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Pensamiento Crítico. ¿Cómo titulares de medios occidentales fabrican consentimiento para genocidio de palestinos?

En otra escalada mortal, el régimen israelí lanzó devastadores ataques aéreos sobre Gaza en las primeras horas del martes, matando a más de 400 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

La agresión siguió a casi diez días de tensiones crecientes, ya que el régimen israelí violó repetidamente los términos del acuerdo inicial de alto el fuego en Gaza, imponiendo un bloqueo asfixiante.

El bloqueo impidió que suministros esenciales como alimentos, combustible y ayuda médica vital ingresaran a la franja sitiada.

El martes, mientras las familias se sentaban a la comida antes del amanecer de Ramadán, más de 20 aviones de guerra israelíes desataron una oleada de ataques aéreos sobre Gaza, golpeando múltiples ubicaciones civiles.

Los ataques indiscriminados ocurrieron en el día 18 del mes sagrado de Ramadán, cuando las personas esperaban con entusiasmo las festividades del Eid después de casi dos años de genocidio y limpieza étnica.

Los ataques aéreos destrozaron barrios densamente poblados, escuelas improvisadas y edificios residenciales, lugares donde los civiles habían buscado refugio.

Tras la masacre, las redes sociales se inundaron de vídeos desgarradores de familias llevando a los heridos a los hospitales.

Entre las imágenes más desgarradoras estaba la de un anciano sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña en sus brazos, su voz temblando mientras gritaba: “Dios es suficiente para mí, y Él es el mejor administrador de los asuntos”.

En la morgue, se desplegó otra escena desgarradora: un joven buscando desesperadamente entre los muertos, buscando a un ser querido. Cuando finalmente los encontró, no gritó ni se desplomó. En su lugar, simplemente permaneció allí, en silencio, mientras las lágrimas caían por su rostro.

La reanudación del bombardeo israelí a gran escala ha sumido a Gaza en una devastación aún mayor, destrozando un alto el fuego ya frágil con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que Israel había violado repetidamente en las semanas anteriores.

Tras los mortales ataques, HAMAS responsabilizó al régimen israelí de la masacre, señalando la implicación directa de Washington, afirmando que “el reconocimiento por parte de la administración de EE.UU. de que fue informada antes de la agresión sionista confirma su participación directa en la guerra genocida contra el pueblo palestino”.

HAMAS advirtió que los ataques aéreos israelíes y la decisión del régimen de “anular el acuerdo de alto el fuego” pondrían a los cautivos en Gaza en “un destino incierto”.

Mientras tanto, a medida que Israel intensificaba su asalto, los medios de comunicación occidentales trabajaban rápidamente para moldear la percepción pública, minimizando la magnitud de las bajas palestinas mientras enmarcaban los ataques como un ataque a HAMAS.

En lugar de resaltar el devastador costo humano —más de 400 palestinos muertos— los medios de comunicación principales como Axios presentaron la agresión como “ataques aéreos contra HAMAS”, haciendo caso omiso de la destrucción generalizada y las masivas bajas civiles.

Dado el alcance de los últimos ataques aéreos de Israel, la gran mayoría de los muertos han sido mujeres y niños. Sin embargo, como señalaron los críticos de los medios, el titular de Axios no reflejó la brutal realidad de la ofensiva israelí sobre Gaza.

De manera similar, Fox News, con sede en EE.UU., adoptó una narrativa sesgada, justificando abiertamente el bombardeo de los palestinos por parte de Israel.

Según los analistas de medios, la red trató de enmarcar el asalto como una consecuencia natural de que el alto el fuego hubiera terminado, como si eso legitimara automáticamente el asesinato masivo de civiles.

Fox News también reflejó la cobertura de Axios, alegando que Israel había atacado a HAMAS, ignorando el hecho de que la mayoría de los muertos y heridos desde la mañana del martes eran niños.

En otra afirmación engañosa, la red alegó que los ataques eran una respuesta a la negativa de HAMAS a “liberar rehenes”.

HAMAS había acordado liberar a los cautivos en línea con el acuerdo de intercambio, pero fue Netanyahu quien se negó a adherirse a los términos del acuerdo.

Durante la primera fase del alto el fuego, HAMAS liberó a más de 20 cautivos israelíes, siguiendo el proceso acordado.

Bloomberg también repitió la cobertura de Fox News y Axios, reforzando la narrativa de que los ataques aéreos solo apuntaban a “objetivos de HAMAS”.

Este enfoque, sin embargo, contrastaba drásticamente con la realidad sobre el terreno. El bombardeo israelí golpeó áreas densamente pobladas, lugares donde los civiles habían buscado refugio.

NBC también enmarcó la agresión israelí como una simple confrontación militar entre ambos bandos, ignorando deliberadamente el hecho de que el agresor era el régimen de Tel Aviv, no HAMAS.

Su narrativa omitió deliberadamente un contexto crucial en el que Israel había abandonado las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego y ya había violado la primera fase al bloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza durante más de diez días.

De manera similar, el titular de CNN también mostraba signos de manipulación, sin resaltar el aspecto más crítico de la situación: las negociaciones del alto el fuego y la negativa de Israel a cumplir con sus compromisos.

Los analistas señalaron que, dado el asombroso saldo de muertos por los ataques del martes y la violación israelí del acuerdo de alto el fuego, el titular de CNN debería haber incluido al menos uno de estos elementos para proporcionar a los lectores una comprensión precisa de la crisis.

En cambio, la red optó por la vaga frase “ataques extensos”, sin reconocer las devastadoras secuelas.

Reuters también siguió la tendencia de minimizar la tragedia. La elección de palabras de la agencia de noticias británica —describiendo la masacre como ataques a “objetivos de HAMAS”— fue criticada por activistas por restarle importancia a la magnitud de la brutalidad israelí en Gaza.

Titular de Reuters

CBS adoptó un enfoque igualmente sesgado, retratando los ataques aéreos israelíes como ataques exclusivamente dirigidos a HAMAS.

Sin embargo, las imágenes ampliamente difundidas contaban una historia diferente. Mostraban a palestinos llevando a sus familiares heridos a los hospitales, mientras las morgues se desbordaban de montones de cuerpos sin vida.
 

 Titular de CBS

A medida que el número de muertos sigue aumentando, los analistas de medios afirman que estas distorsiones mediáticas no son accidentales: forman parte de un patrón más amplio en el periodismo occidental, donde el lenguaje se elabora cuidadosamente para moldear la percepción pública, protegiendo a Israel de la responsabilidad mientras borra el sufrimiento palestino del discurso global.

Los medios occidentales, que han jugado a favor de Israel desde octubre de 2023, han vuelto a fabricar el consentimiento para el genocidio israelí en Gaza culpando a los oprimidos por los crímenes de los opresores.

Fuente de la información e imagen:  https://www.resumenlatinoamericano.org

Fotografía: Resumen latinoamericano

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La violencia en Haití está impidiendo a los niños ir a la escuela

En el último mes, cerca de 60.000 personas fueron desplazadas y los ataques armados dejan cada vez más consecuencias.

La pérdida del derecho a la educación se convirtió en un nuevo efecto de la crisis causada por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Según advirtió la organización humanitaria Plan Internacional, que entrevistó a más de 200 personas que viven en campos de desplazados, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes se vieron privados de su derecho a la educación.

La crisis que atraviesa el país les impide acceder a los centros de enseñanza, y desde 2024 cerraron más de 900 escuelas debido a los ataques de grupos delictivos armados o a que los edificios escolares se convirtieron en refugios improvisados para alojar a las personas que huyen de los barrios más violentos de la capital.

Incluso si se toma como referencia a toda la población del país, no sólo a quienes viven en las situaciones más extremas, la restricción del derecho a la educación queda en evidencia. Según la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, más de medio millón de niños haitianos, uno de cada siete, no puede ir a la escuela a causa de la violencia.

Según señala Plan Internacional, esta situación deja a los niños en una posición más vulnerable porque, al quedar fuera de los centros educativos, están más expuestos a ser reclutados por las bandas armadas y a convertirse en víctimas de violencia sexual y tráfico de menores, informó la agencia Efe. Esto impacta, por ejemplo, en un incremento de los embarazos adolescentes.

También se refleja en las expectativas de niños de apenas diez años que al ser entrevistados por la organización civil manifestaron su voluntad de volver a su barrio en Puerto Príncipe y unirse a las bandas armadas como un camino para conseguir recursos económicos.

En el último mes, más de 60.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, un número inusualmente alto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Este alarmante aumento de los desplazamientos pone de manifiesto el incesante ciclo de violencia que asuela la capital haitiana. Nunca habíamos visto a tanta gente desplazarse en tan poco tiempo”, dijo el jefe de la OIM en Haití, Grégoire Goodstein.

El fenómeno se concentra en la capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas controlan cerca de 85% del territorio. “Las personas que huyen de la violencia necesitan protección inmediata, comida, agua y refugio. La situación empeora día a día y, sin apoyo adicional, corremos el riesgo de asistir a una catástrofe humanitaria aún mayor”, agregó Goodstein.

Los datos de la OIM indican que el número de desplazados creció cada año y llegó a más de un millón de personas en total. A su vez, las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que 5.601 personas murieron por la violencia en Haití durante 2024, 1.000 más que en 2023.

Para los periodistas, informar a los haitianos en medio de esta crisis implica correr riesgos graves incluso en coberturas aparentemente sencillas. Por ejemplo, en diciembre, dos periodistas murieron cuando cubrían la inauguración de un hospital y la ceremonia fue interrumpida por un ataque a tiros.

Según informó Radio France International, el representante de la Unesco en Haití, Eric Voli Bi, dijo que las pandillas atacan “metódicamente” a los medios periodísticos para “silenciarlos”. “La situación es muy alarmante, muy preocupante, porque los medios de comunicación se están convirtiendo en objetivos”, dijo el funcionario a la agencia de noticias AFP.

Recientemente fueron atacados un canal de televisión y dos radios, dijo, y consideró que el objetivo es “impedir que llegue a los haitianos una información justa y transparente sobre la situación”. Sin embargo, los medios siguen trabajando en zonas peligrosas, destacó el funcionario de la Unesco.

Frantz Duval, el director del periódico más antiguo de Haití, Le Nouvelliste, describió la gravedad de la situación que enfrenta la capital haitiana en un editorial citado por The Guardian. Dijo que “al igual que Phnom Penh invadida por los Jemeres Rojos, Saigón absorbida por las tropas norvietnamitas, Trípoli tras la caída de Muamar el Gadafi, Saná tomada por los hutíes o Kabul tomada por los talibanes, Puerto Príncipe ha estado pendiendo de un hilo durante tanto tiempo que ahora cabe temer que los rumores y los gritos de angustia no sean meros ecos, sino el sonido de su colapso final”.

En medio de esta crisis, el diario informaba este lunes de la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con una política de su predecesor, Joe Biden, que daba un estatus legal temporal a migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela para residir en Estados Unidos.

Esta medida abarca a más de 530.000 personas. Aquellas que no hayan conseguido otro tipo de protección legal se exponen a deportaciones que las devuelvan al país del que tuvieron que huir.

https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2025/3/la-violencia-en-haiti-esta-impidiendo-a-los-ninos-ir-a-la-escuela/

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EEUU: La capitulación de la Universidad Columbia frente a Trump. La academia se postra ante la dictadura

Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social

Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (en inglés, International Youth and Students for Social Equality) condenan la rendición de la Universidad Columbia ante las demandas del Gobierno de Trump de imponer un régimen de censura en el campus.

Policías de la ciudad de Nueva York detienen a manifestantes contra el genocidio cerca del campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, 30 de abril, 2024 [AP Photo/Craig Ruttle]

La administración universitaria anunció el viernes una serie de medidas de gran alcance como prohibir el uso de mascarillas en el recinto; la contratación de 36 “oficiales especiales” con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad.

Además, la universidad anunció la adopción de una nueva definición de antisemitismo que incluye críticas a Israel y “ciertos dobles estándares aplicados a Israel”, una formulación que busca mezclar el antisionismo con el antisemitismo y reprimir la oposición a los crímenes del Estado israelí.

Las acciones tomadas por Columbia tienen vastas implicaciones para la libertad de expresión y los derechos democráticos, no solo en su propio campus sino en todo el sistema de educación superior en los Estados Unidos. Como escribió el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, en una declaración en X:

Una versión trumpiana estadounidense de lo que los nazis llamaron Gleichschaltung, la subordinación oficial de la vida intelectual y cultural a la ideología nazi, está siendo implementada por las principales universidades “liberales” estadounidenses.

Estas medidas no fueron impuestas a la fuerza a la universidad a través de coerción política ni una orden judicial. Fueron adoptados por la propia universidad, voluntariamente, con el fin de ganar el apoyo de Trump para la restauración de $400 millones en fondos federales que retuvo para forzar estos cambios. Columbia está actuando como un cómplice voluntario, trabajando mano a mano con el Estado para atacar a los estudiantes que protestan contra el genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza.

El 10 de marzo, el Gobierno de Trump envió una carta a más de 60 instituciones académicas, incluida Columbia, declarándolas bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y amenazando con nuevas medidas policiales y recortes de fondos. Apenas tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall.

Columbia también facilitó la captura de Mahmoud Khalil, quien fue secuestrado de su residencia cerca de la universidad el 8 de marzo y ha pasado las últimas dos semanas en un centro de detención en Louisiana, amenazado con la deportación. En su carta desde la cárcel publicada la semana pasada, Khalil escribió:

Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el Gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se mantuvieran fuera de control.

Antes de su arresto, Khalil había escrito a Columbia pidiendo ayuda contra las provocaciones derechistas de un profesor universitario. Fue ignorado.

Las universidades de todo el país están asumiendo el papel de ejecutoras de la represión estatal, arrestando a estudiantes, vigilando las protestas y castigando las expresiones de oposición al genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza. Esto comenzó bajo la Administración de Biden, que respondió a la erupción de las protestas universitarias el otoño pasado alentando la represión policial.

En la Universidad de Cornell, la Administración intentó suspender al estudiante de posgrado y ciudadano británico-gambiano Momodou Taal por su participación en una protesta pacífica el otoño pasado, lo que habría llevado a su deportación. Esta acción creó las condiciones para el intento de Trump, en los últimos días, de capturar y deportar a Taal como represalia por su presentación de una demanda federal que desafiaba las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales.

La dirección de la Universidad de Michigan pidió a la fiscala general demócrata Dana Nessel que presentara cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles propalestinos, como parte de un esfuerzo más amplio, liderado por los demócratas en Michigan, para criminalizar la oposición a la guerra y el genocidio. Más recientemente, la Universidad de Tulane ha presentado cargos disciplinarios contra siete estudiantes por participar en protestas fuera del campus exigiendo la libertad de Khalil.

La capitulación de Columbia y otras universidades ante la Administración Trump no puede explicarse simplemente por la cobardía de sus administradores, aunque ciertamente son cobardes. En las últimas cuatro décadas, la financiarización de la economía estadounidense y el dominio de la vida social por parte del mercado de valores han dado lugar a una nueva clase media-alta extremadamente rica. Esta capa, intelectualmente corrupta y separada de cualquier tradición democrática seria, ahora domina la cúpula de las universidades de élite.

Los fondos de Columbia llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales. La universidad está profundamente arraigada en el mundo de las altas finanzas.

Además, la presidenta interina Katrina Armstrong, que recibe más de $1 millón al año en salario, y la Junta Directiva están estrechamente vinculados al Partido Demócrata. De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo el miembro de la junta, Adam Pritzker de la multimillonaria familia Pritzker donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris.

El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, ahora socio del bufete de abogados Paul Weiss, forma parte de la Junta Directiva de Columbia junto con importantes financieros, directores ejecutivos y agentes políticos.

Significativamente, el bufete de abogados de Johnson, Paul Weiss, recientemente hizo su propia capitulación abyecta ante la Administración de Trump, anunciando un acuerdo con la Casa Blanca para proporcionar servicios legales pro bono por valor de $40 millones para causas seleccionadas por la Administración de Trump a cambio de la exención de una de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a bufetes de abogados y abogados. Un bufete de abogados que se adapta a las demandas del Estado deja de funcionar como defensor y se convierte en un instrumento de represión política.

Lo que se está exponiendo a través de estos desarrollos es que no existe una base de apoyo seria para la defensa de la democracia dentro del Estado, el Partido Demócrata ni cualquiera de las instituciones de la llamada “sociedad civil”. Trump no está actuando solo. Su asalto a los derechos democráticos se está llevando a cabo con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa.

Hace apenas una semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró la aprobación de un proyecto de ley presupuestario para financiar al mismo Gobierno que está implementando un plan sistemático para imponer una dictadura. El Partido Demócrata, independientemente de sus desacuerdos tácticos con la Administración de Trump centrados en la política exterior, es un partido de Wall Street y sectores privilegiados de la clase media-alta.

Lo que está ocurriendo ahora va mucho más allá del mccarthismo de la década de 1950. Es un asalto coordinado a los derechos democráticos más fundamentales de toda la población.

Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) llaman a la más amplia oposición a este asalto a los derechos democráticos. Pero esta batalla no se puede librar solo en las universidades. La única base para la defensa de los derechos democráticos es la movilización política de la clase trabajadora, la gran mayoría de la población, independiente de ambos partidos capitalistas y basada en un programa socialista.

La clase obrera es una fuerza inmensamente poderosa, que puede derrocar al capitalismo y reestructurar la sociedad sobre la base del socialismo. El giro de la oligarquía capitalista a la dictadura está inextricablemente conectado con la guerra que se libra contra la clase trabajadora, en forma de asalto masivo a los programas sociales, el despido masivo de trabajadores federales y la eliminación de todas las regulaciones sobre las ganancias corporativas.

La abolición de la libertad de expresión en los campus universitarios será seguida por pasos para ilegalizar las huelgas y otras formas de protesta contra la explotación empresarial. Al mismo tiempo, está relacionado con una enorme escalada de la guerra imperialista, que ahora toma la forma de la expansión del genocidio y una guerra más amplia en todo Oriente Próximo, junto con los preparativos para la guerra contra China.

El JEIIS, el movimiento estudiantil y juvenil del Partido Socialista por la Igualdad, está luchando por construir un movimiento de jóvenes que esté orientado a una lucha por construir un movimiento en la clase trabajadora, en oposición a todo el establishment político, incluido el Partido Demócrata y todos sus apologistas y defensores.

Instamos a los estudiantes: ¡Asuman esta lucha! ¡Únanse al JEIIS!

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2024)

https://www.wsws.org/es/articles/2025/03/25/pers-m25.html

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Educación en Afganistán: Más de 2.2 millones de niñas sin clases

Por: Wanda Pacheco

Suman 400 mil niñas sin acceso a la educación en Afganistán durante el nuevo ciclo escolar.

A tres años de la prohibición del acceso a la educación secundaria para niñas afganas, más de 400 mil niñas no podrán acceder a su derecho a la educación durante el inicio del nuevo ciclo escolar, esta cifra se suma a las más de 2.2 millones de niñas que no asisten a clases desde que la prohibición fue anunciada por gobierno talibán en 2022, según informó Catherine Russell, Directora Ejecutiva de Unicef.

Con esos datos, se estima que para el año 2030 más de cuatro millones de niñas afganas no habrán podido ejercer su derecho a la educación. Afganistán es el único país en el mundo en el que se le prohíbe a las mujeres estudiar y formarse como profesionistas, lo que tendrá consecuencias en el futuro del país, según advierte el organismo.

Los rubros más afectados por esta prohibición son el sector de salud y el económico, y  es que eventualmente Afganistán se enfrentará a una escasez de trabajadoras sanitarias, lo que pondrá en riesgo la vida de las mujeres embarazadas, provocando más de mil quinientas muertes maternas y más de tres mil quinientas muertes infantiles, de acuerdo con el comunicado.

La prohibición del acceso a la educación de las niñas afganas las hará vulnerables ante el matrimonio precoz, cifra que ha aumentado desde el ascenso de los talibanes al gobierno.

Apenas en diciembre del año pasado, el régimen talibán prohibió a las mujeres estudiar en instituciones especializadas en educación médica, una profesión que está asociada a los hombres.De igual forma en algunas provincias del país se prohibió que las mujeres reciban atención médica por parte de médicos hombres, lo que incrementa la tasa de mortalidad de las mujeres más vulnerables al no existir asistencia médica femenina.

Otras de las restricciones van desde la prohibición de la práctica de algún deporte, no poder salir de casa sin algún familiar o persona con parentesco, poco o nulo acceso al trabajo fuera del hogar, y ser vistas por otras personas a través de ventanas o balcones.

Niñas afganas sin educación

En 2001 la presencia de las niñas dentro de las aulas escolares era casi nula, con cero de cada 10 niñas dentro de las aulas escolares. En 2018 la cifra alcanzó su punto más alto con cuatro de cada 10 estudiantes siendo niñas. Entre 2011 y 2018 la tasa de alfabetización femenina estuvo a pocos puntos de duplicarse, pasando del 17% al 30%, según se informó en el reporte The right to education:What’s at stake in Afghanistan?A 20-year review,  de la Unesco.

El mismo estudio señaló que este significativo incremento de escolarización femenina fue posible gracias al financiamiento educativo externo, en ese entonces, el gobierno de Afganistán sólo gastaba un 12% del total de ingresos destinados a la educación.

Sin embargo, en 2021 tras la llegada de los talibanes al poder, estos avances se han revertido y las mujeres afganas ahora enfrentan una crisis humanitaria que no sólo les prohíbe acceder a la educación, sino que pone en riesgo el futuro del país por completo.

“Las consecuencias son devastadoras tanto para las niñas como para Afganistán”, se lee en el comunicado de la ONU.

La falta de escolarización tendrá consecuencias a futuro que sólo serán reversibles después de varias generaciones de mujeres. En diciembre de 2022, se prohibió la educación universitaria para las mujeres, lo que dejó a más de 100 mil estudiantes sin acceso a la educación superior.

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que la mitad de la población adulta afgana no puede leer ni escribir, esta cifra se agudiza por las desigualdades de género y es que sólo el 30% de las mujeres afganas pueden leer y escribir, en comparación de un 55% de hombres.

https://lacaderadeeva.com/actualidad/prohibicion-de-la-educacion-en-afganistan-para-mujeres/13233

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Argentina: Una multitud salió a la calle por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 49 años del golpe

Una marea de gente se volcó a la calle contra el negacionismo del gobierno

Por Martín Bosch

Ante el avance del negacionismo de Estado, la sociedad argentina salió en masa a defender la bandera de la memoria, la verdad y la justicia que se sostiene desde la vuelta de la democracia y que el gobierno de Javier Milei pone en riesgo.

Una Plaza de Mayo colmada acompañó a las Madres, a las Abuelas, a sobrevivientes y familiares y gritó por los “30 mil detenidos desaparecidos, ahora y siempre”, como única respuesta a las provocaciones del Ejecutivo este lunes en las que cuestionó la cifra de víctimas del terrorismo de Estado y promovió la “memoria completa”.

Por primera vez desde 2006, las organizaciones de derechos humanos realizaron una sola marcha y realizaron un acto conjunto frente a la Casa Rosada en lo que se cree que fue la mayor movilización de un 24 de marzo desde el regreso de la democracia.

Muchas familias y personas sueltas se convocaron a 49 años del golpe cívico-militar. Además, llenaron las avenidas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales. Como ocurrió también el año pasado, la CGT participó institucionalmente de la marcha, al igual que las dos CTA.

Una marea de gente se volcó a la calle contra el negacionismo del gobierno
Foto: Edgardo Gomez

Sobre el escenario, sólo estuvieron Madres y Abuelas acompañando a quienes leyeron el documento consensuado: Estela de Carlotto, titular de Abuelas, Taty Almeida y Elia Espen, de Madres Línea Fundadora, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. ¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel!”, sostuvo Taty al cierre del discurso, que fue firmado por todas las organizaciones, tanto las históricas, entre ellas como Abuelas, Madres, HIJOS, Familiares y APDH, como las que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

La dirigente de Madres Línea Fundadora denunció también “el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los sitios de memoria y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos”, y exigió la “preservación de los Espacios para la Memoria y el cuidado de las pruebas materiales de la represión”.

La primera en hacer uso de la palabra fue Elia Espen, quien leyó las consignas históricas del movimiento de derechos humanos. “A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo

¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!”, señaló.

“Seguimos exigiendo que nos digan ¿dónde están?”, manifestó y reiteró el pedido de desclasificación de “todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983” para avanzar con las investigaciones de los responsables, para encontrar a los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados y conocer el destino de las personas desaparecidas.

Carlotto se refirió a la búsqueda de nietos y nietas y reclamó que “el Estado debe garantizar la restitución de su identidad”.

“La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado”, explicó Estela.

Una marea de gente se volcó a la calle contra el negacionismo del gobierno
Foto: Eduardo-Sarapura

La titular de Abuelas llamó a todas las personas que tengan información que se comuniquen con la institución así como quienes tengan dudas sobre su identidad. “En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos, hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos. Nunca es tarde”, cerró.

Pérez Esquivel cuestionó las políticas económicas del gobierno nacional y llamó a la “derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI”. Denunció “la situación social de pobreza en la que viven cada vez más familias, el cierre o vaciamiento de políticas de asistencia a los más vulnerados”, y exigió que se detenga la militarización de los territorios y se respeten los derechos de los pueblos indígenas.

Los organismos pidieron también la renuncia de Patricia Bullrich por la brutal represión a la protesta social que ordenó y cuestionaron una nueva toma de deuda con el FMI. “La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo, protección social, vivienda, salud y educación!”, manifestaron.

Una marea de gente se volcó a la calle contra el negacionismo del gobierno
Foto: Eduardo Sarapura

Tiempo Argentino

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Vietnam busca políticas sobresalientes para desarrollo de educación y salud

El primer ministro Pham Minh Chinh presidió hoy aquí una reunión sobre la elaboración de borradores de propuesta al Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) para emitir resoluciones sobre los programas nacionales de metas para el desarrollo de la educación y la formación; junto con de la atención a la salud, la población y el desarrollo 2026-2035.

Tras escuchar los borradores, la reunión debatió sobre fundamentos políticos, legales, prácticos y contenidos principales de ambos programas.

En sus conclusiones, el premier elogió la preparación de los ministerios de Salud y de Educación y Formación, así como las opiniones profundas y comprometidas sobre el tema.

Aprobó la elaboración de las propuestas para el Buró Político y pidió a las dos carteras incorporar las opiniones, formar un grupo de trabajo para revisar resoluciones y directivas relevantes; evaluar logros, limitaciones, metas, tareas y soluciones conforme a las nuevas directrices del secretario general del PCV, To Lam.

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El primer ministro Pham Minh Chinh en el evento. (Fuente: VNA)

Los objetivos, tareas, soluciones, mecanismos y políticas deben ser específicos, prioritarios, innovadores, con un carácter de palanca y punto de apoyo para desarrollar la educación y la formación de acuerdo con la situación actual, destacó.

También concedió importancia a perfeccionar el marco institucional; mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje; fortalecer la responsabilidad de los docentes, los estudiantes, el Estado, las familias y la sociedad en el desarrollo educativo; desarrollar el contingente docente; consolidar y modernizar progresivamente las escuelas, especialmente en áreas montañosas, fronterizas, insulares y de minorías étnicas; desarrollar el sistema de internados para minorías étnicas, garantizando la igualdad en el acceso a la educación.

Se deben movilizar recursos, priorizar la colaboración público-privada, enseñar vietnamita y cultura a vietnamitas en el extranjero, formar recursos humanos de alta calidad y mejorar el dominio de lenguas extranjeras, especialmente el inglés.

En el sector de salud, Minh Chinh destacó abordar los desafíos, satisfacer las necesidades de atención sanitaria y mejorar la calidad de la población; invertir en infraestructura, equipos, tecnología y personal médico; desarrollar la prevención y atención primaria como base para el cuidado inicial, temprano y remoto, especialmente para niños y ancianos.

Los objetivos incluyen número de revisiones médicas anuales por persona, reducción de tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades graves, y control de epidemias.

En 2025, se deben enviar mil médicos a nivel local. Pidió digitalizar expedientes de estudiantes y salud pública, subrayando que estas propuestas, de amplio alcance e impacto, exigen gran esfuerzo en poco tiempo para presentarlas con calidad a las autoridades competentes.

https://es.vietnamplus.vn/vietnam-busca-politicas-sobresalientes-para-desarrollo-de-educacion-y-salud-post217701.vnp

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País Vasco: Miles de profesores vuelven a salir a la calle tras fracasar la negociación con Educación

Miles de profesores de la educación pública vasca han vuelto a salir este martes a las calles en una nueva jornada de huelga tras concluir sin éxito el último intento de negociación entre los sindicatos y el Departamento de Educación, que se prolongó durante más de nueve horas hasta entrada esta madrugada.

Horas después, a partir de las once y media de la mañana, miles de profesores de la red pública no universitaria se han dado cita en la Gran Vía de Bilbao en el marco de una nueva jornada de huelga convocada entre este colectivo por Steilas, LAB, ELA y CCOO.

Los sindicatos han cifrado en más del 75 % la incidencia de la protesta, mientras que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco la ha rebajado al 46 %.

Tras la fallida negociación de ayer, los sindicatos han redoblado las llamadas a la movilización entre los cerca de 27.000 docentes convocados.

En respuesta, una multitudinaria manifestación ha recorrido esta mañana el centro de Bilbao entre gritos a favor de la «lucha».

Educación cifra el seguimiento en el 46 %

Según los datos aportados por Educación, el seguimiento de la huelga ha sido del 46 %, con información del 88 % de los 552 centros hasta las 12:30 horas.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, ha asegurado que el Departamento de Educación mantiene «intacta» su disposición al diálogo con los sindicatos de docentes de la enseñanza pública con el objetivo de respaldar una educación pública de calidad y con «más recursos que marquen la diferencia».

Ubarretxena ha lamentado no haber podido cerrar ayer un acuerdo «para evitar la huelga» tras la presentación a los sindicatos de una propuesta en la que se recogen «buena parte de sus demandas».

BILBAO, 25/03/2025.- Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CCOO han celebrado este martes una manifestación en Bilbao dentro del marco de una nueva jornada de huelga entre el profesorado de la educación pública vasca para reclamar la mejora de sus condiciones laborales. EFE/ Miguel Toña

Los sindicatos no comparten la postura del Gobierno Vasco y creen que Educación «no quiere» mejorar las condiciones del colectivo, al plantear propuestas sin «garantías» ni «concreciones».

También consideran que ha actuado con «mala fe» al perseguir con su modo de proceder «desactivar» la movilización y que las huelgas anunciadas fueran desconvocadas.

Los profesores de la educación pública vasca no universitaria, que ya secundaron cuatro jornadas de huelga en enero y febrero, están llamados también a salir a la huelga mañana y pasado, así como los días 1 y 2 de abril.

De momento, las partes no están convocadas a una nueva reunión para continuar con la negociación.

Los sindicatos culpan a Educación

Según los convocantes, el Departamento de Educación «les lleva a continuar con las huelgas» y en este contexto «seguirán llenando las calles hasta que ponga encima de la mesa contenidos», han advertido.

Las centrales han reiterado su disposición a la negociación, pero a una «real», no a «una escenificación», que es lo que consideran que se produjo ayer.

Los sindicatos han valorado la respuesta al llamamiento a la movilización, «a pesar de que a las dos y media de la madrugada la gente no sabía si seguían en pie las huelgas», ha señalado la representante de ELA Miren Zubizarreta, que ha considerado esta circunstancia «parte de la estrategia del Gobierno de intentar desestabilizar».

A su juicio, la última cita resultó ser «un esperpento» en su «intento de desactivar la movilización» tras optar Educación «por reunirse individualmente con cada uno de los sindicatos».

Unidad sindical

Desde CCOO, Sonia Aldave ha afirmado que Educación «no va a conseguir ver» la división de los sindicatos en este ámbito.

Según ha asegurado, «la unidad -entre ellos- continúa como al principio y posiblemente más fuerte».

«Tenemos muy claro que la unidad es lo que hace la fuerza y que el profesorado nos quiere unidos», ha señalado.

Los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años por el profesorado, medidas para rejuvenecer las plantillas, aliviar las crecientes cargas laborales y mejorar las condiciones de jubilación, así como garantizar el empleo público y estabilizar los puestos de trabajo ante las fusiones y cierres de centros públicos por el descenso de la natalidad.

Demandan, asimismo, políticas educativas que euskaldunicen todo el sistema educativo público, poner los medios para el cuidado de la salud laboral del personal y desarrollar planes estables y de calidad de igualdad. EFE

Miles de profesores vuelven a salir a la calle tras fracasar la negociación con Educación

 

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