Author: Nicolás Lynch

La mediocridad como miseria de la política

Nicolás Lynch Deja un comentario

Por Nicolás Lynch

Si algo podemos recoger de los debates entre los diversos candidatos a la Presidencia de la República es la aguda mediocridad, no de todos ciertamente pero sí de la abrumadora mayoría de los diversos discursos escuchados. ¿Por qué decimos mediocres y no pésimos y los descartamos de plano? Porque hay un fenómeno que permea la sociedad peruana en crisis, aguda fragmentación y corrupción rampante: la mediocridad. Definimos a esta como la voluntad de hacer las cosas sin relevancia, ajenas al cambio y a la calidad; pero eso sí, revestidas de una pátina de eficiencia que en un país sumido en el desorden suena a eso que les encanta a los neoliberales “hacer las cosas bien”.

Por supuesto que las ideas, en especial el pensamiento crítico, es ajeno a “hacer las cosas bien”, porque esto último, sin ir más allá, significa hacer bien lo que se hizo mal en el marco del actual modelo neoliberal. Exactamente la visión del mundo que nos ha llevado al caos en el que estamos. Aquí no se trata de que Fujimori hizo bien las cosas en la década de 1990 y los presidentes que lo sucedieron lo hicieron mal, no, aquí ha sido un modelo de violencia y saqueo económico que empezó en 1990 y se ha agotado llevándonos al estado actual. Por lo tanto, hay que establecer una ruptura clara con el pasado para poder abrir otro cauce al Perú. Es ruptura la palabra clave y no continuidad.

Sin embargo, si algo ha estado ausente del debate presidencial ha sido justamente la falta de conciencia o simple el cinismo, entre la mayoría de los candidatos frente a la crisis terminal del modelo que no han cesado de alabar a cada minuto.

Desde el número de partidos y su traducción en candidatos. En el Perú de hoy no hay 36 candidatos por interés en la política como servicio público, lo que hay es mucho candidato dispuesto a ganarse alguito en este negocio en el que se ha convertido la política y para ello el discurso, ya no digamos la visión del país o la propuesta, es lo de menos. Santiago Pedraglio, certeramente, decía el otro día en una entrevista que las candidaturas “ya ni lema tienen”, esa frase resumen de los planteamientos que más allá de su realidad nos decía por dónde iba cada cual.

Pero esta constatación de orfandad en el contexto actual nos lleva a una interrogante mayor que ya hemos planteado en artículos anteriores pero que bien vale la pena repetir: ¿van a solucionar algo las presentes elecciones generales? Porque un proceso electoral de envergadura nacional se supone que le debe señalar un rumbo al país. Sin embargo, como hemos visto, la mayor parte de los candidatos están empeñados en no decir nada, mentir o repetir tonterías. Creo entonces y ojalá me equivoque, que luego de estas elecciones no vamos a tener una o algunas salidas, encauzamientos dirían los expertos, y menos soluciones para nuestros agudos problemas nacionales.

Ello nos vaticina un agudo descontento tras los comicios y protestas de quienes, con o sin razón, se sientan perjudicados. Recuerden que en el 2021 fue la derecha, que no concebía haber sufrido una resonante derrota a manos de un candidato de izquierda. Por ello, creo que nos debemos preparar para una crisis mayor de la que estamos viviendo, en la que los intereses de fondo, económicos y sociales, que dividen al país, sin generar aún una polarización política acorde con su dimensión, salgan a la superficie y definan un camino.

Seguramente que estas líneas no gustaran a los entusiastas de los comicios, pero mejor curarse en salud que vivir una decepción más que a estas alturas sí importa y muchísimo. Creo que poner las cosas en perspectiva y empezar a mirar el después de las elecciones puede permitir a las fuerzas del cambio prepararse con más seriedad para afrontar lo grave que se avecina y reclamar de esta manera un futuro para el Perú.

*Sociólogo peruano. Analista de Otra Mirada.

Otra Mirada

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Perú: La privatización universitaria en el 2025

Nicolás Lynch Deja un comentario

Por: Nicolás Lynch *

Hace unas semanas los estudiantes de San Marcos tomaron el campus de la Ciudad Universitaria, teniendo como bandera central la lucha contra la privatización de la universidad pública. Incluso fueron tachados de vándalos por llevar adelante tal acción. Asimismo, varios comentaristas se mostraron sorprendidos porque no se observaba ningún intento de “vender las universidades”. ¿De qué privatización se trata dijeron entonces?

Efectivamente los ejemplos que se esgrimieron en la protesta eran pobres, más allá de que fueran justificados, respecto al tamaño de la consigna: el aumento de algunos cobros por examen de admisión y por llevar una segunda carrera de pregrado en la universidad. Sin embargo, los estudiantes no estaban descaminados, ni menos aún eran vándalos, porque sí hay un propósito de privatización universitaria en curso que viene de años atrás y se ha intensificado en tiempos recientes, solamente que no eran pequeños cobros sino grandes sumas las que estaban en juego.

¿De qué privatización se trata entonces? Ciertamente no, al menos por ahora, de vender la planta física de las universidades al mejor postor, pero sí de privatizar de manera encubierta los recursos universitarios, más específicamente el presupuesto que el tesoro público destina a las universidades. Esta es una tendencia que viene de atrás, por lo menos desde el 2013 cuando el ministro Jaime Saavedra empezó su contrarreforma universitaria. El diagnóstico que ha presidido esta última década es muy sencillo: ya no se trata de financiar la oferta universitaria, las universidades públicas, sino la demanda universitaria, teóricamente, los estudiantes que requieren este tipo de educación superior.

Al efecto, como consideran muy difíciles de cambiar las actuales universidades públicas, por su politización u otras razones, buscan derivar recursos de estas a las universidades privadas. Pero ¡ojo! esto no ha sido política nada más de la contrarreforma de Saavedra, él la inició, pero la privatización ha seguido, como veremos, con Dina Boluarte y compañía. Ello nos hace ver que el propósito no es sólo trasladar dinero público a manos privadas, sino también aumentar el control político de los recursos universitarios fuera del ámbito de la universidad nacional. Para ello se crean, en primer lugar, programas perversos como Beca 18, a la par que todo un menú de becas que administra PRONABEC. A ello se agrega, las exoneraciones tributarias de que gozan las universidades privadas y el financiamiento que les da el Estado para labores de investigación.

¿Por qué señalo a Beca 18 como un programa perverso? Porque genera la ilusión en la ciudadanía y en los directamente beneficiados/afectados, que el Estado está atendiendo sus demandas de educación universitaria cuando lo que hace es beneficiar primordialmente a un grupo de universidades privadas. Al respecto es importante señalar las dificultades que han tenido las universidades públicas para cobrar al programa montos similares a las privadas cuando reciben a estudiantes de estos programas de becas.

Digo beneficiados/afectados a los estudiantes de esos programas porque las múltiples evaluaciones que se han hecho del uso de estos recursos, distan de brindar resultados positivos y tienen más bien una evaluación desigual de los mismos.

Pero ¿por qué es negativo que el Estado financie a las universidades privadas? En primer lugar, porque se supone que el programa que promueve el Estado para la creación de conocimientos y formación de académicos y profesionales, con la plata de todos los peruanos, es la universidad pública. En ella, en base a los principios de autonomía, cogobierno y gratuidad, se desarrolla, a pesar de todos los obstáculos que se le ponen, el pensamiento crítico que el país requiere. Se nos critica, a pesar de nuestros extraordinarios logros, que no hemos estado a la altura de las necesidades del país. Sin embargo, se mantiene con una necedad digna de mejor causa un sub-financiamiento estructural de nuestra actividad.

Las universidades particulares, por otra parte, son libres de existir, pero tienen una limitación central, responden a algún interés privado, ya sea económico, ideológico, religioso o de otro tipo; si este llegara a existir en la universidad pública está, aunque no sea de inmediato, su estructura o por lo menos su promesa democrática para remediarlo.

Esto se expresa en el actual presupuesto de la república de la siguiente manera. Este presupuesto considera como apertura aproximadamente 6,900 millones de soles para la universidad, pero sólo se les entrega a las universidades públicas aproximadamente 4,900 millones. ¿Qué pasa con la diferencia de 2, 000 millones? Con la dificultad que tiene conseguir números exactos en esta materia, porque se juega al secreto por parte de las autoridades competentes, 1,200 millones van al PRONABEC y sus becas, principalmente a universidades privadas y el resto a subsidios de investigación y exoneraciones también a las privadas, o sea se privatiza aproximadamente el 25% del presupuesto universitario.

¿Cuál sería la alternativa? Que se aplicara la Disposición Complementaria Final Cuarta de la ley universitaria 30220 que establece el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la universidad pública. Este programa señala que las doce universidades públicas más antiguas gestionen un programa de fortalecimiento de la calidad de las universidades nacionales, que muy bien podrá tener el presupuesto de 2,000 millones de soles que está en el presupuesto 2025 y ha estado con distinto montos en diferentes ejercicios presupuestales, sólo que como señalamos, se deriva a un grupo de universidades privadas. Este programa está vigente, pero por razones ideológicas, de sucesivos gobiernos, no lo han querido aplicar.

Para terminar, cuento como anécdota que, en el mes de mayo de 2025, siendo Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, recibí la noticia de mi Decano que había necesidad de un nuevo ajuste presupuestal dictaminado por el MEF y dispuesto por la administración de la universidad. Meses más tarde hurgando en los números que les he presentado ahora, encontré que en junio de 2025 el PRONABEC consiguió una ampliación presupuestal de aproximadamente 250 millones de soles. O sea, se le quitó a la universidad pública y se le aumentó a las privadas. No hay nada que hacer, estos privatizadores son insaciables.

*Profesor de sociología de la Universidad Nacional de San Marcos. Analista de La Otra Mirada.

Otra Mirada

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Los vecinos tocan la puerta del Perú

Nicolás Lynch

Los vecinos tocan la puerta del Perú 

Nicolás Lynch*

Los resultados de las últimas dos semanas con el triunfo del MAS en Bolivia y la aprobación en plebiscito de una Convención Constituyente que cambie la carta de Pinochet en Chile, son un muy serio llamado atención para el orden neoliberal aún vigente en el Perú.

Lo que se está jugando en ambos países es la permanencia del capitalismo salvaje como eje del funcionamiento económico social y político. Es más, en ambos casos, nos encontramos frente a situaciones que han pretendido perpetuarse por la fuerza. En Bolivia por la vía del golpe de Estado, en Chile por medio de la represión indiscriminada.

Y en ambos casos se ha impuesto una vía electoral, resultando triunfante fuerzas que reafirman o piden un cambio contrario a la lógica neoliberal.

El poder mediático se ha esmerado por presentar las cosas al revés de lo que son. En Bolivia acusando a Evo Morales de ser un dictador repudiado por la mayoría de los bolivianos, en Chile diciendo que las protestas eran obra de unos cuantos desadaptados.

No cabía en la cabeza de las oligarquías neoliberales que en Bolivia podía haber un liderazgo producto de los pueblos originarios y en Chile, la joya de la corono neoliberal, pudiera haber descontentos, por la honda desigualdad, producida por el modelo vigente. Pues ambas cosas han sucedido y por su persistencia pareciera que han venido para quedarse.

Lo sucedido refuta además los análisis de aquellos que presagiaban el fin del giro a la izquierda en América Latina y la “vuelta a la normalidad” de la democracia, si cabe el término, neoliberal. A pesar de Trump y de la falta de resolución de la crisis democrática en Venezuela, no ha habido vuelta a la normalidad ni subordinación absoluta al imperio. La utopía del grupo de Lima de regresar a una “pax americana” se ha quedado en buenos deseos.

La interrogante ahora es el efecto que estos sucesos pueden tener en el Perú. A diferencia de años anteriores cuando en la región dominaba el progresismo y en el Perú una férrea hegemonía de los grandes propietarios, el efecto parecía ser nulo. Luego vino la contraofensiva derechista, de menor calado si la comparamos con el giro a la izquierda de principios del siglo XXI, pero que prometía una erradicación de la izquierda.

Hoy, tenemos una vuelta de esta última y de los movimientos sociales que obtienen victorias en las urnas, casi en nuestras narices, cuando el Perú atraviesa una crisis del régimen neoliberal sin solución a la vista. El problema es que no hay todavía un bloque importante de fuerzas, salvo la que levanta la candidatura de Verónica Mendoza, que plantee un indispensable cambio de paradigma y haga de éste un parteaguas electoral. La tónica sigue siendo no hacerle ni cosquillas a la Confiep.

El asunto adquiere ribetes de escándalo cuando nos referimos al tema constitucional, donde la comparación con Chile no es odiosa. El Perú, strictu sensu no tiene constitución. La que lleva el nombre de tal, la carta de 1993, fue producto de un golpe de estado y aprobada en un referéndum fraudulento, como distinguidos juristas señalaron en la época.

Está, por lo tanto, viciada de origen. No se ha podido cambiar por el veto permanente de la Confiep, que le cerró el paso inclusive a la tímida reforma que promovió Henry Pease el 2003. Una muy pequeña minoría no puede seguir dictando lo que se supone es la norma jurídica suprema del Perú. Ha llegado la hora, sobre todo en este tema, de dar un viraje que nos lleva a una constitución democrática para todos los peruanos.

En este escenario nacional y continental ya no caben los pequeños ajustes. Como en Bolivia y Chile, lo que está en juego es un asunto mayor: la persistencia o el final del neoliberalismo en América Latina por la vía democrática. Solo que este camino ya no es el de una democracia de minorías como nos dicen liberales y neoliberales, sino que tiene que ser un camino hacia una democracia de mayorías, que tiene como un componente central al pueblo movilizado.

A diferencia de los politólogos conservadores, que adornan las vitrinas de su devenir postrero cortejando minorías, “demasiada democracia” es mejor que las democracias de élites a las que han pretendido acostumbrarnos.

* Sociólogo y político peruano. Columnista de OtraMirada.pe

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Perú entre la huelga de maestros y la crisis del relato oficial

Nicolás Lynch

Por: Nicolás Lynch

Una poderosa huelga de maestros comienza a quebrar el consenso neoliberal en Perú. Las elites políticas intentan desconocer su potencial.

Por primera vez en varios años, un movimiento social provoca una grieta de proporciones en la hegemonía política y cultural que el neoliberalismo ha impuesto a la sociedad peruana. Desde hace más de dos meses se desarrolla una huelga de maestros de la educación pública en Perú. La huelga, que empezó en el sur con varias manifestaciones regionales, continúa hasta hoy en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2003 no había una huelga de estas proporciones en el magisterio. La medida de fuerza cuenta con una adhesión de aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. Esto lo hace el movimiento social más grande y con más tradición de lucha que han debido enfrentar algunos de los gobiernos de derecha que se han sucedido en los últimos 15 años.

El movimiento huelguístico llega además en un momento de drástica reducción del auge económico de la década pasada por la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, que señala un crecimiento del PIB que apenas superará el 2,5% este año, frente al 6% de los años anteriores. Por otra parte, encuentra a la derecha dividida, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en control del Ejecutivo y el partido de la familia Fujimori, Fuerza Popular, en control del Congreso y en pugna constante con el primero.

En este contexto, los maestros han procedido a derrotar varios aspectos del relato dominante difundido por la buena parte de la elite política y los principales medios de comunicación. Primero, la invisibilización de la huelga cuando sucedieron los primeros conatos en el sur. Segundo, que la huelga era un invento de Sendero Luminoso, cuando aquella llegó a la capital trayendo la voz de miles de maestros del interior. Tercero, que como sus dirigentes estaban ligados a grupos terroristas, no había con quién negociar, por más que ya existía un Comité Nacional de Lucha y sus dirigentes se paseaban por los medios de comunicación y el Congreso de la República. Y cuarto, que como no había dirigentes confiables, había que negociar por la vía de intermediarios, sin sentarse a la mesa con los verdaderos interlocutores. Estos sucesivos momentos señalan un desprecio por el otro –por parte de las autoridades y los medios— por ser pobre, provinciano y maestro, como pocas veces se ha visto en nuestra historia reciente.Todo ello tiene el corolario de un Poder Ejecutivo que ha dado por finalizada la huelga y miles de maestros que continúan movilizándose y acampando en el centro de Lima.

A contrapelo de este relato, el movimiento magisterial ha demostrado a lo largo de dos meses que es un movimiento real, constituido abrumadoramente por maestros de base, con una plataforma justa y que atiende a los problemas de fondo de la educación peruana. Un movimiento que, además, ha repercutido en casi todas las ciudades del Perú y ha despertado la simpatía y solidaridad de los estudiantes, padres de familia y sociedad en general porque ven reflejada su propia situación de carencia. Todas estas cuestiones le han dado legitimidad a la huelga entre la población. Sin embargo, a diferencia de otras grandes huelgas magisteriales de décadas pasadas, su dirección ha sido fragmentada, en buena medida espontánea y sin reconocimiento legal, lo que le ha quitado fuerza en la resolución del conflicto. Paradójicamente, la dirección nacional del sindicato más reconocido, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), dice que no hay huelga. Este otrora sindicato radical, dirigido por el partido de izquierda Patria Roja, ha sido definitivamente rebasado por sus bases. Asimismo, esto ha permitido la influencia de sectores más radicales ligados a Sendero Luminoso que, a pesar de ser minoritarios, han dado pie para la satanización de la huelga por los poderes políticos y mediáticos.

El movimiento, con una diversidad de reclamos y amplias dimensiones, expresa el fracaso de una política educativa que se ha presentado en la última década como una «reforma de la educación», clave en la hegemonía neoliberal, que le permite pasar del asalto a los bolsillos al asalto a las mentes de los peruanos. Esta política fracasa en un punto fundamental: la necesaria relación que debe existir entre el salario del docente y la evaluación a la cual se lo somete. Desde la famosa frase del dúo Alan García-José Antonio Chang, el primero presidente de la República y el segundo su ministro de Educación en el quinquenio 2006-2011, «no habrá aumentos sin evaluación», se llega a la radicalización de esta política que se lleva a cabo en la gestión ministerial de Jaime Saavedra, tecnócrata de la filas del Banco Mundial, que abarca tres años (2013-2016) y alcanza dos gobiernos. La experiencia nos ha señalado que no se puede evaluar al maestro sin tomar en cuenta las condiciones materiales, el salario y las condiciones de trabajo en las que desenvuelve. Evaluar a quien no puede reproducir su fuerza de trabajo lleva a una explosión como la que hemos visto en las últimas semanas.

Esta es la «teoría del maestro barato» que llevó a Saavedra, en la práctica enviado del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ministerio de Educación, a multiplicar varias veces el número de maestros contratados y adjudicar menos de la mitad de las plazas que tuvo a disposición para nombrados. En otras palabras, multiplicar a los contratados que cuestan menos y evitar a los nombrados que cuestan más. La teoría del maestro barato con una evaluación por encima de sus posibilidades tiene como objetivo tener asustado al magisterio para controlarlo políticamente. Esta es una cuestión clave en un gremio con gran capacidad de protesta como el de los maestros. Ahora bien, ¿por qué se produce esta huelga en junio-julio de este año? Por la amenaza de una evaluación de desempeño para el segundo semestre de 2017, que junto con la ausencia de aumentos a la vista, los maestros interpretan como un procedimiento masivo de despido de la carrera docente. Esto hace que la combinación de bajos sueldos y evaluaciones llegue a su punto de ebullición.

Empero, está también la negativa magisterial –casi de principio– a someterse a cualquier evaluación que tenga consecuencias, en caso de no aprobarla en tres oportunidades, en su salida de la carrera docente. Este es un debate tan antiguo como el inicio de las evaluaciones a principio del siglo XXI. Aquí chocan el interés corporativo del gremio interesado en la estabilidad laboral con el interés social interesado en la calidad de la educación. El mal tratamiento de esta contradicción puede llevar a una radicalización sin salida de los docentes y a su aislamiento del resto de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Por ello, es de fundamental importancia un manejo adecuado de la cuestión, que incluya el aumento de las remuneraciones y las pensiones, las capacitaciones necesarias y, finalmente, la participación de los profesores en las evaluaciones.

Pero no solo se trata de salarios y evaluaciones. Los maestros señalan también la necesidad de revisar la Ley General de Educación de 2003 y la Ley de Carrera Pública Magisterial de 2012, así como de aumentar el porcentaje de la riqueza nacional que se dedica a educación en el presupuesto nacional. En este punto plantean una cifra quizá inviable, 10% del PIB, pero si erran en el número no lo hacen en el tema, ya que la meta de 6% se planteó en el Acuerdo Nacional hace 15 años y solo hemos llegado a 3,8% del PIB como presupuesto educativo en la actualidad. Aunque el poder lo niegue, existe una preocupación de estos maestros por la educación en su conjunto, solo que abordar el problema supone revisar leyes y presupuestos y la política educativa ya fracasada, a lo que tercamente se oponen las elites neoliberales, ya que es uno de los pilares de su hegemonía actual.

Todo esto se produce en un contexto de división del sindicato magisterial. Una división que no es nueva y tiene ciertamente como ingredientes la disputa de grupos como Sendero Luminoso y Puka Llacta con Patria Roja, tradicionalmente el partido de mayor influencia sindical en el magisterio. Hoy se observa que la dirección nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, en manos de Patria Roja, ha sido largamente rebasado por sus bases, en una magnitud que no puede ser explicada solo por la disputa con los grupos radicales. Es indudable que el efecto de la política neoliberal en los maestros ha sido subestimada por la dirigencia nacional, y esa es la clave de su desplazamiento. No sabemos aún cuál será el futuro del sindicato magisterial, pero la solución corresponde solamente a los maestros y ojalá el resultado sea un sindicato nacional unitario y democrático.

Queda por ver cuál será el resultado de la huelga actual. Ante la fuerza del movimiento social y la falta de alternativas del gobierno de Kuczynski, este parece haber tomado la decisión de liquidar la huelga, es decir, de aparecer derrotándola más allá del acuerdo o el desacuerdo al que se llegue. Esta opción es clara cuando se descalifica a la dirigencia que conduce a la mayoría de las regiones a través del llamado Comité Nacional de Lucha. Primero se anuncia que no se negociará con ella y luego, ante la presión de la opinión pública, se decide hacerlo de manera vergonzante, mediante intermediarios, estableciendo una distancia entre maestros y funcionarios del sector que es resentida por los primeros. En este punto, con la ministra del sector educación Marilú Martens en el sexto piso del Ministerio de Educación y los dirigentes magisteriales en el primero, la negociación lógicamente fracasa. El espectáculo de una negociación que en realidad ha sido una no negociación ha indignado a los huelguistas y los ha llevado a continuar su lucha, recordando el desprecio de la elites de este Perú, en muchos sentidos todavía colonial, por las mayorías populares.

Los gestos hablan por sí solos. Ojalá que los próximas días deparen algo mejor.

*Fuente: http://nuso.org/articulo/peru-maestros-en-huelga-gobierno-en-silencio/

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