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Educación, salud y pandemia

Por: Edgar Isch L.

Estimaciones de la Internacional de la Educación, organización que agrupa a los sindicatos docentes del mundo, señalan que, al 7 de abril 2020, por la pandemia, en 188 países se habían cerrados escuelas de todo nivel educativo afectando a 1.576 millones de niños/as y adolescentes matriculados (que bien sabemos no son todos) y a más de 63 millones de educadores/as. De esta manera, la crisis o las crisis educativas, que mucho tienen que ver con la aplicación de medidas neoliberales en la economía y la educación, hoy tienen nuevas dimensiones y manifestaciones directamente ligadas con la salud.

En primer lugar, habría que recordar la vinculación entre salud y educación que lleva a considerar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios. Un niño/a enfermo no estará en las mismas condiciones de aprender; un estudiante desnutrido tiene debilidades para la abstracción (por ello las mayores dificultades para las matemáticas); la salud mental de estudiantes y docentes debe ser considerada para lograr un buen clima escolar, es decir un relacionamiento que sustente la buena enseñanza-aprendizaje; que el “malestar docente”, compuesto entre otros aspectos por altos niveles de estrés y enfermedades profesionales, debe ser eliminado para que el profesional de la educación tenga condiciones para desarrollar su trabajo; que el sobre-trabajo genera estrés en docentes y estudiantes; entre otras constataciones de la necesidad de que la salud sea un componente de las políticas educativas.

En la otra dirección, la educación para la salud se convierte en algo vital, pertinente ahora y siempre. Un pueblo que cuida su salud gracias al conocimiento científico, no solo se protege, sino que además beneficia a la economía del país porque se requerirá menos permiso laboral por enfermedades evitables, menor gasto personal y público en atención y medicinas, menos jubilaciones tempranas por calamidad de salud, etc. Este es uno de los rubros en los cuales la inversión en educación entrega mayores beneficios económicos a un país, demostrándose que no es un gasto como acostumbran decir tantos gobernantes. Pero, además, un pueblo educado, que se acerque no solo a los resultados de la ciencia sino al pensamiento científico, en casos como esta pandemia actuará de manera consciente, desechará las falacias y mentiras de las redes sociales y de quienes quieren sacar provecho de la situación, no recurrirá a supersticiones y podrá cuidarse y atenderse adecuadamente. Pongamos un ejemplo: si la gente supiera cumplir el adecuado uso de antibióticos, sin automedicarse, cumpliendo la dosis indicada hasta el último, tendríamos menos bacterias que adquieren resistencia y se convierten en un nuevo peligro.

Lamentablemente, en la visión utilitarista y empresarial de las políticas neoliberales, esto es poco importante. La prueba está en que temas vitales y ligados a derechos humanos como la salud, estos no están en las pruebas estandarizadas que se toman a los estudiantes, ni están en las evaluaciones a los docentes, que son los únicos dos actores de la educación sometidos a evaluaciones y castigos, mientras se lavan las manos los hacedores de políticas.

En el momento actual es urgente revalorizar estos elementos para poner por delante la vida, la salud y el bienestar, sobre los intereses de los acreedores de la deuda externa o los capitalistas que buscan su negocio durante y luego de la pandemia. Y hay que decirlo, el mantenimiento de los bloqueos a países que no aceptan las políticas de Estados Unidos y los preparativos de la agresión armada a Venezuela, demuestran que están decididos a la guerra si es preciso para continuar su expoliación de los pueblos y la naturaleza.

Entonces, cabe preguntar: a más del confinamiento o de la cuarentena, ¿Qué medidas concretas se tomaron para proteger la salud de estudiantes, sus familias y el profesorado y sus familias? La preocupación ha sido mantener las clases por vía virtual, sin considerar los altos porcentajes de familias sin acceso a internet (o sin siquiera a luz eléctrica o agua para lavarse las manos), con presión sobre contenidos y horas de trabajo, generando nuevas causas de estrés situacional en unos y otros. Mantener el contacto educativo virtual es positivo para evitar los trastornos de cierres de larga duración, pero si no se enfrentan estas inequidades en las condiciones de vida, las diferencias entre pobres y ricos añadirán distancia en la brecha educativa.

Además, en lo general, no se trabaja en la inteligencia emocional, en la inclusión educativa a distancia, en maneras de mantener el equilibrio psíquico ante condiciones como las actuales, ni en fortalecer las condiciones para que cada quién tenga bases para levantarse tras este golpe, posibilitando la resiliencia de la sociedad y no solo de la economía. Tal como los Estados latinoamericanos plantean la educación en este momento, la transmisión de contenidos por vía virtual implica reproducir la educación tradicional y conductista a través del internet, con mayor control burocrático sobre los educadores, reduciendo aún más su libertad de cátedra e impidiendo que ejerzan como intelectuales de la educación. La debilitada interacción social regular es también un nuevo reto que tiene que ver con la salud y con la educación en valores.

Tomando en cuenta que una buena nutrición es necesaria, en varios países se logró imponer a los gobernantes la entrega de alguna alimentación escolar en las instituciones públicas. Ahora, la misma debería llegar a los hogares y no quedar almacenada. En Ecuador, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ha logrado que el Comité de Operaciones de Emergencia acepte hacerlo, pero en lugar de plantear que la distribución la hagan las fuerzas de seguridad que están en las calles, el gobierno pretende que sea el magisterio el que distribuya, poniendo a un nuevo sector social, sin las protecciones necesarias, a ser víctima o transmisor de contagio[1].

Desde ya hay que replantear el debate y organización institucional que garantice atención de salud física y psicológica en las instituciones educativas, condiciones laborales que reflejen el interés por el bienestar y la seguridad de los actores educativos, trabajo que privilegie las necesidades humanas antes que los objetivos instruccionales impuestos desde la economía empresarial, mejor relacionamiento entre docentes y padres/madres de familia en favor del interés superior del niño/a, formación docente en estos temas y tratamiento de las diferencias humanas en los centros educativos. En la base estará también la lucha por el presupuesto y la condena social a quienes lo reducen, lo niegan o privilegian el pago de deudas externas ilegítimas.

La escuela post-epidemia debería tener cauces hacia convertirse en un instrumento de emancipación humana. No puede ser la misma que antes de esta crisis. El debate profundo será un instrumento necesario que debemos emplearlo hoy y mañana, continuamente, en búsqueda de los cambios necesarios.

 

[1] Al escribir este artículo se había ya planteado la posición del gobierno y el magisterio, esperándose la decisión definitiva.

El autor escribe para OVE

Imagen: congerdesign en Pixabay

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Libro: Cambiar el mundo para cambiar la educación. La revolución soviética y la educación.(PDF)

Por: Por: Edgar Isch L

La educación fue una de las esferas de trabajo e inquietud inte­lectual más aguda durante la Revolución Soviética. Con gran rapidez se presentan múltiples pro­puestas que se convierten en experiencias, se acierta y se falla y se vuelve a acertar en una búsqueda constante de carácter masivo. La revolución, desde el materialismo dialéctico e histórico, bus­caba su propia comprensión del proceso educativo y daba a luz un modelo pedagógico completamente distinto a los precedentes. Los educadores, hombres y mujeres comprometidos, procuraban definir y demostrar su mejor aporte a esa revolución, que era la suya. Una nueva teoría psicológica irá sirviendo de sustento a esta nueva realidad educativa.

Sin esos cambios habría sido imposible que, en medio de di­ficultades extremas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hubiese llegado a convertirse en pocos años en la segunda potencia mundial.}

Descárglo aquí: Educacion y revolución soviética Edgar Isch

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La disolución del sindicato de maestros en Ecuador

 Por: Edgar Isch

El gobierno de Ecuador ha decidido disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE) con argumentos administrativos que ocultan la intencionalidad política que, sin duda, existe en el interés de ilegalizar a una de las más viejas y mayores organizaciones laborales del país.

Para la UNE, esto no es nuevo. La agrupación ha sido participante de todas las luchas contra las políticas neoliberales y por propuestas educativas alternativas, por lo que varios gobiernos la han atacado, pretendido dividirla y, en la pasada dictadura militar, fue ilegalizada, obligándola a realizar su congreso en la clandestinidad.

La UNE fue cercana al gobierno de Rafael Correa en sus inicios, cuando éste dio paso a la aplicación de políticas planteadas en las largas luchas de las organizaciones populares. La ruptura vino por dos lados: el intento gubernamental de controlar toda agrupación social, al grado de que el presidente se pronunciara como legítimo representante de la sociedad civil, y con la aplicación de políticas educativas que incluyeron el debilitamiento de derechos sindicales garantizados por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aplicación de una evaluación docente punitiva. El control de las organizaciones ha sido un proceso a tres bandas: cooptación de dirigentes; si no funciona, viene la división al grado de contar hoy con agrupación paralelas en prácticamente todos los sectores sociales, sin representatividad real y un comportamiento que en México se calificaría de charro, y, por último, la criminalización de la protesta social, que ha implicado a más de 700 perseguidos, muchos condenados a largas penas en juicios por terrorismo y cargos afines.

El control supuso eliminar tiempos de permiso para que los dirigentes realicen su labor sindical, prohibir huelgas en el sector público y que se efectúen actividades de la UNE en recintos educativos, impedir los descuentos de los aportes voluntarios para la organización, establecer sanciones a maestros y directores de escuelas por realizar declaraciones a los medios de comunicación, junto con un permanente ataque cargado de insultos, amenazas y denostación pública de los dirigentes. Los ataques, a su vez, buscaban responsabilizar a los profesores de la crisis educativa. El diálogo fue negado y el ministro de Educación justificó eso diciendo que la UNE primero debe ofrecer disculpas por el daño hecho a la enseñanza. Pedido imposible para la organización, que enfrentó la imposición de las recetas neoliberales y plantea una propuesta de educación para la emancipación.

La resolución que disuelve a la UNE se da a pocos días de que la organización, junto con otras, participó en Ginebra en la reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de insistir que el Estado ecuatoriano cumpla con los reiterados señalamientos de la OIT conminándolo a respetar el derecho a la libre asociación de los adherentes de la UNE. De manera previa se había dado un plazo de 15 días para que la UNE respondiera bajo amenaza de disolución, con base en el decreto presidencial 739, por incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este reglamento (que regula las organizaciones sociales), o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas. Como se ve, una acusación que no señala con claridad cuál es el supuesto incumplimiento, haciendo imposible defenderse y que se efectúe el debido proceso.

Luego se señaló que no inscribió la directiva, aunque la UNE presenta los oficios en los que procuró cumplir con la norma, pero se le impedía con argumentos como que eran copias simples o que no se presentó la información personal de los cerca de 60 mil votantes (de más de 100 mil afiliados) que en elecciones secretas y libres eligieron la directiva en mayo 2014. La solicitud se consideró acto de intromisión y amedrentamiento. Por su parte, la OIT, en diciembre de 2015, pidió al Estado ecuatoriano reconocer esa directiva.

En días recientes un reiterado argumento del ministerio ha sido que la UNE se “vende como sindicato de maestros, cuando sólo sería una ‘organización social’ más cercana a una ONG. La prueba estaría en que la UNE, que nació en 1944, fue reconocida legalmente como gremio profesional en 1950 y porque limitaría para ser sindicato el tener un solo patrón, mientras la UNE agrupa a docentes públicos y del sector privado de todos los niveles educativos. Sin embargo, según convenios de la OIT de los que Ecuador es signatario, la denominación o título de la organización no es trascendente, sino su condición de agrupación que promueve los derechos laborales.

El proceso continúa y ya se anuncia que el 25 de agosto una comisión liquidadora se hará cargo de los bienes de la organización. Para el mismo día, la UNE y el Colectivo Unitario de Organizaciones Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales han convocado a marchas en todas las provincias del país en demanda de derechos y plataformas de todos los sectores. Las calles permitirán una constatación de las posiciones en juego, previo al inicio del proceso electoral para nombrar presidente de la república y congresistas.

Si la UNE es disuelta, quedará un peligroso antecedente que podrá ser utilizado por distintos gobiernos de la región que tienen conflictos con las organizaciones de maestros. Por ello es un asunto sobre el que los trabajadores de la región deben pronunciarse.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/04/mundo/022a1mun

 

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