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El “no” a educación sexual aviva embarazos tempranos en América Central

Los embarazos de niñas y adolescentes continúan imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos, cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las escuelas.

El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.

“No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.

La influencia de grupos de presión

Sectores conservadores, aglutinados en “Por nuestros hijos”, una versión hondureña del movimiento regional “Con mis Hijos no te Metas”, se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la “ideología de género”, como el populismo conservador internacional llama a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.

Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las “campañas de desinformación” en torno a esa ley hondureña

La última de las marchas en favor de “la familia y la niñez”, la realizaron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.

“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”: Zuleyma Beltrán.

Esos grupos “apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo, que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones”, añadió García.

Según, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años en Honduras, con lo cual el país es el segundo en América Latina con la mayor tasa de embarazos en adolescentes.

El Código Penal de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo consentimiento por parte de la niña.

En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.

“Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes”, acotó García.

En los países de América Central, con unos 50 millones de habitantes, prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación sexual y reproductiva.

El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.

La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de “vuelva al Congreso” legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.

Zuleyma Beltrán, de 41 años, narró la experiencia vivida cuando quedó embarazada a los 15 años por no tener educación sexual apropiada en El Salvador. Un segundo embarazo desembocó en una emergencia obstétrica que la llevó a la cárcel en 1999, una realidad por la que pasan muchas mujeres salvadoreñas. Imagen: Edgardo Ayala / IPS

“No sabía qué era un condón”

Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no siempre se cumplen.

El Salvador cuenta desde 2017 con la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes, y si bien las cifras se han reducido en los últimos años, aún siguen siendo elevadas.

Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de 50 % entre 2015 y 2022.

Sin embargo, “es preocupante ver a El Salvador como uno de los 50 países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10-14 años”, refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.

Entre las niñas de 10 a 14 años, señaló el documento, la tasa de embarazo ha bajado un 59.6% al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por cada 1000 niñas en 2015 a 1.9 en 2022.

El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador agregó que el país “necesita acelerar aún más el paso, adoptando políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las niñas de 10-14 años y las adolescentes de 15-19 años”.

Esas acciones tienen que estar basadas “en evidencia”, citó el informe.

Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras, rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.

Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar embarazada cuando era una adolescente de 15 años.

“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”, aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.

Y agregó: “Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia”.

Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.

Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de hasta 30 años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre por igual.

“Al Estado le debería dar vergüenza obligar a esas niñas a parir y no les da opciones”, manifestó Anabel Recinos, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con ellas, solo les ofrece la cárcel”, añadió.

Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y reproductiva en las escuelas.

“Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral en las escuelas”, acotó.

Ni fórmula para bebés

En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes embarazadas, para aliviarles la dura carga.

Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.

“Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar esas medias”, afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde la capital, Ciudad de Guatemala.

Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, “son niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad forzada”.

Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas alrededor 500 000 niñas menores de 14 años, y la cantidad se incrementa al incluir a las de hasta 19 años.

“Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación”, subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de 14 años.

Agregó: “La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”.

Patriarcado y capitalismo

Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la violencia sexual, entre otros.

“El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público”, aseveró la guatemalteca Barrios.

Aseguro que la vida de una niña de 10 años queda truncada al salir embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico, “para criar hijos y estar en la casa”.

Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un “sistema de opresión” que se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.

“Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema (capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida”, comentó la abogada.

Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de 9 años sobre sexualidad.

“Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada”, acotó.

“No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí”, dijo.

ED: EG

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Bolivia: Universitarias denuncian acoso y violencia sexual de docentes de la UMSS

El Secretario General de la UMSS dijo que desconoce las denuncias.

Este martes, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizaron una marcha de protesta hasta puertas del Rectorado de esta casa de estudios superiores de lucha contra la violencia a la mujer.

Las jóvenes denuncian que hay varios hechos de acoso sexual e incluso violencia sexual por parte de docentes de varias carreras, estudiantes y administrativos, pero no hubo sanciones. Exigen que autoridades universitarias fiscalicen los casos y se haga el seguimiento legal.

«Estamos presentes estudiantes autoconvocadas de todas las facultades de  la Universidad Mayor de San Simón para exigir una adecuada fiscalización y seguimiento a los casos de violencia, acoso sexual y violaciones que se han realizado dentro de nuestra universidad», expresó una de las jóvenes.

Con letreros como «Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor», «Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá», «No a la violencia, sí a la paz. Rompe el silencio», «Que ser mujer no nos cueste la vida», «No defiendas al violador, no defiendas al agresor», «Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca» y otros, las universitarias piden acciones ante estos hechos.

Por su parte, el Secretario General de la UMSS dijo que desconoce las denuncias y «esa clase de comportamiento».

«No tenemos conocimiento oficial de que haya esa clase de comportamientos dentro de la universidad. Oficialmente no lo sabemos», afirmó Eduardo Lavayen Panoso.

También señaló que existe una oficina dentro del campus para atender estos temas. Aseguró que, en caso de comprobarse las denuncias, aplicarán todo el rigor de la ley.

«La unidad que está encargada de conocer esta clase de demandas y, además, de resolverlas, si es el caso, es la Oficina de Protección de los Derechos de la Mujer en la Universidad ¿Cómo va a enfrentar la Universidad esta clase de actitudes? si es que hubieran; vamos a aplicar con todo el rigor de la ley lo que manda nuestro ordenamiento jurídico en protección a las mujeres especialmente», complementó.

https://www.reduno.com.bo/noticias/universitarias-denuncian-acoso-y-violencia-sexual-de-docentes-de-la-umss-20232811217

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Las orientaciones sexuales disidentes no son una enfermedad

Por: Fabiola Méndez

Ilustración: Andrés Otero

En el país, en pleno siglo XXI, hay lugares que realizan estrategias que tienen como único objetivo convertir a una persona a determinada orientación sexual por medio del uso de métodos de violencia física, psicológica o sexual.

Por lo general, se efectúan sobre individuos que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad y son llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

De acuerdo con Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, ese tipo de terapias no tendrían que ser nombradas de esa manera, “porque no hay nada que curar”, aseguró la universitaria.

Desde hace más de cinco décadas, los principales organismos e instituciones que trabajan la salud mental argumentaron que la homosexualidad no es un trastorno o padecimiento y, por lo tanto, no es algo que se tenga que curar o cambiar en las personas. Tampoco es una enfermedad de salud mental.

En ese sentido, la especialista en temas de género y diversidad sexual explicó que este tipo de prácticas son realizadas por profesionales de la salud que desafortunadamente no tienen una actualización en torno al tema, o por quienes se encuentran dentro del ámbito religioso, y muchas veces recomendados por familiares o amigos quienes, de manera engañosa, incurren incluso en cuestiones de secuestro, aislamiento de las personas y, por supuesto, actos de tortura.

Lo más grave es que esas acciones violentas quedan impunes o pasan por el secretismo, el silenciamiento e incluso la amenaza a los individuos que lo viven.

Situación histórica

Hoy en día, estas prácticas ya tienen nombre, pero históricamente siempre han existido. Por ejemplo, durante las guerras mundiales y en los campos nazis, había procesos parecidos, en los que sobre todo a hombres homosexuales se les sometía a una serie de actos de violencia o de tortura, específicamente bajo la idea de regular una cuestión hormonal, considerando que era la causa de la homosexualidad.

“Es posible que tengan mucho tiempo de existir; sin embargo, hoy en día se han hecho visibles, porque cada vez se rompe más el silencio, y en la medida en la que diferentes grupos desde el activismo, la academia, y, por supuesto, la gente que lo ha vivido ha levantado la voz para detenerlo, se ha nombrado. Se ha podido reconocer, se ha podido visibilizar e inclusive señalar que constituyen actos de violencia”, detalló Rocha Sánchez.

Asimismo, explicó que a través del tiempo ha habido un proceso de homofobia histórica y se ha pasado de considerar la homosexualidad como un delito a un pecado y una enfermedad. Con los avances científicos se intenta dar a conocer de manera sistemática que ni la homosexualidad ni el tema de las identidades trans o las expresiones de género no binarias constituyen, como tal, un problema de salud mental. “En todo caso aquellos padecimientos o malestares de carácter mental o emocional que las personas LGBTIQ+ llegan a experimentar, pues son más bien resultado de un entorno hostil, violento, de rechazo, de discriminación y de prejuicio, pero no per se de la orientación ni de la identidad o de cómo se expresa al mundo dicha identidad”, aclaró.

El daño causado a las víctimas con este tipo de prácticas es muy variable, porque en algunos casos los individuos son expuestos desde su infancia a estos procesos de tortura, pero sin duda existe una repercusión. “Las violencias sexuales correctivas suelen emplearse mucho más en la adolescencia con las chicas lesbianas o bisexuales. Muchas veces por parte de alguien conocido o familiar, lo cual, además de ser una violación a la propia persona constituye también una cuestión de impacto psicológico brutal, porque en el fondo, todas estas acciones van abonando a que las personas LGBTIQ+ lleguen a vivirse como fuera de lo normativo, con una homofobia o transfobia interiorizada, que muchas veces puede derivar en procesos de depresión o ideación suicida”.

Han dejado de considerarse problemas de salud mental.

Prohibidas en 10 países

En el mundo, sólo 10 naciones han prohibido las terapias de conversión por el daño emocional, físico y la afectación a los derechos humanos de quienes son sometidos a estas prácticas.

En nuestro país, el pasado 11 de octubre de 2022 el Senado aprobó la prohibición de las terapias de conversión sexual con una pena de hasta 12 años de cárcel a quien las realice. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Lo que Tania Rocha celebró, aunque aclaró que es únicamente una iniciativa dentro de muchas más que tienen que existir para que sumen a reiterar y hacer saber, a quienes quizá no se han dado a la tarea de actualizarse o de conocer más acerca del tema, que no se está hablando de cuestiones curables, y que por el contrario, estas acciones pueden ocasionar problemas muy serios de salud mental y emocional en quienes lo viven, e incluso llegar, en muchos casos, hasta el suicidio ante el rechazo y la constante violencia a la que pueden ser expuestas las personas.

La investigadora recomendó la guía Nada que curar, elaborada por la Facultad de Psicología de la UNAM en colaboración con otras instituciones y asociaciones civiles y disponible de manera gratuita para que las familias tengan más información y elementos para no dejarse persuadir o engañar por quienes quieren hacer ECOSIG, y a la vez para tener herramientas que permitan apoyar a las personas LGBTIQ+, “que puedan vivir desde un lugar mucho más pacífico, prometedor, de aceptación de sus propias vivencias”.

Consulta la guía Nada que curar: (https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexic/Nada_que_curar_2020.pdf).

Fuente de la información:  Gaceta UNAM

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La violencia y el colapso económico de Haití pone a las mujeres y las niñas al borde del precipicio

La falta de acceso a los hospitales de la ciudad de Puerto Príncipe, debido a la violencia y la precaria situación económica de Haití, pone en peligro la vida de las mujeres y niñas que no pueden recibir una atención sanitaria adecuada, advirtió este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas

La agencia de la ONU particularizó la situación de las supervivientes de violencia sexual y de las cerca de 85.000 mujeres actualmente embarazadas, de las cuales unas 30.000 darán a luz durante los próximos tres meses. en medio de la crisis que azota al país  

Con una economía al borde del colapso y el desplome los servicios esenciales, los habitantes de la capital de Haití, se ven atrapados en un espeluznante fuego cruzado provocado por el aumento de la violencia de las bandas, con crecientes testimonios de asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos forzados.

Entre los testimonios recabados por el Fondo está el de una mujer embarazada que perdió a su marido y todas sus pertenencias al huir de su hogar durante los altercados. La afectada actualmente depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Otros reportes indican la violación de mujeres y niñas de nueve años por parte de miembros de bandas que buscan incitar el terror y vengarse de otros grupos rivales.

Haití cuenta actualmente con el nivel de mortalidad materna más alto de América Latina y el Caribe.

La escalada de los combates en la capital junto a la destrucción de muchos servicios esenciales y de instalaciones sanitarias tras el terremoto del año pasado en el sur del país, provocan un gran incremento de las necesidades humanitarias: más de 4,9 millones de personas precisan asistencia, entre ellas unos 1,3 millones de mujeres en edad reproductiva.

17.000 haitianos han huido de su hogar

Concretamente en la zona de Cité Soleil, una de las más pobres de la capital haitiana y que alberga a más de 250.000 personas, fue una de las que sufrió los combates más violentos con cientos de muertos, heridos y desaparecidos

Durante los últimos meses unos 17.000 habitantes de la capital se han visto obligados a abandonar sus hogares refugiándose en campamentos improvisados o en casa de familiares, mientras la inestabilidad extrema se agudiza.

El personal del Fondo sobre el terreno está ayudando a las supervivientes de la violencia de género a buscar asistencia jurídica, psicosocial y médica, distribuyendo suministros sanitarios y lámparas solares en los lugares de desplazamiento, y evacuando a mujeres embarazadas con complicaciones par que reciban atención obstétrica y neonatal de emergencia.

Además, se han distribuido cientos de kits de higiene femenina en cuatro centros para desplazados de la capital

Ocho clínicas móviles, capacitación y…acceso a los servicios de salud

La agencia prevé desplegar ocho clínicas móviles que trabajarán juntamente con los centros de salud locales garantizando servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas atrapadas en zonas de difícil acceso.

También está preparando a agentes comunitarios que conciencien sobre los riesgos y las medidas de protección contra la violencia de género, así como sobre los servicios sanitarios y los espacios seguros de recuperación disponibles para las supervivientes.

Más allá de la respuesta inmediata urge un acceso seguro a los servicios de salud y fondos para prevenir los altos niveles de embarazos no deseados y las muertes maternas, así como para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual.

La representante de la agencia en Haití, Saidou Kabore, destacó que «ninguna mujer debería morir al dar a luz. Ninguna mujer debería ser víctima de una violación u otras formas de violencia de género. El UNFPA se compromete a mejorar los servicios de salud y protección y a salvar vidas».

Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/08/1513012

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Bacha Bazi: el abuso a menores disfrazado de tradición en Afganistán

A través de la red social TikTok, se han revivido videos de esta práctica o “tradición” de Afganistán, donde se ven niños y jóvenes bailando frente a varios hombres mayores.

Esta tradición conocida como “Bacha Bazi” qué traducida significa: “jugar con los niños”, renace desde la toma del poder de los Talibanes en Afganistán, que al tener leyes tan estrictas han logrado reducir el número de población de mujeres y dentro de la necesidad sexual y de entretenimiento, buscan la “femineidad” en niños y adolescentes hermosos.

Inicialmente, varias investigaciones de medios internacionales, afirman que esta práctica viene únicamente desde los más poderosos o altos mandos militares de Afganistán y lo que significa tener a un joven Bacha Bazi, es poder tanto monetario como en la sociedad.

Frente al tema, varios videos en TikTok se han compartido, viralizando los bailes que se publican por esta red social, que en un inicio se pensaba, era con motivo artístico propio de su cultura.

Sin embargo, varios creadores de contenido que tenían conocimiento de la práctica, que fue prohibida en 2017, empezaron a concientizar a los demás usuarios de lo que realmente significan estos bailes: abuso sexual hacia menores de edad en Afganistán.

¿Quiénes son los Bacha Bazi?
De una forma sencilla son niños y/o jóvenes, que, o fueron vendidos por sus familias, o con promesas de una “vida mejor” se fueron con “el mejor postor”.

Estos niños son los más vulnerables de la sociedad, pasan necesidades y al ver la oportunidad de un cambio con mayores ingresos económicas, toman la “decisión” de ser un Bacha Baresh, lo que traduce “niño sin barba”.

Los hombres económicamente estables o poderosos, se acercan a las comunidades más pobres para buscar a sus futuros esclavos y “amantes” para así volverlos su propiedad y presumir de la adquisición.

Por estos días se ha creado una reacción en masa donde varios creadores de todas partes del mundo, no solo por TikTok, sino también por Twitter, han denunciado que el Bacha Bazi no es más que un abuso a menores de edad disfrazado de una tradición en Afganistán.

Lo que ha logrado que en redes las personas dejen de ver esta tortura como símbolo de arte y cultura.

En el país, las normas en contra de esta práctica como tal no existen, ya que se refugian en afirmar que hace parte de su cultura desde hace años atrás.

Fuente: https://noticias.canal1.com.co/internacional/bacha-bazi-el-abuso-a-menores-disfrazado-de-tradicion-en-afganistan/

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Baja California: Ordenan a hospitales públicos practicar abortos en casos de violación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de las modificaciones NOM 046, que permite a las mujeres abortar después de una violación.

Las disposiciones antes señaladas establecen, entre otros aspectos, que las instituciones públicas de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que el embarazo es producto de una violación, además de que tratándose de personas menores de 12 años de edad, se realizará a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de estos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Al respecto, la SCJN se pronunció sobre cinco planteamientos que el Congreso del Estado de Aguascalientes hizo valer, y respecto de los cuales decidió lo siguiente:

1) La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades está facultada para emitir normas oficiales mexicanas, o bien, para modificarlas, a efecto de prestar en todo el territorio nacional los servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, sin que haya necesidad de una intervención directa por el Ejecutivo Federal.

2) Las modificaciones a los puntos de la NOM se realizaron sin contravenir lo que establecía el artículo 51 de la entonces Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigente al momento de la expedición de la NOM, pues se actualizaba el supuesto de excepción a que se referían sus párrafos segundo y tercero, ya que con la emisión de la Ley General de Víctimas, la cual prevé que a toda víctima de violación sexual se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, lo que indiscutiblemente hacía necesario adecuar el procedimiento para hacer efectiva esta garantía.

3) No se afecta la competencia del citado Congreso local para legislar en materia penal, ya que las modificaciones al punto 6.4.2.7 están vinculadas a la forma en que debe prestarse el servicio médico para que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo cuando provenga de una violación, sin que ello implique la regulación de una conducta punible, o bien, de algún elemento de exclusión de responsabilidad.

4) El reconocimiento del derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar adolescentes de solicitar por sí mismas la interrupción del embarazo cuando provenga de una violación no invade la competencia del Congreso local para legislar en materia de patria potestad, pues la regulación impugnada no se traduce en una intervención en la relación paterno-filial que deriva de esa institución jurídica ni interviene en el ejercicio de esta. En todo caso, ese reconocimiento descansa en su derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud, en función del principio de desarrollo progresivo, por lo que tienen la posibilidad de decidir someterse a intervenciones y tratamientos médicos, sin permiso de un padre y/o madre o tutor.

5) Las modificaciones a la NOM atienden al principio de buena fe que emana de la Ley General de Víctimas, pues conforme a ese principio las autoridades no criminalizarán o responsabilizarán a las víctimas, lo cual es indispensable para evitar la revictimización de las mujeres y personas gestantes, esto es, para que no haya una mayor injerencia en aspectos de índole personal e íntima de su vida privada.

Asimismo, el Pleno de la SCJN reiteró, en lo conducente, las consideraciones antes señaladas al resolver otro asunto que fue promovido por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en contra de las mismas modificaciones a los puntos antes señalados de la NOM-046-SSA2-2005.

Fuente: https://rebelion.org/ordenan-a-hospitales-publicos-practicar-abortos-en-casos-de-violacion/

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Organizaciones peruanas piden al Estado garantizar derechos de mujeres

América del Sur/Perú/03-06-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net 

De acuerdo al Registro Único de Víctimas, 201 mujeres y niñas tenían hijos de sus agresores.

Organizaciones feministas y de mujeres reclamaron al Estado peruano que cumpla con las recomendaciones que realizara el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la Organización de Naciones Unidas (ONU); así como con la garantía de los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ+.

La institución feminista Flora Tristán subrayó la necesidad de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como uno de los parámetros fundamentales reconocidos por la Cedaw.

De acuerdo a la ONU “los grupos desfavorecidos y marginados de mujeres y niñas, las mujeres indígenas y afroperuanas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como las mujeres refugiadas y migrantes; se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de violencia en todos los ámbitos de sus vidas”.

Por ello, el Comité instó a Perú a utilizar medidas especiales de carácter temporal para proporcionarles una reparación urgente. Entre las visiones fundamentales para la garantía de una vida digna para las mujeres y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos; el organismo resaltó la carencia de educación sexual integral adecuada en correspondencia con la edad en todos los niveles; incluida la educación sobre salud, derechos sexuales e igualdad de género.

“El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para incorporar la igualdad de género y los derechos de la mujer en sus marcos legislativos, regulatorios y normativos. Sin embargo, al Comité le preocupan los altos niveles de violencia de género contra las mujeres, que se han visto exacerbados desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, detalló la institución en su informe.

Otro de los desafíos que reconocen y exigen las organizaciones por los derechos de las mujeres, están acorde con la declaratoria de la Cedaw; la cual refirió que en lo relativo a la justicia falta concientización y sensibilización en materia de igualdad de género.

La persistencia de obstáculos institucionales, estructurales y prácticos para el acceso de las mujeres a la justicia, es puntualizado además de la Cedaw por los colectivos peruanos.

Con relación a la restricción de una interrupción segura del embarazo, Cedaw recomendó que el Perú legalice esta interrupción en casos de violación, incesto, amenazas a la vida o la salud de la mujer embarazada o malformación fetal grave; y despenalice la interrupción del embarazo en otras situaciones.

“El acceso altamente restrictivo al aborto en casos terapéuticos ha provocado la denegación de este procedimiento a mujeres y niñas víctimas de embarazo forzado por violencia sexual; señalando que en 2018 el Registro Único de Víctimas informó de 5.266 casos de abuso sexual y que 201 mujeres y niñas tenían hijos de sus agresores”, denunció el documento.

Otras de las denuncias realizadas por los movimientos de mujeres y feministas y contempladas por la Cedaw, se focalizaron hacia la esterilización forzada de mujeres y niñas, en particular de mujeres y niñas con discapacidades intelectuales y psicosociales, a pesar de la prohibición de la ley.

Por otra parte, la denuncia también abordó el “acceso limitado de las mujeres que viven con el VIH/SIDA a los programas de prevención, tratamiento y atención y apoyo de calidad, así como la estigmatización y discriminación a la que se enfrentan”.

Otra de las problemáticas fundamentales que acontecen en el país es la violencia y el feminicidio como su máxima expresión, sobre la cual la Policía Nacional informó que 12.000 mujeres fueron registradas como desaparecidas en 2020.

Mientras, según las cifras publicadas por el Programa Nacional Aurora, en 2021 se registraron 293 tentativas de feminicidio, y 136 casos de feminicidio consumado, de los cuales en el 13.2 por ciento las víctimas fueron niñas y adolescentes.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/feministas-peruanas-reclaman-cumplimiento-cedaw-estado-20220602-0033.html

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