El cantante denuncia que el caso de Arturo Suárez-Trejo muestra cómo cualquiera puede verse afectado por la arbitrariedad de la política migratoria de Donald Trump y convertirse en “víctima”
Esta vez, Rubén Blades no es solo el mítico músico panameño, el cantautor de Pedro Navaja, sino también el abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, o de la escuela de leyes de Harvard, a quien llamó la atención el caso de Arturo Suárez-Trejo, un joven músico venezolano enviado como presunto miembro del Tren de Aragua a una mega cárcel de El Salvador. “Como músico, me solidarizo con la tragedia de un colega porque me luce injustamente tratado”, escribió el salsero en su blog. “Como abogado señalo la manera arbitraria como en ocasiones se aplica la ley”. El multipremiado cantante insistió en que el caso de Suárez-Trejo “es un ejemplo de cómo cualquiera puede verse afectado por la arbitrariedad administrativa y judicial y convertirse en su víctima”.
SuarezVzla nombre artístico de Arturo Suárez-Trejo reguetonero originario de Venezuela deportado a El Salvador.
Cortesía
Blades se mostró particularmente impactado tras leer en EL PAÍS la historia de SuarezVzla —nombre artístico de Arturo—, el padre de 33 años que llegó a Estados Unidos el 2 de septiembre de 2024 tras ser beneficiado con el programa CBP One, y quien tenía una audiencia pactada para próximo el 2 de abril. De un momento a otro, mientras grababa un videoclip en Carolina del Norte, fue arrestado por agentes de inmigración y luego deportado como delincuente. “No sé cuántos otros migrantes se han visto afectados por esta realidad, pero me llamó la atención al leer del caso de Arturo-Trejo Suarez, la amplia documentación que han ofrecido tanto sus familiares como el periodista que redactó la noticia explicando que no es un delincuente, adjetivo esgrimido para justificar su envío a El Salvador y su ingreso allí a una cárcel de máxima seguridad”, escribió el músico.
El artista no solo resaltó que “ser venezolano no convierte automáticamente en antisocial a nadie”, sino que los tatuajes no pueden ser una prueba suficiente para ir contra los migrantes. Así, pidió a las autoridades estadounidenses reconsiderar lo que están haciendo: “Por favor, corrijan el aparente error del caso de Arturo-Trejo Suarez e investiguen con el detenimiento necesario a los deportados enviados junto a él. Por favor, eviten hacerse cómplices de una injusticia”.
Según cuenta en su blog, la experiencia ganada visitando centros penales durante su época de estudiante y miembro del equipo del Departamento de Criminología de la Universidad de Panamá lo empuja ahora a “solicitar una revisión del caso de Arturo Sánchez-Trejo”. Blades también aseguró que las autoridades salvadoreñas “poseen los recursos para determinar” si personas como el músico son en realidad miembros del Tren de Aragua, la pandilla que Donald Trump ha prometido desactivar a toda costa en Estados Unidos.
“Una entrevista con Arturo, una revisión de documentos que entiendo existen y están disponibles, la acumulada experiencia que poseen tratando maleantes, pueden ayudar a desechar una injusticia y servir como prueba de que es necesario revisar los casos de otras personas que seguramente también se encuentran atravesando la misma horrible injusta e inhumana situación por la que hoy transcurre Arturo Sánchez-Trejo”, sostuvo el artista.
El responsable de temas como El cantante o Desapariciones hizo énfasis en cómo muchos migrantes beneficiados por el Gobierno demócrata de Joe Biden ahora se encuentran en un limbo. “Conste que comprendo que cada país tiene la potestad soberana para decidir a quien recibe o no como inmigrante. Comprendo y acepto la necesidad de obedecer a la ley y de ajustarse a las condiciones que presenta el país que nos recibe para aceptar nuestra presencia, pero también comprendo que hay una Constitución Nacional y un sistema de leyes que garantiza el recurso de apelar cualquier decisión que afecte nuestro derecho como humanos, estemos donde sea, independientemente de nuestra nacionalidad o lugar de origen”, dijo.
El profesorado es el factor escolar más determinante de la calidad de los sistemas educativos. En España, la profesión vive un momento decisivo para la educación en las próximas décadas. Datos recientes muestran que está surgiendo un mayor cansancio, sentimiento de aislamiento y desafección en una parte del profesorado. En este informe se explora el estado de la profesión docente en España durante los últimos 25 años. Con datos actualizados de encuestas nacionales e internacionales, se analiza cómo están empeorando las condiciones sociales del alumnado, la evolución de las condiciones laborales de la profesión docente y las dificultades que el sistema tiene para atraer talento docente, apoyarlo y fomentar su desarrollo profesional.
La mayor complejidad del alumnado es un fenómeno real y son varias las razones que la explican.
→ La pobreza infantil ha subido 5 puntos porcentuales desde 2018 mientras la pobreza de la población total disminuye y la economía crece.
→ La proporción de alumnado de origen migrante ha crecido considerablemente, con un 32% en 4º de primaria en 2023.
→ La crisis de bienestar y salud mental también es notable, con un aumento de un 11% a un 20% de jóvenes de 15 años que sienten ansiedad una vez por semana entre 2018 y 2022.
→ El clima de aprendizaje en las aulas también ha empeorado en las aulas, tanto en Primaria como en Secundaria.
Las condiciones laborales del profesorado son buenas en general, aunque han empeorado en algunos frentes.
→ Los salarios cayeron en la Gran Recesión, aunque se han recuperado a la par que otras profesiones.
→ Siendo el número de horas lectivas del profesorado similar al de la media de la OCDE, el calendario más comprimido en meses tensiona su día a día.
→ La tasa de temporalidad es alta y regresiva: en 2018, el 34% de los docentes del 25% de centros que aglutinan alumnado más vulnerable llevaban menos de tres años trabajando en el mismo centro, cifra que se reduce al 15% en los centros con menor alumnado vulnerable.
La inacción de políticas docentes está teniendo consecuencias negativas sobre la atractividad de la profesión.
→ España es el país de la OCDE donde los docentes de Secundaria afirman estar menos preparados para enseñar en contextos de distintos niveles de aprendizaje.
→ En Infantil y Primaria, la competencia matemática y lectora del profesorado es menor que la de Secundaria, mientras la nota de corte en Magisterio apenas ha subido, siendo cierto que la remuneración es más baja en Infantil y Primaria.
→ En todos los niveles, prevalece una cultura del aislamiento donde los docentes no pueden aprender los unos de los otros: la observación docente por parte de profesorado de mayor experiencia es del 34.1% frente a un 81.4% de media de la OCDE.
Hacer frente a esta crisis de la profesión y ofrecerle apoyo y herramientas para los retos que debe afrontar obliga a abordar las tres razones que nos han traído hasta aquí. En 2023, un 24% el profesorado afirmaba mantener la ilusión pese a los problemas, muy lejos del 60% que lo hacía en 2007. Y, en paralelo, se ha disparado la proporción de docentes que afirma vivir su profesión con cierta distancia, del 2% al 38% en este periodo. Esta situación requiere abordar simultáneamente los tres retos analizados en este informe: la situación del alumnado, las condiciones laborales del profesorado y, sobre todo, la puesta en marcha de una carrera profesional verdaderamente atractiva. Para ello se proponen cuatro medidas.
1. Desarrollar un programa anual de apoyo socioemocional y refuerzo individualizado en matemáticas y lectura para el alumnado de bajo desempeño y más vulnerable por valor de 1.200 millones de euros anuales.
2. Garantizar una mayor estabilidad de los claustros en los centros educativos para mejorar su funcionamiento y el aprendizaje del alumnado y mejorar las condiciones laborales de entrada de los maestros de Infantil y Primaria.
3. Elevar el prestigio y el atractivo del grado de Magisterio, mejorar la formación pedagógica inicial del profesorado de Secundaria e instaurar un MIR para el profesorado que incremente la exigencia desde la entrada en la profesión a cambio de condiciones más atractivas.
4. Poner en marcha un sistema voluntario de evaluación e incentivos que promueva el crecimiento profesional del profesorado.
Lucas Gortazar
Director de Research y senior fellow de Educación en EsadeEcPol
En 2023 alrededor de 20,000 argentinos adquirieron la nacionalidad por derecho de sangre, y el año pasado la cifra fue de 30,000 individuos.
El gobierno ultraconservador de Italia restringió este viernes 28 de marzo las condiciones de naturalización por derecho de sangre (descendencia), limitando ahora esta posibilidad a dos generaciones, una medida que afecta primero a los descendientes de emigrantes en América Latina y en particular a los argentinos.
Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la “Ius sanguinis” adoptada en el consejo de ministros.
“Las condiciones deberán ser aún más duras, pues después se impondrá a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero y naturalizados italianos mantener lazos reales con nuestro país, ejerciendo los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años. Esos derechos y deberes no fueron precisados”, aseguró el jefe de la diplomacia italiana Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.
Y agregó: “El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana. Sin embargo, se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la comercialización de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser un tema serio”.
El ministerio cita como ejemplo Argentina, que tiene la comunidad de migrantes italianos más importante fuera de Italia, donde 20,000 descendientes obtuvieron la nacionalidad en 2023 en virtud del derecho de sangre, y 30,000 en 2024. En Brasil 14,000 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022 y 20,000 en 2024, según fuentes oficiales.
La federación rechaza la estigmatización y amenazas contra su dirigencia y los sindicatos regionales.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Fecode convocó a una jornada de movilización nacional el próximo 31 de marzo, como parte de su plan de acción en defensa del sistema educativo público y los derechos del magisterio. La medida se da en el marco de la presentación del Pliego de Peticiones al Gobierno Nacional, sustentado en el Decreto 243 de 2024.
En un comunicado reciente, el Comité Ejecutivo de Fecode destacó que la movilización busca garantizar la estabilidad del modelo de educación pública en Colombia, así como exigir el cumplimiento de la Ley 91 de 1989. “Nos movilizaremos para acompañar y respaldar esta acción como un baluarte de lucha en defensa de la educación pública y los derechos magisteriales”, señala el documento firmado por el presidente de la federación, Domingo J. Ayala Espitia, y la secretaria general, Ruth Mariela Fernández M.
Otro de los objetivos de la protesta es demandar la negociación efectiva del pliego de peticiones y la participación activa de Fecode en la reglamentación de las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP. Asimismo, la federación rechaza la estigmatización y amenazas contra su dirigencia y los sindicatos regionales, argumentando que ciertos sectores buscan deslegitimar la lucha sindical y el derecho a la protesta.
La organización sindical también hizo un llamado por la paz en Colombia y la salida política negociada a los conflictos armados, reafirmando que las instituciones educativas deben ser respetadas como territorios de paz: “Con dignidad, entusiasmo y compromiso, nos encontraremos en las calles”.
La movilización del 31 de marzo se llevará a cabo en diversos puntos de concentración a partir de las 10:00 a.m., en una jornada en la que el magisterio colombiano reafirmará su lucha por mejores condiciones laborales y la defensa del derecho a la educación pública de calidad.
En otra escalada mortal, el régimen israelí lanzó devastadores ataques aéreos sobre Gaza en las primeras horas del martes, matando a más de 400 palestinos, la mayoría mujeres y niños.
La agresión siguió a casi diez días de tensiones crecientes, ya que el régimen israelí violó repetidamente los términos del acuerdo inicial de alto el fuego en Gaza, imponiendo un bloqueo asfixiante.
El bloqueo impidió que suministros esenciales como alimentos, combustible y ayuda médica vital ingresaran a la franja sitiada.
El martes, mientras las familias se sentaban a la comida antes del amanecer de Ramadán, más de 20 aviones de guerra israelíes desataron una oleada de ataques aéreos sobre Gaza, golpeando múltiples ubicaciones civiles.
Los ataques indiscriminados ocurrieron en el día 18 del mes sagrado de Ramadán, cuando las personas esperaban con entusiasmo las festividades del Eid después de casi dos años de genocidio y limpieza étnica.
Los ataques aéreos destrozaron barrios densamente poblados, escuelas improvisadas y edificios residenciales, lugares donde los civiles habían buscado refugio.
Tras la masacre, las redes sociales se inundaron de vídeos desgarradores de familias llevando a los heridos a los hospitales.
Entre las imágenes más desgarradoras estaba la de un anciano sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña en sus brazos, su voz temblando mientras gritaba: “Dios es suficiente para mí, y Él es el mejor administrador de los asuntos”.
En la morgue, se desplegó otra escena desgarradora: un joven buscando desesperadamente entre los muertos, buscando a un ser querido. Cuando finalmente los encontró, no gritó ni se desplomó. En su lugar, simplemente permaneció allí, en silencio, mientras las lágrimas caían por su rostro.
La reanudación del bombardeo israelí a gran escala ha sumido a Gaza en una devastación aún mayor, destrozando un alto el fuego ya frágil con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que Israel había violado repetidamente en las semanas anteriores.
Tras los mortales ataques, HAMAS responsabilizó al régimen israelí de la masacre, señalando la implicación directa de Washington, afirmando que “el reconocimiento por parte de la administración de EE.UU. de que fue informada antes de la agresión sionista confirma su participación directa en la guerra genocida contra el pueblo palestino”.
HAMAS advirtió que los ataques aéreos israelíes y la decisión del régimen de “anular el acuerdo de alto el fuego” pondrían a los cautivos en Gaza en “un destino incierto”.
Mientras tanto, a medida que Israel intensificaba su asalto, los medios de comunicación occidentales trabajaban rápidamente para moldear la percepción pública, minimizando la magnitud de las bajas palestinas mientras enmarcaban los ataques como un ataque a HAMAS.
En lugar de resaltar el devastador costo humano —más de 400 palestinos muertos— los medios de comunicación principales como Axios presentaron la agresión como “ataques aéreos contra HAMAS”, haciendo caso omiso de la destrucción generalizada y las masivas bajas civiles.
Dado el alcance de los últimos ataques aéreos de Israel, la gran mayoría de los muertos han sido mujeres y niños. Sin embargo, como señalaron los críticos de los medios, el titular de Axios no reflejó la brutal realidad de la ofensiva israelí sobre Gaza.
De manera similar, Fox News, con sede en EE.UU., adoptó una narrativa sesgada, justificando abiertamente el bombardeo de los palestinos por parte de Israel.
Según los analistas de medios, la red trató de enmarcar el asalto como una consecuencia natural de que el alto el fuego hubiera terminado, como si eso legitimara automáticamente el asesinato masivo de civiles.
Fox News también reflejó la cobertura de Axios, alegando que Israel había atacado a HAMAS, ignorando el hecho de que la mayoría de los muertos y heridos desde la mañana del martes eran niños.
En otra afirmación engañosa, la red alegó que los ataques eran una respuesta a la negativa de HAMAS a “liberar rehenes”.
HAMAS había acordado liberar a los cautivos en línea con el acuerdo de intercambio, pero fue Netanyahu quien se negó a adherirse a los términos del acuerdo.
Durante la primera fase del alto el fuego, HAMAS liberó a más de 20 cautivos israelíes, siguiendo el proceso acordado.
Bloomberg también repitió la cobertura de Fox News y Axios, reforzando la narrativa de que los ataques aéreos solo apuntaban a “objetivos de HAMAS”.
Este enfoque, sin embargo, contrastaba drásticamente con la realidad sobre el terreno. El bombardeo israelí golpeó áreas densamente pobladas, lugares donde los civiles habían buscado refugio.
NBC también enmarcó la agresión israelí como una simple confrontación militar entre ambos bandos, ignorando deliberadamente el hecho de que el agresor era el régimen de Tel Aviv, no HAMAS.
Su narrativa omitió deliberadamente un contexto crucial en el que Israel había abandonado las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego y ya había violado la primera fase al bloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza durante más de diez días.
De manera similar, el titular de CNN también mostraba signos de manipulación, sin resaltar el aspecto más crítico de la situación: las negociaciones del alto el fuego y la negativa de Israel a cumplir con sus compromisos.
Los analistas señalaron que, dado el asombroso saldo de muertos por los ataques del martes y la violación israelí del acuerdo de alto el fuego, el titular de CNN debería haber incluido al menos uno de estos elementos para proporcionar a los lectores una comprensión precisa de la crisis.
En cambio, la red optó por la vaga frase “ataques extensos”, sin reconocer las devastadoras secuelas.
Reuters también siguió la tendencia de minimizar la tragedia. La elección de palabras de la agencia de noticias británica —describiendo la masacre como ataques a “objetivos de HAMAS”— fue criticada por activistas por restarle importancia a la magnitud de la brutalidad israelí en Gaza.
Titular de Reuters
CBS adoptó un enfoque igualmente sesgado, retratando los ataques aéreos israelíes como ataques exclusivamente dirigidos a HAMAS.
Sin embargo, las imágenes ampliamente difundidas contaban una historia diferente. Mostraban a palestinos llevando a sus familiares heridos a los hospitales, mientras las morgues se desbordaban de montones de cuerpos sin vida.
Titular de CBS
A medida que el número de muertos sigue aumentando, los analistas de medios afirman que estas distorsiones mediáticas no son accidentales: forman parte de un patrón más amplio en el periodismo occidental, donde el lenguaje se elabora cuidadosamente para moldear la percepción pública, protegiendo a Israel de la responsabilidad mientras borra el sufrimiento palestino del discurso global.
Los medios occidentales, que han jugado a favor de Israel desde octubre de 2023, han vuelto a fabricar el consentimiento para el genocidio israelí en Gaza culpando a los oprimidos por los crímenes de los opresores.
En el último mes, cerca de 60.000 personas fueron desplazadas y los ataques armados dejan cada vez más consecuencias.
La pérdida del derecho a la educación se convirtió en un nuevo efecto de la crisis causada por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Según advirtió la organización humanitaria Plan Internacional, que entrevistó a más de 200 personas que viven en campos de desplazados, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes se vieron privados de su derecho a la educación.
La crisis que atraviesa el país les impide acceder a los centros de enseñanza, y desde 2024 cerraron más de 900 escuelas debido a los ataques de grupos delictivos armados o a que los edificios escolares se convirtieron en refugios improvisados para alojar a las personas que huyen de los barrios más violentos de la capital.
Incluso si se toma como referencia a toda la población del país, no sólo a quienes viven en las situaciones más extremas, la restricción del derecho a la educación queda en evidencia. Según la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, más de medio millón de niños haitianos, uno de cada siete, no puede ir a la escuela a causa de la violencia.
Según señala Plan Internacional, esta situación deja a los niños en una posición más vulnerable porque, al quedar fuera de los centros educativos, están más expuestos a ser reclutados por las bandas armadas y a convertirse en víctimas de violencia sexual y tráfico de menores, informó la agencia Efe. Esto impacta, por ejemplo, en un incremento de los embarazos adolescentes.
También se refleja en las expectativas de niños de apenas diez años que al ser entrevistados por la organización civil manifestaron su voluntad de volver a su barrio en Puerto Príncipe y unirse a las bandas armadas como un camino para conseguir recursos económicos.
En el último mes, más de 60.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, un número inusualmente alto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Este alarmante aumento de los desplazamientos pone de manifiesto el incesante ciclo de violencia que asuela la capital haitiana. Nunca habíamos visto a tanta gente desplazarse en tan poco tiempo”, dijo el jefe de la OIM en Haití, Grégoire Goodstein.
El fenómeno se concentra en la capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas controlan cerca de 85% del territorio. “Las personas que huyen de la violencia necesitan protección inmediata, comida, agua y refugio. La situación empeora día a día y, sin apoyo adicional, corremos el riesgo de asistir a una catástrofe humanitaria aún mayor”, agregó Goodstein.
Los datos de la OIM indican que el número de desplazados creció cada año y llegó a más de un millón de personas en total. A su vez, las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que 5.601 personas murieron por la violencia en Haití durante 2024, 1.000 más que en 2023.
Para los periodistas, informar a los haitianos en medio de esta crisis implica correr riesgos graves incluso en coberturas aparentemente sencillas. Por ejemplo, en diciembre, dos periodistas murieron cuando cubrían la inauguración de un hospital y la ceremonia fue interrumpida por un ataque a tiros.
Según informó Radio France International, el representante de la Unesco en Haití, Eric Voli Bi, dijo que las pandillas atacan “metódicamente” a los medios periodísticos para “silenciarlos”. “La situación es muy alarmante, muy preocupante, porque los medios de comunicación se están convirtiendo en objetivos”, dijo el funcionario a la agencia de noticias AFP.
Recientemente fueron atacados un canal de televisión y dos radios, dijo, y consideró que el objetivo es “impedir que llegue a los haitianos una información justa y transparente sobre la situación”. Sin embargo, los medios siguen trabajando en zonas peligrosas, destacó el funcionario de la Unesco.
Frantz Duval, el director del periódico más antiguo de Haití, Le Nouvelliste, describió la gravedad de la situación que enfrenta la capital haitiana en un editorial citado por The Guardian. Dijo que “al igual que Phnom Penh invadida por los Jemeres Rojos, Saigón absorbida por las tropas norvietnamitas, Trípoli tras la caída de Muamar el Gadafi, Saná tomada por los hutíes o Kabul tomada por los talibanes, Puerto Príncipe ha estado pendiendo de un hilo durante tanto tiempo que ahora cabe temer que los rumores y los gritos de angustia no sean meros ecos, sino el sonido de su colapso final”.
En medio de esta crisis, el diario informaba este lunes de la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con una política de su predecesor, Joe Biden, que daba un estatus legal temporal a migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela para residir en Estados Unidos.
Esta medida abarca a más de 530.000 personas. Aquellas que no hayan conseguido otro tipo de protección legal se exponen a deportaciones que las devuelvan al país del que tuvieron que huir.
Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (en inglés, International Youth and Students for Social Equality) condenan la rendición de la Universidad Columbia ante las demandas del Gobierno de Trump de imponer un régimen de censura en el campus.
Policías de la ciudad de Nueva York detienen a manifestantes contra el genocidio cerca del campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, 30 de abril, 2024 [AP Photo/Craig Ruttle]
La administración universitaria anunció el viernes una serie de medidas de gran alcance como prohibir el uso de mascarillas en el recinto; la contratación de 36 “oficiales especiales” con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad.
Además, la universidad anunció la adopción de una nueva definición de antisemitismo que incluye críticas a Israel y “ciertos dobles estándares aplicados a Israel”, una formulación que busca mezclar el antisionismo con el antisemitismo y reprimir la oposición a los crímenes del Estado israelí.
Las acciones tomadas por Columbia tienen vastas implicaciones para la libertad de expresión y los derechos democráticos, no solo en su propio campus sino en todo el sistema de educación superior en los Estados Unidos. Como escribió el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, en una declaración en X:
Una versión trumpiana estadounidense de lo que los nazis llamaron Gleichschaltung, la subordinación oficial de la vida intelectual y cultural a la ideología nazi, está siendo implementada por las principales universidades “liberales” estadounidenses.
Estas medidas no fueron impuestas a la fuerza a la universidad a través de coerción política ni una orden judicial. Fueron adoptados por la propia universidad, voluntariamente, con el fin de ganar el apoyo de Trump para la restauración de $400 millones en fondos federales que retuvo para forzar estos cambios. Columbia está actuando como un cómplice voluntario, trabajando mano a mano con el Estado para atacar a los estudiantes que protestan contra el genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza.
El 10 de marzo, el Gobierno de Trump envió una carta a más de 60 instituciones académicas, incluida Columbia, declarándolas bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y amenazando con nuevas medidas policiales y recortes de fondos. Apenas tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall.
Columbia también facilitó la captura de Mahmoud Khalil, quien fue secuestrado de su residencia cerca de la universidad el 8 de marzo y ha pasado las últimas dos semanas en un centro de detención en Louisiana, amenazado con la deportación. En su carta desde la cárcel publicada la semana pasada, Khalil escribió:
Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el Gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se mantuvieran fuera de control.
Antes de su arresto, Khalil había escrito a Columbia pidiendo ayuda contra las provocaciones derechistas de un profesor universitario. Fue ignorado.
Las universidades de todo el país están asumiendo el papel de ejecutoras de la represión estatal, arrestando a estudiantes, vigilando las protestas y castigando las expresiones de oposición al genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza. Esto comenzó bajo la Administración de Biden, que respondió a la erupción de las protestas universitarias el otoño pasado alentando la represión policial.
En la Universidad de Cornell, la Administración intentó suspender al estudiante de posgrado y ciudadano británico-gambiano Momodou Taal por su participación en una protesta pacífica el otoño pasado, lo que habría llevado a su deportación. Esta acción creó las condiciones para el intento de Trump, en los últimos días, de capturar y deportar a Taal como represalia por su presentación de una demanda federal que desafiaba las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales.
La dirección de la Universidad de Michigan pidió a la fiscala general demócrata Dana Nessel que presentara cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles propalestinos, como parte de un esfuerzo más amplio, liderado por los demócratas en Michigan, para criminalizar la oposición a la guerra y el genocidio. Más recientemente, la Universidad de Tulane ha presentado cargos disciplinarios contra siete estudiantes por participar en protestas fuera del campus exigiendo la libertad de Khalil.
La capitulación de Columbia y otras universidades ante la Administración Trump no puede explicarse simplemente por la cobardía de sus administradores, aunque ciertamente son cobardes. En las últimas cuatro décadas, la financiarización de la economía estadounidense y el dominio de la vida social por parte del mercado de valores han dado lugar a una nueva clase media-alta extremadamente rica. Esta capa, intelectualmente corrupta y separada de cualquier tradición democrática seria, ahora domina la cúpula de las universidades de élite.
Los fondos de Columbia llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales. La universidad está profundamente arraigada en el mundo de las altas finanzas.
Además, la presidenta interina Katrina Armstrong, que recibe más de $1 millón al año en salario, y la Junta Directiva están estrechamente vinculados al Partido Demócrata. De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo el miembro de la junta, Adam Pritzker de la multimillonaria familia Pritzker donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris.
El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, ahora socio del bufete de abogados Paul Weiss, forma parte de la Junta Directiva de Columbia junto con importantes financieros, directores ejecutivos y agentes políticos.
Significativamente, el bufete de abogados de Johnson, Paul Weiss, recientemente hizo su propia capitulación abyecta ante la Administración de Trump, anunciando un acuerdo con la Casa Blanca para proporcionar servicios legales pro bono por valor de $40 millones para causas seleccionadas por la Administración de Trump a cambio de la exención de una de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a bufetes de abogados y abogados. Un bufete de abogados que se adapta a las demandas del Estado deja de funcionar como defensor y se convierte en un instrumento de represión política.
Lo que se está exponiendo a través de estos desarrollos es que no existe una base de apoyo seria para la defensa de la democracia dentro del Estado, el Partido Demócrata ni cualquiera de las instituciones de la llamada “sociedad civil”. Trump no está actuando solo. Su asalto a los derechos democráticos se está llevando a cabo con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa.
Hace apenas una semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró la aprobación de un proyecto de ley presupuestario para financiar al mismo Gobierno que está implementando un plan sistemático para imponer una dictadura. El Partido Demócrata, independientemente de sus desacuerdos tácticos con la Administración de Trump centrados en la política exterior, es un partido de Wall Street y sectores privilegiados de la clase media-alta.
Lo que está ocurriendo ahora va mucho más allá del mccarthismo de la década de 1950. Es un asalto coordinado a los derechos democráticos más fundamentales de toda la población.
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) llaman a la más amplia oposición a este asalto a los derechos democráticos. Pero esta batalla no se puede librar solo en las universidades. La única base para la defensa de los derechos democráticos es la movilización política de la clase trabajadora, la gran mayoría de la población, independiente de ambos partidos capitalistas y basada en un programa socialista.
La clase obrera es una fuerza inmensamente poderosa, que puede derrocar al capitalismo y reestructurar la sociedad sobre la base del socialismo. El giro de la oligarquía capitalista a la dictadura está inextricablemente conectado con la guerra que se libra contra la clase trabajadora, en forma de asalto masivo a los programas sociales, el despido masivo de trabajadores federales y la eliminación de todas las regulaciones sobre las ganancias corporativas.
La abolición de la libertad de expresión en los campus universitarios será seguida por pasos para ilegalizar las huelgas y otras formas de protesta contra la explotación empresarial. Al mismo tiempo, está relacionado con una enorme escalada de la guerra imperialista, que ahora toma la forma de la expansión del genocidio y una guerra más amplia en todo Oriente Próximo, junto con los preparativos para la guerra contra China.
El JEIIS, el movimiento estudiantil y juvenil del Partido Socialista por la Igualdad, está luchando por construir un movimiento de jóvenes que esté orientado a una lucha por construir un movimiento en la clase trabajadora, en oposición a todo el establishment político, incluido el Partido Demócrata y todos sus apologistas y defensores.
Instamos a los estudiantes: ¡Asuman esta lucha! ¡Únanse al JEIIS!
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2024)
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