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Argentina, Mujeres piqueteras a Larreta: «Lucharemos hasta que garantice alimento, salud y educación»

 

Cerca de un centenar de mujeres concurrieron a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional. El jefe de Gobierno porteño habia dicho que usaban a sus hijos como «escudos» durante las protestas.

Mujeres piqueteras dijeron este martes a Horacio Rodríguez Larreta que saldrán a las calles hasta que «garantice alimentos, salud y educación», luego de que el jefe de Gobierno porteño las acusara de usar a sus hijos como «escudos» durante las protestas en la vía pública.

«Larreta, vamos a salir a las calles a luchar por nuestros derechos hasta que usted garantice alimentos, salud y educación», dijo Alicia, vecina de la Villa 31, al participar de una actividad en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.

Cerca de un centenar de mujeres concurrieron esta tarde de martes a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional, presidida por el diputado porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.

«Llevamos a nuestros hijos porque alquilamos en lugares donde no es seguro dejarlos solos», dijo a su turno Reynalda, de la Villa 15, quien llevaba a su hijo en brazos, y agregó que «no se consiguen vacantes» en los jardines de infantes de la ciudad.

Foto Carlos Brigo

(Foto: Carlos Brigo).

«Somos la clase obrera y trabajadora, no somos delincuentes. Pedimos trabajo digno e igualitario para hombres y mujeres», agregó.

Otras oradoras del encuentro también reclamaron por un mejor funcionamiento de los Centros de Salud Comunitaria (Cesac) del Gobierno de la Ciudad, donde aseguraron que «no se consiguen turnos».

Las mujeres también pidieron acceso a un empleo registrado, y afirmaron que son «trabajadoras precarizadas» y que algunas de ellas trabajan en casas particulares, donde obtienen como salario «1.500 pesos por día».

La semana pasada, en declaraciones a la prensa, el jefe de Gobierno dijo que las mujeres que participaban de las protestas sociales en la Avenida 9 de Julio «usan a los chicos como escudo en los acampes para que la policía no los desaloje. Ellos tienen que estar en la escuela, no acampando en la ciudad».

En esa misma conferencia de prensa, Larreta dijo que pediría al Gobierno nacional que quite los planes sociales a quienes concurren a las protestas.

«Esos dichos después se transforman en hechos represivos graves», dijo durante el encuentro la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, quien es la vicepresidenta de la comisión.

Cerca de un centenar de mujeres concurrieron a la Legislatura portea a una actividad convocada por la Comisin Especial contra la Violencia Institucional

Cerca de un centenar de mujeres concurrieron a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional.

Solano, a su turno, explicó que la comisión realizó esta actividad «para que las mujeres que día a día son atacadas por organizar reclamos contra la pobreza y contra el hambre tengan la oportunidad de expresar su verdad sobre la lucha que desarrollan».

Su compañera de bloque, Amanda Martín, acusó a Larreta de «hipócrita», ya que «reclama que los hijos de las movilizadas vayan a las escuelas, pero es su gobierno el que negó 50.000 vacantes para las solicitudes que hubieron este año».

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202204/589323-mujeres-piqueteras-a-larreta-lucharemos-hasta-que-garantice-alimentos-salud-y-educacion.html
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Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

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INFORME La pandemia del racismo

Desplazados de sus territorios ancestrales, muchos pueblos indígenas viven en zonas aisladas, sin acceso al agua potable ni a recursos para alimentarse, donde los servicios de salud son limitados o inexistentes. Con la propagación del COVID-19, se acrecentaron las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de estas comunidades frente a cualquier contingencia, situación compartida por afrodescendientes, migrantes y otros grupos sociales que viven al día y en condiciones de hacinamiento. Tanto en los asentamientos como en la periferia de las grandes ciudades, el temor por los riesgos de contagio frente a la pandemia convive con la preocupación por la cena de hoy y el almuerzo de mañana.

En paralelo, recrudeció la discriminación por parte de diversos sectores y la violencia institucional infringida por las fuerzas de seguridad, las instituciones y servicios de salud, justicia y educación, producto de la naturalización de “representaciones racistas” por parte de la sociedad.

Para Marcela Brac, integrante del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA), si bien la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio “se realizó con el propósito de prevenir el aumento de contagios y preservar la salud y seguridad de las personas, en algunos casos el contacto se representa en términos de peligrosidad y temor hacia quienes padecen la enfermedad, antes que preocupación por su estado de salud”. “Esta situación no es generalizada, sino que se encarna en casos puntuales”, afirmó la antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en diálogo con el Suplemento Universidad.

La violencia institucional ejercida contra les jóvenes qom del barrio Banderas Argentinas, en la localidad chaqueña de Fontana, a fines de mayo, se inscribe “en el marco de violación de derechos humanos cometidos a lo largo de la historia argentina contra gran parte de los ciudadanos, en este caso, los pueblos originarios”, afirmó Brac.

“En general, la sociedad argentina identifica el racismo estructural existente en otros países, como Estados Unidos, pero se muestra menos propensa a la reflexión crítica sobre la situación nacional”, reflexionó. Asimismo, explicó que esa línea de pensamiento “sustenta la concepción de la supremacía blanca y la alimenta en el ‘fetiche de los barcos’: ‘Los argentinos descendemos de los barcos, por cierto, no esclavistas’ es un relato totalizador de la identidad nacional que invisibiliza otras identidades”.

Según la investigadora, las desigualdades socioeconómicas actuales y los mecanismos de exclusión social “se expresan de formas violentas y manifiestas, pero también de maneras soterradas, más silenciosas y que buscan reafirmar cotidianamente jerarquizaciones sociales en relación a la pertenencia étnica”.

En esa línea, Malena Castilla, integrante del ICA y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), advirtió que la “negación e invisibilización de los pueblos indígenas y sus problemáticas” también implica la “inexistencia o falta de implementación de políticas públicas destinadas a esta población”.

Castilla subrayó que “estas dinámicas de violencia se ejercen históricamente” y, en comunicación con este suplemento, hizo suyas las palabras del comunicado de repudio publicado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) sobre lo ocurrido en Fontana con extensión a “toda la provincia”: “Es imperativo detener los aumentos de los niveles de violencia y de despojo que sufren estas poblaciones. Despojos históricos, de sus territorios, sus culturas, sus lenguas, sus modos de vida, su religiosidad, su dignidad, sus nombres…”.

En consonancia con sus colegas del ICA, Laura Weiss dijo que “estás dinámicas y su profundización evidencian y ponen en tensión el interjuego entre una ciudadanía hegemónica y las ciudadanías indígenas, e incrementan aún más las desigualdades de acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

“En un contexto de creciente inseguridad alimentaria” y de difícil “acceso al sistema de salud público y estatal, son las propias organizaciones indígenas y comunitarias las que generan lazos de contención desde sus trayectorias políticas y organizativas y en articulación con organizaciones sociales, sindicales y políticas, pero también instituciones escolares y organismos de desarrollo social y de salud”, apuntó Weiss.

Voces de las comunidades

Lecko Zamora, miembro del pueblo wichí e integrante de la comisión asesora del Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la UNNE, consideró que “el Estado debe hacerse cargo con honestidad para contrarrestar el daño ocasionado por más de dos siglos”. Según Zamora, eso implica “inculcar y formar a los compatriotas, en especial a funcionarios privados y públicos, en los derechos y valores de los pueblos indígenas” y, a su vez, “enriquecer a los programas de estudios de las escuelas primarias, colegios secundarios, terciarios y universidades”.

En tanto, Libia Tujuayliya Gea Zamora, médica wichí y colaboradora de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior de la Cátedra Unesco “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), aseguró que la formación de médicos en “interculturalidad y salud” es una deuda pendiente.

En diálogo con este suplemento, la médica destacó la importancia de “entender y respetar las prácticas ancestrales de los pueblos y los conceptos de salud/enfermedad” que manejan. En ese sentido, afirmó: “En Argentina no hay un sistema de salud intercultural que respete la diversidad cultural”. También apuntó que “no hay suficiente personal de salud en territorio y no tenemos insumos”.

Por su parte, Daniel Loncon, miembro del pueblo mapuche e integrante de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que en Chubut la pandemia “profundizó aún más las consecuencias de muchos años de abandono estatal y evidenció claramente que no existe una política pública, social o sanitaria diferenciada y con pertinencia cultural frente a situaciones como éstas”.

Para Loncon, “una intervención social y sanitaria más efectiva” depende de la articulación entre el Estado, en todos sus niveles, y las organizaciones indígenas y otros actores vinculados con las comunidades.

En diálogo con el Suplemento Universidad, el referente mapuche manifestó que urge “consolidar y reforzar con insumos, personal y movilidad a los hospitales rurales y reactivar los puestos sanitarios que se encuentran cerrados por falta de personal”. También señaló la necesidad de “agilizar el tránsito de las áreas rurales mediante la refacción y mantenimiento de los caminos vecinales”.

Otra de las medidas que debe tomar el Estado es “garantizar el aprovisionamiento de agua, alimentos, medicamentos y planes o programas a las personas que lo necesiten y se encuentran en comunidades alejadas y que no poseen medios de movilidad para acercarse a los centros urbanos ni dispositivos ni conexión de internet para solicitar los beneficios que ha dispuesto el gobierno nacional”, exigió Loncon.

Por una mayor conciencia

Aunque las “injusticias, inequidades y formas de violencia institucional continúan vigentes en absolutamente todos los países de la región”, el director de la Cátedra Unesco e investigador principal del CONICET, Daniel Mato, afirmó que “existen diferencias” según “las formas en las cuales cada gobierno administra el respectivo Estado”.

En otras palabras: “No es lo mismo tener que enfrentar esta pandemia en el marco de un gobierno nacional como el de Brasil, cuyo presidente reiteradamente proclama mensajes y prácticas racistas, promueve incendios en el Amazonas y practica o cuanto menos tolera asesinatos de dirigentes de esos pueblos, que hacerlo en el contexto de un gobierno nacional como el de Argentina, cuyo presidente de ningún modo incurre en esas prácticas, sino que por el contrario procura acabar con las prácticas de violencia institucional de las fuerzas de seguridad”. “Pero, el ‘Estado’ no es lo mismo que el ‘gobierno’, y este no se reduce al ‘presidente’”, reflexionó Mato.

Consultado por este suplemento, el director de la Cátedra Unesco afirmó que “la pandemia del racismo es la más antigua y letal de la historia de la humanidad” y sostuvo que las universidades contribuyeron a «construirla y diseminarla por todo el planeta mediante su monoculturalismo”, que como contrapartida tuvo “la negación, descalificación o subalternización de las visiones de mundo, lenguas, sistemas de conocimiento y modalidades de aprendizaje de pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Así como “jugaron papeles importantes en la producción y reproducción del racismo”, las casas de estudio deben contribuir a “erradicarlo”, indicó Mato y advirtió que “no se observan respuestas concretas y efectivas por parte de la mayoría de ellas”. En la actualidad, menos de una treintena de universidades cuentan con programas institucionales estables para el desarrollo de actividades interculturales, en colaboración con estudiantes, organizaciones y comunidades, o el apoyo a alumnos indígenas.

Asimismo, Mato remarcó que en sus aulas “se forman profesionales que acaban ocupando lugares de toma de decisiones y de formación de opinión pública, espacios de formulación y aplicación de leyes y políticas públicas, y docentes que irradian la ideología racista hacia todo el sistema educativo, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario”.

El investigador del CONICET alentó la creación de nuevos espacios de reflexión y debate, y programas contra el racismo, dirigidos a población en general y a los actores de los sistemas educativos. “Es igualmente urgente e importante que todas las universidades adopten protocolos de prevención y educación contra el racismo y la discriminación racial”, advirtió y consideró que “la experiencias pioneras impulsadas por los movimientos feministas y de mujeres pueden servir de ejemplo”.

Mientras, los contagios se multiplican y las comunidades indígenas y afrodescendientes exigen el desarrollo y la puesta en práctica de respuestas que sean apropiadas a las condiciones estructurales que las afectan, para asegurar el pleno respeto de sus derechos y culturas.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/278662-la-pandemia-del-racismo

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Bolivia: Presidenta de facto boliviana llama a reprimir movimientos sociales

América del Sur/Bolivia/21-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La presidenta de facto dio instrucciones a la Policía sobre estar alerta para reprimir las posibles manifestaciones que exigen convocatoria a elecciones.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó este viernes que su Gobierno trabaja para frenar la «violencia de los violentos», en clara alusión a los movimientos sociales, sobre todo, el liderado por el expresidente Evo Morales.

«Trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia», expresó la jefa de Estado, mientras daba instrucciones a la policía sobre estar alerta para reprimir las posibles manifestaciones que exigen convocatoria a elecciones.

El Tribunal Electoral estipuló efectuar las elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre. No obstante, la mandataria de facto se niega a promulgar esa decisión, por lo que se le acusa de querer prolongar su interinato en el poder y esquivar sus responsabilidades ante la pandemia de la Covid-19.

Freddy Morales@FreddyteleSUR

Pdta. de facto, Jeanine Añez, instruye a la policía estar alerta para reprimir a movimientos sociales que exigen convocatoria a elecciones según decidió el Tribunal Electoral (6 sept) y al Movimiento al Socialismo, primero en las encuestas de tendencia de voto @teleSURtv

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No es la primera vez que la presidenta de facto tilda a los movimientos sociales como «violentos». Durante la clausura del primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad usó ese calificativo y aseveró que estos eran una amenaza contra la democracia.

«Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente ‘movimientos sociales’ y ellos no volverán porque pretendieron robar la democracia», dijo en aquella ocasión.

Durante esta jornada, volvió a arremeter contra los movimientos sociales al manifestar que «muchos violentos» están aprovechando la cuarentena para dividir con violencia, aludiendo también al Movimiento al Socialismo, liderado por el expresidente Evo Morales.

«… Y lo que está ocurriendo es que muchos violentos aprovechando la cuarentena se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano. Por ejemplo el «evismo» vuelve para dividir con violencia», expresó Áñez.

De acuerdo con analistas, el Movimiento al Socialismo lidera las encuestas de tendencia de voto en Bolivia.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/presidenta-facto-boliviana-llama-reprimir-movimientos-sociales-20200619-0051.html#

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No a la estigmatización de los migrantes retornados

Por: Roberto Patiño

Desde el principio de la crisis del covid-19 en nuestro país, el régimen ha instrumentalizado la pandemia para extremar sistemas de control y políticas de exclusión y hostigamiento. El régimen incluso utiliza el fenómeno de la pandemia para enfrentar a las personas dentro de las mismas comunidades, estigmatizando a quienes puedan estar contagiados como amenaza para el resto, y no como objeto de atención o solidaridad.

En este sentido, uno de los grupos más afectados es sin duda el de los migrantes retornados. Los connacionales que vuelven a Venezuela, luego del intento fallido de mantenerse en otros países del continente por las restricciones derivadas de la cuarentena, se encuentran con enormes dificultades para cruzar la frontera, lo que se suma a la ya dolorosa experiencia de padecimientos y maltratos en su arduo periplo de vuelta.

Los migrantes son recluidos en centros de cuarentena en situación de hacinamiento y agravio y ya son varias las denuncias al respecto que hablan de alimentación deficiente, instalaciones inapropiadas, y el maltrato de las autoridades, condiciones que en vez de frenar el contagio, aumentan las posibilidades de que ocurra

Pero tal vez uno de los aspectos más graves de esto sea la imposición de un discurso oficial que tergiversa términos médicos para hablar de “contagios importados”, por ejemplo, y que criminaliza a las personas al identificarlas como agentes de contagio e incluso “armas biológicas”. Se crea así una nueva forma de exclusión que afecta a grupos vulnerables y en la que vuelven a potenciarse las características dictatoriales y represivas del actual modelo.

Sin duda, se trata de una nueva segregación. La carga de «culpables» que recae sobre los retornados desde la narrativa oficial no solo viola derechos humanos, sino que profundiza el trato discriminatorio contra cualquier venezolano, como ya ocurre con los connacionales de las regiones, a quienes se les trata como «de segunda».

Se repite así el uso natural del régimen de la estigmatización del otro para su «eliminación» y su naturaleza opuesta a la solidaridad y la convivencia. Una condición que ha convertido al Estado y sus instituciones en factores de destrucción, violencia y empobrecimiento de las personas, y que han sido significativos para la existencia de la realidad de crisis y colapso que estamos viviendo.

En nuestro trabajo en el movimiento Caracas Mi Convive enfrentamos esta situación desde la promoción y el ejercicio de los valores convivenciales. Debemos responder desde la sociedad civil generando iniciativas de articulación y encuentro que contrarresten la imposición de sistemas de segregación y exclusión oficiales. De igual forma debemos visibilizar y difundir las situaciones de vulneración de derechos humanos que nos afectan tanto en lo individual como en lo colectivo.

Es fundamental que enfrentemos la nueva realidad del covid-19 en nuestro país desde la solidaridad y el trabajo mancomunado. Solo así podremos atravesar esta situación de manera exitosa, evitando las dinámicas de enfrentamiento, fragmentación y caos que han signado al actual régimen y que han traído tanta tragedia a nuestro país.

robertopatino.com

Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/no-a-la-estigmatizacion-de-los-migrantes-retornados/

Imagen: https://www.flickr.com/photos/64484371@N03/47198063492/in/photostream/

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El Salvador: Policía sigue con las detenciones ilegales por incumplir cuarentena

América Central/El Salvador/26-04-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Procurador de Derechos Humanos presenta informe de capturas ilegales por no cumplir cuarentena obligatoria.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, afirmó ayer que las autoridades de seguridad, Policía y Fuerza Armada, siguen realizando detenciones ilegales, a pesar que la Sala de lo Constitucional, las reiterado que riñen con la ley.

“Tenemos denuncias actuales de detenciones de personas que son capturadas por la policía. Esperamos que la Sala de lo Constitucional tome una decisión legal para que se detenga esas ilegalidades y sobre todo que los funcionarios e instituciones cumplan con las órdenes como lo establece un Estado de derecho”, expresó Tobar.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado reiteradas resoluciones ordenando a la policía y la Fuerza Armada detener los arrestos para las personas que se encuentran en las calles y que no cumplen la cuarentena domiciliar ordenada por el presidente Bukele.

El Tribunal Superior Constitucional ha amparado a varias personas que se encuentran en albergues y ha ordenado su inmediata liberación, sin embargo, las autoridades no han acatado la orden.

En ese sentido, Tobar se presentó ayer a la Corte Suprema de Justicia, para entregar el primer informe sobre personas retenidas, que le ordenó la Sala de lo Constitucional como seguimiento del hábeas corpus número 148-2020.

En el informe, el procurador dice que la institución detectó 172 detenciones ilegales desde el 21 de marzo hasta el 22 de abril, durante el tiempo de la cuarentena domiciliar obligatoria.

“Conocimos de 778 casos denunciados hasta el 22 de abril, de los cuales 172 se refieren a detenciones ilegales. Y en el otro informe, que es el de la Policía Nacional Civil, hemos contabilizado detenciones de personas, en esos se encuentra 735 hombres y 59 mujeres”, dijo el funcionario.

Tobar indicó que tiene en todo el país, oficinas para que las personas presenten sus demandas de ilegalidades. Además, tiene los sitios en Internet, plataformas digitales y aplicaciones en celulares.

“Estamos en la disponibilidad de recibir todo tipo de denuncias en todo el país. No podemos seguir en esa situación. También, la policía está obligada a enviarnos los informes actualizados de todos los arrestos que se realizan en todo el país”, sentenció el funcionario.

El procurador explicó que presentará un informe cada viernes ante la Sala de lo Constitucional para mantener actualizada al Tribunal Constitucional de todas las detenciones ilegales.

La Sala Constitucional en la resolución del hábeas corpus 148-2020, ordenó que no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena familiar, irrespetando los derechos constitucionales, e instó a la Asamblea y al Ministerio de Salud a crear una ley formal, que regule las detenciones que incumplan la cuarentena domiciliar.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/detenciones-ilegales/708815/2020/

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El Salvador: PDDH registra 200 casos de abusos de autoridad

América Central/El Salvador/31-03-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Procurador adjunto explicó que en la mayoría de casos se trata de personas detenidas por incumplir la cuarentena.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró hasta el viernes anterior cerca de 200 denuncias de personas que dicen haber sufrido abuso de autoridad en el marco de las medidas de restricción implementadas por el Gobierno para limitar la libre circulación ciudadana para contener la propagación del coronavirus.

El procurador adjunto, Julio Bendek, manifestó el sábado que la mayoría de denuncias tiene que ver con detenciones realizadas por agentes de seguridad pública cuando los afectados transitaban en la vía pública, en algunos casos, para ir en buscar de alimentos.

DENUNCIAS DE PERIODISTAS

Entre las denuncias recibidas por la entidad están las de varios periodistas, quienes señalan que los funcionarios se niegan a responder preguntas sobre la situación del coronavirus. El procurador realtó que un periodista fue detenido en un retén en Morazán y los agentes le borraron las imágenes.

El caso más grave, dijo, es el de un ciudadano que fue vapuleado y detenido por policías en Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, por no cumplir la cuarentena. Por la misma razón, en Tepecoyo, La Libertad, unos policías pusieron a unas personas a hacer flexiones. Ambos casos fueron conocidos por vídeos difundidos en redes sociales.

“No estamos en guerra, estamos frenta a un virus; entonces las medidas tienen que ser consecuentes. Y si no nos ponemos vigilantes se pueden volver un despropósito en sí mismas y el miedo ya no va a ser un contagio sino el abuso de la autoridad”, expresó Bendek.

El funcionario recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes liberar a las personas que fueron detenidas desde el fin de semana anterior, porque habrían incumplido la cuarentena domiciliar, pero que aún están en las sedes policiales y no han sido llevadas a centros de resguardo.

Otra denuncia que se ha hecho frecuente, según el procurador adjunto, es la falta de información que están recibiendo de las autoridades las personas contagiadas de la enfermedad o que están hospitalizadas bajo observación así como sus familiares. En el hospital Nacional José Antonio Saldaña también hay quejas de pacientes portadores del virus que están mezclados con quienes están ahí por otror padecimientos.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pddh-coronavirus/700775/2020/

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