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UNICEF alerta sobre el aumento de violencia sexual contra niños y niñas en Haití

Informe revela alarmante aumento de violencia sexual contra menores de edad en Haití

Las denuncias por violencia sexual contra menores de edad en Haití han aumentado un alarmante 1.000 % en lo que va de 2024, revelando la magnitud de la “catástrofe humanitaria” que enfrenta el país, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En un informe presentado ante el Consejo Económico y Social de la ONU, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, destacó que los grupos armados están abusando de los niños de manera “recurrente”, y sus acciones incluyen asesinatos o mutilaciones.

Each day, Haitians endure some of the worst abuses, and threats to their lives that we are seeing anywhere in the world.

Russell calificó estos hechos como una “aberración” y el “colmo del horror”, y señaló que las bandas paramilitares han comenzado a reclutar menores para aumentar sus filas. Se estima que hasta el 50 % de los integrantes de estas pandillas son niños y adolescentes, lo que representa un incremento del 70 % en la captación de este grupo vulnerable durante el último año.

“Se les utiliza como informadores, cocineros y esclavos sexuales, y se les obliga a perpetrar actos violentos”, afirmó Russell, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste más atención a la población haitiana, que “ha sufrido demasiado” y “durante demasiado tiempo”.

Según estimaciones de la ONU, de las 5,5 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en Haití, tres millones son niños, quienes representan cerca de la mitad de los más de 700.000 desplazados internos. La situación se agrava aún más debido a que las organizaciones humanitarias enfrentan serias dificultades para llevar a cabo su labor a causa de la violencia, que afecta directamente a 2,7 millones de personas.

La comunidad internacional se enfrenta a un urgente llamado a la acción para abordar esta crisis humanitaria y proteger a los más vulnerables en Haití.

TELESUR

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La educación superior en Colombia, un derecho desfinanciado

Álvaro Martín Moreno Rivas | Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Si en 2023 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en vez de usar recursos del presupuesto hubiera utilizado la emisión de bonos de deuda pública para cumplir con sus obligaciones del Fondo de Estabilización de los precios de los Combustibles (FEPC), hoy se podrían atender sin mayores dificultades las contingencias que enfrenta el sector educativo, que de hecho es lo que se ha venido haciendo parcialmente desde junio de este año. De los $20,5 billones programados, el Gobierno nacional contempla pagar $7,8 billones con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y los restantes $12,7 billones con bonos de deuda (TESB).

Ahora bien, es interesante comparar las reacciones de las autoridades y de la sociedad en general a dos eventos que se podrían considerar como isomorfos, es decir que pueden tener la misma forma fenoménica, pero obedecen a naturalezas diferentes.

Cuando un banco o un grupo de bancos empiezan a manifestar problemas de liquidez –esto significa que las reservas de caja en efectivo no alcanzan para responder a las demandas de sus clientes–, inmediatamente se prenden las alarmas y las entidades de vigilancia y regulación activan todas las medidas para conjurar la emergencia, conteniendo la corrida de depósitos y preservando el sistema de pagos, que es un “bien público”. Un gran banco no puede cerrar.

Por el contrario, si una o varias universidades públicas se ven impedidas para cumplir los compromisos de su nómina con los trabajadores y profesores, y se declaran incapaces de realizar los pagos de las cuentas vencidas, apenas si se escuchan algunas declaraciones lacónicas, y los órganos de vigilancia y control no activan automáticamente las acciones y los correctivos del caso, subsanando el contratiempo de corto plazo.

Los rectores anunciarán que la situación puede durar más de lo previsto y que se requerirá vender rápidamente algunos activos, antes de que se restablezca la normalidad. Mientras tanto, el “bien común” del conocimiento y el derecho fundamental de la educación superior se interrumpe. Una gran universidad pública sí puede cerrar.

Los sucesos que ocupan el interés de algunos analistas y entidades de control como la Contraloría General de la República, que solicitó atención urgente a los faltantes de caja de tres importantes universidades públicas del país (Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y Universidad del Cauca), son apenas el síntoma de una crisis estructural del sistema público de educación superior, cuyo origen se encuentra en la arquitectura privatizadora de la Ley 30 de 1992.

Los ponentes y legisladores de principios de los noventa le apostaron a un esquema de autofinanciamiento de las IES públicas. Las reglas presupuestales definidas en los artículos 86 y 87 buscaron contener el crecimiento ordenado y sostenido de las universidades estatales –hoy IES del Sistema Universitario Estatal (SUE)– reservando el espacio del mercado a la iniciativa privada.

Las exigencias de mayor cobertura, de promover la internacionalización, de mejorar la calidad, de ofrecer nuevos programas de pregrado y posgrado, junto con las crecientes demandas de recursos para la investigación y la contratación de profesores con altos niveles de cualificación, obligaron a las IES públicas a movilizar sus limitados recursos para incrementar los ingresos mediante la venta de servicios en el mercado.

Sin embargo los problemas no se pudieron resolver, acarreando otro tipo de tensiones que debilitaron a las comunidades académicas. Mientras tanto los desbalances financieros siguieron aumentando con el tiempo, convirtiéndose en verdaderas “cargas de profundidad”. Se habla de que el desequilibrio ya sobrepasa los $18 billones.

En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Este proceso no es específico para Colombia. Los años noventa se pueden considerar como el giro hacia lo que Joaquín Brunner y otros expertos han definido como el capitalismo académico, caracterizado por la mercantilización de la educación superior, la privatización y la introducción de los métodos de gestión empresarial a las IES públicas, cercando los bienes comunes del conocimiento e imponiendo nuevas restricciones al financiamiento público del lado de la oferta. Las universidades tuvieron que diversificar sus fuentes de recursos, eso sí, priorizando las actividades con las mayores tasas de rendimiento pecuniario en desmedro de aquellas que no son valoradas por el mercado.

Desde las orillas más conservadoras se defendió la idea de que la educación superior no era un bien público, y por ende que su financiamiento debería ser una especie de joint venture (alianza estratégica) entre el contribuyente y el estudiante. Aunque se reconoció la existencia de externalidades positivas y beneficios a terceros para la educación superior (aumento de la productividad, movilidad social, convivencia pacífica, reducción de la delincuencia, innovación, etc.), primó la idea del capital humano –un activo con altas tasas de rendimiento intertemporal– para justificar los esquemas de financiamiento privado (como los créditos contingentes al ingreso) y promover la provisión del servicio de educación superior por medio de las fuerzas del mercado.

Como siempre, el caballito de batalla para los privatizadores fue la retórica del subsidio cruzado: como los hijos de los pobres no tienen las mismas posibilidades de ingresar a la educación superior pública, los contribuyentes estarían subsidiando a los vástagos de los ricos, sin merecerlo, un argumento cuya retórica técnica justifica el fin del Estado de bienestar y la llegada de la austeridad fiscal.

En el gráfico 1 se muestra la estructura de propiedad de las instituciones universitarias de varios países de América Latina en 2023.

Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.

Como se puede observar, en solo 4 países de la muestra las IES públicas dominan a las privadas. Argentina, Ecuador y Venezuela son los tres países que muestran un mayor peso estatal en el mercado de la educación universitaria, caracterizados además por formar parte del primer ciclo de gobiernos progresistas de América Latina, en los cuales se introdujeron medidas para recuperar el carácter de bien público de la educación superior. Los restantes países conservan los arreglos normativos e institucionales de las reformas neoliberales de primera y segunda generación que se iniciaron con la ola del Consenso de Washington.

Después de 30 años de vida de la Ley 30 de 1992 el modelo privatizador ha tenido un relativo éxito en Colombia. Las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Los programas Ser Pilo Paga y Generación E les permitieron acceder a recursos de financiamiento público, sin que ello implicara aumento de costos, dados los excesos de capacidad instalada que se mantenían ociosos.

Por el contrario, la IES públicas siguieron experimentado un desbalance estructural que se ha ido ahondando con el tiempo sin que se logren las coaliciones ganadoras en la lucha legislativa por un cambio de la Ley 30 de 1992. En el gráfico 2 se presenta el desequilibrio estructural entre los gastos de funcionamiento e inversión y los recursos provenientes del Presupuesto Nacional definidos en los artículos 86 y 87 de dicha ley.

Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.

El debilitamiento financiero de las IES públicas es el síntoma de un inadecuado modelo de gestión privada tanto para el gobierno de un bien común como el conocimiento, como para garantizar el derecho fundamental a la educación superior.

Como lo expresa Ugo Mattei en su manifiesto por los bienes comunes de 2013:

El saber crítico, en efecto, no se produce en ambientes competitivos. Prospera en comunidades solidarias, tendencialmente igualitarias, dispuestas a ver los problemas desde la perspectiva de los perdedores de los procesos sociales y no a reproducir la retórica de los vencedores. El saber crítico no puede tener patrones. No puede prestarse a esconder la verdad para proteger los intereses de los financiadores. Como todo bien común, el saber crítico debe ser defendido por todos contra cercamientos que solo sirven a los intereses de unos pocos.

https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-educacion-superior-en-colombia-un-derecho-desfinanciado

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EEUU: Los campus aconsejan a los estudiantes internacionales que regresen por el día de la inauguración

Por  Johanna Alonso

En 2017, días después de su toma de posesión, el presidente electo Donald Trump prohibió a los inmigrantes y visitantes no inmigrantes de siete naciones mayoritariamente musulmanas ingresar a los EE.

Al menos tres universidades han alentado a sus estudiantes y empleados internacionales a regresar de las vacaciones de invierno antes de la inauguración del presidente electo Donald Trump el 20 de enero, debido a la preocupación de que podría usar sus primeros días en el cargo para emitir órdenes ejecutivas que les impiden regresar.

La Oficina de Asuntos Globales de la Universidad de Massachusetts Amherstst de la Universidad de Massachusetts compartió un aviso de viaje de vacaciones, señalando que no era un requisito o una política oficial, y recomendando que esas personas regresen antes del Día de la Inauguración.

“Según la experiencia previa con las prohibiciones de viaje que se promulgaron en la primera Administración Trump en [2017], la Oficina de Asuntos Globales está haciendo este aviso con mucha precaución para evitar cualquier posible interrupción del viaje a los miembros de nuestra comunidad internacional,” la oficina escribió en Instagram. “No podemos especular sobre cómo se verá una prohibición de viajar si se promulga, ni podemos especular sobre qué países o regiones particulares del mundo pueden o no verse afectados

El mensaje decía que la universidad permitiría a los estudiantes internacionales que viven en el campus regresar temprano a la vivienda de su campus si es necesario para acomodar la solicitud.

Otras instituciones, incluyendo el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad Wesleyan, enviaron avisos similares a sus estudiantes internacionales.

“La forma más segura de evitar dificultades para volver a ingresar al país es estar físicamente presente en los Estados Unidos el 19 de enero y los días posteriores del semestre de primavera, escribió la Oficina de Asuntos Estudiantiles Internacionales de Wesleyanans en un correo electrónico el lunes pasado.

En el mensaje del MIT, la universidad señaló que los estudiantes deben evitar tomar decisiones basadas en rumores o especulaciones sobre qué políticas puede pasar la nueva administración, pero sugirió que los estudiantes deben ser conscientes de que las nuevas políticas de inmigración o viajes podrían promulgarse ya en enero. 20. El mensaje también señaló que ciertas órdenes ejecutivas podrían afectar a la fuerza laboral en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero, instando a los estudiantes a tener en cuenta la posibilidad de retrasos y otros contratiempos al solicitar nuevas visas de entrada.

Temiendo una repetición de 2017

Las preocupaciones de institutions’ parecen centrarse en el potencial de una prohibición de viajar como la de Trump promulgada en enero de 2017. En el séptimo día de su primer mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los inmigrantes y viajeros no inmigrantes de siete naciones mayoritariamente musulmanas ingresar a los Estados Unidos durante 90 días. La orden también lanzó una revisión y revisión del proceso de investigación para las personas que vienen de esas naciones.

Varios estudiantes y profesores que estaban realizando investigaciones o de vacaciones fuera de los Estados Unidos no pudieron regresar. En ese momento, el sistema UMass era una de las múltiples instituciones que anunció que ayudaría estudiantes y empleados que quedaron varados. Los principales administradores de UMass Dartmouthoks hablaron enérgicamente contra la prohibición de viajar después de que dos miembros de la facultad, ambos residentes permanentes legales de los Estados Unidos, fueron detenidos durante tres horas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, antes de ser liberados.

“Ahora que nuestros colegas están a salvo, queremos tener claro que creemos que la orden ejecutiva no hace nada para hacer que nuestro país sea más seguro y representa una ignorancia vergonzosa e indiferencia hacia los valores que tradicionalmente han hecho de Estados Unidos un faro de libertad y esperanza,” canciller interino Peyton R. Helm y el entonces proveedor Mohammad Karim escribieron en un comunicado.

La orden ejecutiva fue ampliamente criticada no solo por destrozar las vidas y las familias de muchos inmigrantes, sino también por su orientación contradictoria con respecto a los titulares de la tarjeta verde, que fue resuelto unos días después de que se firmó por primera vez.

https://www.insidehighered.com/news/global/international-students-us/2024/11/26/international-students-told-return-campus-jan-20

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Cumbre del clima en Bakú, más de lo mismo y menos soluciones concretas

Aunque la COP29 acordó triplicar la financiación de los países en vías de desarrollo como compensación a las consecuencias del cambio climático, los recursos siguen siendo insuficientes mientras las emisiones se incrementan sin acuerdos claros o novedosos para reducirlas.

Llevamos 29 cumbres globales climáticas desde 1992, cuando se firmó en Río de Janeiro la Convención Marco de Cambio Climático, adoptada por Colombia en 1994, y luego de más de 3 décadas no se ha resuelto mucho, solo se dan pequeños pasos adelante –gracias a la movilización popular del Sur Global– mientras se dan varios hacia atrás al no limitarse las emisiones atmosféricas que cada año se intensifican.

Según el Banco Mundial, en un lapso de 14 años las emisiones mundiales de CO2 –uno de los principales gases de efecto invernadero y responsable central de la crisis climática– se incrementaron en 60 %, al pasar de 22.400 millones de toneladas métricas en 1990 a 35.800 en 2013.

En 1990 había en la atmósfera 354,29ppm (partes por millón) de carbono, en noviembre de 2024 hay 421,55 ppm, según The Nature Conservancy, y cada año los niveles aumentan a mayor velocidad. De 1990 a hoy el CO2 aumentó 39,99ppm, asunto que refleja la incompetencia de las Naciones Unidas para hacerle frente a la crisis climática.

Los Estados ricos prefieren seguir hablando de limitar emisiones y los del Sur Global insisten en la deuda climática del Norte, la cual puede estar por encima del billón de dólares anuales para adaptación y cerca de 3 billones si se suma la mitigación con transición energética justa y sostenible. En Bakú (capital de Azerbaiyán) los países ricos se comprometieron con solo 300.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, compromiso que seguramente no cumplirán pues es persistente la continuidad de la práctica capitalista de seguir endeudando el futuro a costa de los empobrecidos del mundo y sus ecosistemas.

Una prueba de ello es que el Acuerdo de París 2015, durante la cumbre climática COP21, definió que los países más contaminantes aportarían 100.000 millones de dólares anuales para mitigar los impactos de la crisis climática en países empobrecidos. A la fecha solo se han aportado 70.0000 millones.

El proceso de industrialización capitalista incentivó la generación cada vez más exagerada de los gases generadores de efecto invernadero que han recalentado el clima global y traído como consecuencia la crisis climática, con fenómenos y desastres climáticos previsibles que los contaminadores no quieren asumir, lo cual se refleja en transformaciones radicales del clima del planeta Tierra.

El régimen de lluvias ha cambiado de manera trágica, con incremento de tormentas o sequías extremas en lugares donde antes no ocurrían, se destruyen los glaciares tropicales, el Ártico y el Antártico van en franco deterioro y se desplazan forzadamente cientos de miles de personas mientras persisten diversas formas neo-extractivistas contaminantes sin freno y se usan las guerras para controlar y apropiarse del acceso a los bienes de la naturaleza, empobreciendo a miles de millones de seres humanos.

El Informe sobre desarrollo humano 1994 (Naciones Unidas, 1994), liderado por la relatora Fatma Zohra Ksentini, ya precisaba que la causa principal del deterioro ambiental está relacionada con “las modalidades insostenibles de la producción y del consumo, en particular en los países industrializados” y “la responsabilidad de contener, reducir y eliminar los daños al ambiente mundial debe recaer en los Estados que los causan”. A pesar de todos los datos presentados en el Informe, los países industrializados y las empresas más contaminantes no han querido asumir los costos de su contaminación.

Las décadas de 1960 a 1980 fueron de gran debate social, político y cultural (movimientos populares pacifistas, feministas, trabajadores, universitarios y académicos, de juventudes, indígenas, campesinos) sobre las implicaciones negativas del maldesarrollo capitalista occidental y sobre cómo diversos desastres se hacían incontrolables (Minamata, desastre químico de la Sandoz en Basilea, Bhopal, y el del modelo soviético, Chernobyl, Mar de Aral) llevando a Naciones Unidas a convocar cumbres globales (Estocolmo 72, Río 92) para discutir las relaciones entre derechos humanos y problemas ambientales.

Los Estados ricos y las grandes empresas fueron cooptando el discurso y tiñéndose de verde sin serlo. La firma en 1992 en Río de Janeiro Brasil de las Convenciones sobre protección de la biodiversidad y el referido a frenar la crisis climática parecían ir en el camino correcto, pero el capital –que sabe para dónde va– convirtió la protección de la diversidad biológica en un nuevo negocio llamado el “oro verde” y ha eludido avanzar en la transformación de la matriz energética basada en energía fósil.

Por ello, creer que los problemas y conflictos ambientales van separados es un error: biodiversidad, crisis climática, extractivismo minero-energético, agroindustrial y de cualquier otro tipo están interconectados, son interdependientes y afectan tanto a los ecosistemas y territorios como a los seres humanos que los habitan. Mientras tanto las consecuencias caen con mayor intensidad sobre los países más empobrecidos, que menos han contribuido con emisiones a la crisis, como señaló el Informe Stern (2007).

Las emisiones de gases de efecto invernadero se han acelerado pese a las cumbres y los acuerdos por reducirlas. Foto: Nicol Torres, Unimedios.Las emisiones de gases de efecto invernadero se han acelerado pese a las cumbres y los acuerdos por reducirlas. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Es evidente cómo se está ampliando la tendencia a realizar cumbres climáticas en países petroleros (Emiratos Árabes Unidos 2023, Azerbaiyán 2024), ya que estos no aceptan su responsabilidad en la crisis y, como afirmó el jefe de la delegación de Arabia Saudita en la Cumbre hace 2 semanas, en esta clase de acuerdos internacionales no se pueden incorporar referencias explícitas de que la energía fósil tiene que ver con los desastres climáticos que se suceden. No es gratuito que cuando el presidente de Azerbaiyán inauguró la COP29 en Bakú afirmando que el petróleo era “un regalo de Dios”, les dio una bofetada a los cientos de millones de seres humanos que sufren las consecuencias de las emisiones contaminantes de la energía fósil.

Por ello, la conclusión central de la cumbre climática (que debería ser cómo disminuir en serio, evitar y eliminar las emisiones contaminantes) terminó en seguir aplazando la toma de decisiones urgentes para enfrentar la crisis y la destrucción de la biodiversidad, ya que ser responsable, internacionalmente hablando, implica saber la verdad sobre quiénes son los más contaminadores, asumir con rigor la transición energética justa y sostenible, mitigar los impactos causados y tratar de adaptarse con dignidad a las nuevas condiciones anti-ambientales.

De otra parte es pertinente mencionar que, como ha venido pasando en las diversas cumbres, en Bakú casi 2.000 agencias y empresas de la energía fósil estuvieron presentes, más que los delegados gubernamentales de los 150 países del Sur Global; además del apoyo de la sede de Azerbaiyán, el primer país petrolero del mundo desde mediados del siglo XIX, y de Arabia Saudita, el mayor productor, a lo que se suman posturas políticas negacionistas como las de Donald Trump o Javier Milei, quien retiró a la delegación argentina.

Por ello el resultado de la COP29 en Bakú es más de lo mismo, sin compromisos concretos por reducir y eliminar las emisiones contaminantes, insistiendo en el negocio de la contaminación a través de figuras como derechos de emisión o bonos de carbono.

Toda acción climática debería pasar por discutir y acordar tanto los límites a las emisiones contaminantes como las formas financieras de asumir lo emitido a la fecha por parte de Estados y empresas, así como sus consecuencias actuales y futuras, y cómo indemnizar, reparar y avanzar hacia una transición energética urgente, justa, equitativa y sostenible con cero emisiones contaminantes en una fecha precisa.

Si la financiación sigue siendo una farsa, si se insiste en los mercados de contaminación, si la energía fósil se sigue imponiendo sobre las energías renovables, si los Estados ricos que son los que más emiten gases contaminantes no asumen su responsabilidad y desarrollan planes de reducción, como contribuciones nacionales determinadas (NDC), no habrá posibilidad de avanzar en la resolución de la crisis.

El Estado colombiano por intermedio de su Gobierno puede avanzar con dignidad frente a la transición energética justa, insistiendo y exigiendo la responsabilidad de los más grandes contaminadores, los países ricos, quienes deberán aportar proporcionalmente a sus emisiones históricas de los últimos 100 años, con 1 billón de dólares anuales, no menos, en los próximos 20 años si de verdad se quiere enfrentar la crisis climática. Es un tema de justicia climática, quien más emite es más responsable.

https://periodico.unal.edu.co/articulos/cumbre-del-clima-en-baku-mas-de-lo-mismo-y-menos-soluciones-concretas

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Cómo educar en la tolerancia y la empatía

Cómo educar en la tolerancia y la empatía

La tolerancia, entendida como el reconocimiento y respeto de las diferencias, y la empatía, definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, son competencias esenciales que deben ser cultivadas desde la infancia.

En un mundo cada vez más globalizado y diverso, educar en la tolerancia y la empatía se ha convertido en un imperativo social. La convivencia pacífica entre culturas, creencias y formas de vida distintas requiere no solo respeto, sino también la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y perspectivas.

La tolerancia, entendida como el reconocimiento y respeto de las diferencias, y la empatía, definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, son competencias esenciales que deben ser cultivadas desde la infancia. Sin embargo, en una era marcada por la polarización y los discursos de odio amplificados en redes sociales, el desafío de inculcar estos valores es más urgente que nunca.

El papel de la educación formal

Las escuelas desempeñan un rol crucial en este proceso. Incorporar programas que promuevan la educación emocional y el respeto por la diversidad es clave para construir sociedades más inclusivas. Según un informe de la UNESCO, las instituciones educativas que fomentan el diálogo intercultural y la resolución pacífica de conflictos ayudan a reducir prejuicios y discriminación.

Los métodos pedagógicos basados en actividades grupales, juegos de rol y dinámicas que simulen situaciones reales son herramientas efectivas para desarrollar empatía en los estudiantes. Asimismo, incluir literatura y materiales educativos que representen diversas realidades puede abrir la mente de los niños y jóvenes a otras perspectivas.

El ejemplo en el hogar

El hogar es otro espacio fundamental para educar en estos valores. Los niños aprenden observando, y los padres o tutores son sus primeros modelos. Actitudes como escuchar con atención, mostrar interés genuino por los sentimientos de los demás y evitar comentarios despectivos son conductas que los adultos deben practicar para inculcarlas en sus hijos.

Además, fomentar el diálogo abierto en familia sobre temas como la discriminación, el respeto por las diferencias o los derechos humanos puede ayudar a los más pequeños a desarrollar un sentido crítico y empático desde temprana edad.

La responsabilidad social

Más allá de la escuela y el hogar, los medios de comunicación, las redes sociales y las instituciones tienen una responsabilidad en la promoción de la tolerancia y la empatía. Evitar la difusión de mensajes que perpetúen estereotipos o fomenten la hostilidad es un paso esencial para construir un entorno cultural más respetuoso.

El desafío no solo recae en individuos o familias, sino en la sociedad en su conjunto. Crear políticas públicas que promuevan espacios inclusivos, así como campañas que visibilicen la importancia de estos valores, puede marcar una diferencia significativa.

Hacia un futuro más humano

Educar en la tolerancia y la empatía no es solo una meta noble, sino una necesidad urgente para afrontar los desafíos de un mundo en constante transformación. Si bien no existe una receta infalible, la combinación de esfuerzos desde la familia, la educación formal y la sociedad puede allanar el camino hacia una convivencia más armónica y solidaria.

Porque al final, como dijo el escritor Albert Camus, “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el presente”. Invertir en valores como la tolerancia y la empatía es, sin duda, la mejor manera de construir un mañana más justo y humano.

Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/como-educar-en-la-tolerancia-y-la-empatia/

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Los sindicatos anuncian concentraciones por toda España en defensa de MUFACE

Un millón y medio de personas, entre trabajadoras de la función pública y familiares, están dentro de MUFACE. Como cada dos o tres años, dependiendo del convenio, ven cómo el suelo se mueve bajo sus pies cuando hay que renovar los convenios con las tres aseguradoras que, hasta ahora, vienen prestando el servicio.

DKV, Adeslas y Asisa dicen que no les da el dinero y que pierden hasta 600 millones al año por atender a las y los mutualistas. Le solicitaron un aumento del 40 % al Gobierno que se quedó en un 17 que no han aceptado.

Con tal motivo se bajaron de la licitación planteada para el próximo proceso, de 2025 al 27. Dos de estas aseguradoras han enviado cartas a los mutualistas para avisarles de que el 31 de enero perderán la cobertura.

El Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe denunciando las prácticas de la aseguradoras en el sentido de que están haciendo cálculo de riesgos para decidir sobre la atención sanitaria. Además, se asegura que estas empresas están derivando los casos crónicos, complejos o más caros a la sanidad pública.

En el medio, 1,5 millones de personas que no saben bien si podrán continuar con su asistencia sanitaria como la han conocido hasta ahora. Los sindicatos han querido escenificar unidad sindical de la que CSIF se ha desmarcado. Una unidad con la que harán presión tanto al Gobierno como a las aseguradoras para que asuman su responsabilidad en todo esto.

Su objetivo es que se abra una nueva licitación, que se cierre un nuevo convenio de hasta tres años y, después, con datos reales sobre la mesa, comience un proceso de negociación sobre cuál debe ser el futuro de MUFACE.

“Deploramos la actitud de las aseguradoras”, ha resumido Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Les pedimos responsabilidad y decoro”, ha insistido ante el envío de de cartas por parte de dos de las tres empresas avisando del cese de la prestación sanitaria.

Francisco Venzalá, máximo responsable de ANPE, ha insistido también en la posible crisis reputacional para estas aseguradoras en el caso de que dejaran a 1,5 millones de personas sin prestación.

Sobre todo esto, la dificultad de que un colectivo tan grande llegase a las puertas del Sistema Nacional de Salud de un día para otro. Una dificultad que, como ha explicado Maribel Loranca, responsable de enseñanza en la Federación de Servicios Públicos de UGT, dependería de factroes como el volumen de funcionarios o del porcentaje de ellos en MUFACE. Territorios como Madrid o Andalucía verían tensionados sobremanera sus sistemas públicos de salud.

Quienes están en MUFACE eligen cada año dónde quieren recibir la atención sanitaria. El 72 % lo hace en alguna de las aseguradoras: 34 %, Adeslas; 25 %, Asisa y el 13,2%, DKV, mientras que el resto acude a la sanidad pública.

El próximo 11 de diciembre en Madrid se celebrarán dos concentraciones. Una por la mañana ante Unespa, la patronal de las aseguradoras médicas y otra por la tarde ante la sede de MUFACE. En el resto del país, las concentraciones serán por la tarde, frente a las sedes de la mutualidad.

https://eldiariodelaeducacion.com/2024/11/29/los-sindicatos-anuncian-concentraciones-por-toda-espana-en-defensa-de-muface/

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“Somos humanos, no estadísticas”: La ONU honra a Álvaro Quiroz, un joven activista mexicano que transforma la vida de las personas sin hogar

Álvaro Quiroz, un joven mexicano de 25 años, ha sido reconocido por su incansable labor en favor de las personas sin hogar en México, lo que le ha valido un homenaje de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre de Jóvenes Activistas (YAS) de 2024. Su historia es un testimonio de resiliencia y empatía, que ha trascendido su propia experiencia de vivir en la calle para convertirse en un referente internacional en la lucha por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Álvaro Quiroz nació en Atotonilco el Alto, un pequeño pueblo en Jalisco, México. Desde temprana edad, enfrentó un entorno de abuso psicológico, físico y sexual debido a su identidad como parte de la comunidad LGBTQ+. Estos abusos lo llevaron a huir de su hogar en busca de una vida mejor en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, al llegar a la urbe, se encontró con la cruda realidad de vivir en la calle, enfrentando una situación extrema de pobreza y desesperanza, lo que lo llevó a intentar suicidarse en tres ocasiones.

A pesar de estas tragedias, la vida de Quiroz dio un giro positivo cuando fue rescatado y llevado a un hogar que lo acogió y le dio una nueva oportunidad. Fue allí donde comenzó a reconstruir su vida y a encontrar fuerza en su experiencia para ayudar a otros que, como él, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La experiencia personal de Quiroz fue el motor que impulsó la creación de Brigada 12, una organización sin fines de lucro enfocada en asistir a personas sin hogar en México. Fundada en 2020, durante la pandemia de COVID-19, Brigada 12 comenzó con un simple acto de humanidad: distribuir alimentos y bebidas calientes a las personas sin hogar en las calles de Guadalajara. Sin embargo, pronto se convirtió en un movimiento de mayor alcance al unir fuerzas con otras organizaciones de apoyo, como los Vikingos, y extender sus acciones a otros países de América, incluyendo Colombia y Estados Unidos.

El nombre Brigada 12 se refiere a la medianoche, la hora en la que sus voluntarios salen a la calle, cuando la actividad urbana disminuye y las personas en situación de calle suelen refugiarse en los espacios públicos. La misión de Brigada 12 no es solo proporcionar alimentos y abrigo, sino también ofrecer apoyo integral para la reinserción social, buscando que las personas sin hogar puedan recuperar sus vidas, encontrar empleo y reintegrarse a sus comunidades.

Desde su fundación, Brigada 12 ha logrado atender directamente a más de 15,000 personas en México, Estados Unidos y Colombia. En Estados Unidos, la organización trabaja en ciudades como Nueva York, colaborando con otras iniciativas locales, como Collective Focus y el Concejo de Pueblos Originarios, para asistir a personas sin hogar, muchas de las cuales son migrantes. A través de alianzas con instituciones gubernamentales, Brigada 12 ayuda a estas personas a obtener documentos legales y acceder a servicios básicos como vivienda y empleo.

La organización también tiene planes de llevar a cabo actividades especiales durante las festividades de Acción de Gracias y Navidad, con el objetivo de continuar apoyando a las personas que más lo necesitan.

Un reconocimiento global en la Cumbre de Jóvenes Activistas
El compromiso y la dedicación de Quiroz no han pasado desapercibidos. Su labor fue reconocida por la ONU, que lo eligió como uno de los homenajeados de la Cumbre de Jóvenes Activistas 2024, evento que celebra a jóvenes líderes que trabajan en causas como la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género. Quiroz, el primer mexicano en recibir este honor, compartirá su mensaje de esperanza y lucha con miles de jóvenes alrededor del mundo, destacando la importancia de creer en una causa y luchar por ella, por más difícil que parezca.

“Las personas en situación de calle somos humanos, no somos estadísticas”, afirmó Quiroz en su mensaje, invitando a otros jóvenes a tomar acción y hacer una diferencia en las vidas de aquellos que más lo necesitan. A través de su experiencia personal y profesional, Quiroz ha demostrado que, incluso en las situaciones más difíciles, la solidaridad y el compromiso pueden transformar la vida de las personas.

El activismo de Álvaro Quiroz nos recuerda que, detrás de cada número, de cada estadística sobre pobreza o falta de vivienda, hay una persona con una historia, sueños y esperanzas. Su mensaje, de un joven que ha conocido la oscuridad pero que ha encontrado en su labor una fuente de luz, es un llamado a la acción para todos aquellos que deseen hacer una diferencia en el mundo. Brigada 12 no es solo una organización, es un ejemplo de cómo la empatía y la determinación pueden cambiar vidas, empezando por la propia.

La historia de Álvaro Quiroz es, en definitiva, una muestra de que la lucha por la justicia social no tiene fronteras, y que un solo acto de generosidad puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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