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Brasil: Ataques contra la educación sobre género y sexualidad

Las legislaturas deberían descartar proyectos y leyes discriminatorias y apoyar a los docentes.

Legisladores y otros funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal en Brasil han empleado estrategias políticas y jurídicas perniciosas con el fin de socavar, e incluso prohibir, la educación sobre género y sexualidad, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 77 páginas, “‘Sentí miedo; eso era lo que buscaban’: Medidas para prohibir la educación sobre género y sexualidad en Brasil”, analiza 217 leyes y proyectos legislativos presentados entre 2014 y 2022 que fueron diseñados para prohibir de manera explícita la enseñanza o la divulgación de contenidos relativos a educación sobre género y sexualidad, o prohibir la supuesta “ideología de género” o “adoctrinamiento” en escuelas municipales o estatales. Human Rights Watch también documentó acciones a nivel político orientadas a desacreditar o limitar la educación en género y sexualidad, impulsadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien personalmente amplificó este mensaje por intereses políticos, incluso de manera reciente en marzo de 2022.

“Estos intentos hostiles de suprimir enfoques integrales sobre educación en sexualidad responden a prejuicios y afectan los derechos a la educación y la no discriminación en Brasil”, explicó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Los legisladores deben revocar las leyes y descartar los proyectos de ley que violen los derechos de niños y niñas y, en lugar de ello, asegurar que los estudiantes reciban una educación sexual integral, en consonancia con lo establecido por el derecho brasileño e internacional”.

Human Rights Watch entrevistó a 56 docentes de escuelas públicas, expertos en educación, representantes de departamentos de educación estatales y organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas con 32 profesores de escuelas públicas de 8 estados en Brasil revelaron que sentían incertidumbre y temían abordar las temáticas de género y sexualidad en el aula a causa de los esfuerzos políticos y jurídicos para desacreditar esos contenidos.

Diversos docentes señalaron haber sido hostigados por abordar cuestiones de género y sexualidad, incluyendo hostigamiento por parte de miembros de la comunidad y funcionarios electos. Algunos profesores enfrentaron procesos administrativos por tratar estos contenidos, mientras que a otros se los citó para prestar declaración ante la policía y otras autoridades.

A principios de 2020, Alan Rodrigues, docente de una escuela secundaria pública de Río de Janeiro, recibió un correo electrónico anónimo después de organizar una campaña contra la violencia sexual junto con sus estudiantes: “¡Pare con el adoctrinamiento a los estudiantes! ¡Lo dejamos pasar en 2019! ¡Los maestros como tú deberían morir! ¡Te estamos observando! ¡Solo te lo advertiremos una vez!”. Rodrigues denunció haber recibido amenazas desde 2014 por abordar en el aula temas relativos a género y sexualidad.

Virginia Ferreira, profesora de inglés de una escuela pública en Vinhedo, estado de São Paulo, fue acusada por funcionarios del municipio de “adoctrinamiento” y “menoscabo al aprendizaje de los estudiantes” tras haberle pedido a sus alumnos de octavo grado que investigaran sobre la violencia de género y el feminismo en ocasión del Día Internacional de la Mujer en 2019. Ferreira dijo que debió afrontar dos años de procesos disciplinarios, así como publicaciones y amenazas en las redes sociales con el fin de desacreditarla profesionalmente.

Docentes y expertos en educación afirman que las leyes y los proyectos legislativos, la retórica política y el hostigamiento generan un “efecto inhibitorio” en la predisposición de algunos docentes a conversar sobre temáticas de género y sexualidad en el aula.

Damares Alves, quien dimitió como ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en marzo de 2022 para postularse a elecciones, ha atacado la educación en género y sexualidad, y denunció el “adoctrinamiento” y la “sexualización” de niños y niñas.

Los ministros de educación del gobierno de Bolsonaro emplearon una retórica discriminatoria con el fin de desacreditar la educación sobre género y sexualidad. Milton Ribeiro, quien renunció en marzo luego de enfrentar acusaciones de corrupción, expresó que la educación sexual y de género es un “incentivo” para que la juventud tenga relaciones sexuales. Ribeiro también afirmó que los niños y niñas homosexuales provienen de “familias disfuncionales”. También hay otros antecedentes de ministros anteriores que formularon comentarios similares.

En 2020, el Supremo Tribunal Federal emitió una serie de fallos emblemáticos mediante los cuales derogó ocho leyes que prohibían la educación en género y sexualidad. El tribunal sostuvo que dichas prohibiciones cercenaban los derechos a la igualdad, a no ser discriminado y a la educación, entre otros. Al menos otros cuatros casos similares se encuentran en trámite.

El Supremo Tribunal Federal actuó como freno ante tales leyes, incluso en un período en que el presidente Jair Bolsonaro ha intensificado sus esfuerzos por intimidar al tribunal y ha amenazado e insultado a magistrados de esa institución, dijo Human Rights Watch. No obstante, algunos consejos municipales siguen aprobando leyes que prohíben la educación en género y sexualidad.

En marzo de 2022, por citar un ejemplo, la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, sancionó una ley que prohibió a los docentes brindar información sobre “ideología de género”, orientación sexual y derechos sexuales y reproductivos en las escuelas municipales.

En Brasil, funcionarios públicos electos y grupos conservadores han recurrido a la retórica de la “ideología de género” para impulsar alegaciones de que se “adoctrina” a niños y niñas en las escuelas con ideas “políticas” y “no neutrales” relacionadas con género y sexualidad. Al infundir el temor de que los niños y las niñas estén en riesgo, estos actores utilizan la educación como arma para lograr una ventaja política entre un segmento conservador de la población.

Las leyes y directrices educativas de Brasil, tanto en el ámbito federal como de los estados, exigen que se brinde instrucción en materia de género y sexualidad. Conforme al derecho internacional, el derecho de niños y niñas a la educación sexual integral es un elemento esencial del derecho a la educación. Básicamente, la educación sexual integral consiste en planes de estudio con rigor científico y apropiados según la edad que puedan contribuir a promover prácticas informadas y seguras para prevenir la violencia de género, la desigualdad de género, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Los altos niveles de violencia de género en Brasil, incluida la violencia contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT, son indicadores de que existe una necesidad crítica de incluir esa formación en las escuelas, observó Human Rights Watch. Diversos estudios y expertos en educación vinculan la educación sexual integral con numerosos resultados positivos en las vidas de los jóvenes, como la postergación del inicio de la actividad sexual y el incremento en el uso de preservativos y métodos anticonceptivos, un mayor conocimiento sobre estrategias para prevenir la violencia sexual y de género, y actitudes positivas hacia la diversidad y la equidad de género.

Los legisladores de todos los niveles del gobierno de Brasil deben retirar de manera inmediata los proyectos de ley y revocar las leyes que cercenen los derechos de los estudiantes a aprender sobre género y sexualidad, apuntó Human Rights Watch. Los funcionarios del ámbito federal, estatal y municipal deben dejar de politizar la educación en género y sexualidad, y de utilizarla como bandera política.

El Ministerio de Educación y los departamentos de educación municipales y de los estados deben respetar las directrices y leyes vigentes, el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones del Supremo Tribunal Federal que protegen el derecho a la educación sexual integral. Como parte de esto, se debe asegurar que la dirección, docentes y el resto del personal de las escuelas comprendan y se sientan apoyados al enseñar y llevar a cabo actividades con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el tema.

“En definitiva, el uso indebido del género y sexualidad como estrategia política perjudica de manera directa a los jóvenes y docentes brasileños, que son quienes más necesitan esa información”, explicó González. “Brasil debe enfocar sus esfuerzos en procurar que todos los jóvenes cuenten con información inclusiva en materia de género y sexualidad, que es esencial para una vida segura y saludable”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2022/05/12/brasil-ataques-contra-la-educacion-sobre-genero-y-sexualidad

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Las niñas y las mujeres viven su propia guerra en Ucrania

Por: Efeminista

Las niñas y las mujeres están viviendo su propia guerra en Ucrania, ya que muchas son víctimas de violencia sexual por parte de soldados rusos, según han confirmado las autoridades de ese país y de la ONU.

La defensora del Pueblo de Ucrania, Lyudmyla Denisova, ha asegurado a la BBC que han documentado varios casos desde que se inició la invasión rusa hasta el momento.

«Alrededor de 25 niñas y mujeres de 14 a 24 años fueron víctimas de violación sistemática durante la ocupación en el sótano de una casa en Bucha. Nueve de ellas están embarazadas», ha dicho. «Los soldados rusos les dijeron que las violarían hasta el punto de que no querrían contacto sexual con ningún hombre, para evitar que tuvieran hijos ucranianos».

Sin embargo, no es posible aún determinar una cifra real de víctimas. «Las mujeres tienen miedo de hablar de abuso sexual, por lo que no se puede determinar el número exacto de delitos», ha agregado Denisova.

En su cuenta de Facebook, la funcionaria también ha descrito varios casos que ha conocido. «Una chica de 14 años fue violada por 5 hombres en Bucha. Ella está embarazada ahora. Un niño de 11 años fue violado delante de su madre. Ella estaba atada a una silla para verla, también en Bucha. Una mujer de 20 años, violada por tres ocupantes de todas las formas posibles a la vez. En Irpen».

La guerra de niñas y mujeres en Ucrania

Agencias de Naciones Unidas también han denunciado estos hechos y ya hablan de un «creciente número de informes de violencia sexual» en Ucrania.

El director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine, ha expresado especial preocupación por los menores que han tenido que salir de zonas de combates sin sus familias y que se enfrentan a un alto riesgo de «violencia, abuso, explotación o a ser víctima de tráfico».

«Las mujeres se enfrentan a riesgos similares. Estamos extremadamente preocupados por el creciente número de informes de violencia sexual y otras formas de violencia de género», ha agregado.

Al respecto, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, ha dicho que se están recibiendo cada vez más denuncias de violaciones y otros abusos.

«La combinación de desplazamientos masivos con una gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, ha hecho saltar todas las alarmas», ha señalado Bahous.

Acciones de la comunidad internacional

Días antes, Naciones Unidas ya había señalado que iba a empezar a implementar medidas específicas de género para proteger a las mujeres y niñas desplazadas por la guerra en Ucrania

ONU Mujeres ha enviado expertos de su Comisión de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos para «investigar la violencia sexual, el abuso y la explotación de mujeres y niñas en el contexto de la guerra».

«Invertimos en esta labor porque nuestra experiencia nos muestra que para evitar la violencia sexual y de género es imperativo investigar estos crímenes y hacer que sus autores rindan cuentas a los autores por estos abusos fundamentales de los derechos» del colectivo femenino, dijo semanas atrás Bahous.

Fuente de la información e imagen:  https://efeminista.com

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Embarazos forzados de niñas y jóvenes, una epidemia normalizada en Guatemala

Los embarazos forzados de niñas y adolescentes se han convertido en una epidemia normalizada que no se ha logrado combatir en Guatemala, pese a ser uno de los países de América Latina con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes.

Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12.379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72.077 en 2021.

«La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza», explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.

El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. «En 2018 hubo 5.680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7.365 niñas que se habían convertido en madres», agrega.

Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. «Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2.400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y la covid, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente», subraya.

«EPIDEMIA» DE EMBARAZOS FORZADOS

Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una «epidemia» tal y como refleja el «incremento desmedido» que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.

Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103.937 a 114.858, según datos recopilados por la organización.

Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran «tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales». «Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas», agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.

«Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos», dice el representante de Planned Parenthood Global.

Además, «los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna», agrega.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.

Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: «Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad». Con el otro 98 % «es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación», añade.

EL CASO DE FÁTIMA

La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.

«Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña», explica a Efe Fátima.

La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.

«Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre», recuerda.

Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.

«Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz», afirma.

Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

LOS SUEÑOS SE ROMPEN

Los embarazos forzados «rompen los sueños» de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.

«Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida», confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado «Vidas silenciadas».

Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el «continuum de violencia» que sufren las mujeres a lo largo de su vida. «La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros», dice Ramazzini.

No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. «La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo», agrega la investigadora.

Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar «encerradas sin salida», ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.

En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.

UN FUTURO DE RESISTENCIA

Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, «los antiderechos han encontrado tierra fértil» en Guatemala.

Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como «Capital Iberoamericana Provida» dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada «Para la Protección de la Vida y la Familia», que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.

Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil «tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar» la iniciativa.

«Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida», concluye Montenegro.

(Este reportaje forma parte de una serie que cuenta con el apoyo de Planned Parenthood Global. El contenido editorial de Efe es independiente de las posiciones de esta organización.)

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-embarazos–reportaje-_embarazos-forzados-de-ni%C3%B1as-y-j%C3%B3venes–una-epidemia-normalizada-en-guatemala/47548934

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ONU llama a investigar denuncias de violaciones a mujeres y niñas en la guerra en Ucrania

¿Violaciones como arma de guerra? Las denuncias han ido creciendo con el paso de los días por parte de mujeres y niñas que ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos afirman haber sido sometidas a abusos sexuales por parte de soldados rusos, en el marco del conflicto lanzado por el Kremlin contra Ucrania. Las agencias de Naciones Unidas: Unicef y ONU Mujeres hicieron un llamado urgente al Consejo de Seguridad del organismo a investigar los casos.

Casi un mes encerradas en un sótano y abusadas sexualmente presuntamente por soldados rusos. Nueve de las víctimas ahora están embarazadas. Esta es una de las más recientes denuncias en medio del conflicto armado.

La acusación fue hecha por 25 jóvenes y niñas entre los 14 y 24 años de edad y los vejámenes habrían ocurrido en Bucha, según afirmó la defensora del pueblo de Ucrania, Lyudmyla Denisova.

Las denunciantes aseguraron que sus atacantes les dijeron que las agredirían “hasta el punto de que no quisieran tener contacto sexual con ningún hombre, para evitar que tuvieran hijos ucranianos”.

Los testimonios fueron recogidos por grupos defensores de derechos humanos en el terreno como La Strada Ucrania, que apoya a sobrevivientes de trata, violencia doméstica y agresión sexual y por la Organización de Naciones Unidas.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de agresión de sus militares contra civiles.

Pero estas no son las únicas sombrías declaraciones recogidas por los investigadores. Tras la partida de las fuerzas del Kremlin de algunas localidades ucranianas, más mujeres afirman haber sido sometidas a violaciones en grupo y abusos sexuales cometidos en frente de niños.

«A punta de pistola me llevó a una casa cercana. Me ordenó: ‘Quítate la ropa o te mato’. No dejaba de amenazarme con matarme si no hacía lo que me decía. Luego empezó a violarme», dijo en medio del llanto una mujer citada en una investigación periodística de la cadena británica ‘BBC’, cuya identidad fue reservada. Su esposo murió tras ser herido de gravedad en el lugar.

La denunciante describió a su atacante como un hombre checheno joven y delgado y agregó que cuatro soldados rusos que entraron al lugar se llevaron a al agresor, lo que considera salvó su vida. Una vecina de la localidad rural a las afueras de Kiev que, sostiene fue agredida por el mismo hombre, fue hallada muerta.

Kateryna Cherepakha, presidenta de La Strada-Ucrania, también aseguró que su organización ha recibido llamadas que acusaban a soldados rusos de casos de violación, que involucraban a al menos 12 mujeres y niñas.

La ONU exige investigaciones y más protección a las mujeres

Unicef y ONU Mujeres pidieron a las autoridades internacionales una investigación mayor e independiente sobre las denuncias de abuso sexual, al tiempo que describieron un panorama desolador para las familias ucranianas.

“Cada vez escuchamos más sobre violaciones y violencia sexual. La combinación del desplazamiento masivo con los resultados de la gran presión de los reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas”, aseguró Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 11 de abril.

En la sesión, el embajador adjunto de Rusia negó los señalamientos y acusó a Kiev y sus aliados de «una clara intención de presentar a los soldados rusos como sádicos y violadores».

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante una reunión sobre la situación abusos sexuales en Ucrania, presuntamente cometidos por soldados rusos. En Nueva York, EE. UU., el 11 de abril de 2022.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante una reunión sobre la situación abusos sexuales en Ucrania, presuntamente cometidos por soldados rusos. En Nueva York, EE. UU., el 11 de abril de 2022. © Reuters/Brendan McDermid

La ONU señaló la semana pasada que sus observadores de derechos humanos estaban trabajando para verificar las acusaciones de violencia sexual por parte de soldados rusos.

Pero la organización también indicó que se encuentra indagando denuncias sobre presuntos miembros de las fuerzas ucranianas y de las milicias de defensa civil que habrían cometido actos de violencia sexual.

El embajador de Ucrania ante la ONU aseguró que la oficina del fiscal general de su país estaba lanzando un “mecanismo especial de documentación” para casos relacionados con violencia sexual.

Cherepakha pidió a los organismos internacionales que las denuncias sean tomadas en serio. “Esto es sólo la punta del iceberg. Sabemos y vemos, y queremos que escuchen nuestras voces, que los invasores rusos utilizan ahora la violencia y la violación como arma de guerra en Ucrania”, subrayó.

La agresión sexual es considerada un crimen de guerra de acuerdo con los Convenios de Ginebra y una violación del Derecho Internacional Humanitario. Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) y la Fiscalía ucraniana aseguran que abrirán investigaciones al respecto, más mujeres y niñas narran los vejámenes que habrían sufrido en un conflicto que se prolonga.

Fuente: https://www.france24.com/es/europa/20220413-ucrania-violaciones-mujeres-ni%C3%B1as-onu

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Honduras: Se profundiza violencia contra personas LGBTI

POR: GIORGIO TRUCCHI 

Jonathan Martínez, César Zúñiga y María Fernanda Martínez fueron asesinados el pasado 2 de febrero en San Pedro Sula y La Libertad. Ya son 5 las personas sexo-género diversas asesinadas en lo que va del año.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Martínez y César Zúñiga, que eran pareja, fueron ultimados de varios balazos por desconocidos vistiendo uniformes de la policía militar.

La misma noche fue asesinada con saña la joven María Fernanda Martínez, quien recibió más de diez disparos y una piedra en la cabeza.

En el mes de enero había sido asesinada en Tegucigalpa Thalía Rodríguez, reconocida activista por los derechos de las mujeres trans.

Según el Observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas, los ataques en Honduras contra la comunidad LGBTI han dejado un saldo de 28 personas asesinadas el año pasado, 405 en los últimos 13 años. Más del 90 por ciento ha quedado en la impunidad.

Los tres asesinatos del 2 de febrero fueron condenados por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La Oficina expresa su preocupación frente a los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas LGBTI en el país.

El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por estos crímenes, y la no repetición de los hechos”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La Oacnudh instó a las autoridades a “realizar investigaciones prontas que incluyan la línea de investigación de crimen de odio”.

Fuente de  la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Nicaragua: Las mujeres no son libres, las mujeres no están seguras

Por: Aldania Serrano

Publicado en redclade.org

A pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, que incluye leyes que protegen a las mujeres, en el país se está viviendo una coyuntura con una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad.

Para hablar sobre la violencia basada en género en Nicaragua, se debe reconocer que los nicaragüenses se encuentran en una sociedad patriarcal. Desde que las personas nacen se les asignan roles en dependencia de su sexo biológico, como consecuencia, las mujeres y niñas están creciendo en un sistema que dicta lo que deberán hacer el resto de sus vidas.

Es importante señalar que la violencia basada en género está sustentada por el sistema patriarcal en el que dominan los hombres sobre las mujeres, la mayoría de las veces, las mujeres sufren violencia a raíz de su cuerpo y la concepción de los hombres sobre él.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 736 millones de mujeres (una de cada tres), son víctimas de violencia física o sexual realizada por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

También, para ONU mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, y Nicaragua no es la expepción.

Así se manifiesta la violencia basada en género

“¿Ya tenes novia en la escuelita?”, todas las personas en Nicaragua ya han escuchado esta expresión que le dicen a los niños. Desde que son infantes se crían a los niños con la idea de que deben ser coquetos, que deben decirles ¨piropos¨ a las niñas y mujeres en la calle, pero no se les dice que en realidad eso es acoso y violencia normalizada porque invaden el espacio y la privacidad de las niñas y mujeres.

De igual forma, es violencia de género cuando a las niñas solo se les permite jugar con muñecas y jugar a ¨la cocinita¨, usar faldas y ser sumisas, porque eso es lo que la sociedad ha construido desde hace mucho tiempo. Es violencia también, que a los niños no se les permita llorar en público porque ¨los verdaderos hombres no lloran¨, porque los hombres son fuertes y deben dedicarse a trabajar para el hogar, no pueden ser sensibles porque no es parte de su naturaleza… criar a los niños con estas ideas, es violencia.

La violencia basada en género también se manifiesta con acoso callejero, con micromachismos,  y en palabras de la activista Integrante de la red de mujeres contra la violencia, Evelyn Floresestos comportamientos y conductas no deben celebrarse porque son expresiones de violencia determinadas por las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, que se producen como:

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia sexual
  • Violencia económica
  • Violencia emocional

Una de las expresiones más graves de violencia, es la conducta normalizada de hombres adultos que buscan una relación amorosa con adolescentes y jóvenes, quienes son vulnerables a ceder por algún tipo de amenaza y violencia ejercida por el adulto que goza de poder y por ello abusa del mismo. Las niñas, adolescentes y jóvenes deben ser protegidas de este tipo de abusadores.

Quiénes ejercen violencia

Generalmente, son los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres, no necesariamente se puede ver en una pareja, la violencia basada en género sucede independientemente de si existe o no un vínculo entre el victimario y la víctima. La violencia también está presente en sitios de trabajo, en las calles, en las iglesias, en la familia, en las escuelas y universidades.

Qué ha cambiado en los últimos años

Gracias a los esfuerzos de las mujeres feministas, con el pasar de los años, las mujeres se han empoderado y muchas cosas del pasado han cambiado, antes los hombres eran los dueños de tierras en las zonas rurales, ahora hay mujeres productoras y dueñas de sus tierras, antes era muy común que los hombres fuesen los titulares de las casas y las herencias, ahora hay más mujeres siendo incluidas, hay más mujeres tomando responsabilidades y siendo parte de esta revolución que con el tiempo será una normalidad.

En busca de una sociedad justa

Para Flores, se debe luchar en contra de la violencia basada en género, pero para ello se necesita un trabajo armónico entre hombres y mujeres, no se trata de una competencia, si no de la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz. Asimismo, en medida que hay democracia e institucionalidad se puede combatir la violencia de género de forma más efectiva, ya que, esto permite a las mujeres y niñas gozar de sus derechos.

Las organizaciones en Nicaragua aportan a la eliminación de la violencia de género

Gracias a la lucha feminista, hay muchas mujeres que gozan de su libertad, las organizaciones de sociedad civil y personas profesionales aportan a la eliminación de la violencia de género con sus conocimientos, sus acciones y actividades dirigidas a mujeres nicaragüenses. Con esto, se pretende compartir a la ciudadanía las herramientas para que gocen plenamente de sus derechos y no sufran de discriminación, exclusión, y en un futuro se logre erradicar el machismo. Para ello, se debe educar sobre derechos humanos y los hombres deben admitir que el sistema patriarcal les provee privilegios de los que deben desprenderse para ser parte de esta lucha en contra de la violencia. Las organizaciones en Nicaragua son fundamentales para generar opinión, conocimiento, y para ayudar a las comunidades más necesitadas.

¿En Nicaragua hay leyes que protejan a las mujeres?

La activista Flores comenta que, a pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, sí existen leyes que protegen a las mujeres, así como la ley 779. Sin embargo, entre el marco legal, los operadores de justicia y las instituciones estatales y acciones, existe una brecha significativa, pues en Nicaragua se está viviendo una coyuntura muy fuerte, porque existe una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad. Según la abogada Flores, el marco legal relacionado a la protección y defensa de las mujeres no debe cambiarse, pero si se pudiese aplicar a como expresa la ley, sería lo ideal para brindar justicia a las víctimas.

Femicidios en Nicaragua

Al día de hoy, el número de víctimas de violencia supera las 66, y la cifra de femicidio en grado de frustración asciende las 100, las mujeres nicaragüenses han tenido que ser resilientes y luchar por sus vidas todos los días. No hay un espacio seguro en el que las mujeres se puedan desarrollar, por ello en conjunto se necesita erradicar la violencia de género. Y según afirma Floressolo una parte de las mujeres logra denunciar la violencia que sufre. A pesar de las leyes no se protege la integridad y dignidad de las víctimas, y a nivel de ejemplo, la activista comenta que, cuando un profesor abusa de una estudiante,  la familia de la víctima tiene que presentar muchas pruebas para que se reconozca al profesor como abusador, en lugar de apoyar y proteger a la niña, y si se confirma que el maestro es abusador, como respuesta, únicamente cambian al abusador de escuela, lo que le permite cometer nuevamente esos delitos y queda impune. No hay justicia para las niñas, no hay protección para ellas.

¿Cuál es la ruta para acabar con esta problemática?

La educación, desde el enfoque de derechos humanos en la que se les enseñe a las personas que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos y capacidades, se debe construir una educación formal e informal más sana, más humanista y facilitadora de un futuro más próspero en Nicaragua.

Los cambios culturales también son importantes, los hombres y mujeres deben tener control de su sexualidad, la responsabilidad del futuro como familia debe ser planificado por los hombres y mujeres, la carga no tiene que ser solo de la mujer. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de las nuevas formaciones.

Las víctimas son afectadas de por vida

Las víctimas de violencia no pueden desarrollarse de manera óptima, su vida corre peligro y en vista de la impunidad tienen secuelas que aumentan con el tiempo, sufren la violencia del victimario y la violencia estatal porque no tienen justicia. Si las víctimas no son atendidas pueden estar afectadas durante toda su vida.

Cuando sepas que una mujer ha sido víctima de violencia, intenta acercarte para ayudarla, escucharla y protegerla, si podes buscar ayuda psicológica, hazlo, no podemos dejarlas solas.

¿Vos cómo ayudarás a la eliminación de la violencia de género?

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/nicaragua-las-mujeres-no-son-libres-las-mujeres-no-estan-seguras/
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México: Cuando el patriarcado nos niega el derecho a estudiar

Por: Isabel Vega/La Izquierda Diario

Para las niñas y adolescentes, las labores domésticas, el embarazo y la violencia, son factores que determinan la ausencia del derecho a la educación, que se suman a la precarización y los altos costos de vida para las familias trabajadoras así como al raquítico presupuesto a la educación.

En México hay 1,642,129 niños y niñas de entre 12 y 17 años que no asisten a la escuela. Si bien las causas son diversas, el 11% no lo hace porque debe hacerse cargo de tareas domésticas o cuidar a algún familiar, por embarazos, porque se casó. Lo que es sorprendente es que el 45%, no asiste a la escuela porque no quiere o porque no le gustó.

Si se trata de casi la mitad de niños, niñas y adolescentes en esta situación, es claro que no podemos hablar de simple “falta de voluntad”, pues responde a una realidad generalizada.

Es evidente, además, que estas situaciones tienen el mismo impacto para los hombres que para las mujeres en este rango de edad. Aunque es algo que podemos intuir, las cifras son espeluznantes, en el caso de quienes dejaron los estudios por casarse o juntarse, el 90% son mujeres; cuando se trata del cuidado de familiares y labores en el hogar, el 92% son mujeres; en los casos en los que el impedimento es un embarazo, el 93% de quienes dejan la escuela, son mujeres.

Según información arrojada por la Encuesta nacional sobre el uso del tiempo libre, el otro 89% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que no estudian, en el 19% de los casos se debe a que no tienen los recursos necesarios, en el 9% a que trabajan, el 5% porque no tienen una escuela a una distancia accesible.

Estas cifras hablan de una realidad brutal para las mujeres desde corta edad, donde la ausencia del derecho a la educación básica para las mujeres, está profundizada por el mandato patriarcal.

No solo son las consecuencias de la precarización laboral que en las familias trabajadoras obligan a niños, niñas y adolescentes a trabajar para complementar el ingreso de sus padres y madres, la falta de infraestructura o la incapacidad de las familias para costear uniformes, transporte y comida para que sus hijos e hijas puedan asistir a la escuela -y el hecho de que las escuelas no garantizan estos aspectos básicos para hablar de educación gratuita.

Es también la realidad de violencia sexual, la falta de educación sexual integral, no sexista ni heteronormada en los distintos niveles educativos y el hecho de que el aborto no sea un derecho garantizado por el Estado en cada clínica y hospital del país.

Además de que las tareas domésticas y de cuidados siguen recayendo en las mujeres, sin importar su edad, cuando estas labores deberían ser responsabilidad de los patrones, que se ahorran todos los gastos de la reproducción del trabajo -es decir la comida, el lavado de ropa, de la casa, y todas aquellas tareas que permiten al trabajador poder asistir a su centro de trabajo día con día.

Así como la precarización laboral, que recae más cruentamente sobre las mujeres, pues somos contratadas para los trabajos peor pagados y con menos derechos laborales, cargamos con la brecha laboral y además cumplimos dobles jornadas laborales, en el trabajo y en el hogar; la ausencia del derecho a estudiar, es también parte de la violencia patriarcal.

Para garantizar el derecho a la educación, organicémonos por aumento al presupuesto educativo, para que existan becas universales que cubran todos los gastos de la canasta básica sin importar la edad, para que se construyan escuelas suficientes y dignas, sin condiciones de hacinamiento, para que los y las trabajadores de la educación -donde la gran mayoría son mujeres- tengan salarios dignos.

Pero luchemos también por educación sexual no sexista ni heteronormada desde la educación básica y en todos los niveles, por aborto libre, legal, seguro y gratuito, porque las tareas domésticas sean garantizadas por los patrones y el Estado y contra la violencia patriarcal.

Para que ninguna niña, adolescente, ni joven, se quede sin el derecho a estudiar por el simple hecho de ser mujer.

Fuente de la informació e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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