Year: 2016

Por: Juan Navarro de san pio.

Esta semana, en clase de Filosofía, hemos estado reflexionando sobre el significado de la frase «Es lo que hay». Quien calla al escuchar esta frase permite ser sometido por un poder impersonal y difuso que elude sus responsabilidades. Mis alumnos han llegado a la conclusión de que una sociedad entregada a la indiferencia y a la resignación acaba enfermando.

Una sociedad que acepta lo inaceptable se instala rápidamente en el conformismo. ¿Se debe empezar un curso sin saber qué materias deben elegir los alumnos? ¿Por qué iniciarlo cuando se desconoce el modo de evaluación de los contenidos? ¿Tiene sentido enseñar esta actitud crítica y al mismo tiempo guardar silencio sobre esta negligencia educativa?

El curso 2016-2017 se ha iniciado sin disponer de información concreta sobre las pruebas de Evaluación Final (o reválidas), en la ESO y Bachillerato. Esta situación está generando una situación de incertidumbre y angustia entre alumnado, familias y profesorado. Lo que se conoce a día de hoy es únicamente una descripción general de la estructura de las pruebas (BOE 310/2016, 29 de julio), que fue publicado cuando los alumnos ya se habían matriculado. También que la aprobación de la Evaluación Final de Bachillerato durante este curso, y de modo excepcional al ser el primer año de aplicación, no será una condición necesaria para obtener la titulación de esta etapa educativa pero sí para acceder a los estudios universitarios.

A partir de ahí reina el silencio, la confusión y la irresponsabilidad. La indefinición que existe todavía respecto al modelo de examen de cada materia ocasionará consecuencias muy graves para la formación adecuada de nuestros alumnos y, especialmente, para sus aspiraciones académicas y profesionales. Esto significa que probablemente el profesor tendrá que modificar su programación didáctica a mitad de curso para ajustarla al tipo de evaluación determinada de los contenidos de su materia; lo que supondrá, en la práctica, tener que improvisar una estrategia de supervivencia para que el alumno no se estrelle en los exámenes tan decisivos que tenga que hacer. Esta indeterminación en el modo de evaluar los contenidos también resta coherencia y fiabilidad a la elección de los materiales didácticos de cada materia.

No se sabe tampoco si el sistema de ponderaciones académicas existente hasta ahora se mantendrá o no. Mediante este sistema, el alumno sabía hasta ahora si debía cursar una materia en función del valor que se le otorgaba, en tanto que formación requerida para acceder a un grado universitario. Así la calificación obtenida en la PAU tenía dos partes: una general (de 0 a 10 puntos) y otra específica (marcada por las ponderaciones, hasta un máximo de 14 puntos).

Es decir, que un alumno podría encontrarse con la circunstancia de no haber elegido adecuadamente, por falta de información, aquellas materias que más le van a favorecer para su acceso a la Universidad. Así, por ejemplo, un alumno podría tener una mayor nota de corte dependiendo del valor que tuviese la materia para acceder a un grado universitario. Al no conocerse cuál será ese valor de ponderación si es que habrá alguno, se deja al alumno en una situación de absoluta desorientación académica. Pero el problema es más grave todavía, si se tiene en cuenta que el alumnado también tendrá que examinarse de materias de 1º Bachillerato, que este año no cursan, sin saber el modelo de examen al que habrán de hacer frente y sin posibilidad ya de recibir una preparación específica.

Ni siquiera se conoce el calendario de las pruebas: ¿Cuánto tiempo tendrán los alumnos para estudiar una vez hayan concluido 4ª ESO o 2º Bachillerato? Tampoco está clara la composición de las comisiones de evaluación, que son quienes convocan a principio de curso a los profesores de cada materia para explicarnos el funcionamiento concreto de la prueba. Nadie sabe nada de todo esto.
La incomparecencia del Gobierno y la desidia parlamentaria de la oposición, que ha sido incapaz de derogar la LOMCE o, al menos, la eliminación o aplazamiento de los aspectos más conflictivos, como las reválidas–, son los responsables de esta insólita situación. Hay un sentimiento de incredulidad, hastío y cierta resignación en la comunidad educativa. Afortunadamente, han aparecido ciertos gestos de lucidez y resistencia crítica, como la admirable iniciativa de un alumno de la ESO, Isidoro Martínez, capaz de recoger más de medio millón de firmas en unas semanas. Pero hace falta una movilización inmediata de todos los sectores educativos para detener este despropósito educativo que está truncando las esperanzas del alumnado de ESO y Bachillerato. ¿Qué se puede hacer, entonces?
Dar a conocer a toda la sociedad civil las consecuencias nefastas que está teniendo –y tendrá– la falta de información y concreción en las pruebas de Evaluación Final o reválidas.
Exigir el inmediato aplazamiento de las reválidas al no haberse presentado con suficiente antelación la estructura y contenido de las mismas.

Demandar responsabilidades políticas a quienes han tomado estas decisiones educativas (por acción u omisión) que tan gravemente perjudican el proceso de aprendizaje y enseñanza de los alumnos. Pues no hay que olvidar que, sea cual sea la opción que se adopte finalmente reválida o prolongar un curso más la PAU, el daño ya está hecho dado que supondrá la modificación de la programación y de los materiales didácticos, sin suficiente tiempo de preparación y desarrollo.

Si no reaccionamos pronto, la situación se complicará todavía más. Hoy «lo que hay» es un enorme despropósito educativo consentido por la comunidad educativa e ignorando por parte de la sociedad. Y, sin embargo, parece que hayamos empezado el curso como si nada inadmisible hubiese sucedido. En nuestras palabras y actos está la posibilidad de un rechazo masivo, una rectificación inmediata y una depuración de responsabilidades.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2016/09/27/desgobierno-apatia-parlamentaria-responsabilidades/1810182.html

Imagen: http://www.abc.es/Media/201208/17/7355317–644×362.jpg