A través del tiempo la previsión social adoptó diversas formas influenciada por la estructura poblacional y laboral del país, además de la constante utilización de los fondos jubilatorios para transferir recursos a empresas y fondos privados, como las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los 90.

Desde la época de la dictadura militar del 76´ la desocupación y la informalidad crecieron de manera constante ocasionando un grave problema al sistema en su conjunto, volviéndose un motivo de debate en la actualidad. Así, el nivel de empleo y aportes actuales tienen una relevancia fundamental para abordarlo.

La situación es preocupante tanto para los trabajadores activos como para jubilados y pensionados que dependen del sistema de solidaridad implementado a partir del 2008. Ello genera tensiones institucionales y reclamos de las organizaciones sindicales, de jubilados y autoconvocados en todo el país.

El jueves 22 de julio se llevó a cabo una jornada nacional de lucha que tuvo réplica en Capital Federal, Salta, Rosario, Misiones, Rio Negro, Córdoba y Santa Cruz, entre otros, exigiendo un aumento de emergencia; una mínima de $120.000; movilidad automática por inflación y por sueldos; entre otros reclamos.

A su vez, en Córdoba, el problema de las jubilaciones provinciales sigue latente ante las modificaciones de la ley. La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) hace poco más de dos meses lanzaron una “Consulta Popular por la reforma del Régimen Jubilatorio” que contempla la derogación de la Ley 10694; la derogación del diferimiento de dos meses en el cobro de aumentos a los jubilados; el cumplimiento del pago del 82% móvil y la eliminación del descuento por doble beneficio.

Composición del trabajo y aportes

La vida laboral en el país comienza a muy temprana edad. Según el INDEC alrededor de 742.000 niños y niñas de 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva. Está claro que ninguno de ellos se encuentra regulados por la ley y lo más preocupante es la condición en que lo realizan: uno de cada tres manifestó tener cansancio y exceso de frío o calor al efectuar su trabajo.

La actividad es aún más intensiva entre los adolescentes de 16 y 17 años, donde 520.000 realizan al menos una. Además, el 64% de ellos se encuentran bajo relaciones salariales de tipo precario o con acuerdos cuentapropistas informales.

Dentro de la población considerada económicamente activa no es menos preocupante la situación: la cantidad de desocupados sumada a la de ocupados y subocupados demandantes llegó el mes pasado a superar las 6,2 millones de personas rozando el 30% del total de la población económicamente activa. Y de los cerca de 20 millones de ocupados en el país sólo 9,4 millones cuenta con aportes jubilatorios.

A lo largo del tiempo el Estado aprobó distintos planes financiados desde el fondo del Sistema Integral de Previsión Social (SIPA) para paliar levemente la pobreza. En la actualidad, el régimen de Asignaciones Familiares supera las 10 millones de personas y según el INDEC para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se presentaron más de 13,4 millones de personas como solicitantes. El mismo informe comenta que “el porcentaje hubiese sido mucho mayor si se tuviera en cuenta a todos los integrantes que conforman el hogar”.

Esta situación que afecta a millones de familias sin posibilidad de obtener los ingresos suficientes para su subsistencia, ni siquiera aún teniendo posibilidades de trabajar, también crea un gran agujero negro en el sistema solidario de previsión.

Condiciones de vida de los jubilados en la actualidad

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en lo que va del año hubo una inflación del 36,2%, y los alimentos 40%, causando una fuerte devaluación que deterioró los ingresos de toda la población trabajadora del país. El Índice salarial hasta el mismo mes de mayo establece que los trabajadores registrados aumentaron su salario en 28,1%, y los no registrados un 22,3%, muy por debajo de la inflación en el mismo periodo.

Específicamente, un informe de InfoRegión reveló que la suba de alimentos, medicamentos y gastos de vivienda a fines de junio hizo llegar la Canasta Básica Total de los adultos mayores a los $107.300, lo que equivale a casi tres jubilaciones mínimas.

Así vemos como el mínimo jubilatorio legaliza la indigencia encontrándose actualmente en $37.525, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se encuentra en $30.000. Son alrededor de 310.000 adultos mayores los que cobran ese monto mínimo.

Además, a partir de los 60 años se acrecientan los problemas relacionados a la salud, ocasionando gastos aún mayores en el sostenimiento de la vida. De cada 10 personas de 60 años y más, 6 tienen hipertensión arterial y alrededor del 27% cuenta con alguna discapacidad. También se acentúan aún más los problemas relacionados a dolores, movilidad, ansiedad y depresión, entre otros.

Ante dicha situación muchos adultos mayores deben seguir con algún tipo de actividad laboral para sostener un mínimo de ingresos. Según el Dossier Estadístico de las Personas de Edad del INDEC uno de cada cuatro adultos mayores sigue trabajando para garantizar su vida.

En la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2021 del mismo organismo menciona que casi un millón de personas mayores a 60 años realizan algún tipo de trabajo para subsistir.

Financiamiento y utilización de los recursos

Por su lado, la preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina es el equilibrio fiscal. El mismo busca reducir los gastos sociales, de inversión productiva y desarrollo económico del país en pos de garantizar el pago de intereses de la deuda. Una de las variables de ajuste buscan ser las jubilaciones ya muy deterioradas por lo comentado anteriormente.

Esto lleva a organismos como el Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC) a elaborar gran cantidad de materiales con el fin de justificar un aumento de la edad jubilatoria y así lograr instalar lo que parece irremediable: un ajuste aún mayor a los jubilados presentes y futuros.

Lo cierto es que Argentina se encuentra entre los países con mayor edad jubilatoria de toda Latinoamérica, junto con Brasil, Chile, Costa Rica y Honduras, y sólo por debajo de México donde se jubilan a los 68 años.

Dicha situación se modificó por última vez en 1993 bajo el gobierno de Menem estableciendo explícitamente un aumento en la edad jubilatoria. En en 2002 el Gobierno Nacional, a través del decreto 1934/2002, “flexibilizó” el mínimo impuesto por la ley anterior permitiendo su ingreso con menos años dependiendo de algunas condiciones específicas, por ejemplo la cantidad de años de aportes o la reducción del monto a cobrar hasta cumplir los años correspondientes. (WEB)

La forma de financiamiento actual a través de un sistema solidario es relativamente reciente. En 2008 se impulsó la Ley 26.425 del Régimen Previsional Público que modificó el esquema de los aportes, pasando de ser administradas por las AFJP, a manos del Estado Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El FGS sirvió para realizar múltiples operaciones dentro del sistema financiero donde el Estado podría invertir parte de ese capital en la compra de títulos/bonos y participar en la compra de acciones de empresas privadas, con el motivo de “resguardar” los aportes jubilatorios.

En el año 2009 logró posicionarse como uno de los cuatro fondos con mayor crecimiento del mundo. Aunque, la fragilidad del sistema salió a la luz cuando al terminar el gobierno de Macri el FSG redujo su valor en 9.000 millones de dólares. En la actualidad se encuentra en alrededor de 51 millones de dólares superando el monto máximo registrado en 2017.

De todas formas, una diferencia a destacar respecto de 2015 es la composición de la cartera de inversiones, ya que en ese entonces los proyectos productivos y de infraestructura representaban el 12,9% del total mientras que hoy son el 3,3%. Lo cierto es que las mayores inversiones del FGS se encuentran en Banco Macro S.A, Telecom Argentina S.A., Grupo Financiero Galicia S.A.y Ternium Argentina S.A., financiando sus proyectos privados.

Hace poco más de un mes el exdiputado Juan Carlos Díaz Roig, dijo en una comisión del Senado que “¿Por qué no utilizamos esa rentabilidad para subir la base de la jubilación mínima y anular la PUAM?”. Frente a la situación descrita con anterioridad, dicha pregunta pareciera ser la más lógica de todas.

Aunque al parecer no se tiene prevista dicha operatoria, ya que en marzo de este año el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Anses comenzaron a definir los sectores donde serán invertidos los recursos del FGS. El presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, comentó que trabajaban “para definir los sectores estratégicos donde se van a aplicar esos recursos” con la idea de que se destinen a sectores “productivos” del país.

Así, las necesidades actuales se continúan postergando y la única planificación es atar nuestra futura jubilación a los rendimientos otorgados por el mercado financiero y las empresas privadas más grandes del país.

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