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De la calidad a la educación digna

agosto 3, 2024Edgar Isch L. Deja un comentario

Por: Edgar Isch L.

Desde años atrás entró como parte del discurso educativo la “calidad” de la educación y, a partir de ella surgieron mecanismos de evaluación de los sistemas, instituciones y personas involucradas en el mundo educativo. Podemos decir que no hay organismo internacional que no haya trabajado con este calificativo aparentemente inofensivo y obvio, pero que en el fondo responde a una perspectiva ideológica y a intereses particulares. La calidad se convirtió en una especie de joker de la baraja, útil para cualquier propuesta por negativa que fuese, apenas un placebo que se usa para toda enfermedad.

En este artículo procuraremos demostrar lo dicho, pero también plantear una alternativa desde los derechos humanos. Defender la educación como un derecho no es asunto sencillo y menos aún hoy cuando el resurgir de posiciones de extrema derecha sostienen abiertamente que ese derecho no existe, que la educación es apenas un bien comerciable, como lo hace un candidato a la presidencia de Argentina o una candidata en la segunda vuelta de Ecuador. Una vez negado el derecho, la calidad queda a disposición del mercado.

El inicio del discurso de la llamada calidad

Los inicios de la onda en favor de la calidad se presentan en la década de los años 50 del siglo pasado, cuando el economista Edward W. Deming (1989) plantea que “la mejora de la calidad lleva a la economía de los costos y al aumento de los beneficios” económicos de los empresarios. Para ello la calidad se concibe desde la satisfacción del consumidor, la que a su vez lleva a una mayor venta de bienes y servicios. Pero no necesariamente lo más vendido es lo que tiene mejores características, como puede suceder con los libros best Sellers, música empobrecida, pero con ritmo o con la comida chatarra en un comedor estudiantil. Ni en lo individual ni en social lo más vendido es lo adecuado aún en el caso de que el consumidor se sienta satisfecho.

Famosos promotores de los sistemas de control de la calidad total, Kanji y Asher (1993), plantean breves definiciones claves:

Calidad: Satisfacer los requerimientos del consumidor continuamente.

Calidad total: Lograr la calidad a bajo costo.

Control total de la calidad: Obtener la calidad total involucrando diariamente a cada uno de los miembros de la organización.

Una trampa visible, pero deseada por los promotores de esta visión de calidad, está en la idea de que un mayor precio demuestra más calidad del producto y es resultado de la misma. La realidad es que muchas veces la imagen de un producto y su calidad son resultado de la publicidad y no de calidad real, publicidad que, además, según demuestra M. MaxNeff, propone seudo satisfactores a problemas reales, alejando su solución y generando nuevos problemas. La generación de necesidades ficticias es otro componente de la acción publicitaria, creando nuevas barreras a la solución de problemas reales.

Luego vendrá un ajuste a la definición, proponiendo la excelencia como un concepto superior porque supera a lo normal. Para ser excelente, dirán, se requiere ser superior a los demás, trabajar más, ponerse la camiseta de la empresa que nos contrata.

El “control total de la calidad”, en este conjunto de definiciones, tiene que ver con la participación automatizada en lo resuelto por otros, no en una participación democrática, pues hay una postura filosófica que se convierte en indiscutible.

La calidad en educación

Sin embargo, en educación no entró de inmediato la llamada búsqueda de la calidad en esos términos. Para los años sesenta, por ejemplo, en América Latina las reformas educativas se centraron en la ampliación de la cobertura, especialmente de ciclo escolar, debido a la necesidad de trabajadores con conocimientos básicos que les permita entrar en los procesos de industrialización y modernización. En este momento la calidad es del sistema en su conjunto y orientada principalmente a resultados cuantitativos.

Luego la atención estaría centrada en la formación docente en la tecnología educativa de la época. Aquí arranca con fuerza la homogenización escolar, pretendiendo que el proceso educativo sea único desde la planificación hasta la evaluación. Las matrices y detalladas guías de trabajo creadas muy lejos de las aulas y con poca o ninguna consulta a los y las docentes se impondría como obligatorias. El daño al ejercicio creativo e intelectual de la docencia fue muy grave, pues antes que debatir la pedagogía, que paulatinamente fue expulsada de las aulas, se propondría un pragmatismo al grado que maestros y maestras se acostumbrarían a solicitar la matriz, el ejemplo de llenado, la manera de satisfacer a la burocracia educativa.

Esto se complementaría dando paso a visiones muy parciales de currículo, que llegarían a expresarse incluso como meros listados de contenidos. La calidad redujo sus expectativas, al tiempo que se hacían más fuertes las diferencias clasistas entre escuelas privadas de alto costo (no necesariamente “mejores”) y escuelas públicas a las que los Estados atendían cada vez con menos interés.

Es en momentos en los que la visión de la crisis educativa se centra en la administración (planificación estratégica, trabajo por procesos, descentralización institucional, entre otros) y en sus actores (rol de los directivos que en muchos casos pasaron a ser llamados gerentes, docentes que asuman más cargas administrativas), cuando la “calidad” aparece como la justificación de nuevas ideas de cambio.

Se trata del periodo de aplicación intensiva del modelo neoliberal de desarrollo y sus principios económicos. En educación se puso el acento en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la responsabilidad docente, observando al interior de la escuela y dejando de lado diversos aspectos de su relación con la sociedad.

Calidad e ideología

En esta línea de pensamiento, se difunde una perspectiva hegemónica del ambiguo término de calidad. Según Morales Basadre (1993, p. 11), esta constituía:

… el mayor desafío que enfrentan las naciones es la transformación de la calidad educacional: mejor nivel formativo, acceso a los códigos culturales de la modernidad, adquisición de nuevos valores, desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear….

Reflexionemos sobre los indicadores de calidad que plantea, aunque no les de ese nombre.

Mejor nivel formativo, sí, ¿pero en qué dirección? No se abre al debate cual es la finalidad de la educación, que significa “mejor” nivel, con qué grado de participación.
Acceso a los códigos culturales de la modernidad. Es decir, abandonar las culturas propias y asumir las perspectivas del mundo occidental desarrollado. Recuerde el lector que se nos calificaba de subdesarrollados y nos planteaban que copiar era la manera de lograr el desarrollo. Modernidad que, además, se presentó junto al capitalismo, así que es a ese sistema que se debe servir.
Adquisición de nuevos valores. Complementando lo anterior, entonces se debe promover la competitividad, más tarde justificada y enmascarada en la meritocracia (Isch, 2013). Valores ligados a la prioridad de los intereses empresariales y el individualismo extremo. El posmodernismo hará también su aparición y el constructivismo de Piaget, con la tesis de que cada quién construye su propio conocimiento sería utilizado para alimentar en las aulas el “sálvese quien pueda”, aun contrariando otras tesis y propuestas constructivistas.
Desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear. Capacidades importantes pero que, si se considera lo anterior, tiene una línea individualista y no general.

Como se puede ratificar, cualquier selección de indicadores, que en casos como ayuda a precisar la definición hegemónica de calidad educativa, está envuelta en una posición ideológica. Cada indicador nos está señalando, aunque no siempre directamente, lo que se piensa en el fondo, cómo se interpreta la realidad y qué posicionamientos se presentan ante las concepciones epistemológicas y axiológicas. Si se trata del pensamiento hegemónico, este corresponde al pensamiento dominante en la sociedad de clases en la que estamos viviendo.

Adicionalmente, en el momento que prefigura las características del estudiantado deseable, existe también una posición política. Señalar de alguna manera un perfil de salida, habla del ser humano deseado para un determinado tipo de sociedad.

De esta manera se puede trabajar cualquier lista de indicadores o características de la calidad y el resultado siempre será que no se trata de una posición exclusivamente técnica. Lo ideológico y lo político están fuertemente implicados, como sucede con cualquier decisión de política educativa, sea a nivel nacional o institucional.

Parte de estas decisiones están ligadas a las determinaciones de como trabajar al interior de la institución. Mirando la educación apenas como un servicio, Ishikawa (1986) propone los círculos de Control de la Calidad Total que plantea que el estado ideal de la empresa es cuando la inspección ya no es necesaria, pues cada trabajador o funcionario se convierte en el capataz de los demás, se autocontrolan, denuncia y sancionan en medio de una competición cotidiana. Esto tampoco es carente de ideología o apolítico.

Calidad hoy

Con los antecedentes previos se entenderá que por varios años en lugar del derecho a la educación, se pasó a la medición más elemental que es la del ingreso. Pero los componentes del derecho, de los que hablaremos más adelante, consideran que el ingreso solo es un factor necesario para ejercer el derecho y no el derecho en sí mismo.

Pero más tarde, en medida que se consideraba más lo administrativo, la calidad se está ligando a un “consenso para la gobernanza” del derecho. Nuevamente, no se trata del derecho en sí mismo sino a un desvío en el análisis, para fomentar mecanismos administrativos y comerciales habitualmente dispuestos por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A más de los mecanismos de comercialización, privatización directa e indirecta, la idea de gobernanza promueve la estandarización educativa. Esto calza con el inicio mismo de nuestra historia, pues Deming planteó que “la calidad no es preferencia, ni la calidad es tecnología u originalidad”; “la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste adecuado a las necesidades del mercado” (ídem). La estandarización, al igual que todo el lenguaje empresarial, es factible y realizable para la fabricación de objetos, pera no lo es para los derechos humanos. La educación no puede olvidar el contexto social y cultural en el que se desarrolla, los objetivos concretos o inmediatos y los de carácter histórico o estratégico de los pueblos, la relación en territorio con los otros derechos y perspectivas propias de futuro colectivo.

Con estas concepciones anteriores se mezcla la visión de organismos internacionales que establecen una relación directa entre derecho de la educación y el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible (ODS-4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Una vez más sin especificar de manera concreta a que se refiere con calidad, y nótese que aspectos tan importantes como la inclusión, la equidad y la oportunidad de aprendizaje están a la par, pero fuera de esa calidad mencionada, pero nada especificada. En las metas planteadas se observa una fuerte inclinación a garantizar acceso a la educación básica y equidad en el acceso a los otros niveles, como lo evidencian publicaciones especializadas de la misma ONU y también la inclusión de las nuevas tecnologías (seis de las diez metas del ODS4 se refieren a esto), lo que permite ver limitaciones en el uso de este concepto.

La medición de calidad hoy más frecuente está en el uso de indicadores de rendimiento, fácilmente cuantificables y comparables, acortando costos. Para realizarla es necesario dejar de lado todo lo referente al contexto histórico, cultural y social, así como olvidar los factores asociados al aprendizaje que están dentro y fuera de la institución educativa. Una medición propiamente homogenizadora, que compara países de distintos continentes y culturas sin considerar nada más. Por ejemplo, mucho se nos menciona que los niños y niñas de Japón o de Corea del Sur demuestran mayor conocimiento matemático que la niñez ecuatoriana, pero se silencia que la competencia a la que están sometidos lleva a que estos dos sean parte de los países con mayor índice de suicidio infanto-juvenil. Desde una perspectiva más humana será mejor que en promedio conozcan un poco menos pero que sean más felices, que valoren el juego y la socialización como sus derechos y escenario de formación social, que disfruten la vida y no la destinen a competir con los otros.

Otra calidad para otra sociedad

Como vemos, al emplear un término tan ambiguo como “calidad”, se presenta un anhelo pero que no puede ser entendido por igual por los distintos sectores sociales, que en realidad oculta los objetivos realmente buscados. Debería ser obvio que aquel tipo de calidad “empresarial” e incluso industrial, no corresponde a los derechos sociales, pero aún se lo promueve en distintos ángulos. Cada vez que se habla de una reforma educativa orientada por el mercado o a partir de viejas y nuevas fórmulas de mercantilización, el derecho retrocede y la “calidad” sometida a la estandarización toma su lugar.

Con ello se explica que, al menos, se debería exigir siempre que se especifique de que calidad estamos hablando. Muchas posiciones cercanas a la educación popular, crítica o emancipadora buscarán diferenciarse con adjetivos que aclaren qué clase de educación se busca. Por ello, se dirá, por ejemplo, que se desea una calidad humana de la educación (o con sentido humano), una calidad integral, calidad de carácter histórico, calidad democratizadora, calidad centrada en el educando, entre otras definiciones. En todas ellas un rasgo común es el intento de ver a la educación de manera totalizadora, ligada a contextos social, cultural e histórico y propuesta desde finalidades de carácter social.

Con una perspectiva de estas características se busca superar el sentido instrumental de la calidad de la educación (que mide aspectos del funcionamiento del sistema desde la eficiencia del centro educativo, aislado del conjunto social) y su complemento la “calidad intencional” que procura promover los valores capitalistas presentados como modernización (Chiroque, Díaz y Timcopa, 1992). Señalamos que estas características humanas y democráticas se expresan primero a modo de principios antes que recetas. Es más importante que quien ejerce la docencia esté convencido y comprometido, por ejemplo con la vivencia de los derechos de la niñez, y que tenga la capacidad de hacer realidad esos derechos en cualquier circunstancia de las tan variables y sorprendentes que encuentre en la docencia.

Bajo esta consideración, diversas fuentes plantearán como aspectos ineludibles, pero sin un orden consecutivo, múltiples principios y requisitos. Enumeramos los que nos parecen más pertinentes para el momento histórico:

Principio de la educación como derecho humano. Como punto de partida y antes de entrar a las expresiones del derecho en sí mismo, señalemos que la educación, a partir de la familia en la que nos criamos, indistintamente de que tipo de familia sea, cumple un papel fundamental en nuestra humanización individual y como especie. En lo individual es fácil comprender que si tempranamente se nos aísla, como históricamente ha sucedido con niños y niñas con alguna condición de discapacidad notoria, es posible que ni siquiera aprendamos el lenguaje y, dado que lenguaje y pensamiento son inseparables, no lograremos una adecuada formación y desarrollo de la inteligencia; además, sin educación y la fase de socialización primaria, no lograríamos ser personas en condiciones de convivir en nuestra sociedad y cultura. Como especie, está demostrado que los procesos educativos incidieron en la evolución general, que en el caso de los seres humanos la evolución es tanto biológica como social dándonos el carácter de una especie muy diferenciada a las anteriores.

Principio de educación con visión de derechos. Los derechos humanos, de carácter fundamental, son potestades que corresponden a cada persona por el hecho de ser parte de la familia humana, sin distingo de ningún tipo. Nos colocan en una condición que se integra a la perspectiva de lucha de Rosa Luxemburg: «por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».

La vivencia de derechos, de todos y cada persona que forma parte de la comunidad educativa, la prioridad del interés superior del niño y la niña, van mucho más allá de memorizaciones y debe llegar al establecimiento claro de mecanismos de exigibilidad que den garantía a los derechos. Una convivencia entre iguales será una que deje de lado el etnocentrismo, el racismo, el sexismo y androcentrismo, el clasismo. Es procurar una escuela que sea refugio y faro de transformación.

Principio de democracia y justicia. Ligado a lo anterior está el compromiso por eliminar toda forma de discriminación y encaminarse hacia la igualdad real de oportunidades educativas. La democratización de las escuelas implica un fortalecimiento y priorización de la educación pública presencial y el uso de mecanismos de apoyo permanente a los sectores que con mayores dificultades acceden a las aulas.

En este y en los principios anteriores, la inclusión educativa indistintamente de las diferencias personales se convierte en una obligación del sistema educativo en todos sus niveles.

Principio de la transformación social. La educación no puede ser solo repetición de saberes asumidos por la humanidad, sino la formación en cada uno de la capacidad de transformar y transformarse de manera dialéctica: me transformo a mí mismo transformando la realidad y, a su vez, la transformación de la realidad conlleva a una transformación personal. El ritmo y grado de este proceso transformativo puede ser distinto, pero es ineludible y debe formar parte de la vida en la escuela.

Este principio hace referencia también la relevancia establecida en el qué y para qué de la educación; y la pertinencia en su relación con las necesidades de la comunidad y los y las estudiantes, para que su aprendizaje sea útil y transformador y construya autonomía, autogobierno e identidad.

La transformación social involucra una clarificación de valores y criterios personales, un compromiso con la sociedad deseada pero que no es la actual, un trabajo intencionado en esa dirección. Solo así, ligando pensamiento y acción, se podrá, por ejemplo, contribuir desde la escuela a la lucha contra la corrupción generalizada. La vivencia es también ejemplo de educadores y educadoras, del conjunto del personal de la institución educativa, logrando un impacto muy por encima de los acostumbrados sermones y moralejas.

Principio de integralidad. La educación es formación integral de la persona, de su personalidad. Por tanto, debe asumir que los humanos debemos encontrar en la institución educativa el escenario y condiciones para el desarrollo de la capacidades y funciones mentales superiores, de distintos talentos y de nuestra característica como seres senti-pensantes.

Para lograr esa integridad se debe conjugar la teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el manual, el aula y el contacto con la comunidad, un nivel educativo con otro, las diferencias y necesidades específicas de aprendizaje.

Si se quiere, entonces, hablar de una calidad humana, social e histórica de la educación o una calidad basada en los Derechos Humanos, por lo general lo cuantitativo será insuficiente, como lo es con cualquier proceso humano. Una visión de la educación como acción intencionada y orientada presume la necesidad de formas de evaluación colectivas, cualitativas y cualitativas, que rompan la forzada homogenización y den respuesta a las realidades concretas de cada país, nacionalidad, sector.

La educación digna como alternativa conceptual y práctica

Para salir de la confusión que acompaña a la calidad educativa es muy importante contar con un punto de partida fundamental y este es el de la educación como derecho humano. Como ya dijimos, se debe presentar sin ningún distingo y sin barreras que nada tienen que ver con la condición de ser humanos. Si se pone otras condiciones, como el pago de costosas matrículas, el derecho deja de para todos y pasa a constituir una mercancía o un servicio que está solo al alcance de algunos. Esto ya rompe con los criterios de calidad según la demanda, según el precio del servicio o la compra-venta.

Como derecho, la educación se interrelaciona con los demás derechos humanos. Por un lado posibilita otros derechos como la salud (quién se educa conoce la manera de prevenir enfermedades y no cae en las trampas de los opuestos al conocimiento científico) o la participación (un pueblo educado en su historia y análisis de la realidad no será víctima de la demagogia); por otro lado, la educación depende de la garantía de otros derechos (en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a uno de cada tres niños y niñas y esta condición dificulta el desarrollo de capacidades como la abstracción, por lo que se les hace más difícil la matemática o el uso de nuevos conceptos). Una vez más, aquí la visión del derecho humano se muestra muy superior al de calidad, al considerar la integración de la vida del estudiantado con la educación, recordando el viejo decir que “educamos desde la vida y para la vida”.

En consecuencia, es fundamental considerar la relación que tienen los derechos humanos con la dignidad de la persona. Derechos y dignidad se encuentran tan atados, que deberíamos considerar a esta como un requisito fundamental para la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo reitera que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». En el Artículo 1 se remarca: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

A muchos sorprende que se mencione a la dignidad primero, pero es que esta es considerada como la base de todos los derechos humanos. Pero, a la vez, los derechos humanos le dan contenido y profundidad, de manera que dignidad no puede ser una palabra indistinta, sino sinónimo de cumplimiento real de esos derechos. Por ello, en muchos países la dignidad humana es en varias constituciones y legislaciones un claro argumento jurídico.

En consecuencia, vivir con dignidad solo se expresará cuando se cumplan con los demás derechos. Así lo dejará ver Antônio Cançado Trindade, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (Villagrán y otros 1999):

La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional (2005, p. 15), organización defensora de los derechos humanos, ratificará que: “La dignidad humana exige el respeto por todos los derechos de todas las personas: nada es más prioritario que el derecho a vivir con dignidad”. Del mismo modo, lo harán otras organizaciones como Human Rights Internship Program y Asian Forum for Human Rights and Development: “No es posible alcanzar el fin último de asegurar el respeto por la dignidad del individuo sin que éste disfrute de todos sus derechos” (íbid, p.15).

De aquí cabe observar como organismos de las Naciones Unidas han ido adoptando este criterio. Tal vez la expresión más concreta está en la Organización Mundial del Trabajo que plantea como un objetivo “el trabajo digno”. En el mundo educativo todavía no hemos acogido con suficiente fuerza la relación entre el derecho a la educación y la dignidad humana y como el sistema educativo debe impulsar la dignidad por medio del trato igual a todos y todas.

Una educación digna estará centrada en los seres humanos y sus múltiples diversidades, en el colectivo y no solo en el individuo, diferenciándose de lo que desde el punto de vista hegemónico se ha querido entender como educación de calidad. Hablar de una educación digna será más útil, clarificador y movilizador que el hablar de educación de calidad.

Una educación digna requiere partir de una comprensión de los derechos en su conjunto y de los retos que plantea transformar la sociedad para que sean vigentes en la cotidianidad de los países. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

De manera complementaria, la Observación General 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo décimo tercero analiza la manera de realizar el derecho a la educación. Se trata de “cuatro características interrelacionadas y fundamentales” que debe tener la educación en todas sus formas y en todos los niveles. De manera resumida estas son:

Disponibilidad. Debe existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado, distribuidas en forma equitativa en todo el territorio, con equidad en la disposición de recursos necesarios, incluyendo los comunicacionales y tecnológicos.
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado. La accesibilidad consta de tres dimensiones, considerando el principio de la no discriminación.

Accesibilidad física. La institución educativa debe estar a una distancia razonable de la vivienda, al igual que las nuevas tecnologías, sin barreras arquitectónicas y en entornos seguros.
Accesibilidad al currículo. Asegurar el derecho (no obligatoriedad) de aprender en su propia lengua y los materiales y condiciones necesarios para quienes tengan necesidades específicas de aprendizaje.
Accesibilidad económica. No solo se refiere a los costos de matrícula, sino también a los de libros y materiales, movilidad, alimentación, conexión a internet y otros que se convierten en barreras a la equidad que debe caracterizar a la educación.

Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; y
Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

La obligatoriedad hasta el bachillerato y la gratuidad hasta la universidad, señaladas en la Constitución del Ecuador serán, simultáneamente, condiciones para que se haga posible el derecho a la educación, demostrando además la superioridad social y moral de la educación pública. Obligatoriedad y gratuidad también deben ser requisitos de las políticas públicas democráticas e innovadoras y deberían serlo a lo largo de toda la vida (Isch, 2022).

Algunos pasos necesarios

Para lograr una educación digna se deben dar algunos pasos que comprometen a todos los actores del sistema educativo, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Lo primero será ganar la conciencia mayoritaria a favor de la educación como un derecho humano y que consecuentemente debe ser una prioridad nacional. A partir de ello se podrá cambiar la óptica de la planificación educativa, sacándola de los esquemas burocráticos y tecnocráticos, para construir planes realmente participativos considerando la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto tendrá su correspondencia con evaluaciones que abarquen estos aspectos, los resultados de aprendizaje, el financiamiento, la participación social y otros elementos.

Hay varias contradicciones sociales y conceptuales que confrontar. Con carácter de urgencia, una primera es que, si retomamos la visión de educación como formación integral, la enseñanza será múltiple y dirigida al desarrollo de las capacidades mentales y por ello incluirá arte, valores, cultura propia y universal, ciencia y deporte, se preocupará de los planes de vida y de la herencia social. En contraste, encontramos que lo que se impulsa desde sectores de poder es la educación centrada en el paradigma STEM (siglas en inglés para Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que subestima la formación humanista y termina rechazando la importancia de áreas como la filosofía o la historia.

Una segunda urgencia es la defensa de la educación pública y gratuita frente a los números intentos de privatizarla y convertirla en una mercancía de acceso diferenciado. Como hemos visto, la educación pública es garantía fundamental del derecho, es constructora de democracia real, es sostén de la cultura propia y nexo con lo universal de la cultura. La equidad educativa requiere de la educación pública, pero esta se encuentra amenazada como en pocos momentos de los últimos siglos.

Tercero, encontramos la contradicción entre la presencialidad y la reducción o eliminación de la escuela como centro de encuentro humano, como núcleo del tejido central, como lugar de socialización y humanización. La tecnología actual y la que se presente adelante no puede reemplazar estas funciones de la escuela, pero mal empleada podría aislar aún más a las personas, ponernos frente al “sálvese quien pueda” y beneficiar a los poderosos.

La realidad nos presenta estas y otras contradicciones, las mismas que luego se reflejaran en las condiciones de trabajo docente y de estudio de los educandos, en los resultados de aprendizaje y en las posibilidades o no de mejorar las condiciones de vida de las persona, familias y comunidades. Este texto solo pretendió a ayudar en el debate necesario para enfrentar esta que será una importante lucha de la humanidad.

Referencias

Amnistía Internacional (2005). Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Madrid.

Chiroque, S. Díaz, C. y Tincopa, L. (1992). Diversidad curricular, pistas y derroteros. Lima, Edaprospo.

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020). La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. Ciudad de México.

de, Serie C, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Abreu-Burelli.

Deming, W. Edwards (1989). “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial Díaz de Santos; Madrid, 1989.

Isch L., E. (2013). Meritocracia no es democracia. https://www.sinpermiso.info/textos/meritocracia-no-es-democracia

Isch L. E. (2022). La educación en crisis. Quito, ediciones del Instituto de Estudios Ecuatorianos (en proceso de publicación).

Isch L., E (2022). El derecho a la educación superior y sus amenazas. Aprendamos a Educar 7: Universidad y compromiso social. Quito, Ediciones Opción.

Ishikawa, Kaoru (1986) “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial normal; Colombia, 1986.

Kanji, Gopal K. and Mike Asher. 1993. Advances in Total Quality Management. Avances en la Administración de la Calidad Total. N.p.

Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. In: Development Dialogue (número especial). Uppsala, CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjöld.

Morales Basadre, R. (1993). Educación, inversión para el desarrollo. IPAE, Foro Educativo N°3, Lima, 1993.

ONU (2018). Quality education: Why it matters. http://www.un.org/ sustainabledevelopment

Villagrán Morales y otros (1999). Caso de los «Niños de la Calle», sentencia de la CIDH del 19 de noviembre de 1999.

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Elecciones en Ecuador: primeras aproximaciones

agosto 22, 2023agosto 22, 2023Edgar Isch L.

Por: Edgar Isch L.

El presente proceso electoral en el Ecuador ha tenido condiciones inéditas desde su origen, por la aplicación de la “muerte cruzada” decretada por Lasso para evitar una segura destitución resuelta en la Asamblea Nacional. El desprestigio del gobierno y de la Asamblea, que en ningún caso superaron el 16% de aceptación, se expresó en la falta de oposición social de la medida, sin poner ninguna esperanza en ella y más bien como una profundización de la crisis política. Trajo también la realización de una campaña electoral en un tiempo extremadamente corto, lo que daba ventaja a las chequeras y a las estructuras políticas más mencionadas en los medios de comunicación.

La agudización de la violencia criminal, que cada vez está más cerca del ecuatoriano común, se presentaba, por primera vez, como el tema central en las preocupaciones de la gente de los distintos estratos sociales, principalmente en los barrios más pobres y abandonados. Esto cambió buena parte de los debates a nivel social, aunque las consultas populares vinculadas al freno al extractivismo, trajeron otro tipo de disputas ideológicas y políticas.

El infame asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia y conocido por su accionar en torno a denuncias sobre casos de corrupción, sacudió el ambiente electoral en sus últimos días, en una manera que al inicio no estaba clara, pero que no ha tenido antecedentes en procesos anteriores. Sin embargo, presentó el peligro de que Ecuador concluya su camino a convertirse en un “narco-Estado”. El alto número de asesinatos de funcionarios, las amenazas y sobre todo compra de jueces, masacres en cárceles dominadas por los reos, asesinato de líderes y autoridades locales, la denuncia del embajador norteamericano que interviniendo en nuestra política ratificaba la existencia de narco-generales que no han sido sancionados, son parte de la crisis que se agudizó con el asesinato de Villavicencio.

El escenario era propicio para que las elecciones sirvan como expresión del descontento social, tanto por la decepción en el gobierno y la Asamblea cuanto, por las perspectivas de futuro, buscando una salida, aunque sin saber bien dónde. Por ello buena parte de los votos fueron en búsqueda de lo “nuevo”, pero sin análisis profundo y menos aún de clase.

Algo sobre los resultados

Los resultados hasta cerca de la media noche, con la mayoría de las actas procesadas superando al 90% en las presidenciales, ratificaron tendencias que prácticamente ya estaban presentes desde el inicio del conteo. Pero también trajeron novedades. Primero, que la diferenciación de candidaturas y programas no fue determinante, llevando a la gente a buscar lo nuevo, sin ubicar de que se trataba y por ello apoyar a candidaturas como la de Daniel Noboa (que pasa a la segunda vuelta con el 23,78%), oligarca que fue asambleísta pero era desconocido por la población o Jan Topic, empresario que se promocionó como mercenario capaz de enfrentar la inseguridad, pero que finalmente llegó al 14,65%. Simultáneamente se rechazó a los que se presentaban como continuadores de los dos últimos gobiernos, Moreno y Lasso, como es el caso de Sonnenholzner (7,1%) e incluso Villavicencio que aparecía cuarto o quinto en las encuestas de la mayor parte de la campaña.

Por otra parte, como no se esperaba de acuerdo con las experiencias pasadas, esta vez el debate fue importante. Las condiciones posteriores al asesinato de Villavicencio generaron mayor expectativa y, más allá de haber sido observado por alrededor de la mitad de los electores, se convirtió en tema de diálogo permanente. Esto benefició principalmente a Noboa que no fue atacado por sus competidores al considerarlo sin importancia. Y benefició momentáneamente a Topic con su insistencia de que era quien podía enfrentar a la delincuencia usando más y más violencia.

La sociedad ecuatoriana está en shock, especialmente pero no únicamente por el tema de la violencia y el crimen organizado y, como demostraría Naomi Klein, el shock permite que incluso se renuncie a derechos con tal de salir del hoyo. Eso explica que se generalice el pedido de mano dura y ese se convirtió en discurso generalizado que utilizó Topic, quien tuvo el apoyo del Partido Social Cristian, partido tradicional de la extrema derecha que está en declive. El espacio de ese partido será posiblemente llenado por estos nuevos representantes de las posiciones reaccionarias, pero con mayor habilidad en su discurso y en las formas publicitarias para llegar especialmente a la juventud, como se vio en esta candidatura.

En el caso del correísmo, se ratifica con un 33,24% de los votos que tiene la estructura más votada, como sucedió en este mismo año en las elecciones de alcaldes y prefecturas, desde donde supieron hacer también la nueva campaña (por ejemplo, en Quito el alcalde señalaba que su candidata garantizaba la segunda fase del metro que aún no está en operación). Tienen la mayor votación a pesar de errores de campaña o de que la persecución que realizaron contra Villavicencio generó en ciertos sectores dudas sobre su interés en la muerte del rival. Sin embargo, la imagen autoritaria y su carácter nacional superó que la candidata Luisa González repitiera una y otra vez su ofrecimiento de retornar al pasado, de hacer lo que ya hicieron, como si las circunstancias no hubiesen cambiado. Su discurso ya ni menciona el llamado “socialismo siglo xxi”, pero mantiene un discurso que pega en sectores importantes de la población de las distintas regiones.

En cuanto a quienes apoyaban a Fernando Villavicencio, les correspondió en pocos días y prácticamente sin que se les permita hacer campaña, presentar un nuevo candidato. Se trata del también comunicador Christian Zurita que no solo insistió en las propuestas de su antecesor (cuya foto obligatoriamente iba en la papeleta), sino que igualmente se presentaba como otro outsider que no tenía responsabilidad con anteriores gobiernos. En su conjunto, la solidaridad popular, la buena imagen del nuevo candidato y los votos previamente obtenidos anteriormente, le permitió sumar un 16,49% alcanzando la tercera posición.

La otra sorpresa fue el descenso en la votación de Yaku Pérez, quien representó a una alianza de fuerzas de izquierda y centro izquierda (Unidad Popular, Partido Socialista, Somos Agua, Democracia Sí y un sector de Pachakutik). La no integración de listas conjuntas con Pachakutik y la negativa de la dirección nacional de la Conaie para apoyar a esta candidatura, afectaron a la votación de las dos fuerzas en varias provincias. Si bien por buena parte de la campaña estaba en una posición expectante, siempre con la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, los cambios provocados por el asesinato a Villavicencio o ser visto por algunos como insuficientemente determinado contra la delincuencia tras el debate, le afectaron al grado de terminar con un 3,92% de los votos.

Por último, los resultados y la campaña demostraron que en esta primera vuelta fue menos notoria e importante aquella fragmentación entre correistas y anticorreistas. Para la mayoría de electores y sobre todo para los más jóvenes, no fue el tema central como algunos lo quisieron ubicar. Esto, en parte, por la dispersión de fuerzas y, por otro lado, por las nuevas temáticas que se presentaron.

La importancia de las consultas populares

Junto a la votación presidencial y de asambleístas se realizaron dos consultas populares que surgieron de la iniciativa popular y que tendrán importancia continental. La primera, de carácter nacional, para definir si el crudo del bloque 43 o ITT, ubicado en parque nacional Yasuni y junto a la zona de vida de dos pueblos en aislamiento voluntario. Esta consulta debió haberse dado cuando ya se tuvo las firmas necesarias de apoyo, pero fue ilegalmente impedida por el correísmo, luego que Rafael Correa renunciara a ese proyecto de protección humana y de la naturaleza que había acogido de la sociedad civil y ofrecido al mundo. Ahora, se suspende la explotación y en el plazo de un año la petrolera estatal debe salir de la zona.

La segunda, válida para el Distrito Metropolitano de Quito, consultaba para impedir la minería metálica en cualquier escala y así proteger los ecosistemas únicos del Chocó Andino y sus habitantes. La minería ha sido bandera de los tres últimos gobiernos y ha tenido un importante impulso al tiempo que confronta a las poblaciones que observan la destrucción de las condiciones de vida de las próximas generaciones.

En ambos casos, el extractivismo fue derrotado de manera determinante. El término, su significado y las consecuencias en destrucción ambiental y acumulación de la riqueza en pocas manos, han sido debatidos por importantes sectores, especialmente la juventud. La falaz pero millonaria campaña de compañías nacionales y transnacionales que contó con el apoyo de ministros y el Banco Central, fue derrotada por las organizaciones sociales que impulsaron las consultas, la izquierda y por la mayoría de la población. En el caso de la consulta sobre el Yasuní el Sí logró alrededor del 60% de la votación y, en el caso del Chocó Andino el Sí obtuvo alrededor de 68%.

La derecha política y económica fueron derrotadas pero un aspecto que se evidencia es que, a pesar de ello, las mismas poblaciones que votaron por el sí de manera simultánea dieron su voto por quienes impulsan esos proyectos extractivos. Por el contrario, no dieron un apoyo mayoritario al único candidato que en su historia se ha mostrado defensor del agua y la naturaleza, como es el caso de Yaku Pérez.

Esta contradicción demuestra la necesidad de un mayor debate sobre el tipo de desarrollo que debe impulsar el Ecuador y de dónde saldrán las fuerzas y representantes que pueden impulsarlo si se quiere fomentar la justicia social, la equidad y la vivencia de los derechos humanos y de la naturaleza.

Con miras a la segunda vuelta

El correísmo tiene una base electoral con la que puede contar, con presencia en los principales distritos electorales y tendrá sin duda el bloque parlamentario más grande, aunque difícilmente mayoritario. Esto le favorece, pero es sabido que tiene un techo de posible crecimiento y que difícilmente puede lograr la mitad más uno de los votos. Desde dónde puede lograr nuevos votos es fundamentalmente de los votos de la derecha socialcristiana, con la que en otras ocasiones ha sido capaz de establecer acuerdos. Las otras expresiones de derecha más posiblemente apoyen a Noboa y en cuanto a buena parte de sectores populares que tenían candidaturas propias, no olvidan la persecución vivida en un gobierno que puso juicio por “terrorismo” a más de 200 dirigentes populares y a ninguno de la oligarquía.

En cuanto a Noboa, se muestra con más posibilidades de crecer. Tendrá el apoyo de buena parte de electores de otras candidaturas, con excepción de los de Yaku Pérez, así como de una presencia importante en la Asamblea con candidatos de su partido y de otras expresiones reaccionarias. Es temprano para saber si eso será suficiente para lograr la presidencia.

Por otra parte, al igual que en la elección pasada, se puede presentar un crecimiento del voto nulo pero en menor proporción que en 2021. De todas maneras, su peso será importante para el conteo final de apoyos para definir el resultado electoral.

La disputa entre las dos candidaturas finalistas por los votos apenas comienza a dibujarse. Sin embargo, lo que viene tras esta primera vuelta y las consultas populares para muchos sectores organizados, una vez más, es sostener los anhelos de ecuatorianas y ecuatorianos, llevando a los pueblos a realizar un debate que supere lo coyuntural, que plantee las posibilidades de futuro del Ecuador y las nuevas batallas que tendrán que dar los explotados para dar un giro a la historia. Como ya sabemos por la experiencia social, un proceso electoral no es el comienzo ni el fin, sino solo un momento en las batallas que confrontan a las clases sociales. Aunque venga un gobierno de año y medio, combinado con la nueva campaña electoral, los cantos por concertación siempre serán pedidos para que los de abajo se pongan bajo las órdenes de los que domina. ¿Se tendrá ahora ese debate en los escenarios de trabajo, vivienda y estudio?

* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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¿Se requiere una universidad de la policía ecuatoriana?

noviembre 19, 2022noviembre 18, 2022Edgar Isch L.

El gobierno ecuatoriano ha tomado una serie de decisiones que pretenden ganar el respaldo de la fuerza policial.

Ante su debilidad en el respaldo popular y sus dificultades para resolver las contradicciones con otros grupos empresariales y políticos, esto se les presenta necesario porque requieren el sostén policial y militar, más el apoyo que el imperialismo brinda a un gobierno servil.

Dentro de esas medidas está el ofrecimiento de una universidad policial. Se sumaría a su propia entidad de seguridad social, su hospital y otras instituciones. Con ello se va generando, igual que en las Fuerzas Armadas, la idea de que se trata de un sector especial y superior de la sociedad, diferenciado del pueblo que es al que deben proteger y de dónde proviene su tropa. Las diferencias además se presentan y naturalizan al interior de esas instituciones armadas y de aquellas que poseen hacia fuera.

¿Es necesaria una universidad de la Policía? Si lo fuera por el grado de especialidad, que es el argumento empleado, lo mismo podría decirse para otras áreas. Los médicos y salubristas deberían estar en la universidad del Ministerio de salud, los maestros en el del Ministerio de Educación, los expertos petroleros en el del Ministerio del ramo y así. ¿Y los banqueros? Bueno, ellos, como el presidente actual, no necesitan estudios universitarios, porque acaparar la riqueza y tener formación académica no requieren ir juntos.

Si se quiere ampliar la democracia, todo ciudadano/a, sin distingo, debe tener un trato igual. Y eso no puede excluir a policías y militares. Sus estudios universitarios deberían ponerles en contacto con la realidad del país, con otras personas de las más variadas identidades, con los estudiantes a los que reprimen tantas veces, con la «gente común» de la que son parte.

En una universidad pública y como estudiantes en ellas, la especialización, por fuerte que sea, se reforzaría más intensamente con la interdisciplina, sin duda necesaria en estudios de seguridad y criminalística. Contarían con un respaldo académico más sólido, experimentado, que contribuya a confrontar todos los aspectos de la realidad que involucran las tareas de seguridad. Y tendrían la posibilidad de escoger otras profesiones que sin duda tendrán relación con ciertos tipos de delincuencia y trabajo investigativo como la informática, la química usada en explosivos, la electrónica, entre otras.

No se trata de que la Policía realice un convenio con una Universidad pública prestigiosa. Se trata de que sus miembros sean estudiantes regulares de la Universidad, como de la sociedad misma. No entes especiales. La especialización profesional no implica una posición en una jerarquía social que fragmenta, opone, confronta a otros sectores sociales.

Dada la manera de comprender el llamado “espíritu de cuerpo”, que lleva a muchos a creer que se debe ocultar a los delincuentes que están dentro de esas instituciones, se podrían encontrar grandes distorsiones en una Universidad en la que se repitan las tradiciones equivocadas que hoy desprestigian tanto a la Policía. La vida universitaria debe estar al margen de esas relaciones jerárquicas y autoritarias y, por el contrario, ser autónoma, democrática, laica y con sentido popular.

¿Por qué entonces el gobierno defiende esta propuesta? Porque no quieren que un policía, hombre o mujer, conozca las dificultades del pueblo, su manera de pensar, sus anhelos de cambio, su necesidad de luchar. Los quieren como fuerza represiva al servicio de los poderosos, que olviden el llamado de Bolívar a jamás disparar contra su propio pueblo.

Y la propuesta gubernamental tiene de demagogia y amenaza presupuestaria. Para financiar una nueva universidad se requiere dividir el monto actual existente y justo en momentos en los que se anuncia recortes de presupuesto para las universidades públicas. Un motivo más de conflicto innecesario, cuando lo más adecuado y justo es ampliar los presupuestos universitarios.

En el mundo no hay muchas universidades de este tipo. La propia Academia Mundial de INTERPOL agrupa más a Academias que Universidades. Su especialización es muy concreta y no requiere de otro tipo de institución. Por otra parte, las demandas sociales en algunos países de América Latina o Estados Unidos en favor de una reforma de los cuerpos policiales, no se enfoca en este aspecto sino en la organización interna, las finalidades a las que se destina el trabajo policial, los mecanismos de transparencia y control social, así como su mejor y mayor respuesta a un criterio social y popular.

Lo que hemos sostenido se puede apoyar también en el artículo de la agencia de prensa oficial de Estados Unidos, Voz de América, que el 24 de agosto de 2020 publicó un artículo que preguntaba: ¿Son los policías egresados de la universidad menos inclinados a usar la fuerza? Se refería a una universidad como cualquier otra y el efecto positivo de ella. Patrice Malone, oficial de Arlington, California, señala su experiencia: “Lidiando regularmente con otras personas en la Universidad, y luego venir y poder lidiar con la comunidad, la universidad me preparó y me dio la valentía y todo lo que necesitaba. Y la paciencia, mucha paciencia, para salir y hablar con la gente”.

El jefe de la Policía de Arlington, Jay Farr, señala: “Sin querer ser despectivo, creo que la perspectiva de mucha gente con la que trabajé era realmente limitada, muy limitada en su enfoque”. “No haber estado expuesto a distintos puntos de vista, no haber sido retados sobre eso en un ambiente académico, creo que hizo una diferencia en cómo ellos trabajaban dentro de la comunidad”.

Como queda dicho, no se requiere una universidad de la Policía. Por el bien del país y de los miembros de esa institución, lo mejor es que vivan la experiencia académica y refuercen su sentido de ciudadanía.

* Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://rebelion.org/se-requiere-una-universidad-de-la-policia-ecuatoriana/

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Los libros prohibidos y el control del pensamiento

noviembre 3, 2022noviembre 2, 2022Edgar Isch L.

Por: Edgar Isch L.

El afán de controlar el pensamiento de los pueblos recorre toda la historia de las sociedades de clases. Así como se domina con la fuerza, se lo hace también y más fuertemente desde el pensamiento. Quienes se apropian del poder no requieren de fuerza cuando los dominados se enajenan al grado de creer que su opresión es normal y adecuada. En ese caso logran una suerte de consenso en favor del sistema, un «sentido común» aparentemente indiscutible.

20 libros prohibidos hace tiempo y que ahora son realmente influyentes en la literatura universal

La lucha en el campo de las ideas tiene esta importancia: o se posibilita un pensamiento libre y crítico o se impone un pensamiento sumiso y acrítico. Su expresión está en todos los campos de la vida social: cuando se busca trabajo y se negocian las condiciones laborales; cuando se recibe un servicio público y se compara con el privado; cuando se educa a las nuevas generaciones; cuando se decide cuáles son las noticias que deben transmitirse y que ideas se presentan al hacerlo; y muchos más ejemplos que a cada uno se le pueden ocurrir.

Se dice de manera acertada que vivimos una sociedad que es clasista y que además ese clasismo está fortalecido y a su vez alimenta características como el sentido patriarcal, etnocentrista y colonizador de pueblos y la naturaleza. Todo conducido desde el poder que impone de esta forma de pensar. Para lograrlo, utilizan dos vías: difundir sus puntos de vista y su ideología como la única válida («no hay alternativa» repetirían continuamente los neoliberales), usando los sistemas educativos, los medios de comunicación, la mayoría de centros religiosos y muchos más instrumentos a su alcance; por otro lado, silencian y atacan a las opiniones críticas al sistema, como sucede en la gran prensa, las películas o en el manejo de los datos en internet, promoviendo más lo siempre promovido.

La prohibición de libros hoy

Una forma de silenciar otras voces ha sido la quema de libros. Y aquí es fácil recordar la inquisición, el nazismo de Hitler, la dictadura de Pinochet, o el pedido del anticomunista senador Mc Carthy quien pidió la quema de 30.000 títulos. Hoy que la derecha gana fuerza en algunos países desarrollados, como una respuesta ante la crisis y posibles levantamientos populares, es cuando estas formas extremas de control del pensamiento tienen lugar.

Lo dominante hoy son las prohibiciones que se van repitiendo. Veamos unos ejemplos, centrados en Norteamérica:

Censurado: El club de los libros prohibidos en Estados Unidos - La Tercera

Desde julio de 2021 al 31 de marzo de 2022, se han prohibido 1.586 libros de bibliotecas escolares en 26 estados, afectando la libertad de pensamiento de más de 2 millones de estudiantes. Si bien la decisión no es del gobierno sino de los distritos educativos, se trata de acciones coordinadas por la extrema derecha. Los libros más afectados tienen que ver con la discusión del racismo, la denuncia de la esclavitud, sobre temas relacionados a la comunidad LGBTI, pero se han incluido libros de premios Nobel, textos religiosos, de una víctima del holocausto judío o de Malala, la niña que luchó por la educación contra los talibanes.

Ya a nivel estatal, el Departamento de Educación del Estado de la Florida prohibió 54 textos escolares, incluso de matemáticas, por cuestionar el racismo y esclavitud. El 40% de textos están en revisión de este grupo inquisidor. En Texas, incluso se llega a colocar el préstamo de esos libros en las bibliotecas escolares como un delito. En Missouri se prohibió el uso de un número especial del periódico New York Times “NYT, 1619 Proyecto”, centrado en la esclavitud en Estados Unidos.

En Canadá la situación no es tan grave, pero en Ontario contra unos 4.700 libros infantiles y hasta el diccionario Webster, siempre con argumentos absurdos. Incluso con pretextos supuestamente contra estereotipos raciales, se ofendió a la libertad de pensamiento quemando (aquí literalmente) ediciones de Asterix o Lucky Luke.

Derecha es limitar las libertades

Puede de veras la sociedad limitar nuestra libertad? | Somos Todos UM

En general, se trata de empezar en el mundo educativo. Junto a los libros eliminados viene la prohibición de temas en el currículo y en general el silenciamiento de los profesores y profesoras, quienes en los últimos años han realizado varias huelgas superando la legislación represiva. La acción contra el NYT ya habla de un control más fuerte sobre la prensa, aunque al ser la mayoría medios de propiedad de millonarios, la censura previa les garantiza sus mensajes.

La derecha se presenta así como la limitación de las libertades, a pesar que usan la palabra libertad en sus discursos. La libertad que les interesa es la libertad de explotar a los trabajadores, la de apropiarse de los bienes comunes, la de sostener sus intereses por encima de la sociedad.

Estas son solo expresiones de esta gran batalla de ideas. Hay estudios que demuestran las distintas líneas que tiene la búsqueda del control del pensamiento de los pueblos y la prohibición de los libros solo es una de ellas. El poder capitalista teme las nuevas protestas sociales ante la crisis a nivel global y por ello el incremento de su trabajo en el campo de las ideas. Las fuerzas de izquierda, democráticas y auténticamente progresistas deben presentar los contrapesos suficientes.

* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente de la información e imagen: https://www.surysur.net

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En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización a los luchadores

junio 15, 2022junio 15, 2022Edgar Isch L.

Por: Edgar Isch L.

Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acción de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.

El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.

En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión

En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.

En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.

Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.

La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.

Lucha creciente y más descredito gubernamental

Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.

En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.

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Los crímenes del sionismo contra la humanidad: Una breve selección

mayo 25, 2021mayo 25, 2021Edgar Isch L.

Por Edgar Isch L

El Sionismo, nacido en Europa bajo el lema de “Una Patria para el pueblo judío”, se convirtió en una orientación de corte fascista, xenófoba y responsable de verdaderos crímenes contra la humanidad. La mayoría de ellos están tipificados en las normas internacionales, incluso en las que pretenden frenar acciones brutales en medio de una guerra entre Estados, aunque no es el caso concreto de nuestros días, porque a Palestina se le niega su existencia como Estado y no tiene ejército, ni refugios antiaéreos.

Una aclaración importante: la condena al sionismo y su gobierno en Israel, aunque éste tenga apoyo mayoritario de la población que se identifica como judío, tal como Hitler tuvo apoyo en su país en un momento de su historia, no involucra ni puede involucrar un rechazo a todos los integrantes de la cultura hebrea ni a todos los que responden al judaísmo como religión. Se podría poner por ejemplo a la Red Internacional de Judíos Antisionistas que sostienen que son: “una red internacional de judíos incondicionalmente comprometidos con las luchas de emancipación humana, de las cuales la liberación de los habitantes de Palestina y de su tierra es una parte primordial. Nuestro compromiso es el desmantelamiento del apartheid israelí, el retorno de los refugiados palestinos, y el fin de la colonización israelí de la Palestina histórica”^[i].

Crímenes de odio y racismo

Si se lee frases de prominentes sionistas, se encuentran muchas que desconocen la condición de seres humanos para árabes y particularmente palestinos. Un solo ejemplo de uno de los gobernantes israelíes, Menahim Begin,que en el parlamento dirá que: «Los Palestinos son bestias sobre dos patas.»^[ii]

Ese trato es un crimen de odio permanentemente expresado. Hoy se manifiesta en las camisetas del Movimiento Juvenil Sionista EZRA pidiendo “Quemar a los árabes”^[iii], así como en los cánticos por matar a los árabes que gritan en Jerusalem los sionistas.

Discriminación

La discriminación contra los palestinos es practicada por el gobierno de Israel todo el tiempo. Esto, incluyendo a los que viven dentro de territorio israelí y tienen formalmente esa nacionalidad. Según Amnistía Internacional (2021), “Israel seguía discriminando a los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel en materia de urbanismo, asignaciones presupuestarias, control policial y participación política. Según el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel Adalah, Israel mantenía más de 65 leyes que discriminaban a la población palestina”^[iv].

En la decimotercera Ley Básica israelí (de un país sin Constitución), aprobada en 2018, se entrega una licencia a la discriminación. En ella se define al hebreo como el idioma oficial, rebajando el árabe y al yidish (hablado por un sector de judíos ortodoxos) a un estatus especial y define a Israel como «el hogar nacional del pueblo judío», es decir de una sola nacionalidad, excluyendo a cualquier otra.

Apartheid

El apartheid es una organización social territorial nacida en Sudáfrica y contra la que lucharon por mucho tiempo, contando con líderes como Nelson Mandela. Se trata de la segregación étnica y “racial” en pequeños territorios empobrecidos y separados entre sí, que dependen del Estado colonizador y cuya población ve negados todos sus derechos.

Esto es lo que hoy se vive en Israel, los Territorios Ocupados y Palestina. Si se mira los mapas históricos, se observa como cada vez los palestinos tienen menos tierra, aislada, bajo control de Israel. Un buen ejercicio es imaginar ese proceso en cada uno de nuestros países y cuál sería nuestra reacción ante semejante agresión sistemática. Para ir de un territorio palestino a otro, deben pasar, si les permiten, por varios controles militares. Eso incluso las ambulancias, imposibilitando muchas veces atención de emergencia.

Muchos organismos de DDHH han denunciado este Apartheid. El Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos es uno de ellos, que resalta cuatro políticas colonizadoras, basadas en el divide, separa, decide y gobierna: normas que permiten migración solo a los judíos; apropiación de tierra para los judíos, aumentando la sobrepoblación en los enclaves en los que se encierra a los palestinos; restricción de la libertad de movilización a los palestinos; negación del derecho político de participación^[v].

Hay que considerar también el muro de separación, planificado para 626 kilómetros según fuentes oficiales, dejando aislada la Rivera Occidental. Esta es una de las medidas para tener a los palestinos encerrados en una inmensa cárcel a cielo abierto.

Limpieza étnica

Este crimen de lesa humanidad busca «limpiar» a un territorio de habitantes de otro grupo étnico, nacional o religioso, para lograr la monoculturalidad y “pureza”. Se trata de una eliminación sistemática o la expulsión forzada de una población, negándole sus derechos humanos.

En esa dirección, los sionistas no dudan en proponerse e impulsar este crimen: «Debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para expulsar de Galilea a su población Árabe.» (Israel Koenig, «The Koenig Memorandum»).

También hay que considerar que incluso personas con abuelos judíos pueden pedir la nacionalidad israelí, ir allá y seguramente ser alentado a vivir en uno de los asentamientos ilegales con los que siguen quitando la tierra a Palestina, pero la misma Ley de Retorno excluye a todo palestino de la posibilidad de regresar a su tierra.

La destrucción de viviendas y de servicios básicos, como la realizada por los bombardeos de Israel en este mes, implican que miles deben buscar refugio, salir de allí.Soloen el año pasado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, Israel demolió 848 estructuras residenciales y dedicadas al sustento palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, desplazando a 996 personas.

Hoy la violencia inició con la política de expulsar a familias árabes de sus viviendas en un histórico barrio de Jerusalén para darlas a judíos, rodeando y aislando el tercer templo de importancia para el Islam.La matanza en Gaza ha tenido esas características en este mes, sin tener una evaluación final de cuánto se dañó en infraestructura y edificios. La masacre de familias enteras no es casual, está aprobada por autoridades civiles y militares, haciendo de éste, nuevamente, un crimen sistemático.

Hoy la mayoría de quienes se reconocen palestinos vive en refugios. La historia demuestra que allí tampoco han tenido la seguridad que debe ser garantizada en su condición, ni condiciones dignas de existencia. Lo que se encuentran fuera del territorio son impedidos de retornar y rehacer sus vidas.

Territorios ocupados

La ocupación significa someter a un territorio y sus habitantes a las determinaciones de un ejército extranjero. La ilegalidad de la ocupación israelí, desde 1967, abarca los territorios palestinos de Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y la Franja de Gaza; las alturas del Golán de Siria; y, hasta 1982, en la Península del Sinaí de Egipto. La Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de las Naciones Unidas catalogan por ello a Israel como «Potencia Ocupante».

Se mantiene el ilegal bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí sobre la Franja de Gaza y otros territorios. Incluye el control de la entrada y salida de personas y bienes, impidiendo, en múltiples ocasiones, elingreso de ayuda humanitaria, materiales de construcción y combustibles (HRW, 2021)^[vi].Hoy mismo, tras la tregua pactada, la falta de medicinas es un problema fundamental.

La “anexión” de nuevos territorios mediante “asentamientos” es igualmente señalada por parte de la ONU, la Unión Europea y otros como contraria a la legislación internacional. Una vez más hay que denunciar la hipocresía de Estados Unidos, que con Trump pretendió el reconocimiento de estos territorios, así como imponer que Jerusalem es la capital de Israel.

Nuevamente, no siempre niegan este proceder. Moshe Dayán, famoso jefe militar israelí lo dirá en estos términos: «Las villas judías están construidas en el lugar de las villas Árabes. Ustedes no saben incluso el nombre de estas villas Árabes… No hay un sólo lugar construido en este país en el que no hubiera previamente una población Árabe.»^[vii]. Esto además desmantela la ficción de que se trató de asentamiento de “un pueblo sin territorio dentro de un territorio sin pueblo”.

En muchos casos, promueven abiertamente el despojo territorial. «Es un deber de los líderes Israelíes explicar a la opinión pública, claramente y con coraje, un cierto número de hechos que se olvidan con el tiempo. El primero de ellos es que no hay sionismo, colonización o Estado Judío sin el desahucio de los Árabes y la expropiación de sus tierras.» (Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, 14 de julio de 1972).

El reconocimiento de lo que hacen viene de otro líder histórico judío, David Ben-Gurion: «Si yo fuera un líder Árabe nunca haría la paz con Israel. Es natural: hemos ocupado su tierra.» (citado en The Jewish Paradox, por Nahum Goldmann, Weidenfel y Nicolson, 1978, p.99).

Homicidio ilegítimo y excesivo uso de la fuerza

Estos crímenes son frecuentes y ya vimos que están ligados a lograr que la gente huya. Hay asesinatos selectivos a dirigentes políticos y muchas veces a sus familias, a manifestantes contra los que se usa armas de fuego de manera intensiva, prisiones arbitrarias y también ataque a las formas de vida. Para el año anterior, Amnistía Internacional recoge que “Las fuerzas israelíes abrieron fuego a menudo contra pescadores y agricultores en Gaza; según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, resultaron heridos 12 pescadores y 5 agricultores”. Nuevamente, en mayo de 2021 se ha denunciado esta misma agresión contra civiles y el derecho a la alimentación del pueblo.

Tortura y prisiones arbitrarias

Los organismos dederechos humanos señalan que los malos tratos y torturas se realizan con total impunidad. Para el año pasado no existía una contabilidad, pero se estimaba en miles de presos detenidos arbitrariamente. Las autoridades israelíes realizaron cientos de operaciones en toda Cisjordania para detener a palestinos, por lo general en sus viviendas y por la noche. Las personas detenidas eran recluidas en prisiones de Israel, junto con miles de palestinos más de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) detenidos en años anteriores, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos al territorio de la potencia ocupante (Amnistía Internacional, 2021).

Muchas veces, las víctimas son niños y niñas. Son arrestados continuamente, sometidos a inspecciones en las calles. En octubre de 2020, según Defensa de Niñas y Niños Internacional, Israel tenía a 157 palestinos menores de edad en prisión, dos de ellos sometidos a detención administrativa. Eran interrogados sin la presencia de sus padres y permanecían recluidos junto con adultos. El tiempo de prisión es indefinido.

Castigos colectivos

El control de servicios y derechos básicos permite a la potencia ocupante realizar castigos colectivos, que han sido denunciados en diversos momentos de la historia de la ocupación. Corta el agua, la electricidad o simplemente impedir el libre tránsito, impedir el ingreso de productos necesarios para la población, son medidas habituales.

Un piloto militar israelí, identificado únicamente por la inicial de su nombre, D, durante una entrevista con el canal de televisión israelí, Channel 12, reveló que el derribo de los edificios altos en la Franja de Gaza se produjo “como desahogo” “por la frustración generada a raíz de los golpes que los grupos (de resistencia) en Gaza nos estaban asestando”^[viii]. Muchos de esos edificios, eran viviendas de familias enteras que hoy no tienen nada.

Castigar a toda una población o familiares por lo que se acusa a un grupo a un individuo, es también considerado un crimen de guerra. Nuevamente, aquí los sionistas y los nazis se parecen.

Ataques a los defensores de derechos humanos

Hace poco, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció los métodos usados por el gobierno sionista: “Calumnias, campañas para disuadir a los donantes, un arsenal legislativo restrictivo, obstáculos judiciales… Hace 20 años que se multiplican las maniobras de desprestigio y de acoso orquestadas por el gobierno israelí contra las ONG y las personas defensoras de los derechos humanos de Israel, el Golán y Palestina”^[ix].

Dos expertos de la ONU en Derechos Humanos explicaron“que la condena de Israel el pasado 6 de enero a Issa Amro, un defensor palestino de las garantías fundamentales y fundador de un grupo con sede en Hebrón que se opone a la expansión de los asentamientos mediante la resistencia civil no violenta, ‘forma parte de un patrón claro y sistemático de detención, acoso judicial e intimidación’ en ese país”^[x].

Que se trate de un patrón sistemático demuestra que setrata de un crimen de Estado y no de acciones aisladas. Y se niega así la protección a los defensores de derechos humanos a la que los Estados realmente democráticos se comprometen.Israel además continúa negando la entrada en los TPO a organismos de derechos humanos, incluido el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los TPO.

Ataque al ejercicio del periodismo

El 15 de mayo tres misiles pesados de origen israelí destruyen el edificio de departamentos y oficinas, en el cual estaban las oficinas agencia estadounidense AP y Al-Jazeera,más otras entidades de prensa. Aunque se llamó para que salga la gente, no se permitió el tiempo para que la gente y los periodistas rescaten la mayoría de sus materiales.

Sin ofrecer pruebas hasta hoy, se dijo que allí estaban objetivos militares de Hamás. Eso es desmentido por los periodistas que por muchos años usaban ese edificio y dejaron ver que con ello el mundo tendría menos información sobre la realidad en Gaza, callando la destrucción y muerte que el sionismo genera.

Violación del derecho a la salud

Las restricciones de Israel a la libertad de circulación siguieron dificultando el acceso de la población palestina a la atención sanitaria, con el consiguiente aumento del riesgo para las personas vulnerables durante la pandemia de COVID-19.

Sea castigo colectivo o no, se ha denunciado la enorme distancia entre proveer de vacunas para la COVID-19 a la población israelí y negarla para los palestinos. Incluso, con los bombardeos a precisión destruyeron el único centro de detección de la pandemia que existía en Gaza. En otros momentos, se han destruido incluso escuelas.

La necesidad de un juicio a los ocupantes y sus crímenes

Así como se realizó un Juicio de Núremberg, para juzgar los crímenes de guerra de los nazis, algún día deberá realizarse otro para poner ante la justicia a gobernantes sionistas y jefes militares de Israel. Se puede decir que para ello está la Corte Penal Internacional, lo cual es cierto de manera que ese podría ser el escenario adecuado, pero las acciones de Israel y Estados Unidos contra las capacidades reconocidas a esa Corte y su independencia, son ataques que dificultan su accionar.

La legislación internacional sobre derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad y los de guerra, de be aplicarse sin que, sobretodo, Estados Unidos se convierta en una barrera que impida la justicia. La humanidad requiere la verdad, la aplicación de normas fundamentales de convivencia y el reconocimiento a los derechos palestinos y la existencia de su Estado.

Referencias

^[i]Red Internacional de Judíos Antisionistas: Carta Abierta al Mundo. https://piensachile.com/2009/01/27/red-internacional-de-judasos-antisionistas-carta-abierta-al-mundo/

^[ii]Begin, Menahim.Discurso al Parlamento, citado en Amnon Kapeliouk, «Begin y las ‘Bestias’», New Statesman, 25 de Junio de 1982.

^[iii]SOTT, 2013. ‘Quemar Arabes’, es el nuevo slogan del Movimiento Juvenil Sionista EZRA. En : https://es.sott.net/article/21185-Quemar-Arabes-es-el-nuevo-slogan-del-Movimiento-Juvenil-Sionista-EZRA

^[iv]Amnistía Internacional (2021). Informe 2020-2021. La situación de los Derechos humanos en el mundo. Reino Unido.

^[v] Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos (2021). A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid. En: https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

^[vi]HRW (2021). World Report 2021. Human Rigths Watch. New York.

^[vii]Dayan,Moshe (1969).Comunicado a Technion, Haifa, citado en Haaretz, el 4 de Abril de 1969.

^[viii]Agencia Anadolú (2021). Piloto israelí revela que derribaron edificios en Gaza al no poder impedir el lanzamiento de cohetes. 23 de mayo de 2021. https://www.aa.com.tr/es/mundo/piloto-israel%C3%AD-revela-que-derribaron-edificios-en-gaza-al-no-poder-impedir-el-lanzamiento-de-cohetes/2251388

^[ix]FIDH, 2021. Israel: campañas para acallar a defensores de derechos humanos de Israel, el Golán y Palestina. https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/israel-campanas-para-acallar-a-las-personas-defensoras-de-los#

^[x]Noticias ONU, 2021. Las detenciones de activistas en Israel buscan silenciar a los defensores de los derechos humanos, denuncian expertos.

*Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuentes: Estrategia

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Los escenarios de conflicto pospandemia

mayo 6, 2021mayo 3, 2021Edgar Isch L.

Por: Edgar Isch L.*

El uso de términos bélicos para describir la pandemia ha sido una característica comunicacional sin poca importancia. Estamos en guerra, se dijo por todos los medios, se habló del enemigo invisible y se propuso medidas autoritarias que acompañaron al discurso médico: estados de emergencia, toques de queda, militarización de las calles, fueron parte de ellos.

Lo más serio, fue comparar a quienes llevaban adelante las medidas de cuidado como soldados de la primera línea de combate en esta guerra, ratificando la visión que sólo de allí pueden salir los héroes. La metáfora bélica era simple, pero a la vez peligrosa por convincente. Y al mismo tiempo se resaltaban las guerras comerciales, la guerra contra la migración sin papeles o el pedido del alto al fuego de procesos bélicos que, en general no pararon o se disimularon, como en el caso de los asesinatos diarios de dirigentes populares y de excombatientes en Colombia. La geopolítica de la pospandemia, por Joseph S. Nye | Columna | COVID-19 | Coronavirus | Pandemia | China | Estados Unidos | OPINION | EL COMERCIO PERÚ

Efectivamente, el “Nuevo Orden Internacional” pacífico que anunciaron tras la caída del Muro de Berlín, nunca se acercó a ser real. La crisis multilateral del sistema se agudiza; el neoliberalismo, lejos de debilitarse sigue como la línea económica central, combinada en ciertos casos con medidas keynesianas; la globalización se ajusta al nuevo mapa geopolítico; lo común se presenta superior a la propiedad privada; y, las guerras, sean armadas o económicas, se presentan como un escenario potencialmente factible.

Pandemia y escenarios próximos

Según las posiciones ideológicas y los intereses de clase, hay muchas proyecciones de como la crisis, agudizada por la pandemia, cambiará al mundo. Estas parten generalmente de proyecciones como las siguientes:

Según la OCDE, se espera al menos una reducción de más de 15 % en la producción de las economías avanzadas y de las economías de los países emergentes.
Según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU (OIT), en el segundo trimestre se perdió un 14% estimado de horas laborales por la pandemia, equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo y se espera que el desempleo siga creciendo. Nuestro continente será el más afectado y, en el caso ecuatoriano, estiman que 850 mil trabajadores estarán en el desempleo a finales de año.
El tele trabajo y otras formas de desregulación laboral, incluyendo la uberización de las más diversas actividades han crecido exponencialmente, sobreexplotando a los de abajo.
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos, organismos igualmente de la ONU, advierten que 27 países se verán amenazados por hambrunas generalizadas, mientras afectará a millones en todo el mundo, especialmente a desempleados que no podrán comprar los alimentos básicos. La cifra venía creciendo cada año y se estima que en 2019 ya eran 130 millones quienes padecían inseguridad alimentaria aguda.
CEPAL anuncia una crisis alimentaria en América Latina, a pesar de ser la región que podría alimentar al mundo.
Al mismo tiempo, las formas industrializadas y llenas de químicos que se emplean en la producción intensiva de alimentos, continúan con consecuencias negativas a pesar de las pruebas de la superioridad, en todo sentido, de la agroecología. En las corporaciones cárnicas se van generando nuevos virus (ya se conoce una nueva variedad de gripe porcina que podría expandirse), lo que se suma a la destrucción de una defensa natural que tenemos en la naturaleza silvestre, en los ecosistemas sanos.
Continúa imparable la dirección hacia un mayor cambio climático y sus efectos negativos, mayor contaminación, así como a la gran extinción de especies,
En lo social y en lo político, la situación es igualmente difícil. Aún en condiciones de pandemia, las movilizaciones populares se hacen sentir; en otros países, se espera la presencia social en las calles que dé continuidad a las luchas realizadas entre octubre y diciembre del año pasado. Las contradicciones en las clases dominantes de los grandes países también se reflejan en los gobiernos y parlamentos y en esos mismos países los pueblos ocupan las calles para hacer oir su voz.

Estas o cualquier otra proyección señalan que la recuperación del sistema no será fácil y tardará en llegar. Por eso, algunos de sus defensores insisten en la aplicación del recetario neoliberal, lo que anticipa un mundo peor que el actual (Byung-Chul Han). También están quienes plantean que se refuerza una tendencia a la “refeudalización” económica, que ya venía expresándose en los mercados y acumulación de riquezas, pero que ahora se fortalece con el apoyo de los bancos centrales, especialmente de las potencias, a los grandes propietarios de empresas transnacionales (Hans Krysmanski y Olaf Ralteimer). En ambos casos, la democracia liberal deja el lugar a formas más autoritarias de poder burgués.

De manera diferenciada, están los que plantean reformas más o menos importantes, mientras otros plantean reformas que “corrijan” al capitalismo o lo “humanicen”. Usan nombres como capitalismo progresista (Joseph Stiglitz), socialismo participativo (Thomas Piketty), Green New Deal (Bernie Sanders), retorno al keynesianismo y el Estado de bienestar con una renta universal para todos los ciudadanos (varios) o democracia económica (Joe Guinan y Martin O’Neill).

Todos se basan en un optimismo que no encuentra muchos hechos que lo sustenten. La expresión mayúscula de ese optimismo es confiar que la epidemia (y no los pueblos) le dé un golpe mortal al capitalismo y provoque un salto cualitativo hacia un “comunismo reinventado”(SlavojZizek).

Casi se puede decir que hay anuncios para todos los gustos. Es obligatorio, sin embargo, señalar cuatro elementos que se minimizan en ellos: la presencia de una creciente lucha de clases que se expresa en lo económico, ideológico y político; las lecciones del comportamiento de esas clases en grandes crisis del pasado; los límites que la naturaleza pone al desarrollo capitalista; ylas opciones revolucionarias que pueden surgir desde los pueblos y desde las izquierdas, aunque no sea de manera inmediata.

Lo que vendrá, no llegará sin confrontación de intereses de clase y lucha social, ni será resultado mecánico de la pandemia. Los pueblos tendrán que aprender de esta nueva experiencia y escribir ese nuevo momento histórico para defender y recuperar el sentido común de la sociedad humana.

La guerra como necesidad del capitalismo en crisis

Lenin señalaría entre las características de la etapa imperialista del capitalismo tanto el reparto del mundo como la guerra cuando este ya no convence a las partes. Con la guerra, en momentos de depresión, se ha destruido fuerzas productivas para reorganizar el sistema, de manera que es en sí misma un negocio capitalista.

Hay que recordar que la industria bélica es la única, junto al narcotráfico, que no ha entrado en crisis y que, en las últimas décadas otro negocio millonario ha sido la “reconstrucción” del país destrozado tras la guerra, tal como fue el reparto entre empresas, principalmente norteamericanas y alemanas de la reconstrucción de Irak.

De manera que las contradicciones de la época tienen el trasfondo de la guerra. Unas veces, directas, pero hoy las potencias acostumbran más a enfrentar a otros países para satisfacer sus intereses. El caso actual de Libia, en que puede decirse que casi todas las potencias están metidas a través de facciones internas, es un ejemplo. Lo fue también, en su momento, la guerra que fragmentó a Yugoslavia, que tuvo en cada bando contendor a alguna potencia.

No solo que el presupuesto militar ha crecido a niveles record, sino que en los países de mayor impacto del COVID/19, como Italia, las empresas de armamento no pararon y se las consideró “vitales” como los alimentos. En 2019, el gasto militar mundial tuvo un aumento del 3,6 por ciento en comparación con 2018, continuando la tendencia mundial a la carrera armamentista de los últimos años, llegando a un billón 917 mil millones de dólares de gasto mundial en armas en 2019[i].

Tarja Cronberg, miembro del SIPRI, interpreta el aumento y especialmente el gasto de los EE.UU, China y Rusia -que están entre los 5 primeros – como prueba de la creciente rivalidad entre las tres grandes potencias. Con su presupuesto armamentista, los EE.UU. por sí solos representan el 38% del gasto mundial en armas.

Amela Skiljan, coordinadora del InternatuionalPeace Bureau (IPB), ayuda a desglosar para ayudarnos a comprender su magnitud: Ese billón 917.000 millones de dólares anuales significan un gasto militar mundial de 60.800 dólares por segundo. Ello representa el negocio de la venta de armas y de conflictos militares sin fin, junto con la agudización de la rivalidad entre las potencias.

El mundo no ve todavía una guerra directa entre las grandes potencias. El petróleo, por ejemplo, se disputa en guerras locales y con la careta de conflictos internos o regionales, con guerras híbridas o de cuarta generación, apoyando o no a organizaciones como el Estado Islámico o destruyendo países, preparando otras guerras como una posible agresión imperialista contra Venezuela, cuyos pasos no se han detenido en momentos de pandemia. Las guerras están al orden del día y para las potencias hay otro objetivo: inviabilizar a los estados nacionales, convertirlos en “estado fallidos”, con lo cual se publicita una labor “civilizadora” e incluso “humanista” que justifica cualquier cosa que realicen.

Parte de la escalada de los conflictos está en las sanciones unilaterales y al margen de cualquier legislación internacional que realiza principalmente Estados Unidos y que ha momento le enfrenta incluso con sus más cercanos aliados.

Lo bélico permite ver una suma de dos contradicciones: la del imperialismo y países dependientes y la interimperialista. Por supuesto, los Estados que no quieren las cadenas de dominación están en condiciones duras. El llamado “frente de la resistencia” de Oriente Medio se muestra decidido a enfrentar a distintos niveles la agresión, pero hacia dentro tienen sus propios conflictos al aplicar medidas autoritarias, sectarias y neoliberales. No son una verdadera alternativa, pero, en todo caso, demuestran disposición a luchar por la independencia y en defensa de sus recursos naturales.

Precisamente nada sería como es si no se tuviera también una estrategia de desarrollo capitalista que implica, parafraseando a Marx, la destrucción de las dos fuentes de riqueza: las clases trabajadoras y la naturaleza. Volver a la “normalidad” es también fortalecer los procesos que fracturan la simbiosis entre sociedad y naturaleza, retornar al extractivismo feroz en medida que se recupera la producción y el consumo, poner a las empresas por encima de cualquier expresión o base para la vida.

Mientras la naturaleza sea tratada como un enemigo al que hay que dominar, estaremos en una guerra de la que la humanidad será la mayor víctima e inevitablemente derrotada. En cuanto eso ocurra, toda forma de economía que cuide la vida será despreciada. El capitalismo, así como es incompatible con la protección de la naturaleza de la que somos parte, es contrario también a las formas sociales de economía del cuidado, así como seguirá aprovechando la economía del cuidado a escala doméstica para descargar los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo en la familia de los productores o productoras.

Esto último nos liga a las nuevas expresiones de la lucha de clases. En 2014, Waren Buffett, uno de los más grandes millonarios del mundo, dijo claramente: «Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando». Ahora ello incluye la destrucción de derechos alcanzados tras largas luchas.

El teletrabajo se usa para desvanecer la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de socialización, el tiempo máximo de trabajo también se pierde, los hogares pasan a ser oficinas pero las que el patrono no paga ni por equipos ni por alquiler, el que quiere trabajar debe tener los recursos de trabajo que ya no le proveerá el patrono, los salarios decaen y los controles sobre la vida de cada uno se intensifican teniendo la vigilancia electrónica del “gran hermano”.

La agudización de las contradicciones no es una condena

Aunque se identifique que la cuarentena dio tiempo a la gente para pensar, para llevar una vida familiar y revalorizar lo más importante, estos son procesos que pueden darse a nivel personal o de las familias, especialmente de las que viven en pobreza. Los millonarios, prácticamente siguieron su vida de siempre, siguieron teniendo sirvientes en todos los campos, incluyendo a muchos presidentes y diputados.

Al mirar por clases y sectores de clase, veremos que puede haber cambios solo debido a quelas disparidades e injusticias sociales se han hecho más evidentes para muchos, caen las imágenes paradisíacas de las potencias, se puede visibilizar directamente que tenemos que restablecer la simbiosis con la naturaleza a partir de respetarla, la violencia patriarcal no pudo esconderse y las mujeres dieron las mayores batallas por la vida y, ahora, tuvimos la oportunidad de valorar más el trabajo de un campesino, una enfermera o de quienes limpian las calles, que lo que hacen una serie de gentes que solo sostienen el sistema de opresión.

Comprenderlo, no es automático. Por ello las organizaciones populares y de izquierda mantuvieron reuniones y asambleas, escuelas de formación, debates, expresiones de protesta y alternativa. La mayoría debieron ser realizadas con el empleo de las mismas tecnologías usadas para alienarnos, revirtiendo su uso y su contenido. Otras, en caceroladas, plantones y marchas que rompieron incluso los toques de queda.

Dijeron que hay alternativas, que la vida puede cambiar para bien, que es momento de juntar las luchas. Dijeron que no se quiere la “normalidad” sino la humanidad, que la vida es más importante que las ganancias de pocos.

Con ello, queda claro que las contradicciones se agudizan, que hay expresiones de la guerra entre el pasado y el futuro en todos los planos, pero que son los pueblos, sus hombres y mujeres, sin distingo de cultura o de color de piel, los que tendrán la última palabra. Y si mujeres y jóvenes han sido los más fuertemente afectados por la crisis general y por la pandemia, son también quienes presentan más acción y fuerza resistente, demostrando que no será aceptado fácilmente el retorno a la “normalidad”.

La historia está por escribirse y nos dará a conocer cual es el escenario que finalmente se convierte en realidad. Felizmente quienes trabajan por un escenario de transformaciones radicales y revolucionarias para superar el capitalismo, van creciendo, en distintas formas, alrededor del mundo. Muchas esperanzas también crecen a partir de ello.

[i] Según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo).

* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen: CLAE (estrategia.la)

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