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FMI, un enemigo común para la educación en Latinoamérica

Por Luciana Jouli, Mayra Pedraza

Las organizaciones sociales y políticas encuentran en las calles una forma de lucha frente a los avances neoliberales direccionados desde los organismos del poder económico y político . En América Latina, las movilizaciones y protestas son la expresión de las desigualdades sociales existentes que se viven y se sienten en los cuerpos de las y los latinoamericanas/os.

Desigualdades que, en la actualidad, expresan el proceso de concentración de riqueza y transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más acumulan que se dio en la pandemia.(1)

Ante este contexto de mayor desigualdad, el campo del pueblo opone resistencia en toda América Latina, encontrando nuevas formas de protesta, que van haciendo posible identificar un enemigo común y conocido: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un organismo internacional que define y determina las realidades económicas locales a través de las presiones por pago de sus deudas. Deudas que desde la educación no ha de ser pagada ni con los salarios de los trabajadores, ni con el hambre de los niños y adolescentes que llegan con hambre y necesidades insatisfechas a las aulas, ni con la restricción de este derecho, ni con la falta de acceso al derecho a la conectividad de la comunidad educativa.

Latinoamérica se mueve en defensa propia

Durante el 2020 y pese al pleno apogeo de la Pandemia, se vivieron movilizaciones y protestas impulsadas desde el sector educativo en toda América Latina.  Los trabajadores de la educación se vieron afectados particularmente y esto impulsó reclamos y resistencias en países como: Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Panamá.

Las consignas que se observaron en cada una de las movilizaciones desarrolladas se relacionaron con reclamos específicamente educativos, pero también abarcaron aspectos más amplios en cuanto a demandas sociales. En, Ecuador, las comunidades se posicionaron para combatir el «paquetazo de Lenín Moreno» y defender  el poder adquisitivo de los salarios  en medio de una crisis institucional gubernamental. En Chile, el conflicto educativo siempre estuvo latente. Los “mochilazos” y las “revoluciones pingüinas” así nos lo recuerdan. En 2019 las y los estudiantes despertaron a todo un país expresando que “no eran 30 pesos, sino 30 años” de ser los buenos alumnos del Fondo Monetario.

Por su parte, en Colombia, el pliego de peticiones también denominado «paquetazo», coincidió con la convocatoria de sindicatos y centrales obreras colombianas en rechazo a la violencia y las políticas de Iván Duque, su presidente. En tanto en Perú, el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Perú (sutep) exigió al gobierno destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a la educación. En ese país, mientras, se desarrollaba la salida del presidente en funciones, Martín Vizcarra, y la asunción de Fernando Sagasti. El SUTEP en conjunto con la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú) exigía la conformación de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, atravesado por fuertes manifestaciones.

En Paraguay y Uruguay, el reclamo se centró en mayor presupuesto para el sector educativo. Mientras tanto, en México la consigna se centró en el reclamo por la retribución del salario a docentes contratados. En Costa Rica, las movilizaciones fueron en rechazo al Fondo Monetario Internacional –FMI- y las políticas del gobierno. Mientras que en Panamá las centrales obreras docentes se posicionaron en contra las medidas de recorte de ayudas del Gobierno de Laurentino “nito” Cortizo, presidente de dicho país. A la vez que el pueblo de Bolivia exigía la renuncia de Víctor Hugo Cárdenas, el entonces ministro de Educación de facto de Bolivia, por promover la privatización de la educación en el país.

La efervescencia y las muestras de iniciativa popular que se viven en Latinoamérica nos permiten afirmar, como Giménez y Caciabue que  “la calle no es de la derecha reaccionaria y rancia -aunque se vista de jóvenes libertarios-, la calle es de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que cierre con todas, todos y todes adentro, esa es la deuda urgente”.

Históricamente, la resistencia a la mercantilización de la educación, impuesta generalmente por el FMI, ha marcado la agenda de las organizaciones sociales políticas en general y de las comunidades educativas, en particular. Las protestas y movilizaciones en Latinoamérica descritas dan cuenta del clamor popular respecto de la urgencia de terminar con las desigualdades sociales existentes, así como también de la disposición de los sectores del campo y del pueblo a tomar las calles y levantar sus voces por una sociedad donde una vida digna no sea un reclamo, sino un derecho. Donde la deuda a pagar sea con el pueblo y no con los organismos internacionales.

Argentina: ¿los organismos internacionales deciden?

No sólo se debe remitir a la memoria cercana de los pueblos vecinos. Argentina ha sido, a lo largo de la historia, el campo de disputa entre un proyecto de subordinación y dependencia, por un lado y de soberanía e independencia, por el otro. Desde 1824, con el empréstito Baring Brothers, Argentina entra en el camino del endeudamiento. El FMI hará su aparición primero en la década del 60, y con más fuerza luego de la crisis de la deuda de la década del 80 y los gobiernos neoliberales de los ’90.

En el sector educativo, los organismos internacionales también desarrollaron sus estrategias. En particular, en agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior (Nº 24.521), ley que fue propuesta y financiada por el Banco Mundial (BM).

Según Etchichury (2016) “El Banco Mundial, aprobó un crédito específico para la reforma de la educación superior, cuya ejecución se inició en 1995. El informe técnico correspondiente a aquel préstamo describía los problemas centrales que el BM observaba en el sistema universitario de 1995 y adelantaba sus propuestas de solución. Ante ese panorama, el Banco y el Gobierno argentino acordaron un préstamo por 165 millones de dólares destinado —según declara el BM— a “establecer un ambiente competitivo para el mejoramiento de la educación superior y proveer, a través de un mecanismo transparente de financiamiento, los incentivos apropiados para avances continuos en eficiencia educativa y mejora de la calidad” (The World Bank, 2004: 2)”.

Dicha ley regula y determina los objetivos, alcances, financiamiento y recursos de la educación superior en Argentina hasta el día de hoy. Horacio Etchichury describe en su trabajo titulado “La tercera década: Ley de Educación Superior y el legado del Banco Mundial” publicado en 2016, que el proyecto sostenido con el crédito aprobado en 1995, tiene el 31 de diciembre de 2003 como fecha de conclusión. Un año después, el Banco Mundial elaboró un informe de evaluación donde consideró “satisfactorio el nivel alcanzado en el logro de los objetivos del proyecto”.

No al Presupuesto del FMI! Paro Nacional Docente y movilización el miércoles 24 de octubre | UTE

Como se sabe tanto el FMI, como el Grupo Banco Mundial, fueron creados en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Para ser elegibles como miembros del Grupo Banco Mundial, los países deben primero adherirse al FMI. Tales aspectos vislumbran lo objetivos comunes de dichos organismos.

Actualmente, el discurso de la fuerza social de Juntos por el Cambio -JxC-, compuesto por las alianzas del neoliberal PRO, sectores concentrados de la economía local en asociación con trasnacionales, ONG’s y Fundaciones y representado en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en la diputada de CABA María Eugenia Vidal, sostiene en sus discursos que estamos “aislados del mundo” y es necesario “volver”. Esto no significa otra cosa que la vuelta al circuito de la financiarización y sus consiguientes consecuencias para la sociedad en general y el sistema educativo, en particular. Es necesario recordar que los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y la asesoría del FMI dieron como resultado mayor desigualdad social.

Uruguay: Estudiantes salieron a la calle para protestar contra la reforma educativa - El Chubut

Según el informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín, la educación pasó de representar el 7,8 por ciento del presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020; hubo un descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que llegó a ser en el 2020 sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión y un recorte del presupuesto en obras del 2018 al 2019 de un 71%. La cara más oscura de este proceso de desinversión se hizo visible en la explosión que ocurrió en agosto de 2018, en la escuela N°49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, qué se cobró las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Otro hecho de negligencia ocurrido bajo el gobierno macrista  que no se puede omitir son las 135 mil netbooks que fueron encontradas en febrero de 2020 en el Correo Argentino y que no habían sido entregadas a las/os niñas/os y adolescentes del sistema educativo nacional.

El pueblo argentino siempre fue un centro de resistencia a los Planes de Ajuste Estructural que el FMI y los organismos internacionales han intentado imponer sobre el país.  El 2021 nos encuentra con un sector educativo que necesita transformaciones y una deuda al organismo multilateral de crédito de 46 mil millones de dólares, número cercano al tercio de las acreencias totales del organismo. Tal como describió el diputado y sindicalista Hugo Yasky: “El préstamo que tomó el FMI equivale a construir 13.133 escuelas”.

No puede caer sobre los hombros de trabajadoras, trabajadores y las y los miembros de la comunidad educativa el pago de la deuda. Tal como lo ha dicho la calle: “Nosotras/os no debemos nada”. En todo caso, la deuda es con los derechos y las condiciones de igualdad. Ante una profunda crisis sistémica global, las pérdidas se intentan imponer sobre los millones de trabajadores, mientras el 1% de la humanidad (donde se encuentran los dueños de las grandes tecnológicas que fueron protagonistas de la educación en pandemia) incrementa su patrimonio, apropiándose de las riquezas socialmente producidas.

Es momento de emprender la escuela de la lucha callejera, donde el Pueblo demuestra su fuerza, construye su historia y aprende a conseguir conquistas y derechos; donde los movimientos sociales y las organizaciones manifiestan sus reclamos e intereses. El pago de la deuda no puede significar reducción de presupuesto educativo, baja de los salarios a trabajadores de la educación, infraestructuras obsoletas y niñas/niños y jóvenes sin dispositivos ni conectividad. Las comunidades educativas, comunidades de aprendizajes, en conjunto con los sectores del pueblo, deberán constituirse también como ámbitos donde acumular fuerza para no permitir este nuevo intento de avance en las lógicas de mercantilización de la educación.

Nota:

(1) Ver: Otro 17 de octubre: Un balance de la coyuntura argentina con la mirada en la calle, Paula Giménez y Matías Caciabue, https://estrategia.la/2021/10/17/otro-17-de-octub…esta-en-la-calle/

Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://rebelion.org/fmi-un-enemigo-comun-para-la-educacion-en-latinoamerica/

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Débil consenso global en «los futuros de a educación»: el mundo urge nuevo contrato social sin proponer planes de acción. UNESCO

Dos años de preparación y consultas mundiales de la UNESCO que involucraron a más de un millón de personas han terminado en un débil consenso global sobre los futuros de la educación. Este informe urge un nuevo contrato social para la educación como paso fundamental para reimaginar juntos nuestros futuros «pacíficos, justos y sostenibles», a partir de transformar la educación misma para lograr algo similar con esos futuros, pero reconoce que las propuestas son simplemente un punto de partida, una invitación a pensar e imaginar más que un plan de acción. Su texto íntegro se acaba de publicar en inglés y francés, y no saldrá en español y otros idiomas hasta el 2022.
No obstante, UNESCO ha puesto ambición tanto en el título de su nuevo informe mundial sobre el futuro de la educación, titulado Reimaginar nuestro futuro juntos: un nuevo contrato social para la educación, como en su premisas de que la humanidad y el planeta Tierra se encuentran en peligro y la gobernanza democrática ha retrocedido. También en el método de buscar y adoptar medidas consensuadas de forma urgente para cambiar de rumbo y replantearnos nuestros futuros.

La tradición de informes como este (sus 4 precedentes históricos fueron Aprender a ser: la educación del futuro,  en 1971-1972; La educación encierra un tesoro,  1993-1996; Los Siete saberes necesarios para la educación del futuro, 1999, y Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?) es de presentarlos como históricos y únicos en cada generación para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje darán forma al futuro de la humanidad y del planeta. Pero ante la generación que ha de afrontar grandes desafíos de creciente desigualdad ante las previsibles disrupciones de la inteligencia artificial y las pretensiones de dotar de ética y derechos a las máquinas, UNESCO se limita a recordar principios reconocidos como derechos humanos formalmente por la ONU en 1948 como una educación de calidad a lo largo de toda la vida o la educación como bien público y común, según expertos del Consejo Editorial de Ibercampus.

Preparado por una Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación que preside la presidenta del país más pobre del mundo las últimas décadas, la República Democrática Federal de Etiopía, Sahle-Work Zewde, el Informe busca desde antes de la Covid 19 proyectar la educación hasta el año 2050 y más allá, así como según la literatura oficial navegar por las interrupciones clave relacionadas con el clima, la participación democrática, la digitalización y el trabajo. Pero casi su única receta para garantizar esos dos principios institucionalizados a partir de 1948 es urgir un nuevo contrato social para la educación que tiene como objetivo reequilibrar nuestras relaciones entre nosotros, el planeta y la tecnología.

En un momento en que el clima, la salud y los desafíos tecnológicos se cruzan, repensar la educación es más necesario que nunca para orientar el futuro, dijo la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. Y debemos hacer esto juntos porque la educación del mañana debe dejar más espacio para la participación y la contribución de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general. Este informe propone acciones para forjar este nuevo contrato social para nuestras sociedades.

El Informe pide también pedagogías para enfatizar cambios en la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Insta a que los planes de estudio se orienten hacia el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario. Afirma que la enseñanza debe profesionalizarse aún más como un esfuerzo colaborativo y reconocer a los docentes como figuras clave en la transformación educativa y social. Pide también que las escuelas sean protegidas como sitios indispensables para promover la inclusión, la equidad y el bienestar colectivo, pero que se rediseñen para fomentar una mayor colaboración y convertirse en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad de carbono.

El Informe hace un llamamiento a un programa de investigación colaborativa sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida e insta a renovar la solidaridad global y la cooperación internacional para expandir las oportunidades educativas en los espacios sociales, culturales y profesionales.

Afirma que el derecho a la educación debe ampliarse para que sea de por vida y abarque el derecho a la conectividad. Uno de los mensajes clave que nuestra Comisión escuchó de todas las consultas es que la educación no solo es esencial para que las personas vivan una vida digna y significativa; también es crucial para dar forma a nuestros futuros compartidos , dijo el presidente Sahle-Work Zewde. Pensar en la educación como una forma de bienestar compartido es una idea clave que se encuentra presente en el informe. Nuestros sistemas educativos deben enfatizar mejor nuestra interconexión, fomentar el pensamiento crítico, el compromiso cívico y la conciencia de nuestra humanidad y nuestro planeta compartidos. Forjar un nuevo contrato social para la educación es un paso fundamental hacia la reinvención de nuestro futuro juntos.

El Informe pide que millones de personas, instituciones y organizaciones de todo el mundo impulsen y realicen el nuevo contrato social,  llamando a los educadores, jóvenes, investigadores y tomadores de decisiones a renovar la educación tras discutir lo que debemos mantener, lo que debemos abandonar, lo que necesita ser reinventado y cómo lograrlo en sus instituciones educativas y comunidades.

Nombrada en 2019, la Comisión Internacional está compuesta por líderes de la política, el mundo académico, las artes, la ciencia, los negocios y la educación. De las 17 personas que la integran, tres son latinoamericanas: Cristovan Buarque, político y profesor emérito de la Universidad de Brasíl; Elisa Guerra, profesora, fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, en México, además de autora de la serie Filadelfia para la Editorial Pearson y Premio ALAS-BID a la mejor educadora de Latinoamérica 2015, y Tarcila Rivera Cea, una de las más reconocidas activistas indígenas en Perú y el mundo, presidenta de CHIRAPAQ, Centro para Culturas Indígenas de Perú.

Hacia un nuevo contrato social para la educación: resumen de 186 páginas

Nuestro mundo atraviesa un momento crítico. Ya sabemos que el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para la renovación y la transformación. Sin embargo, las disparidades mundiales, así como la necesidad apremiante de replantearnos por qué, cómo, qué, dónde y cuándo aprendemos, suponen que la educación aún no está cumpliendo su promesa de ayudarnos a forjar un futuro pacífico, justo y sostenible.

En nuestra búsqueda de crecimiento y desarrollo, los seres humanos hemos ejercido demasiada presión sobre nuestro medio natural, poniendo en peligro nuestra propia existencia. Hoy en día, los altos niveles de vida coexisten con profundas desigualdades. Aunque cada vez más personas participan en la vida pública, el tejido de la sociedad civil y la democracia está perdiendo firmeza en muchos lugares del mundo. Los rápidos cambios tecnológicos están transformando muchos aspectos de nuestra vida, pero estas innovaciones no están orientadas como deberían a la equidad, la inclusión y la participación democrática.

Todas las personas que viven hoy en día tienen la importante obligación, tanto para con las generaciones actuales como para con las futuras, de garantizar que nuestro mundo sea un mundo de abundancia y no de escasez, y que todos disfruten plenamente de los mismos derechos humanos. A pesar de la urgencia de actuar, y en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para estar llenos de esperanza. Como especie, nos encontramos en un momento de nuestra historia colectiva en el que tenemos más acceso que nunca al conocimiento y a herramientas que nos permiten colaborar. Para la humanidad, la posibilidad de participar en la creación conjunta de mejores futuros nunca ha sido mayor.

Este informe mundial de la Comisión Internacional sobre Los futuros de la educación plantea la cuestión de la función que puede cumplir la educación para dar forma a nuestro mundo común y nuestro futuro compartido de cara a 2050 y más allá. Las propuestas que presenta son el resultado de un proceso mundial de participación y creación conjunta de dos años, que mostró que un gran número de personas, ya fueran niños, jóvenes o adultos, son muy conscientes de que estamos conectados en este planeta compartido y de que mejorar esa experiencia para todos exige que trabajemos juntos.

A menudo ya están dedicados a generar esos cambios ellos mismos. Este informe incorpora sus contribuciones a todos los factores, desde la forma de replantearse el espacio de aprendizaje hasta la descolonización de los planes de estudios y la importancia del aprendizaje social y emocional, y explora sus miedos reales y crecientes en relación con el cambio climático, las crisis como la COVID-19, las noticias falsas y la brecha digital.

La educación, es decir, la forma de estructurar la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida, ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la transformación de las sociedades humanas. Nos conecta con el mundo y entre nosotros, nos abre a nuevas posibilidades y refuerza nuestras capacidades de diálogo y acción. Pero para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles, es necesario transformar la educación misma.

La educación puede considerarse un contrato social, esto es, un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad de cooperar para obtener un beneficio común. Un contrato social es más que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente arraigados. El punto de partida es una visión común de los fines públicos de la educación. Este contrato consiste en los principios fundacionales y organizativos que estructuran los sistemas educativos, así como en el trabajo distribuido que se realiza para crearlos, mantenerlos y perfeccionarlos.

Durante el siglo XX, la educación pública buscaba esencialmente apoyar a la ciudadanía nacional y los esfuerzos de desarrollo mediante la escolaridad obligatoria de niños y jóvenes. Pero en el momento actual, en el que nos enfrentamos a graves riesgos para el futuro de la humanidad y la propia vida del planeta, debemos reinventar urgentemente la educación para que nos ayude a afrontar los retos comunes. Este acto de reimaginar significa trabajar juntos para crear futuros que sean compartidos e interdependientes. El nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y aportar el conocimiento y la innovación necesarios para forjar futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados en la justicia social, económica y ambiental. Y debe también, al igual que hace el presente informe, defender la función que desempeñan los docentes.

Son tres las preguntas esenciales que deben plantearse en materia de educación de cara a 2050, a saber, ¿qué deberíamos seguir haciendo?,¿qué deberíamos dejar de hacer? y ¿qué debería reinventarse de forma creativa?

Principios fundacionales

Todo nuevo contrato social debe basarse en los amplios principios que sustentan los derechos humanos (inclusión y equidad, cooperación y solidaridad, así como responsabilidad colectiva e interconexión) y deberá regirse por los dos principios fundacionales siguientes:

  • Garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida. El derecho a la educación, establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe seguir siendo el fundamento del nuevo contrato social para la educación y debe ampliarse para incluir el derecho a una educación de calidad durante toda la vida. También debe abarcar el derecho a la información, a la cultura y a la ciencia, así como el derecho a acceder y contribuir al patrimonio común de conocimientos, es decir, los recursos de conocimiento colectivos de la humanidad que se han acumulado durante generaciones y que se transforman continuamente.
  • Reforzar la educación como bien público y común. En su calidad de esfuerzo social compartido, la educación crea propósitos comunes y permite que los individuos y las comunidades florezcan de forma conjunta. Un nuevo contrato social para la educación no solo debe garantizar que esta reciba financiación pública, sino que comprende también un compromiso de la sociedad en general de incluir a todos en los debates públicos sobre la educación. Es este énfasis en la participación lo que refuerza la calidad de patrimonio común de la educación, esto es, una forma de bienestar compartido que se elige y se logra conjuntamente.

Estos principios fundacionales reposan en lo que la educación ha permitido a la humanidad conseguir hasta ahora y contribuyen a garantizar que, a medida que avanzamos hacia 2050 y más allá, la educación empodere a las generaciones futuras para que reimaginen sus futuros y renueven sus mundos.

Entre las promesas del pasado y las incertidumbres del futuro

La agravación de las desigualdades sociales y económicas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, un uso de los recursos que sobrepasa los límites planetarios, el retroceso democrático y las tecnologías de automatización disruptivas son las características de nuestra coyuntura histórica actual. Estas múltiples crisis y desafíos que se superponen socavan nuestros derechos humanos individuales y colectivos, y han provocado daños para una gran parte de la vida en la Tierra. Aunque la expansión de los sistemas educativos ha creado oportunidades para muchos, un gran número de personas debe conformarse con un aprendizaje de baja calidad.

Mirar hacia el futuro nos pone frente a un cuadro aún más sombrío. Ciertamente, es posible imaginar un planeta agotado, con menos espacios para la habitación humana. Los escenarios futuros extremos también incluyen un mundo en el que la educación de calidad es un privilegio de las élites, y en el que amplios grupos de personas viven en la miseria porque no tienen acceso a los bienes y servicios esenciales. ¿No harán las desigualdades educativas actuales más que agravarse con el tiempo hasta que los planes de estudios lleguen a ser irrelevantes? ¿Cómo afectarán estos posibles cambios a nuestra humanidad esencial?

Ninguna tendencia es inexorable. Son posibles múltiples futuros alternativos, con transformaciones disruptivas en diversas esferas clave, como se indica a continuación:

  • El planeta está en peligro, pero la descarbonización y la ecologización de las economías están en marcha. En este caso, los niños y los jóvenes ya cumplen una función de liderazgo, exigiendo una acción real y haciendo severos reproches a quienes se niegan a afrontar la urgencia de la situación.
  • En el último decenio, el mundo ha sido testigo de un retroceso de la gobernanza democrática y un aumento del sentimiento populista impulsado por la identidad. Al mismo tiempo, han prosperado la participación ciudadana y el activismo cada vez más activos que combaten la discriminación y la injusticia en todo el mundo.
  • Las tecnologías digitales encierran un enorme potencial de transformación, pero aún no hemos descubierto cómo hacer realidad sus numerosas promesas.
  • El reto de crear un trabajo decente centrado en el ser humano está a punto de tornarse mucho más complejo a medida que la inteligencia artificial (IA), la automatización y las transformaciones estructurales cambian la configuración de los panoramas laborales en todo el mundo. Al mismo tiempo, cada vez más personas y comunidades reconocen el valor del trabajo de asistencia y cuidado y las múltiples formas en que debe brindarse seguridad económica.

Cada una de estas nuevas perturbaciones ejerce repercusiones considerables para la educación. A su vez, lo que hagamos juntos en materia educativa determinará la forma en que responderá.

Actualmente, la forma en que organizamos la educación alrededor del mundo no basta para garantizar sociedades justas y pacíficas, un planeta sano y un progreso compartido que beneficie a todos. De hecho, algunas de nuestras dificultades provienen de nuestra manera de impartir educación. Un nuevo contrato social para la educación debe permitirnos pensar diferente sobre el aprendizaje y las relaciones entre los alumnos, los docentes, el conocimiento y el mundo.

Propuestas para renovar la educación

La pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Debería fomentar las capacidades intelectuales, sociales y morales de los alumnos, para que puedan trabajar juntos y transformar el mundo con empatía y compasión. Al mismo tiempo, hay que “desaprender” la tendenciosidad, los prejuicios y las divisiones. La evaluación debería reflejar estos objetivos pedagógicos, de tal modo que se promuevan un crecimiento y un aprendizaje significativos para todos los alumnos.

Los planes de estudios deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos, y producirlos, y que desarrolle al mismo tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. Los planes de estudios deben adoptar una comprensión ecológica de la humanidad que reequilibre la forma en que nos relacionamos con la Tierra, teniendo en cuenta que es un planeta vivo y nuestro único hogar. Es importante frenar la difusión de información errónea mediante una alfabetización científica, digital y humanística que refuerce la capacidad de distinguir la mentira de la verdad. En los contenidos, métodos y políticas de educación deberíamos promover la ciudadanía activa y la participación democrática.

La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes de productores de conocimientos y figuras clave de la transformación educativa y social. La labor de los docentes debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo. La reflexión, la investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas deberían ser parte integrante de la enseñanza. Esto significa que hay que respaldar la autonomía y la libertad de los docentes, y que estos deben participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros de la educación.

Las escuelas deberían ser lugares educativos protegidos, ya que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo, y también deberían reimaginarse con miras a facilitar aún más la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Las escuelas deben ser sitios que reúnan a grupos diversos de personas, ofreciéndoles desafíos y oportunidades que no existen en ninguna otra parte. Hay que aportar las modificaciones necesarias a las arquitecturas, los espacios, los horarios y las agrupaciones de alumnos de las escuelas, a fin de alentar y permitir a los individuos para que trabajen de consuno. Las tecnologías digitales deberían tener como objetivo apoyar a las escuelas, y no sustituirlas. Las escuelas deberían forjar los futuros a los que aspiramos garantizando los derechos humanos y convirtiéndose en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad en carbono.

Deberíamos disfrutar y acrecentar las oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida y en diferentes entornos culturales y sociales. En todo momento de la vida, las personas deberían tener oportunidades educativas significativas y de calidad. Deberíamos conectar los lugares naturales, físicos y virtuales de aprendizaje, aprovechando al máximo las mejores características de cada uno. Los principales responsables son los gobiernos, cuya capacidad de financiación y regulación pública de la educación debería fortalecerse. Es necesario ampliar el derecho a la educación, a fin de que sea permanente y abarque el derecho a la información, la cultura, la ciencia y la conectividad.

Promoción de un nuevo contrato social para la educación

El cambio y la innovación a gran escala son posibles. Estableceremos un nuevo contrato social para la educación mediante millones de actos individuales y colectivos: actos de valor, liderazgo, resistencia, creatividad y cuidado. Un nuevo contrato social debe superar la discriminación, la marginación y la exclusión. Debemos esforzarnos por garantizar la igualdad de género y los derechos de todos, independientemente de la raza, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la edad o la ciudadanía. Se necesita un enorme compromiso en favor del diálogo social y del pensamiento y la actuación conjuntos.

Un llamamiento a la investigación y la innovación. Un nuevo contrato social requiere un programa de investigación colaborativo de alcance mundial que se centre en el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Este programa debe basarse en el derecho a la educación e incluir diferentes tipos de datos y formas de conocimiento, incluido el aprendizaje horizontal y el intercambio de conocimientos más allá de las fronteras. Deberían aceptarse las contribuciones de todos, de los docentes a los alumnos, y de los académicos y centros de investigación a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Un llamamiento a la solidaridad mundial y la cooperación internacional. Un nuevo contrato social para la educación requiere un compromiso renovado de colaboración mundial que fomente la educación como un patrimonio común, sobre la base de una cooperación más justa y equitativa entre los agentes estatales y no estatales. La comunidad internacional desempeña un papel esencial para ayudar a los agentes estatales y no estatales a ajustarse a los propósitos, normas y reglas compartidos necesarios para hacer realidad un nuevo contrato social para la educación. En este sentido, debería respetarse el principio de subsidiariedad y promoverse los esfuerzos locales, nacionales y regionales. Deben tenerse en cuenta en particular las necesidades educativas de los solicitantes de asilo, los refugiados, los apátridas y los migrantes, mediante la cooperación internacional y el trabajo de las instituciones mundiales.

Las universidades y otras instituciones de educación superior deben participar activamente en todos los aspectos de la creación de un nuevo contrato social para la educación. Ya sea que apoyen la investigación y el avance de la ciencia, o que sean colaboradoras contribuyentes de otras instituciones y programas de educación de sus comunidades y el resto del mundo, las universidades creativas, innovadoras y comprometidas con el afianzamiento de la educación como patrimonio común cumplen una función clave en los futuros de la educación.

Es esencial que todos puedan contribuir a forjar los futuros de la educación: niños, jóvenes, padres, docentes, investigadores, activistas, empleadores, líderes culturales y religiosos, etc. Tenemos tradiciones culturales profundas, ricas y diversas que pueden servir de cimiento, y los seres humanos cuentan con una gran capacidad de acción colectiva, inteligencia y creatividad. Ahora nos enfrentamos a una importante disyuntiva, a saber, seguir por un camino insostenible o cambiar radicalmente de rumbo.

El presente informe sugiere respuestas a las tres preguntas básicas siguientes: ¿qué deberíamos seguir haciendo?, ¿qué deberíamos dejar de hacer? y ¿qué debería reimaginarse de forma creativa? No obstante, las propuestas son simplemente un punto de partida. Este informe es más una invitación a pensar e imaginar que un plan de acción. Estas cuestiones deben abordarse y responderse en las comunidades, los países, las escuelas y los programas y sistemas educativos de todo tipo, en todo el mundo.

Establecer un nuevo contrato social para la educación es un paso fundamental para reimaginar juntos nuestros futuros.

Fuente: https://www.ibercampus.es/debil-consenso-global-en-los-futuros-de-a-educacion-urge-nuevo-contrato-social-sin-proponer-planes-de-accion.htm

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Maestros protestan contra primer presidente profesor de Perú

Maestros peruanos protestaron por primera vez contra la gestión de Pedro Castillo, el primer profesor de escuela que alcanza la presidencia de Perú, reclamando más presupuesto para la educación.

Maestros peruanos protestaron por primera vez el martes contra la gestión de Pedro Castillo, el primer profesor de escuela que alcanza la presidencia de Perú, reclamando más presupuesto para la educación.

El epicentro de la manifestación fue en el centro histórico de Lima, por cuyas calles más de mil maestros marcharon hasta llegar frente al Congreso, donde agitaron banderas del más antiguo sindicato magisterial y le pidieron a Castillo que cumpla con sus promesas electorales. La protesta fue pacífica y sólo duró algunas horas. La policía no usó varas ni bombas lacrimógenas.

“Estamos exigiendo al gobierno y Congreso que respeten la Constitución y que destinen 6% del PBI para educación”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de la Educación Peruana (SUTEP). El Congreso debatía durante la jornada el presupuesto de 2022, incluido el de educación.

No marcharon los maestros afiliados a otro sindicato llamado Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE) —que el actual presidente Castillo fundó en 2017— y rivaliza con el SUTEP. Los manifestantes también pidieron la destitución del ministro de Educación, Carlos Gallardo, y la anulación de una prueba de evaluación para profesores donde se filtraron varias respuestas.

Los maestros resaltaron que la educación peruana se encuentra en crisis y que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en el Perú las clases escolares presenciales se reiniciarán en marzo. Con cifras oficiales en mano, recordaron que 60% de escuelas públicas no tiene servicios básicos, 43% no tiene acceso a agua potable, 21% no tiene energía eléctrica y que 300.000 escolares han pasado de escuelas privadas a públicas porque sus padres se han arruinado con la pandemia.

Castillo se convirtió desde el 28 de julio en el primer presidente de origen campesino en llegar a la presidencia de Perú. Antes era un dirigente de maestros y ejercía la docencia en una escuela rural.

Fuente: https://www.larazon.es/internacional/america/20211124/mc2n2gzwizevffo5f7crmipnoq.html

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A la educación pública solo falta que le desconecten el respirador

Por: Juan Félix Gossen

Argentina tuvo uno de los sistemas de educación pública más avanzados del mundo. Llegamos a ser la envidia de América Latina.

Pero hoy tenemos un estado que ni siquiera puede garantizar el reemplazo de trabajadores auxiliares con licencia para que no se suspendan las clases: cuatro días de clases perdidos, en las últimas dos semanas, por este motivo en la Primaria 121 de La Plata. Lamentablemente es una situación que se repite en muchas escuelas.

A esta situación se le suman los numerosos días de clases que se perdieron, desde el retorno de la presencialidad, por las licencias docentes sin reemplazo y los problemas de infraestructura (gas, agua, luz, etcétera). Son días de clases que no se recuperan. Están configurando una sociedad con chicos y chicas con una escolaridad fragmentada.

La suspensión de clases, en lugar de ser un hecho de excepcionalidad, se está convirtiendo en la opción más fácil. Los 180 días de clases, garantizados por ley, son sólo letra muerta en un papel.

Son responsables de esta crisis los principales partidos, oficialismo y oposición, con responsabilidad de gestión en la provincia y en los consejos escolares.

La educación pública hace rato que está en coma y solo falta que le desconecten el respirador.

(*) Juan Félix Gossen es periodista y padre de un alumno de la Primaria 121 de La Plata.

Fuente de la información e imagen:  https://realpolitik.com.ar

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Niveles de educación cayeron dos años en Latinoamérica durante la pandemia

Los países con un mayor retraso en la escolaridad son Panamá con 4.7, Guatemala y Honduras con 4.8 y Haití que bajó a 5 años de escolaridad, según estimaciones del Banco Mundial.

Los niveles de educación en Latinoamérica han retrocedido dos años durante la pandemia al pasar de tercero a primero de secundaria los conocimientos medios de los estudiantes, según datos difundidos este sábado.

Con la reanudación de las clases presenciales el reto se centra ahora en recuperar las habilidades de aprendizaje y conocimientos de los estudiantes para evitar su frustración en los estudios y baja preparación cuando entren en el mercado laboral, aseguró Daniela Rosales, gerente de la empresa de enseñanza Kumon México.

Rosales recordó que según estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en todos los países de Latinoamérica un rezago equivalente a dos y medio años de escolaridad.

Los países con un mayor retraso en la escolaridad son Panamá con 4.7 años de escolaridad, Guatemala y Honduras con 4.8 y Haití que bajó a 5 años de escolaridad.

Rosales destacó que para revertir el retraso escolar es fundamental una respuesta educativa con clases extraescolares que fortalezcan las habilidades de aprendizaje para dar a los alumnos las herramientas adecuadas que mejoren su futuro a nivel profesional.

Kumon reabrió sus centros en México y Centroamérica para clases presenciales tras un año y medio de implementar un sistema híbrido por la pandemia del covid-19.

Durante la pandemia los centros de enseñanza extraescolar de Kumon mantienen tres tipos de modalidades: la presencial, clases a distancia e híbrida.

Fuente: https://www.elnacional.com/mundo/niveles-de-educacion-cayeron-dos-anos-en-latinoamerica-durante-la-pandemia/

 

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El Gobierno de México insiste en el regreso a clases presenciales de todos los alumnos

Más de 18,5 millones de estudiantes han vuelto a las aulas en un país que lucha con la deserción escolar, los estragos y los miedos tras casi dos años de pandemia.

El regreso de los alumnos a las aulas se ha vuelto una de las prioridades del Gobierno mexicano tras un año y ocho meses de pandemia. El anuncio de la vuelta a clases presenciales se dio desde el pasado 30 de agosto, pero la transición aún avanza a tientas, entre padres de familia que sienten incertidumbre y maestros y estudiantes que batallan para acostumbrarse a un sistema híbrido. La Secretaría de Educación Pública (SEP) barajaba que para los primeros días de noviembre la situación pudiera normalizarse, pero ha evitado establecer un plazo concreto para lograrlo. Andrés Manuel López Obrador ha llevado el tema este lunes a la tribuna presidencial y ha dicho que el asunto es impostergable en su conferencia matutina. “Ya no hay ninguna justificación”, ha dicho el mandatario, “hay que reabrir las escuelas”.

Más de 18,5 millones de jóvenes de todos los niveles ya han regresado de forma presencial, aunque el número total de estudiantes en el país se ha estimado por las autoridades entre 25 y 30 millones. La reanudación de cursos, sin embargo, no se ve ni funciona cómo antes del azote de la pandemia. Como el resto de actividades, la vida cotidiana está impregnada de la llamada “nueva normalidad”. En la secundaria Canadá, una escuela pública al sur de Ciudad de México, un termómetro digital y un tapete sanitizante buscan dar tranquilidad a sus 546 alumnos (y a sus padres) del turno matutino. Todas las personas deben usar cubrebocas y hay dispensadores de gel y jabón para que puedan lavarse las manos de manera recurrente. El regreso, además, ha sido escalonado: la mitad de los estudiantes va una semana y la otra se queda en casa con deberes y trabajos para mantenerse al corriente hasta que le toca volver.

“La pandemia ha sido el reto más importante que hemos vivido”, admite Jorge Jesús García, con más de dos décadas de experiencia como director de planteles públicos. “Al principio tenía miedo y no solo yo, todos”, dice García de 74 años, que reconoce que varios maestros se enfermaron durante los meses más críticos de la epidemia de covid-19. Hubo una barrera tecnológica para dar clases de forma remota, varios alumnos no tenían acceso a Internet en sus casas y cerca de una cuarta parte del alumnado tuvo que dejar su escuela. A eso se suma el impacto psicológico y económico, que ha afectado sobre todo a los sectores sociales más vulnerables. “La economía ha sido afectada de forma crítica y los papás ya no podían tenerlos en casa, debían seguir a trabajar”, explica.

Por eso, la decisión de la mayoría fue aguantarse ese miedo y volver cuanto antes. En la secundaria Canadá, ocho de cada diez padres de familia han decidido mandar a sus hijos, pero el resto aún no se siente confiado y los niños se están retrasando. El regreso ha sido voluntario, pero ante la imposibilidad de que los profesores doblaran turno, ya no se imparten clases por videoconferencia. Eventualmente, quienes no vuelvan tendrán que repetir el curso. La sangría de estudiantes que no han vuelto se ha compensado por familias de clase media, que dejaron de inscribir a sus hijos en escuelas particulares que no volvían de manera presencial, asegura García. “Veo mucho entusiasmo en los alumnos, había una necesidad de estar aquí”, dice el director.

Pero la pandemia ha trastocado a varios jóvenes que, pese a estar ya a la mitad de la educación secundaria o del bachillerato, pisan la escuela en ese nivel de enseñanza por primera vez. Ese es el caso de Manuel Gómez, de 13 años. “No me lo imaginaba así mi primer día de secundaria, ha sido un poco difícil”, cuenta el joven, que volvió a la escuela hace 15 días. “Me daba cosa que volviera, pero es mejor estar aquí que en la casa, no se aprende igual”, dice su padre, José Luis, que se enfermó de covid el año pasado. “Creo que los maestros tienen que ser más flexibles y darse cuenta de que es difícil agarrar ritmo, todavía no nos acostumbramos y creo que ellos tampoco”, agrega.

A mediados de año, las autoridades educativas estimaron la deserción escolar en al menos un millón de estudiantes durante la pandemia. Los candados que se habían puesto para el regreso presencial fueron que el semáforo epidemiológico, el sistema que regula la reactivación de actividades en el país, estuviera en verde, un requisito que cumplen 29 de los 32 Estados de México. También pidieron que la mayoría de los habitantes estuviera vacunada, una cifra que ronda la mitad de la población adulta con esquemas completos. El Gobierno, aunque ha aprobado el uso de vacunas en adolescentes, se resiste a inmunizar a los menores. Y la curva de casos de coronavirus ha caído un 23% en comparación con la semana anterior, pese a que también en estos días se rebasó el umbral de las 290.000 defunciones desde el inicio de la pandemia.

La evidencia en el país y el consenso de las recomendaciones internacionales es que la reapertura de escuelas no es un factor que dispare los casos de covid y que los beneficios son mayores que los riesgos. Pero el regreso a clases no ha encontrado la fórmula para materializarse por completo, ya sea por carencias en la infraestructura, capacidades rebasadas en algunos Estados, miedo de algunos sectores de la población o titubeos de las autoridades federales y locales. El mensaje del Ejecutivo es que se buscará que sea más pronto que tarde. “Tercera llamada, tercera llamada”, ha dicho López Obrador, “es importantísima la educación presencial y es un llamado respetuoso que vayan niñas, niños, adolescentes a las escuelas de nuevo”.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2021-11-11/el-gobierno-de-mexico-insiste-en-el-regreso-a-clases-presenciales-de-todos-los-alumnos.html

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Argentina: Entrevista a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone «La movilización de docentes y estudiantes enfrenta los intentos de reforma educativa en la CABA»

Por: Mario Hernández

Los intentos de reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires.

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M.H: A fines del mes pasado nuevamente se ha planteado la situación vinculada a los Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una concentración por los 29 Profesorados frente a la Legislatura denunciando que hay un vaciamiento progresivo como ya se había planteado hace un par de años.

L.M: Efectivamente, hubo dos movilizaciones. El jueves 28 fue la movilización de los docentes de media reclamando su titularización y el viernes 29 la de los docentes de terciario acompañados de estudiantes en defensa de los Profesorados y también por la titularización.

Empiezo hablando por el problema que llevó a la marcha del viernes porque es el más complejo dado que abarca no solamente la situación laboral de los docentes sino todo lo que es un proyecto educativo en relación a la formación docente.

En el 2018 el gobierno de la Ciudad comenzó su ofensiva para cerrar los Profesorados y en cambio hacer lo que se llamaba en ese momento la Unicaba. El planteo podía parecer atractivo para quien dice “vamos a mejorar el nivel porque es una Universidad”, sin embargo, lo hemos resistido y lo volvemos a resistir.

¿Por qué lo resistimos? Porque nosotros tenemos una estructura de formación docente muy desarrollada con Profesorados de larga tradición que cumplen un papel destacado desde el punto de vista académico tanto para la educación media como para la educación inicial y primaria y no tenían por qué ser cerrados.

Detrás de esta propuesta está sin lugar a dudas una concepción sobre qué tiene que ser la formación docente en relación a los cambios que se están aspirando a instalar en nuestro sistema educativo y que ya fueron anunciados cuando en su momento el gobierno de Larreta y su ministra Acuña los quisieron implementar, desplegando en toda su dimensión, la famosa educación secundaria del futuro. Esta era una escuela secundaria que contemplaba 70% de las horas a cargo de talleres de computación con programas prefigurados y 30% a cargo de docentes.

Esto tiene que ver con una concepción más compleja que se supone es el acto pedagógico que para estos proyectos significa prácticamente una instrumentación sin una interacción, con toda la profundidad y la riqueza que requiere la interacción pedagógica, para transformarse en un múltiple choice de respuestas a programas prefigurados y diseñados por empresas extranjeras.

A toda esta concepción es a la que hemos reaccionado. Primero se logró parar la secundaria del futuro en su verdadera dimensión, lo que hay ahora es un híbrido que funciona como globo de ensayo pero no lograron instalar el proyecto de 70%-30% porque hubo una resistencia de los estudiantes secundarios.

Después de eso vino la Unicaba que era eliminar la autonomía de los Profesorados que tienen una estructura académica parecida a la de las Universidades porque sus cuerpos directivos se eligen por votación de los distintos claustros: docentes, estudiantes y egresados; conquistas que se fueron logrando a lo largo de las últimas décadas y que tienen que ver con la defensa del espacio educativo como un espacio independiente de los gobiernos de turno y de las empresas. Por lo tanto, fueron configurando proyectos educativos, diseños donde hay una mayor democratización que en otras instituciones educativas de otros tiempos.

Eso es lo que se quiso eliminar, la autonomía de los Profesorados, se quiso eliminar la independencia del diseño respecto a los mandatos empresariales y defender un espacio que plantea el desarrollo del pensamiento crítico. Nuestros Profesorados son para repetir el modelo existente de sociedad que tenemos y decir que todo está bien o son espacios donde formamos ciudadanos que piensen que este mundo hay que cambiarlo.

¿Qué se discutía el viernes 29? Una nueva escalada en esto que es un tira y afloje que venimos sosteniendo porque efectivamente la movilización que desarrollamos en el 2018 y 2019 logró que los Profesorados no se cerraran, se creó la universidad que no se le puso Unicaba, se la llama Universidad de la Ciudad pero no tiene la sigla para olvidar ese pasado que cantábamos “No a la Unicaba”, pero esa universidad está instalada y empieza a tener una intencionalidad de competencia con los Profesorados en un paralelismo que considerando que tiene mucho más recursos y que van desarrollando una cursada más light, son carreras más cortas y donde después hay que hacer posgrados y cursos pagos porque el Estado no los brinda, lo que se llama la formación continua es muy reducida hoy la oferta, la única manera de hacer formación continua dado que los cursos que brinda el Estado son muy pocos, es apelando a pagarlos en distintas empresas.

La Unicaba hoy compite con los Profesorados, pero como esa intención de competencia está un poco débil instalaron un examen de ingreso unificado de los 29 Profesorados con lo cual el gobierno quiere quitarles el control de la matrícula de ingreso y unificar el perfil de lo que se demanda para ingresar no ya desde los proyectos curriculares que cada profesorado tiene sino desde un diseño centralizado desde el ministerio de Educación. Tirando abajo todos los cursos de ingreso que tienen los Profesorados.

Esto es lo que fue resistido el viernes 29 por los estudiantes y los docentes y a su vez fue reclamada la aprobación del Proyecto de ley que hemos presentado desde el Frente de Izquierda ya que en el 2019 no se trató y pedimos que ahora se trate y consiste en titularizar a los docentes que están ejerciendo su cargo, porque lo real es que hoy entre el 70% y 80% de los docentes son interinos.

El otro tema que se discutía es el derecho a ser titulares de los docentes que hace ya 10 años que están en sus cargos y que son provisorios, y no se ha cumplido el Estatuto del docente que establece que haya concursos todos los años y tenemos trabajadores y trabajadoras cuyos cargos se pueden cerrar mañana y quedan desprotegidos.

Hoy estar en carácter de suplente tiene hasta el inconveniente de no poder sacar un crédito porque no tenés estabilidad laboral. El reclamo es para que se sancionen las dos leyes que ha presentado el Frente de Izquierda tanto para media como para terciarios que como medida de excepción, dado que el gobierno no ha titularizado en los últimos 10 años, sean titularizados y se garanticen los concursos anuales como está previsto en el Estatuto.

La justicia obliga a Larreta/Acuña a proveer vacantes 

M.H: Te quería consultar sobre el fallo judicial que obliga a la CABA a resolver la falta de vacantes escolares.

L.M: Es un fallo judicial largamente esperado. Yo vengo trabajando este tema desde hace mucho tiempo ya cuando era docente en Soldati porque el drama lo veíamos todos los días, los chicos que se quedaban sin vacante.

Arrastramos un problema grave de falta de vacantes en el sistema educativo formal, es decir, para primer grado de primaria, para escuelas medias  y, por supuesto, para el nivel inicial que es el más desgarrante porque partimos que el cambio cultural que vive nuestra sociedad desde hace varias décadas es la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo y la concepción que no solo es un problema de la mujer sino también de los varones, es que la primera infancia no tiene lugar en nuestro sistema educativo con vacantes suficientes.

Hoy tener un niño en un jardín maternal privado a jornada completa para que la mamá trabaje todo el día supone casi 20.000 pesos, a veces se lleva la mitad del salario que hoy se paga miserablemente en nuestra Ciudad. Este problema es gravísimo y el reclamo que nosotros hicimos varias veces en la Legislatura, que hemos hecho con movilizaciones frente al ministerio de Educación se llevó al plano judicial.

En su momento la jueza Liberatori falló a favor de los reclamos de las familias y obligaba en su fallo a que el gobierno diera respuesta a los reclamos de vacantes, el gobierno apeló y a nivel judicial durmió el sueño de los grandes dormilones hasta ahora, y ha tenido un fallo finalmente favorable que el gobierno tiene la obligación de brindar vacantes no solamente en el sistema educativo formal, sino en virtud que en nuestra Ciudad la Constitución establece la obligatoriedad del Estado de resolver el problema de vacantes desde los 45 días para las mamás que buscan un jardín maternal.

M.H: Hay una campaña sistemática del gobierno de la Ciudad y sobre todo en períodos electorales, donde sostienen que han construido 54 escuelas en 3 años de gestión. ¿Cómo se compatibiliza esta construcción de 54 nuevas escuelas con esta situación de falta de vacantes?

L.M: Voy a tener que contradecir alguna información que dan mis compañeros y es que gran parte de esas escuelas se construyeron, el problema es que no alcanzan. Yo tengo hecho un estudio que ahora no lo tengo a mano pero cuando yo estaba en la Legislatura en el 2019 habíamos comprobado arriba de 30 que ya estaban construidas, y el paquete restante tenía ubicación y algunas de esas ya fueron construidas. No sé si quedan algunas más por construir. Pero el gran problema, yo saqué las cuentas en su momento de cuántas vacantes significaban y el problema se achicó en parte, pero seguimos con el problema porque no alcanzan.

Las vacantes en ese momento estaban previstas alrededor de 9.000 y nosotros estamos hablando que nos faltan alrededor de 20.000 vacantes. Eso sin contar que no tenemos acceso a los listados oficiales porque el gobierno no los da.

Desde la Legislatura pedimos todos los años al gobierno para que publique la lista de pibes que se quedan sin vacante y no la da. En su momento se lo dio a la justicia cuando hubo presentaciones judiciales y los datos que hemos tenido rondan los 15.000, 16.000, 17.000 según el año.

M.H: ¿Cómo se resuelve?

L.M: Se resuelve construyendo nuevas escuelas.

M.H: Y esto presupone un aumento en el presupuesto educativo que año tras año viene retrocediendo.

L.M: Exactamente. El año pasado, por ejemplo, dos escuelas que ya estaban licitadas, una es la escuela de estación Buenos Aires en los playones del ferrocarril Belgrano en la zona sur donde se construyó un plan Procrear de alrededor de 3.000 departamentos, ahí estaba licitada la construcción de una escuela y el año pasado el gobierno anuló la licitación.

Lo mismo hizo con el plan para construir la escuela Jorge Donn que es nuestra escuela de danza. También tenía aprobada la licitación y la anularon. Y el presupuesto del año pasado que era alrededor de 3.000 millones de pesos para construcción de escuelas se sub ejecutó, solo se ejecutó casi en un tercio.

Fue algo sorprendente porque sabiendo que tenemos el problema de la pandemia, que hay que acondicionar escuelas, esta semana me encontré en una marcha con las docentes del comercial N° 4 que están en un edificio en la calle Perú que está alquilado y el edificio se cae a pedazos, la escuela tiene salas enteras que están anuladas porque los techos se caen, las paredes están electrificadas, vienen sosteniendo y reclamando porque es una escuela que tiene muchos alumnos un edificio nuevo pero no se lo hacen ni se lo reparan y el presupuesto se sub ejecuta.

Este año el presupuesto es más limitado de lo que era el año pasado, no he cotejado qué grado de ejecución ha tenido, pero sabemos que de antemano estaba retaceado y los arreglos que se requerían para seguir refaccionando nuestras escuelas, acondicionándolas a la permanencia de la pandemia más allá que hayan bajado los contagios no se han realizado.

Fuente: https://rebelion.org/la-movilizacion-de-docentes-y-estudiantes-enfrenta-los-intentos-de-reforma-educativa-en-la-caba/

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