América del Sur/Chile/03-09-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
3R TV de Chillán entrevistó al Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile en su paso por la capital del Ñuble a raíz de la movilización nacional contra los Servicios Locales y en favor del fortalecimiento de la Educación Pública.
Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/08/31/3r-tv-fuerte-y-claro-carlos-diaz-marchant/
Por Eduardo Flores Castro
Los procesos de globalización entendidos como estrategias para establecer uniformidad en principios, costumbres, gustos y preferencias de consumo, tienen una larga historia propia de la expansión de los imperios. En la actualidad, estos procesos han sido impulsados por el desarrollo tecnológico y económico.
Los efectos de la globalización se extienden más allá del mundo económico y de esto no escapa la Educación Superior. Debatir sí la educación superior es un derecho social o una mercancía, es reflexionar sobre ¿Qué tipo de sociedad deseamos construir? ¿Qué ciudadanos deseamos formar? y ¿Cuál es el desarrollo al cual aspiramos? Ello es así porque, desde nuestra perspectiva, la educación superior es un derecho social, cuya regulación no debe ser función del mercado; sino del Estado que debe velar por el desarrollo de su país.
La globalización requiere de la formación de recurso humano con capacidad de adaptarse a los cambios en el mundo laboral, por lo que pierde vigencia una formación para toda la vida. Estas nuevas reglas del juego en la formación profesional representan un reto para la educación superior, pero a la vez compromete los principios y valores de las instituciones universitarias, que se enfrentan a la disyuntiva de educación para el empleo, o que hay ciertos conocimientos que deben ser propios de todo ciudadano.
La intensificación de los procesos de globalización en la educación superior, han implicado que los recursos económicos para la investigación también estén sujetos a la inmediatez de los resultados; en contraposición a la importancia de investigar en ciencias básicas, humanísticas y sociales.
El modelo de educación vista como mercancía tomó mucha fuerza a partir de los 90’s, cuando en el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, se introduce a la educación como un servicio susceptible de ser tratado como mercancía y ser liberalizado. Con ello devienen cambios en la política educativa a nivel mundial. Políticas ante las cuales se plantearon firmes posturas alertando de las consecuencias negativas para las universidades latinoamericanas, como es el caso de la asumida en el 2004 por la Unión de Universidades de América Latina.
Aplicar un modelo de comercialización a la docencia e investigación universitaria es ir en contra de los principios que sustentan nuestras universidades. Es crucial que generemos nuestro propio modelo educativo, como producto de nuestra historia, realidades, necesidades y sueños.
La Organización Mundial de Comercio sugiere que el Estado no debe financiar los productos, servicios, incluyendo la educación superior. Bajo esta visión, el Estado deja de ser el responsable y garante del derecho a la educación, y se convierte en garante para que la educación privada pueda competir en igualdad de condiciones. Así, los estudiantes pasan a ser clientes y las universidades son empresas que deben competir entre ellas y adaptar su oferta educativa para captar más clientes. Esto cercena el derecho a la educación de clases más bajas o clientes poco rentables y elimina el concepto de la educación superior como un derecho humano.
No se cuestiona el derecho privado en la gestión de la educación superior, sino la aceptación de ver transformada la educación en comercio y que los Estados renuncien a su poder de establecer los principios básicos para la formación de los ciudadanos y velar por una educación pertinente y de calidad.
La Universidad de Panamá está inmersa en una economía de libre mercado. De acuerdo al Banco Mundial, Panamá será el país que más crecerá en América Latina en el 2018. Sin embargo, en contrapartida, según el mismo Banco Mundial, somos el décimo país del mundo con la peor distribución de la riqueza, donde el 10% más rico tiene 37 veces más ingresos que el 10% más pobre.
Bajo este dramático contraste, la Universidad de Panamá ha contribuido y contribuye, desde su fundación en 1935, como instrumento de escalafón social. Durante sus 83 años ha aportado al país 250,000 profesionales en diversas disciplinas que abarcan 160 carreras de pregrado y 130 de postgrados. Además, ha sido el nervio motor en el fortalecimiento de nuestra identidad como nación.
La Universidad de Panamá con una matrícula de 65,000 estudiantes, está presente en todo el país, en nuestras diez provincias. Incluso tenemos diez programas universitarios en comarcas indígenas, un programa especial en la cárcel de mujeres y otro en un reclusorio de varones.
De igual forma, por el carácter social de esta institución, ofrece 37 carreras que tal vez no demanden los sectores empresarial y que no ofrecen las universidades particulares; pero que son necesarias para el desarrollo integral de la sociedad. Carreras como: Filosofía, Historia, Sociología, Bellas Artes, Economía, Física, Matemática y Ciencias Agropecuarias.
La educación como bien público debe producir conocimiento relevante a sus sociedades, debe dirigir sus esfuerzos en el logro de un desarrollo social y ambientalmente sustentable, y así contribuir a una mayor equidad entre los pueblos, y donde tenga cabida la construcción de la ciudadanía nacional y global.
Fuente del artículo: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/educacion-superior-globalizacion/24070951
Chile / 25 de enero de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Página 12
El mandatario electo de Chile presentó a su gabinete; el nombramiento en Educación generó polémica
La designación de Gerardo Varela, abogado especialista en fusión de empresas y sin experiencia en temas educativos, recibió fuertes críticas de referentes estudiantiles, como Camila Vallejo. El gabinete es marcadamente conservador.
El presidente electo de Chile, el conservador Sebastián Piñera, presentó ayer en la sede del Congreso Nacional, en Santiago, a quienes integrarán a partir del 11 de marzo próximo el gabinete de su segundo gobierno. Los nombramientos, especialmente en los ministerios de Educación y Desarrollo Social, generaron polémica en diversos sectores de la sociedad chilena.
El gabinete del político derechista estará compuesto por 16 hombres y 7 mujeres, de los cuales hay cinco ministros que ya formaron parte de su anterior mandato (2010-2014). Entre ellos, el neoliberal Felipe Larraín al frente del Ministerio de Hacienda. En Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y Secretaría General de Gobierno (Portavoz) Cecilia Pérez, repiten el mismo cargo. También acompañarán por segunda vez a Piñera el canciller Roberto Ampuero, quien anteriormente fue ministro de Cultura, y el responsable de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que fue ministro de Relaciones Exteriores y hace un año asumió como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cúpula patronal chilena.
Moreno, quien reemplazará al actual ministro comunista Marcos Barraza, sostuvo que una de sus metas será lograr “un progreso económico” acompañado de “un progreso humano que ayude a la calidad de vida de las personas”.
“Hay que modernizar la democracia, nuestras instituciones, al Estado, para que esté al servicio de los ciudadanos”, afirmó s Piñera, el acaudalado empresario de 68 años, quien recalcó que el sello de su Administración será “el progreso social”.
La designación de Moreno no pasó desapercibida y el senador por el Partido Socialista, Alfonso de Urresti, dijo al respecto en su cuenta de Twitter: “Me parece un contrasentido que el líder del principal conglomerado empresarial del país, como es la CPC, se haga cargo de un ministerio que se encarga del desarrollo social de nuestro país”.
Sin embargo, la lluvia de críticas vino en torno al nombramiento de Gerardo Varela al frente del Ministerio de Educación. El abogado ha hecho discurrir sus opiniones liberales en los medios conservadores chilenos El Líbero y El Mercurio. “La educación, como lo salud y la seguridad, son tanto derechos como bienes económicos”, señaló el pasado 18 de agosto del 2017 en su columna en el portal El Líbero. “La educación escolar, además, es una obligación para los padres. Pero la educación es también un bien económico; desde luego se puede comprar (…)”. Además, agrega, la solución para la educación “no es la gratuidad ni la prohibición del lucro –y menos de la selección y el copago–, sino que el desafío es cómo seguir atrayendo inversiones, competencia y talento”. Con estos términos, hizo referencia a los cambios que hubo al respecto durante el gobierno de Bachelet. Uno de los puntos era la eliminación gradual del financiamiento compartido o “copago”, que es el monto adicional que pagan los padres en algunos colegios subvencionados.
En cuánto al Estado, continuó Varela, tiene la obligación de asegurar “un mínimo de calidad”, y otorgar “becas o préstamos a los que no tienen los medios”. Su crítica más dura al gobierno que termina el 11 de marzo se dirigió a las políticas universitarias:”Lo peor es lo que ha hecho este gobierno: negar a la educación su naturaleza de bien económico, limitar la autonomía universitaria, impedir su correcto financiamiento, desincentivar competencia y regalar plata a los universitarios, que serán los privilegiados de la sociedad”, aseveró en su columna el futuro ministro.
Con semejantes declaraciones, las reprobaciones no tardaron en llegar. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Josefina Canales, declaró en Twitter: “Nos sorprende que nuevo ministro de Educación Gerardo Varela sea abogado especialista en fusión de empresas y que no tenga experiencia en temas educacionales. Es una mala señal si va a entender la educación como un bien de mercado”. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo en la misma red social que resulta imposible no quedar preocupados por el nombramiento del Ministro de Educación. Además, la diputada por el Partido Comunista Camila Vallejo, dijo estar sorprendida por la designación de Varela en la cartera de Educación, porque “defiende tajantemente la educación de mercado”. Y extendió su crítica a las demás áreas: “Es un gabinete profundamente conservador”, afirmó.
Cinco de los futuros ministros pertenecen a Renovación Nacional (RN), partido que representa a los sectores de la derecha tradicional chilena: el ex senador Alberto Espina (Defensa), la abogada Cecilia Pérez (Secretaría General de Gobierno), el abogado Nicolás Monckeberg (Trabajo y Previsión Social), el presidente del partido Cristián Monckeberg (Urbanismo y Vivienda) y el ex senador Baldo Prokurica (Minería).
Otros cuatro ministros vienen de las filas de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI): Andrés Chadwick (Interior y Seguridad Pública), el ex senador Hernán Larraín (Justicia y Derechos Humanos), el ex diputado Felipe Ward (Bienes Nacionales) e Isabel Pla (Mujer y Equidad de Género). Además, hay dos ministros vinculados a Evópoli, partido emergente identificado con la derecha más liberal, que son Gonzalo Blumel, (Secretaría General de la Presidencia) y Gloria Hutt (Transporte y Telecomunicaciones).
Fuente de la Noticia:
https://www.pagina12.com.ar/91122-pinera-postula-la-educacion-como-mercancia
Colombia/23 octubre 2017/Fuente: Las2orillas
Floreciendo de los estratos menos favorecidos es cuando los colombianos realmente podemos comprender respecto de la difícil situación del país. Mientras muchos jóvenes permanecen sumergidos en el diario aparentar en sus redes sociales, muchos otros maduramos soñando bajo la prédica incesante de nuestros padres por “que la educación es el único camino para salir adelante”.
Nací de una generación en donde un padre con un trabajo estable podía costear la educación, alimentación y vivienda de toda su familia, sin que ello implicara renunciar a viajar (disfrutando de su prima navideña) o complacerse de un paseo familiar cada domingo. Las empresas mantenían, para aquella época, beneficios de salud, educación y salario, por encima de los estándares que la ley permitía. Acceder a terreno para edificar vivienda e incluso para plantear la posibilidad de tener una “finquita” era una realidad tangible debido a la, relativamente, poca injerencia del gobierno en las políticas públicas de la nación, en cuanto a la movilidad social de sus habitantes.
Sin embargo, los colombianos hemos vivido tan golpeados por el tormento del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y el terrorismo que no nos alcanzamos a percatar de todo aquello que nos estaban arrebatando personajes políticos de la calaña de Samper, Pastrana, Uribe e incluso el famoso Nobel de Paz. Sin refutar y confundidos en un mar de cómoda ignorancia permitimos que poco a poco deterioraran los salarios, deterioraran la calidad de la salud, deterioraran la calidad y el acceso a la vivienda y deterioraran las relaciones laborales con el único ánimo de enriquecer a los empresarios que pagaban sus campañas políticas.
Gracias a dichas prácticas el gobierno de derecha intentó exterminar a la clase media de manera sistemática y es por esa razón que nos encontramos frente a circunstancias en donde los hijos de la nación, de 18 a 35 años, no logran independizarse de las casas de familia o simplemente se resignan a sueldos miserables que los condenan a vivir en apartamentos, en arriendo, de 45 metros cuadrados (en el mejor de los casos). Las jóvenes familias que logran la tranquilidad financiera (diferente al éxito financiero) son algunas que lograron escalonar su posición social en las Universidades más exclusivas y, por lo tanto, más costosas y con mayor empleabilidad de Colombia o en su defecto aquellas que tienen algún vínculo político en el sector público.
Todo lo anterior lo hemos permitido porque vivimos en un sistema educativo estandarizado, excluyente y poco innovador que rezaga a su pueblo a programas insignia como el adefesio de Ser pilo paga que lo único que logra es reforzar la brecha de desigualdad entre la educación pública y la privada. La educación en Colombia es un negocio que no tiene en cuenta las facultades de las personas y que busca uniformar pensamientos para seguir órdenes de empresarios de los grupos económicos de tradición.
En Colombia nos metieron el gol del cuento de hadas de que “la educación es la única forma para salir adelante”. Millones de colombianos nos quedamos esperando para que se cumpliera la visión que tenían nuestros padres y nos enfrentamos a una cruda realidad en donde el sistema nos dice: no va a pasar.
Como bien lo ha planteado Yokoi Kenyi, couch de liderazgo reconocido en Colombia, “nuestros jóvenes son importantes ahora” y no hay que seguir esperando para tomar la determinación de abrazar la pasión de lo que somos. Nuestros jóvenes son capaces de producir y construir material valioso en el mundo contemporáneo desde ahora. Por lo tanto, es el modelo educativo colmado de segregación lo que no permite la potencialización de los recursos de cada persona en su formación.
Colombia saldrá de la pobreza el día en el que exista, no solamente, educación pública de calidad, sino que se implemente un sistema educativo diseñado para las personas y no, lo que sucede hoy en día, personas diseñadas para responder exámenes estandarizados y salir a la vida laboral a untar al mundo de prepotencia y vanidad.
Finlandia ha dado un claro ejemplo, y como el país mejor educado del mundo nos ha regalado una fórmula en donde los jóvenes desarrollan sus virtudes desde la primera instancia en la que asisten a la escuela, por el tiempo que quieren, dotados de plena autonomía y libertad de expresión. El resultado es claro, encuentran menos artistas frustrados, menos deportistas frustrados, menos políticos corruptos, y en general, menos profesionales incompetentes. La brecha de la desigualdad no puede romperse en un territorio en donde el sistema educativo está al servicio del dinero y la opinión editorial, el arte, la investigación científica y el deporte resultan elementos dentro del monopolio de pocas instituciones.
Fuente: https://www.las2orillas.co/colombia-el-pais-donde-la-educacion-es-negocio/
El Salvador / 8 de octubre de 2017 / Autor: EFE – San Salvador / Fuente: El Diario
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Mendoza Rojas, dijo hoy en El Salvador que es preciso evitar que la educación superior se vuelva una mercancía, a la que solo puedan acceder las minorías con mayores recursos.
El mexicano fue parte de un grupo de ponentes que este viernes brindaron una conferencia denominada «Financiamiento público de la educación superior y la investigación: la situación actual, más allá de la crisis financiera».
Esta actividad se realizó en el marco de la Cumbre Académica y del Conocimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se realiza en la capital de El Salvador.
Durante su intervención, Rojas aseguró que «el financiamiento de la educación superior y de la investigación ha sido durante las últimas décadas uno de los principales temas en la agenda de las universidades latinoamericanas y esto ha estado vinculado con la relevancia que han adquirido los modelos de financiamiento».
Señaló que en América Latina se observa una tendencia de un aumento en centros educativos superiores privados debido a la falta o recorte de presupuesto que han sufrido las universidad estatales, como en el caso de México, que para 2018 recortará el financiamiento a la educación pública.
Comentó que esta situación empuja a que la educación superior se vuelva una mercancía, a la que solo podrán acceder las personas que tengan un cierto nivel económico que les permita costearse su formación profesional.
El experto consideró que «es fundamental, más allá de las crisis económicas de los países, defender el financiamiento público de la educación superior, que los Estados se reposiciones con políticas que ayuden a contrarrestar los problemas económicos y garantizar una educación gratuita».
Agregó que es prudente que los Estados latinoamericanos se unan en defensa de una educación superior pública y en la creación de sistemas de financiación que garanticen educación superior a las mayorías.
En la Cumbre Académica y del Conocimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) participan estudiantes, investigadores y profesores de Latinoamérica y Europa.
El encuentro se estableció como reunión previa a la Cumbre Celac-UE que estaba prevista para los días 26 y 27 de octubre en El Salvador, pero quedó aplazada para fechas no definidas, debido a la crisis política que vive Venezuela y que causó desacuerdos entre los mandatarios de las naciones Latinoamericanas.
Fuente de la Noticia:
http://www.eldiario.es/politica/Experto-latinoamericano-evitar-educacion-mercancia_0_694331635.html
Colombia / 1 de octubre de 2017 / Autor: Óscar Sánchez / Fuente: El Tiempo
Pablo Gentili introdujo este concepto, que parece un oxímoron, para describir el proceso de escolarización en América Latina en los últimos cincuenta años, en el que se ha expandido notablemente el acceso de las masas recién urbanizadas (y por lo tanto, del grueso de la población) a la matrícula del ciclo básico en instituciones educativas precarias.
Es un proceso incluyente, pues sería necio negar el valor de esa presencia de los chicos en la escuela. Para entender la importancia del acceso y la permanencia que se han logrado en las ciudades de Colombia, solo hay que compararlas con el mundo rural disperso, donde la mitad de la población se queda por fuera de la secundaria y solo una cuarta parte llega a ser bachiller. Las condiciones de la población en ambos mundos son muy diferentes.
Pero en las ciudades, aun con el aumento de la cobertura, hay exclusión. No se puede llamar de otra forma a la desigualdad aberrante con la cual se ha hecho la expansión: mientras las clases medias pagan una educación con buenas condiciones, los pobres, con excepciones que confirman la regla, se quedan con el bagazo. Frente a ese hecho hay tres enfoques.
Uno que podemos llamar cínico, niega la exclusión y afirma que simplemente estamos haciendo lo que se puede. Que la desigualdad educativa es una condición temporal y que por el camino que llevamos llegaremos a la educación buena para todos, cada quien en su propia realidad. Y que cualquier esfuerzo adicional atentaría contra la sostenibilidad fiscal y la iniciativa privada. Es común escucharlo, expresado con crudeza, en boca de funcionarios a cargo de las finanzas públicas, y camuflado con eufemismos, en boca de buena parte de quienes manejan la educación.
Un segundo enfoque, que es el que venimos poniendo en práctica algunos convencidos del poder de la razón emancipadora y el empoderamiento popular, es el del desarrollo de las capacidades humanas. Este consiste en buscar gobernantes dispuestos a alimentar altas expectativas y apoyar con ingentes recursos públicos a los educadores y comunidades ejemplares en escuelas pobres, para cerrar brechas dando más al que tiene menos, sin forzar a los poderosos a una igualdad impuesta. Hemos apostado por formar a una nueva generación que entienda que la inclusión tiene que ser plena y que la buena educación, como el empleo decente, la salud preventiva y la seguridad ciudadana son derechos y no pueden ser desiguales, o dejan de serlo.
¿Seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo?
Gentili, que ha sido dirigente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Flacso y del Foro Mundial de Educación, propone un tercer enfoque que profundiza el anterior. Afirma que la inserción institucional, si bien es un avance, está muy lejos de marcar el camino del goce efectivo de los derechos y las relaciones humanas igualitarias que constituyen las bases de una sociedad democrática sustantiva. Lo que este autor llama ‘universalización sin derechos’ va más allá de la idea hoy aceptada en el mundo de que no basta con el acceso y hay que apostar a la calidad.
Gentili introduce tres reflexiones: i) existen la pobreza y la desigualdad educativas, aunque haya mayor acceso a la escuela, porque la universalización de la matrícula no cambia las estructuras sociales; ii) una educación con igualdad formal ante la ley y brutal desigualdad frente al mercado da como resultado un sistema segregado, en el que la educación no es un bien común, sino uno excluyente y, por lo tanto, no es pública, aunque se haya aumentado la oferta oficial, y iii) se ha impuesto recientemente una tendencia economicista que hace ver la educación predominantemente como un factor de producción, y se ha perdido su sentido como base de la humanización planetaria, planteado en las declaraciones de derechos humanos de hace 70 años.
En algo estamos de acuerdo con Gentili: mientras la educación sea una mercancía más, la formación integral de calidad sea un privilegio y prime el fin de educarse para ganarse la vida, antes que para construirse una vida, los avances en escolaridad no nos harán mejores personas ni nos llevarán a la justicia social.
Me queda la inquietud: ¿seremos ingenuos quienes atribuimos a la educación en sí misma la capacidad de transformar el sistema ofreciendo a los débiles un lugar en el mundo? ¿El cambio de las estructuras políticas, económicas y culturales es una condición para tener un derecho efectivo a la buena educación, o cambiando las mentes con un mayor esfuerzo político y pedagógico dentro del sistema actual podemos hacer que cambien esas estructuras?
Fuente del Artículo:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/oscar-sanchez/exclusion-incluyente-discriminacion-educativa-135392
Fuente de la Imagen:
http://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2012/11/exclusion-educativa-en-america-latina.html
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