La etnia más antigua de Honduras se enfrenta al Estado y a empresas madereras al oponerse a la tala indiscriminada. Son apenas unos 20.000 indígenas en un territorio que posee uno de los mejores pinares del país. Más de un centenar de ellos han sido víctimas mortales de esa violencia que enfrentan todos los días los defensores ambientales en América Latina.

Ángela Murillo y José María Pineda necesitan un día completo para llegar desde San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro, a la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. En bus, a pie o en mula, tienen que atravesar caminos inexistentes donde el Estado no llega con unos mínimos servicios básicos. Pertenecen a uno de los pueblos originarios más antiguos de América Latina, el Tolupán, y el territorio donde viven se caracteriza por tener uno de los mejores bosques de pino del país y ser una región rica en oro, óxido de hierro y plata.

“No somos pobres, el sistema nos ha empobrecido”, cuenta Pineda en videollamada. El líder tolupán tiene 61 años y trabaja por la defensa del territorio desde hace más de 30, cuando las empresas madereras y mineras empezaron a dejar los cerros pelados, extrayendo los recursos de manera ilegal en un territorio cuyo título de propiedad pertenece al pueblo Tolupán. Un documento que data de 1874 y que la ley hondureña actual no reconoce.

Los tolupanes denuncian que la deforestación de sus bosques se inicia a través de los planes anuales de manejo forestal, aprobados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), y otorgados a poderosas madereras como Velomato o Inmare, propiedad de terratenientes locales. Pineda ya ha sido acusado en tres ocasiones del delito de obstaculización de la ejecución de un plan de manejo forestal. Unos procesos de criminalización donde fue defendido por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que acompaña a los tolupanes en la defensa de sus derechos. “Si no fuera por este apoyo, ya llevaría ocho años de estar preso”, recalca el líder.

Un tercio de los bosques vírgenes que quedan en el mundo se encuentra en tierras administradas por pueblos indígenas o que les pertenecen

Agrupados en 31 tribus, repartidas por los departamentos de Yoro y de San Francisco Morazán, los tolupanes cuentan con una población de unas 20.000 personas. Cada tribu cuenta con un consejo directivo que decide sobre la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, las 996 familias de las 19 comunidades que forman el municipio de San Francisco de Locomapa se encuentran parcialmente divididas. Su Consejo Directivo ha sido acusado de negociar los bosques a espaldas de las asambleas. Y cuando se dieron cuenta, dice Pineda, ya tenían las máquinas en el territorio, sin informarles de los derechos que tienen como pueblo y vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada. Así, Pineda y Murillo, junto a buena parte de la comunidad, conformaron un Consejo Preventivo de Tribu, como manera de seguir luchando y protegiendo el territorio sin atender a los intereses empresariales, tanto nacionales como internacionales.

“Un trabajo que vale la pena”, dice Murillo, que a sus 42 años ya ha pasado también por uno de estos procesos de criminalización por parte de las empresas. “Nos mandan amenazas continuas, gasean a las comunidades y asesinan a nuestras compañeras”, y recuerda a través de la videollamada el asesinato en 2013 de la lideresa María Enriqueta Matute, junto a dos compañeros más, a manos de sicarios.

Es la alarmante realidad que viven los tolupanes, denunciada reiteradamente por Naciones Unidas como parte de esa violencia que enfrentan todos los días los defensores ambientales en América Latina por luchar contra un modelo extractivista, impulsado por unos Estados que no tienen en cuenta los derechos de los pueblos. Particularmente en Honduras donde, así como la activista Berta Cáceres fue asesinada hace cinco años por defender un río de una empresa hidroeléctrica, más de 100 indígenas tolupanes han pagado con su vida por luchar contra el despojo forestal en las últimas décadas, según el MADJ.

No respetan los límites con las fuentes de agua. Además, si marcan un árbol, se llevan tres. Estas empresas son incontrolables”

JOSÉ MARÍA PINEDA, LÍDER INDÍGENA

“Recibimos discriminación, destierro y muerte cuando buscamos defendernos. Queremos una vida digna, no como la de ahora. Se sorprenderían si vieran cómo vivimos aquí, a pesar de estar rodeadas de tanta riqueza”. Y luchan, no solo por la salida de las empresas de los territorios, sino también contra la contaminación de los ríos, por el abandono estatal en educación, sanidad y demás servicios básicos, y por el racismo que sufren a la hora de exigir sus derechos. “Es una odisea llegar al hospital más cercano, a ocho horas de camino. Y cuando llegas, ves como primero atienden a la persona andina antes que a la indígena”, asegura Murillo.

“Recuerdo las palabras de Matute cuando le preguntaba si tenía miedo”, dice Pineda, “ella me decía que no, porque quería que sus hijos vivieran de manera libre en esta tierra”. Y también evoca las palabras de otro compañero asesinado cuando estaba frente al sicario: “No me mates, porque yo también defiendo tus derechos”. Y el sicario le disparó en la cabeza. “Estas palabras y la lucha de los caídos nos dan más fuerza. Si no nos defendemos nosotros, nadie más lo va a hacer”.

Al hablar sobre si la justicia existe en Honduras, ambos ríen. “Vale más la vaca de un rico que un indígena. Tenemos la madera detrás de la casa, pero no tenemos dinero para salvarla”, dice Pineda. “El Gobierno es responsable de las vidas que han dado los compañeros y compañeras, porque no nos ha protegido y nos ha matado”, destaca Murillo.

El territorio donde viven los tolupanes se caracteriza por tener uno de los mejores bosques de pino de Honduras

Honduras es un país señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos por negar la existencia de los pueblos indígenas y facilitar las condiciones del extractivismo. “Al sistema no le interesa que nosotros vivamos, más bien que desaparezcamos para hacer uso de estos territorios”, afirma Pineda. De poco o nada sirve estar bajo el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado también por el propio país, que exige no adelantar proyectos en sus territorios sin un consentimiento tácito. Sin embargo, un informe de Intermón señala que cerca del 20% de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos se encuentran en tierras indígenas.

La importancia de los bosques

Naciones Unidas recordó el pasado 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, que la pérdida anual de bosque equivale a una superficie mayor que la de Dinamarca y que esta destrucción implica, no solo una merma enorme de la biodiversidad, sino también un freno menos al avance del cambio climático y la destrucción del sustento de millones de familias en el mundo. Hoy, Día Mundial de los Bosques, lo vuelve a reiterar poniendo en valor los conocimientos de las comunidades ancestrales que los han gestionado a lo largo del tiempo. Un aspecto reforzado por un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Ecololgy and the Environment que afirma que más de un tercio de los bosques vírgenes que quedan en el mundo se encuentra en tierras administradas por pueblos indígenas o que les pertenecen. La investigación insta al reconocimiento universal de sus derechos a la propiedad de la tierra, a elaborar políticas que tengan en cuenta su rol en la conservación y a reducir urgentemente la deforestación para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Todo lo contrario de lo que sucede en territorio tolupán.

“Cuando la empresa entra en el bosque nosotros nos quedamos con la deforestación indiscriminada. Esto significa que el río y la quebrada van a desaparecer. Si dejamos que esto continúe así, vamos a desaparecer también”, destaca Pineda. “No respetan los límites con las fuentes de agua. Además, si marcan un árbol, se llevan tres. Estas empresas son incontrolables”. Efectivamente, el negocio de la explotación de la madera en territorio tolupán no es nada transparente. Así lo señala una investigación del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) que asegura que de enero a mayo de 2019 se habrían cortado 13.499 árboles, 4.500 más de lo previsto en el Plan de Manejo.

Naciones Unidas recuerda que la pérdida anual de bosques equivale a una superficie mayor que la de Dinamarca

Los recientes huracanes Iota y Eota vinieron a agravar la situación. Causaron la pérdida de casas y escuelas, la destrucción de caminos y cultivos de café, maíz y yuca. Y se sumaban a los efectos de una pandemia que no pueden asegurar que haya llegado al territorio, porque no hay acceso a pruebas. “Todo esto nos ha dejado en una miseria total. Nos curamos con la naturaleza, porque es imposible acceder a los servicios de salud. Entonces, si nuestro entorno desaparece, nosotras también con él”, dice la lideresa tolupana. Un cúmulo de factores que han hecho que, ante la falta de oportunidades, muchos jóvenes se hayan visto obligados a migrar en busca de mejores condiciones de vida.

La educación en tiempos de pandemia

La dificultad para acceder a los servicios básicos se extiende a la educación. No tienen recursos para poder comprar un teléfono y las pocas personas que tienen uno, raramente pueden conectarse a la red. “Como pueblo tolupán estamos fuera del sistema porque no tenemos esa capacidad y nos preocupa tener un grupo de personas analfabetas en un futuro”, afirma Pineda.

Hace unos meses, a raíz de la falta de acceso a la educación en este pueblo, desde el área de formación del MADJ se inició un proyecto de una escuela de alfabetización que tuvo buen resultado. “Los indígenas tolupanes no han tenido la oportunidad de poder formarse. El primer curso fue muy bien, con más de 50 personas, entre ellas un hombre de 85 años que no falló a ninguna clase, a pesar de estar a más de dos horas y media de camino montaña arriba”, explica por videollamada Darwin Alachán, coordinador del equipo operativo del MADJ. A pesar de que la pandemia obstaculiza el inicio del segundo módulo, Alachán recalca la importancia de que estos procesos se sostengan en el tiempo, a pesar de que las comunidades tengan que salir a otros territorios por la falta de energía eléctrica en las áreas del pueblo Tolupán. De esta manera, se podrán ir consolidando proyectos como el de la radio comunitaria, estancada debido al asesinato de Juan Samael Matute, a quien se le había formado en nuevas tecnologías.

Una formación educativa que también pasa por el respeto a la lengua y la cultura tolupana. En su lengua, el tol, tolupán significa “ser lleno de color producto de la tierra”. Este idioma está en situación crítica de extinción, según el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro. “Se mantiene vivo entre los ancianos, pero la juventud apenas habla palabras sueltas. No queremos perder nuestra cultura propia, esa es nuestra riqueza”, señala Pineda.

En medio de los mejores bosques de pino de Honduras, los tolupanes sueñan con tener por fin la radio comunitaria, viviendas dignas, educación y sanidad de calidad, y que sus hijos e hijas puedan disfrutar de una vida libre. Esos sueños que ya tenían María Enriqueta Matute y la propia Berta Cáceres, quien también estuvo al lado del pueblo Tolupán, tal y como recuerda Murillo. “Son ejemplos de mujeres valientes indígenas que han dado su vida por un derecho que nos pertenece a todas. Las generaciones venideras vamos tras sus pasos, con la conciencia de continuar protegiendo los bosques y la vida”.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-20/el-grito-de-los-bosques-en-tierra-de-los-tolupanes.html