El “impacto de la crisis provocada por la COVID19 en la educación no tiene precedentes. Ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en materia de educación y ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.
En esta entrega se exponen algunas ideas del contenido de dos importantes informes. El primero plantea recomendaciones sobre la educación durante y después de la pandemia de COVID-19. El segundo pretende visibilizar las consecuencias de las medidas en las comunidades educativas, planteando recomendaciones para sobrellevar su impacto para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia en Latinoamérica. Por último, se ponen a disposición de los lectores los textos completos.
Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella. Este Informe fue publicado en agosto de 2020 y parte de que: “Antes de la pandemia, el mundo se enfrentaba ya a ingentes desafíos para cumplir la promesa de lograr que la educación fuera un derecho humano básico”. Pero, reconoce la matriculación casi universal en los primeros grados en la mayoría de los países y “de acuerdo con cifras disponibles de la UNESCO respecto a 25 países de la región [latinoamericana], de no ser por la pandemia el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020”.
Entre los desafíos a enfrentar están más de 250 millones de niños sin escolarizar y unos 800 millones de adultos son analfabetos. Otros datos reveladores de las deficiencias acumuladas se refieren a que para los alumnos escolarizados el aprendizaje no estaba garantizado, ya que se calculaba en todo el mundo que había unos 387 millones de niños en edad escolar de primaria (56%) que carecían de aptitudes básicas de lectura, de modo que la financiación de la educación era un problema abrumador antes de la COVID-19. Además, se espera que un número elevado de estudiantes no vuelvan a las aulas, pues al menos 1.2 millones de niños y adolescentes podrían quedar excluidos de sus sistemas educativos en América Latina y el Caribe, sumándose a los 7.7 millones que no asistían regularmente a la escuela antes de la crisis sanitaria (Viteri et al, 2021).
Este Informe indica que la pandemia afectó a casi 1,600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes, equivalente al 94 % de los estudiantes de todo el mundo, cifra que asciende al 99 % en países de ingreso bajo y mediano bajo. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Además, solo a consecuencia de sus repercusiones económicas, alrededor de 23.8 millones de niños y jóvenes de nivel preescolar y postsecundario, respectivamente, podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella en años siguientes. Pero también, la interrupción de la educación ha tenido y seguirá teniendo efectos en otros ámbitos, como la capacidad de trabajar de muchos padres y aumentar los riesgos de violencia contra mujeres y niñas.
Este Informe pretende mitigar las consecuencias potencialmente devastadoras de la pandemia, y alienta a los Gobiernos y otros interesados a llevar a la práctica las siguientes respuestas en materia de políticas, destinadas a:
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- Proteger la financiación de la educación y coordinarse para lograr resultados, a fin de fortalecer la movilización de recursos internos para abordar las ineficiencias.
- Fortalecer la resiliencia de los sistemas educativos para lograr un desarrollo equitativo y sostenible, haciendo hincapié en la equidad y la inclusión, reforzando las capacidades para gestionar el riesgo en todos los niveles y asegurando una coordinación y un liderazgo robustos.
- Repensar la educación y acelerar el cambio positivo en la enseñanza y el aprendizaje, centrándose en responder a las pérdidas de aprendizaje y prevenir el abandono escolar de los grupos marginados; apoyar la profesión docente y la preparación del profesorado; ampliar la definición del derecho a la educación para incluir la conectividad y reforzar los datos y el seguimiento del aprendizaje.
Desde la óptica de este Informe, se considera que reforzar estos aspectos “permitirán que los sistemas educativos sean más equitativos e inclusivos, más eficaces en el cumplimiento de su misión y más eficientes en sus operaciones y en el uso de los recursos y estén mejor equipados para responder a las necesidades de las comunidades y de la sociedad en general”.
Informe CEPAL-UNESCO: La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Este Informe pretende visibilizar las diversas consecuencias que provocaron las medidas en las comunidades educativas, así como plantear recomendaciones para sobrellevar su impacto proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación, posterior a la pandemia en América Latina y el Caribe. Se publicó en agosto de 2020.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce que antes de la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, por el aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, las desigualdades y un creciente descontento de la población. De manera que la crisis tendría efectos negativos en los distintos sectores sociales, particularmente en la salud, la educación el empleo y la evolución de la pobreza.
En el ámbito educativo, la información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta el 7 de julio de 2020 permite constatar quegran parte de las medidas que adoptaron estos países ante la crisis, se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que dio origen a tres campos de acción: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología; el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes.
Este Informe, preparado por la CEPAL y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), alerta a la comunidad internacional acerca del incremento de las brechas existentes producto de la pandemia, tanto en el acceso como en la equidad y calidad, afectando especialmente a los más vulnerables. Asimismo, plantea que la interrupción del ciclo escolar debe convertirse en una oportunidad en materia de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo que puede significar enormes avances, pero también puede implicar una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre los estudiantes más vulnerable y los más aventajados en resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos, como el progreso y la permanencia en la escuela.
Otro aspecto importante que resalta, se refiere a la contracción de la actividad económica que se proyecta para la región, que “llama a poner urgente atención en la necesidad de salvaguardar el financiamiento como una prioridad fundamental para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de aprendizaje”.
Entre las medidas y desafíos regionales, el Informe señala que las respuestas nacionales en materia de educación permitieron detectar desafíos prioritarios a la hora de implementar medidas para proyectar la continuidad, la equidad y la inclusión educativas durante la suspensión de las clases presenciales y en los procesos de reapertura de los centros educativos. Y que los retos en equidad e inclusión deben centrarse en los grupos poblacionales más vulnerables y marginados. Y llama a atender especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y económica.
Además, la pandemia puso en evidencia la deuda en inclusión digital y señala que la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital, aumentó las brechas preexistentes en el acceso a la información y el conocimiento, por tanto, el proceso de aprendizaje que se impulsó a través de la educación a distancia dificultó la socialización y la inclusión en general. En cuanto a la calidad y pertinencia, la mejora de los contenidos de los programas de estudios debe centrarse en la salud y el bienestar, así como en el apoyo especializado al personal docente, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con los estudiantes y sus familias. Se deben reformar tanto la formación inicial como la formación en el empleo destinadas a docentes para capacitarlos mejor en nuevos métodos de enseñanza.
El documento plantea que las respuestas aplicadas en los distintos países muestran que existen iniciativas innovadoras y prácticas prometedoras, así como importantes avances en tiempo récord, para intentar garantizar la continuidad del aprendizaje. Sin embargo, repensar la educación, sus propósitos y formatos, se vuelve esencial. Por eso, llama a replantear los contenidos y la organización del aprendizaje de cara a las lecciones que deja la pandemia. Estos contenidos deben preparar a los estudiantes para comprender la realidad y actuar de manera solidaria y responsable, y formatos que respondan a la diversidad y a la incertidumbre, más allá de los tiempos de crisis. También plantea que “esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Asimismo, reconoce que las políticas educativas en el ámbito digital empezaron a aplicarse de manera incipiente en algunos países de la región a finales de la década de 1980 y en los últimos años la inversión en infraestructura digital en el sistema escolar ha sido importante en buena parte de los países, y más con la masificación de la conectividad con el Internet móvil y el incremento de dispositivos digitales más accesibles, y las políticas han redirigido sus esfuerzos a la formación de habilidades digitales de los estudiantes.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos los países de la región están desigualmente preparados para enfrentar esta crisis aprovechando la digitalización, porque aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones. “El acceso a conexión a Internet es bastante más extendido y, con la excepción de México y Panamá, las brechas por nivel socioeconómico y cultural son menores”, aunque “no es suficiente tener acceso a Internet, porque no todas las modalidades ofrecen las mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, ya que estas también dependen en gran medida de la calidad de la conexión y el tipo de dispositivo”. De ahí que es central que las políticas de promoción de un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer las “diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar intencionalmente para revertirlas”.
Según este Informe, el profesorado que cuente con competencias para usar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en su práctica profesional, dispone de mejores elementos para brindar una educación de calidad y para guiar eficazmente el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de TIC. Pero, aún son pocas las instituciones que han transformado sus procesos de formación docente inicial, a fin de preparar a las futuras generaciones de docentes en lo referente a las competencias necesarias para la educación del siglo XXI.
Este Informe concluye, entre otros aspectos, expresando que el “impacto de la crisis provocada por la COVID19 en la educación no tiene precedentes. Ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en materia de educación y ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Sin embargo, la comunidad educativa se ha mostrado resiliente y ha sentado las bases para la recuperación”
Fuente: https://acento.com.do/opinion/la-educacion-durante-y-despues-de-la-pandemia-9036182.html
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