Author: Agustín Moreno

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Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia

Agustín Moreno
Agustín Moreno

Hace años que lo viene denunciando el profesorado, las familias, los estudiantes, los sindicatos, la Marea Verde…. En fin, todo el mundo. Pero tiene que venir un organismo internacional a decir lo mismo para que salten las alarmas: “El gasto español en educación está por debajo de la media de la OCDE”. La conclusión del informe es inequívoca: “Una educación de calidad necesita una financiación sostenible”. Tras el titular aparece información relevante y muy inquietante que tira por tierra el neolenguaje de la LOMCE aprobada en solitario por el PP en pleno maremágnum de recortes. ¿De qué “Mejora de la Calidad Educativa” están hablando? Por cierto, los datos son de 2013 y los recortes han seguido después. Veamos.

  • España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE, y nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc.
  • La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países.
  • Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017.
  • Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España.
  • La cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudia ni puede trabajar. Ello se explica por el fracaso y abandono escolar, así como por la elevada tasa de desempleo juvenil.

Como no podía ser de otra manera, las consecuencias se han dejado de sentir en los centros educativos, especialmente en los públicos. Reducción de las plantillas del profesorado entre 23.000 y 32.000 docentes (según las fuentes) por amortización de jubilaciones y despido de interinos. Deterioro de las condiciones laborales del profesorado (mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial, etc.). Abandono de los programas de atención a la diversidad, o lo que es lo mismo, del carácter inclusivo y compensador que tiene que tener la educación. La irresponsabilidad del PP en educación nos lleva a empezar peor el curso cada año.

A todo lo anterior hay que añadir la descarada desviación de recursos de la educación pública a la concertada en las comunidades autónomas más conservadoras, como la de Madrid. En este contexto, la LOMCE daba cuerpo legal a la contracción del gasto en educación. La toma de conciencia de la envergadura de ataque a la educación pública ha generado un fuerte compromiso de las comunidades educativas y el esfuerzo del profesorado para evitar que el impacto en la calidad haya sido más demoledor.

Aparte de la derogación de la LOMCE, urge revertir los recortes y llegar a un compromiso de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar a medio plazo el 7% del PIB. Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores, un rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente.

Por todo ello, a aquellos políticos sin escrúpulos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por el país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard, y que da título al artículo.

 

Fuente del articulo: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/09/21/usted-cree-la-educacion-cara-pruebe-la-ignorancia/1664

Fuente de la imagen: http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Derek+Bok+TIME+Summit+Higher+Education+WB-z4MTRCCUl.jpg

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Los conciertos: una perversión educativa

Agustín Moreno

Por: Agustín Moreno

La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.

Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.

El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.

No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.

La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.

Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.

Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.

No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.

La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/04/los-conciertos-una-perversion-educativa/1399

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=Los+conciertos:+una+perversi%C3%B3n+educativa&biw=1024&bih=494&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid_e7a84LPAhVFHR4KHV_LAC0Q_AUICSgC#imgrc=PZXQXNIcp9qZDM%3A

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La LOMCE fracasa con las reválidas

Agustín Moreno

Europa/España/26 de Agosto de 2016/Autor: Agustin Moreno/Fuente: Rebelión.org

Medio millón de alumnos están llamados esta semana a realizar la prueba externa de 6º de Primaria que establece la LOMCE . Y el caos no puede ser mayor. Se juntan varios factores que indican que apenas se va a aplicar. Estamos hablando del gran rechazo que provoca una ley impuesta por el PP, del cuestionamiento de la utilidad de las reválidas, del cambio político producido en las comunidades autónomas en 2015 y de los llamamientos al boicot de la prueba. Es la tormenta perfecta para que más del 70% del alumnado no la haga.

La LOMCE carece de toda legitimación social y política, aunque se haya aprobado formalmente en el Parlamento en una coyuntura política que ya no existe. Que de esta realidad no hayan querido darse cuenta el PP y Rajoy dice mucho de la arrogancia con la que nos han gobernado. Una ley tan denostada desde el principio por la falta de consenso no puede esperar que su aplicación sea pacífica. La inmensa polémica y rechazo que produce por ser una ley impuesta por el rodillo parlamentario se está traduciendo en fuertes resistencias a su puesta en marcha. Hay que recordar el compromiso de derogarla de todos los partidos políticos de la oposición y que en la reciente y efímera legislatura se aprobó por amplia mayoría su paralización. Algo de puro sentido común, pero del que ostensiblemente carece el gobierno.

Hay un rechazo de las pruebas externas por amplios sectores de la comunidad educativa. Porque buscan el control burocrático sobre el aprendizaje y el profesorado. Por aplicarse de forma descontextualizada, sin considerar circunstancias personales y sociales (algo que puede hacer el profesor que conoce al alumno) y no medir el avance conseguido por cada niño y niña y por cada centro. Por estar basadas en contenidos memorísticos, estandarizados, que dificultan la innovación pedagógica y devalúan el aprendizaje, convirtiendo a los centros y al profesorado en preparadores para superar un test. Además de lo aburrido que es lo anterior, quitan funciones al profesorado en orden a la evaluación de sus alumnos, ya que estas pruebas se realizarían por otros profesionales ajenos. Y por esto mismo, son muy caras.

En la práctica las reválidas convierten la educación en una carrera de vallas, de superación de obstáculos pensados para segregar, penalizar y generar estrés desde muy pequeños(en 3º y 6º de Primaria la edad es de 8 y de 11 años). Y hay que superarlas para poder titular en ESO y Bachillerato, jugándose muchos años de escolarización en un examen. Detrás de ellas subyace una filosofía neoliberal que busca clasificar, segregar y exacerbar la competitividad entre centros y alumnado, en vez de fomentar la cooperación. En fin, puro darwinismo escolar. Hasta con la ley General de Educación franquista de 1970 se suprimieron las “temidas reválidas“ que el tándem Rajoy-Wert han resucitado.

Claro que hay que evaluar, pero de otra manera: de forma integral a todo el sistema, con la participación democrática de toda la comunidad educativa y de los centros, con carácter formativo y dando recursos a quién más lo necesite para compensar y corregir problemas. Nunca clasificando a los colegios con la publicación de los datos y la elaboración de un ranking que distinga y estigmatice. La evaluación ha de estar al servicio de la mejora de la educación o no sirve más que para cristalizar las desigualdades y hacerlas crónicas.

Después de intentar sin éxito convencer al Ministerio de Educación de su paralización, finalmente doce comunidades autónomas no la realizarán tal y como establece la ley. Y ello supone que sólo las harán las cinco gobernadas por el PP: Madrid, Galicia, Castilla y León, Rioja y Murcia (más Ceuta y Melilla). Las comunidades insumisas se dividen entre quienes han recurrido el real decreto y están en espera y las que aplicarán alternativas para burlar la ley (las gobernadas por el PSOE), no haciendo la prueba y sustituyéndola, por ejemplo, por informes individualizados de cada alumno realizados por sus propios profesores.

Además de las críticas de la comunidad científica expresadas contundentemente por el Foro de Sevilla, los sindicatos del profesorado, las familias, la Marea Verde y las Plataformas por la Escuela Pública, muchas organizaciones defienden el boicot a estas pruebas. La CEAPA, mayoritaria en la educación pública, llama a los cuatro millones de familias que representa a no llevar a sus hijos al colegio los días de las pruebas. Los sindicatos progresistas del profesorado rechazan rotundamente las reválidas y realizan campaña contra ellas. El sindicato CGT ha convocado en Madrid huelga los días 11 y 12 de mayo para dar cobertura legal al profesorado que se niegue a ser aplicador de las pruebas. Plataformas por la Escuela Pública como la de Vallecas, siempre muy activa y con éxitos en el tema del boicot a las pruebas CDI, seguirá trabajando para que las familias no envíen los niños a clase. La Marea Verde ha habilitado una campaña de recogida de firmas contra las reválidas.

Por no haber negociado la paralización de las pruebas, el Ministerio de Educación y las Consejerías autonómicas del PP se van a enfrentar a una situación de desobediencia masiva, aunque intenten negarlo. Si la suma de resistencias hace que tres de cada cuatro alumnos no realicen la prueba de Primaria, estamos ante un rotundo fracaso en la aplicación de la LOMCE. Y mal asunto cuando el maximalismo de un partido le lleva a aprobar leyes que sólo las cumplen los suyos. Hay que enterrar una ley que nació sin contar con la comunidad educativa y sin respaldo social y político y que hace aguas por todas partes. Es necesario elaborar una nueva legislación que asegure el carácter público, gratuito y laico de la educación. Y urge revertir los recortes que sólo entre 2008 y 2011 supusieron el 19,4% del gasto en educación para poder garantizar la equidad y la cohesión social en este país.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212189

Fuente de la imagen: http://www.ampavictoriaquilez.com/lomce/

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Reválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación

Agustín Moreno

Por Agustín Moreno

Como en los mejores tiempos del franquismo, en vísperas de vacaciones y cuando se forman colas kilométricas de automóviles camino de las playas, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha aprobado un Real Decreto que regula las reválidas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Lo hace precisamente cuando la gran mayoría de la comunidad educativa proponía a los partidos políticos que van a negociar la formación de gobierno una serie de medidas urgentes para evitar daños irreparables al alumnado. No atendiendo el clamor de la mayoría de comunidades autónomas que vienen pidiendo al Ministerio de Educación que pospusiera la aprobación de las pruebas externas por ser contrarias a ellas, como lo demostraron con el boicot a las de primaria. Por último, desprecia el acuerdo del anterior Congreso de los Diputados que aprobó en abril la paralización de la LOMCE por una amplia mayoría. En resumen, el gobierno del PP es todo imposición y nada de diálogo.

El Real Decreto, que regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato, fija las materias troncales, las específicas y las optativas, el porcentaje de peso de las notas académicas (60%) y de las reválidas (40%), quién realiza las pruebas, las correcciones, establecimiento de fechas, etc. Los alumnos de ESO se examinarán de 7 asignaturas con 60 minutos por prueba, y los de Bachillerato de 8 asignaturas con una duración 90 minutos por cada una. Las reválidas durarán entre 4 y cinco días.

Solo podrán presentarse a ellas los alumnos que tengan un máximo de dos asignaturas suspensas en ESO (siempre que no sean Lengua y Matemáticas) y con todas aprobadas en Bachillerato. Los alumnos que no obtengan la nota suficiente no obtendrán los correspondientes títulos de ESO o de Bachillerato, aunque en el curso 2016/17 no tendrán aún efectos académicos. La reválida de Bachillerato sustituirá a la Prueba de Acceso a la Universidad.

El alumnado de ESO que no apruebe las dos convocatorias no obtendrá el título y no podrá seguir estudiando otra cosa que no sea la Formación Profesional Básica (FPB). Esto es un importante retroceso ya que supone ofertarles un itinerario pensado como final de trayecto. Hay que recordar que la FPB está siendo un rotundo fracaso en la opinión de los expertos, ya que al suspender la mitad del alumnado se convierte en una vía muerta.

Por ello las críticas no se han dejado esperar. Los directores de los centros educativos denuncian que estos alumnos quedarían en un auténtico limbo sin salidas y supondría aumentar el fracaso escolar y su práctica expulsión del sistema. La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha anunciado queestudiará acciones jurídicas contra el gobierno por aprobar el Real Decreto estando en funciones.

El fondo del rechazo de la comunidad educativa a las reválidas es por el carácter segregador que tienen; porque establece pruebas externas de carácter finalista en las que el alumnado se juega a una carta el resultado final de muchos años de escolarización; porque no tienen en cuenta realmente el progreso del alumno y el contexto socioeconómico del centro; y porque sustraen la evaluación última al profesorado que les ha dado clase y les conoce. Las reválidas nos retrotraen medio siglo en el tiempo: al mismo sistema clasista que había antes de la ley de Educación de 1970.

Llegado a este punto, hay que hacer una afirmación: por supuesto que los profesionales no nos oponemos a la evaluación. El Foro de Sevilla la define bien: en la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea la LOMCE-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión.

En resumen, el gobierno en funciones tiene legitimidad política cero para aprobar estas medidas que son las más polémicas de una que tiene un amplio y profundo rechazo. Y hay que sacar dos conclusiones. Una sobre la movilización: en septiembre la Marea Verde tendrá que volver a la calle en defensa de la Educación Pública. Otra política ahora que se está hablando de la investidura: lo realmente importante no estriba en qué gobierno se forma, sino para qué política y ya va siendo hora de dejar el teatro y hablar de las grandes cuestiones como la educación, el paro o las pensiones. Y en torno a ellas formar la mayoría de gobierno. Frente a la pesadilla de un nuevo gobierno del PP, debería de valer la mayoría que aprobó la paralización de la LOMCE en el Congreso de los Diputados.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/07/30/revalidas-golpe-rajoy-la-educacion/1595

Imagen tomada de: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/files/2016/07/protesta_revalidas_Galicia.jpg

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España: Tras el debate de la LOMCE el PSOE debe romper con Ciudadanos

Agustín Moreno

El día 5 de abril se debatió y aprobó una proposición de ley en el Congreso que planteaba la paralización de la LOMCE. La votación tiene pocas consecuencias prácticas pero un importante valor político. Desenmascara a los que se oponen, por activa o por pasiva, a la paralización de la LOMCE por estar de acuerdo con un sistema segregado y que mercantiliza la educación.

También tiene la fuerza de demostrar que existe una mayoría  de progreso y que Ciudadanos no forma parte de ella.

1. La LOMCE es la ley de educación más nefasta y con menos apoyos políticos y sociales que ha haya habido nunca en España. Es la herencia de José Ignacio Wert, que encima fue premiado con una canonjía en la OCDE por ostentar el récord absoluto de ser el ministro peor valorado.

Hay un gran consenso contra una ley unilateral que consolida los recortes en la inversión educativa, consagra la doble red de centros privados-concertados financiados con fondos públicos, y segrega al alumnado introduciendo reválidas, clasificaciones competitivas en un modelo que es puro darwinismo escolar.

La proposición de ley fue planteada a iniciativa del PSOE que firmó el 17 de julio de 2013 un texto solemne comprometiéndose a la derogación de la LOMCE en cuanto hubiera un cambio político. Compromiso que adquirió con todos los partidos menos con el PP y que la propuesta de ayer no respeta estrictamente. La ciudadanía deberá exigir su fiel cumplimiento o las responsabilidades correspondientes si no se hiciera.

El rechazo a la ley ha sido tan grande que solo el PP -con el voto en contra- y Ciudadanos –con la abstención- se han opuesto a su paralización. La mayoría absoluta del Congreso ha votado a favor reflejando el repudio social y de la comunidad educativa. Hay otra reflexión a hacer ¿puede un partido imponer un cambio legal tan radical que rompe todos los consensos aprovechando una circunstancial y efímera mayoría absoluta?

2. Ciudadanos ha roto el pacto con el PSOE al no votar la paralización de la LOMCE. Hay que recordar que el acuerdo firmado entre PSOE Y Ciudadanosen las negociaciones para la investidura dice: “Se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor”.

Es muy grave que Ciudadanos no cumpla ni siquiera un acuerdo tan flojo y ambiguo. Por eso la pregunta es ¿piensa el PSOE gobernar con Ciudadanos que no vota siquiera a favor de lo pactado? Es conocido el programa neoliberal de Ciudadanos en educación, en el que apuesta por aumentar la privatización y colocar la educación al servicio del mercado y de las  élites. Este modelo intenta enmascararlo con un etéreo  “pacto educativo”. Un pacto que dada la dificultad para alcanzarlo (vistas las intransigentes posiciones del PP y de la Iglesia) conducen a la paralización de cualquier iniciativa y, como consecuencia, al mantenimiento del actual status quo, es decir, la LOMCE. Ésta es la jugada maestra de Ciudadanos.

Que el socio preferente del PSOE para formar gobierno no haya votado con ellos en un tema tan importante indica que son de poco fiar. Pero, sobre todo, que el papel adjudicado por el establishment a Ciudadanos no es otro que el de embridar al PSOE para que no gire a la izquierda. O dicho de otra manera, actuar como caballo de troya de los intereses de la derecha evitando el acuerdo PSOE/Podemos/IU-UP… Ya habrá tiempo luego para pactar con el PP si tras unas nuevas elecciones les diera la suma de votos para formar gobierno. Ahora bien, que nadie lo dude: un gobierno PSOE-Ciudadanos no asegura ni un sistema educativo público de calidad, ni la paz social en las aulas.

3. La mayoría de progreso hay que construirla a partir de los 186 votos a favor de la paralización de la LOMCE. Empeñarse en un acuerdo con Ciudadanos es un error del PSOE. Y se demostrará como puro teatro para rebañar votos al no sumar los apoyos suficientes ni conseguir la abstención del PP o Podemos.

Hay que avanzar hacia la formación de una mayoría de cambio para que la paralización de la LOMCE sea efectiva y para ir más lejos, hasta la derogación. El PP ya ha anunciado que no va a hacer ni caso de la propuesta acordada ayer y la bloqueará en el senado. Y mientras tanto, la incertidumbre del alumnado y de sus familias crece. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el año que viene con la reválida a los chicos y chicas de mi tutoría de 1º de bachillerato?

4. Por eso es necesario y urgente un acuerdo social, político y territorial para la educación española. La referencia de contenido y de procedimiento está en el‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’ que el Foro de Sevilla y otras muchas organizaciones sindicales y educativas han elaborado para defender la educación pública como una palanca de equidad y cambio social y cultural.

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