Política de Austeridad

La “reducción” de personal en la SEP y las tijeras de la profesora

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

En los primeros días de enero de 2016, el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a su cargo, dejaría de pagar el sueldo a más de 2 mil maestros “comisionados”; esto, después de haber concluido la primera etapa de revisión y depuración de la nómina magisterial donde se identificaron esos dos mil comisionados sindicales con goce de sueldo, asegurando con ello, que si era deseo de esos trabajadores gozar de este derecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendría que pagarles (Aristegui Noticias, 2016). Obviamente esta organización sindical guardó el más profundo silencio; de hecho, tampoco fijó postura con relación al ordenamiento de la nómina magisterial a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE). ¿Cuál fue el motivo que propició ese silencio? La respuesta, quiero pensar, la conocemos, pero también conocemos el apoyo incondicional que esta organización sindical le brindó al peñanietismo.

Esta acción, fundada en la implementación de la mal llamada reforma educativa generó que, tanto a nivel federal como en las entidades de la República Mexicana, se reubicaran o movieran a los trabajadores de la educación “comisionados” a sus respectivos centros de trabajo porque, hay que decirlo, no sólo impactó en el ámbito sindical, sino también, en las anchas estructuras burocráticas de las dependencias oficiales. Por ejemplo, si en una Secretaría de Educación existía una plantilla de personal (mayormente “comisionado”) de 2000 trabajadores, con esta medida, ésta se redujo en más del 50 por ciento, es decir, entre 600 y 700. No obstante, con el paso de los meses y cuando las cosas se “calmaron” un poco, progresivamente fueron llegando otros “comisionados” al Sindicato y a las Secretarías de Educación. ¿Fue útil la medida tomada por Nuño y compañía?, ¿sirvió de algo la reubicación y movimiento de ciertos trabajadores cuando en los hechos solo se propició la llegada de otros a esos espacios?, ¿qué nos dicen las auditorías aplicadas, por ejemplo, en cada una de las dependencias estatales y, obviamente, en la federal?, ¿qué pasa en los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales en dichas dependencias?; ¿por qué no se habla mucho de estos temas? Veamos.

Como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, es clara en cuanto a la división de los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base (Artículo 4º de la LFTSE), no así en cuanto a la figura denominada “comisionados” puesto que como tal no existe, dado que el personal o trabajador que solicite licencia, con o sin goce de sueldo, podría desempeñar una comisión o actividad derivada de la licencia. En consecuencia, el tema de los “comisionados” necesariamente tiene que ser visto a partir de esa licencia solicitada y por las actividades, funciones y/o responsabilidades de la comisión o actividad obtenida.

En este sentido, no está demás revisar el Manuel de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (y otras normatividades) publicado por la Oficialía Mayor, la Dirección General de Personal y la Dirección General de Normatividad y Evaluación en 2013*, para ubicar el tipo de licencias con goce y sin goce de sueldo que le permitirían al trabajador obtener, entre otras cuestiones, una “comisión”. Por ejemplo, en este documento se especifica que las licencias sin goce de sueldo por comisión sindical o por desempeño de cargos de elección popular se obtienen cubriendo una serie de requisitos. Creo, si no me equivoco, el tema es claro en este sentido: son licencias sin goce de sueldo, pero desafortunadamente en los hechos no sucede de esta manera. ¿Cuántos comisionados sindicales tiene en su estructura el SNTE?, ¿a cuántos de éstos le fue concedida una licencia sin goce de sueldo para cubrir una comisión sindical?, ¿a cuántos de éstos les paga el Sindicato? ¡Vaya tema!

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han llegado a la SEP sin solicitar una licencia puesto que, como tal, no sería necesaria? En ese mismo manual de normas referido (y otras normatividades), tal cuestión se observa en los apartados reubicación de las plazas, nombramiento, y límites de competencia para autorizar movimientos de personal. Tal vez por ello se explica que, ciertas autoridades educativas, reubiquen o muevan al personal por necesidades del servicio, reinstalación, prórroga o sustitución, pero ¿esto es así?, ¿la reubicación o movimientos obedece, por ejemplo, a esas necesidades del servicio? No necesariamente puesto que, como sabemos, estos asuntos obedecen a: 1. La realización de una actividad específica para la cual el trabajador es requerido en alguna área o departamento de la dependencia, 2. La complicidad y/o acuerdos que existe con el SNTE para que ciertas áreas o departamentos sean ocupados por algunos de sus más cercanos colaboradores, sean o no titulares de alguno de esos espacios, 3. Problemas, de diversa naturaleza o índole, que suelen suscitarse en los centros de trabajo y que llevan a reubicar a algún trabajador, 4. Seguridad del trabajador por estar laborando en zonas de violencia y por las que obviamente es necesario moverlo, entre otras.

Actualmente, ¿cuántos trabajadores se encuentran en las Secretarías de Educación de los estados bajo este tipo de movimientos?, ¿qué puestos son los que ocupan o qué actividades son las realizan?, ¿se justifica el ensanchamiento de las estructuras burocráticas cuando, en los hechos, en buena parte de ellas los procesos administrativos y/o trámites burocráticos padecen de un cierto “tortuguismo”?, ¿por qué si han sido reubicados o movidos a estas instancias no permea un sentido educativo en las decisiones y acciones que se realizan?, ¿qué pasa con aquellos trabajadores cuya plaza de origen fue en esa Secretaría?, ¿qué puestos ocupan éstos y qué actividades realizan?, ¿de qué manera se interpretan o emplean los manuales de organización?, ¿cuál es el papel de las delegaciones sindicales en todo este proceso?

Tengo claro pues, que generalizar no es del todo adecuado; puede ser que alguna Secretaría (con su respectiva estructura y personal) opere con altos niveles de eficiencia y eficacia, y qué bueno que sea así porque, ante todo, su labor o quehacer se debe a sus usuarios; sin embargo, también tengo claro que no sucede de esta forma en todo el país y, desde luego, en la propia SEP federal. En suma, habría que observar qué es lo que pasa con el personal de confianza o de base porque, independientemente del puesto o cargo que ocupa, las actividades que realiza son fundamentales para el logro de los objetivos educativos y, en eso, tendrían que enfocar su atención los titulares de las distintas áreas o departamentos. En fin.

¿Qué otro tipo de personal podemos encontrar en las Secretarías de Educación? Además de aquellos que ocupan puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera encontramos a los que han sido contratados por Honorarios. Por el tema que me ocupa en estos momentos me referiré a los segundos porque, quiero pensar o suponer, que el documento que la profesora Delfina Gómez, titular de la SEP, firmó hace unos días y, mediante el cual solicitó a Subsecretarios, Directores Generales, Titulares de Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, que presentaran su propuesta de reducción de personal aludía a éstos, a los que fueron contratados bajo esta figura: la de honorarios. ¿Por qué afirmo esto? Veamos.

El contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales, es un esquema laboral en el que no existe una relación de subordinación por lo que la parte contratante no está obligada a garantizar ningún derecho laboral. Los ingresos percibidos de esta manera se basan en esa prestación de servicios independientes, en una relación laboral autónoma y voluntaria y, aunque no están sujetos a las mismas leyes que los trabajadores subordinados, la Secretaría de Trabajo en los últimos años, ha determinado los marcos bajo los cuales se regula este esquema.

De esta forma, a un trabajador contratado bajo este régimen, se le puede rescindir su contrato porque la misma norma establece que dichos contratos deben apegarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte el ejecutivo, no obstante, éstos podrían exigir derechos laborales si pudieran comprobar la existencia de una relación laboral de subordinación, por ejemplo: si tiene un horario fijo, si recibe órdenes o instrucción de un superior inmediato o si realiza sus tareas en un lugar de adscripción fija. En estos casos, podría comprobarse una relación laboral explícita y el trabajador sí tendría que reclamar todos los derechos laborales que indica la LFT vigente.

¿A qué tipo de personal se refería la Secretaria de Educación, Delfina Gómez?, ¿la política de austeridad del gobierno, que se autodenominó de la cuarta transformación, es motivo suficiente para rescindir contratos, si fuera el caso?, ¿el contexto pandémico que estamos viviendo en nuestro país, y el mundo entero, es razón necesaria para que se reduzca el personal adscrito a esa Dependencia?, ¿no habría que ser un poco más sensibles y revisar las actividades que cada trabajador, área o departamento realiza para el desarrollo y éxito de los proyectos y políticas educativas? Vaya, ¿una política de austeridad determina la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios educativos?

Desde luego que hace falta que en la SEP se pongan las pilas; por ejemplo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un caos y, en lo que va de este gobierno, ha vuelto incomprensibles todos sus procesos. ¿No cabría la posibilidad de hacer un diagnóstico y perfilar otro tipo de acciones para mejorar, insisto, los procesos?

¿Qué motivó a la Secretaria de Educación a afilar las tijeras? Ojalá respondiera porque, tal y como lo expuso el periodista Erick Juárez en sus redes sociales a través de la respuesta que dio la SEP al oficio signado por la profesora en cuanto a que éste se trataba de una reubicación de personal o reestructuración administrativa, deja muchas interrogantes sobre lo que sucede una vez que ésta tomó posesión de su encargo.

No hay que olvidar, que de acuerdo al artículo 46 de la LFTSE: Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Consecuentemente, ¿asumiría los costos legales por la reducción de personal de base, por ejemplo?

Al tiempo.

*Nota: Quiero pensar que sigue vigente porque en la búsqueda de este documento no encontré una versión actualizada del mismo)

Referencias:

–Ley federal del Trabajo. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federació el 11/01/2021.

–Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1/05/2019.

–Redacción Aristegui Noticias. (2016). SEP dejará de pagar sueldo a más de 2 mil maestros comisionados. Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/sep-dejara-de-pagar-sueldo-a-mas-de-2-mil-maestros-comisionados/

–SEP. (2013). Manual de Normal para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. SEP. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/la-reduccion-de-personal-en-la-sep-y-las-tijeras-de-la-profesora/

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Sri Lanka: El FMI, inhumano para millones de personas

Eric Toussait 1 comentario

La lista de medidas neoliberales recomendadas por el FMI, con un impacto funesto en la vida cotidiana de millones de personas en Sri Lanka, y de miles de millones en todo el mundo, es enorme.

Hiruni, la esposa de un pescador que tiene que gestionar su familia de cinco personas con un ingreso de cerca de 2,50 euros por día (500 rupias de Sri Lanka), está en este momento muy endeudada. Para conseguir un aumento de los ingresos de la familia, pidió 50.000 rupias (250 euros) a una institución financiera no bancaria —un estatus que les permite eludir las normas reguladoras impuestas a las instituciones bancarias por el Banco Central de Sri Lanka— especialista en los microcréditos. Con ese dinero, Hiruni comenzó la producción de mosquiteros impregnados de insecticida (como recomiendan fundaciones como la de Bill Gates) que vendía a 2.000 rupias la pieza (10 euros).

Durante un tiempo el negocio fue bien, pero hubo dos factores, independientes de su voluntad, que la arruinaron: el primero corresponde al tipo de interés practicado por la LOLC, que es realmente abusivo (más de un 50 % de interés real) y las enormes penalidades en caso de retraso del pago; y el segundo fue la aparición de una compañía comercial poderosa que comenzó a vender mosquiteras importadas un 25% más baratas, y pagables en dos cuotas. Hiruni no pudo hacer frente a esta competencia ya que el precio al que vendía esa empresa era menor que sus costes de producción. Tuvo que parar la producción de mosquiteros y se vio impedida de proseguir normalmente con el reembolso de la deuda. Y esto la llevó a pedir otro préstamo a otra institución de las microfinanzas para poder pagar el primero. Por consiguiente, Hiruni está desesperada y sobreendeudada.

LA ACTUACIÓN DEL FMI TIENE UN IMPACTO DIRECTO SOBRE EL FUTURO DE CIENTOS DE MILES DE MUJERES

Efectivamente, desde hace años, el FMI actúa con todo su poder para acabar con las barreras aduaneras que protegen a las productoras y productores locales, ya sea en la agricultura, la pesca, las artesanías o en la fabricación de otros productos. Y esa es una de las razones por las que Hiruni y sus semejantes ya no pueden vivir de lo que producen. El FMI favorece también, en compañía del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, la desregulación del sector bancario y promueve el microcrédito. El FMI, por supuesto, defiende el derecho de las empresas de crédito a fijar los intereses que desean, en nombre de la “libertad” de los precios y del mercado.

Y debido a esa política, Hiruni y tantas otras deben pagar tipos de interés exorbitantes por sus créditos. El FMI, en concertación con otras instituciones internacionales, presiona a los gobiernos para privatizar o cerrar los bancos públicos de crédito, aunque éstos otorgaban préstamos con tipos de interés razonables, generalmente subvencionados —es decir sin obtención de beneficios—, que es lo que aborrecen el FMI y el Banco Mundial. Y esta es una razón suplementaria que explica por qué Hiruni, y todas las personas en sus condiciones, no encuentran créditos en el ámbito oficial.

Para completar este cuadro negativo, se deben añadir las muchas condicionalidades impuestas por el FMI en la política de créditos que concede a Sri Lanka, así como a otros países. El FMI quiere que el gobierno reduzca su déficit público mediante el recorte de los gastos sociales y reduciendo el personal de la función pública. Por consiguiente, Hiruni y millones de personas en Sri Lanka ven como la gratuidad de la educación y de la salud (conseguidas en los años 1960) es socavada radicalmente. En efecto, Sri Lanka es uno de los pocos países donde los servicios sanitarios y la educación son todavía gratuitos, en principio, pero las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, cómplice del FMI, hacen que el coste real de los estudios (incluidos los primarios) y de los sanitarios básicos aumentan constantemente, ya que hay que pagar libros escolares, medicamentos, etc. Además, las familias se ven empujadas hacia la educación y sanidad privadas para escapar de la degradación de los servicios públicos. Por lo tanto, las familias pobres tienen que endeudarse con las agencias de microcrédito para poder hacer frente a los gastos de escolaridad y salud. Y son las mujeres las más directamente afectadas ya que tienen como prioridad encargarse de sus hijos e hijas, en cuanto a su educación y salud.

La lista de medidas neoliberales recomendadas por el FMI, con un impacto funesto en la vida cotidiana de millones de personas en Sri Lanka, y de miles de millones en todo el mundo, es enorme. Y esto cambiará solamente si los pueblos logran sacarse de encima al FMI, cuando consigan llevar al gobierno fuerzas políticas con voluntad de aportar soluciones radicales que garanticen el respeto a la justicia social y el goce de los derechos humanos en el respeto a la naturaleza.

LA POLÍTICA ACTUAL DEL FMI EN SRI LANKA

En 2016, el gobierno neoliberal de Sri Lanka pidió ayuda al FMI que respondió con el otorgamiento de un crédito de 1.600 millones de dólares, condicionado a que se siguieran sus recomendaciones. Ese programa continúa en ejecución y el balance es totalmente negativo.

El 7 de febrero de 2020 terminó una visita del FMI a Sri Lanka. El comunicado de prensa de la institución con sede en Washington, es muy significativo. El FMI declara que la decisión del Gobierno de fijar un tipo máximo de interés del 35% para los préstamos por medio del microcrédito solamente puede ser temporal puesto que es necesario evitar la distorsión (¡sic!) del funcionamiento del mercado financiero.

El Gobierno de Sri Lanka fijó un techo de interés por la presión de la calle y de miles de mujeres, víctimas del microcrédito y de sus tipos de interés abusivos

Sabemos que el Gobierno fijó este techo de interés por la presión de la calle. Miles de mujeres, víctimas del microcrédito y de sus tipos de interés abusivos, se habían movilizado en el Norte del país para exigir que los tipos de interés no puedan superar el 25% (lo que sigue siendo excesivo ya que la inflación es solo del 4 %). El Gobierno fijó en el 35%, el interés máximo que puede ser reclamado, frente a la amplitud del drama social y al riesgo de la multiplicación de las movilizaciones. También hay que conocer que el experto independiente de las Naciones Unidas para la deuda y los derechos humanos, en un informe muy claro, dio la voz de alarma ante la dramática situación que viven las numerosas víctimas del microcrédito en Sri Lanka. Su informe, redactado después de cumplir con una misión sobre el terreno, es abrumador para el Gobierno, las instituciones financieras y los otroprestamistas extranjeros. Y, por ende, hizo un llamamiento al gobierno para que actúe.

El gobierno había intentado justificarse afirmando que estaba llevando una política de reducción de la pobreza. También, hay que agregar que el experto independiente había estado atento a los trabajos realizados durante el 7º taller del CADTM Asia del Sur, realizado en Colombo en abril de 2018 y que los movimientos sociales de Sri Lanka le entregaron un documento público en el momento de su visita al país, en agosto de 2018.

Por lo tanto, fue mediante todas esas presiones que el gobierno fijó el tope máximo del 35%. Y aunque ese tope sea exagerado y deba ser considerado usurario, el FMI tiene la desfachatez de declarar en su comunicado de prensa del 7 de febrero de 2020 que es necesario restablecer en poco tiempo el derecho de establecer libremente los tipos de interés.

El FMI llama también al gobierno a acabar, lo antes posible, con la moratoria sobre el pago de las deudas de las pequeñas y medianas empresas. A causa de los ataques terroristas de abril de 2019, los turistas abandonaron Sri Lanka durante meses lo que perjudicó enormemente la economía y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Para evitar la proliferación de quiebras, el gobierno decretó una suspensión de pagos de esas deudas, y esta es la medida que el FMI quiere que se anule rápidamente.

Además, el FMI pide al Gobierno que prosiga con las medidas de austeridad y de privatización subrepticia y progresiva de las empresas públicas. Esto apunta especialmente a la compañía aérea SriLankan Airlines, a la compañía petrolera y a la compañía de electricidad. El FMI pide al gobierno profundizar la liberación de los intercambios internacionales y las medidas tomadas para atraer las inversiones extranjeros. Ya conocemos las consecuencias negativas de estas políticas.

El volumen de la deuda pública de Sri Lanka aumentó fuertemente durante los últimos tres años, y ahora supera el 90 % del PIB. Recordemos que el actual acuerdo con el FMI es de 2016. Entre 2016 y fines de 2018, la deuda pública aumentó en un 30 %. Esto significa que la actuación del FMI contribuyó directamente al incremento de la deuda de Sri Lanka, lo que aumenta, a su vez, la dependencia del país con respecto a los prestamistas extranjeros o nacionales. A pesar de ser minoritaria, la deuda en forma de títulos soberanos emitidos en los mercados financieros extranjeros duplicó su volumen. Con un puñetazo sobre la mesa, el FMI exige al Gobierno aplicar una política de austeridad más firme en los gastos públicos. Así que Hiruni, como la inmensa mayoría de la población de Sri Lanka, no puede esperar nada bueno del FMI.

Con un puñetazo sobre la mesa, el FMI exigió al Gobierno de Sri Lanka aplicar una política de austeridad más firme en los gastos públicos

El CADTM, que celebró su 8º taller regional de Asia del Sur en Colombo, en febrero de 2020, aportó su apoyo a la lucha de las víctimas de las políticas aplicadas por el gobierno y el FMI. El experto independiente de las Naciones Unidas para la deuda y los derechos humanos envió a los participantes del taller CADTM un mensaje que aborda los problemas de fondo.

Hay que señalar que, a la par de los funestos acuerdos con el FMI, la acción mortífera del gobierno de Trump tiene también un papel nada despreciable en la degradación de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población de Sri Lanka. Uno de los canales de intervención de Washington está constituido por una agencia federal creada en 2004, llamada Millenium Challenge Corporation, activa en Sri Lanka desde abril de 2019 (Véase ). Esta agencia atribuye buenas o malas notas a los países en donde opera. Su acción deletérea se une a la más clásica de la USAID, la otra agencia federal que alienta con toda su fuerza la precarización aún mayor del mercado de trabajo en Sri Lanka.

La Unión Europea no se queda atrás. Su banco de inversiones, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), apoya activamente las empresas de microcrédito que explotan y espolian cientos de miles de mujeres en Sri Lanka. Y es necesario señalar que el banco privado Triodos, supuestamente de banca ética, invirtió también en el negocio del microcrédito en este país.

Y, por supuesto no hay que olvidar a China, para la que Sri Lanka ocupa un lugar geoestratégico en el plan de sus rutas comerciales. China construyó varios puertos sin tener en cuenta la preservación del medio ambiente y, además, endeudando a Sri Lanka. China tampoco hace regalos.

El CADTM se unió a Hiruni y a todas aquellas y aquellos que, como ella, tomaron finalmente la decisión de resistir. Ya que Hiruni, después de haber sido una víctima pasiva, se unió a la acción de la resistencia activa, como muchas otras mujeres que se manifestaron en Colombo, el 27 de febrero de 2020, para exigir del gobierno una respuesta a sus reivindicaciones.

Fuente: https://rebelion.org/el-fmi-inhumano-tanto-a-escala-macro-como-a-escala-micro/

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