La defensora de derechos humanos Ivania Cruz exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investigar las muertes de cientos de personas privadas de libertad en centros penales e identificar a los custodios involucrados en presuntos actos de tortura.
La denuncia coincide con los reclamos del Movimiento Madres por la Libertad y la plataforma Alerta Carlos El Salvador en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), donde exigieron verdad, justicia y pruebas de vida ante la falta de respuestas estatales.
Cruz, fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y exiliada por persecución política, indicó que la cifra de fallecidos en prisiones bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, asciende al menos a 547 según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La plataforma señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad«.
Obstáculos institucionales y causas de muerte
La abogada detalló que presentó un escrito a Medicina Legal para conocer el registro exacto, los nombres y las causas de muerte de los reclusos, pero la institución respondió que la FGR debía autorizar el acceso. La petición ingresada al Ministerio Público permanece sin respuesta oficial hasta la fecha.
Al respecto, Cruz cuestionó: «La Fiscalía, que es el ente que debe buscar el tema de la verdad judicial, o incluso la verdad administrativa, debería tener entre sus compromisos decir: bueno, y si existen muertes dentro de centros penales y estas muertes no son naturales, ¿qué es lo que está pasando?».
Un informe de SJH de finales de enero señala que la violencia física encabeza las causas de muerte con cerca del 32 % de los casos. Las incidencias se concentran en prisiones que albergan a más de 92.480 detenidos sin condena, mientras que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no reporta decesos.
Cruz afirmó que la FGR debería indagar el actuar de los custodios dentro del sistema penitenciario y aseveró: «Si de verdad existiera una Fiscalía que debería estar haciendo su trabajo, la misma Fiscalía estaría investigando cuáles son los custodios involucrados en las muertes de tantas personas, que también son ahora los nuevos pandilleros».
Añadió que «son asesinatos; tanto lo hacían las pandillas como lo hace ahora el Estado salvadoreño por medio de centros penales, por medio de estas supuestas autoridades». El régimen de excepción acumula 54 prórrogas y al menos 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos.
Denuncias de desapariciones forzadas
En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Movimiento Madres por la Libertad exigió al Estado salvadoreño garantizar el derecho a la verdad y la reparación durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.
La organización denunció que las detenciones sin información sobre la ubicación exacta dentro del sistema carcelario constituyen desapariciones desde la captura.
El movimiento señaló que «el régimen de excepción demuestra la ineficacia de las instituciones, la falta de independencia judicial y la ineptitud fiscal», alertando que la medida evidencia que «el Estado necesita suspender las garantías constitucionales de forma permanente para sostener la seguridad ciudadana mediante la represión».
Declararon la inocencia de sus familiares encarcelados y exigieron: «Este día exigimos saber dónde se encuentran nuestros hijos, hijas y familiares. Exigimos una prueba de vida y que se permita de inmediato la visita familiar, pues sus capturas fueron ejecutadas bajo el abuso y el autoritarismo oficial».
Eneida Abarca, fundadora de la iniciativa Alerta Carlos El Salvador, respaldó las demandas del movimiento y relató la desaparición de su hijo ocurrida el 1 de enero de 2022.
Abarca criticó la opacidad estatal al señalar: «La única institución encargada de dirigir la investigación del delito es la Fiscalía y la Policía. Ellos son los encargados de buscar y encontrar. Sin embargo, la cifra de cementerios clandestinos está en reserva, tanto la de desaparecidos como la de fosas. El Estado tiene todo bajo reserva«, y cuestionó: «¿Por qué tienen en reserva todas las fosas?, ¿por qué tienen en reserva todas las cifras de desaparecidos? ¿Qué está ocultando el Estado?«.
El Gobierno mexicano puso en marcha este lunes una estrategia nacional de educación emocional para adolescentes, con una hora semanal dedicada al bienestar socioemocional y 16 millones de guías para estudiantes, familias y docentes, en medio de la preocupación por episodios de violencia escolar y los riesgos que enfrentan los jóvenes en los entornos digitales.
El programa ‘ABC de las emociones’ está dirigido principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años y tendrá presencia en escuelas de todo el país, explicó Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.
“Queremos tener un enfoque preventivo, comunitario y que llegue a todo el país”, afirmó la funcionaria, quien señaló que el objetivo es fortalecer la comunicación y la convivencia tanto en las escuelas como en las familias.
La estrategia distribuirá 7,5 millones de guías para estudiantes, otros 7,5 millones para sus familias y un millón para docentes, con información para reconocer emociones, detectar cuándo es necesario pedir ayuda y abordar la relación con las tecnologías.
Los alumnos de tercero de secundaria y de todo el bachillerato dedicarán una hora semanal a la formación socioemocional y, entre octubre y diciembre, se celebrarán asambleas con madres, padres y cuidadores en escuelas del país.
El anuncio de 3.000 millones de dólares anuales en educación busca cautivar al electorado joven entre dudas sobre su viabilidad financiera y señalamientos de represión contra los estudiantes.
Nayib Bukele se dio un baño de masas frente a unos 30.000 estudiantes de secundaria en El Salvador para anunciar su nueva política en educación. El presidente prometió que su Gobierno repartirá 50.000 becas e invertirá 3.000 millones de dólares anuales en educación, una cifra equivalente al 8% del PIB y a casi un tercio del presupuesto del país centroamericano. La magnitud del anuncio, sin embargo, contrasta con las dudas sobre su viabilidad financiera y con el momento político en que ocurre, a seis meses de las elecciones generales. “Déjenme verlos bien, porque este es el día que cambia a El Salvador. Dentro de varias décadas verán este video y dirán: ‘Ahí fue cuando El Salvador empezó a salir adelante’”, exclamó Bukele.
El acto se da en medio de una campaña impulsada por el Ejecutivo para que los estudiantes a punto de cumplir la mayoría de edad se inscriban en el padrón electoral y participen en las elecciones generales de febrero de 2027, en las que Bukele busca asegurar un tercer mandato. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó hace un año la reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección indefinida. En junio pasado, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, oficializó la candidatura para un tercer período que le permitiría a Bukele sumar 14 años en el poder. La cruzada de empadronamiento, anunciada en marzo pasado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, vence el próximo 31 de agosto. Por los críticos del mandatario, el ofrecimiento se parece más a un potente arranque de un plan electoral que a una respuesta estructural a la crisis de la enseñanza.
El sistema educativo salvadoreño atraviesa una profunda crisis. Un informe elaborado por el propio Gobierno en el marco de la búsqueda de financiamiento para las becas, muestra que en 2026, de cada 100 niños que comienzan la primaria solo 56 terminan el noveno grado. De ellos, apenas 43 finalizan el bachillerato, una cifra muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (65%). De ese total, catorce ingresan a la universidad y solo doce consiguen graduarse.
Sin embargo, la falta de cobertura no es el único obstáculo. En las pruebas PISA de 2022, que miden el rendimiento de estudiantes de 15 años en 147 países y territorios en matemáticas, lectura y ciencias, El Salvador se ubicó entre los 20 peores desempeñados globalmente. El 89% de los alumnos salvadoreños registró un bajo rendimiento en matemáticas, una cifra que se elevó al 98% entre los estudiantes de menores ingresos. El diagnóstico reveló además que el 70% de los alumnos reportó ansiedad ante los problemas numéricos.
Las deficiencias en la infraestructura y la cobertura en el territorio completan el cuadro: según reportes de prensa, para 2025 había 143.378 niños fuera del sistema escolar; la deserción aumentó un 3%; un 10% de las 5.000 escuelas públicas del país se ubicaba en zonas de alto riesgo y el 30% carecía de internet o electricidad. Las becas promisorias, por tanto, solo atienden una fracción del problema.
Estudiantes salvadoreños durante el evento encabezado por el presidente, el 23 de agosto. RODRIGO SURA (EFE)
“Las becas siempre son necesarias en un país con tanta necesidad. Pero se da el caso de que, desde principios de este año, a todos los maestros de bachillerato público se les ha pedido impulsar la inscripción de los jóvenes en el padrón electoral y generar listados para que les emitan el documento más rápido y así puedan votar en febrero del próximo año. Eso da la impresión de que este anuncio, hecho justo ahora, responde más a un fin electorero”, afirma Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).
El dirigente sindical sostiene además que el programa de modernización del Gobierno —que promete entregar una computadora con asistente de Inteligencia Artificial a cada estudiante desde primer grado— no está rindiendo los frutos proyectados por el Ejecutivo. “Algunos alumnos sí usan la tecnología para estudiar, pero en muchos casos se están volviendo adictos al uso de la computadora para jugar”, señala.
No obstante, Zelada reconoce avances en el programa ‘Dos escuelas por día’, orientado a la infraestructura. “Ahora tenemos escuelas bonitas, retocadas, con espacios mejor diseñados. Venimos de una situación donde la escuela pública parecía una granja para pollos. Lo único que nos afecta es que, por las obras de remodelación, los alumnos pasan meses en clases virtuales”, matiza.
Una promesa sin respaldo presupuestario
Respecto al compromiso de invertir 3.000 millones de dólares anuales, Zelada considera que cumplirlo requerirá un “milagro económico”. “Eso equivaldría a duplicar los 1.641 millones asignados a la cartera de Educación en 2026, sin que el Gobierno haya reportado nuevos ingresos que lo sustenten”, advierte.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 ascendió a 10.555 millones de dólares, de los cuales un 28.4% se destina a Educación (un 4.1% del PIB). Pese a ello, la asfixia financiera ahoga a la educación superior pública. La Universidad de El Salvador (UES) ha denunciado de forma reiterada la falta de fondos para cubrir servicios básicos como agua, luz e internet. Para 2026, la institución solicitó 367 millones de dólares, pero solo le fueron asignados 116.5 millones.
Bukele saluda a simpatizantes y a estudiantes en el evento en el que anunció la expansión del programa de becas.JOSE CABEZAS (REUTERS)
“Vamos a pasar a una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año, el triple de lo que invertían gobiernos anteriores, el equivalente a más del 8% del PIB: el país que más invierte en educación de Latinoamérica”, prometió Bukele durante el acto escolar. Costa Rica, sin embargo, tiene en sus leyes una inversión similar. El mandatario aseguró esa misma tarde que su Gobierno publicaría el desglose detallado del presupuesto. “Y esto lo va a poder medir cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier curioso”, aseveró. Cinco días después, ninguna institución ha hecho pública la información. Este periódico solicitó el desglose a la Presidencia, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Integración —entidad encargada de administrar los subsidios—, sin obtener respuesta.
El único ingreso adicional reportado por el Ejecutivo para este rubro es un préstamo de 100 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a inicios de año para apalancar el programa de becas. No obstante, el contrato del crédito fija un plazo de pago de 23 años y contempla el financiamiento de 60.000 becas distribuidas en cinco años. “Estas 50.000 becas son para este año, pero el otro vienen más y más, hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar”, prometió el presidente.
Una fuente interna de la Dirección de Integración, que solicitó el anonimato, aclara que las primeras 50.000 becas se comenzarán a entregar en 2027. Según la fuente, la meta se alcanzará sumando tres vías: 14.000 becarios que ya forman parte de programas estatales, 26.000 financiados con el crédito del BID y otros 10.000 gestionados por la Cancillería. El proyecto del BID, sin embargo, solo prevé 12.000 becas para su primer año de ejecución y estima que la medida elevaría la tasa de graduación universitaria apenas del 14% al 16%.
Militarización y redadas en las escuelas
Mientras promete las puertas abiertas de la universidad, el Gobierno ha trasladado a los centros escolares la política de mano dura que caracteriza su gestión: militarización y control policial. En el último año, Bukele nombró al frente del Ministerio de Educación a Karla Trigueros, una militar de carrera, eliminó los contenidos de equidad de género, impuso un régimen disciplinario de corte castrense y avaló incursiones policiales en institutos que han derivado en la detención de decenas de estudiantes.
Entre sus primeras medidas, la ministra Trigueros estableció normas de disciplina militar: cabello corto, uniforme impecable y la obligatoriedad de modales estrictos. “También se impuso un sistema de faltas: si un joven acumula 15 faltas en un año, reprueba de inmediato, independientemente de sus calificaciones”, explica Zelada.
Karla Trigueros durante una visita a un colegio en una imagen difundida por el Ministerio de Educación.
Aunque la desarticulación de las pandillas ha reducido los niveles de violencia en el entorno escolar, el régimen de excepción vigente ha llevado la persecución penal dentro de las aulas. En los últimos cuatro años, las autoridades han capturado a más de 90 alumnos bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas o desórdenes públicos.
En junio de 2025, la Fiscalía y la Policía realizaron redadas simultáneas en cuatro institutos de bachillerato y arrestaron a 48 estudiantes (34 adultos y 14 menores), señalados de intentar conformar una nueva estructura criminal llamada “La Raza”. Como evidencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, difundió en redes sociales fotografías de cuadernos escolares con dibujos alusivos a maras.
El sindicato SIMEDUCO advierte que las facultades otorgadas a policías y soldados dentro de las escuelas han derivado en excesos. “A principios de año, agentes policiales ingresaron a un centro escolar y, al ver a unos estudiantes con los cordones de los tenis desamarrados, les dijeron que esa era una estética pandillera, se los quitaron y los dejaron descalzos”, denuncia Zelada. “Ahora la Policía puede entrar a cualquier aula a revisar mochilas, teléfonos o inspeccionar el corte de cabello”, afirma el sindicalista. Y agrega: “El estudiante va a clases con temor, y el miedo termina afectando directamente la calidad del aprendizaje”.
Mark Zuckerberg deberá pagar 16.700 millones de dólares a unos 29 estados involucrados en la demanda. Además, se comprometió a reforzar las limitaciones en el acceso de adolescentes y niños a sus plataformas.
Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de generar deliberadamente una adicción en niños y adolescentes a través de las plataformas digitales Instagram y Facebook. También aceptó implementar restricciones de uso para niños y adolescentes.
La empresa de Mark Zuckerberg se comprometió a hacer cambios en su configuración y funcionamiento. “Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Qué cambios implementará Meta
Los cambios en la forma en que los jóvenes acceden a las aplicaciones de Meta se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos que las redes sociales causan en los niños. Según adelantaron, los cambios incluyen:
Límite diario de uso de dos horas para menores de edad, con la posibilidad de que los padres los ajusten.
Bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana para los menores de edad, salvo que un adulto responsable autorice lo contrario.
Restricción de notificaciones a los menores entre las 22 y las 7, extendiendo esta restricción al horario escolar durante el año lectivo.
Aumento de controles parentales y de contenido.
Eliminación de filtros de belleza para cuentas de adolescentes
Aumento de medidas de verificación de edad.
Se espera que la larga lista de nuevas medidas de protección cambie sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
Las claves del juicio contra Meta
En juicio fue iniciado en California por unos 29 estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey; apuntaba contra el creador de Meta, Mark Zuckerberg, por supuestamente desarrollar trastornos psicológicos y de conducta en los jóvenes por el uso ininterrumpido de las plataformas.
Entre los problemas identificados se encuentran el aumento de la ansiedad, la depresión y, en algunos casos, la vinculación con conductas autolesivas y suicidio. Los denunciantes alegaban que la prioridad de la empresa era maximizar el tiempo de uso y la frecuencia de interacción.
Asimismo, la demanda también acusaba a Meta de violar la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, que prohíbe la recopilación de datos de menores de 13 años sin el consentimiento expreso de sus padres. Según los fiscales generales, la empresa recopiló datos personales de niños y adolescentes de manera sistemática, aprovechando la falta de controles efectivos para identificar la edad real de los usuarios.
Otro punto clave de la denuncia era que se acusaba a la empresa de engañar a los consumidores al promocionar la seguridad de sus productos, a pesar de que sus propios ejecutivos tenían conocimiento interno de los riesgos que implicaban para los jóvenes.
Desde el comienzo, la empresa negó de forma constante las acusaciones en su contra. En tanto, si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares. Finalmente, el proceso iniciado en el tribunal federal de Oakland culminó este miércoles con un arreglo.
El 18 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador. El país se mantiene en nivel 2 de una escala de cuatro; sin embargo, determinadas zonas están clasificadas en los niveles 3 y 4, debido a riesgos asociados con delincuencia, terrorismo y secuestros (U.S. Department of State, 2026).
De acuerdo con el U.S. Department of State (2026), la clasificación territorial comprende las siguientes zonas:
Nivel 3: Reconsidera los viajes. Guayaquil, al norte de la Avenida Portete de Tarqui; El Oro, fuera de las ciudades de Huaquillas y Arenillas; Los Ríos, fuera de Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo; todas las zonas al sur de la ciudad de Esmeraldas; Sucumbíos; Manabí; Santa Elena y Santo Domingo.
Nivel 4: No viajar: Distritos de Nueva Prosperina y Pascuales, zonas al sur de la Avenida Portete de Tarqui en Guayaquil; Huaquillas y Arenillas en la provincia de El Oro; Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos; Durán en la provincia del Guayas; Esmeraldas ni a ninguna zona al norte de la ciudad de Esmeraldas.
Esta clasificación está dirigida formalmente a ciudadanos estadounidenses que pretenden viajar a nuestro país. Sin embargo, los territorios señalados no constituyen únicamente destinos turísticos: son espacios donde viven miles de familias, funcionan escuelas, colegios, universidades y donde cientos de docentes deben trasladarse diariamente para garantizar el derecho a la educación. Por tanto, el problema adquiere una dimensión mucho más profunda, ya que sus efectos alcanzan directamente al sistema educativo y, particularmente, a miles de comunidades escolares ubicadas en los territorios que actualmente concentran elevados niveles de riesgo, como se observa en el cuadro adjunto.
El cruce de estas alertas con los datos abiertos del Ministerio de Educación correspondientes al año lectivo 2024 -2025 entre todos los sostenimientos (público, particular, municipal, fiscomisional) permite identificar que, en los territorios considerados dentro de los distintos niveles de alerta, funcionan aproximadamente 8.091 instituciones educativas, en las que estudian 2.588.591 niños, niñas y adolescentes y trabajan alrededor de 121.330 docentes.
Nota: Estos datos no incluyen a las instituciones de educación superior; por lo tanto, la magnitud de la problemática es mayor.
Si el Estado y el Gobierno asumen con seriedad estas alertas y datos, deberían reformular su visión. El problema ya no debería limitarse a indagar solo los efectos que tiene la inseguridad sobre quienes desean visitar el Ecuador, sino que obliga a plantear una cuestión de mayor alcance: ¿qué significa garantizar el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes en territorios atravesados por la inseguridad y las distintas formas de violencia?
Cuando una comunidad enfrenta asesinatos, extorsiones, secuestros, enfrentamientos entre grupos criminales, amenazas, restricciones de movilidad o temor permanente, el trayecto entre el hogar y la escuela deja de ser una actividad cotidiana y se convierte en un factor de riesgo para estudiantes, familias y trabajadores de la educación. Esta realidad se traduce, a su vez, en reclutamiento forzado de niños (as), adolescentes por parte de la delincuencia, exclusión escolar, cambios de institución, dificultades para cubrir vacantes docentes, suspensión de actividades presenciales. Como muestran los datos analizados, es necesario colocar la educación en el centro del debate nacional sobre seguridad. Cuando los territorios bajo distintos niveles de alerta concentran miles de establecimientos educativos, más de dos millones de estudiantes y cientos de docentes, la inseguridad deja de ser únicamente un problema policial, económico o turístico. Es también una emergencia educativa.
Garantizar el derecho a la educación va más allá de mantener abiertas las puertas de las escuelas.
En el marco de una potente jornada de lucha de 48 horas (con movilización el martes 25 y paro el miércoles 26), con la docencia bonaerense volvimos a demostrar la enorme capacidad de resistencia frente al ajuste nacional y su expresión en la Provincia más rica del país. Medidas que convocamos del Plenario Provincial de las seccionales combativas y la Multicolor de SUTEBA, de la cual participamos activamente como Alternativa Docente.
Cerca de 3.000 trabajadores de la educación concentramos este martes en la Plaza San Martín de La Plata para protagonizar una importante movilización, como hace tiempo no se veía, recorriendo las calles de la capital bonaerense. A su vez, hubo otra muy potente movilización, de un millar de docentes en Bahía Blanca y, también, hubo acciones en otros distritos de la provincia.
La acción, que tuvo su continuidad hoy miércoles con un importante paro provincial, dejó en claro que, frente a los salarios de pobreza y la falta de presupuesto para la escuela pública, las bases están dispuestas a romper cualquier intento de inmovilismo.
La marcha superó todas las expectativas y se transformó en una demostración de fuerza indiscutible. Fuimos una columna inmensa, avanzando con muchísima combatividad y dejando en claro la calentura que hay por abajo.
Sumado a esto, el peso territorial también se hizo sentir fuerte. Por ejemplo, desde La Matanza llegaron cerca de 400 docentes en una decena de micros —que pagamos colectivamente por la docencia para superar el ahogo financiero que hace la burocracia sobre esta combativa seccional— y Tigre aportó lo suyo con otros dos micros bajo esa misma modalidad. También se sumaron compañeros de otros distritos: entre ellos, Lomas de Zamora movilizó a 80 compañeros en unidad de acción con los trabajadores estatales de ATE Sur. A esto hay que sumarle la destacada presencia de las delegaciones de La Plata y Ensenada.
La marcha también fue un enorme abrazo entre laburantes: durante la concentración en las inmediaciones de la gobernación, la docencia confluyó con las trabajadoras despedidas del Astillero Río Santiago, quienes tomaron la palabra y recibieron el respaldo absoluto de toda la movilización.
El malestar de las bases tuvo destinatarios claros a lo largo de todo el recorrido. En primer lugar, señalando y responsabilizando al gobierno de Milei, que recortó el salario docente robando el Incentivo, atacando el presupuesto en educación técnica y profundizando un ajuste como no se veía en casi un siglo. En segundo lugar, el reclamo apuntó al gobierno provincial, que denuncia la motosierra nacional, pero tiene que tomar medidas urgentes para que la crisis no la paguen la escuela pública, sus trabajadores, las familias y los estudiantes.
Y, en tercer lugar, la bronca apuntó directamente a la burocracia: el repudio a la pasividad y el inmovilismo de la conducción Celeste del SUTEBA se hizo sentir con mucha fuerza y cánticos en toda la columna, para luego avanzar y dejar formalmente los reclamos.
El punto cúlmine fue la llegada a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). A pesar del amedrentamiento que supuso encontrar el edificio custodiado por un operativo de Infantería, no retrocedimos un milímetro. Al contrario, logramos que las autoridades recibieran más de 5.000 presentaciones formales exigiendo la inmediata devolución de los brutales descuentos aplicados por el gobierno provincial por el simple hecho de ejercer el derecho a huelga.
Sobran los motivos para copar las calles y esta es la respuesta obligada ante un ajuste feroz que pulveriza el poder adquisitivo de quienes sostenemos las escuelas todos los días.
Para graficar esta realidad, Ana Paredes Landman, directiva del combativo SUTEBA La Matanza, antes de comenzar la movilización fue tajante: “En la Provincia más rica del país hay recursos: el ajuste no debe recaer en quienes educamos ni sobre nuestras escuelas. Una maestra que se inicia cobró $892.536 en julio y llegará a solo $918.438 con el sueldo de agosto, ante una canasta de pobreza de $1.564.716. Por eso exigimos un salario que cubra la canasta familiar, el reintegro del Incentivo y los fondos nacionales que Milei recortó, y decimos basta al pluriempleo y la precarización“.
La cuenta es clara y da mucha bronca. Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene el pago de la deuda externa, banca a las escuelas privadas con subsidios billonarios y no pone impuestos para que paguen los “dueños de la Provincia”, desde la docencia nos vemos obligados a multiplicar cargos para llegar a fin de mes en escuelas donde urgen más cupos para los comedores, becas, útiles y obras de infraestructura seguras.
Y todo este plan de lucha de 48 horas vale el doble si tenemos en cuenta la campaña de aprietes que hubo en la previa. El gobierno provincial y la burocracia Celeste de SUTEBA montaron un operativo conjunto para intentar vaciar la marcha y el paro: en un claro intento de boicot, la DGCyE metió jornadas institucionales superpuestas, mientras la conducción del sindicato convocó a reuniones de delegados en los distritos exactamente los mismos días de la medida de fuerza.
A esto se volvieron a sumar las amenazas de pasar los paros como faltas injustificadas y negar ausencias bajo el artículo 115 (constancia gremial a la que apenas siempre la burocracia para sus movilizaciones), luego de exponer a la docencia a quitas salariales de hasta $200.000 por los paros anteriores. Un claro ataque al derecho a la protesta.
Pero todo ese operativo para asustar no les sirvió de nada. La marcha en La Plata fue masiva. Y fue muy importante en Bahía Blanca. El paro del miércoles tuvo un alto nivel de adhesión en el Conurbano y en muchas localidades de la provincia.
La tremenda presión de las bases y la contundencia del plan de lucha motorizado por la Multicolor terminaron rompiendo el dique de contención de la burocracia y los aprietes del gobierno, demostrando que la bronca por los salarios de miseria, el pluriempleo, el alto endeudamiento y la falta de presupuesto pudieron más que cualquier intento de aislamiento o amenazas.
Toda esta demostración de fuerza ratifica el cambio de ánimo y la tonificación de las bases docentes y el activismo que se abrió tras el duro golpe y la derrota a Milei del 6 de agosto, cuando se trató la Ley de Tierras y del manejo del fuego. Las bases están rompiendo las barreras del apriete, asumiendo que la defensa de la educación y el salario no se negocia.
Con ese envión, la Multicolor refuerza la exigencia a CTERA para que convoque a un verdadero plan de lucha y ponemos primera hacia la construcción masiva de la Gran Marcha de la Bronca, que ganará las calles de todo el país el próximo 19 de septiembre.
Porque es necesario también dar pasos hacia una alternativa de los trabajadores y de la izquierda, ya que la lucha sindical demanda una salida de fondo política en defensa de la escuela pública de calidad.
Cerca de treinta mil centros educativos y alrededor de cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes afectados son el balance preliminar del trágico terremoto que sacudió a varios departamentos del país. Las consecuencias que esto puede tener trascienden de lejos el corto plazo. Si no se priorizan las soluciones en este campo, se van a seguir incrementando las brechas sociales, pero sobre todo se violaría un derecho fundamental y un servicio público establecido en el artículo 67 de la Constitución. Además, establece que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.
Evidentemente la magnitud de la tragedia genera inmensos retos en todos los frentes: recursos humanos, económicos, políticos y sociales. Tomará mucho tiempo la reconstrucción física pero, mal que bien, llegará. Lo que no da espera es la educación de miles de niños que se han quedado sin colegios y escuelas. Esta debe ser una de las principales prioridades del Gobierno, alcaldes, gobernadores, el sector privado y ciudadanos. Además del dolor que deben estar sintiendo por las pérdidas humanas y materiales, no se los puede privar del derecho de derecho que tienen de aprender, compartir con amigos y jugar, un derecho que puede cambiar su vida, el de su familia e incluso el de su comunidad. Por eso, todos debemos visibilizarlos y darles voz.
La otra cara de la moneda es el deber exigirles a quienes sí tienen voz que rindan cuentas sobre sus actuaciones y decisiones. En especial, a funcionarios responsables del manejo de recursos públicos, de tomar decisiones que pueden afectar la soberanía del país, generar violencia y desconocer la Constitución; esto incluye las violaciones de derechos humanos como la libertad de expresión, la laicidad y la libertad de cultos, la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y oportunidades, la identidad de género, la protección del patrimonio nacional, el acervo documental del país y decisiones que ponen en riesgo la soberanía nacional, entre muchos otros.
Los ciudadanos no debemos ser indiferentes frente a los que no tienen voz, pero tampoco con los que sí la tienen. Los primeros como, por ejemplo, los niños, y millones de hombres y mujeres que reclaman ser escuchados. Y los segundos, que con frecuencia solo se escuchan entre ellos. Ojalá que la solidaridad que ha despertado el terremoto tanto a nivel nacional como internacional nos una en la diferencia, y no en el odio, la discriminación, la violencia verbal y física. Solidaridad y dolor que comparto con los niños, aún en su indefensión, para darles la voz que necesitan.
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