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FMI: Un programa de trabajo para reactivar el crecimiento

Fuente FMI / 20 de junio de 2016

  • El FMI plantea una estrategia basada en tres pilares —monetario, fiscal, estructural— para impulsar el crecimiento
  • Se centrará en cuestiones nuevas y emergentes, así como en ámbitos que deben reformarse desde hace tiempo
  • Las actuales transiciones en la economía mundial exigen una sólida cooperación a escala mundial

El FMI ha presentado su programa de trabajo para los próximos doce meses, centrado en recuperar una senda de crecimiento más clara y segura para la economía mundial

Dicho programa de trabajo es acorde con las orientaciones establecidas en la Agenda Mundial de Políticas y el comunicado hecho público por el Comité Monetario y Financiero Internacional en abril.

El programa de trabajo hace hincapié en las actividades de respaldo del FMI a la triple estrategia de medidas monetarias, fiscales y estructurales para impulsar el crecimiento. Asimismo, expone el trabajo destinado a ayudar a los países miembros a abordar problemas emergentes (como el cambio climático y la desigualdad) y a reforzar el sistema monetario internacional.

En una declaración al Directorio Ejecutivo del FMI, Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, afirmó que “el crecimiento, demasiado lento durante demasiado tiempo, ha supuesto un obstáculo para la economía mundial”.

Abordar los retos en materia de políticas

Con un crecimiento mundial más débil como telón de fondo, el programa de trabajo pretende ayudar a los países a articular políticas más potentes y equilibradas.

Política monetaria. El FMI seguirá estudiando las repercusiones de las políticas monetarias no convencionales y sus efectos de contagio sobre otras economías, en especial los mercados emergentes. Un ámbito de interés relacionado es la gestión de flujos de capital. Durante el próximo año, el FMI analizará la experiencia de sus países miembros en relación con los flujos de capital en los últimos tiempos, con el fin de hacerse una idea más clara de los riesgos que dichos flujos entrañan para la macroeconomía y la estabilidad financiera.

Supervisión del sector financiero. El FMI asimismo intensificará los esfuerzos encaminados a profundizar en el análisis macrofinanciero, así como su labor de refuerzo de los marcos de supervisión y regulación de los países miembros. Además, el FMI hará un balance de las reformas en materia de regulación financiera llevadas a cabo a escala mundial y regional, visto el aumento de los riesgos para la estabilidad financiera. La agenda incluye también varios temas relacionados con la gestión de las vulnerabilidades del sector financiero y la reducción del riesgo. En particular, el FMI analizará los datos empíricos sobre las causas y las consecuencias de las tendencias en las relaciones de corresponsalía bancaria, y estudiará qué función puede desempeñar el FMI.

Política fiscal. El programa de trabajo recalca la necesidad de intensificar la política fiscal en algunos países, puesto que la política monetaria no puede asumir toda la carga de responder a los desafíos actuales. La política fiscal puede contribuir mucho más a respaldar la demanda en los países que disponen de espacio fiscal. El FMI elaborará un conjunto de consideraciones sobre cómo evaluar el margen de maniobra fiscal, con el objetivo de emitir evaluaciones coherentes en los distintos países. La decisión sobre la necesidad de utilizar el espacio fiscal, así como la forma de hacerlo, se basará además en consideraciones específicas de cada país, como las normas y los marcos fiscales.

El FMI encabezará una iniciativa de respaldo a políticas de infraestructuras destinada a ayudar a los países a mejorar la eficiencia de la inversión pública y, en su caso, encontrar opciones para aumentar de modo sostenible el gasto en infraestructuras. Se espera que dicha iniciativa —que se pondrá a prueba en algunos países— esclarezca qué políticas hay que priorizar para que la inversión en infraestructuras alcance un crecimiento fuerte y duradero.

Por lo que se refiere a los países de bajo ingreso, la institución seguirá apoyando las iniciativas a favor de la movilización de los ingresos internos en los países en desarrollo, y tiene previsto elaborar un marco para fortalecer las capacidades de gestión fiscal en países frágiles.

Reformas estructurales. El FMI prestará mayor atención al papel de las reformas estructurales en la mejora de la productividad y el crecimiento. El personal técnico preparará un conjunto de herramientas para reformas estructurales, que los equipos utilizarán en sus evaluaciones anuales de las economías de los países miembros, teniendo en cuenta factores como la etapa de desarrollo de un país, la posición cíclica de la economía y el espacio fiscal disponible para reformas. Asimismo, la institución reconoce que el comercio desempeña un papel decisivo en el fomento del crecimiento y el desarrollo, y en el curso del próximo año elaborará una nueva nota de referencia sobre comercio y cuestiones relacionadas con las políticas comerciales, la primera desde 2010.

En otras tareas relacionadas con el aumento del crecimiento, a comienzos del año que viene el personal técnico del FMI analizará el papel de la institución con respecto a cuestiones relacionadas con la gestión de gobierno, en vista de los obstáculos que plantea la corrupción endémica a la hora de conseguir un crecimiento inclusivo en muchos países.

Cuestiones emergentes

El FMI trabaja para ampliar y perfeccionar el asesoramiento que brinda en materia de políticas para hacer frente a cuestiones emergentes. Los retos nuevos —ya sean sociales, políticos, demográficos, ambientales, biológicos o tecnológicos— pueden tener consecuencias drásticas para la estabilidad macroeconómica de los países miembros del FMI, de modo que la institución seguirá adquiriendo capacidades en estos ámbitos a través de la colaboración con otros organismos especializados.

Proseguirán los esfuerzos para integrar en la supervisión que realiza el FMI cuestiones relacionadas con el cambio climático y la energía. El FMI está desarrollando una herramienta para evaluar una serie de medidas fiscales y de otro tipo relacionadas con la mitigación del cambio climático, que se utilizarán en la labor con los países. Además, la institución está centrando la atención en la incidencia específica del cambio climático y los desastres naturales en las economías de países pequeños y otras economías vulnerables.

El personal técnico del FMI continuará estudiando las transiciones demográficas y la migración, basándose en análisis anteriores sobre las repercusiones de la migración en los países receptores de inmigrantes. Asimismo, el personal técnico analizará los efectos de la emigración económica sobre la actividad del sector privado, la competencia, las finanzas públicas y, por último, el crecimiento y la convergencia de los países cuyos ciudadanos emigran.

La institución seguirá integrando en las actividades de supervisión su labor en materia de análisis de género, y procurará comprender mejor la desigualdad en los países en desarrollo, además de poner en marcha innovadores análisis sobre la interacción entre finanzas y tecnología.

Sistema monetario internacional

En líneas más generales, ante las actuales transiciones en la economía mundial, el FMI está estudiando la mejor manera de reforzar los mecanismos mundiales de ajuste y suministro de liquidez, a fin de potenciar la eficiencia del sistema monetario internacional. El personal técnico abordará los ámbitos principales de reforma, como los mecanismos de prevención de crisis y ajuste, el refuerzo de la cooperación mundial en materia de políticas que afectan a la estabilidad mundial y la red mundial de seguridad financiera (GFSN, por sus siglas en inglés). Asimismo, el FMI seguirá estudiando el papel de los derechos especiales de giro (DEG).

En relación con la GFSN, el FMI estudiará la manera de reforzar la coordinación con los acuerdos de financiamiento regionales. Por otro lado, revisará sus instrumentos de préstamo con el fin de determinar la mejor forma de ayudar a los países afectados por el histórico descenso de los precios de las materias primas.

Además, el FMI examinará detalladamente el diseño de los préstamos y programas para cerciorarse de que los programas que respalda en países en desarrollo hagan suficiente hincapié en atenuar los efectos adversos de algunas políticas macroeconómicas.

 

Enlace original: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2016/POL061616AS.htm

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EEUU: Teachers Take On Student Discipline

Fuente: labornotes / 20 de junio de 2016

Two kindergarteners are poking each other with their pencils. What starts as a game soon gets out of hand. With one child bleeding, the teacher brings them to the principal’s office. Later, she finds out both kids were suspended and sent home.

It’s not an uncommon scenario in today’s public schools. But as activists draw attention to high rates of suspensions, racial disparities, and the “school-to-prison pipeline,” the political winds are shifting. Policymakers at the federal and district levels have begun to demand fewer suspensions, especially for minor rule-breaking.

It’s an issue where not all teachers see eye to eye. But a growing number of teachers and unions are rising to the challenge, pushing their school districts to back up suspension bans with the resources to make alternatives really work.

A BETTER WAY

Elana Eisen-Markowitz, a 10-year teacher New York City, is active in a campaign to introduce “restorative practices,” an alternative approach to solving student behavior problems.

The idea is that teachers and students meet to discuss the behavior and the root problems that might cause students to act out—such as stress, anxiety, or problems at home.

For instance, suppose a student yells and curses at a teacher in the hallway. Instead of removing the student from his next class or sending him home, the teacher would sit down with him. Both would explain their experiences of the incident. Often a parent or even a peer student joins the meeting, too.

This new approach requires a culture change. But in her experience, Eisen-Markowitz says, it’s more effective than punitive discipline.

“So rarely I’ve seen a suspension work, where a student returns feeling ready to learn,” she said. “I personally feel safer knowing I’ve had a face-to-face conversation, rather than [just] seeing them in the hall again and again.”

Eisen-Markowitz is pleased that New York has moved to limit suspensions for behavior issues and explore restorative practices—though she’s already questioning the city’s rollout. She stresses that teachers must have a say in planning and implementing a restorative practices program. It can’t be outsourced or dropped from headquarters.

Besides being a building rep (shop steward) for her union, Eisen-Markowitz organizes with the activist group Teachers Unite, a network of educators who are using and promoting restorative practices. Teachers Unite discourages outsourcing the topic to specialist trainers, who won’t be able to build relationships or stick around long-term.

New York’s United Federation of Teachers—the largest teacher local in the U.S., with 100,000 members—hasn’t been so welcoming. “The UFT has centered the conversation on teachers’ need to kick students out,” Eisen-Markowitz said.

Another teacher group, the Movement of Rank-and-File Educators—modeled after the caucus that leads the Chicago Teachers Union—ran for top offices in the local, with a platform that includes reforming student discipline and taking on racial justice issues.

‘CART BEFORE THE HORSE’

African American students, though only 15 percent of the elementary school population in Seattle, were receiving nearly half the suspensions.

After that jarring statistic drew public attention, last September Seattle’s school board approved a one-year citywide moratorium on elementary school suspensions for disruptive behavior.

It’s a common starting place for district and state policymakers—lessening or halting “willful defiance” suspensions, for example, while leaving administrators and teachers the discretion to act on more extreme behavior. Minneapolis, New York City, Los Angeles, and Oregon have imposed similar bans.

But Seattle special education teacher Shelly Hurley believes her district “put the cart before the horse” by curbing suspensions without adding other support for teachers.

The policy change “looks great” on paper, she said. “Suspensions are going down—but that doesn’t mean learning is going up.”

Seattle teachers, meanwhile, are working to build long-term alliances with parents and community groups. In last year’s negotiations, the union brought up the problem of racially biased suspensions.

At first, Hurley said, “we wanted hours and hours of professional development.” But eventually, “we came to realize we wanted it to be something more organic that grew at every school.”

Seattle teachers don’t see this issue as isolated. They also fought for guaranteed recess, less testing, and much-needed raises. In September, they went on strike.

Their final contract settlement created racial equity teams at 30 schools to examine how discipline affects kids of color. There’s also a citywide behavioral support team of five staff. After a school year with the changes, a union-management committee will make recommendations to the school board.

T TAKES MONEY


Infographic: Sonia Singh. Click to enlarge.

Where the rubber hits the road is whether a rule-change is backed up with the necessary resources. “It’s going to cost money,” Hurley said. “There’s no way around it.”

San Francisco teachers saw this firsthand. They were on board from the start with their district’s “Safe and Supportive Schools” initiative, which called for scaling back suspensions, introducing restorative practices, and hiring coaches to train teachers.

But two years after implementation, the district has dismantled the team of coaches and is scaling back the resources to run the programs.

“You can’t just say it in name only,” said Lita Blanc, president of United Educators of San Francisco.

To fully realize the initiative, the union has responded with its own set of demands: a teacher’s aide in every class, and in every school, a parent engagement plan and an alternative learning center, staffed with a school employee—so students who’ve been removed from class aren’t just warehoused in an office.

Five hundred teachers rallied at the school board in May for “Safe, Stable, and Supportive Schools,” sending the message that it takes long-term resources to transform school climate. They want language addressing these demands in their next contract.

Teachers in St. Paul, Chicago, and elsewhere are also linking these worksite issues to bigger social and political demands, like supporting the Fight for $15 and stopping banks from foreclosing on families. After all, students bring those problems to school, too.

Training is a big part of bringing restorative practices into classrooms. But St. Paul Federation of Teachers Vice President Nick Faber said unions must not lose sight of the need for ongoing staffing too. “Teachers are so on overload of initiatives, they can’t keep them straight,” he said.

In recent bargaining, St. Paul teachers won expanded school-climate improvement teams, which include parents. Each school’s team can apply for a $150,000 grant for restorative practices, using the money for additional staff or training as the local committee sees fit. Six schools are now in the process of creating their own plans.

“The key is to have this work pilot in schools,” said Faber, “and pilot in schools that are ready, not just be dumped on a school.”

A version of this article appeared in Labor Notes #447, June 2016. Don’t miss an issue, subscribe today.
Samantha Winslow is a staff writer and organizer with Labor Notes.samantha@labornotes.org
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OREALC UNESCO presenta Libro: Tecnologías digitales al servicio de la calidad educativa. Una propuesta de cambio centrada en el aprendizaje para todos

Fuente OREALC / 20 de junio de 2016

Durante los últimos 30 años, las tecnologías digitales han tenido un desarrollo explosivo en la sociedad. La popularización de los computadores, cada vez más accesibles en tamaño, precio y facilidad de uso, el surgimiento de internet y la ampliación de las posibilidades de comunicación y conexión, han creado nuevas industrias, nuevos empleos, nuevas realidades sociales y culturales, y han modificado irreversiblemente el paisaje de nuestras relaciones, nuestros conocimientos y nuestras formas de interactuar en la sociedad.

Esta verdadera revolución despertó el entusiasmo de educadores y académicos, que imaginaron el impacto infinito e inmediato que tendría el desarrollo de las tecnologías digitales en la educación.

El objetivo de este documento es proponer una nueva aproximación a la inclusión de las tecnologías en educación, orientando su uso a la mejora de la calidad educativa, definida en un sentido más amplio que el usado comúnmente.

En el primer capítulo repasamos precisamente el concepto de calidad educativa y los desafíos que propone a los sistemas educativos, ya entrado el siglo XXI. En la segunda parte abordamos la evidencia disponible hasta ahora, para repasar lo que sabemos que funciona y no funciona respecto del uso de tecnologías digitales en la educación. El tercer capítulo propone, partir de los desafíos y la evidencia, un nuevo marco para la acción en esta área, con un pequeño apartado al tema de la consideración de los costos totales asociados a la implementación, en el entendido que toda intervención implica siempre una decisión de política pública compleja, en contextos de restricciones en los recursos.

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Tayikistán: Se proporciona a los docentes formación sobre el sindicalismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Internacional de la educación / 20 de junio de 2016

Los docentes de la región del sudeste del país tuvieron la oportunidad de potenciar sus aptitudes de liderazgo, y al mismo tiempo de aprender cómo forjar su futuro durante los últimos talleres organizados por la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Internacional de la Educación (IE).

Los talleres impartidos a los docentes sindicalistas de Tayikistán tuvieron lugar en Kulyab, del 29 al 31 de mayo, y en Kurgantube, del 1 al 3 de junio. Cada taller contó con la participación de 30 miembros del Trade Union Committee of Education and Scientific Workers de Tayikistán, que está afiliado a la Internacional de la Educación (IE).
“Los temas que se presentaron a los dirigentes sindicales que participaron en dichos talleres les resultaron muy útiles, sobre todo, a los que acababan de ser elegidos para desempeñar sus cargos y a aquellos que asistían por primera vez a un taller de este tipo”, afirmó el coordinador regional de la IE para Asia y el Pacífico, Jerome Fernández.
Objetivos
Los talleres tenían por objeto ayudar a los participantes a:
  • Debatir sobre el papel que desempeñan los sindicatos de docentes en la economía de mercado.
  • Llevar a cabo un análisis de la situación actual de la educación en Tayikistán.
  • Examinar los desafíos/problemas a los que se enfrentan los docentes, los alumnos y las escuelas de Tayikistán, y encontrar posibles soluciones.
  • Comprender los conceptos y principios fundamentales del liderazgo.
  • Aumentar la concienciación sobre cuestiones relativas a la labor interna que realizan los sindicatos de docentes, el liderazgo y la administración.
  • Aprender más sobre los programas y las actividades desarrolladas por la IE y sus afiliados.
  • Compartir información y examinar los componentes esenciales y las estrategias de la campaña Educación para Todos, así como los objetivos de desarrollo sostenible.
  • Efectuar un análisis sobre los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas.
  • Elaborar un plan individual que pueda implementarse en las escuelas/centros de trabajo.
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Recaída de millones de latinoamericanos en la pobreza es evitable con políticas públicas de nueva generación, dice el PNUD

Fuente PNUD / 20 de junio de 2016

 

Para prevenir retrocesos, nuevo Informe regional sobre Desarrollo Humano recomienda protección social, sistemas de cuidado, calificación laboral y cierre de brechas de género, raza y etnia que no se resuelven con más crecimiento económico.

La principal amenaza al progreso en la región es la recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzado hoy junto a más de 60 legisladores de la región en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). El informe sostiene recomendaciones para que la región impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el informe titulado Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso el PNUD manifiesta especial preocupación por las 25 a 30 millones de personas—más de un tercio de la población que salió de la pobreza en la región desde 2003—que corren riesgo de recaer en la pobreza. Muchos son jóvenes y mujeres con inserción laboral precaria en los sectores de servicios de la región. Forman parte de un grupo mayor, de 220 millones de personas (38%, casi dos en cada cinco latinoamericanos) que son vulnerables: oficialmente no son pobres pero tampoco lograron ascender a la clase media.

El IDH destaca que lo que incide en la salida de la pobreza es distinto a lo que previene que las y los latinoamericanos vuelvan a recaer en ella. En la década pasada, los mercados laborales y la educación fueron los grandes motores para dejar la pobreza. Sin embargo, es fundamental que las políticas publicas de nueva generación fortalezcan los cuatro factores que impiden retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y calificación laboral. Estos elementos clave componen lo que el IDH denomina canastas de ‘resiliencia’, que es la capacidad de absorber shocks y prevenir retrocesos, lo que es fundamental para la región en este momento de ralentización económica.

El IDH hace un llamado para repensar el modelo latinoamericano de progreso hacia un concepto multidimensional, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que trascienda el uso del ingreso per cápita, el ritmo del crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB) como criterios privilegiados para medir el nivel de desarrollo. El crecimiento económico solo no basta. Nada que disminuya los derechos de las personas y comunidades o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso, resalta el informe.

“Los retos de un desarrollo sostenible, holístico y universal no expiran al alcanzar un determinado umbral de ingreso: no nos ‘graduaremos’ de los retos del desarrollo a menos que demos respuestas apropiadas a las múltiples dimensiones que permiten a las personas vivir vidas que consideran valiosas,” dijo la Subsecretaria-General de Naciones Unidas y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta en el lanzamiento. “En este momento, por un lado hay que proteger los logros alcanzados, lo cual incluye prevenir la caída en pobreza de millones de personas y por otro lado hay que impulsar políticas y estrategias inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y exclusiones históricas”.

Más de lo mismo no rinde lo mismo – Si bien salieron de la pobreza cerca de 72 millones de personas y entraron a la clase media 94 millones de personas entre 2003 y 2013, los últimos tres años vieron una ralentización y luego una reversión de esta tendencia. Según el IDH, el promedio anual de latinoamericanos que salieron de la pobreza fue de casi 8 millones entre 2003-2008 y de 5 millones entre 2009-2014. Entre 2015 y 2016 aumentó el numero absoluto de personas pobres, por primera vez en la década.

Esto se da por los límites de la expansión laboral y fiscal en la región. El mercado laboral en América Latina, en su gran parte es informal, según el IDH. Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores en la región son: asalariados en micro-empresas con menos de cinco puestos de trabajo, autoempleados sin calificación o no perciben ingresos (programas de aprendizaje, por ejemplo). Asimismo, de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, el 70% son informales, y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región fueron en el sector de servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad. Sin aumentos futuros de la productividad de los sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y, en consecuencia, de los logros sociales, se compromete, señala el IDH.

Además, la expansión de transferencias sociales y pensiones no contributivas, que explican cerca de 30% de la reducción de la desigualdad de ingresos desde 2002, también encuentra un techo fiscal. Asimismo, el informe destaca que el peso de la carga tributaria en los pobres es tan alto en la región que suele anular el beneficio recibido por programas de transferencias de ingreso. Así, el IDH señala que mejorar la efectividad y progresividad del sistema fiscal en su conjunto es un desafío urgente para la región.

Invertir en las mujeres y en políticas de cuidado es clave para sacar la región adelante, dice el informe. Aun cuando la proporción de mujeres con estudios universitarios en la región era más alta (17.3%) que la correspondiente proporción de hombres (14.8%), en el 2013, las mujeres percibían un salario promedio por hora 16.4% menor en relación a los hombres. Además, las mujeres dedican tres veces más tiempo a labores de cuidado y del hogar que los hombres. Las tendencias demográficas y la ausencia de mecanismos de cuidados (especialmente para niños y adultos mayores), combinadas con el aumento de la participación laboral femenina, restringen una mejor inserción de la mujer en el mercado laboral y la generación de ingresos en los hogares, el informe resalta.

“Ser mujer, afrodescendiente, indígena, LGBTI, joven, persona con discapacidades, todo esto incide en las oportunidades, en la posibilidad de ascenso social y económico y en el acceso a servicios,” dijo el principal autor del informe y economista en jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, George Gray Molina. “Cada generación latinoamericana decide qué cambio estructural persigue: quedan hoy transiciones pendientes de ciudadanía y de resiliencia que no se resolverán con más crecimiento económico.”

#MásQueIngreso

Recursos – Sitio web del PNUD en la región latinamerica.undp.org Informe masqueingreso.org | Baja nuestro APP Más que Progreso en Google/Playstore y Apple/iTunes | | Fotos: flickr.com/undplac | Twitter @UNDPLAC | Facebook.com/undplac

Acerca del IDH Regional: Este tercer Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe es una publicación con independencia editorial del PNUD. Este informe ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Participan del Consejo Asesor del informe más de 20 autoridades entre ministros, senadores y académicos. La segunda parte de este mismo informe, el Informe sobre Desarrollo Humano para el Caribe, con especificidades y recomendaciones para el Caribe de habla no hispana, será lanzado en julio del 2016.

Información de contacto

En Nueva York | Carolina Azevedo, carolina.azevedo@undp.org | Vanessa Hidalgo, vanessa.hidalgo@undp.org |

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Colombia / FECODE: La OCDE ataca la profesión docente

Fuente: Fecode  / 20 de Junio de 2016

En las pretensiones del presidente Santos por ingresar al selecto grupo de los países más ricos es capaz de entregar la soberanía educativa nacional a los privados.

El debilitamiento de la educación y la entrega de la formación docente a los intereses de la OCDE, son algunas de las consecuencias que traerá para el escenario educativo nacional, el capricho de querer pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las recomendaciones hechas por la organización internacional fueron incorporadas por el gobierno nacional en el artículo 222 de Plan nacional de desarrollo.

“Esto en primera instancia atenta contra la autonomía universitaria, y adicionalmente imprime que todos los programas de las facultades de educación deben responder a lo que está plasmado o a lo que se desarrolla en las pruebas Saber, las pruebas Saber Pro y las pruebas Pisa. Convierte la formación docente en una especie de formación de técnicos para la educación en torno a las pruebas estandarizadas. En ese sentido, el carácter disciplinar de las licenciaturas no sólo se pierde, sino que atenta contra la formación de los jóvenes”, señaló Jhon granados, asesor del Ceid de Fecode.

La formación docente debe estar dirigida a fortalecer su campo de conocimiento de manera que transmita a sus estudiantes estrategias que le permitan obtener los mejores resultados en sus conocimientos y destrezas.

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Achieving the Global Goal for education by 2030 costs $1.18 a day per child in developing countries

Fuente: .globalpartnership.org /20 de junio de 2016

GPE’s strategic objective is to increase the volume and efficiency of funds devoted to education to ensure that every child can go to school and learn.

The Global Partnership works closely with national governments and their development partners to develop high quality education strategies and programs that reflect the commitment of all parties to achieve education results. This creates a climate favorable for investment in education.

In addition, the Global Partnership aims to mobilize increased financing to strengthen national education systems that deliver quality education, especially in the poorest countries. The partnership values the crucial role of bilateral, multilateral and other donors in leveraging greater investments in sustainable national education systems.

The challenge

It is estimated that $39 billion per year is needed from externalfunding sources to ensure that every child gets a quality pre-primary, primary and secondary education by 2030. (GEM Report Policy Paper 18)

It costs on average $1.18 a day per child in developing countries (low and lower-middle income) to provide a full cycle of pre-primary through secondary education (13 years). (GPE Secretariat calculations based on GEM Report estimates)

Resource constraints continue to hamper progress:

  • Many developing countries do not have the financial or technical means to provide a quality basic education to every child.
  • Donor aid to basic education in developing countries has dropped by almost 8% between 2010 and 2013, while overall development aid increased by more than 8.5% over the same period. (GPE calculations based on DAC data)
  • The increasing youth population in low-income countries, the impact of climate change and commodity speculation as well as natural disasters and conflict further exacerbate these challenges and put enormous pressure on governments.

 

Expand the volume, effectiveness, efficiency and equitable allocation of external and domestic funding and support to education in GPE-endorsed countries»

  • GPE encourages developing country partners to provide sufficient domestic financing for basic education.
  • GPE advocates on behalf of developing countries to ensure they receive adequate external aid to basic education from bilateral and multilateral donors to implement the education sector plans developed by the local education groups.
  • Through the GPE Fund, the Global Partnership provides grants to help developing countries prepare and implement their education strategies.
  • The Global Partnership received unprecedented commitments from its partners at its second replenishment conference totaling $28.5 billion for 2015-2018: $26 billion pledged by developing countries in increases to domestic financing for education, and $2.1 billion pledged by donors to the GPE Fund.
Reading is Divine. Credit: Miksham Lal, India

To enhance its impact, the Global Partnership for Education has developed a funding model to allocate implementation grants to partner countries. The model places a stronger emphasis on equity,efficiency and learning, and ensures that results are the key focus.

With this model:

  • Allocations are based on countries’ needs. Eligibility to receive an education sector program implementation grant is based on poverty level, education vulnerability (number of children out of school) and fragility. 66 of the world’s poorest countries are eligible for funding
  • Performance is key:
    • An eligible country can receive 70% of its maximum allocation based on a credible education sector plan endorsed by national and international partners, the commitment to collect and analyze data to better manage the education system, and an increase in domestic spending on education up to at least 20% of the national budget.
    • To receive the remaining 30% of the allocation, an eligible country must demonstrate significant results in the three essential dimensions of equity, efficiency, and learning outcomes.

Enlace original: http://www.globalpartnership.org/funding

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