Circunstancias políticas

Chaco desplazó a Santa Cruz y este año lidera el ranking de provincias con más cantidad de huelgas docentes. Desde que comenzó el ciclo lectivo, en marzo pasado, en esa provincia ya hubo 35 días de paro de los gremios educativos. Santa Cruz, que batió todas las marcas en 2017 y tuvo que extender el ciclo de ese año hasta abril de 2018, contabiliza 14 días sin actividades en las aulas y Salta, con 12 jornadas de protesta gremial, completa el trío más complejo de un panorama que se extiende en todo el país.

Según un relevamiento del Centro de Investigación en Política Educativa y Educación Superior de la Universidad Austral, lo paradójico de las huelgas docentes de 2019 es que mayoritariamente suceden en momentos en que los acuerdos salariales alcanzados con las administraciones provinciales son mejores que el año pasado y más cercanos a los índices de inflación oficiales.

«La dinámica que observamos es de continuo y permanente agravamiento del conflicto. Las circunstancias políticas tienen un peso creciente, y no solo por la politización de los gremios que resulta evidente, sino también por el uso político que hace el Gobierno del tema», sostuvo Julio Durand, que lideró esta investigación y es el director de la maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Escuela de Educación de esa casa de estudios.

«Esto se vio claramente el año pasado al empeñarse la provincia de Buenos Aires en mantener abierto el conflicto, negándose a admitir el deterioro y los estragos que estaba produciendo la crisis económica en el poder adquisitivo del salario docente. Este año se ha buscado un acuerdo temprano, lo que veníamos recomendando, y de esa manera dejar en evidencia manipulaciones de carácter electoral que puedan encarar los actores gremiales», amplió Durand.

De las 24 provincias, aún no lograron acuerdos paritarios salariales para este año Córdoba, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y San Luis. En 2018, por esa situación pasaron Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los gremios de Formosa alcanzaron el mejor aumento para el actual ciclo lectivo, 42% en dos tramos, le siguen los de Santiago del Estero, 40%; Salta, 38% de forma escalonada; Chubut, 37,9%, y Chaco, con 30%. En cambio, en cinco distritos los sindicatos solo obtuvieron incrementos menores al 20%. Fueron los casos de Jujuy (10%), Santa Fe (15%), Río Negro (15%, en tres tramos), Buenos Aires (15,6%) y La Pampa (16%).

El relevamiento permitió conocer que el promedio de días de paros en las provincias en lo que va del actual ciclo lectivo es de 6,12 jornadas. En 2018, el promedio total fue de 18,33 días y en 2017, de 17,33. «Si se toma el promedio de los días de paro efectuados hasta el 7 de mayo de 2018, este fue de 5,16 días. Esto refleja que, hasta el momento, 2019 es más conflictivo que el año pasado con respecto a la cantidad de días que los alumnos de todo el país llevan sin clases, dado que se supera el promedio obtenido hasta el 7 de mayo de 2018 por 0,96 días», señaló el trabajo de la Universidad Austral.

En 2018, los alumnos más afectados por la falta de clases fueron los de Neuquén (55 días de paro), Chaco (54), Santa Cruz (33), Chubut (32) y Buenos Aires (30). En solo dos distritos se registraron menos de diez días sin asistencia al aula: Santiago del Estero (6) y San Luis (9). En el resto del país, las huelgas quitaron entre 10 y 18 días de clases, aproximadamente, al calendario oficial.

Si se mira en cambio el conflicto desde el punto de vista de las negociaciones paritarias, este año el promedio de aumento fue de 25,08%, mientras que el año pasado fue de 23,83%. Al menos en seis provincias (Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán), las mejoras salariales se darán de forma escalonada a lo largo del año.

En todos los distritos del país ya ha habido al menos un día de paro este año. Por lo cual otra vez no se cumplirá la meta mínima de 180 días de clases fijada por la ley 25.865, aprobada en 2003. Y mucho menos, la posibilidad de caminar hacia los 190 días de clases establecidos por las resoluciones 94/10 y 165/11 del Consejo Federal de Educación, que buscaba de forma progresiva sumar días de trabajo en el aula.

Ante la consulta de LA NACION, Durand no negó que 2019 pueda ser uno de los de mayor conflictividad de los gremios docentes, teniendo en cuenta que coincide con un año netamente político con las elecciones de recambio presidencial que sucederán en octubre próximo. «Podría ocurrir que algunos sectores políticos intenten mostrar una imagen de moderación que no han tenido en años anteriores, tratando de ‘lavar’ la dinámica extorsiva que le dieron a sus acciones en el conflicto docente», argumentó el especialista en educación.

A su criterio, «la preocupación por el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clases ha sido puramente declamativa, sin acompañamiento efectivo de acciones o sanciones. Lo más efectivo se puede observar en provincias como Mendoza que adoptaron la cláusula de presentismo, logrando quebrar la dinámica de pérdida de días de clases. Claramente, esta sería otra recomendación de acción a generalizar para cambiar el escenario decadente y de perjuicio a los chicos».

El informe relevó la situación hasta el 7 del actual. «Si bien a esta altura del año [en alusión a fin de abril] la cantidad de provincias que han cerrado sus paritarias supera por una a la cantidad de distritos que en marzo de 2018 alcanzaron sus acuerdos, esto no quiere decir que la conflictividad haya mermado de un año a otro. La cantidad de días de paro que se efectuaron en 2019 es un indicador de que el conflicto no ha disminuido, sino que escala año tras año».

No solo se efectuó un relevamiento sobre la situación en cada una de las provincias, sino que también se plantean algunas sugerencias como «sacar a los chicos de la ecuación del conflicto docente».

El trabajo de la Universidad Austral plantea que «no es verdad que el único modo de visibilizar el reclamo docente sea la pérdida de días de clases. Esto debería ser lo último en ejecutarse y no un mecanismo habitual como lo es desde hace muchísimos años».

Al recordarse que «la educación pública y los chicos de sectores vulnerables son los más afectados por la pérdida de días de clases», ese relevamiento advirtió que «la politización del conflicto lo único que ha logrado es perjudicar a los más vulnerables» y que «tampoco parece haber una política pública claramente delineada para la educación y acompañada de los recursos acordes».

En ese aspecto, se advierte que «el ajuste económico que el país todo se ha visto obligado a sufrir por el desmanejo de gobiernos sucesivos se agrava si no se mantiene una línea constante o una política de Estado en cuestiones educativas de fondo que permita medir y avanzar en la dirección correcta».

Además, se señaló que «la opinión pública considera que el gasto público excesivo nunca se da en educación y esto es objetivamente comprobable si se atienden los indicadores presupuestarios, el deterioro edilicio y el deterioro de los salarios docentes, entre otros tantos aspectos», por lo cual hace hincapié en que «la politización del conflicto lo único que ha logrado es perjudicar a los más vulnerables».

Aunque suele ser usual que los funcionarios públicos responsables de la educación adviertan ante la pérdida de días de clases que se buscarán formas de compensación, Durand admitió que esa posibilidad es «siempre parcial y relativa».

«Se puede atorar a los chicos y cumplir con los contenidos mínimos, pero claramente el daño se ha producido. Además existen daños colaterales a las familias más pobres, con chicos expuestos al abandono por ausencia de los dos padres trabajadores», advirtió.

¿Podría encontrarse un mecanismo que permita mantener la discusión salarial sin perjudicar la enseñanza en el aula? Para Durand, «la sugerencia no es limitar la discusión al tema salarial, sino realizar un abordaje integral de la profesión docente que lleve a la reforma del estatuto docente, al rediseño de la

formación docente con la transformación de los Institutos de Formación Docente en instituciones de nivel universitario, con carreras de nivel y titulación universitaria».

En ese camino de articulación entre el conflicto gremial y la enseñanza, concluyó también en la necesidad de «la ampliación de la autonomía de cada escuela y su equipo directivo para impulsar proyectos educativos de calidad, premiando el desempeño virtuoso de los buenos docentes, disponiendo planes de mejora para los desempeños deficientes».