Indultar por Semana Santa, esa ‘bonita tradición’ de la que no disfrutará María Salmerón

Este tipo de indultos lanzan un mensaje confuso a la sociedad y, especialmente, desalentador a la población reclusa no católica, la mayoría. El indulto en este formato vincula de manera errónea “puesta en libertad” con ser un buen católico. Algo que para nada responde a los criterios de justicia y equidad que deben valorarse en su concesión.

Comparto con los representantes de Compromís en el Congreso que “la concesión de indultos por la Semana Santa nos acerca más a las dictaduras o regímenes teocráticos que a un Estado de Derecho” y que “por muy mayoritaria sea la religión y costumbre católica en España, otorgarle el privilegio de proponer a quién indultar y que el Gobierno lo acate, nos retrotrae al nacionalcatolicismo más negro”. Pero, en cambio, no puedo compartir su visión de que esta medida es partidista y no responde a criterios objetivos. Es cierto que la actual regulación del indulto necesita importantes mejoras (como prohibir que se conceda a condenados por corrupción o por alguna de las violencias de género), pero los principios en los que se inspira (justicia y equidad) son pilares fundamentales para la construcción de la política penitenciaria restaurativa que recoge nuestra Constitución. De ahí que esta sea una medida que deba tomarse en serio y no como parte del folclore religioso y/o popular o como una forma de devolver favores a las instancias de poder.

Precisamente, en estos días, el protagonismo de estos “indultos” avalados por las cofradías contrasta con el gran fiasco que ha resultado ser el indulto con el que “avaló” el Gobierno a María Salmerón. Acabamos de conocer como el Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que se le concedió a esta mujer víctima de violencia de género. Medida que la eximía de entrar en la cárcel a cumplir la condena de seis meses de prisión que se le había impuesto por desobedecer la medida de custodia que compartía con el padre de su hija, un hombre condenado a 21 meses de prisión por maltratarla.

La decisión que ahora adopta el Supremo nace de un recurso interpuesto por el propio hombre condenado y por una asociación que dice defender a los perjudicados por la Ley de Violencia de Género. La sentencia sostiene que el Gobierno, cuando concedió el indulto parcial, no acreditó suficientemente las razones de justicia y equidad que son necesarias para su concesión. También añade el Supremo que, al no ser un indulto total, María Salmerón debía cumplir la condena sustitutoria (30 días de trabajos en beneficio de la comunidad) y pagar a su maltratador la cuantía correspondiente a la responsabilidad civil. Algo que al parecer no ha hecho. En su defensa, María Salmerón, afirma que de lo primero no ha recibido notificación y que a lo segundo no ha podido hacer frente, pero que su ex ya está cobrando la indemnización se le han embargado las cuentas a tal efecto. A todo esto, la hija común, de 17 años, se niega a ver al padre.

Dos hechos bien distintos ante la misma hipotética medida de gracia. Frente a ellos, el Gobierno actúa desde miradas y creencias muy dispares. Mientras que, a la Iglesia Católica, año tras año, le otorga el privilegio de solicitar indultos que le sirven para dar cumplimiento a sus tradiciones y dogmas; a una mujer víctima de violencia de género le perdona a regañadientes y de forma parcial, dejándola expuesta al hostigamiento del hombre que la maltrató y condenándola a la ruina económica que implican el laberinto judicial en el que se tiene que embarcar para defender algo que las leyes dicen proteger: el interés del menor.

No es nuevo el distinto rasero que usan los poderes a la hora de velar por la justicia y la equidad pero nunca está de más anotar en el margen como se arraigan privilegios y desgastan derechos. Esto sí que viene siendo una tradición en el Gobierno de Rajoy.

Fuente: https://www.eldiario.es/zonacritica/Indultar-Semana-Santa-Maria-Salmeron_6_754934526.html

Comparte este contenido:

España: No a los vientres de alquiler, sí a la gestación subrogada

Por Violeta Assiego

Estar en contra de la mercantilización no implica necesariamente estar en contra de la regulación de la gestación subrogada

Qué sucedería si abordáramos el debate diferenciando entre vientres de alquiler y gestación por subrogación? ¿Qué ocurriría si no diéramos por hecho que ambos conceptos describen la misma realidad? ¿Podríamos diferenciar situaciones en las que prevalece el negocio sin escrúpulos y la explotación de la mujer de aquellos otros casos en los que, de forma no lucrativa, se ofrece a gestar para quienes no pueden hacerlo? De ser así, tendríamos por un lado los vientres de alquiler y por otro la gestación por subrogación sin ánimo de lucro. ¿Tiene algún sentido diferenciar términos y, por tanto, realidades?

El debate de la gestación por subrogación se encuentra en un bucle perverso en el que, entre otras cosas, se cuestiona sistemáticamente y sin diferenciar, si las mujeres somos capaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas y vivir en un sistema capitalista. Por supuesto que deben prohibirse todas las formas de explotación de la mujer, pero denunciarlas, perseguirlas y prohibirlas no puede convertirse en una cruzada negacionista de la soberanía que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos. Soberanía que no puede supeditarse al deseo que tienen quienes quieren conformar una familia biológica, tal y como se desprende de la proposición de ley que acaba de presentar Ciudadanos.

Si separamos ambas realidades, los vientres de alquiler no deben regularse en ningún caso por la explotación y abuso que implican, pero tampoco podemos dar la espalda a la posibilidad de que haya mujeres que deseen gestar para otros sin ánimo comercial y bajo un estricto marco legal que no les reste autonomía. Admitirlo conllevaría regular la gestación por subrogación, una práctica que a día de hoy nos parece anti-natural, como en su momento nos lo parecía la reasignación de género, la interrupción de un embarazo, la fecundación in vitro o los trasplantes de órganos. En todos estos casos, el bien jurídico último a proteger es la dignidad de la persona, pero en todos ellos se ha comprobado que es mucho mejor regular antes que dejar esos vacíos que aprovechan sin escrúpulos «las leyes de los mercados» ante los deseos de quienes pueden pagárselos, aunque sea a costa de las vidas de los más vulnerables.

Esto no supone estar a favor de los vientres de alquiler sino abrir el debate sobre regular la gestación subrogada y nombrar las dudas que nos suscita a todas. Estar en contra de la mercantilización no implica necesariamente estar en contra de la regulación. Porque puede darse sin perseguir fines lucrativos, es decir, sin la intermediación de las empresas y sin beneficio económico para la mujer gestante (exceptuando los gastos derivados del proceso). Pero regular la gestación tampoco puede servir para reconocer ahora el inexistente derecho a tener hijos, algo que no está recogido en figuras como la adopción de menores, que es una medida de protección a la infancia, no de creación de familias. Sería interesante que, con el debate de la gestación, no se añadiera confusión a este asunto.

Para lo que sí tiene sentido la regulación es para reconocer la posibilidad legal de que una mujer geste una criatura «por solidaridad» para quienes no pueden. Enpetit comité hay mujeres que valoran esa opción a favor de otras mujeres y hombres de su entorno cercano cuando entre ellos existe un vínculo emocional. Es paternalista pensar que una mujer, por el solo hecho de serlo, no tiene capacidad para decidir.

También lo es sacralizar la experiencia del embarazo como si fuera igual para todas o hablar de ello solo como una práctica de riesgo, como si la mujer no fuera capaz de discernir a qué situaciones quiere o no exponerse cuando actúa desde su propia autonomía. De hecho, hablando en términos de libertad y vulnerabilidad social, puede ser mucho más libre una mujer que decide gestar para otros sin mediar lucro que aquella que da a su hijo en adopción. Paradójicamente, no se han escuchado las voces del feminismo alzarse a favor de esas madres biológicas que renuncian forzosamente a sus hijos fruto de las situaciones de pobreza y desigualdad que viven en sus países de origen y también en España.

Hablemos, por tanto, de esa gestación por subrogación que englobe un enfoque de derechos de la mujer gestante y permita frenar la actual intermediación de agencias y empresas privadas cuyo único objetivo es lucrarse. Hacerlo, persiguiendo la explotación que conllevan los vientres de alquiler, podría representar un avance en el empoderamiento de la mujer sobre su cuerpo y en la creación de unidades familiares que se alejan de los modelos tradicionales de familia.

Es momento de escuchar a quienes ofrecen otros enfoques y otras historias que hablan de la soberanía de la mujer y tienen presente el bien común. Callarlas sin más solo sirve para hacerle el juego a quienes se frotan las manos con este tema y se llenan los bolsillos a costa de la polarización de un asunto del que deberíamos poder hablar.

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/vientres-alquiler-gestacion-subrogada_6_661143902.html

Comparte este contenido: