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El asesinato de Lucía Pérez fue la gota que colmó el vaso. Esta joven marplatense fue drogada, violada y brutalmente asesinada la semana pasada. Su caso no fue el único ocurrido en los últimos días, pero el especial ensañamiento de los autores ha conmovido especialmente a la sociedad argentina, que este miércoles (19.10.2016) vuelve a movilizarse. Los lemas #NosotrasParamos #VivasNosQueremos y #NiUnaMenos  presiden las acciones de hoy, con un paro de todas las actividades entre las 13:00 y las 14:00 y marchas convocadas en diversas ciudades de todo el país. La convocatoria del colectivo #NiUnaMenos, junto a otras 50 organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en Argentina explotó en las redes sociales y obtuvo la rápida adhesión en más de quince países.

El caso de Lucía Pérez se inscribe en una triste serie de ejemplos de violencia contra las mujeres. En 2015 se produjeron 235 asesinatos y 2016 lleva camino de rebasar esa cifra. Argentina se moviliza desde hace tiempo para luchar contra el fenómeno, que, según Vanesa Vázquez Laba, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y miembro del Programa Contra la Violencia de Género de esta institución, hay que poner dentro de un contexto histórico. “La violencia contra las mujeres en Argentina tiene resabios de la dictadura militar, en la que las mujeres sufrieron desapariciones y, de manera especialmente brutal, torturas”, dice Váquez Laba.

“Política de Estado”

Por su parte, Carla Majdalani, directora de Comunicación del Consejo Nacional de las Mujeres de Argentina, organismo del Ejecutivo que da respuesta a temas relacionados con la violencia contra las mujeres, asegura que la institución ve “con suma preocupación el aumento de estos casos y de los femicidios en particular. A la vez, felicitamos a la sociedad civil por estar concientizándose y movilizándose y poniendo en la agenda pública la preocupación por la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

“En Argentina, la erradicación de la violencia contra las mujeres es política de Estado”, prosigue Majdalani. “Entendemos que la movilización surge desde la indignación popular y que es necesario que se visibilice. El Consejo Nacional de las Mujeres ha logrado poner en la agenda política lo que la sociedad civil puso en la agenda pública. Destaca la adopción del primer plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Majdalani se refiere al plan que Mauricio Macri presentó el pasado 26 de julio para llevar a cabo políticas sobre el fenómeno y que se implementará entre 2017 y 2019. “El presidente argentino ha asumido como política pública definitoria de su gestión la promoción de la igualdad de género y así lo manifestó, por ejemplo, en su discurso inaugural en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dice Majdalani.

Mujeres protestan en Buenos Aires durante el paro llevado a cabo al mediodía.

Plan ambicioso… en contexto económico inadecuado

Para la investigadora Vázquez Laba, “se trata de un plan muy ambicioso, está bien concebido y toca distintas dimensiones y me parece que, si se pudiese llevar adelante con un buen presupuesto y con una buena articulación con los distintos actores políticos, organizaciones sociales y gubernamentales, podría llegar a dar resultados. Pero, lamentablemente, Argentina está viviendo todo un retroceso desde el pasado 10 de diciembre en derechos hacia las mujeres y en derechos económicos”. Así, Vázquez Laba teme que los recortes que sufren ámbitos como la ciencia, la educación y la salud, lastren la implementación del ambicioso proyecto de Macri para erradicar la violencia contra las mujeres. “Con un Gobierno que está llevando a cabo políticas neoliberales, políticas que retiran a las mujeres del mercado laboral por la supresión de puestos de trabajo, y de las universidades, porque, cuando las familias se quedan sin ingresos, el estudio pasa a un segundo plano, es muy complicado”, argumenta. “Se recortan los programas vinculados a los derechos de las mujeres: educación sexual integral, salud sexual, planes sociales para las mujeres… Nuestro poder adquisitivo ha disminuido enormemente con la inflación que hemos tenido. Ahí es donde yo veo que el programa pueda llegar a fracasar. Porque, con una sociedad en estas condiciones, sin trabajo y sin calidad de vida, se genera más desigualdad de clase social y de género. La variable económica es fundamental para entender la violencia contra las mujeres. Cuanta más desigualdad, más violencia.”