La memoria políticamente incorrecta

POR: SABINO CUADRA LASARTE

 

Original en euskara

Afirma una leyenda africana que la historia de los safaris sería muy distinta si fuera contada por los leones. Lo mismo sucedería si fuese relatada por los guías y porteadores negros encargados de localizar estos animales, acosarlos y ponérselos a tiro a los bwanas blancos.

Durante la Transición política de los 70 se nos dijo que la reconciliación entre cazadores y leones era necesaria, porque también éstos se habían comido algún que otro bwana. Y así fue que los reconciliadores (UCD, PSOE, PCE, PNV…) defendieron durante el debate de la Ley de Amnistía de 1977, que la historia del franquismo y sus cruentos safaris había que dejarla atrás, borrarla y olvidarla.

Evidentemente, aquella argumentación no fue sino una patraña, porque las cacerías continuaron existiendo y la fauna africana siguió siendo diezmada en bacanales de sangre con el fin de ornamentar paredes y salones de miles de mansiones y palacios europeos. Buen ejemplo de lo anterior ha sido nuestro sátrapa y desvergonzado Borbón, quien siendo presidente de una ONG defensora de los derechos de los animales, no dudó en posar orgulloso junto a las piezas en peligro de extinción por él abatidas.

Últimamente he tenido ocasión de acudir a distintas Jornadas en las que han participado actores cualificados de distintos procesos de transición política: Sudáfrica, Colombia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador…. Pues bien, si valoráramos los avances dados en estos países en materia de investigación oficial de las violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento a sus responsables y el otorgamiento de reparación a sus víctimas, veríamos que, con mucha diferencia, el país que ocuparía el último lugar del ranking sería el Estado español. Por lo tanto, no hay de qué presumir.

La recién aprobada Ley de Memoria Histórica ha llegado tarde, muy tarde y se ha quedado corta, muy corta. La verdad en ella amparada abarca a un amplio abanico de víctimas, pero se niega a indagar sobre sus victimarios. Junto a ello, el acceso a la justicia sigue siendo ignorado olímpicamente y la reparación contemplada va poco más allá de ser meramente declarativa. Sin embargo, de lo que se trata es, no solo de levantar el mando del silencio que cubrió los crímenes del franquismo, sino también la losa de la impunidad que ampara a sus perpetradores, a quienes se sigue protegiendo.

Una memoria histórica que se pretendiera democrática debería ir bastante más allá de conformarse con rellenar huecos en la historiografía recibida, reponiendo algunas de sus páginas arrancadas. Se trataría así, además de lo anterior, de reescribir el relato desde el principio y hacerlo desde el punto de vista de los leones y los porteadores, que no es otro sino el de la defensa incondicional de todos los derechos humanos, la condena de sus violaciones y la reparación para todas sus víctimas.

En este sentido, la memoria histórica referida al Estado español debería señalar que las violaciones flagrantes de estos derechos, si bien  comenzaron el 18 de julio de 1936 (asesinatos, desapariciones,…), se han mantenido durante más de 80 años y han tenido sus últimos episodios en la playa de El Tajaral –Ceuta–, y en las vallas que cercan el Barrio Chino de Melilla, donde hemos visto de nuevo imágenes de actuaciones policiales en las que seres humanos, como en el 36, eran tratados como animales.

La Constitución de 1978 no puede ser punto y final para ninguna memoria histórica, pues existe un cordón umbilical que une la dictadura franquista con el régimen actual, cual es el de la impunidad. Cordón trenzado por gruesas hebras policiales, beneméritas, económicas, políticas y judiciales heredadas del franquismo, que explican, entre otros, hechos tales como el golpe de estado del 23-F, los crímenes de estado del GAL o los miles de casos de constitucionales torturas habidas en Euskal Herria en las últimas décadas.

La afirmación de que “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”, del ministro del Interior, Martín Villa, sobre los sucesos de Sanfermines de 1978, ha sido el guión seguido después por los posteriores ministros del Interior: Barrionuevo, Corcuera, Rubalcaba, Fernández Díaz… El actual, Grande Marlaska, ni siquiera ha admitido la existencia de errores en la actuación benemérita de Melilla, pues para él ésta fue razonable y proporcionada. La versión oficial afirma así que la única violencia que allí existió fue la de quienes después resultarían asesinados, desaparecidos y machacados. Nada nuevo bajo el sol. Nuevamente es el bwana, Grande Marlaska, quien escribe la historia del safari de Melilla. No es de extrañar en alguien que ha hecho oídos sordos y ojos ciegos ante las denuncias por torturas a él presentadas, razón por la que el Tribunal Europeo de DD.HH. ha condenado al Estado español en reiteradas ocasiones.

Hay quienes tienen puestas grandes esperanzas respecto a lo que pueda suponer la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. ¡Ojalá éstas -lo decimos sinceramente-, puedan convertirse en realidad! Apurar hasta la última gota las posibilidades de la misma es una obligación indudable. Pero también lo es el seguir golpeando contra las puertas que sigue dejando cerradas: derogación de la Ley de Amnistía, acceso a la Justicia para poder juzgar los crímenes del franquismo, restitución de bienes apropiados e indemnización por daños causados, bebés robados,… De lo contrario, se podría estar vendiendo la primogenitura de la memoria histórica por un plato de lentejas con más o menos sacramentos.

Frente a las grietas que se han abierto en el muro de la impunidad del franquismo aparecen hoy dos posibles políticas. La primera consiste en taponar aquellas con algunas reformas y tratar de cerrar así para siempre este capítulo. La segunda trata de agrandarlas a fin de que pueda caer de una vez por todas aquella muralla. Al igual que sucede en otros ámbitos (feminista, ecologista, sindical…), ésta segunda se sitúa dentro del ámbito de lo políticamente incorrecto. ¡Qué le vamos a hacer!

Fuente de la información e imagen:  https://vientosur.info

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Irak: Los/as sindicalistas de la educación, alarmados por las continuas violaciones de los derechos humanos

Asia/PrensaIE

El número de violaciones de los derechos humanos no ha dejado de aumentar en Irak desde que comenzaran las protestas generalizadas a finales de 2019 y durante la pandemia de la COVID-19. El Kurdistan Teachers Union ha denunciado que las autoridades iraquíes, sobre todo en la región del Kurdistán, utilizan habitualmente leyes redactadas de manera imprecisa con el fin de presentar cargos penales contra los/as manifestantes pacíficos y las personas que expresan opiniones que desagradan a las autoridades.

Terribles condiciones de detención
El 16 de julio, el Kurdistan Teachers Union (KTU) comunicó a la Internacional de la Educación que Muhammad Karim Jabbari, miembro del sindicato y profesor en Kirkuk, había sido arrestado por la policía local por instar a la provincia de Kirkuk a investigar las denuncias de corrupción en el departamento de sanidad local, así como la ausencia de prestación de servicios sanitarios.
Cuando la mujer de Jabbari enfermó por la COVID-19 y estuvo hospitalizada, se le denegaron los servicios de salud esenciales, lo que obligó a su marido a comprarle oxígeno por sus propios medios en varias ocasiones. El sindicato y los/as miembros del Parlamento regional exigieron a las autoridades que liberaran inmediatamente a Jabbari. En lugar de eso, la policía lo volvió a llevar al hospital y lo esposó a la cama de su mujer. Desafortunadamente, esta murió frente a los ojos de su marido mientras él permanecía esposado a su cama. Jabbari también ha enfermado por la COVID-19 y se encuentra en unas condiciones de salud difíciles, tanto físicas como mentales. Finalmente, como consecuencia de las presiones ejercidas por las autoridades educativas, la sección del KTU en Kirkuk y algunos parlamentarios, Jabbari fue puesto en libertad bajo fianza.
IE: Debe cesar la brutal represión contra los/as docentes que se manifiestan pacíficamente
En junio de 2020, la Internacional de la Educación escribió a las autoridades federales y regionales en el Kurdistán a fin de condenar la brutal represión que se ejerce contra los/as docentes pacíficos y el personal de apoyo educativo que se manifiestan en la mayor parte de las ciudades del Kurdistán para reclamar el pago de los retrasos acumulados en sus salarios durante los últimos cinco meses.
Esta manifestación fue objeto de gran brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad, y los violentos ataques se saldaron con el arresto de cien docentes, de los cuales un elevado número había sufrido heridas graves. Las fuerzas policiales también detuvieron a corresponsales de prensa y televisión. Como resultado de la presión ejercida por el KTU y por activistas locales, la mayoría de los/as manifestantes arrestados fueron posteriormente liberados.
La Internacional de la Educación apoya a su afiliada KTU e insta a las autoridades federales iraquíes y a las autoridades regionales del Kurdistán a que insistan en que las fuerzas de seguridad pongan fin a la intimidación, al acoso, al arresto y al ataque contra los/as docentes y otros/as ciudadanos/as que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Estas autoridades también deben investigar las denuncias de amenazas o ataques perpetrados por funcionarios/as del Gobierno u otras personas contra sus detractores/as.
Asimismo, la Internacional de la Educación exige que el nuevo Gobierno de Irak y las autoridades kurdas realicen reformas en las actuales legislaciones con el fin de armonizarlas con las normativas internacionales y que se comprometan a proteger los derechos de la ciudadanía iraquí, incluido el acceso a la atención sanitaria.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/16867/irak-losas-sindicalistas-de-la-educaci%C3%B3n-alarmados-por-las-continuas-violaciones-de-los-derechos-humanos

 

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La colonización historiográfica

Por: Facundo Di Vincenzo

Hace más de diez años soy docente de materias vinculadas a la enseñanza de la Historia Moderna y Contemporánea en diferentes espacios e instituciones educativas: universidades, terciarios, secundarios, antes fui estudiante de Grado y Posgrado de Historia en la UBA de materias similares. Cuando releo los textos de los estudiosos sobre el tema y al […]

Hace más de diez años soy docente de materias vinculadas a la enseñanza de la Historia Moderna y Contemporánea en diferentes espacios e instituciones educativas: universidades, terciarios, secundarios, antes fui estudiante de Grado y Posgrado de Historia en la UBA de materias similares. Cuando releo los textos de los estudiosos sobre el tema y al preparar las clases, siempre me molestó la ausencia de América en este periodo. Peor aún, me fastidia la forma en que se la menciona, cuando se la menciona. ¿Por qué me irritan estos autores? Intentaré explicarlo.

El progresismo de los «significantes» y su significado en el derrotero académico

A partir de la década de 1990, prácticamente a quinientos años de la conquista Española de América, una camada de historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos europeos y norteamericanos, descubrían América.

En su mayoría, provenían de corrientes de pensamiento «crítico», se definían como superadores del estructuralismo (utilizando el léxico marxista europeo), eran post estructuralistas o super-estructuralistas. En definitiva, eran cientistas sociales que claudicaban, se rendían. Consideraban que de ahora en más, el capitalismo no volvería a ser discutido. El problema era la superestructura. Algunos de ellos, como Francis Fukuyama, llegaron a escribir sobre el «fin de la historia»; otros, sólidamente posicionados en las académicas, cátedras e institutos de investigación, despilfarraban las sumas de dinero destinadas a la investigación por sus Estados, para tratar temas vinculados a la corriente del «giro linguistico». Estos últimos, en líneas generales, sostenían que la disciplina histórica era una disciplina de la que había que desconfiar. Afirmaban que los historiadores habían leído a las fuentes, pero en su producto: el texto histórico; ellos reproducían sus propias lógicas históricas y sociales. En síntesis, cuando uno leía un texto histórico no estaba leyendo a la fuente histórica, sino que uno leía aquello que el historiador quería que el lector sepa de esa fuente histórica.

Hayden White, Ricouer, Foucault, Todorov, Wolf, Chomsky, Mary Louise Platt, lectores (y fanáticos) de Wittgenstein y Cassirier, descubrían que la historia había sido escrita desde una mirada eurocéntrica. Que se había ejercido poder sobre las otras regiones no «centrales». Se asombraban al ver que nos habían silenciado, a nosotros, los periféricos. Al mismo tiempo, con una mirada situada en Europa, comenzaban a escribir «para nosotros» (¿?). Escribieron muchos libros. Hacían alusión a los campos de control académicos que cercenaban toda voz desarrollada desde afuera del centro de poder académico-científico. Otros, más místicos y espirituales quizás, se volcaron al estudio de las obras Heidegger o a textos provenientes del lejano oriente, con el objeto de encontrar un nexo universal a toda la raza humana (infinidad de términos vinculados con estas tendencias he escuchado: Numen, Dasein, Karma, Chacras, etc…) así se satisfacían con pensar que nosotros no somos diferentes a los europeos.

Ellos se deslumbraban al leer a Heidegger, quien transcribía la voz de un campesino y hablaban alucinados de las enseñanzas de ese campesino, aunque extrañamente, hacían oídos sordos a las diferentes voces de los trabajadores de nuestra América.

En definitiva, a quinientos años de la conquista española, estos autores descubrían que hacer historia, sociología, filosofía, antropología, era y es también, hacer política. Peor aún, es sostener solapadamente, determinada ideología política. Esta camada de autores, con sus trabajos vinculados a los relatos, a la «performance», la teoría del discurso y las re significaciones posibles de un texto, en realidad lo que verdaderamente hicieron fue desvirtuar las verdaderas discusiones. ¿Por qué afirmo esto? Por qué sin preocuparse en estudiar y reflexionar sobre las posibles respuestas a nuestros problemas históricos más profundos, ellos: sociólogos, historiadores, antropólogos y filósofos, también fueron responsables del naufragio de nuestra región durante buena parte del siglo XX, ya que desde el campo científico que obtenía el financiamiento de los diferentes Estados latinoamericanos, encuentro muy pocos autores que hayan elaborado lecturas desde nuestra región y para nuestra región. Incluso observo que la producción desde el mundo de las ciencias sociales en esos años, se ha dedicado especialmente a silenciar a los autores que han elaborado estudios, investigaciones e intervenciones vinculadas a diferentes exploraciones teóricas fundamentales para responder a nuestros problemas: el imperialismo británico/francés/norteamericano, la integración latinoamericana, las características de nuestros sistema democrático, las distintas Constituciones Nacionales, los dueños de los medios de comunicación y la discusión sobre el control los recursos naturales.

En síntesis, la gran mayoría del campo académico estatal ha silenciado las exploraciones más interesantes surgidas de nuestra región, desde los trabajos «fundantes» de Manuel Ugarte con El porvenir de Hispanoamerica (1910), Pedro Henriquez Ureña con La utopía de América (1925), Víctor Raúl Haya de la Torre, en su libro: Por la emancipación de América Latina (1927) o José Carlos Mariategui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), hasta los textos de autores vinculados con la liberación nacional surgidos luego de las experiencias de gobiernos nacionales y populares en Latinoamérica como Arturo Jauretche, Fermín Chavez, Juan José Hernández Arregui, Amelia Podetti, Carlos Montenegro, Jorge Abelardo Ramos, Alberto Methol Ferré, Álvaro García Linera, Alcira Argumedo o Norberto Galasso, entre otros tantos.

El problema de las edades «universales»

Para una brevísima comprensión del problema, comenzaré planteando el tema de la periodicidad establecida por las ciencias sociales, marcadamente evolucionista-positivista, y que aún hoy es la cronología vigente en manuales de escuela primaria y secundaria, universidades y Wikipedia. Repasemos. En primer lugar, los estudios clásicos, tradicionales, comienzan a hablar de los procesos históricos de la humanidad tras la llamada Revolución del Neolítico. El proceso que se inicia hace unos 9000 años, en donde grupos humanos ubicados en el continente africano pasan de ser recolectores y cazadores. Se pasa de una economía recolectora a otra productora (agrícola y de cría de animales). Un proceso en donde los humanos se transformaban en productores de alimento. Luego, la cronología continúa con la edad antigua, que comienza con la aparición de la escritura hace unos 3500 años a.c. Subrayo: la pre historia, de aquí en más, será el terreno para aquellos pueblos que no desarrollen la forma de comunicación escrita. Serán «pueblos sin historia», como señala el antropólogo Eric Wolf. La Edad Antigua se origina en la Mesopotamia y Egipto, con las primeras formaciones urbanas, «la revolución urbana» que menciona el historiador Mario Liverani. Esta era histórica finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 a.c. a manos de los «barbaros». La caída de Roma, según esta lectura, da comienzo a la edad más oscura de todas para la humanidad, la llamada Edad Media o Feudal, que debería terminar en el 1492, el momento en el cual los europeos «descubren» América. Sin embargo, no hay una posición definida sobre el tema, algunos historiadores sostienen que la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453, debería marcar el corte o la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1450. Destaco: la aparición de América no ha sido considerada como un acontecimiento trascendente para todos los historiadores, sino que la Edad Moderna o modernidad tiene tres comienzos diferentes según quien uno lea: 1492, 1450 o 1453. La modernidad finaliza con la Revolución Francesa de 1789, dando inicio a la Edad Contemporánea, que estaríamos transitando hasta nuestros días.

Como puede observarse, las edades históricas de la humanidad, son en realidad edades históricas que no atraviesan a toda la humanidad, ni siquiera a la mitad de la humanidad, sino que sus principios y finales se encuentran determinados por Europa y sus vecinos. Como escribió el historiador francés Fernand Braudel, es la historia del mediterráneo y sus contornos.

Comencemos nosotros ahora. En América, la revolución del Neolítico no se produjo hace 9000 años. Tampoco nos vimos afectados por la Revolución del Neolítico de las comunidades africanas, sino que los recolectores y cazadores que cruzaron el estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska, hace unos 15.000 años, desarrollaron tiempo después, su revolución del Neolítico. Remarco, los habitantes de nuestro continente hicieron por sí solos, el paso de una economía recolectora a otra productiva hace unos 7000 a 5000 años. Específicamente los arqueólogos hallaron vestigios de comunidades humanas sedentarias en el Valle mesoamericano de Tehuacan, pero también en la cordillera de los andes las comunidades andinas desarrollan la domesticación de plantas y animales, bajo relaciones de producción y técnicas inéditas para la humanidad: el ayllu.

Continuemos. En nuestro continente, los primeros grandes centros urbanos surgen hace 1700 a 1100 años, mientras que las organizaciones estatales centralizadas políticamente en grandes extensiones territoriales aparecen entre hace 1100 a 500 años. No tuvimos la misma cronología que la «humanidad». No tuvimos feudalismo y nuestra entrada a la modernidad, como veremos, no fue moderna para nosotros.

¿Cómo fue nuestra modernidad?

La modernidad llega América en barcos europeos. Peor aún, la historia de América que se escribió, será la historia desde la llegada de estos barcos europeos. No es extraño. Como señala el sociólogo marroquí Abdelkebir Kathibi, «toda sociedad humana escribe la historia de la relación con el territorio en el que vive». Los europeos comenzarán desde 1492 a proyectar sobre los habitantes de América un pasado no americano, tampoco real. Un pasado no histórico. ¿Cómo es esto? Su imagen de los tiempos anteriores a su llegada, será la imagen de un pasado bíblico primero, en donde los nativos estaban como en los tiempos de Adán y Eva (así lo expresaban los primeros conquistadores y religiosos que llegaban «al nuevo mundo»), y cuatrocientos años después, se continuará escribiendo sobre una América «no real», relatos signados por la caracterizaciones de una América inferior, bárbara y salvaje. Tras la emancipación, el proceso de conformación y construcción de los Estados en América será de llevado a cabo por las elites letradas de las ciudades portuarias, defensoras de economías abiertas al mercado europeo. Estas elites, como señala el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, realizarán una segunda conquista contra todos «los pueblos» (los originarios, mestizos, negros y mulatos) que lograron la emancipación, vencerán en las guerras civiles a todos los representantes elegidos por los «pueblos» de las provincias y regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores, iniciará un proceso que llega hasta nuestros días, en donde primó la negación del pasado histórico (indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario).

En este sentido las elites letradas de las ciudades-puerto inventarán las naciones americanas desde una matriz de pensamiento iluminista e ilustrada durante el siglo XIX y positivista ( racista y eurocéntrica) después. Sin embargo, lo paradójico de todo esto, es que la contemporaneidad surgida de la revolución francesa reconoce el pasado histórico, de hecho la conformación de las nacionalidades europeas, en Francia, Alemania e Italia, redimensionan la esencia de sus «pueblos» dedicando especial atención a su pasado, historia, cultura y tradiciones. Por ello la contemporaneidad europea se asume como representativa de sus pueblos, devenidos de ahora en más en ciudadanos. Sus principios fundantes son los declarados durante la Revolución Francesa de 1789: Libertad, Igualdad, fraternidad. Principios que aunque se declararon como universales fueron negados en otros lugares del planeta. Por ejemplo, los franceses revolucionarios niegan estos principios en América para los Revolucionarios negros de Haití. Los principios, afirman, eran solo para los blancos. Incluso como señala el filósofo Eduardo Grüner con la victoria de los haitianos, son los haitianos y no los franceses los que vuelve universales a estos principios, porque no distinguen color, raza y ni lugar de nacimiento.

A la vez, el inicio de la contemporaneidad europea habla del origen de la ciudadanía, sin embargo en América Latina y el Caribe, la mayoría de sus habitantes ni podían elegir a sus representantes, ni podían gozar de una ciudadanía plena. ¿Por qué digo esto? Porque como señala el historiador brasileño José Murilo de Carvalho, para que sea posible ejercer la ciudadanía, se deben cumplir tres elementos: los derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Derechos civiles, que son los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley; los derechos políticos, se refieren a la participación en el gobierno de la sociedad, y los derechos sociales; que son aquellos que garantizan la vida en sociedad, la participación en el gobierno del barrio, comunidad o ciudad, aquellos que garantizan la participación en la riqueza colectiva, es decir, se basan en la justicia social. En consecuencia, con una hojeada rápida por la historia de nuestra región podemos dar cuenta que para nosotros, los habitantes de América y el Caribe, la ciudadanía plena llego, cuando llego, recién hacia mediados del 1900 con las primeras democracias de representación popular. Y no mencioné siquiera el tema económico, que considero fundamental para comprender que no podría haber sido posible el desarrollo del modo de producción capitalista en Europa, sin la explotación (de mano de obra esclava, servil y/o con pago en especie) de las regiones colonizadas por los europeos desde el siglo XIV. Sin la explotación abusiva y violenta de estas zonas hubiera sido imposible la acumulación necesaria que fomentó la innovación tecnológica de la llamada «revolución industrial». En fin, hay muchísimo más por decir.

Fuente: https://rebelion.org/la-colonizacion-historiografica/

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México: «Lo que está por medio es el hallazgo de los 43 estudiantes»

Por: Marina Franco. NYT. 11 de julio de 2018

El pasado 4 de junio, una decisión jurídica inédita tomó por sorpresa a México: una sentencia ordenaba al gobierno rehacer la investigación por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014, tal vez el caso más emblemático —y uno de los más espeluznantes— de las violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.

El Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, había determinado que la pesquisa “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, y que había que volver a hacerla. Debido a las varias irregularidades atribuidas a la Procuraduría General de la República (PGR), señalaba la sentencia, esa nueva indagatoria debía correr a cargo de un cuerpo alternativo.

El fallo era la respuesta a los amparos presentados por cuatro imputados en la causa, que denunciaban haber sido torturados por las autoridades para que declararan sobre la desaparición de los estudiantes. Los testimonios de estos imputados son los cimientos de la pesquisa realizada por el gobierno, cuya llamada “verdad histórica” afirma que los jóvenes fueron incinerados por ellos. Pero si las confesiones al respecto fueron obtenidas por medio de tortura, como lo han documentado también organizaciones internacionales, toda la indagatoria y sus conclusiones quedan viciadas.

Por ello, en la resolución de los amparos, el tribunal federal de Tamaulipas ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, una figura que nunca ha existido en México. Sin embargo, el fallo se ha topado con resistencias: la PGR, por ejemplo, acusó desde un inicio que la decisión no respetaba la división de poderes y que no “compartía” el criterio de los jueces del tribunal colegiado.

Mauricio Fernández de la Mora, el magistrado que trabajó esta decisión, explicó que “si bien el derecho nacional no regula la creación de un mecanismo extraordinario, no por ello es un impedimento a que este exista y se proponga”.

Fernández de la Mora tiene 42 años, es experto en derecho penal y, en su primera entrevista al respecto, habló con The New York Times en Español sobre cómo fue el proceso de deliberación de la sentencia, sus antecedentes internacionales y posibilidades de seguimiento.

¿Qué los llevó a promover un mecanismo que nunca se ha visto en México?

Fue un caso muy complejo; nos tomó mucho tiempo la elaboración. Se consideró necesario sugerir esta comisión de investigación al advertir que hubo violaciones graves a los derechos humanos, como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales o serias alegaciones de tortura, y tomando en cuenta las múltiples irregularidades y defectos detectados. Se procedió a atender los lineamientos de jurisprudencia internacional para este tipo de casos, incluidas sentencias condenatorias contra México.

Al analizar esos criterios del derecho internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CoIDH], estos nos fueron llevando hacia este camino, para poder dar solución y garantizar los derechos no solo de los imputados quejosos, sino de todas las víctimas [del caso de los 43 estudiantes]. Esos son de los derechos más importantes en materia de derechos humanos: a la verdad, de acceso a la justicia y de no repetición.

Y como esta comisión y todas sus actuaciones ahora serán parte de la [nueva] averiguación previa, con la intervención del ministerio público, eso no solo beneficia a las víctimas, sino a la sociedad en general.

Algo que ha llamado la atención sobre el fallo es que fue emitido a menos de un mes de la reciente elección presidencial. ¿Hasta qué punto se tomó en cuenta esto en la deliberación del tribunal?

Nunca pasaron por nuestras mentes las cuestiones político-electorales; la justicia no va a esperar. No nos podemos abocar a las cuestiones políticas que suceden en el país; nuestra función y nuestro compromiso es con la justicia y nos marca en nuestra propia Constitución que esta debe ser pronta y expedita.

Lo trabajé junto con un secretario todas la tardes, fines de semana, hasta en Semana Santa y primero de mayo… Le dedicamos mucho tiempo para poder hacer un proyecto bien fundado y motivado.

Se prevé que en cuanto uno tiene el proyecto, cuando lo concluye, tiene la obligación de presentarlo a los compañeros magistrados para que lo revisen y se pueda discutir. En este caso, mis compañeros me pidieron al menos dos semanas antes de la sesión. Por lo general, los proyectos se entregan una semana antes de la sesión, pero varía según el caso. Por la complejidad de este se pidió más tiempo.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en varios informes y después de visitas serios problemas con la investigación. ¿Qué tanto tomó en cuenta lo ya dicho por organismos internacionales?

Estos análisis respecto a los defectos de las investigaciones en el país no son nuevos: analicé más de ochenta casos y me quedó claro en varias condenas por parte de la CoIDH que nos han hecho fuertes llamados de atención y pronunciamientos muy evidentes sobre las deficiencias.

Se estudió también el caso de Anzualdo Castro, que establece el derecho de una sociedad a conocer la verdad, y posteriormente el caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil, en el que se hizo hincapié en que resulta necesaria la creación de una comisión indagatoria independiente en circunstancias o casos de violaciones graves en los que el personal policial aparezca como posible imputado; como sucedió en el caso Ayotzinapa.

Cuando esas organizaciones internacionales denunciaron irregularidades, el gobierno mexicano respondió que le correspondía pronunciarse a la justicia mexicana. ¿Qué tan importante cree que es el hecho de que ya haya una decisión aquí en casa?

La Suprema Corte [de Justicia de la Nación] ya estableció el carácter obligatorio de la jurisprudencia interamericana y la obligación de todas las autoridades [mexicanas], y con mayor razón de este tribunal, de pensar en determinaciones necesarias para proteger los derechos humanos.

Creo que ese es el camino que debemos seguir: explorar el juicio de amparo como uno sobre derechos fundamentales.

Nosotros ya emitimos con esto cinco tesis, que son propuestas para nuestro sistema jurídico, que algún órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración al resolver otro caso y de ahí sacar jurisprudencia después.

Ahora vamos a a ver qué sucede.

En la sentencia se estableció un plazo de diez días naturales para crear la comisión, aunque ese plazo venció hace más de una semana. ¿De qué manera se revisa el cumplimiento de una sanción como esta por si hay posible desacato?

A nosotros no nos corresponde llevar a cabo el seguimiento sobre si se cumple, eso le toca al tribunal que juzgó el amparo que después nosotros revisamos: ese es el Tercer Tribunal Unitario [del decimonoveno circuito].

El plazo lo establecimos tomando en cuenta la urgencia, porque lo que está de por medio es el hallazgo de los 43 estudiantes. Sin embargo, en la práctica, es usual que no se pueda lograr en los plazos que se establece… sabemos que si es un caso complejo se puede prolongar. La Ley de Amparo prevé que el plazo se puede prolongar siempre y cuando ya se esté en vías de cumplimiento.

Un día antes de esta entrevista, el magistrado a cargo de ese tercer tribunal unitario, Sabino Pérez García, puso freno a la decisión del tribunal colegiado. Suspendió la aplicación del fallo porque la PGR dijo que no le era posible cumplirlo.

Aunque una decisión colegiada por un amparo no puede apelarse —”De acuerdo con la Ley de Amparo, en teoría, no”, dijo Fernández de la Mora— los encargados de su ejecución pueden recurrir a lo que se llama incidente de imposibilidad. Es justamente lo que hizo la PGR, además de decir que la sentencia no respeta las divisiones de poderes porque las investigaciones corresponden al ministerio público. Y es que la comisión de la investigación propuesta en el fallo judicial tiene otro componente inédito en México: debería incluir también a organizaciones que representan a los familiares de los desaparecidos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH).

“El artículo 21 de la Constitución sí establece que es obligación del Ministerio Público investigar delitos”, dijo Fernández de la Mora, “pero, afortunadamente, esta no le otorga exclusividad, porque el artículo 20 establece los derechos tanto del inculpado como de la víctima para [que haya] una averiguación previa”. El juez añadió que, si quienes redactaron el artículo hubieran querido que solo la procuraduría pudiera realizar pesquisas de este tipo, hasta en casos extraordinarios como dijo lo es el de Ayotzinapa, eso habrían hecho. “La facultad exclusiva que sí se le otorgó textualmente fue respecto a las policías”.

Según Fernández de la Mora, el fallo sí toma en cuenta lo que le compete a cada uno de los participantes de esa futura comisión. “Los tres integrantes de la comisión están facultados”, dijo, e indicó que con ese mecanismo se pueden integrar también las investigaciones y averiguaciones que cada parte de por sí ya ha hecho. “En vez de que lo sigan haciendo cada uno por su lado, que lo hagan como equipo, para poder dar con el paradero de los 43 desaparecidos”.

La CNDH, al igual que la PGR, se declaró recientemente “imposibilitada” de participar. Fernández de la Mora dijo que no podía pronunciarse específicamente sobre ese incidente de imposibilidad, aunque sí mencionó que es de suma importancia que ese organismo participe. En parte, dijo, porque a la CNDH le compete revisar posibles violaciones graves de parte de autoridades —como tortura de testigos, por ejemplo— y, asimismo, “para que funja como equilibrio y ente conciliador entre las víctimas y la PGR, ya que conforme ha transcurrido el tiempo la relación entre estas dos partes se ha fracturado considerablemente”.

En varias ocasiones, el magistrado recalcó que no puede hacer más comentarios específicos sobre si cree que la decisión del juez Pérez García significará el fin de lo que propone el fallo. Pero antes de terminar la entrevista recalcó:

“Quisiera compartir que tenemos fe en que todo salga bien… Hemos advertido que ya están empezando a trabajar en este tema como parte de la transición [presidencial] y, pues, vamos a tener fe”.

Fuente:

https://www.nytimes.com/es/2018/07/09/ayotzinapa-comision-fernandez-de-la-mora/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=3&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

Fotografía: proyectodiez.mx

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