derechos humanos, una señal de que las autoridades prevén continuar con su implacable represión de la disidencia pacífica. Entre las personas afectadas hay un activista que afronta cargos por facilitar información a Amnistía Internacional.
“La última oleada de detenciones ha suscitado el temor de que 2017 sea otro año negro para los derechos humanos en Arabia Saudí mientras las autoridades continúan con sus intentos de aplastar cualquier indicio de movimiento por los derechos humanos en el país”, afirmó Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional.
“Los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí son una especie en peligro. Se desvanecen uno a uno enjuiciados, encarcelados, intimidados para que guarden silencio u obligados a exiliarse, poniendo de relieve la política de las autoridades de tolerancia cero hacia la libertad de expresión.”
Los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí son una especie en peligro. Se desvanecen uno a uno enjuiciados, encarcelados, intimidados para que guarden silencio u obligados u obligados a exiliarse.
Hoy, Abdulaziz al Shubaily, defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), organización independiente de derechos humanos ahora disuelta, ha comparecido ante el Tribunal Penal Especializado, encargado de juzgar los casos de terrorismo, y ha sido condenado de nuevo a ocho años de prisión en relación con su trabajo por los derechos humanos. Estaba acusado de diversos cargos, como “comunicarse con organizaciones extranjeras” y proporcionar información a Amnistía Internacional para su uso en dos informes. Casi todos los miembros de la ACPRA han sido enjuiciados o encarcelados.
El 8 de enero, Essam Koshak, defensor de los derechos humanos, fue citado para ser interrogado por el Departamento de Investigación Criminal (CID) en La Meca, hacia las 5 de la tarde, hora local. Pese a que acudió de inmediato a la comisaría de policía de Al Mansour, fue detenido y nunca regresó a su casa. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se le ha permitido nombrar a un abogado y lo están interrogando sobre su cuenta en Twitter, que usaba principalmente para difundir cuestiones de derechos humanos en Arabia Saudí.
Apenas unos días antes, el 5 de enero, Ahmed al Mushaikhass, miembro fundador del Centro Adala para los Derechos Humanos, organización independiente de derechos humanos a la que no se ha permitido inscribirse legalmente en el país, recibió una llamada telefónica del CID pidiéndole que se presentara en la comisaría de policía de Al Qatif para ser interrogado. El 8 de enero fue trasladado a la comisaría de Al Dammam, donde permanece bajo custodia. Desde entonces está siendo interrogando por la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento (BIP). Ahmed al Mushaikhass es un defensor de los derechos humanos conocido por su labor, que incluía ayudar a familiares de personas detenidas en la Provincia Oriental a exponer sus casos ante las autoridades. Su hermano, Yussuf al Mushaikhass, fue condenado a muerte en enero de 2016 tras participar en protestas en la Provincia Oriental y podría ser ejecutado en cualquier momento.
El 18 de diciembre, Issa al Nukheifi, activista de derechos humanos y miembro de la ACPRA, fue citado para ser interrogado en la sede de la BIP en La Meca. Entre otras cosas, lo interrogaron acerca de sus tuits de apoyo a activistas de derechos humanos y otros detenidos saudíes. Actualmente está en la prisión general de La Meca. Al Nukheifi había sido encarcelado con anterioridad, en 2013, en relación con su labor por los derechos humanos, y cumplió tres años de prisión antes de ser excarcelado en abril de 2016. Tras su liberación, siguió denunciando violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí y era una persona molesta para las autoridades.
Cualquier persona que se atreva hoy a defender los derechos humanos en Arabia Saudí está en peligro.
“La implacable persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos es una campaña flagrante encaminada a disuadirlos de hablar de la situación de estos derechos en el país y de trabajar en favor de las víctimas de violaciones. Los activistas de derechos humanos detenidos sólo por su trabajo a favor de estos derechos deben ser puestos en libertad inmediata e incondicionalmente”, concluyó Lynn Maalouf.
“Cualquier persona que se atreva hoy a defender los derechos humanos en Arabia Saudí está en peligro. No parece que esta campaña vaya a terminar pronto, por lo que ahora es más importante que nunca que los aliados de Arabia Saudí se pronuncien en contra de esta creciente represión.”
La aparición y consolidación de nuevas tecnologías acarrea una mayor dependencia de la sociedad a estas nuevas formas de comunicación social, principalmente entre adolescentes. Desafortunadamente, los psicólogos señalan que estos nuevos formatos de interrelación han hecho aumentar la cantidad de conductas agresivas en las relaciones sentimentales.
Violencia doméstica en redes sociales
Al respecto, varios estudios realizados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estiman que más de un 60% de los adolescentes han sufrido en sus carnes algún tipo de violencia de género mediante el uso de redes sociales o teléfono móvil. Asimismo, el 35% asegura haber recibido mensajes que les han causado miedo y angustia.
«El patrón de agresiones entre jóvenes y adolescentes sigue siendo idéntico a años atrás. Lo importante es “controlar” a la pareja y esto es más sencillo mediante las redes sociales y los teléfonos móviles. Los agresores suelen pedir “pruebas”, ubicaciones y obligan a mantenerse conectada a la pareja», comenta Barroso González, psicóloga de la UAE para mujeres adolescentes víctimas de violencia doméstica de la Dirección General de la Mujer en la Comunidad Autónoma de Madrid.
«Los jóvenes tienen una sensación de riesgo muy pobre y frecuentemente no conciben como conductas de riesgo el consumo de drogas que adquieren a través de internet o contestar a un mensaje de texto en el que se la increpa», advierte. «En nuestra clínica procuramos dejar claro a las jóvenes dos puntos esenciales: que un insulto es violencia, que nadie merece recibirlo y nadie tiene derecho a lanzarlo; y que deben valorar y tomar en consideración sus sentimientos y sensaciones, ya sean de tristeza, malestar o intranquilidad, y dejarse ayudar, cuenten o no con la aprobación de su entorno».
Violencia online
Las víctimas son frecuentemente obligadas a consumir sustancias estupefacientes o a realizar actos en contra de su voluntad. Este control que sufren puede conllevar trastornos adaptativos y depresiones, e incluso ciertos desórdenes en la conducta alimentaria, como vía de escape al intentar encontrar algún tipo de control sobre su cuerpo. En un porcentaje más pequeño, pueden sufrir estrés postraumático. El consumo de bebidas alcohólicas es la adicción más común en estos casos.
La red, facilitador de psicotrópicos
Se ha incrementado el uso de la red por parte de usuarios que quieren expandir o explorar sus límites mediante el uso de sustancias psicoactivas. El mercado que internet ofrece en este sentido es vasto: productos legales e ilegales, adictivos o no. En palabras de la doctora Elena Dengevic, «se trata de nuevos patrones de conducta en internet que pueden llegar a ser constitutivas de delitos. Los productos que se están ofertando en internet son sintéticos, no conocidos gran parte de ellos, y otros que sería difícil encontrar en la calle. Los portales web donde se venden son atractivas, comunes, y a pesar de todo, detrás hay un escenario ilegal, de adicción, que las autoridades están persiguiendo día y noche».
En este sentido, y gracias a que algunas drogas sí son legales en muchos países, «pueden adquirirse a través de la red sencillamente, pagando con tarjeta de crédito o PayPal. Días después, se entrega la mercancía mediante mensajero en el domicilio. No es lo mismo comprar drogas ilegales, pues este hecho sí es un comportamiento delictivo. La problemática trasciende lo sanitario, porque se intenta a diario regular y prohibir estas drogas, pero es inútil porque éstas cambian muy rápido», sentencia Dengevic.
El consumidor tipo se trata de un hombre de entre veinte y treinta años con estudios superiores deseoso de probar nuevas experiencias alterando su conciencia. Cada vez crecen más entre los consumidores habituales las mujeres y adolescentes sin experiencia previa. «Es vital intentar educar para poder prevenir el uso de sustancias ilegales. El hecho en sí no se puede evitar en muchas ocasiones, pero con información y formación en la materia se puede contribuir a un uso responsable. Sería interesante iniciar talleres o conferencias donde se expliciten los riesgos de consumir estas drogas», destaca Dengevic.
Finalmente, se ha indicado el potencial abuso y riesgos que se asocian a estas drogas, las cuales dificultan el diagnóstico de intoxicación por una sustancia en particular, pues en muchos casos el multiconsumo ha crecido. Más aún, conllevan una gran vulnerabilidad para la salud física y mental, ya que a menudo los profesionales son testigos de crisis convulsivas, problemas de corazón e incluso muertes.
Sofía recuerda la primera vez que experimentó la discriminación cuando la estigmatizaron en la escuela por su ropa, sus ideas o simplemente por haber nacido mujer. Sofía es de Santiago, Chile, y nos explica por qué esa experiencia la empujó a defender y promover los derechos sexuales y reproductivos y a empoderar a otros jóvenes para que tomen decisiones informadas con respecto a su cuerpo y su sexualidad.
Vivo en Santiago de Chile, un país relativamente estable a ojos del mundo, pero es difícil vivir aquí e intentar ser escuchado, sobre todo si eres joven, mujer y activista por los derechos humanos.
Nací en una familia sustentada por madre. Al nacer, mi madre decidió destinar gran parte de su sueldo en mi educación, ya que la buena educación, en Chile, no es gratuita. Durante nueve años crecí en un colegio religioso; si bien aprendí idiomas y ciencias, la violencia escolar y de género se vivían día a día.
Recuerdo que nos prohibían ciertas actividades consideradas masculinas, jugar fútbol o vestir pantalones, sin importar el frío; se regulaba constantemente la medida de nuestra falda, nuestro peso e higiene personal. Mis compañeros sufrían de igual forma, se limitaba constantemente su capacidad creativa, se les segregaba a las matemáticas y la fuerza bruta.
«porque es importante empoderarnos y educarnos. Tenemos la necesidad de compartir nuestros conocimientos por diferentes medios y con nuestros pares, ya que esa es y será la manera más efectiva de demostrarle a todos los jóvenes que somos capaces y que nuestra voz se escuche realmente». Sofía, 16 años, chilena.
Armada de valor decidí cambiar de entorno y me mudé de un colegio católico a otro. Este último acomodado en un sector más céntrico de la ciudad, pero las realidades no eran muy distintas. Las segregaciones por género ya no eran tan notorias, pero ocurría algo peor: intentaban segregarnos de acuerdo a nuestras ideologías “políticas”. Desde que ingresé a esa escuela el profesorado me tildó como comunista por el simple hecho de creer en la igualdad y en la justicia, comenzaron a amenazar a mis compañeros y a alumnos más pequeños: “No se junten con ella, es mala influencia… si ustedes son buenos alumnos me harán caso”.
Así comenzó una segregación agotadora. Fui excluida de procesos de los electorales, todo con el fin de que no “iniciara la revolución”, ya que yo era (y sigo siendo) una activista de Amnistía Internacional, y eso es peligroso para una fundación que no enseña nada más que competencia a sus estudiantes.
Fue tal es hostigamiento que viví, que decidí optar por aprender en casa, no podía seguir soportando ese trato, ya no quería estudiar ni ir al colegio, los profesores me hacían llorar, y los alumnos temían reunirse conmigo. Yo estaba estigmatizada.
Más adelante descubrí el programa de Amnistía “Este es mi cuerpo”, que empodera a activistas jóvenes para que defiendan y promuevan los derecho sexuales y reproductivos a través de la educación en derechos humanos en Argentina, Chile y Perú. Cuando conocí el proyecto no pude evitar sentirme motivada para participar de este. Es difícil para un joven abrir los ojos y darse cuenta de los grandes cambios que podemos realizar por nuestra cuenta si nos lo proponemos, sobre todo si tenemos apoyo.
Fue excitante tener acceso al imaginario de que al fin mi voz y la de mis pares sería tan válida y escuchada como la de un adulto, que mis acciones generarían un impacto, que finalmente se abriría el espacio para tomar acciones y decisiones por mi cuenta.
No dudé en hacerme parte, porque finalmente, si yo no me hago cargo, nadie lo hará por mí. No es lo mismo hablar desde la mirada de un adulto que desde la de un joven o un niño, y eso es lo que muchas organizaciones no habían entendido hasta hoy. Creo que es necesario dar un real protagonismo a los jóvenes en la total amplitud de este proyecto, desde las bases hasta la ideación logística, porque es importante empoderarnos y educarnos. Tenemos la necesidad de compartir nuestros conocimientos por diferentes medios y con nuestros pares, ya que esa es y será la manera más efectiva de demostrarle a todos los jóvenes que somos capaces y que nuestra voz se escuche realmente.
Los jóvenes de Sudamérica nos hemos reunido para trabajar por los derechos humanos porque estamos intentando derribar las absurdas e históricas barreras culturales que nos han impuesto. Nosotros sabemos y somos capaces de reconocer nuestros propósitos en común y comprendemos que tenemos necesidades similares. Todos queremos un cambio, todos queremos vivir en un país y en un mundo más justo para nosotros y para todos, por lo que si tenemos eso claro, los países no son un obstáculo. A nosotros no nos importa de dónde provenimos sino adónde vamos.
«Fue excitante tener acceso al imaginario de que al fin mi voz y la de mis pares sería tan válida y escuchada como la de un adulto, que mis acciones generarían un impacto, que finalmente se abriría el espacio para tomar acciones y decisiones por mi cuenta». Sofía, 16 años, chilena
Amamos a nuestros países de origen, por supuesto, y por lo mismo queremos convertirlos en un lugar mejor donde poder vivir y seguir desarrollándonos. Es difícil para mí intentar comprender cómo un niño o un joven pretende desarrollarse de manera integral si vive y crece en un sistema que no lo protege; esto es una cadena y la explicación a los grandes problemas sociales que se tienen hasta el día de hoy.
Además me preocupa un poco que, si bien día a día somos vulnerados en materia de derechos sexuales y reproductivos, también lo somos en un montón de otras cosas que finalmente imposibilitan nuestro óptimo desarrollo. ¿Cómo pretendemos que un joven luche por sus derechos en general si no tiene acceso a educación? ¿Cómo esperamos tener jóvenes empoderados en materia de derechos sexuales y reproductivos si este utiliza su tiempo en trabajar para ser un aporte a sus familias?
En mi país y en los de la red se viven estas y otras realidades aún más fuertes, pero es precisamente ahí donde se encuentra nuestro gran desafío, es ahí donde está nuestra lucha.
El programa quinquenal “Este es mi cuerpo”, financiado gracias a la campaña organizada por jóvenes noruegos “Operación: Un día de trabajo”, se desarrolla en Argentina, Chile y Perú con el propósito de promover los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes activistas de entre 13 y 19 años a través de la educación en derechos humanos y el trabajo de campaña e incidencia.
Tomado de: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2016/11/if-i-do-not-take-responsibility-nobody-will-do-it-for-me-a-young-activist-speaks-out/
América del Sur/Perú/11 de noviembre de2016/www.survival.es
Cincuenta y dos manifestantes han sido absueltos de todos los cargos relacionados con la masacre de Bagua, uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Perú.
Los manifestantes, algunos de los cuales eran indígenas, fueron acusados de asesinar a doce policías en junio de 2009. Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó en violentos enfrentamientos que se saldaron con la muerte de al menos veintitrés policías, cinco indígenas y cinco civiles, y más de 200 personas heridas. Informes no oficiales sugieren que hubo muchas más muertes.
La protesta comenzó cuando varios miles de indígenas awajún y wampis bloquearon una carretera en la “Curva del Diablo” en la Amazonia peruana. Se manifestaban en contra de los planes del Gobierno peruano de privarles de sus derechos y abrir la Amazonia a la exploración de hidrocarburos y a la minería. Estos planes fueron fruto de un acuerdo de libre comercio alcanzado entre Perú y EE.UU en 2006.
Las fuerzas de seguridad peruanas fueron enviadas al lugar de la protesta para poner fin al bloqueo. Su presencia desencadenó un violento enfrentamiento que Survival expuso en un informe y que ahora es objeto de un reciente documental.
La organización nacional indígena peruana AIDESEP pide ahora que los verdaderos culpables de la violencia, incluido el expresidente peruano Alan García, sean llevados ante la justicia.
Desde la masacre varios de los polémicos decretos que suscitaron las protestas han sido retirados. Perú cuenta ahora con una ley destinada a que se garantice el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que les afecte a ellos y a sus tierras.
Sin embargo, más del 70% de la Amazonia peruana ha sido adjudicada a empresas de hidrocarburos.
La propuesta tiene como intención frenar los matrimonios no documentados debido a que las autoridades los consideran promiscuos.
El diputado Ilhamy Agina ha propuesto que las mujeres que deseen entrar a la universidad en Egipto debe someterse a pruebas de virginidad.
Agina propone que cada una de las chicas que quieran ingresar a alguna especialidad demuestren que son señoritas por medio de un documento oficial.
El diputado añadió que esto permitirá frenar la cantidad de matrimonios no documentados y que son contrarios a las reglas de matrimonios convencionales en Egipto pues muchas autoridades los consideran una forma de mantener sexo prematrimonial que cobran popularidad en ese país.
Integrantes del Consejo Nacional para las Mujeres anunció que presentará una demanda contra Agina y su propuesta por considerarla ofensiva y una medida que ateta contra los derechos de la mujer que solo reflejan pensamientos retrógrados hacia el género femenino.
Aunque no se trata del primer escándalo del diputado, quien hace unos meses declaró su propuesta de legalizar la mutilación genital femenina razón por la que fue duramente criticado en el mundo entero.
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