Por: Eduardo Paz Rada
La lucha de recuperación de la democracia en Bolivia fue obra y acción de los sectores populares de campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres y marginados urbanos.
En el contexto de la crisis económica y sanitaria al gobierno boliviano del MAS, encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca que asumió el pasado 8 de noviembre, se le presenta el desafío de profundizar el proceso nacionalista y antiimperialista de los años 2006-2019 frenado y golpeado durante un año por el Golpe de Estado, en un panorama incierto respecto a la puesta en vigencia plena de la Agenda Patriótica 2025 establecida durante el último gobierno de Evo Morales Ayma y en un momento de crisis en el des-orden internacional.
Las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas ocurridas en los gobiernos del MAS permitieron a Bolivia recuperar los recursos naturales y las empresas estratégicas, iniciar un proceso de industrialización, implementar una democracia participativa de los movimientos populares y de todas las regiones del país, redistribuir la riqueza reduciendo drásticamente la pobreza y la extrema pobreza y desarrollar políticas soberanas frente a las presiones del imperialismo norteamericano expresadas también en la activa participación en los proyectos de integración latinoamericana y caribeña.
La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 establece alcanzar resultados sólidos, relacionados a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, como la erradicación de la extrema pobreza, universalización de los servicios básicos, de la salud y de la educación, así como la soberanía financiera, productiva y alimentaria basada en la industrialización y el fortalecimiento del mercado interno y del Estado Nacional.
El gobierno de facto, producto del Golpe de Estado de noviembre de 2019, que duró apenas un año, desmanteló gran parte de los avances conseguidos paralizando la planta industrial de urea y fertilizantes y el proyecto de industrialización del litio del Salar de Uyuni, reduciendo las actividades de las empresas estatales de hidrocarburos, telecomunicaciones, energía y transporte aéreo y favoreciendo la libre exportación agroindustrial y entregando tierras a los latifundistas del oriente. A eso se agregan los hechos de corrupción en compras sanitarias para combatir la pandemia, en compras de material de bélico para reprimir al pueblo y en obras públicas.
La lucha de recuperación de la democracia en Bolivia fue obra y acción de los sectores populares de campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres y marginados urbanos, organizados en la Central Obrera Bolivia (COB), el Pacto de Unidad (PU) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) y movilizados masivamente en agosto de 2020 para imponer la fecha definitiva de elecciones y determinar la expulsión del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez. En las elecciones de octubre ganaron los candidatos del MAS con el 55% de votos.
Las tareas no son fáciles y, si bien el gobierno ha dado respuestas importantes y rápidas a los aspectos inmediatos relacionados a enfrentar la segunda ola de la pandemia del coronavirus y a reactivar las actividades económicas y el mercado interno con la dotación de bonos económicos, créditos blandos y plazos mayores a deudores, deberá emprender acciones estratégicas para profundizar el proceso de liberación nacional enfrentando a la oposición virulenta de los grandes medios de comunicación, del poder bancario y financiero y de la oligarquía y el imperialismo que aún están al acecho.
– Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
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