El sindicato de docentes Ademys-Capital Federal anunció un paro de actividades para el próximo lunes en la Ciudad de Buenos Aires, en el regreso de las clases tras las vacaciones de invierno, pero el gobierno porteño garantizó que habrá normal actividad durante esa jornada.
La medida de fuerza fue anunciada solo por Ademys, uno de los 17 sindicatos docentes de Capital Federal, en rechazo al aumento salarial “unilateral” que dio la gestión porteña en la última mesa de negociación realizada hace dos semanas por un 21,5 por ciento y un bono de 1.200 pesos por cargo.
En cambio, uno de los gremios más importantes del sector, UTE-Ctera, también rechaza el ofrecimiento salarial, pero precisó que no tiene previsto realizar huelga en el reinicio de las clases tras el receso escolar de invierno.
En ese contexto, el subsecretario de Carrera Docente porteño, Javier Tarulla, advirtió que “sólo un gremio adhiere” a la medida de fuerza, por lo cual aseguró que el lunes “va a haber clases con total normalidad”. “Luego del receso invernal, el próximo lunes 31 de julio comenzarán las clases normalmente. El inicio escolar está garantizado. Esperamos a todos los chicos en las escuelas”, informó, a su vez, el Ministerio de Educación porteño en un breve comunicado.
Los docentes afiliados a Ademys, además de realizar el paro el lunes, también marcharán a las 11 frente a la sede del ministerio de Educación porteño, en la Avenida Paseo Colón al 200, para exigir una recomposición salarial “acorde a la inflación”.
“Vamos a un paro en rechazo a la propuesta salarial que realizó el gobierno el 13 de julio, que mejora en 1,7% la primera propuesta de febrero, lo que es absolutamente insuficiente”, dijo el secretario general de Ademys, Jorge Adaro.
En la última reunión paritaria, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ofreció a los gremios docentes porteños un incremento salarial del 21,5 por ciento, propuesta que los sindicatos consideran que sigue estando por debajo de la oferta que hizo en su momento la provincia de Buenos Aires, entre el 24 y 27,4 por ciento, y que permitió a la gobernadora María Eugenia Vidal destrabar el duro conflicto con los maestros.
Resumen: El salario de los maestros en Inglaterra y Gales tendrá que permanecer dentro de los límites de pago de la austeridad – con otro año de aumentos restringidos al 1%. Esto significará otro recorte de salarios en términos reales para más de 500,000 maestros en Inglaterra y Gales. El organismo de revisión salarial -que estaba obligado a mantener los aumentos salariales al 1 %- ha expresado su preocupación. El tope de la remuneración, inicialmente del 0% y luego del 1%, está en vigor desde 2010, como parte de las medidas de austeridad.
El Sindicato Nacional de Maestros dice que los sucesivos años de salarios por debajo de la inflación han visto que los salarios de los maestros caen en términos reales en un 13%
In the wake of the general election, there were reports of debates within the Cabinet about whether to ease the constraints on public sector pay and try to reverse wage stagnation.
The School Teachers’ Review Body is an independent pay body that provides recommendations to ministers about the pay of more than 500,000 teachers in England and Wales.
But for the past seven years decisions have been determined by the government’s limit on public sector pay.
The review body made its recommendation in line with the limits on public sector pay, but warned ministers of potential problems of teacher shortages and funding pressures.
‘Difficult choices’
The pay review body said there was a «real risk that schools will not be able to recruit and retain a workforce of high quality teachers to support pupil achievement».
There is also a warning that schools are «working under increasing financial constraints».
«Between now and 2020, many schools will face both real-terms reductions in the level of per-pupil funding and growing cost pressures. Difficult choices may be inescapable,» says the pay body.
The pay limit was part of the government’s efforts to reduce the budget deficit following the financial crash.
Russell Hobby, leader of the National Association of Head Teachers, said the outcome was «deeply disappointing».
He criticised that the pay review body «had its hands tied» and could not recommend a pay award «based on the evidence».
Kevin Courtney, leader of the National Union of Teachers, said that after successive years with pay falling behind inflation that some teachers were «finding life very difficult».
«The public sector needs a pay rise,» said Mr Courtney.
James Westhead, executive director of Teach First, said that «recruiting teachers is becoming more and more challenging. We need to ensure teaching is fairly rewarded».
The 1% increase will see the overall annual teachers’ pay bill for England rise by about £505m to £25.3bn, with the extra cost to come out of the government’s existing allocation of funding for schools.
Newly-qualified teachers from the autumn will have a starting salary of almost £23,000, with the upper pay scale for classroom teachers going up to about £38,700. Head teachers’ pay will range from £44,500 to over £100,000.
Labour’s shadow education secretary Angela Rayner said the government needed to clarify how schools would pay for the increase – or whether it would be «squeezed» from budgets that were already under pressure.
«There are now more questions than answers about their education policy, and schools urgently need some certainty,» said Ms Rayner.
Layla Moran, the Liberal Democrat education spokeswoman, said: «Giving teachers another below inflation pay-rise is frankly an insult to these incredibly hard working and dedicated professionals.»
A Department of Education spokeswoman said: «We recognise and value the hard work of teachers which is why we have accepted the pay deal proposed by the independent School Teachers’ Review Body, in line with the 1% public sector pay policy.
«This will ensure we continue to strike the balance between being fair to public sector workers and fair to taxpayers.»
América del Sur/Argentina/3 de febrero de 2017/Fuente: la nación
Se acerca el comienzo de las clases y vuelven las amenazas de paro, convirtiendo a alumnos y padres en rehenes de la disputa gremial.
Con la cantidad de tinta dedicada a delinear el preocupante y doloroso estado de la educación argentina, no quedan dudas respecto de los problemas que asociadamente atraviesa el gremio docente. Se suma que este sector no escapa a las generales de la ley que rigen al sindicalismo nacional en su conjunto y que, salvo honrosas excepciones, flaco favor les hacen a los trabajadores.
Cuando los niños aún disfrutan de sus vacaciones, de cara al comienzo de las clases, confirmado para el 6 del mes próximo en la provincia de Buenos Aires, la pulseada ya comenzó. Hablamos de un ríspido asunto que enfrenta estacionalmente a docentes y gobierno y que siempre toma de rehenes a los escolares.
En los últimos años, en todo el país, viene aumentando el pase de estudiantes de instituciones públicas a privadas, incluso entre familias con recursos exiguos. En gran parte, ello se debe a los paros sindicales, con su consecuente ausentismo docente, fomentados por gremialistas como Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), y Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Es paradójico que estos líderes sindicales, que tanto dicen defender la escuela pública, estén virtualmente conduciendo a la privatización del sistema de educación con su proceder.
Baradel, del reclamo parcial a la extorsión permanente. Foto: Archivo
Más de una década de populismo degradó gravemente la educación pública. La pérdida de días de clase, la baja calidad de la educación, que revela que más del 60% de los estudiantes no reúnen las condiciones mínimas para desempeñarse en la vida adulta, sumadas la deserción y la repitencia escolar, son desafíos que debiéramos encarar, aunadamente, padres, docentes, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa y empresarios, entre otros actores.
Los padres que entregan por tantas horas a sus hijos y están dispuestos a colaborar para su mejor educación ¿pueden razonablemente confiar en que la salida a los problemas sea el combate abierto que plantea Baradel, con su secuela de paros y acortamiento del calendario escolar ya bastante raleado? El reclamo salarial es sólo una de las patas del grave problema que enfrenta nuestra educación.
Resulta llamativa la impunidad con la que habla y se mueve este representante gremial que, como tantos otros, hace de esa representación una actividad casi vitalicia. Son los que suelen exigir cambios a los gobernantes, incluso a veces hasta reclaman sus renuncias, pero ellos se mantienen por décadas en la cúpula del poder sindical, suprimiendo cualquier oposición y trabando eventuales renovaciones de cuadros. La vida ostentosa de muchos de los personajes que integran nuestra burocracia sindical no puede justificarse. En el caso del gremio docente, los cargos deberían ser rentados con un sueldo por las funciones gremiales que fuera igual a lo que gana, por ejemplo, un maestro con 10 años de antigüedad al frente de un grado y no superar un lapso razonable en la función sindical, con cargos revocables y veedores que controlen las arcas para defender las elevadas cuotas sindicales pagadas, precisamente, por los propios docentes con sus magros salarios.
Allá por 1997 Baradel fue pionero de la Carpa Blanca, aquel campamento instalado por docentes frente al Congreso en reclamo de una ley de financiamiento educativo. En 2014, más de tres millones de estudiantes bonaerenses quedaron sin clases cuando los maestros pedían a través de él un aumento del 35% y ponían en jaque al gobierno de Daniel Scioli. Su propia carrera «docente» ronda los 25 años, pero hay que destacar que sólo estuvo al frente de un aula por poco tiempo, en la escuela Villa Urbana, de Lomas de Zamora. Fue delegado del Suteba, que dependía de Ctera, en Lanús. Al recibirse de abogado, ganó posiciones en Suteba, entidad que agrupa al 60% de los docentes bonaerenses, de la mano de Hugo Yasky, quien le dejó su puesto de conducción en 2004, cuando él pasó a Ctera. Ganó las elecciones internas de 2010 y 2013 y reúne varias funciones gremiales, aunque la principal sigue siendo, evidentemente, la de «agitador».
Vocero de demandas salariales o laborales, involucrado siempre en disputas gremiales o político-partidarias, arrastra también a su tropa por insólitas cuestiones, como la movilización de 2005 en rechazo a la visita del presidente norteamericano con motivo de la Cumbre de las Américas, que significó otro día de clase perdido para los alumnos.
Desde fines del año pasado, los docentes vienen exigiendo la reapertura de paritarias. «Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto (…) no vamos a aceptar que nos pongan un techo a la paritaria», amenazaba Baradel, quien convocó para hoy a una marcha en todo el país.
La gobernadora María Eugenia Vidal, acusada por los gremialistas de incumplir la cláusula de reajuste salarial por inflación, respondió indignada: «Hacen política con la educación y los chicos. Esperaba más de Baradel», y citó a los representantes sindicales a una mesa de negociación para el lunes próximo. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo con acierto que los adultos deben discutir las problemáticas con los chicos dentro de las aulas, advirtiendo también que en una provincia claramente quebrada no se puede ofrecer lo que no se puede pagar, en relación con el reformulado piso del 35% que reclaman los docentes frente al 18% con que se cerró la paritaria con estatales bonaerenses para este año.
Frente a estos sistemáticos manejos extorsivos, si Mauricio Macri o Vidal presionan con descontar los días de huelga a los maestros, se los acusa de ser autoritarios, pero nada es más autoritario que cerrar las aulas y mantener al alumnado y a sus padres como rehenes de la disputa.
El sindicalismo tiene un rol fundamental, como defender las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero también debería interesarse por la productividad e impacto de esos salarios, medidos en términos del aprendizaje de los estudiantes, los niveles de graduación, la posibilidad de continuar estudios superiores y de acceder a una salida laboral. Es éste otro importante debate que habría que priorizar durante las agitadas semanas de paritarias docentes.
La ley de educación nacional de 2006 estableció que «la educación es una prioridad» en todo el país y que se «garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender» sin por ello prohibir el derecho de huelga de los docentes, pero sí reglamentándolo adecuadamente como en el caso de otros servicios públicos esenciales que no pueden dejar de prestarse.
Cabe recordar que a fines del ciclo lectivo 2016, el ministro de Educación de la Nación, dijo a este diario que ya es hora de dar el debate sobre el papel de la huelga docente.
El ámbito para la política partidaria es muy distinto. No se puede permitir la extorsión de pretender hacer pagar a los chicos por los desacuerdos con el gobierno de turno. Es de esperar que la sensatez de los trabajadores de la educación pueda ganarle a la conducta de muchos de sus dirigentes sindicales, reclamando creativa e innovadoramente, sin afectar los días de clase, con marchas a contraturno, en días feriados u otras que seguramente generarán mayores simpatías y apoyos. Y que las máximas autoridades cumplan con el compromiso anunciado de priorizar la educación y sumar, para ello, medidas concretas dirigidas a brindar mayor bienestar y calidad de preparación a los docentes.
Transitamos este tiempo deseando que sea un momento bisagra que nos permita proyectarnos hacia un futuro en el que la educación funcione como instrumento para el desarrollo y la superación de toda forma de exclusión; una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
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