Educación y proximidad: ¿Qué ganamos?

Por: Joan Subirats

Entendiendo que la educación es un bien común esencial y que, como tal, está sufriendo presiones que enfatizan aspectos como la competitividad o el esfuerzo individual, se necesitan alternativas de defensa de lo público. La perspectiva comunitaria es una respuesta, desde la proximidad, que da valor a personas implicadas y comprometidas en la defensa de la educación desde la igualdad y la justicia, con la complicidad de las instituciones como garantes de las dinámicas de cambio.

La crisis del modelo tradicional de organización y financiación de los estados de bienestar y de las políticas públicas que los caracterizaban está suponiendo una renovada presión sobre el gobierno y la gestión de estas políticas. Sobre todo las que más porcentaje del gasto público suponen: sanidad y educación.

En educación lo que observamos es una tendencia por parte de los organismos internacionales y los gobiernos de muchos países a modificar los contenidos, aumentando los aspectos vinculados a relacionar excelencia con competitividad y esfuerzo individual. Pero también presiones sobre los formatos de gestión, reforzando las capacidades gerentes de los equipos de dirección, insistiendo en la eficiencia y en el análisis de impactos, buscando situar la comparación y las clasificaciones entre centros como palancas de cambio y de presión sobre el personal académico. Se quiere generalizar una visión de lo público como un espacio burocratizado, rígido, homogeneizador, incapaz de cambiar, ahogado por reglamentos y corsés sindicales. Ante esto se plantea la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de personalización de nuevos tipos de escuela.

¿Qué alternativas desde la defensa de lo público se pueden hacer? No creo que simplemente se pueda responder defendiendo lo que ahora mismo tenemos y que no funciona adecuadamente. Las perspectivas de innovación social que vamos viendo aparecer en algunos centros públicos parten de la fuerte implicación de grupos de padres y madres y de equipos de profesores especialmente motivados, que buscan nuevos formatos educativos y experiencias renovadoras aprovechando los retos y oportunidades que nos plantea el cambio de época que atravesamos. Pero es evidente que esto se da en contextos en que los recursos cognitivos, de tiempo e incluso de capacidad económica son suficientes para plantear este tipo de procesos. La perspectiva comunitaria surge como una alternativa de gobierno del recurso escuela, del valor educación, desde una comunidad de personas implicadas y comprometidas con la defensa de valores de igualdad y justicia, que tienen que ver asimismo con una concepción de lo que es público que no se agota en la estructura estrictamente institucional.

Lo más complicado es imaginar que esto pueda extenderse sin dinámicas en que institucionalmente se juegue a eso. Todo proceso de innovación social del tipo aquí descrito debería implicar un cambio en la articulación de poderes, en las palancas de gobierno de la escuela y de sus programas educativos. El recurso escuela, el recurso y el valor educación debería estar más claramente en manos de la comunidad dispuesta a defenderlos con y desde las instituciones, dispuesta a generar dinámicas de gobernanza del que se considere como bienes comunes esenciales, y sin duda la educación es parte de claro.

Necesitamos un poder institucional menos formalizado y más capaz de adaptarse a las circunstancias de una sociedad crecientemente heterogénea y con más desigualdades internas. Menos rito y delegación. Esta mayor modestia institucional, no implica forzosamente una salida individualista o meramente subsidiaria como la que se plantea por parte de propuestas neoliberales y mercantilizadoras. Podemos encontrar respuestas que al mismo tiempo sean capaces de asegurar protección y emancipación? Entiendo que sólo se podrá hacer desde la proximidad. Desde el territorio, desde el municipio, desde la proximidad podemos imaginar generar espacios que faciliten un mayor protagonismo social y un reforzamiento de la educación pública aprovechando las capacidades institucionales.

Hay que darse cuenta de que las instituciones no son la única palanca de transformación. Pero sí nos aseguran dinámicas de cambio universal que no generen nuevos formatos de desigualdad. Vamos viendo surgir coaliciones democráticas desde abajo que se plantean objetivos básicos de apoyo mutuo, de propiedad común, con sistemas de autogobierno y raíces territoriales profundas, muchas veces en alianza con las instituciones. Son alternativas solidarias, no individualistas. La clave es no entender estas experiencias comunitarias como un mero sustituto para satisfacer de manera autónoma las propias necesidades ante la situación de debilidad o las rigideces de los poderes públicos, sino como un mecanismo de reapropiación de recursos y de redistribución de poderes, reforzando el concepto del que es público. Y esto es posible de hacer desde los espacios territoriales y municipales que vean este escenario como una gran oportunidad de construir alianzas de defensa de los espacios públicos, los espacios comunes.

La política, en su capacidad de gestionar de manera pacífica y consensuada la toma de decisiones que afectan a una comunidad, sufre de manera directa el gran impacto que genera el proceso de cambio de época en la que estamos inmersos. Necesitamos un cambio profundo en la concepción de la democracia. Vinculándola a las dinámicas económicas, ambientales y sociales. Incorporando las potencialidades del nuevo escenario que genera el cambio tecnológico e incorporando a la ciudadanía de manera directa, comunitaria y autónoma a la tarea de organizar las nuevas coordenadas vitales. Y eso nos obliga, evidentemente a hablar, discutir y experimentar nuevas formas de educación, de vida.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/04/04/educacion-y-proximidad-que-ganamos/

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Innovar en educación

Por JOAN SUBIRATS

Debería preocupar que la falta de adaptación a los nuevos sistemas concentre el progreso en los sectores con más recursos

Son muchas las señales que indican que el sistema educativo, en su conjunto, no está siendo capaz de responder adecuadamente a las exigencias que está generando el cambio de época en el que estamos inmersos. Y ello es especialmente significativo dado el papel clave que el conocimiento juega en un nuevo escenario en el que muchas rutinas y formas de hacer van viéndose rápidamente arrinconadas. No es solo un problema de la enseñanza formal y obligatoria. Afecta a cualquier franja de edad y a cualquier espacio formativo. De la escuela infantil a la universidad pasando por la formación de adultos o continua. No hay que inventar la rueda. Se trata de aprovechar muchas prácticas y metodologías ya probadas y combinarlas con la imprescindible componente tecnológica que con tanta rapidez altera y transforma nuestras vidas.

Esa marea innovadora ha llegado al sistema educativo catalán. Bajo los auspicios de diversas instituciones como la Fundació Bofill, el Centre Unesco, la UOC o eduCaixa, se ha puesto en marcha Escola Nova 21. Las expectativas son importantes: “Generar un ecosistema educativo que dé respuestas a las necesidades del siglo XXI… creando un marco con las características educativas que debe tener una escuela avanzada”. La voluntad es contar con las escuelas que ya destacan por su capacidad de innovación y generar un sistema de aprendizaje cruzado y de acompañamiento que permita modificar de manera sustantiva los métodos y los contenidos del aprendizaje, situándolo en el nuevo escenario tecnológico. El documento de la Unesco, Repensar la educación, y sus precedentes (Informe Delors de 1996 y Faure de 1972) sirven de pauta.

Si algo ha quedado claro en estos años es que no todo el mundo quiere decir lo mismo cuando habla de innovación. Y también ha quedado claro, como siempre, que hay quienes ganan y hay quienes pierden en cada cambio generado. Desde una perspectiva crítica, se insiste en que dos parámetros a aplicar para diferenciar las distintas modalidades de innovación social que se propugnan (tanto desde la OCDE, el FMI o el Banco Mundial, como de movimientos sociales alternativos), son analizar el grado de impacto real que las propuestas de innovación generan en aspectos sustantivos relacionados con el bienestar ciudadano y sus condiciones de vida, así como examinar el cambio en las relaciones de poder pre-existentes. Las preguntas a hacerse son, por tanto, si las medidas innovadoras consiguen alterar de manera significativa temas clave hoy no resueltos en la enseñanza pública como son la equidad en el acceso a una educación creativa, que propicie la perspectiva crítica y la autonomía personal, y si eso lo hace cambiando los equilibrios de poder y de capacidad de decisión hoy existentes en el sistema de actores de la comunidad educativa. Nos debería por tanto preocupar, como bien dice el texto de la Unesco, que la falta de adaptación de los sistemas educativos acabe concentrando las dinámicas innovadoras en los sectores con más recursos y capacidades cognitivas y relacionales, incrementando así la desigualdad hoy ya significativa, como apunta el último informe del Síndic de Greuges.

Por otro lado, la perspectiva adoptada sigue estando básicamente centrada en la enseñanza, sin aspirar a modificar el conjunto del sistema educativo. No se trata de culpar a los promotores, sino de echar en falta perspectivas innovadoras similares en las universidades y en la formación de adultos, espacio este último que sigue estando dramáticamente desatendido. Es importante aprovechar la creciente preocupación por los desajustes entre prácticas tradicionales y entorno en transformación para replantear el papel de la educación. En el Informe de la Unesco se apunta a la necesidad de superar la división entre educación formal e informal, cuando los espacios formativos y de experimentación se multiplican y permiten experiencias educativas en procesos de “aprendizaje de servicio”, prácticas laborales o procesos de movilización social.

Pero también apunta ese informe a la necesidad de considerar la educación como un bien común. Como un derecho humano fundamental, garantizado por los poderes públicos, con la corresponsabilidad de cada comunidad, que asume así colectivamente la importancia del acceso de todos y la mejor provisión de ese bien común. El informe concluye: “El hecho de considerar la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales podría reconciliar el propósito y la organización del aprendizaje como una empresa social colectiva en un mundo cambiante”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/03/catalunya/1480788069_988119.html

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