PRONUNCIAMIENTO LATINOAMERICANO SOBRE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y 
ADULTAS (EPJA) COMO FACTOR CLAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS 

Lima, 10 de diciembre del 2020 

Los y las representantes de organizaciones sociales, instituciones educativas estatales y privadas, 
redes de estudiantes y de educadores de personas jóvenes y adultas, activistas y expertos vinculados 
a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas de los países latinoamericanos y caribeños que 
participamos en el V Encuentro Andino de EPJA, realizado los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2020, 
luego de analizar la situación de la educación de personas jóvenes y adultas en nuestros países y 
plantear alternativas para responder al contexto de crisis actual y al desarrollo sostenible, nos 
dirigimos al conjunto de la sociedad, a los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños y a 
las organizaciones mundiales dedicadas al desarrollo y la educación; y expresamos lo siguiente: 

1. Sobre el contexto actual de la educación de personas jóvenes y adultas en los países 
latinoamericanos 


 

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas, así como el conjunto de los sistemas educativos de 
los países, atraviesa una coyuntura crítica, no solo por la suspensión de actividades educativas 
presenciales, sino por las dificultades de la misma en el cumplimiento del rol y potencial apoyo 
a la población que actualmente sufre en su vida cotidiana problemas de aprendizaje, sociales, 
emocionales y económicos, debido al impacto de la Pandemia COVID -19. En este sentido, la 
suspensión de actividades educativas va en contra del Derecho Humano Fundamental a la 
Educación suscrito hace 72 años por los estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas, así como de las recomendaciones de la CONFINTEA VI. 

 

La suspensión de actividades educativas presenciales en las instituciones educativas y, 
particularmente en los centros y programas educativos que atienden a las personas jóvenes y 
adultas, ha develado los graves problemas estructurales de la educación como un derecho 
humano, referidos principalmente a la comprensión de la EPJA solo como mecanismo supletorio 
de escolaridad, la ausencia de la EPJA como prioridad en las políticas públicas de los países, la 
falta de promoción y desarrollo de formas organizativas no presenciales para la diversidad de 
situaciones y condiciones de los sujetos educativos de la EPJA en sus diversos espacios de 
aprendizaje, la limitada preocupación en la formación y actualización de los docentes en cuanto 
a las tecnologías y, sobre todo, un bajo reconocimiento a la EPJA como instrumento estratégico 
de lucha contra la pobreza y otros efectos y causas de las desigualdades estructurales de los 
países de la región. 

 

La implementación de las modalidades virtual y a distancia en el campo de la EPJA ha mostrado 
la precaria situación en la disponibilidad del acceso a internet y al uso de dispositivos 
inteligentes por parte de la población joven y adulta; justamente, por sus mismas condiciones 
es aquella la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y más afectadas 
por la crisis provocada por la pandemia, ya que deberán priorizar su sobrevivencia antes que el 
ejercicio de su derecho a la educación. Son los sectores poblacionales que antes de la 
emergencia sanitaria ya se encontraban en situación de pobreza y exclusión social, y que la 


Pandemia COVID-19 no ha hecho sino agravar su situación. Para esta población, los servicios de 
la EPJA son una posibilidad concreta de mejorar sus condiciones de vida. 

 

La suspensión de actividades presenciales no solo ha mostrado la precariedad institucional de 
los centros y programas educativos de los niveles locales para responder a las necesidades de 
la población, sino también ha puesto en evidencia la debilidad institucional de las propias 
instancias gubernamentales para garantizar el derecho a la educación de la población y 
contribuir a la solución práctica de los problemas de sobrevivencia. 

 

2. La necesidad de potenciar la EPJA como respuesta a la situación de crisis actual y factor clave 
en el desarrollo sostenible 


 

Frente a la compleja situación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en cuanto a su 
visibilidad, valoración y su limitado financiamiento, agravado por la emergencia sanitaria, 
llegamos a la conclusión de que es necesario repensar y ampliar el concepto de la EPJA más allá 
de la escolaridad y los ámbitos formalizados en los sistemas educativos, para adoptar la 
educación y aprendizaje a lo largo de la vida de jóvenes y adultos y, con ello, satisfacer las 
Necesidades de Aprendizaje Básico, Intermedio, Avanzado y Complejo, en el espíritu de la 
Declaración de Educación para Todos en Jomtien, en 1990. Ello implica priorizar a la EPJA en las 
políticas nacionales como una herramienta para enfrentar la situación de crisis generada por los 
desastres sociales y los desastres causados por los fenómenos naturales — y aportar al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) —, mediante las siguientes acciones 
estratégicas: 

 

• Fortalecer el movimiento ciudadano, constituyendo y articulando redes de defensa del 
derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en los niveles local, regional, 
nacional y latinoamericano que permita posicionar y visibilizar este ámbito educativo como 
factor clave para promover la igualdad, la equidad y la lucha contra la pobreza, en 
cumplimiento de los ODS. 


 

• Ampliar y diversificar el concepto y las prácticas de la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas desarrollando aprendizajes para la vida, que incluya la continuidad de estudios, la 
preparación en y para el trabajo, la adquisición de habilidades para una ciudadanía plena e 
intercultural y el desarrollo de la conciencia y de la cultura climática, a través de procesos 
formales, no formales e informales, como respuesta a la mayor demanda de programas de 
EPJA, generadas por la suspensión de actividades educativas. 


 

• Promover acciones para la incorporación y/o fortalecimiento de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas, en calidad de componente esencial de las políticas educativas de los 
países, en el horizonte de una educación y aprendizaje a lo largo de la vida, más allá de la 
visión reduccionista y tradicional de escolaridad inconclusa, y con el aporte de recursos y 
una estructura administrativa capaz de responder a las exigencias del conjunto de la 
población-objetivo, dentro de la cual hay también desigualdades y diversidades; pero con 



atención prioritaria a los jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad, marginación, pobreza y exclusión. 


 

• Generar canales y mecanismos de exigibilidad social para la priorización de la EPJA como 
política y estrategia de desarrollo, con la consiguiente asignación presupuestaria de parte 
de los Estados, de acuerdo a la magnitud y las necesidades para la vida y el trabajo de la 
población-objetivo. 


 

3. Un llamado a los gobiernos y a la solidaridad internacional 


 

En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada un 10 de 
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho 
humano a la educación, instamos y exigimos a los gobiernos latinoamericanos y a la cooperación 
internacional asumir estos compromisos: 

 

• En el marco del derecho universal a la educación, apoyar y abogar por el derecho a la 
educación de las personas jóvenes y adultas, sobre todo de aquellas que se encuentran en 
situación de pobreza y exclusión social, viabilizando programas y servicios educativos de 
acuerdo a sus características y necesidades. 


 

• Asignar recursos, sobre todo financieros, para que la EPJA promueva programas educativos 
que garanticen la continuación de estudios, la formación continua y profesional, el 
desarrollo de la ciudadanía plena e intercultural y la resolución de problemas económicos, 
para lo cual se requiere una adecuada formación y capacitación laboral. 


 

• Instituir o potenciar el ámbito de la EPJA dentro de los sistemas educativos, a través de una 
organización fortalecida que permita la aplicación de los criterios de calidad establecidos 
por los Derechos Humanos como accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad 
de los servicios educativos para las personas jóvenes y adultas. 


 

• Posicionar a la EPJA como una respuesta estratégica frente a los efectos sociales, 
económicos y emocionales causados por la pandemia, que debe reflejarse en las políticas 
de desarrollo y la asignación de recursos para el cumplimiento de esta finalidad. 


 

• Que la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), a realizarse 
el año 2022, recupere y asuma los aportes y reivindicaciones de los actores para que la EPJA 
se convierta en un factor clave para el desarrollo y exija a los Estados el cumplimiento de 
las recomendaciones mediante mecanismos de exigibilidad de los derechos. 


Y para concluir con el presente Pronunciamiento, pedimos a las organizaciones sociales, culturales, 
educativas, integrantes de la sociedad civil, adscribirse al presente documento para que juntos 
podamos generar un movimiento de exigibilidad del derecho a la educación de las personas jóvenes 
y adultas de América Latina y el Caribe.