Author: Luz Amparo Martínez

Los impulsores de las políticas de privatización de la educación, año 1955, apuntaban a la reconversión de los sistemas escolares estatales en sistemas de oferta privada en un entorno competitivo. Sin embargo, en la práctica, la privatización se ha manifestado más bien en la constitución de sistemas educativos híbridos en los que el sector público y el privado interaccionan y se distribuyen responsabilidades de forma compleja y a veces contradictoria.

En el mundo existen actualmente diversas iniciativas de privatización, por nombrar solo algunas están las escuelas charter norteamericanas o los colegios en concesión en Colombia (instituciones públicas gestionadas por entidades privadas con financiamiento estatal); vouchers (bonos educativos  que se trasladan a las familias para que elijan la escuela privada o pública que mejor se adapte a sus necesidades); subvenciones, convenios, contratación externa, de escuelas privadas por parte de los gobiernos (como las escuelas públicas de gestión privada en Argentina o las escuelas concertadas en España o los colegios por convenio en Colombia), entre otras.

Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona La privatización educativa en América Latina identifica trayectorias muy distintas de los procesos de privatización en los países, que responden a causas y orígenes diversos.

El caso colombiano dice el estudio, obedece a la adopción de cambios más bien graduales que se originaron a nivel regional o distrital y que luego se diseminaron a escala nacional. “No obstante, la acumulación de dichos cambios parciales acaba por alterar significativamente la constitución y la gobernanza del sistema de educación pública”.

Y es que la legislación colombiana considera simultáneamente la educación como un derecho y como un servicio, permite que la gratuidad de la educación sea compatible con “el cobro de derechos académicos (sólo) a quienes puedan sufragarlos” (Art. 67, Ley General de Educación). Esto ha sido muy criticado por organismos internacionales como Naciones Unidas o el mismo Banco Mundial.

La investigación académica de las últimas décadas muestra con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos de la privatización educativa, especialmente en relación con  aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

Sin embargo, el Estado asume la obligación de cofinanciar los costos de las familias que matriculen a sus hijos en el sector privado, en caso de escasez de oferta pública, a través de subsidios a establecimientos privados con carácter solidario, comunitario, cooperativo, y sin ánimo de lucro (Art. 103 y 181).

En Colombia, las principales formas de sub-contratación son los colegios en concesión y los colegios en convenio. En el año 2014, según el estudio, el sector privado representaba el 18,7% de la matrícula en primaria y el 20,3% en secundaria, aunque estas cifras son mucho más elevadas para las áreas rurales.

A esta información de niveles altos de privatización, se suma otra problemática y es, en general, la mala calidad de los colegios que atienden a la población de estratos económicos pobres. No en vano este tipo de contratos se han venido restringiendo recientemente en ciudades como Bogotá. Datos de 2016 de la Secretaría de Educación de Bogotá muestran que en el año 2011 los colegios en convenio matriculaban a 127.178 estudiantes, y en el año 2015 únicamente a 49.474.

Desde luego hay excepciones como es el caso de los Colegios de la Fundación Compartir, administrados desde 1997 en convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, con resultados reconocidos por el gobierno distrital, las familias y sus más de 5.800 egresados, de los cuales el 65% ha ingresado a la educación superior a adelantar carreras como medicina, ingenierías, economía, antropología, diseño industrial, microbiología, en muchos casos con becas en la Universidad de Los Andes, el Rosario o Ser Pilo Paga; esta es una demostración de la pertinencia y calidad del modelo educativo Compartir.

No hay duda que las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias sociales y políticas en todos los países. Es más, la misma OCDE en un Documento de Trabajo en 2010 advirtió que “dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos”.

Sus defensores insisten en que es una vía para ampliar la libertad de elección de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo, o incluso incrementar la equidad en educación.  Sus detractores, sostienen que es un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social.

Pero quizás lo más interesante es lo que dice la investigación académica de las últimas décadas; muestra con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos de la privatización educativa, especialmente en relación con  aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

En definitiva, no han sido demostrados los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en el rendimiento educativo y más bien pone de relieve que la privatización tiende a socavar la equidad educativa y la función de cohesión social que debería desempeñar la escuela, en la medida que amplía las brechas educativas entre los más ricos y los más pobres y en ese sentido, las desigualdades aumentan.

Ahora, mientras las políticas públicas demuestren una verdadera comprensión del fenómeno de la privatización y de cómo esta afecta, o no, a la equidad, la Fundación Compartir seguirá en la búsqueda de fuentes de financiación que le permitan seguir prestando un servicio educativo de calidad para seguir beneficiando a muchas más familias, niños y jóvenes del país que puedan desenvolverse con éxito en la educación superior o en el mercado laboral.

Fuente artículo: https://compartirpalabramaestra.org/columnas/la-educacion-privada-afecta-la-equidad