La asociación por la Libertad, Derechos y Desarrollo Social (Liddes) reiteró este sábado, la necesidad imperante de atender las exigencias de docentes y trabajadores universitarios en Venezuela que, afrontan, al igual que todo el sector público, una situación de extrema vulnerabilidad al percibir salarios que equivalen a 3,5 dólares mensuales, mientras que la inflación acecha y la canasta básica ronda los 530 dólares, de acuerdo a estimaciones de diversas firmas y organizaciones.
La directora general de Liddes, Laura Linares enfatizó que los trabajadores universitarios se debaten a diario entre renunciar y seguir asistiendo a sus lugares de trabajo por estricta vocación o retirarse y dedicarse a otros oficios que le permitan tener ingresos para subsistir.
“Muchos trabajadores del sector universitario han dejado sus puestos de trabajo a favor de empleos mejor pagados, lo cual genera una crisis de personal en todo el sistema educativo del país. El 75 % de los trabajadores universitarios ha pensado en abandonar el trabajo en los últimos 12 meses”, precisó. “Lo que estamos viviendo ante la indiferencia del Estado es una catástrofe”, lamentó.
En medio de este escenario, el paupérrimo ingreso que perciben los trabajadores universitarios se convierte en el primer factor negativo que incide de forma directa en el acceso a una educación de calidad.
“Un sistema educativo fuerte depende en gran medida de la capacidad de atraer y retener a docentes altamente cualificados, y los salarios son un factor determinante. Los trabajadores universitarios venezolanos perciben en promedio 3,5 dólares al mes, esto ha impulsado la deserción del personal ATO, así como de profesores universitarios en el país, dejando fuertes desafíos para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes venezolanos y la libertad académica”.
Laura Linares recalcó que estas presiones económicas, ponen en peligro los derechos económicos y sociales, generan desigualdades en la población; y retrasa el desarrollo de la sociedad, pues obstruye la investigación en áreas tan importantes hoy en día como la salud, la agricultura y, en general, la búsqueda de soluciones y políticas públicas eficientes y sostenibles”.
En esta misma línea, Fabiana Lujan miembro de Students for Liberty, subrayó que no dejarán de denunciar esta grave situación que no se puede normalizar. No es justo, lógico ni aceptable que el salario permanezca estancado desde hace casi tres años y que hoy el salario mínimo integral no cubra ni el 1 % de la canasta básica alimentaria.
“Seguir visibilizando la realidad que viven los trabajadores universitarios es vital para que la sociedad en general tome consciencia sobre la importancia de la exigencia de sus derechos. Resulta indispensable y urgente la inversión para garantizar la educación de calidad y garantizar el acceso a la educación superior de calidad a los venezolanos”, sentenció.
Asimismo, aseveró que reconocer el valor del trabajo universitario garantizando sueldos justos, no es solo un asunto de justicia social, sino que representa la retribución a todos los profesionales que se encargan de formar jóvenes que serán el futuro de la nación.
“Si la libertad académica se ve afectada, el desarrollo de los jóvenes y la sociedad en general también se afectará”, agregó Lujan.
El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, suscribe expresamente que el Estado deberá garantizar a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital que, será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
La guerra en el Líbano está dejando «un impacto devastador» en los niños del país, que sufrirán durante mucho tiempo por las heridas físicas, pero también por «las profundas cicatrices emocionales», señaló este jueves en un comunicado la directora ejecutiva de la Organización de la ONU para la infancia (UNICEF), Catherine Russell.
Desde que el 4 de octubre Israel comenzó la invasión del sur del país, un niño ha muerto cada día y diez han quedado heridos por los bombardeos continuados. Y desde octubre del año pasado, durante meses de ataques esporádicos, ha habido ya 166 niños muertos y más de 1.100 heridos.
La violencia y el caos que la guerra ha traído, con desplazamientos masivos y escuelas cerradas -es decir, sin espacios seguros-, están dejando en la infancia un paisaje de miedos y ansiedades que se traducen en agresiones, dificultades para dormir, pesadillas, pérdida de apetito o jaquecas, advierte la organización.
«Estos problemas sanitarios y psicológicos traerán consecuencias que pueden durar toda una vida», advierte el comunicado.
Y aunque UNICEF ha asistido a 9.600 niños o cuidadores con ayuda sicológica de emergencia en el terreno y ha propiciado también apoyo comunitario para otros tantos, «la verdadera curación solo puede empezar cuando termine la violencia (porque) lo que los niños libaneses necesitan es un alto el fuego inmediato y duradero para empezar a recuperarse del trauma de la guerra», concluye la organización.
Organizaciones humanitarias denuncian que unas 350 personas refugiadas, algunas de ellas procedentes de Líbano, están durmiendo a la intemperie sin comida, sin agua, sin baños y sufriendo la violencia de las fuerzas de seguridad en Rodas.
“Llegamos al paseo principal donde los turistas paseaban entre tiendas de helados y souvenirs, mientras la otra cara de la moneda nos mostraba un parque lleno de basura, sábanas tiradas en el suelo, gente tumbada en cartones y un hiriente olor a orina y desconsuelo”. Elena Martínez, una voluntaria de la ONG española SOS Refugiados Europa, narraba de esta manera en un informe, la situación que había visto con sus propios ojos en la isla griega de Rodas.
Según esta organización, entre trescientas y trescientas cincuenta personas refugiadas, entre ellas muchas familias con menores, incluidos bebés, malviven en unas condiciones dramáticas desde que llegaron a la isla hace más de dos meses. Se trata de personas que han estado esperando en Turquía la oportunidad de subirse a un bote para llegar a suelo europeo.
La gran mayoría procede de Siria, Yemen, Sudán, Egipto, Iraq, Kuwait y, en menor medida, de Palestina. Muchos de esos países están envueltos en largos conflictos bélicos, sin embargo, algunas personas poseen estatus de refugiadas en Líbano. La profunda crisis económica de este país y el reciente conflicto con Israel les han obligado, a quienes ya habían encontrado refugio, a buscar lugares más seguros.
En pleno corazón de la ciudad de Rodas, junto a la ciudad medieval, situado al norte de la isla, duermen al raso sobre cartones, sin apenas mantas, hambrientos, sedientos y sin baños disponibles. El flujo de llegadas es constante. Entre veinte y cuarenta personas llegan casi a diario a la isla desde la ciudad turca de Fethiye. Un parque, situado junto al paseo marítimo, se ha transformado en un campamento improvisado donde duermen, protegidos por la arboleda, familias con sus hijos e hijas y hombres que viajan solos. Los refugiados denuncian que las autoridades locales les han prohibido, incluso, acercarse a los baños públicos gratuitos de la zona.
La falta de higiene y las pésimas condiciones de vida han provocado infecciones cutáneas generalizadas en los menores. El grupo de refugiados incluye personas que sufren heridas provocadas en la ruta en bote, diabetes, cáncer y discapacidades físicas, lo que agrava, aún más, su estado de vulnerabilidad. Así lo cuenta Ruhi Akhtar, médica y coordinadora de la organización humanitaria inglesa Refugee Biryani and Bananas
Apenas sin recursos, porque declaran haber gastado todo lo que tenían en la ruta migratoria, solo cuentan con la ayuda de una ONG local que proporciona comida cada dos días. En ese estado de desesperación, solo desean ser trasladadas a un centro de la península griega y esperar allí su documentación para continuar el viaje hacia otros países europeos en busca de refugio, según Martínez. “Solo queremos salir de aquí, eso es todo”, escriben en sus móviles traducido del árabe. Después de visitar Rodas y conocer la situación de primera mano, SOS Refugiados Europa ha puesto en marcha una campaña para la compra de 350 sacos de dormir.
Las autoridades griegas realizan traslados, de forma aleatoria, desde Rodas a los campos de refugiados de las islas de Leros y Kos, así como al campo de Diavata en Tesalónica, ciudad situada a unos 500 kilómetros al norte de Atenas. Pero la elección se lleva a cabo de una manera arbitraria, señalando al azar a las personas elegidas, sin registro y sin criterios, generando desesperación entre quienes esperan salir de ese callejón sin salida. La policía lleva a cabo la elección, en la puerta de la comisaría de 9 a 10 de la mañana, donde, previamente, se agolpan los refugiados con los pasaportes en mano y gritando para llamar la atención. Esta situación produce tumultos y enfrentamientos entre los mismos refugiados que la policía trata de sofocar a base de golpes, empujones y gritos. La desesperanza mina la moral de quienes ya arrastran dolorosos traumas y, por eso, hay gente que ni siquiera se acerca a la comisaria porque ha perdido toda esperanza, según cuentan las organizaciones humanitarias.
Refugee Biriyani and Bananas dio visibilidad al maltrato que sufren las personas refugiadas cada día ante la puerta de la comisaría, a través de un video publicado en su perfil de instagram y lo describe de esta manera : “La policía empuja de una manera brutal a todos hacia atrás, los niños sienten miedo y lloran. No hay datos de las personas que llegan, ni cuándo. No hay organización. La gente se inquieta cada vez más. Un padre grita: “Family, help, help”. Todos gritan: “Please, help, please”. Ellos eligieron a 15 personas para registrar su petición de asilo y al resto las dejó tiradas en la calle”.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Embajada de Grecia en España, vía telefónica y correo, para conocer la visión oficial de estos hechos, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no hemos obtenido respuesta.
Según los refugiados, las llegadas a Rodas desde Turquía supone una nueva ruta abierta por los traficantes como alternativa a Lesbos, Chios o Samos, islas a las que suelen llegar la mayoría de refugiados por su cercanía a las costas turcas.
Grecia se ha enfrentado a una creciente ola de denuncias por el uso de la violencia contra personas refugiadas. Amnistía Internacional (AI) documentó en 2023 cómo los supervivientes del naufragio del barco Adriana, frente a las costas griegas, acusaron a las autoridades griegas de provocar el incidente, donde perdieron la vida más de 600 personas. En el mismo informe, AI señalaba la persecución y criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos por su trabajo con personas refugiadas y migrantes. Investigaciones de la BBC demostraron el abandono de 12 personas en un bote tras ser transportadas en un barco guardacostas griego, a pesar de que Mitsotakis aseguró en el Parlamento y en algunas entrevistas a los medios que “las devoluciones en caliente son ilegales y, por tanto, no existen”. Este gobierno conservador acumula un largo historial de violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia policial, maltratos, devoluciones en caliente y casos como el de Baris Büyüsku, kurdo de 30 años de edad, quien presuntamente murió bajo custodia griega.
Tanto las organizaciones humanitarias como las propias personas refugiadas han relatado a los medios en multitud de ocasiones la insalubridad de los contenedores de los campos de refugiados, así como la mala calidad de los alimentos que reciben. “La comida está congelada, es muy mala, no puedo dar a mis hijos esa comida”, aseguraba a este periódico, el pasado mes de mayo, una refugiada iraquí con cuatro hijos en el campo de refugiados de Malakasa.
La ruta que va de Turquía a Grecia es una de las más transitadas del mundo. Más de un millón de personas procedentes de Afganistán, Siria, Egipto, Eritrea, Palestina, Yemen y Sudán entre otros, han cruzado esta ruta en frágiles embarcaciones, huyendo de la violencia, la guerra y las persecuciones, para alcanzar suelo europeo. Según ACNUR, más de 850.000 personas hicieron esta travesía en la llamada “crisis de los refugiados” en 2015, debido a los conflictos en Siria, Afganistán y Yemen.
El acuerdo entre la UE y Turquía de 2016, denunciado por las organizaciones humanitarias por el coste humano que supone, frenó en seco las llegadas a suelo europeo. Mediante este acuerdo, toda persona que llegara de manera irregular a suelo griego sería devuelta a Turquía. A cambio, Turquía ha recibido, hasta la fecha más de 11.500 millones de euros para atender las necesidades de los refugiados, pero los testimonios describen las continuas redadas de la policía turca, los encarcelamientos, el maltrato y las torturas. Algunas personas migrantes entrevistadas recientemente en Rodas por SOS Refugiados, aseguran haber pasado por estas cárceles y enseñan las cicatrices de las palizas recibidas.
El acuerdo UE – Turquía y la posterior pandemia de Covid en 2020, frenaron en seco la llegada de personas a suelo europeo para repuntar en 2023 con más de 40.00 personas frente a las 12.000 de 2022. En el primer semestre de este año, las entradas se han disparado al doble comparado con el mismo periodo del año anterior. La guerra de Sudán, la llegada de los talibanes al Gobierno de Afganistán y la guerra siria que no cesa provocan un éxodo continuo de quienes buscan refugio en lugares seguros.
La precariedad de los primeros campamentos de refugiados en las islas griegas, como el de Moria en Lesbos, o Idomeni situado al norte de la península griega, denunciados por sus condiciones de hacinamiento e insalubridad, dio paso a los nuevos campos llamados Centros de Acceso Controlados para Solicitantes de Asilo construidos con presupuesto de la UE. En la actualidad existen cinco campos distribuidos en las islas de Samos, Lesbos, Cos, Quíos y Leros, además de otros 24 campamentos distribuidos por el territorio griego. Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) han criticado duramente estos centros por su situación aislada y el largo confinamiento al que someten a las personas mientras esperan una resolución de asilo que puede tardar muchos meses.
Los sindicatos de vivienda han resistido en la puerta hasta la suspensión del lanzamiento, al que han acudido una decena de furgones policiales.
“Somos la misma clase trabajadora que en Valencia recorre kilómetros para llevar comida y quitar barro”. Es la voz de uno de los militantes de los sindicatos de vivienda que se han concentrado desde las 8h en la puerta de Chaymae, en calle Rec, 32, situada en pleno Casc Antic de Barcelona. La joven vive con su hijo de cuatro años, junto al que ha enfrentado este 4 de noviembre, en plena alerta roja meteorológica, un segundo intento de desalojo.
Decenas de integrantes de los sindicatos de vivienda del Raval y del Casc Antic, parte del Sindicat Socialista de Catalunya, aguardaban desde primera hora en la puerta de su compañera. A las 10h ha comenzado a llover cada vez con más intensidad y en el desahucio, además de los gritos de los allí presentes, resonaban las alarmas de protección civil, avisando de “lluvias continuadas y torrenciales”, tanto en el Garraf como en la zona metropolitana de Barcelona.
En ese momento, se encontraban en el lugar alrededor de una decena de furgones de Mossos d’Esquadra, además de la comitiva judicial. La propiedad, que hasta el último año había pertenecido a Solvia —filial del fondo de inversión Cerberus— y posteriormente a Intrum, ha sido recientemente adquirida por el bufete de B.J. Díaz Tarragó Advocats i Associats, también presente en el desalojo.
“La policía y la comitiva dudaban, pero la propiedad ha insistido en ejecutar desde el principio. Incluso en lo peor de la tormenta ha estado insistiendo para que la fecha de aplazamiento fuera lo más cercana posible”, cuentan desde el Sindicat del Casc Antic. Las militantes y vecinas del casco antiguo de Barcelona han improvisado una barrera con contenedores y vallas del Ajuntament para intentar cortar el acceso a la policía a la puerta del inmueble.
“El desahucio no se ha parado gracias a ninguna institución ni a ningún político. Ha sido por la organización de la clase trabajadora, la misma que está dando la cara ante lo sucedido en Valencia”
Alrededor de las 11h, la comitiva judicial decidió suspender el desalojo por causas climáticas, tal y como confirma a El Salto la portavocía de Mossos d’Esquadra. El desahucio ha quedado aplazado hasta el 2 de diciembre de 2024. “Nosotros cuando vamos a un desahucio es por requerimiento judicial. Es la comitiva quien toma las decisiones”, señalan. En la mañana ha quedado suspendido tanto el desalojo de la calle Rec, 32 en el Casc Antic, como el segundo lanzamiento previsto en la calle Carretes, 38, en el barrio del Raval.
“El desahucio no se ha parado gracias a ninguna institución ni a ningún político. Ha sido por la organización de la clase trabajadora, la misma que está dando la cara ante lo sucedido en Valencia. Todo lo que está pasando es la prueba más clara de que solo nos tenemos a nosotros mismos”, señalan a El Salto desde el Sindicat de el Raval.
Desde abril de 2023, Sudán vive una violenta guerra civil en una disputa por el poder y territorios entre las fuerzas armadas sudanesas y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Desde el comienzo de esta nueva fase del conflicto, más de 10 millones de personas han sido desplazadas y cerca del 70% de la población pasa hambre.
Las guerras civiles en Sudán no son recientes. Desde las luchas por la independencia, Sudán ha vivido una serie de conflictos internos, alimentados por disputas e injerencias externas. La primera guerra civil, entre 1955 y 1972, marcó las diferencias entre el sur y el norte del país, ya que los sureños exigían más autonomía regional. Otro conflicto estalló en 2003 y sigue hasta hoy en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, una región que posee muchos recursos naturales, como el oro. La guerra actual estalló debido a desavenencias sobre el periodo de integración de las RSF en las Fuerzas Armadas del país, como parte de las reivindicaciones no resueltas de la Revolución Popular Sudanesa de 2018.
Este artículo recoge los análisis presentados durante las actividades «La guerra en Sudán: perspectivas desde la izquierda», organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), PeoplesDispatch y la revista Madaar en julio de 2024, y «Trazando la ruta de los olvidados conflictos africanos», organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Sudáfrica en septiembre de este año.
Disputas por territorios y riquezas naturales
Para Niamat Kuku, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Sudán y militante por los derechos humanos, el contexto anterior a la guerra actual y durante el periodo de transición se caracterizó por una intensa lucha de clases. “Los que se oponían a la revolución estaban en contra de todas las mujeres, los campesinos y todos los demás segmentos sociales, excepto los políticos islamistas”, describe. Esa oposición antipopular contaba con un fuerte apoyo de fuerzas externas: “Nos enfrentábamos a amenazas de fuerzas extranjeras, a la injerencia y la intervención en Sudán, incluso la de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, países que tienen un gran interés en nuestros recursos».
La injerencia internacional se intensificó mientras se producía la revolución sudanesa, ya que parte de la lucha se centraba en la soberanía nacional sobre los recursos del país. «Sudán tiene una posición geográfica que permite el tránsito hacia el Mediterráneo o el Océano Atlántico. Tenemos una gran reserva de agua dulce, tierra fértil para la agricultura, minerales, uranio, oro, plata, e incluso nuestra arena es de gran calidad. Tenemos una población diversa y un gran patrimonio humanitario y de civilizaciones. Son elementos que hacen que Sudán sea objeto de interés para muchas fuerzas regionales e internacionales», explica Randa Mohammed, integrante de la Unión de Mujeres Sudanesas [Sudanese Women’s Union].
Las organizaciones y fuerzas revolucionarias denuncian el golpe en curso desde finales de 2021. Las características de la guerra se hicieron más evidentes a medida que se introducían más y más armas desde el exterior. «No se trata solo de una guerra económica entre dos generales, ni de un conflicto entre un general nacional y potencias externas, sino de un conflicto encabezado por agendas externas que están manipulando el entorno social. Estamos rodeados de países y gobiernos que están totalmente en contra de un nuevo gobierno democrático en Sudán», concluye.
Ataques a instituciones de salud, consecuencias para el pueblo
La Dra. Ihisan Fagiri, que también forma parte de la Unión de Mujeres Sudanesas, afirma que la violenta guerra que vive el país en la actualidad afecta esencialmente al pueblo sudanés que luchó en la revolución de diciembre de 2018. Desde entonces, ambos bandos cometieron crímenes contra la humanidad, con numerosas consecuencias, especialmente para el ya frágil sistema de salud del país. “Nuestro sector de salud está muy debilitado como consecuencia de la intervención del Fondo Monetario Internacional, lo que provocó una escasez de recursos en los hospitales y el cierre y la privatización de todos los servicios de salud”, dice.
Tras el estallido de la guerra, el 15 de abril de 2023, se agravaron los impactos sobre las instituciones de salud, ya que la mayoría de los hospitales fue ocupada por las milicias o destruida por el ejército. Según un informe preliminar del Comité de Sindicatos de Médicos del país, mencionado por Ihisan durante la actividad de la Marcha Mundial de las Mujeres, durante las dos primeras semanas de la guerra, más del 70% de los hospitales de la capital, Jartum, se encontraban fuera de servicio o habían sido destruidos. “El primer hospital ocupado por la milicia fue la maternidad de Omdurman. Esto nos da una pista de su mentalidad hacia las mujeres y su salud, y de cómo las mujeres pagan el precio de esta guerra”, denuncia.
Otros factores contribuyen al deterioro de la salud en Sudán, como la escasez de agua potable, la falta de saneamiento adecuado e higiene básica. Además, la situación ha empeorado durante las catástrofes amplificadas por la crisis climática, como las lluvias e inundaciones, que causaron la destrucción de viviendas y dejaron a muchas personas desamparadas en las calles, aumentando la propagación de enfermedades como la diarrea, malaria, disentería y fiebre tifoidea. La población del país también sufre cortes de electricidad y el manejo inadecuado de los cadáveres de las víctimas del conflicto.
Omayma Elmardi, de la MMM de Sudán, habló sobre las consecuencias de la guerra para los distintos grupos étnicos, las mujeres y las niñas de Sudán. “La guerra ha provocado desplazamientos masivos, asesinatos entre los civiles refugiados, destrucción de instituciones públicas, mercados, hospitales y propiedades. Las mujeres y las niñas temen por su seguridad personal en las zonas de conflicto y están sometidas a todo tipo de violencia, falta de servicios de salud, comida, seguridad y protección”.
Desplazamiento forzado
Las mujeres y sus familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia. Contaron con cierto apoyo de los comités de resistencia, que están formados por varias entidades y se encargan, por ejemplo, de la distribución de alimentos. “Pero la ayuda humanitaria es muy escasa e insuficiente. Las Naciones Unidas dicen que están ofreciendo ayuda humanitaria a cinco millones de personas, pero al menos 15 millones siguen necesitando ayuda humanitaria y ahora 25 millones, de los 47 millones que constituyen la población total de Sudán, están en riesgo de inanición y sufren desnutrición. En el campo de Zamzam dos niños mueren cada hora”, denuncia Randa Mohammed.
El desplazamiento interno de millones de personas debido a la violencia ha dado lugar a una oleada de refugiados, y las pocas instituciones de salud que aún funcionan en algunas regiones se ven desbordadas, sin recursos suficientes y sin capacidad para atender a la gran demanda demográfica.
Los campos de refugiados traspasan las fronteras del país, ya que los sudaneses buscan asilo en los países vecinos. En Egipto, que ya acoge a cientos de personas en el exilio, el gobierno está impidiendo que los abogados ayuden a los solicitantes de asilo. En Etiopía, el aumento de la migración sudanesa ha agudizado la crisis migratoria ya presente en el país, que también acoge a migrantes procedentes de otros conflictos en la región.
La vida de las mujeres que se enfrentan a guerras o dictaduras en otras partes del mundo fue tema de reflexión durante ambas actividades. Las compañeras sudanesas expresaron su solidaridad total con las mujeres que resisten a los conflictos y guerras que tienen lugar actualmente en Palestina y en la República Democrática del Congo. Como recordó Ihisan, “en general, durante cualquier conflicto, se apunta con las espadas a las mujeres, que pagan el precio de la guerra en forma de asesinatos, desplazamientos y violaciones. Frente a esto, el feminismo debe posicionarse con fuerza en la lucha contra las guerras, los genocidios y los conflictos armados impulsados por la codicia imperialista y que destruyen vidas y comunidades. Ihisan añade: «Necesitamos detener esta guerra y garantizar vías de paso y rutas seguras para el suministro de medicinas y alimentos. La Unión de Mujeres Sudanesas defiende la participación de las mujeres en todos los procesos de restablecimiento de la paz. Este es el paso más importante para poner fin a la guerra”.
Edición y revisión del artículo original por Helena Zelic y Tica Moreno
Traducido del portugués por Luiza Mançano
Miles de personas participaron en una peregrinación este 3 de noviembre para exigir justicia por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el pasado 20 de octubre, y un alto a la violencia “desbordada e incontrolable” que impera en Chiapas, en el marco del centenario del obispo Samuel Ruiz García.
“Cien años después del natalicio de jTotik Samuel y a 50 años de este Congreso Indígena, los sicarios del crimen organizado decidieron y el gobernador de Chiapas y la presidenta de México permitieron ‘celebrar’ estos dos grandes acontecimientos en Chiapas, con mandar a asesinar al Padre Marcelo Pérez Pérez”, aseguró la organización pacífica de Las Abejas de Acteal, que participó en la peregrinación convocada por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
En un comunicado, Las Abejas acusaron que “los mismos poderosos y amos de la muerte” que ordenaron la masacre de Acteal “se han encarnado en sicarios, en grupos criminales, en la delincuencia organizada, en el crimen organizado para callar a quien denuncia las injusticias, la impunidad y la muerte en un país y en un estado como Chiapas, en donde pareciera que el que gobierna es el crimen organizado”.
Foto: Luis Enrique Aguilar
Agregaron que es en el contexto de impunidad y aumento de la violencia a manos de los grupos criminales que fue asesinado el Padre Marcelo, defensor tsotsil de los pueblos indígenas que había advertido sobre el control creciente del crimen organizado en Chiapas y denunciado las amenazas en su contra.
Durante la peregrinación, miembros de la comunidad eclesiástica y feligreses de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula exigieron que las autoridades castiguen a los autores materiales e intelectuales del asesinato del Padre Marcelo, así como que los tres niveles de gobierno desmantelen y desarticulen los grupos del crimen organizado.
“No queremos una justicia a medias, como actuó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas en el caso de nuestro hermano Simón Pedro”, defensor de derechos humanos y catequista asesinado el 5 de julio de 2021en el municipio de Simojovel, reiteraron Las Abejas.
Foto: Luis Enrique Aguilar
Finalmente, responsabilizaron de su seguridad a los tres niveles de gobierno y demandaron que, frente a la situación de riesgo en la que se encuentran, la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las instancias internacionales independientes creen “urgentemente una observación permanente de derechos humanos”.
“Ante la delicada situación en Chiapas, nuestras vidas, nuestra integridad física y psicológica durante nuestras acciones y manifestaciones pacíficas, así como en nuestras comunidades, quedan en responsabilidad de las autoridades tanto en Chiapas como a nivel federal”, subrayaron Las Abejas.
A continuación el comunicado completo:
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Organización de las Naciones Unidas
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 días del asesinato brutal y cobarde de nuestro hermano y compañero de lucha y ahora SANTO MÁRTIR POR LA PAZ, PADRE MARCELO, no se ha parado la violencia en Chiapas y hace unos días fue asesinado otro periodista en Michoacán.
En esta misma ciudad de San Cristóbal de Las Casas, pero hace 50 años, el gobernador de ese tiempo, Manuel Velasco Suárez le pidió a jTotik Samuel Ruiz García organizar el Congreso Indígena en el año de 1974, el mismo año en que el Padre Marcelo nació. 100 años después del natalicio de jTotik Samuel y a 50 años de este Congreso Indígena, los sicarios del crimen organizado decidieron y el gobernador de Chiapas y la presidenta de México permitieron “celebrar” estos dos grandes acontecimientos en Chiapas, con mandar a asesinar al Padre Marcelo Pérez Pérez.
A 100 años del nacimiento de jTotik Samuel, recordamos que mucha gente le odiaba y le temía a su pensamiento y trabajo a favor de nosotros los pobres, los explotados, los despojados de nuestras tierras y derechos fundamentales. No se nos va a olvidar nunca que los finqueros, los terratenientes, los ganaderos, las guardias blancas y los paramilitares priistas intentaron matar a jTotik Samuel, al igual que a otros misioneros de la Diócesis de San Cristóbal que corrieron con esa misma suerte, pero fueron protegidos por Dios Padre-Madre.
Sin embargo, a pesar de ese odio y maldad de los ricos y poderosos de Chiapas, nacieron esperanzas y semillas de lucha y organización; una de esas semillas es el nacimiento de nuestra organización Las Abejas de Acteal, que por una de esas innumerables violaciones a los derechos humanos que se cometían y se siguen cometiendo hoy hacia los pueblos, así fue que surgimos en el año de 1992. Decidimos organizarnos para defender nuestros derechos colectivos e individuales, comenzamos también a defender la Madre Tierra, a la paz y la vida. Pero nuestro nacimiento fue despreciado por el mal gobierno de Chiapas y de México en el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León, el mensaje de ese desprecio y odio, fue el de mandar a masacrar a nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Esos mismos poderosos y amos de la muerte que dieron la orden de la masacre de Acteal, ahora se han encarnado en sicarios, en grupos criminales, en la delincuencia organizada, en el crimen organizado para callar a quien denuncia las injusticias, la impunidad y la muerte en un país y en un estado como Chiapas, en donde pareciera que el que gobierna es el crimen organizado. En este contexto asesinaron al ahora Santo Mártir por la Paz, Padre Marcelo, que nunca tuvo miedo a que le mataran su cuerpo, sino que fue más importante para él, como para el mismo Jesús, decir la verdad y dar la vida por su pueblo.
Hoy, a 100 años del nacimiento de jTotik Samuel y a 15 días del asesinato cobarde del Padre Marcelo, exigimos una INVESTIGACIÓN CABAL, RÁPIDA Y EXPEDITA, NO QUEREMOS UNA JUSTICIA SIMULADA Y A MEDIAS, como es su uso y costumbre de los malos gobiernos. NO QUEREMOS UNA JUSTICIA A MEDIAS, COMO ACTUÓ la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas en el CASO DE NUESTRO HERMANO SIMÓN PEDRO. NO QUEREMOS MÁS IMPUNIDAD, COMO EN EL CASO DE LA MASACRE DE ACTEAL.
EXIGIMOS desde ahora a la FGJE que investigue y castigue conforme a derecho a los autores intelectuales del crimen atroz del Padre Marcelo, no permitiremos más impunidad y burla a la sangre de nuestros hermanos caídos.
EXIGIMOS a la FGJE investigar el móvil del asesinato del Padre Marcelo, en su labor en la defensa de los derechos humanos, el denunciar a la violencia desbordada en Chiapas, al crimen organizado y a los malos gobiernos corruptos coludidos con los criminales.
Hoy más que nunca, CONVOCAMOS a juntar nuestra fuerza, a tejer nuestra palabra, a esculpir nuestras demandas con palabras de acero que puedan traspasar obstáculos, mentiras y palabras huecas de los malos gobiernos. E insistimos, no nos conformemos con una justicia a medias y una paz simulada.
Es urgente y necesario restablecer el estado de derecho y para ello pedimos el desarme inmediato a los sicarios y grupos criminales que operan en Chiapas, donde tienen aterrorizada y desplazada forzadamente a la población chiapaneca.
EXIGIMOS URGENTEMENTE a la Comandanta de las fuerzas armadas de México, ordenar a su ejército para que cumplan con su deber, el de vigilar rutas y fronteras para detener el tráfico y venta de armas a los sicarios y al crimen organizado en Chiapas y en todo México. Hasta ahora, el Ejército mexicano y el gobierno federal, son responsables de que las armas hayan llegado a manos de los sicarios y de los grupos criminales para asesinar a defensores de derechos humanos en las propias narices del Ejercito mexicano y de la Guardia Nacional.
Ante la delicada situación en Chiapas, nuestras vidas, nuestra integridad física y psicológica durante nuestras acciones y manifestaciones pacíficas, así como en nuestras comunidades, quedan en responsabilidad de las autoridades tanto en Chiapas como a nivel federal.
Y dada la situación de riesgo de nuestras vidas y POR LA VIOLENCIA DESBORDADA E INCONTROLABLE por el gobierno de Chiapas y de México, SOLICITAMOS a la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las instancias internacionales de derechos humanos independientes, crear urgentemente una observación permanente de derechos humanos en Chiapas, porque ya no queremos seguir siendo carne de cañón de los sicarios, no somos animales, SOMOS SERES HUMANOS.
En nombre del Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, en nombre de nuestras 45 hermanas y hermanos más los 4 bebés no nacidos y en nombre del Santo Mártir por la Paz, Padre Marcelo, ORDENAMOS:
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORGANIZADOS!
¡INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA E IMPARCIAL Y CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DEL COBARDE ASESINATO DEL PADRE MARCELO!
Desde la Plaza de la Resistencia y la Paz en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; a 3 de noviembre de 2024.
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
En la actualidad, 48 millones de niñas, niños y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad en América Latina, de los cuales, 14.3 millones se encuentran en México. Ante las elevadas tasas de malnutrición, desnutrición y baja calidad de la alimentación de menores en la región, se creó la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes (ALSANNA), la cual fue presentada este 5 de noviembre, durante el Evento Anual del Observatorio Materno Infantil (OMI) 2024 de la Universidad Iberoamericana.
La IBERO y la Dra. Mónica Alcira Moreno, académica del Departamento de Salud y fundadora y responsable del OIM, serán el enlace de ALSANNA en México, informó el Dr. Juan Rivera Dommarco, uno de los principales creadores de ese organismo, cuyo propósito es proteger el derecho de las y los niños a una alimentación saludable.
En la tercera edición del encuentro anual, se expusieron y celebraron los resultados y avances del Observatorio Materno Infantil de la IBERO y también fue lanzado el Journal of Latinoamerican Nutrition and Health, una iniciativa del Departamento de Salud de la IBERO, “que esperamos revolucione la manera en que compartimos y difundimos el conocimiento en salud y nutrición en nuestra región”, señaló la Dra. Ancira.
El Vicerrector Académico de nuestra universidad, Dr. Alejandro Anaya Muñoz, destacó que el OIM “está a la vanguardia” de la lucha contra la malnutrición materno-infantil y celebró la creación del Journal of Latin American Nutrition, “una nueva plataforma científica académica que permitirá diseminar investigaciones relevantes y de la más alta calidad y pertinencia científica y social en el campo de la nutrición”.
Durante la inauguración del evento anual, la Dra. Alcira resaltó las metodologías innovadoras adoptadas por el Observatorio, que han permitido crear puentes con instituciones y actores clave, en un trabajo interdisciplinario con colegas dentro y fuera de la IBERO. “El OIM aspira no sólo a ser un referente en la investigación, sinoun motor de cambio social que ponga en el centro a las poblaciones más vulnerables mujeres, niñas y niños que enfrentan los desafíos de la mala nutrición”.
Por su parte, el Dr. Rivera Dommarco ahondó en los daños a la salud que provocan los alimentos ultraprocesados, como varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, deterioro de la salud mental, respiratoria y gastrointestinal y muerte prematura.
Asimismo, enumeró las 10 recomendaciones de ALSANNA para abordar la problemática:
Promoción de guías alimentarias
Nutrición en la primera infancia
Educación nutricional en las escuelas
Entornos saludables para niñas, niños y adolescentes
Regulaciones de alimentos ultraprocesados
Programas sociales y compras públicas
Acceso a agua potable
Atención primaria en nutrición
Prevención de conflictos de interés
Investigación en nutrición
Durante el Evento Anual del Observatorio Materno Infantil (OMI) 2024, especialistas en la materia participaron en mesas de discusión como: Nutrición materno infantil y equidad: hacia un futuro sostenible e inclusivo; Derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores; Atención nutricional materno infantil en el sistema de salud; Estrategias multisectoriales para combatir la triple carga de la mala nutrición en México.
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