El gobierno del estado de Sao Paulo, epicentro de la pandemia de Covid-19 en Brasil, autorizó el comienzo hoy del regreso presencial a clases, pero de manera opcional y que sea decidido por los prefectos de cada municipio.
En este primer momento, solo se permite a los alumnos de enseñanza media y de educación de jóvenes y adultos retomar las actividades.
Tal retorno resulta facultativo para escuelas y educandos, y la medida vale para las redes estadual, municipal y privada.
Según el gobernador João Doria, los municipios tienen autonomía para seguir o no la directiva.
‘El gobierno decidió empezar con estos jóvenes porque son los ciclos que más pueden verse afectados por la deserción escolar. La vuelta está condicionada a la autorización de los prefectos. Tienen autonomía, sigan o no el programa del estado’, recalcó Doria.
Entre los protocolos de seguridad que las instituciones deben adoptar aparece una distancia de 1,5 metros y el uso de una máscara obligatoria de protección facial. Solo se recomienda la medición de la temperatura en la entrada.
La previsión es que 400 escuelas estaduales regresen con sus actividades.
De acuerdo con Doria, aunque las clases regresen solo en este segundo semestre, el calendario escolar se mantendrá y terminará el 30 de diciembre en el principal foco del patógeno, que cobró hasta el momento en la división territorial 36 mil 490 muertes y un millón 10 mil 839 infectados.
Un simulador de dispersión de la Covid-19, preparado por investigadores de siete universidades, demostró que, incluso con todos los protocolos de seguridad que se siguen, el regreso a clases en Sao Paulo causaría la contaminación en hasta un 46,35 por ciento de los estudiantes y profesores después de tres meses.
El estudio reveló que sería necesario un límite de presencia del 6,86 por ciento de los alumnos para garantizar la seguridad de la comunidad escolar, lo cual haría inviable el retorno a las aulas.
Las figuras de los semáforos son solo el comienzo. Bombay ha cambiado las tradicionales siluetas masculinas de cientos de ellos por otras de mujeres. Y crecen estas iniciativas en otras ciudades, un pequeño paso en el camino hacia urbes más igualitarias
En India, los hombrecillos de los semáforos han experimentado un cambio de sexo. De repente, buena parte de las figuras que saludan a los habitantes de Bombay desde los pasos de cebra de las calles llevan falda. La metrópoli es la primera ciudad india que ha sustituido las siluetas masculinas por otras femeninas en, de momento, 240 de estos sistemas de señalización.
Se trata de un pequeño paso para fomentar la igualdad entre sexos, un gesto que indica que el espacio pertenece a todos, incluidas las niñas y las mujeres, que a menudo tienen la sensación de ser un objeto, una presa fácil en la jungla urbana.
Elsa Marie D’Silva también creció con las miradas, las manos ávidas y la inseguridad que forman parte de la cotidianeidad de las mujeres en este país [considerado el país más peligroso del mundo por la violencia de género en repetidas ocasiones]. «Cuando eres una chica joven o una mujer, te miran insistentemente. En los espacios o en los autobuses llenos tienes miedo de que los hombres te toquen, y cuando caminas por la calle, hacen comentarios sobre ti todo el tiempo», denuncia la fundadora de la Fundación Red Dot que lucha contra la violencia sexual.
D´Silva, de 46 años considera que la campaña de las figuras en los semáforos es una buena señal: «Representa un avance importante, porque no se habla lo suficiente de nosotras. No vemos suficientes símbolos de mujeres que inspiren valor».
En las ciudades de India, las mujeres desempeñan un papel secundario. Por ejemplo, hay pocas calles, edificios o monumentos que lleven el nombre de alguna destacada. «Las figuras de los semáforos», afirma, «representan a los habitantes de la ciudad de manera igualitaria y pueden lograr que aumente la sensibilidad, pero no bastan para que las mujeres se sientan a gusto y seguras en los espacios públicos».
Hecha por y para hombres
La seguridad que se siente en una ciudad o en un barrio suele estar estrechamente relacionada con aspectos básicos como la estructura urbana o el sistema de transporte. Sin embargo, en opinión de Leslie Kern, autora de Feminist City (ciudad feminista), las ciudades de todo el mundo han sido hechas exclusivamente por y para hombres. «Las experiencias de las mujeres en la vida urbana y sus necesidades específicas siempre se han contemplado a posteriori. La razón es que la mayoría de los urbanistas y los políticos eran y siguen siendo hombres, y no tienen las mismas experiencias que las mujeres», reflexiona Kern, profesora e investigadora de Geografía, Medio Ambiente y Estudios sobre la Mujer y de Género de la universidad canadiense Mount Allison.
Muchos hombres no pueden imaginar lo que se siente al ser acosada en cualquier momento, tener que apretujarse en el autobús estando embarazada, o coordinar el cuidado de los hijos, con las compras y el trabajo. La división de la ciudad en zonas residenciales, comerciales, de oficinas o industriales pasa por alto el día a día de las mujeres, que por lo general estan obligadas a compaginar su profesión con otras tareas, como el cuidado de los hijos, y con frecuencia deben recorrer grandes distancias entre su casa, el jardín de infancia, el parque, el colegio, los proveedores de servicios (como el médico) y su lugar de trabajo…
Además, ellas dependen más del transporte público que los hombres. Sin embargo, rara vez este medio las lleva directamente de un lugar a otro, lo cual no solo supone tiempo, sino que también afecta a la seguridad de las viajeras. Las ciudades suelen invertir más en construir vías céntricas que en calles peatonales y sistemas de transporte público.
Si bien algunas infraestructuras, como los pasos subterráneos, pueden facilitar el flujo del tráfico, para las mujeres estos túneles ocultos son desagradables, y en caso de agresión sexual se convierten en una ratonera. Además, sin ascensores o escaleras mecánicas, son una barrera para las madres con cochecitos de niño.
Cuenta Kern que, cuando vivía en Londres y se quedó embarazada de su hija, de la noche a la mañana todo se convirtió en una carrera de obstáculos. «De repente parecía que la ciudad me estuviese diciendo que yo no pertenecía a ella», recuerda. «Ya no cabía en el transporte público con el cochecito de bebé ni podía moverme fácilmente por la calle, y la gente me miraba como si no se me hubiese perdido nada en el espacio público».
La falta de ascensores y escaleras mecánicas, así como los escalones, las escaleras con giros demasiado bruscos, las puertas giratorias, las cuestas muy empinadas, las curvas cerradas, los aseos públicos demasiado pequeños, las plazas o las vías estrechas por las que circula un gran número de personas y en las que no queda sitio para los carritos de niño dificultan el tránsito de las madres por la ciudad.
La ciudad feminista
¿Cómo debería ser, entonces, una ciudad justa? «El urbanismo feminista sería aquel que reconociese y remunerase los cuidados no pagados, y en el que las necesidades de las mujeres se tomasen en consideración tanto en el diseño como en las decisiones presupuestarias», aclara Kern. Las ciudades que incorporan la perspectiva de género tienen en cuenta el efecto de cualquier proyecto sobre las circunstancias de la vida de las mujeres y de los hombres. Por igual. Esto incluye, por ejemplo, preguntar a las mujeres qué necesitan y qué quieren antes de ejecutar una obra.
Según Kern, habría que modificar y ampliar los sistemas de transporte público y crear más opciones de vivienda que incluyan alternativas a la familia nuclear tradicional. La co-vivienda, en la que varias familias monoparentales y nucleares viven en comunidad y comparten espacios colectivos turnándose en la cocina, el cuidado de los niños y otras tareas domésticas, ofrecen una posibilidad para aligerar la carga femenina.
De momento, la ciudad feminista es una utopía, pero muchos centros urbanos de todo el mundo están experimentando con pequeñas intervenciones, como baños para mujeres sin techo, equipos móviles contra la violencia de género o incluso esta de Bombay y otras, con figuras femeninas en los semáforos. «El paso hacia la ciudad feminista no vendrá sencillamente de arriba, de los urbanistas y los políticos», piensa Kern. A menudo son las mujeres, así como las organizaciones ciudadanas, las que impulsan estos cambios con sus iniciativas.
Lugares peligrosos
Según Elsa Marie D’Silva, en India también sería importante rediseñar el transporte público para que sea más seguro para las mujeres. En los trenes y los autobuses ya hay asientos y compartimentos especiales para ellas, pero la activista denuncia que «fuera de esos espacios segregados nadie garantiza tu seguridad».DEBAJYOTI CHAKRABORTYNUR PHOTO A TRAVÉS DE GETTY IMAGES
En el marco del proyecto Safer Cities for Girls (ciudades más seguras para las niñas), la ONG de ayuda a la infancia Plan Internacional hizo una encuesta a niñas y mujeres de grandes ciudades como Delhi, El Cairo, Hanoi, Kampala o Lima preguntándoles sobre sus experiencias con el acoso sexual, la discriminación y la violencia, y recogió ideas para hacer las ciudades más seguras.
En las llamadas marchas por la seguridad, las jóvenes recorrieron las calles de su barrio e hicieron fotografías de los lugares peligrosos y los puntos problemáticos, como la falta de alumbrado o los aseos públicos que no se pueden cerrar, y los señalaron en mapas digitales. La documentación digital tiene como fin contribuir a sensibilizar a la población, pero también exigir cambios concretos a la policía, el ayuntamiento o los gobiernos.
En los últimos meses, la organización ha pedido a las niñas y las mujeres de las grandes ciudades alemanas que compartan sus experiencias. En el mapa de Ciudades Seguras, las participantes han marcado, por ejemplo, carriles para ciclistas o paradas no iluminados, o puntos de encuentro de «grupos de hombres sospechosos» que merodean cerca de los bancos, en las plazas públicas o en las estaciones de metro.
Según Elsa Marie D’Silva, en India también sería importante rediseñar el transporte público para que sea más seguro para las mujeres. En los trenes y los autobuses ya hay asientos y compartimentos especiales para ellas, pero la activista denuncia que «fuera de esos espacios segregados nadie garantiza tu seguridad».
A finales de 2012, varios hombres violaron brutalmente a una joven en Nueva Delhi. La víctima murió a causa de las heridas. El caso desencadenó un debate nacional sobre la violencia sexual. D’Silva también quiso hacer algo y fundó con unas amigas la plataforma de microfinanciación Safecity con el objetivo de documentar y denunciar el alcance de las agresiones sexuales. Desde entonces, numerosas chicas y mujeres han aportado más de 13.000 historias que incluyen desde los comentarios de contenido sexual hasta las violaciones.
Cuando los datos indican un punto conflictivo, D’Silva, su equipo y las afectadas se reúnen con las autoridades, las empresas de transporte, la policía y los habitantes de la zona e intentan encontrar soluciones entre todos. Por ejemplo, se han organizado sesiones en las que las jóvenes han pintado murales en los aseos públicos, las calles o los colegios donde ha habido casos reiterados de acoso.
El año pasado, la fundación organizó miles de talleres en los que mujeres y hombres jóvenes hablaron de experiencias dolorosas. Además, los chicos aprendieron que el acoso no es una diversión, y que deben adoptar una postura activa contra la violencia sexual. Y es que los cambios físicos por sí solos no bastan para crear una ciudad en la que las niñas y las mujeres se sientan más seguras.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/10/05/planeta_futuro/1601906471_000087.html
Entrevista/América del sur/Chile/eldiariolaeducacion.com
Faltan 10 años para que se agoten los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hay países, como Chile, que aún tienen deberes por hacer, por ejemplo, en materia de educación inclusiva. El avance en este desafío es, precisamente, el motor que mueve desde hace cuatro años el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Mediante el trabajo colaborativo de distintas universidades, el proyecto estudia las lógicas de inclusión y exclusión en el sistema educativo chileno “a través de un enfoque transdisciplinario”, en palabras de su directora Verónica López Leiva. Psicóloga de profesión, López encabeza un equipo de más de una docena de investigadores dedicados a analizar las prácticas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles.
El concepto de inclusión con el que trabajan desde el Centro de Investigación abarca un enfoque muy amplio. ¿En qué se basa?
El trasfondo teórico tiene que ver con la reconceptualización en las ciencias sociales del concepto de la otredad y la diferencia, no solo respecto a la situación de personas con discapacidad, sino también en otros ámbitos como la identidad de género, las minorías étnicas, etc. Sin embargo, es cierto que referentes teóricos importantes vienen del campo de los estudios de la discapacidad que señalan que no es la persona quien tiene una discapacidad, sino que la discapacitamos.
¿Cómo se pueden trabajar estos ámbitos desde la escuela?
Desde sus inicios y desde su función social, en nuestros países, que tienen una historia de independencia, la escuela ha intentado hacer patria, a través de un enfoque con fines muy nacionalistas, para generar una mini sociedad, una mini patria dentro de la comunidad. Es decir, reproducir el papel del Estado a través de la escuela y, generalmente, el Estado es más excluyente que inclusivo. Por eso, primero la escuela fue solo para niños –niños de la elite–. Eso ha ido cambiando en el mundo. En Chile, por ejemplo, este año celebramos el centenario de la primera Ley de Educación Obligatoria para la enseñanza de 1º a 4º básico [de los 6 a los 10 años].
¿En qué punto está Chile, respecto a otros países de América Latina, en la inclusión escolar de niños y niñas de pueblos originarios, discapacidad o diversidad sexual?
Si lo miramos en términos de cobertura, Chile tiene muy buenos números porque más del 90% de los niños está escolarizado. Pero dentro del 10% que falta están sobre todo aquellos con discapacidad, de origen étnico en situación de ruralidad, etc. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad se escolarizan en escuelas regulares o especiales hasta 8º básico [14 años]. Pero menos de un 10% de los estudiantes con discapacidad ingresa luego a la educación media [14 a 18 años], aunque esta es obligatoria. El último estudio de discapacidad que salió en Chile señala que un estudiante con discapacidad del estrato socioeconómico más alto tiene un nivel de escolaridad y rendimiento más alto que una persona sin discapacidad del estrato más bajo. En este país todo está muy marcado por la desigualdad socioeconómica. Este carácter altamente segregador y excluyente de la sociedad chilena se replica en la escuela.
¿Qué obstáculos han identificado para la inclusión en el modelo educativo chileno?
Hay tres nudos críticos a partir de los cuales hemos definido nuevas líneas de investigación y hacemos incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Uno es la lógica de la rendición de cuentas [a través de pruebas]. Hay un problema respecto a cómo definimos la calidad de la educación porque se hace mediante un examen estandarizado a nivel nacional que se realiza anualmente, conocido como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). La prueba define unas áreas estratégicas que suelen ser lenguaje y matemáticas, que se transforman en áreas de riesgo: si te va mal pierdes mucho y si te va bien ganas mucho. Eso hace que dejes fuera el resto de áreas y a los niños que les va peor en las estratégicas. Este es un factor importante de exclusión y segregación.
¿Y los otros dos?
El segundo es un sistema de financiamiento basado en la lógica de voucher, una financiación no basada en la educación, sino en un sistema de subvención a demanda que acaba tratando a los padres como clientes. En Chile, las escuelas no reciben financiamiento por ser escuelas, necesitan tener niños y que estos asistan regularmente para que el Estado les entregue dinero. Ahora, con la pandemia, el Ministerio de Educación insiste en el retorno a los colegios y, si bien hay algunos argumentos que son ciertos, como la importancia de la presencialidad, uno se pregunta si eso no tiene que ver con el sistema de financiamiento, porque en la medida que las escuelas no tienen niños asistiendo no reciben la subvención, que son una de las puntas de las anclas del sistema educativo neoliberal. El tercero es confundir la integración con la inclusión, es decir, pensar que la inclusión tiene que ver con niños diferentes a mi hijo pueden entrar [a ser parte de un colegio], pero que se las arreglen solos. Eso es integración, porque la inclusión –como constructo político– aboga por la transformación de los sistemas educativos: transforma los currículums, la gestión, la organización, las prácticas pedagógicas y la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables.
Hay centros educativos que optan por separar al alumnado que convive con una discapacidad, o a niños, niñas y niñes trans, por ejemplo. ¿Es posible trabajar con un enfoque inclusivo desde ahí?
Esta discusión tan propia del mundo de la discapacidad, hoy se traslada al mundo trans y a otros. Por ejemplo, a pesar de que en Chile tenemos nueve etnias reconocidas, oficialmente, no está considerado un país plurinacional. No se reconoce más que la lengua española y eso tiene efectos respecto a la educación multicultural porque el Estado no obliga a aprender las lenguas de estas etnias. Algunas escuelas en el sur, como en La Araucanía, dicen tener proyectos educativos interculturales pero, en realidad, son escuelas con una mayoría de niños mapuche. Al final, lo que termina produciéndose es una segregación porque los niños están en un contexto donde, socialmente, sus pares son iguales a ellos. La inclusión tiene que ver con la gestión de la heterogeneidad: de credo, identidad de género, visión política, origen étnico, etc. Es cierto que este niño puede estar victimizado, ser víctima de bullying o incluso intentar un suicidio, pero es el dilema de siempre. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que atienden solo estudiantes que conviven con una discapacidad o que se definen e identifican como trans. Ahí se plantea la discusión entre el deber del Estado y el bien común de la sociedad versus el interés de los padres y lo que es mejor para ese niño o niña.
¿Qué han observado en materia de educación inclusiva durante esta pandemia y en el contexto de la emergencia sanitaria que aún atravesamos?
En relación a la inclusión educativa en contexto de pandemia han sido muy evidentes las diferencias que se producen por la brecha digital. Entre el 80 y el 90% de los estudiantes con niveles socioeconómicos más altos del sector oriente [más acomodado] de Santiago tienen acceso a un ordenador con buena conexión a Internet; en cambio, en el sector poniente [más vulnerable] eso no llega al 30%. Los niños no tienen ordenador, ni buena cobertura en algunos sectores. Hay otros países como Paraguay, Uruguay o Argentina que están trabajando para disminuir esa brecha digital de forma rápida y en Chile esto no ha ocurrido. Uno hubiera esperado más para disminuir la brecha digital de forma más rápida.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/08/la-inclusion-transforma-la-creencia-sobre-quienes-pensamos-que-son-los-ninos-mas-educables/
La pandemia de coronavirus no solo ha afectado la economía actual de varios continentes, sino que sus secuelas se extenderán por varios meses más.
Este año se prevé un desplome de la economía latinoamericana del 8,1 %, la mayor disminución de las últimas décadas y por encima de otras regiones emergentes como Europa del Este (-4,4 %) y Asia (-3 %), según el consenso de analistas recogido por el Banco de España en un informe publicado este jueves.
En 2021, la región volverá al crecimiento con un repunte del PIB del 4,1 %, el mismo previsto para Europa del Este pero un punto inferior al de Asia -excluida China-, señala la entidad en el Informe de Economía Latinoamericana del segundo trimestre de 2020.
El Consensus Forecast, que considera a los seis grandes países (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú), muestra además una incertidumbre «mucho mayor que en años anteriores», lo que causará una recuperación gradual e incompleta, señala la entidad española.
De hecho, Argentina, Brasil y México no recuperarán hasta 2022 el nivel de actividad previo a la crisis del coronavirus.
De las grandes economías consideradas, Perú será la que más caiga este año, el 12,6 % interanual, y la que más crezca en 2021, con un rebote del 9,9 %.
El PIB de Brasil, la mayor economía de la región, descenderá en 2020 el 11,7 % y retomará el crecimiento en 2021 con un alza del 3,2 %, mientras que la de México, la segunda en tamaño, caerá el 9,9 % y subirá el 3,7 % en estos dos años.
Argentina sufrirá un retroceso de su economía este año del 11,7 % y Chile del 5,9 %, países que el año que viene crecerán el 5,1 y el 4,6 %, respectivamente.
Por último, Colombia verá cómo su economía se contrae este ejercicio el 6,8 para recuperar el crecimiento en 2021 con un alza de su PIB del 4,6 %.
La región encaró la crisis sanitaria con unas perspectivas de crecimiento inferiores a las de otras regiones emergentes por obstáculos estructurales como su dependencia del ciclo de precios de las materias primas, su baja inversión en infraestructuras o el escaso rendimiento obtenido del gasto educativo, recuerda el Banco de España.
A pesar de las mejoras que se han producido en asuntos como la reducción de la deuda pública, la pobreza y la desigualdad, la entidad señala que los países de la región se beneficiaría de la aplicación de reformas para hacer más competitivas su economía e inversiones en economía e infraestructuras.
Reclaman por presencialidad plena y obligatoriedad en las escuelas.
La iniciativa surgió de un grupo de padres de la comisión de fomento de la escuela 83 de Montevideo, pero es respaldada por el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública. En la convocatoria se consulta a padres, familiares o vecinos de niños que vayan a escuelas públicas si les preocupa que no estén concurriendo “todos los días y que el tiempo pedagógico esté reducido a dos días por semana”, y se invita a la movilización el miércoles 14 de octubre, a las 17.15, en la plaza Varela, en Bulevar Artigas y Avenida Brasil. El reclamo es por presencialidad plena y obligatoriedad en la escuela pública. La convocatoria se hará cumpliendo con las medidas de prevención ante el coronavirus, como el uso de tapaboca y el distanciamiento social. El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que reúne a padres y madres de decenas de escuelas de Montevideo y del interior, ha cuestionado que los niños de las escuelas públicas están teniendo alrededor de 40% de las horas que deberían tener en un año normal, y reclaman que la Administración Nacional de Educación Pública tome medidas para mitigar los efectos que esta menor presencialidad tendrá en los aprendizajes. Por ejemplo, proponen que se pueda dar clases en otros locales públicos de los barrios.
«Creemos que la construcción político-pedagógica y teórico-conceptual que se sintetiza en la noción de “praxis crítica emancipatoria” es tremendamente productiva para la educación emancipadora y las pedagogías críticas latinoamericanas, porque se opone a concepciones tecnicistas, neoliberales y hegemónicas del campo educativo y pedagógico; porque recupera la actividad transformadora del ser humano, reivindicando la articulación entre la comprensión y la transformación de la realidad; porque reivindica la importancia de la construcción de alternativas para la prefiguración de la sociedad del porvenir, y por tanto, alimenta la utopía y la esperanza; porque exige afectarse con el dolor y el sufrimiento del otro o la otra, indignarse y activar el ejercicio político de la resistencia; porque reclama el desarrollo de la acción política desde abajo, de la mano de los pueblos, comunidades y sujetos oprimidos, explotados y excluidos; y porque se engarza en la construcción de un proyecto histórico anticapitalista, descolonizador, antipatriarcal, emancipatorio. Por todo lo anterior, creemos que la categoría de “praxis crítica emancipatoria” es una potente y creativa síntesis política, teórica y conceptual, del todo productiva para los desafíos del tiempo presente».
Autor (a): María Cristina Martínez Pineda. Emilio Guachetá Gutiérrez. [Autora y Autor].
Editorial/Edición: CLACSO. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2236&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1427
La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.
Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.
En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.
Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.
País marcado por la impunidad
El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.
Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.
En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.
Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.
Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.
Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.
El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez
Basta de impunidad
Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.
Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.
El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.
“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.
Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.
Foto: Costa Rica Ilustra
Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
Agora Association, Turkey
AIDA Americas
Arraigo ONG, Costa Rica
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Asociación Paz y Esperanza, Perú
Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
Corporación La Caleta, Chile
Culture Hack Labs
Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
Environmental Defender Law Center (EDLC)
Environmental Justice Foundation (EJF)
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
Forest Peoples Programme (FPP)
Front Line Defenders (FLD)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
groundWork, Friends of the Earth, South Africa
Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
Legal Resources Centre
Londres 38, Chile
National Alliance of People’s Movements of India
New Wind Association, Finland
Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
Open Briefing
Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
Project HEARD
Protection International Mesoamérica
Public Association “Dignity”
Rainforest Fund
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
Success Capital
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad
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