Redacción: Mundiario

La educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad. En España es necesaria una verdadera y consensuada reforma al respecto. Sin embargo, este tema apenas aparece en la agenda política.

El domingo 10 de noviembre se celebrarán nuevas elecciones al Congreso de los Diputados. El epicentro de la precampaña y campaña ha sido y seguramente será el conflicto político catalán. Pero apenas se mencionan otros temas tan importantes para el desarrollo de España como la educación. Como profesor de enseñanza media por la especialidad de Geografía e Historia me gustaría realizar algunas propuestas para mejorar la calidad de nuestra educación:

Para la enseñanza preuniversitaria

1) Considerar la posibilidad de una segunda repetición en la educación primaria. Actualmente la administración solamente puede hacerlo una vez, y ello implica un importante desfase curricular una vez que llegan a la ESO.

2) Bajar, tanto para Primaria como para Secundaria, la ratio de alumnado por aula a la cifra de, al menos, 15 estudiantes por docente. Actualmente (OCDE, 2017) esta se sitúa en 22/1 en el primer caso y en 25/1 en el segundo.

3) Reducir igualmente el número de docentes por cada profesional de apoyo pedagógico por debajo de la cifra de 10/1. Actualmente (OCDE, 2018) hay 11 profesores titulares por cada uno de refuerzo. El apoyo pedagógico resulta indispensable en grupos con dificultades de aprendizaje.

4) Que dicha ratio -para ambos casos- sea más baja en centros de compensatoria o de difícil desempeño. E igualmente, que el personal de Orientación y del equipo directivo sea más numeroso en este tipo de colegios e institutos.

5) Que todo el alumnado no universitario tenga la posibilidad de acudir a pasantías, bien por la propia capacidad económica de las familias o, en caso contrario, mediante la dación de cheques públicos.

6) Imponer en la enseñanza secundaria, mediante previa medificación normativa, los suspensos por mal comportamiento en cada materia, en caso de que el desempeño académico en las mismas sea de aprobado. Ello mejoraría los niveles de convivencia en las aulas.

7) Establecer la FP Básica (antigua FP I de la Ley General de Educación) a partir de los 14 años para aquellos alumnos que tengan clara la decisión de un abandono escolar temprano. Hacer esta medida efectiva, pues actualmente el número de plazas asociadas a esta formación es insuficiente.

8) Aumentar el número de integradores/trabajadores/educadores sociales que desempeñan su labor en los colegios e institutos, y permitir legalmente que estos profesionales puedan impartir actividades lúdico-formativas y psicopedagógicas a estudiantes que sean expulsados por conductas disruptivas.

9) Establecer el concurso-oposición como forma de reclutamiento del profesorado de colegios concertados: por una cuestión de justicia (son centros que, al fin y al cabo, reciben dinero de todos) y de meritocracia (son procesos más transparentes que la mera contratación por los empleadores privados).

10) Establecer sistemas de incentivos al profesorado consistentes en pequeñas oscilaciones negativas o positivas del sueldo, a partir de informes trimestrales de evaluación por parte de los equipos directivos y, en el caso de la enseñanza media, considerando las notas de Selectividad y de las pruebas de acceso a FP y Bachillerato (esta última aún no existe).

11) Hacer más útil el máster en formación del profesorado, a través de la conversión en prácticos del 90% de los créditos. El alumnado de posgrado acudiría como profesor auxiliar de refuerzo a distintos IES que se repartirían ordenadamente desde el punto de vista geográfico.

12) Hacer lo mismo con los estudiantes de Magisterio.

Para la enseñanza universitaria

13) Reducir al mínimo posible el número de titulaciones ofertadas en España cuyos niveles de salida laboral sea ínfimo e invertir ese dinero en otras titulaciones universitarias y de FP más eficientes laboralmente.

14)  Seleccionar, mediante procesos selectivos públicos, a coordinadores académico-laborales entre las universidades y empresas, con el fin de adaptar el currículo de FP y universidades a las necesidades del mercado de trabajo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la historia económica de Alemania, observamos que su desarrollo durante la Segunda Revolución Industrial se logró en buena medida a la colaboración mutua entre esos dos tipos de organizaciones.

15) Situar la inversión en I+D, al menos, en la media de la UE. Actualmente, es del 1,2%; mientras que en la UE es de un 2,07%, según Eurostat. Ello favorecería la economía sostenible y la transición ecológica. Las universidades (mediante la formación e investigación), junto a otras organizaciones, serían las protagonistas de este cambio.

La implementación de todas estas medidas requeriría un aumento de al menos nueve puntos porcentuales sobre el PIB (ocho, relacionados con la educación; y uno, con el capítulo de I+D). En este sentido, si tomamos los datos del Comisión Europea, en España el porcentaje de gasto sobre el PIB en 2016 fue de un 4,25%. En Finlandia (el tercer país con mejor sistema educativo, según el Informe PISA de 2012) el gasto en 2018 fue, según Expansión, de un 12,46%.

Obviamente, para ello el nuevo ejecutivo necesitaría obtener nuevos ingresos o recortar gastos de otras partidas. En mi opinión, la primera idea sería más justa y eficiente. La lucha efectiva contra el la economía sumergida (por ejemplo, eliminando prácticamente el dinero en efectivo), la cual supone un 23% del PIB (Funcas, 2018), podría ser una idea positiva, puesto que dicha recaudación supondría un importante beneficio para nuestro sistema educativo -al permitirnos mayores niveles de gasto-, así como para otras áreas institucionales de nuestro país.

Fuente: https://www.mundiario.com/articulo/politica/quince-necesarias-propuestas-educativas/20191031141043168135.html