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Niñas madres

Por: Tlachinollan

María, una niña de 12 años del pueblo Me phaá, nunca imaginó que después de participar en la posada de la iglesia, sería raptada por un vecino de la comunidad. El violador ubicó a la víctima y buscó el mejor momento para interceptarla y subirla a su vehículo. La oscuridad del callejón que lleva a la casa de la menor, fue el lugar propicio para llevársela. No solo fue víctima del ultraje sino de las amenazas que resonaban en su mente: “si te atreves a denunciarme, te voy a matar”. Tuvo que padecer en silencio esta tropelía y soportar en su cuerpo la asquerosidad del perpetrador. Fue un martirio. Por las noches, su mamá tenía que consolar a su niña sin saber qué remedio darle. La pequeña no se atrevía a decir lo que había sufrido.

Ya no era la misma niña que jugaba y cuidaba a sus 4 hermanitos. Sus malestares físicos y psicológicos se complicaban. Además de estar triste, ya no tenia hambre y sufría de mareos. La doctora del pueblo la atendió y constató que llevaba tres meses de embarazo. Ante esta evidencia, María tuvo que confesar a sus padres lo que había padecido en el mes de diciembre. Acudieron a la comisaría a interponer la denuncia, sin embargo, el comisario no se atrevió a intervenir. Tuvo miedo a las represalias, porque el agresor de 40 años se desempeñaba como servidor de la nación. Su cargo como funcionario público le daba poder en la comunidad, y por lo mismo, actuaba con total impunidad.

Los padres de María no se amedrentaron. Consiguieron dinero prestado para interponer la denuncia en la fiscalía de Tlapa. Fue admirable su sacrificio y el acompañamiento en todo el proceso de la denuncia penal. Las cinco horas del viaje con la polvareda del camino, así como las complicaciones del embarazo de María, no fueron obstáculo para acudir a Tlapa, con tal de que la investigación avanzara. Su persistencia rindió resultados al emitir el juez la orden de aprehensión. De inmediato el agresor tuvo conocimiento por los contactos que tenía en la misma fiscalía. Se amparó para asegurar la protección de la justicia federal, sin embargo, el recurso no prosperó por tratarse de un delito grave.

Al advertir que su situación legal se complicaba, buscó apoyo con políticos de la región para evitar que la orden de aprehensión se ejecutara. Su familia acudió con el comisario municipal para pedir que citara a la mamá de la menor. Ante el temor de que la autoridad actuara arbitrariamente, la mamá optó por presentarse en la comisaría. Los padres del acusado la señalaron como responsable de lo que le fuera a pasar a su hijo. Insistieron en que su denuncia era falsa y que, por lo mismo, también la denunciarían por sus declaraciones sin fundamento. Trataron de convencerla, por la buena y por la mala, para que se desistiera de la denuncia. Ante la negativa le advirtieron que se metería en problemas más graves. Creyeron que al ofrecer dinero lograrían su objetivo. Todo fue en vano, porque la postura firme de la mamá de María fue una demostración de dignidad, porque ni las amenazas ni el dinero doblegaron su afán de justicia.

Ante la imposibilidad de evitar que la orden de aprehensión se aplicara, el agresor huyó de la región y planeó cruzar la frontera para librar la cárcel. Su preocupación fue evadir la justicia y desentenderse de la situación de la niña que dejó embarazada. Los padres de María, a pesar de la vejación que sufrió, le pidieron que tuviera al bebé con la promesa de que ellos la adoptarían como otra hija más. El umbral de la maternidad fue una experiencia dolorosa para la menor por todo lo que implicó la violación y lo que representó la gestación del feto en su cuerpo diminuto.

María tuvo que sobreponerse a un sinnúmero de problemas de salud ante la falta de atención médica en su comunidad. Tuvo que soportar en silencio todos los estragos de un embarazo temprano. Se resignó a tener un hijo, sin poder dimensionar lo que esto representa para su corta vida. En una comunidad pequeña, el embarazo de una niña, el escándalo es mayor contra la mujer, no contra el hombre. Es un hecho grave imposible de ocultarlo y revertirlo contra el agresor. El escarnio clava sus flechas contra la menor, dejando una herida que lacera y que no se cierra.

María tuvo que permanecer confinada en la precariedad de su casa con piso de tierra. El mundo se le derrumbó, se truncaron todos sus sueños y resquebrajaron sus ilusiones, como las demás niñas de la Montaña. En medio de las complicaciones de su embarazo, su abuelo, que es partero, le tocó atenderla. Entre sus rezos y brebajes logró que su nieta tuviera un parto normal. Desde hace nueve meses María tuvo que asumir el rol de madre, además de amamantar a su niña tiene que velar por su salud y trabajar para sostenerla. Ha buscado un empleo pero no la quieren contratar, porque es una niña madre, que además de cargar su morral, carga sobre su espalda a su pequeña niña.

En el mes de febrero, cuando la fiscal general del estado, la maestra Sandra Luz Valdovinos, se reunió con varias familias en la ciudad de Tlapa, platicó con María y su tía. Escucho la triste historia de María que cargando a su bebé le narraba llorando lo que había sufrido. A pesar de enfrentar una situación sumamente precaria, centró su exigencia en que se hiciera justicia, por la violación que había sufrido. La fiscal conoció a su bebé y la reciedumbre de una niña madre que lucha para que se castigue a quienes violan a las mujeres. En el mes de marzo, la fiscalía notificó a los papas de María había detenido a su agresor en la ciudad de Tijuana, cuando se disponía a cruzar la frontera.

El calvario de María, es representativo del gran número de casos de niñas que asumen el rol de madres por diferentes causas. La violación sexual de niñas es un problema creciente que las autoridades encargadas de investigar los delitos no han revertido. Existen graves deficiencias y vicios entre el mismo personal que no integra bien la carpeta de investigación y no realiza todas las diligencias que amerita el caso. No hay peritos que realicen los estudios que se requieren. Hace falta personal especializado para proporcionar una atención apropiada a las víctimas de violación sexual. El número de denuncias no corresponde al alto número de casos de mujeres violentadas, porque no hay suficiente personal que las atienda y lo peor de todo, es que no se les brinda un trato adecuado y se les revictimiza. Es común que las denuncias que se interponen se filtren a los medios amarillistas que se encargan de publicar casos que requieren sigilo. Hacen escarnio de los agravios que denuncian las víctimas causando mayores riesgos a su integridad física y vida misma.

A nivel regional los matrimonios forzados de niñas es otro problema que no es atendido en su justa dimensión por las autoridades estatales ni municipales. A pesar de los esfuerzos que existen para implementar estrategias de atención interinstitucional para evitar los matrimonios forzados, no se logra incidir en el ámbito comunitario. Se ha avanzado en los diagnósticos para ubicar en qué municipios hay mayor incidencia de los matrimonios forzados y se ha logrado convocar a las autoridades municipales para que se involucren como parte de la estrategia interinstitucional. La realidad es que no existe interés genuino en la mayoría de los presidentes municipales. Se reducen a formalizar convenios pero no se comprometen a implementar acciones concretas para que en su municipio se atienda a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado.

En el ámbito municipal no se pueden centrar las estrategias de atención, se requiere trabajar en el nivel comunitario, sobre todo en las localidades donde la práctica es generalizada. Pero la intervención no se puede reducir a un programa de pláticas para sensibilizar a los hombres sobre la gravedad de estas prácticas. Tiene que trabajarse una propuesta integral con la participación de personas de la misma comunidad. Es un trabajo que requiere una inserción a la dinámica comunitaria, conocer el contexto y ubicar el sentido que le dan a estos matrimonios de niñas. No es suficiente enfocarse a este problema, implica detonar acciones eficaces en el campo educativo, en el tema de la salud y den el mejoramiento productivo. También es urgente un atención especializada  a la niñez indígena, que desde pequeños tienen que salir con sus padres a trabajar en los campos agrícolas. La precarización de la vida comunitaria es un problema estructural que no esta siendo atendido por los gobiernos municipales. Lo más grave es que las autoridades municipales en lugar de revertir los rezagos sociales, se interesan en establecer negocios privados con los recursos públicos. Hacen alianzas con las empresas que ya tienen experiencia en cómo realizar obras de mala calidad para obtener grandes ganancias. Lo más grave es que los presidentes municipales y el partido gobernante han optado por establecer alianzas con grupos del crimen organizado, quienes se encargan de la seguridad del municipio, a cambio de que se les garantice tener el control territorial. Imponen su ley atemorizando a la población y controlando giros comerciales. También forman parte de los proveedores del municipio. Son el poder fáctico que tienen el control de las instituciones y que opera con el uso de las armas, para allanarle el camino al presidente municipal en su proyección política. Esta criminalidad enquistada en las instancias municipales son la mayor amenaza que enfrenta la población por la supeditación del poder político al poder de la delincuencia organizada. En este entramado criminal las niñas madres, se encuentran en total indefensión. En lugar de encontrar protección y cobijo en las autoridades municipales se topan con los perpetradores.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente de la información e imagen: https://www.tlachinollan.org

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Crean robots que reconocen y asisten a los enfermos

Nuevos robots entrenados en base a avanzadas técnicas de Inteligencia Artificial pueden convertirse en eficientes colaboradores en centros de atención médica y residencias de ancianos. Logran distinguir a las personas y seguirlas en un entorno concreto.

Una nueva generación de robots de asistencia social, capaces de distinguir a los enfermos y al personal de un centro de salud, acompañarlos en sus tareas diarias y participar en actividades sociales como juegos ya es una realidad, según un artículo publicado en Tech Xplore.

Se trata de una nueva plataforma robótica denominada Aether, que fue desarrollada a partir del esfuerzo de un grupo de investigación conformado por científicos y especialistas de la Universidad de Monash, JDQ Systems y la Universidad de Columbia Británica. El estudio fue publicado en arXiv.

La capacidad que poseen los robots para identificar y rastrear a las personas en un entorno determinado, siguiéndolas para prestarles la ayuda requerida, se debe a un nuevo modelo computacional y a técnicas de Inteligencia Artificial desarrolladas por los expertos.

Reconocimiento facial y algoritmo secuencial

Los científicos trabajaron para incorporar herramientas de reconocimiento facial, que permiten a los robots identificar a las personas pero sin seguir sus movimientos de forma permanente. Además, una serie de técnicas de seguimiento de personas anónimas permite a estos dispositivos robóticos de asistencia rastrear los movimientos de una persona sin conocerla.

Ambas habilidades se combinan cuando los robots son entrenados para seguir a personas específicas: logran determinar quiénes son y, al mismo tiempo, pueden rastrear sus movimientos. Esta capacidad combinada se obtuvo a partir de la integración entre el reconocimiento facial de última generación y un algoritmo secuencial especializado, que aplica un método computacional orientado a tareas complejas de clasificación.

El algoritmo tiene la ventaja de colaborar con el robot para que pueda superar múltiples escollos en su tarea cotidiana, como obstrucciones, una iluminación pobre o la recuperación de objetos perdidos. Al superar estos inconvenientes de la vida real, los robots de asistencia social se vuelven más confiables en sus movimientos.

Pruebas auspiciosas

La nueva plataforma se puso a prueba en cinco escenarios diferentes, con excelentes resultados. El robot Aether logró identificar, rastrear y seguir a las personas en cada entorno y realizar las tareas indicadas. Su actividad fue evaluada a partir de los datos de un sistema de captura de movimientos.

Los investigadores compararon incluso el rendimiento del robot con otras herramientas de reconocimiento facial y seguimiento de personas, comprobando que la nueva plataforma supera los estándares existentes.

En los experimentos realizados, los robots lograron con éxito efectuar distintas tareas, como acompañar al personal de un centro de salud a su próximo turno de trabajo o retirar a un enfermo de su hogar y acompañarlo hasta el centro asistencial.

Tecnología en avance permanente

Aether es un robot de servicio diseñado para ayudar a los residentes en hogares de ancianos o a pacientes en otras instalaciones de atención médica, pero que integra esfuerzos científicos que combinan los últimos desarrollos en Inteligencia Artificial y tecnología robótica.

Además, la nueva plataforma podrá ser utilizada por otros dispositivos similares que quieran optimizar sus capacidades en reconocimiento y seguimiento de personas para las tareas de asistencia.

Los nuevos robots de asistencia social podrán extender sus habilidades en el futuro y ser cada vez más autónomos. Los especialistas creen que en breve estos robots serán capaces de comprender los gestos sociales realizados por las personas, proveer entretenimiento a enfermos o residentes, realizar visitas de rutina en los centros de salud y hasta sostener conversaciones interesantes con los pacientes y el personal.

Según Wesley P. Chan, uno de los investigadores que lideró el estudio, “la principal misión de nuestro proyecto es permitir que los robots se conviertan en actores socialmente capaces y con un papel útil en la comunidad. De esta forma, podrán ayudar a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas”, concluyó.

Referencia

Autonomous person-specific following robot. Chan et al. arXiv (2020).

Foto:

El robot interactuando con las personas en el marco de una prueba. Crédito: Chan et al.

Fuente: https://tendencias21.levante-emv.com/crean-robots-que-reconocen-y-asisten-a-los-enfermos.html

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Las lágrimas del Tata

Por: Daliri Oropeza

Los ocho pueblos yaquis viven un incremento de los contagios de covid-19 en su territorio. En plena emergencia, donde mueren en sus casas, llega AMLO a reunirse “con ocho gobernadores”. La Tribu Yaqui es reconocida por su capacidad para combinar su lucha por sus demandas ancestrales con la negociación.

“¿Te acuerdas, Tata, de las tierras, de los hospitales, de las escuelas que nos diste? Las tierras nos las han quitado los ricos, los hospitales se han convertido en cuarteles y las escuelas en cantinas.

Cárdenas lloró”.

En septiembre de 1940, cuando tata Lázaro Cárdenas era presidente, publicó un decreto de restitución de tierras a la Tribu Yaqui que duró menos de 20 años.

En la década de los 60, Cárdenas visitó el territorio a petición de los ocho gobernadores de los ocho pueblos yaquis. Lloró después de escuchar que esas tierras estaban (y siguen) en manos de descendientes de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, generales y políticos de Sonora.

Este pasaje, narrado por el periodista e historiador Fernando Benitez en el tercer tomo de Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, sintetiza el pulso de los yoremes con los yoris.

No solo es un pleito por las tierras. En el decreto estipuló que el Pueblo Yaqui podría disponer durante cada año agrícola, de la mitad del caudal del Río Yaqui almacenado en la Presa “La Angostura”. Nunca se ha cumplido.  A los pocos años se construyeron dos presas más río abajo.

Tan importante es el decreto de Cárdenas, que el nombre que utilizan es “Tribu Yaqui” pues así les reconoce en el papel, asegura la historiadora Raquel Torua Padilla —aunque el término correcto sea pueblo, nación o etnia. Matiza que es incierto si se les restituyo un tercio o un quinto de su territorio original.

Qué caudaloso río alimentarían las lágrimas del Tata si se enterara de lo que sucede ahora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a territorio Yaqui este jueves en un momento de desesperación de sus habitantes. La pandemia provoca estragos. Las personas mueren diario en sus casas, sin atención médica. No hay hospitales. Solo hay tres clínicas rurales intermitentes. Los que tienen dinero contratan ambulancias para ir a los Hospitales en Obregón o Guaymas. A muchos los regresan porque no hay espacio.

López Obrador se refiere frecuentemente a Lázaro Cárdenas en sus conferencias. La semana pasada citó su decreto de restitución de tierras para anunciar su segunda visita durante su mandato. Informó que se reunirá con “los gobernadores de los ocho pueblos yaquis en Vicam”.

Esta vez arriba al territorio yoreme en un clima enrarecido, aseguran habitantes e investigadores. En un momento en el que la pandemia está desatada en los ocho pueblos: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem.

“Desafortunadamente no llegó el virus a la par que en los demás lugares. Cuando lo anunciaron, la gente no creía. Se preparó, se confinó, y cuando nadie se contagió, dijeron ‘es mentira’; creyeron las falsas noticias. Cuando comenzaron los contagios y las muertes tuvieron miedo de ir a los hospitales. El problema empezó con la industria maquiladora. 3 mil jóvenes yaquis salen de la tribu a trabajar en 3 turnos. Es terrible. Primero dejaron de pagarles su salario completo, sin ir a trabajar les daban el 60%. Pero llegó un momento en que las empresas ya no lo soportaron y es cuando obligaron a trabajar a la gente”, asegura Lorena, habitante de Loma de Guamúchil, que prefiere mantener el anonimato porque se siente insegura en este ambiente raro.

El clima enrarecido no solo tiene que ver con la pandemia. Se deriva de varios otros factores. Para Lorena, surge del anuncio de la presidenta municipal del ayuntamiento de Hermosillo de reactivar la operación y obras del Acueducto Independencia. Esta decisión lleva a habitantes de Loma de Guamúchil a bloquear la carretera para protestar contra el acueducto y demandar el pago por el uso de las vías en su territorio. Ante esto, grupos de choque (ligados a intereses empresariales en la región) bloquearon también la carretera. Adicionalmente, resurgen en la Tribu viejas demandas de restitución de tierras.

Todos estos factores se mezclan con la elección a gobernador de Sonora el siguiente año. Esto lo resalta el investigador del INAH-Sonora, José Luis Moctezuma Zamarrón. Para enrarecer más el clima, como ha documentado, durante la pandemia la empresa IENOVA reparte despensas en 7 pueblos Yaquis donde ya construyó el gasoducto. No reparten en Loma de Bacum, donde impidieron ola construcción y por el cual no se puede poner en operación. Moctezuma resalta que es la primera vez que se frena el tránsito del tren en la región, además de la carretera. En suma, los yaquis no han dicho nada públicamente sobre esta visita de AMLO.

AMLO prometió en su conferencia de prensa visitar este pueblo en resistencia, sin embargo, no lo ha hecho ni está en la agenda de esta gira.

Lorena hace un señalamiento sobre la próxima reunión:

“La tribu, en su ejercicio de autonomía, siempre busca hablar con los más altos niveles. Eso siempre se ha hecho. Lo que está ahorita replicándose, es lo que han hecho en otros sexenios priistas y panistas. Argumentan (los politicos) que se reúnen con los 8 gobernadores, pero se reúnen a sangre y fuego con los 8 sin importar si tienen legitimidad, o si son auténticas autoridades tradicionales”.

De acuerdo con la historiadora Raquel Torua Padilla, el pueblo Yaqui ha logrado acuerdos hasta con Virreyes.

“La primera rebelión de la que se tiene registro en el Yaqui, fue en 1740. Fue por el yugo de las autoridades coloniales y jesuitas, también contra el control de sus pueblos y sus recursos naturales. Se tiene evidencia de que en esos tiempos los capitanes de guerra de apellido Usacamea, alias el Muni (de Rahum), y Basoritimea (de Huírivis), marcharon hacia la ciudad de México. Ahí, entregaron al virrey Vizarrón un pliego petitorio. La demanda más importante fue con respecto a la intromisión de los jesuitas en sus formas de gobierno. Se lograron acuerdos con el virrey”.

La antropóloga y etnohistoriadora Raquel Padilla dejó un legado importante sobre la capacidad negociadora de la Tribu Yaqui en su libro Irredentos Parias. Ahí describe “Tanto la milicia como las autoridades civiles yaquis se han caracterizado por ser grandes negociadores y por saber entablar demandas ante los distintos poderes”.

Raquel Padilla narra en este libro las negociaciones entre los yaquis y Francisco I. Madero. “Una comisión de yaquis viajó hasta el centro y sur del país para presentarle a Madero demandas relacionadas con la tierra, la guerra, y la deportación de sus hermanos yaquis a Yucatán. A cambio, se proponía paz y apoyo político. Se firmó el tratado en la ciudad de México, en Tacubaya, el 1 de septiembre de 1911. Sólo quedó en promesa”.

Moctezuma Zamarrón afirma que los Yaquis se han reunido con todos los presidentes o secretarios de Estado. Resalta la reunión con el entonces presidente Ernesto Zedillo pues de ese encuentro surgieron conflictos de tierras que se arrastran hasta la fecha.

“En 97, después de que tuvieron la reunión con Zedillo, les quitan el territorio conocido como La Cuchilla. Dijeron que los Yaquis habían aceptado la venta. Gracias a los manejos que hace (Manlio Fabio) Beltrones, entonces gobernador, crearon un fideicomiso para la compra de la cuchilla por 40 millones. Los Yaquis inmediatamente se organizan y rechazan a los gobernadores que aceptaron. Así entran en una lucha jurídica que no pasa en México, y se va a la CIDH. Aún se está viendo esta cuestión”.

Esta capacidad negociadora, se debe al modo tradicional en que los ocho pueblos yaquis toman decisiones a través de las asambleas comunitarias. Esta basada en un sistema de cargos que es parte de su cosmoexistencia.

Su gobierno tradicional tiene tres órganos para la toma de decisiones: Civil, religioso y militar. Los tres son igual de importantes, y junto con la asamblea, donde participa toda la comunidad, trazan el rumbo de las decisiones de las comunidades. Sin la figura de pueblo mayor (o consejo de ancianos), sin las autoridades religiosas, sin los habitantes, no hay decisiones.

Los gobernadores tradicionales son portavoces, son “presidentes de la asamblea” y facilitadores de las decisiones. Ellos no deciden. “Lo que no les gusta a los yaquis es que el poder se concentre en una persona”, dice Torua Padilla.

Ante la visita del presidente, “la exigencia sería en el tono de no más violencia al derecho a decidir de los pueblos. Mientras ellos (4T) continúen con la estrategia de reunir 8 pueblos a modo y desconocer al resto, eso no va a llevar nada. En la tribu las decisiones se toman por consenso”, reafirma Lorena.

Aunque AMLO quiera hacer ver que su gobierno tiene diálogo con los pueblos indígenas, porque se sienta con los ocho gobernadores yaquis en plena pandemia, no hay consideración de las demandas en defensa del territorio contra el gasoducto, el acueducto, la presa, los trenes, las industrias, tanto en el Yaqui como en el país.

Después de su primera reunión, en octubre del 2019, el gobierno federal elabora un Plan de Justicia para la Tribu Yaqui y da seguimiento a una Comisión para atender sus demandas. No toca los temas que los defensores de la vida ponen sobre la mesa.

Lejos de solucionar los problemas del pueblo Yaqui, lo que hace el presidente con esta reunión es tender una mera cortina que oculta la continuación de los atropellos de los megaproyectos voraces contra los territorios y pueblos indígenas.

Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/las-lagrimas-del-tata/

 

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OPINIÓN | El colapso

Por: Tlachinollan

 

Ataviada con una extravagante prenda de bordados finos y con un porte muy bien cuidado, para mostrarse como una mujer jovial, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, con el rostro angustiado, envió un mensaje el pasado jueves 21 de mayo, a las familias acapulqueñas: “estoy profundamente preocupada por la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. Lamentablemente (…) el coronavirus se ha extendido en todo Acapulco. La situación es muy grave. El día de ayer el subsecretario el Hugo López Gatell, informó que la pandemia aún va para largo en Acapulco y que no podremos levantar la cuarentana en los próximos días. Es urgente que entendamos el peligro que corremos todas y todos, con esta pandemia (…) En Acapulco, 38 personas han perdido la vida, además hay casi 520 personas contagiadas. Los hospitales se encuentran llegando al 80% de su capacidad, con camas ocupadas por enfermos de coronavirus, y día con día ingresan más personas solicitando atención médica. Dentro de poco, si no logramos detener esta situación, los hospitales de Acapulco, colapsarán y no podrán seguir atendiendo más pacientes (…) Les informo que de los dos centros de incineración que tenemos en el puerto, uno de ellos está llegando a cerrarse y ya no se da abasto con los cadáveres que llegan. Se abrieron por esa razón más fosas en el cementerio, para dar cabida a los cuerpos, que también van llegando en mayor cantidad cada día (…) Guerrero ocupa el tercer lugar en el país, con mayor crecimiento de contagios, y Acapulco, es el centro de esta pandemia en la entidad”.

Este mensaje sintetiza el drama que enfrentamos no solo en el Puerto de Acapulco, sino en el estado de Guerrero. El mismo mapa del COVID – 19 lo ilustra, al mostrar a más del 50%, es decir 47 de los 81 municipios como contagiados, y solo a 11 que se encuentran supuestamente limpios: 5 de la Montaña y 6 de la Costa Chica. Estas cifras oficiales, nos dan una mera aproximación a la realidad devastadora del coronavirus. Mientras no se informe sobre el número de pruebas PCR, que se aplican diariamente en el estado, no podemos tener una radiografía detallada de las personas contagiadas. Solamente en Acapulco y Chilpancingo, existen laboratorios que aplican estás pruebas. Los mismos resultados se obtienen a cuenta gotas, ante las dificultades que existen para llevar y traer las pruebas y los resultados. No sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas se han realizado a personas que se encuentran en los once municipios llamados de la esperanza. Lo que podemos afirmar es que son municipios que no cuentan con infraestructura hospitalaria, el poco personal médico y de enfermería que existe tampoco cuenta con equipo necesario para detectar los síntomas del COVID – 19.

Es difícil pensar que las personas de estas comunidades alejadas se mantengan en la inmovilidad. Por el contrario, por información del Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, se cuenta con un registro de 2 mil 268 personas que han migrado a los estados de Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guanajuato, principalmente. En un periodo que va del primero de febrero al 20 de mayo del presente año. Han salido mil 108 mujeres y mil 160 hombres. De esta población, la migración infantil representa el 31%. De los niños y niñas de 6 a 12 años, el 23% no esta inscrito en alguna primaria. Los municipios de la Montaña, con mayor expulsión de familias jornaleras son Cochoapa el Grande, con un número de 921 personas que han salido para trabajar a los campos agrícolas; Metlatónoc reporta 229 jornaleras y jornaleros y Tlapa 532. En la región de la Costa Chica, se encuentra Tlacoachistlahuaca con 63 registros, principalmente. Es decir, que estamos ante municipios sumamente pobres cuya población está en constante movimiento ante el estado crítico que enfrentan, a causa de la pobreza extrema.

Recientemente registramos el caso de una madre de familia del pueblo Me’phaa, originaria de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, que fue atendida en un hospital de Fresnillo, Zacatecas, por complicaciones de su embarazo. La operación que le realizaron fue exitosa, sin embargo, cuando estaba en recuperación tuvo un ataque de tos. El personal médico procedió a hacerle la prueba del COVID – 19 y resultó positiva. Hasta el momento desconocemos si sus dos pequeños niños, su esposo y sus suegros, con los que viajó en un autobús de Tlapa al campo Río Florido en Zacatecas, estén también contagiados. Es de gran preocupación esta situación de alta vulnerabilidad, que enfrentan las familias jornaleras, que ante la amenaza del hambre ahora esta el gran riesgo del contagio por el coronavirus.

Por otra parte, en el plano federal las autoridades de salud nos muestran un panorama cargado de cierto optimismo. Para el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, “el incremento en la carga de enfermedad tanto de personas enfermas como hospitalizadas, está dentro de lo proyectado. Esto quiere decir, que, al estar dentro de lo proyectado, está precisamente dentro de lo que se programó y preparó para la atención. Esto se está trabajando directamente con las autoridades, para que haya acceso a la atención médica, y, además, haya camas disponibles”. Refiriéndose al caso de Acapulco comentó que esta localidad se está comportando de acuerdo a lo estimado. Vaticinó que el 30 de mayo es cuando se espera la mayor carga de personas hospitalizadas y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos.

Con estos comentarios queremos entender que desde la mirada nacional la situación está controlada, sin embargo, la realidad guerrerense es más compleja de lo que se percibe desde el centro. Lo que sucede en los municipios supuestamente limpios de la Montaña y Costa Chica, es que hay un contagio marcado por esta movilidad humana que no está siendo registrada por las autoridades.

En la Zona Centro, concretamente en el municipio de Eduardo Neri, donde se encuentra la minera Equinox Gold, al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a los trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina. Este llamado movilizó a 500 trabajadores procedentes de varias comunidades. La empresa diseñó un protocolo de seguridad sanitaria para evitar la propagación del COVID – 19, entre los trabajadores. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. No previeron los lugares donde iban a instalar los campamentos para que, ahí permanecieran los trabajadores mientras les aplicaban las pruebas de PCR. Hubo comunidades como Carrizalillo, que no permitieron que se quedaran dentro de sus casas, por eso tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas. Esta situación no solo alertó a la empresa, sino a los trabajadores subcontratados y a los sindicalizados. La preocupación es mayor porque dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al COVID – 19. Lo desconcertante es que varias personas eran asintomáticas. Para este viernes se tenía el reporte de 50 personas contagiadas, sin que la empresa haya estado preparada para ponerlos en cuarentena. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Por el momento, las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, han tenido que cerrar sus entradas para evitar mayor contagio entre la población que está llegando de otras regiones. Esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado.

Las autoridades de salud tienen la obligación de atender con urgencia este foco de contagio. Es insuficiente emitir solamente lineamientos generales sobre seguridad sanitaria para estas empresas, se tiene que tomar muy en cuenta a la población, el contexto en que vive sobre todo por los graves daños que ha generado la minería a cielo abierto. En esas comunidades muchas personas padecen de asma y hay una población importante de adultos mayores que no cuentan con la atención médica adecuada. Los protocolos tienen que, en primer lugar, prevenir el contagio al interior de las comunidades y no solo centrarse en la seguridad del negocio minero. La empresa tiene que responsabilizarse de los trabajadores que resultaron positivos, no puede desentenderse de este problema de salud pública donde la actividad minera es sumamente peligrosa para la sustentabilidad ambiental y humana.

Los focos rojos del coronavirus están encendidos a lo largo y ancho del estado, la información que llega filtrada por las autoridades de salud, no está ayudando para que la población dimensione que los riesgos inminentes del contagio se han multiplicado y diversificado. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que coordinarse mejor y estar pulsando la multiplicidad de problemas que se están presentando en las diferentes regiones. Hoy es la prueba máxima que tienen enfrente, de lo contrario, el malestar de la sociedad se desbordará y el colapso será inminente.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-colapso/

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OPINIÓN | Morir de COVID – 19 en Nueva York

Por: Tlachinollan

En la zona del barrio de Manhattan, sobre la calle 117, en el quinto piso, vive Reyna. En un departamento con tres recámaras habitado por 9 personas. Desde hace 25 años se casó con Ángel y procrearon cuatro hijos. Durante más de dos décadas Reyna empezó a trabajar en labores de limpieza. Comenta que hay familias ricas de Brooklyn que son las que peor pagan, porque te dan 12 dólares por hora”. Ella, por ser hablante del tu’un savi y del castellano, tuvo la oportunidad de trabajar como perito intérprete en el consulado de México en Nueva York. Posteriormente una agencia privada la contrató por dos años. Con la experiencia que adquirió, desde el año 2000, es perito intérprete en las Cortes de los cinco condados de la ciudad de Nueva York.

Este domingo, con gran pesar nos comentó: Estoy muy triste porque se murió mi esposo Ángel. El lunes 23 de marzo, cuando regresó de trabajar se mojó mucho. Le dije que se quitara su ropa y que se sacara su pelo. Se quejó de que estaba muy cansado y luego se recostó. El martes amaneció con calentura y ya no fue a trabajar si no hasta el jueves. En la casa tomó Tylenol y mejoró un poco. El viernes cuando llegó a trabajar, su jefe le dijo que ya no iban a laborar por tres semanas. Fue en esos días en que anunciaron que se suspenderían las actividades de las empresas. El problema fue que la calentura no se le quitaba. Le dije que fuera al hospital, pero por miedo no se animó. Yo le insistí que tenía que ir para saber qué era lo que tenía.

El sábado fue al hospital y le dijeron que no tenía nada. El médico le indicó que estuviera en su casa por catorce días y que siguiera tomando Tylenol. Así estuvo el sábado y hasta el martes con calentura y dolor de pecho. Él mismo me decía que no se sentía bien y, además, empezaba a tener malestar en su pecho. Yo le puse agua con vapor y vaporub. También le di té y le quemé con un trapo caliente su cuello. Me empezó a preocupar porque ya no respiraba bien.

El martes llamé a una ambulancia para que se lo llevaran de urgencia al hospital. Lo recibieron en el Monte Sinaí. No me dejaron acompañarlo y solo me comentaron que se comunicarían más tarde. Me quedé sola con mis hijos esperando la llamada. El miércoles ninguna persona nos llamó. Por eso el jueves salí a buscarlo, pero para mi mala suerte, nadie me dio información. Más tarde hablé con mi cuñada. Ella es ciudadana americana y le dije lo que estaba pasando. Me consoló diciendo que ella se comunicaría al hospital. Así fue, el viernes por la mañana me dio un teléfono para que hablara con Ángel. Le llamé y le pregunté cómo se sentía. Al escucharlo me alegré porque me dijo que estaba un poco mejor. Solo me cuesta respirar, pero ya estoy bien. Me pidió que le llevara jugo y atole de granillo. Bien recuerdo que eran como las 10 de la mañana. Colgué y le comenté a mis hijos más chicos que su papá ya estaba bien, y que le iba a preparar su atole para llevárselo. También se lo compartí a los familiares de Ángel. Estábamos contentos porque el fin de semana estaríamos en casa juntos. Como a las 12 del día recibí una llamada de un número desconocido. La voz fue de una persona que hablaba inglés y que al mismo tiempo se apoyó de un perito intérprete. Me preguntaron primero si yo era Reyna, la esposa de Ángel. Les contesté afirmativamente y es cuando me dijeron que hablaban de parte del hospital para informarme que Ángel había fallecido. Fue como un golpe en el corazón. No supe que decir. Solo me puse a llorar y ya no pude seguir la comunicación. Al principio no creí en lo que me decían, porque había escuchado su voz y sentía que estaba bien. Es más, sus palabras fueron muy claras y por algo me había pedido lo que más le gustaba; su atole de granillo. No sé qué pasó en esas dos horas. Lo más trágico es que no hay alguien que conteste el teléfono para dar alguna información, que nos ayude a entender lo que pasó. Solo fue la noticia fría, de que Ángel estaba muerto.

Fueron momentos de mucho dolor y de mucha impotencia, porque no hay nadie que te preste auxilio y, además, no te permiten verlo. Solo la familia es la que por teléfono nos contestaba las llamadas y nos consolaba. No hay forma de saber dónde acudir para pedir informes. Lo único que pudo investigar mi cuñada es que buscáramos una funeraria, que tuviera algún espacio para poder cremarlo. Nunca creí que la mayoría de funerarias a las que hablé me dijeran que sus servicios estaban saturados y que no me podían programar una fecha para cremar a mi esposo. Gracias a Dios que encontramos un lugar esta semana.

Ahora viene lo más difícil, porque hay que conseguir el dinero. No hay esperanzas de que el gobierno nos ayude. Tampoco la empresa donde trabajaba Ángel, porque ahorita todo está cerrado y solo se puede hablar por teléfono. Como son oficinas nadie contesta. También hemos hablado al consulado de México y ni ahí nos contestan. Por eso, no hay a quién llamar ni a quién pedirle ayuda. Los familiares de Ángel son los que me van ayudar, porque tengo que pagar este lunes mil 700 dólares para el servicio de cremación. No sé cómo le voy a hacer para pagar ese dinero y para seguir comiendo con mis hijos. Hasta que pague me van a decir el día y la hora de la cremación. Solo espero que me entreguen sus cenizas, para que por lo menos podamos llorar y tener sus restos en una urna. Ojalá nos los puedan entregar, para sepultarlo como es nuestra costumbre. Ya que pase todo lo pensamos traer al pueblo, en Chimaltepec, municipio de Alcozauca, para que esté al lado de sus padres y abuelos.

Vivir en Nueva York en estos momentos del coronavirus es un gran sufrimiento, porque no existes para nadie. No hay una persona que te atienda. Cada quién está encerrado como en una cápsula. Todo mundo busca cómo sobrevivir y protegerse de los demás. No sabemos qué vamos a hacer, porque las autoridades de salud no nos han visitado para informarnos qué medidas vamos a tomar y qué estudios nos tienen que realizar. Además del dolor por haber perdido a mi esposo, quien se vino a Nueva York para darles una mejor vida a sus hijos, ahora nos encontramos también en riesgo. No sabemos si somos portadores del COVID – 19. Nos preocupa porque mi hermano y mi sobrino, con quienes compartimos el departamento, también tuvieron los mismos síntomas, aunque ahora están recuperándose. Nadie nos informa sobre lo que tenemos que hacer, para que no se vaya a repetir la historia de mi esposo.

Apenas una amiga mía que vive en el Alto Manhattan y es de Ixcuinatoyac, municipio de Alcozauca, me habló por teléfono, porque supo de la muerte de Ángel. Me compartió llorando de que su primo también había muerto a finales de marzo. Jhonny, es otro paisano, originario de San José Lagunas que también murió el mismo viernes 3 de abril. A los tres días tuvimos noticia de la muerte de Juan, quién radicaba en el Bronx y que era originario de Lomazoyatl, del mismo municipio de Alcozauca. Por último, nos informaron nuestros familiares que viven en la región, que en el periódico salió que otro paisano de Tlapa de nombre Armando, residente en Queens, también falleció el 27 de marzo.

Por los testimonios que hemos registrado con los familiares de las personas que residen en Nueva York son cinco las que han fallecido por la pandemia del coronavirus. Lo más grave es que los consulados no están proporcionando información sobre estos decesos y mucho menos están documentando y estableciendo contacto con las autoridades sanitarias, para atender a las familias de las personas que han fallecido, para prevenir mayores contagios y proporcionarles la atención médica que requieren. El caso de Reyna es un ejemplo de la desatención y discriminación que enfrenta la población migrante en la gran urbe donde se han reportado 9,385, siendo en su mayoría población latina y afroamericana. Un reporte reciente registra que el 34% es población latina y el 28% población afro, es decir el 62% de las defunciones corresponden a poblaciones marginadas. Se estima que alrededor de un millón de los hispanos en Nueva York son inmigrantes indocumentados sin seguro médico, según estimaciones del gobierno municipal. El mismo alcalde de Nueva York expresó que se trata de una “disparidad flagrante». Es decir, de la profunda desigualdad social y racial que existe en la ciudad más poblada de Estados Unidos, donde la población indígena de la Montaña enfrenta los estragos del COVID – 19, sin el apoyo de las autoridades mexicanas. El sueño se ha transformado en pesadilla para centenas de familias cuya sobrevivencia depende de las remesas que envían los migrantes de Nueva York, que en sus hogares ronda la muerte, y que en su horizonte, pesa la incertidumbre de cómo sobrevivir después del COVID – 19.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-morir-de-covid-19-en-nueva-york/

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OPINIÓN | COVID-19 y la fragilidad del sistema de salud pública

Por: Tlachinollan

Hemos quedado atónitos ante lo que ha sucedido en China y se está replicando en varios países europeos y en Estados Unidos, con la pandemia del coronavirus. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos vemos el gran abismo de nuestra fragilidad humana, ante la ola expansiva del virus, que se propaga por todo el orbe. De acuerdo con información de las agencias noticiosas, el nuevo coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID – 19, se ha propagado a más de 150 países. Se habla de que más de 275 mil personas en el mundo, se han contagiado con este virus y más de 11 mil personas han muerto hasta este viernes 20 de marzo. Actualmente hay 500 millones de personas en todo el mundo que se han aislado con el fin de frenar la pandemia, sin embargo, los casos de personas contagiadas siguen avanzando y las cifras de muertos continúan elevándose.

En nuestro país de acuerdo con informes de la Secretaria de Salud (SS) confirmó este viernes el segundo deceso por COVID – 19, reportando 203 casos positivos a nivel nacional; 606 sospechosos y mil 111, negativos. Con este segundo fallecimiento, la tasa de letalidad actual es del uno por ciento. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los funcionarios de la SS, el pico de la enfermedad podría presentarse a fines de abril y principios del mes de mayo, aunque mucho dependerá de que las acciones de sana distancia y las recomendaciones de higiene emitidas se realicen cabalmente.

Esta crisis sanitaria de nueva cuenta vuelve a mostrar las graves deficiencias y la fragilidad de nuestro sistema de salud. Es un sistema fragmentado por la diversidad de instituciones de salud, que atienden a los diferentes sectores de la población. En esta fragmentación se reproduce la desigualdad social que existe en nuestro país. La población mayoritariamente pobre, es la que en otros años atendió la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), posteriormente fue el programa conocido como Seguro Popular (SP) y actualmente, con el Lopezobradorismo se le ha bautizado como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Existe también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En estas instituciones de salud, la atención es diferenciada. Entre la población abierta el acceso a estos servicios esta muy restringida y limitada, porque la infraestructura hospitalaria se concentra en las principales ciudades donde existen pocos hospitales de segundo nivel que son insuficientes para atender a miles de pacientes. Esta situación se complica porque hay un gran déficit en cuanto a infraestructura médica, equipamiento, insumos, escasez de medicamentos, falta del personal de enfermería y médicos, que ha colocado a la población pobre en una situación sumamente critica. Los que menos tienen se les obliga a realizar más gastos de lo que se requiere para la atención médica. Los familiares de los pacientes tienen que comprar desde gasas, alcohol, medicamentos del cuadro básico pasando por los gastos catastróficos, como la compra de un marcapasos o un stent.

En Guerrero los servicios de salud son obsoletos e insuficientes. Se requiere ampliar la cobertura hospitalaria en las siete regiones del estado, con la apertura de nuevos hospitales. Es urgente la rehabilitación de la mayoría de ellos, pero sobre todo garantizar una cobertura óptima en los servicios básicos de la salud. Desde hace más de tres sexenios arrastramos un déficit económico altísimo, que es uno de los mayores quebrantos que enfrentamos en el estado. Lamentablemente el sistema de salud estatal ha servido como caja chica para el gobierno del estado, y ha sido también un terreno fértil para la corrupción entre los altos funcionarios.

Se ha dejado en total abandono a la población que vive en el campo y la que se encuentra asentada en las periferias de las principales ciudades del estado. Hay un total descuido en cuanto a los servicios que normalmente tienen que brindar los centros hospitalarios. Se denigra al paciente por el maltrato y la desatención, se hace más cruento su malestar por falta de personal médico y se trunca la posibilidad de garantizarle este derecho al no proporcionarle medicamentos, ni garantizarle estudios de laboratorio. Se ha normalizado que los pacientes tengan que cargar con los costos de la corrupción y pagar con dinero que no tienen los servicios de salud que el Estado debe de brindar de manera gratuita. La situación se complica para la mayoría de los pacientes porque ante la emergencia de la pandemia en Guerrero, se vive un momento critico por la transición que se está dando en cuanto nuevo modelo de salud, implantado por el gobierno federal a través del INSABI. Se vive en la incertidumbre porque aún no se conocen las reglas de operación, por lo mismo, no se tiene un plan bien diseñado para la atención integral de la salud entre los guerrerenses. El panorama se complica porque los mismos trabajadores de la salud se encuentran en la incertidumbre. Nadie tiene la certeza que serán contratados, mucho menos como será la nueva relación laboral. Por lo mismo, no hay condiciones para hacer frente al gran desafío del coronavirus.

A nivel nacional es preocupante que, en estos primeros días de la emergencia nacional causada por el coronavirus, haya sido solo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien asumió la alta responsabilidad de informar a la población sobre las medidas que se han tomado ante el grave problema del COVID -19. El Consejo de Salubridad General (CSG) tardó en reaccionar, cuando por ley es el órgano del Estado Mexicano que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. El Consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el presidente de la República. El ámbito de acción del Consejo abarca a todas las organizaciones, públicas y privadas, que constituyen el Sistema Nacional de Salud (SNS), incluyendo las autoridades administrativas federales, estatales y municipales. Fue hasta el jueves 19 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad General, realizó su primera sesión extraordinaria del año para declarar este padecimiento como una enfermedad grave que requiere atención prioritaria y, por lo mismo, se declaró en sesión permanente. Una de sus primeras decisiones fue avalar el plan de preparación y respuesta a la pandemia del COVID – 19, que lleva a cabo la SS. También el Consejo exhortó a los gobiernos de los estados y las instituciones de salubridad a presentar su plan de ampliación de servicios y reconversión de camas hospitalarias, para atender la demanda de enfermos con el nuevo coronavirus, sobre todo cuando el país transite de la fase I a la fase II.

La preocupación nacional y a nivel del Estado, es que en un inicio se dio un mensaje inapropiado de la amenaza de la pandemia. Se minimizó el problema, al grado que hasta el momento hay amplios sectores de la sociedad, que no creen en la letalidad del COVID – 19. En ciertos ámbitos del gobierno, se mantiene una postura optimista de que se encuentra bajo control el coronavirus. Es sumamente peligroso esta postura ambivalente por parte de algunos gobernantes, que no dimensionan las graves consecuencias de esta pandemia.  Tiene que haber un mensaje claro y contundente de las autoridades sobre las medidas sanitarias que toda la población debe de atender. En nuestra entidad debe igualmente funcionar el Consejo Estatal de Salud como máximo órgano en la toma de decisiones, que esté en permanente comunicación con el Consejo de Salubridad General, para no dar pasos en falso.

Se debe de informar con veracidad a la población y, sobre todo, se tiene que garantizar la atención a los sectores más alejados de los centros urbanos. Tememos que las autoridades federales y estatales estén realizando deliberadamente pocas pruebas con el fin de mostrar un bajo número de personas diagnósticas por el COVID – 19. En el caso de Guerrero el gobernador informó el viernes pasado, que en nuestra entidad hay 28 personas que están en estudio, y que hay cuatro casos confirmados; tres de Acapulco y uno de Chilpancingo. Esta muestra no es significativa de lo que realmente este sucediendo en nuestro estado, con el coronavirus porque hablamos de una población de más de 3 millones de habitantes.

Las razones de peso económico pueden llevarnos a una situación inmanejable, por eso es importante ampliar las pruebas a mayor número de pacientes, porque estamos ante una enfermedad altamente infectocontagiosa. Se tiene que revisar el mecanismo implementado a nivel estado para la realización de las pruebas, porque es insuficiente e ineficiente que solo sea a través de las jurisdicciones sanitarias, como se puedan realizar las muestras de los pacientes para de ahí trasladarlas al Puerto de Acapulco. Es un problema que se puede desbordar por la obsolescencia de este mecanismo y que, además, no esté reflejando el tamaño del problema que enfrentamos. La situación de violencia que enfrentamos y la grave crisis económica que padecemos nos puede llevar a la fase III, antes de lo pronosticado por el subsecretario de salud.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-covid-19-y-la-fragilidad-del-sistema-de-salud-publica/

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Qué hacer ante abuso infantil

27 de enero de 2017/Fuente: abc

Dos casos de abuso infantil trascendieron en estos días. Una menor de 11 años con seis meses de gestación y otra niña de apenas 2 años son víctimas de los hechos que conmocionaron. ¿Qué podemos hacer para salvar a los menores en estado de indefensión?

En la última semana, un nuevo caso de embarazo infantil acaparó los titulares periodísticos, generando preocupación en una parte de la ciudadanía.

Esta vez se trata de una niña de apenas 11 años que tiene seis meses de gestación. El caso trascendió cuando se descubrió que la menor estaba siendo atendida en la Cruz Roja Paraguaya, quien brindó cuidados prenatales a la niña por orden judicial, por lo que los datos de la menor se mantuvieron bajo estricta confidencialidad, para proteger a la víctima.

Muchos de nuestros lectores incluso cuestionaron el término elegido al momento de referirse a la menor, ya que al ser tan pequeña no fue embarazada, sino abusada.

Numerosos son los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de enfrentarse a la problemática del embarazo infantil. En primer momento, se encuentran los derechos de la menor que fue abusada, pero tampoco se puede dejar de pensar en los derechos del niño que viene en camino.

Como trasfondo principal, está la violencia sexual que esa menor sufrió y que se pudo haber evitado.

Recurrimos al Ministerio de Salud Pública para dilucidar algunas interrogantes con respecto a los pasos correctos que se deben tomar al momento de encontrarse ante un caso de embarazo adolescente, o, en todo caso, ante un caso de abuso que podría derivar en embarazo. Si bien ambos escenarios son igual de dolorosos, al menos en uno de ellos cabe la posibilidad de evitar un mayor daño sicológico a la menor, al poner sobre sus hombros la responsabilidad de ser mamá, sin que haya sido su voluntad.

SECUELAS SICOLÓGICAS

La doctora Lida Sosa, jefa de Programas de Salud del Ministerio de Salud, nos explicó que ante un caso de embarazo adolescente, no solo se deben tener en cuenta las consecuencias físicas, sino también las sicológicas y sociales que tiene este fenómeno para las niñas. Estas pierden su independencia, su inocencia, se sumergen en un temor de que les vuelva a suceder lo mismo, y muchas veces incluso en una tristeza que les impide volver a ser las mismas.

En cuanto al aspecto social, lamentablemente, esos niños que vienen al mundo vuelven a crecer en medio de numerosas carencias, continuando así un círculo de pobreza que afecta a una gran parte de esta población, que es una de las más vulnerables, explicó la profesional.

En el aspecto físico también se dan varios cambios que pueden ser riesgosos. En el principio de la adolescencia, el aparato reproductor femenino apenas empieza su maduración. Si bien es cierto que con las atenciones adecuadas el embarazo puede llegar a buen término, también es verdad que pueden darse complicaciones como los partos prematuros, que son habituales.

Es por eso que el Ministerio de Salud sostiene que la mejor arma contra estos casos es la prevención, a través de la educación sexual integral y sin tapujos, desde los primeros años de la adolescencia.

Si no hubo manera de evitar el hecho de violencia sexual, el primer paso debe ser recurrir a un servicio de salud pública.

Mientras más rápida sea la atención, mayores posibilidades hay de prevenir la posibilidad de embarazo, así como de infecciones de transmisión sexual.

CUANDO NO HAY RASTROS

Un caso al que hay que prestarle bastante atención es el de los abusos que no presentan daños físicos, por lo que, aparentemente, «todo está bien».

Si bien el entorno no lo puede identificar a simple vista, existen ciertos signos de alarma que deben impulsar a tomar la decisión de llevar a la presunta víctima a una consulta sicológica. Los especialistas sí podrán identificar claramente si la menor está sufriendo o no un abuso.

Si usted tiene alguna sospecha de que un niño o adolescente podría estar siendo víctima de agresión sexual, debe comunicarse a la línea gratuita 147, o bien, hacer la denuncia directamente en la Fiscalía regional o en la Comisaría más cercana.

LA ATENCIÓN MÉDICA ES FUNDAMENTAL

A la par que interviene la justicia, el Ministerio de Salud Pública debe intervenir también. Por ello, es fundamental que los padres, responsables, o al menos una persona cercana a la menor, lleve inmediatamente a la víctima al puesto de salud más cercano.

Una vez en el hospital, los médicos están facultados para administrar la anticoncepción de emergencia, que consiste en una pastilla con el compuesto de Levonorgestrel, droga que tiene la cualidad de prevenir la posibilidad de embarazo. Este método solo se utiliza bajo prescripción médica en los casos de abuso.

El embarazo no es el único riesgo al que están expuestas las víctimas de abuso. También las infecciones de transmisión sexual son un riesgo importante.

Si la adolescente es llevada inmediatamente al centro de salud, los médicos tienen la posibilidad de administrarle medicamentos antirretrovirales, que impedirán que adquiera infecciones de transmisión sexual como el VIH y otras enfermedades que puedan atentar contra la salud. Es impresionante la cantidad de enfermedades de las que se puede salvar a la menor abusada con tan solo acercarla a un hospital lo más rápido posible. Es fundamental que la víctima reciba esta medicación. Cuanto antes se proceda a la toma del fármaco, la probabilidad de infección disminuye.

PROTOCOLO DE EMERGENCIA

El Ministerio de Salud posee un protocolo establecido para casos de agresión sexual; a través de este proceso, se brinda asistencia sanitaria oportuna e integral en todos los niveles.

Recordemos que, como dijo la doctora Lida Sosa, además de las consecuencias a nivel físico, se debe brindar a la víctima contención sicológica y acompañamiento del personal especializado para superar este episodio que significa un trauma para la víctima.

¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE UN ABUSO?

Si usted conoce de algún hecho de violencia o tiene la sospecha, por más mínima que sea, de que algún menor o incluso adulto, conocido, familiar o cercano está siendo abusado, debe remitir su denuncia a la Fiscalía o Comisaría más cercana.

La cartera sanitaria dispone de una serie de líneas a las que se puede comunicar para solicitar ayuda en caso de que se encuentre ante una emergencia.

Número de Urgencias del Ministerio Público, sede central: (021) 454-611

Fono Ayuda de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia: 147.

SOS Mujer, del Ministerio de la Mujer: 137.

Policía Nacional: 911

Centro de Atención a víctimas de violencia del Ministerio Público: (021) 210-785.

Servicio de apoyo a la mujer, del Ministerio de la Mujer: (021) 452 – 060

Departamento de Asuntos Familiares de la Policía Nacional: (021) 224-237.

Unidad de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas: (021) 421-106

Fuente: http://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/abuso-infantil-como-salvar-al-indefenso-1559011.html
Imagen: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2015/05/12/el-embarazo-en-el-caso-de-una-nina-de-11-anos-indefectiblemente-es-consecuencia-de-un-abuso-sexual-para-la-justicia-_589_573_1230005.jpg
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