Imagina que formas parte del 1,4% que ha sufrido violencia sexual en los últimos 4 años (en cifras estimadas serían unas 285.823 mujeres). Imagina que eres como ese 49% de mujeres que en la última macroencuesta han identificado al agresor con un amigo o conocido (frente al 21,6% que ha dicho que el agresor fue un hombre de su familia y un 39,1% que ha declarado que fue un desconocido).
Imagina que NO formas parte de ese 8% de mujeres que sí han denunciado la violencia sexual sufrida. Imagina que si te preguntaran, “¿por qué no denunciaste?”, tu respuesta podría ser: “por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo supiera” o “porque piensas y/o pensaste en ese momento que la culpa era tuya” o “por temor a que no te creyeran”.
Imagina que nunca se lo contaste a nadie. O quizás sí. Quizás se lo contaste a una amiga, o a dos. Puede que alguna de tus amigas te dijera: “a mí también. Pero no lo había contado”. Y ahí se quedaron vuestras historias. En la intimidad de vuestro círculo de mujeres.
Cuando se habla de datos de violencia machista, se asume que no estamos conociendo toda la violencia que realmente existe. Sabemos que se producen muchas más agresiones machistas de las que se recogen en la macroencuesta de violencia contra la mujer o en otras estadísticas y estudios similares.
Solemos hablar de que solo vemos “la punta del iceberg” de la violencia contra las mujeres. Como se viene indicando desde el año 2015 en la propia introducción al informe de la macroencuesta –pero también en otras encuestas como la Encuesta europea de violencia contra la mujer– esto se debe a que a través de las encuestas solo extraemos la “violencia revelada”: “es decir, las experiencias de violencia que las personas encuestadas, en este caso las mujeres residentes en España de 16 o más años, deciden compartir durante las entrevistas”.
Hay muchas cuestiones de carácter general a las que podemos seguir responsabilizando de que la violencia machista siga siendo uno de los problemas sociales más graves que tenemos en la actualidad. Pero en este artículo queremos centrarnos en una cuestión concreta, de carácter metodológico, que sí hace bien su papel a la hora de medir y visibilizar la prevalencia – este concepto tan familiar ahora en tiempos de pandemia – de la violencia machista hoy día.
En la introducción del documento de resultados de la Macroencuesta, tanto de 2015 como la de 2019 – publicada en septiembre de 2020- , se explica que “la forma de realizar las entrevistas puede producir diferencias importantes en esta violencia revelada”. Por este motivo, la Macroencuesta, siguiendo los estándares internacionales, se lleva a cabo de forma presencial – en el caso de esta última encuesta, el trabajo de campo se hizo durante el 2019- por un equipo formado específicamente en violencia machista e incluyendo técnicas que faciliten el proceso de recogida de información como es el uso de tarjetas para aquellas preguntas más complejas e íntimas.
Las encuestas llamadas de “victimización”, como la Macroencuesta, no son solo una invitación a responder preguntas, si no una petición para que se compartan etas experiencias en un contexto que las mujeres pueden sentir como artificial y poco cercano.
Tener en cuenta estas medidas a la hora de diseñar el cuestionario y su administración no solo va a tener un impacto directo en el volumen y calidad de la información recogida sino también va a impactar en la experiencia vivida por la propia mujer encuestada y, con toda seguridad, en la experiencia de las encuestadoras encargadas de hacer las preguntas.
Porque al final, de lo que se trata con una encuesta con las características y el alcance de la Macroencuesta de violencia contra la mujer, es de explorar y comprender al máximo posible la realidad de la violencia machista para poder diseñar políticas y actuaciones efectivas que sigan contribuyendo a erradicar las violencias que seguimos sufriendo las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia
En 2019 se registraron 17,334 denuncias por violación a nivel nacional, según cifras oficiales. Ese mismo año, ‘Victoria’, una maestra y estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, presentó una denuncia tras haber sido violada por cuatro de sus colegas.
La violación tumultaria que sufrió ‘Victoria’ –nombre ficticio para proteger su identidad– se cometió el 4 de mayo de 2019. Más de un año después, solo uno de sus agresores encara un proceso penal por violación. En entrevista con Expansión Política, ‘Victoria’ narra los obstáculos institucionales a los que se ha enfrentado para que su caso no quede impune.
«Tengo confianza en que se resolverá. Sé que está muy lento y que juegan a cansarme, pero no; yo seguiré firme», expresa.
La violación
El 4 mayo de 2019, ‘Victoria’ acudió con una amiga (quien es estudiante de la UACJ) a una fiesta organizada por otro de los docentes con motivo del Día del Maestro. La reunión se llevó a cabo en casa de uno de ellos y solo asistieron siete personas.
La joven recuerda que en la fiesta hubo consumo de bebidas alcohólicas. En un punto, comenzó a sentirse muy mareada, por lo que trató de buscar a su amiga, pero cuatro de los sujetos le impidieron salir de la casa y fue cuando comenzaron a violarla.
Tres días después, ‘Victoria’, acompañada por una psicóloga y una abogada de la asociación civil Casa Amiga, acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público estatal.
“Las cosas que recuerdo (de esa noche) las declaré en la denuncia que puse el 7 de mayo. Le pedí a mi amiga que me acompañara, pero no quiso aún cuando yo le platiqué todo lo que ocurrió, porque a ella la sacaron de ahí (de la casa); y aunque en un principio me apoyaba, pues es amiga de ellos y se puso de su lado”, dice.
Las personas que ‘Victoria’ señala en su denuncia como sus agresores son Giovanni ‘G’, Alejandro ‘G’, Israel ‘G’ y Roberto ‘S’. Y aunque el quinto docente, identificado como Arturo, no fue denunciado porque no tomó participación directa en la violación, fue él quien sacó a su amiga del lugar, “supo lo que sucedió y después me difamó”, señala la joven.
Fue hasta el 4 de agosto de 2019 que las autoridades lograron la captura, y eso gracias a una supuesta falta administrativa, de uno de los sujetos identificado por ‘Victoria’ como su agresor. Los otros tres se encuentran prófugos.
“Hasta el momento, solo han detenido a Giovanni; (las autoridades) no han hecho nada por buscar a los otros tres; le escribo a los del Ministerio Público (para saber cómo va el caso), pero no me han contestado nada”, lamenta.
Revictimización y difamación
Luego de presentar su denuncia, ‘Victoria’ confió en que solo quedaba esperar a que se emitieran las órdenes de aprehensión correspondientes, pero antes de eso, su caso salió a la luz pública por una filtración al medio local El Diario de Juárez. Esto no solo causó que la joven fuera revictimizada, sino que dio oportunidad para que sus agresores escaparan.
“Mi caso salió a la luz pública porque la misma Fiscalía (General del Estado) lo filtró al Diario de Juárez, que confirmó que tuvo acceso a la carpeta de investigación. En ese medio, pusieron datos sobre mí y detalles del abuso; al final todo el mundo se enteró de algo que yo no quería que se supiera públicamente. Los agresores se enteraron (de mi denuncia) por la nota y se escaparon”, acusa.
Los textos del Diario de Juárez a los que se refiere fueron publicados el 22 y el 24 de mayo de 2019. En el primerose dieron los detalles de la violación, y en el segundo, una columna titulada ‘El inocente perreo con final trágico’, se destacó el grado académico de los docentes, refiriendo a los hechos como un “infortunio” y “falta de prudencia”, e insinuando que ‘Victoria’, con su denuncia, estaba dañando la vida de sus agresores.
Por los términos que se usaron en la columna para referirse al caso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortóal medio a ofrecer una disculpa pública, la cual no llegó y, por el contrario, El Diario de Juárez publicó que había sufrido un intento de censura.
Ella explica que a partir de ese momento comenzaron las campañas de difamación al interior de la UACJ, presuntamente por docentes y estudiantes cercanos a sus agresores, entre ellos –acusa la joven– Arturo Paz, la amiga que la llevó a la reunión y José Rurik, secretario general del Sindicato de Maestros del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).
“Algunas personas de la universidad me decían que estaban haciendo campañas de desprestigio, diciendo que yo tenía la culpa de lo sucedido o que yo lo había inventado todo», recuerda.
‘Victoria’ acudió junto con otras docentes a una reunión con el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, para ponerlo al tanto de la violación; éste, inicialmente, le externó que reprobaba los hechos, se comprometió a que no habría represalias en contra de ella ni de la personas que la apoyaban, y que se le brindaría el apoyo necesario.
Pero el 4 de agosto de 2019, día en que Giovanni fue detenido, ‘Victoria’ recibió un mensaje de texto de la coordinación de la carrera en la que era docente desde 2017; en este se le informaba que ya no podría dar clases porque estaba por iniciar su posgrado.
“La universidad, que en ese momento me tenía contratada por honorarios, me mandó un mensaje diciéndome que ya no podía dar clases porque yo iba a comenzar como estudiante de posgrado, y que Conacyt no permite trabajar y ser estudiante. Pero eso no es cierto. El reglamento de Conacyt dice que puedes trabajar siempre y cuando no rebases las ocho horas. Entonces, no tenía sentido, porque yo trabajaba cinco horas”, explica.
‘Victoria’ tuvo que resolver su situación laboral en la Universidad, que en ese entonces era su única fuente de ingresos, logrando que la restituyeran. Pero desde enero de este año, no le volvieron a ofrecer carga académica porque “no han requerido de sus servicios”, según aclaró la institución en respuesta a una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En la misma respuesta, la UACJ indicó que «no se llevó a cabo ninguna acción» para investigar o sancionar las campañas de difamación contra ‘Victoria’, pues, argumentó, la denuncia por este hecho no se presentó ante la Defensoría dentro de los 90 días naturales que establecen los estatutos generales.
Por esta razón, Arturo Paz, a quien la joven señala como testigo de la violación y partícipe de las campañas de hostigamiento, sigue impartiendo clases en la UACJ.
A la par, ‘Victoria’ sufrió revictimización por parte de su abogada, que le fue asignada por Casa Amiga. Desde la audiencia inicial contra Giovanni, celebrada el 6 de agosto de 2019, la litigante le sugirió a su clienta que, si quería, no se presentara a la próxima audiencia, la cual llegó el 8 de agosto. Ese día, el inculpado declaró que la joven lo inventó todo por “cuestiones políticas”.
Al día siguiente, a Giovanni lo vincularon a proceso por violación. ‘Victoria’ se reunió con su abogada para que le entregara el expediente, pues hasta ese punto se le negó supuestamente para que no se filtrara información, y fue cuando le insinuó, tal como hizo la defensa de Giovanni, que ella lo había inventado todo.
“Mi abogada parecía como que le estaba creyendo (a Giovanni). Yo empezaba a ver actitudes extrañas por parte de ella. Entonces me citó en su despacho y le pregunté que qué seguía. Ella me dijo, textualmente ‘es que, maestra, a usted nadie la obligó a ir a esa fiesta, nadie la obligó a tomar, ¿no será más bien que usted se inventó la violación porque alguien se lo metió en la cabeza?’”.
Además, en Casa Amiga le reclamaron por haber ofrecido una entrevista. Para entonces, ‘Victoria’ ya había pedido asesoría con otros abogados en la Ciudad de México, y cuando la asociación se enteró, le retiró el apoyo legal.
Sin avances en el proceso
A más de un año de la captura y vinculación a proceso de Giovanni, no hay avances: es el único detenido y no se le ha dictado sentencia. ‘Victoria’ ha tenido que acudir a los juzgados hasta en tres ocasiones debido a los amparos presentados por la defensa del imputado, pero todas las audiencias se suspenden por una u otra razón.
La joven afirma que en todos estos meses ha intentado comunicarse con el Ministerio Público a cargo de la investigación para localizar a los otros tres agresores, pero no le responden.
Este medio consultó a la Fiscalía de Chihuahua sobre el caso, y la respuesta fue que, aunque los demás implicados están prófugos, se sigue trabajando para llevarlos ante la justicia.
A inicios de este año, al ver que su caso no avanzaba en Chihuahua, ‘Victoria’ viajó a la Ciudad de México para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General del Estado y el Diario de Juárez por filtración de datos y difamación; contra Casa Amiga, por no haberle brindado una defensa legal adecuada; y contra la UACJ por hostigamiento y violación a sus derechos laborales.
La UACJ, a la que también se le pidió una postura, afirmó que a partir de este caso se dio prioridad a la creación de un protocolo de actuación para atender de manera específica los casos de violencia de género que podrían suscitarse dentro y fuera de la Universidad.
“En colaboración con un grupo de profesoras-investigadoras y abogadas adscritas a la Oficina del Abogado General, se trabajó para integrar un proyecto de protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual, el cual, actualmente se encuentra en proceso de revisión y se pondrá a disposición de la comisión redactora de normatividad de la universidad; se pretende que sea aprobado por el Consejo Universitario y entre en vigor este mismo año”, respondió la casa de estudios a Expansión Política.
“Aquí en Juárez todo está muy hermético y todo está coludido. No tenemos mucho apoyo en este tipo de situaciones. Constantemente matan, secuestran y violan a mujeres, y las autoridades no hacen nada”, lamenta ‘Victoria’.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Quintana Roo, Chihuahua tiene la tasa más alta de violación a nivel nacional: 16.3 por cada 100,000 habitantes.
Por total de casos, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional, con 619 denuncias registradas de enero a julio de este año. En el mismo periodo, la línea de emergencia 911 recibió 2,180 llamadas de auxilio por violación a nivel nacional, de las cuales, 159 eran provenientes del estado fronterizo.
Fuente de la información: https://politica.expansion.mx/estados/2020/10/04/tras-violacion-maestra-de-chihuahua-cumple-un-ano-en-denuncia-de-justicia-uacj
El aborto legal de una niña de diez años puso en evidencia nuevamente la «epidemia silenciosa» de la violencia sexual contra las menores en Brasil, un país que registra en promedio seis interrupciones voluntarias de embarazo al día y cuatro abusos a cada hora en niñas de hasta catorce años.
«Estamos frente otra epidemia. Es una violencia sistemática y Brasil no consigue ver la dimensión de esta violencia silenciosa en el que las víctimas se callan o son calladas», dijo a Efe Luciana Temer, directora de la ONG Instituto Liberta, especializada en el combate al abuso sexual infantil.
Para Temer, abogada y excomisaria policial, el caso de la niña que fue sometida el domingo a un aborto legal en Recife, capital del estado de Pernambuco, después de ser violada y quedar embarazada de su tío, preso este martes en Belo Horizonte y que confesó que abusaba de la menor desde los seis años, «no es una excepción».
«Es un caso que arroja luz sobre una violencia, pero no es un caso aislado ni individualizado. Este tipo de violencia es cotidiana y, según la plataforma Foro Brasileño de Seguridad Pública, a cada hora cuatro niñas menores de catorce años son violentadas», subrayó la especialista, también profesora universitaria de Derecho.
Violencia sexual
El país registró en 2018 su mayor índice de mujeres violadas, con 60.041 casos en el año, lo que representa 180 ataques sexuales por día, según datos del Foro Brasileño de Seguridad de Pública, publicados en 2019 y en el que se registró que el 54 % de las víctimas eran menores de trece años y el 82 % del sexo femenino.
Sin embargo, Temer considera que los datos, basados en cifras oficiales de hospitales y comisarías especializadas de Policía, reflejan cifras «infinitamente menores» porque «la realidad es mucho peor», y puso como ejemplo que la estadística es liderada por las regiones sur y sudeste (60 %), las más desarrolladas del país.
«Hay un número alto de subnotificación. Es obvio que en las regiones norte, nordeste (las más pobres) y centro-Oeste el número es mucho mayor. Existe menos notificación porque muchas veces la mayoría de casos (72 %) ocurre dentro de casa», apuntó la jurista, quien es una de las hijas del expresidente Michel Temer (2016-2018).
Pese a que el derecho al aborto legal esté garantizado en la legislación brasileña en los casos de violación, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia, muchas mujeres siguen con el acceso a la práctica negado en el país.
De acuerdo con un estudio realizado por la ONG «Artículo 19», de un total de 176 hospitales habilitados en la red pública de salud para la interrupción del embarazo, tan solo el 43 % informó que realizaba el aborto legal.
Un reciente estudio del Instituto Liberta indicó que en la ciudad de Sao Paulo, en los últimos tres meses, se presentaron 84 embarazos de niñas entre los diez y catorce años, lo que para la abogada se trata de una «violación sexual en cualquiera de las hipótesis, aún si el acto fue practicado con el consentimiento de la menor».
En ese sentido, Temer recordó que el aborto en ese tipo de casos de violencia sexual tiene que «ser respetado y obedecido».
«Es un derecho que no depende de notificación judicial. La mujer puede solicitarlo aún sin denunciar la violación. Si ella miente después la Justicia intervendrá, pero no se le puede negar el aborto», añadió.
En el caso de esta semana, la niña y su familia, oriundos de Sao Mateus, en el estado de Espírito Santo, tuvieron que viajar 1.848 kilómetros en avión hasta Recife porque en Vitoria, la capital regional, los médicos se negaron a practicar el aborto por razones éticas, según los medios locales.
«El crimen sexual está estigmatizado y eso es un equívoco. Nadie se consterna porque fue secuestrado o asaltado, pero para decir que fue abusado sexualmente hay que tomar coraje ante la sociedad y eso sólo favorece a una persona: al abusador, que puede quedar impune por décadas o hasta por toda la vida», lamentó Temer.
De los 1.024 abortos permitidos por razones médicas y judiciales en Brasil en el primer semestre, 35 fueron practicados a menores de catorce años, de acuerdo con la plataforma DataSus, del Ministerio de Salud. En 2019, el total de niñas con esas edades fue de 72, para un promedio de uno a cada cinco días.
Aborto clandestino
A pesar de la prohibición de la práctica, por lo menos una cada cinco brasileñas ya han realizado un aborto clandestino.
De acuerdo con la Investigación Nacional de Aborto, publicada en 2016 por el Instituto de Bioética Anis y la Universidad de Brasilia solo en 2015 alrededor de 503.000 mujeres interrumpieron sus gestaciones de forma clandestina en el país.
Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista
PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.
A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.
De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.
Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.
Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.
“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.
La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.
Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres
Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.
Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.
La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.
Estado, único rector de contenidos educativos
El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.
Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.
Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.
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Grupos conservadores, detrás del pin parental
El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.
A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.
Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.
“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.
Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.
Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.
El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.
En marcha, agenda nacional antiderechos
El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.
Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.
Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.
En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.
Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos
Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.
“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.
Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.
La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.
María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.
*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López
Este trabajo no busca cuestionar ni desacreditar la imprescindible actividad académica, ni sus enormes aportaciones sociales, ni dejar de reconocer el trabajo serio, riguroso y socialmente incidente que han realizado y realizan una gran cantidad de científicos sociales. Sabemos y reconocemos que desde las ciencias sociales se imprime mucho esfuerzo, conocimiento y compromiso en aras de resolver problemas económicos, políticos, psicosociales y ecológicos y que esta labor la realizan de manera cotidiana y sistemática colegas que trabajan con una enorme empatía social y respeto a las comunidades, los grupos o los sectores sociales con quienes investigan. Sin embargo, también reconocemos sesgos importantes inscriptos en el propio campo científico donde prevalecen orientaciones vinculadas con enfoques neoliberales de la ciencia, donde más allá de la perspectiva teórica con la que se investiga, predomina la impronta neoliberal monológica, heteronómica y extractivista que incluye violencia simbólica y participa en la reproducción de las relaciones de poder dominantes.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2215&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1406
El trabajo de la brasileña Rita Segato y las dominicanas Ochy Curiel y Yuderkys Espinosa, introduce la palabra colonialismo para pensar lo específico de la relación entre el “Estado”, y las comunidades indígenas y afro que habitan territorios propios.
En mi columna anterior llamé la atención sobre la importancia de pensar la situación de la violencia sexual contra las mujeres indígenas y afro en nuestro país a la luz del lente de lo interseccional. Sugerí que si seguimos pensando que la violencia sexual siempre es la misma, la expropiación de la subjetividad de las mujeres, no vamos a avanzar mucho en comprender por qué se despliega de manera distinta entre distintos actores en distintos lugares ni vamos a poder reflexionar sobre las mejores maneras de prevenirla y repararla.
No es solamente darnos cuenta que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro tiene características de crueldad y sevicia, de desprecio, que generalmente no están presentes en la violencia sexual contra otras mujeres. Es darnos cuenta que los cuerpos de distintas mujeres están marcados por distintos significados y, por tanto, que “tomarlos” quiere decir cosas diferentes.
Me ha costado mucho trabajo empezar a entender el punto de vista de las mujeres indígenas y afro. Cuando intenté trabajar con algunos grupos indígenas en la pregunta por las mujeres y mandé como mensajera a una de las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la respuesta que recibí es que “ellos no quieren pasar otra vez por esa línea de preguntas. Les basta decir que su mundo está estructurado por dos polos complementarios y que en esa complementariedad hay igualdad”.
Por mucho tiempo no encontré lecturas relacionadas con el feminismo indígena que no replicaran esta frase de cajón. En la torre de marfil que es la Universidad de los Andes, he tenido pocas oportunidades de aprender de mujeres afro. Encontré algunas en mis estudios en el exterior. En mis cursos de los últimos años, y haciendo homenaje al reclamo de que las voces de mujeres diversas entren en los salones de clase, he asignado lecturas que me sugieren mis estudiantes y hemos visto juntos vídeos en los que se expone el proyecto del feminismo negro.
La reciente aparición de los eventos de violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de militares y policías es por esta razón sorprendente y muy importante. Esos datos, que hace rato están en manos de las organizaciones de mujeres y funcionarios públicos, han dormido en los cajones y archivadores por más de diez años sin diferenciación y sin relevancia en el mar de impunidad que es la “violencia sexual del conflicto armado”.
En un trabajo que hicimos para el Ministerio de Justicia en 2016, mostrábamos ya que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro es distintiva; no solamente porque la ejercen con más frecuencia las fuerzas “regulares”, sino porque cuando la realizan grupos armados irregulares es parte de un conjunto de agresiones que generalmente termina en la muerte. Sugerimos, como lo han dicho muchos en este debate, trabajar en la reforma de las fuerzas militares.
Pero ya en ese momento estábamos convencidas de que se necesitaba algo más que las capacitaciones éticas y de género. Esta reforma estructural es parte de las transiciones y supone depuración y profesionalización de los ejércitos para darles herramientas y prestigio que les conduzca a un respeto de la normatividad que están destinados a proteger.
También sugerimos un trabajo con las jurisdicciones indígenas para fortalecer su capacidad de investigación y sanción de los daños que sufren las mujeres de la comunidad. Pensamos en ese momento, en línea con lo que han sugerido otras autoras en América Latina, que por difícil que sea la lucha interna por los derechos, la discriminación en la rama judicial es de tal magnitud que es difícil hablar de justicia: no hay traductores oficiales, no hay abogados con entrenamiento específico, se reproducen los estereotipos raciales y culturales, se prolonga indefinidamente la solución del asunto. No pudimos participar en los proyectos que siguieron a este, pero parecería que en cuatro años poco ha pasado en estos dos frentes.
El trabajo de la brasileña Rita Segato y las dominicanas Ochy Curiel y Yuderkys Espinosa, introduce la palabra colonialismo para pensar lo específico de la relación entre el “Estado”, representado como fuerzas militares, y las comunidades indígenas y afro que habitan territorios propios. En los casos que han aparecido recientemente en la prensa, ha sido difícil encontrar un enfoque que nos explique, en línea con lo que sugieren estas autoras, cómo y por qué están los militares viviendo tan cerca de los territorios indígenas. Si los territorios indígenas son los remansos de paz que nos han dibujado cuando los declaran reservas naturales, con los indígenas cuidando sabiamente a la madre tierra, ¿por qué necesitan la vigilancia de militares en las calidades y cantidades que finalmente propician estos ataques a las comunidades? Sería difícil creer que no hay intereses económicos de gran envergadura que subyacen a la movilización de esas tropas. No estoy en contra de esta estrategia en abstracto, pero es difícil no sospechar cuando se supone que el conflicto ya terminó (para unos en 2005 y para otros en 2016). ¿Será que ahora el Estado va a proteger a quienes infringen normas?
Por otra parte, ¿por qué sale todo el mundo a decir que lo que pasa es que a las comunidades indígenas no les importa la violencia sexual y que por eso a los militares hay que condenarlos con las penas más altas posibles de prisión ante la justicia ordinaria? En particular, la Corte Suprema de Justicia (según lo reporta El Espectador) ha anunciado que estos casos no pueden “salir” de la justicia ordinaria, así se cumpla el criterio de que el delito haya ocurrido en el territorio indígena, porque en la justicia indígena las víctimas carecen del acompañamiento psicológico y las garantías procesales que les ofrecen los jueces ordinarios. Por ser sujetos de especial protección, solamente pueden ser “cuidados” por los jueces “blancos”.
Raro que el proceso profundamente espiritual que han propiciado las comunidades como forma de sanación para sus víctimas, ahora resulte menos bueno que un tratamiento psicológico sometido a las lógicas del financiamiento estatal de la salud: tres citas de 15 minutos para que se cure del todo. Tampoco hay que descartar que en muchos casos las autoridades indígenas carezcan de los recursos para proteger a sus propios miembros y que castigar a personas ajenas a su cultura puede terminar en sanciones como el encarcelamiento.
El balance que habría que hacer es por cómo construimos un mundo en el que empecemos restituir el equilibrio destruido, para las mujeres y para las comunidades. Definitivamente creer que las comunidades ancestrales carecen de sistemas normativos suficientemente fuertes como para proteger a sus miembros agrega el desprecio cultural a la explotación económica que parece estar cada vez más presente en la relación entre el “Estado” y estos pueblos.
En Nigeria están ocurriendo atrocidades genocidas perpetradas por Boko Haram, un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico y las milicias fulani. Sus crímenes continúan sin denunciarse ante la comunidad internacional mientras mueren miles de personas
Después de las atrocidades genocidas que ha sufrido la humanidad en los últimos seis años, primero en Siria e Irak, perpetradas por Daesh contra minorías religiosas como los yazidíes y los cristianos; y la segunda en Myanmar, cometidas por el ejército birmano contra los musulmanes rohingya y otros grupos religiosos: continúan las barbaries.
En Nigeria están ocurriendo monstruosidades masivas perpetradas por Boko Haram, un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico y las milicias fulani en el Cinturón Medio. Sus crímenes continúan sin denunciarse ante la comunidad internacional y disímiles interrogantes siguen vigentes mientras mueren miles de personas:
¿Cómo explicará el gobierno nigeriano los asesinatos en masa registrados en el país? ¿Qué está haciendo el gobierno nigeriano para garantizar que los actos sean investigados y los autores procesados?
Un reportaje publicado recientemente por Forbes, centra la atención en el destino que sufren los nigerianos afectados y totalmente desprotegidos ante los conflictos y el acercamiento a estas atrocidades que han tenido algunas entidades internacionales.
Según refiere la autora del texto publicado por la revista Forbes, Ewelina U. Ochab, defensora de los Derechos Humanos y cofundadora de la Coalición para la Respuesta al Genocidio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre la situación en Nigeria, en noviembre de 2010. Luego la Oficina del Fiscal (OTP), recibió varias comunicaciones que sugerían hechos atroces de carácter masivo y que involucraban a militantes de Boko Haram con sede en Nigeria.
“Tras identificar múltiples problemas que requieren un escrutinio más detallado, la Fiscalía mencionó seis casos potenciales en los que Boko Haram había cometido crímenes contra la humanidad y dos casos en los que las fuerzas de seguridad de Nigeria cometieron tales crímenes”, señaló la revista Forbes y detalla que los seis casos incluyen:
1) Dirigidos a no creyentes que resultaron en varias muertes; 2) secuestros y encarcelamiento de civiles, asociados con asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes; 3) ataques a escuelas, otros edificios destinados a la educación y ataques contra estudiantes y maestros; 4) reclutamiento y uso de niños soldados; 5) ataques contra mujeres y niñas; 6) focalización intencional de edificios designados para prácticas religiosas, incluidas iglesias y mezquitas.
La consecuencia de no renunciar a su fe. Historia de una víctima
Leah Sharibu, una niña nigeriana de 15 años, fue una de las 110 colegialas secuestradas por Boko Haram de su escuela en Dapchi, Nigeria, en febrero de 2018. Forbes, precisó que a pesar de que la mayoría de las niñas han sido liberadas, Boko Haram se negó dejar ir a Leah.
Según una de las otras chicas, Leah se negó rotundamente a renunciar a su fe cristiana, razón que provocó que el grupo terrorista continúe esclavizándola.
“Atacar a mujeres y niñas es una táctica característica de Boko Haram. Somete a mujeres y niñas a abuso físico y mental, violación y violencia sexual, trabajo forzado y mucho más. Sin embargo, entre sus atrocidades, las que son de naturaleza religiosa también son importantes y no se pueden descuidar”, subrayó en su texto Ewelina U. Ochab.
Atrocidades masivas en Nigeria que requieren atención urgente
El 15 de junio de 2020, el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del Reino Unido para la Libertad Internacional de Religión o Creencia (APPG), publicó un informe sobre las atrocidades masivas perpetradas en Nigeria por la milicia Fulani.
En el documento «Nigeria: ¿Despliegue del genocidio?» se señala: “Se desconoce el número exacto de muertes. Sin embargo, se cree que miles de civiles fueron asesinados en ataques dirigidos por pastores fulani (un pueblo nómada mayoritariamente musulmán, que vive en el Sahel) y violencia periódica en represalia.
Los pastores fulani (también llamados fulas, peuls, fulbes) “van armados hasta los dientes, matan a mujeres embarazadas y niños y destruyen nuestras granjas”, declaró Mons. William Amove Avenya, Obispo de Gboko, en declaraciones para la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). En su diócesis, ubicada en el estado nigeriano de Benue, mayoritariamente cristiano, desde el año 2010, los ataques por grupos pertenecientes a este pueblo se han saldado con miles de muertes, con asaltos provistos de numeroso armamento, que también están provocando la huida de la población hacia el sur del país.
“Los fulani se han cobrado en el año 2018, muchas más víctimas que Boko Haram, pero no se hace nada”, señala el prelado.
Por su parte, Humanitarian Aid Relief Trust informa que más de 1,000 cristianos fueron asesinados entre enero y noviembre de 2019, «además de las más de 6,000 muertes estimadas desde 2015». Amnistía Internacional estima que entre enero de 2016 y octubre de 2018 «al menos 3.641 personas pudieron haber muerto, 406 resultaron heridas y quemaron 5.000 casas. Grupos locales, como la Asociación Cristiana de Nigeria, reportan cifras más altas: entre enero y junio de 2018, más de 6,000 personas fueron asesinadas por pastores fulani», publicó Forbes.
La milicia fulani continúa perpetrando atrocidades masivas en el Cinturón Medio de Nigeria. Sus crímenes continúan sin denunciarse.
A principios de este año, Lord Alton de Liverpool, la baronesa Cox, el diputado Fiona Bruce y muchos otros parlamentarios británicos escribieron a la Corte Penal Internacional (CPI), enviando nuevas evidencias de las atrocidades para la consideración de la Fiscalía.
No obstante, aún no se tiene certeza si los casos serán considerados por la CPI. Sin embargo, está claro que el Gobierno nigeriano no abordará el delito de manera adecuada o en absoluto. De hecho, según una declaración del portavoz del presidente Muhammadu Buhari, Garba Shehu, las «falsas acusaciones de persecución de los cristianos» son «una campaña muy engañosa».
“Si el gobierno nigeriano es ciego al tema de la persecución religiosa en el país, está claro que el tema no será abordado”, concluyó Ewelina U. Ochab.
Hay varios pasos que deben tomarse para abordar atrocidades genocidas. El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del Reino Unido para la Libertad Internacional de Religión o Creencia (APPG), -según asegura Forbes– los mapea, incluidas investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos. Sin embargo, la respuesta integral no sucederá hasta que reconozcamos, de una vez por todas, la naturaleza y la gravedad de las atrocidades. Los crímenes deben ser reconocidos por lo que son y «una campaña muy engañosa» no es ese nombre.
Fuente de la noticia: https://adncuba.com/actualidad/internacional/un-genocidio-esta-sucediendo-en-nigeria-ante-los-ojos-del-mundo
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