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La Escuela pública: entre las pruebas PISA y la inercia de la tradición

Es en este contexto que resulta relevante escuchar la opinión de un maestro de aula, ya que son habitualmente los tecnócratas de escritorio y la prensa de derecha quienes, con frecuencia, tienen la última palabra y dictan el veredicto en temas educativos. Su influencia prevalece en la opinión pública, con la clara intención histórica de que el Estado ceda el futuro del «negocio» educativo a manos de la empresa privada y a esos conglomerados económicos que ven en el sector educativo una fuente de negocios altamente rentable. Su objetivo es imponer un currículo educativo a medida de sus intereses.

Desde su concepción, las pruebas PISA contienen una contradicción intrínseca. Comparar los resultados en ciencias, matemáticas y lectura entre países con condiciones tan diversas en lo social, económico, político, cultural y científico-tecnológico es absurdo. Es evidente que países como Colombia permanecerán constantemente en la mitad inferior de la tabla. Esto se agrava por la ausencia de una política educativa seria en el país. Los avances en este ámbito han sido principalmente el resultado de la lucha social y el esfuerzo sindical de los maestros, enfrentándose a gobiernos reaccionarios.

El país se encuentra inmerso en una economía marcada por una confrontación bélica persistente, alimentando una maquinaria militar que devora millones del presupuesto. Esta situación ha llevado a un aumento constante de la deuda externa, que para junio de 2023 alcanza los US$187.529 millones, equivalente al 56,1% del Producto Interno Bruto (PIB) (BanRepública, 2023).

Además, varios investigadores han intentado cuantificar el costo del conflicto armado en Colombia durante más de 50 años. Las estimaciones sobre el costo del conflicto varían notablemente. Por ejemplo, una investigación de la firma Raddar y la Corporación Bienestar sugiere que el conflicto ha costado al país U$2724 billones desde 1964, debido al aumento del gasto militar, la destrucción de infraestructura, la pérdida de oportunidades y la asignación ineficiente de recursos.

El gobierno de Ivan Duque es ejemplificante, en plena pandemia de COVID 19, con una sociedad golpeada y una economía en crisis en donde se necesitaba mitigar el hambre, sustentar a quienes perdieron el empleo y sus negocios, financiar la educación pública en modo virtual, el gobierno uribista se preparó para una verdadera guerra contra su población invirtiendo más de U$ 10.18 millones en defensa y armas.

“además de la decisión de comprar 24 aviones militares, en los últimos meses el Gobierno ha invertido, de acuerdo con información del Secop, $ 9.500 millones de pesos para comprar municiones para el Esmad (81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas) y se compraron 23 camionetas para protección presidencial por $ 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas por $ 12.000 millones de pesos y 3 camionetas para esquema de comandantes del Ejército por $ 812 millones”.

Tomado de El Tiempo 26/04/2021.

Y aun no quedando satisfechos embolataron $ 70 mil millones (Transparencia por Colombia, 2023) destinados a la conectividad de las escuelas más apartadas del país, hecho delictivo por el cual Karen Abudinen titular del Min. de tecnologías de ese entonces, no da razón mas allá de un libro con el cual busca limpiar su nombre, mientras las escuelas rurales de Colombia, sus maestros y sus estudiantes aún siguen en el abandono.

Teniendo este contexto inicial sobran los argumentos para discutir que los resultados de los estudiantes colombianos no son ajenos a una realidad nacional en donde la guerra, la corrupción, el abandono y la marginalidad de la escuela pública son el común denominador e influyen directamente en el contexto de aprendizaje. Esto no es Singapur, no es Finlandia, es Colombia y es allí precisamente en donde cobra relevancia el análisis desde el aula y no desde un escritorio o desde el micrófono de un periodista prepago del establecimiento.

El caso Bogotano

El análisis no puede dejar de lado la situación educativa de Bogotá y su comparativa con otros territorios del país, resulta evidente que, si bien existe una crisis generalizada, la capital colombiana enfrenta desafíos menos agudos que otras zonas. El gobierno distrital, liderado por la alcaldesa Claudia López y su secretaria de educación Edna Bonilla busca construir la narrativa de que sus políticas han mitigado los impactos negativos en la ciudad en comparación con el resto del país. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto la influencia significativa del sindicato de maestros ADE, cuya presión constante ha contribuido considerablemente a las condiciones educativas en la ciudad.

Es importante reconocer que diversos factores se entrelazan para favorecer a Bogotá en términos educativos. El centralismo histórico se refleja en la oferta y acceso a formación posgradual universitaria para los docentes, que en Bogotá con respecto al resto del país es muy superior, así como en aspectos como la oferta cultural, el acceso a redes de internet, bibliotecas, centros culturales y la disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares. El nivel de alfabetización de la población y la formación de los padres también juegan un papel crucial en estos resultados.

El informe de la Secretaría de Educación de Bogotá omite estos factores, atribuyendo los logros únicamente a la consolidación de estrategias de aprendizaje, especialmente aquellas centradas en la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sin embargo, carece de autocrítica en relación con la política de privatización permanente, que ha llevado al desfinanciamiento de la escuela pública, la sobrecarga laboral y la persecución contra el magisterio.

Es esencial destacar el papel fundamental de los maestros y maestras que, a pesar de la escasez de recursos, han contribuido significativamente al proceso educativo en Bogotá. Pero obviamente estamos ante una Secretaría que está enfocada en profundizar el proceso de privatización, manifestado en programas como el BI (bachillerato internacional) y otros convenios con las cajas de compensación en detrimento de la pedagogía y de los derechos laborales de los docentes capitalinos.

Violencia, exclusión social y escuela

El análisis se ve enriquecido al considerar las condiciones sociales en las cuales se desarrollan los procesos escolares y que además son el resultado de diversas formas endémicas de violencia presentes en nuestro país. Esto se ve agravado por el modelo económico de explotación y saqueo que ha perpetuado la pobreza y el abandono estatal a lo largo de generaciones de colombianos.

En circunstancias normales, los niños y niñas deberían asistir a la escuela para aprender, socializar y construir conocimientos guiados por sus maestros y maestras. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas públicas y muchos colegios privados, esta realidad dista de ser la ideal. Los educadores se ven obligados a dedicar gran parte de su tiempo en el aula a abordar problemas de convivencia escolar, derivados de diversas causas.

Entre estas causas se encuentran las violencias familiares durante la crianza, que se manifiestan en comportamientos violentos de muchos niños y niñas hacia sus compañeros. También influyen las violencias presentes en los entornos barriales, donde muchos jóvenes crecen sin la supervisión de sus padres, cuyas obligaciones laborales los mantienen ocupados todo el día. La calle y sus amigos se convierten en sus referentes, en una sociedad descompuesta y enferma, donde el microtráfico, las bandas delincuenciales y otras problemáticas son lamentablemente comunes.

Además, se suma la violencia producto del conflicto armado, que afecta a familias enteras que han sido desplazadas, diezmadas, ultrajadas y moralmente destrozadas. En este contexto, los niños, niñas y jóvenes son los más afectados, enfrentando traumas y desafíos que obstaculizan su desarrollo integral.

Por otro lado, la violencia mediática también desempeña un papel crucial. La matriz mediática ha girado en torno a la violencia social, el amarillismo y la difusión de contenidos violentos y sexuales en busca de audiencia. Esto contribuye a la formación de una sociedad desensibilizada y normaliza comportamientos perjudiciales, especialmente entre los jóvenes.

  • Para respaldar estos planteamientos, es relevante destacar algunas estadísticas alarmantes. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Salud, el porcentaje de casos de violencia intrafamiliar ha aumentado en un 20% en los últimos cinco años. Asimismo, informes de organizaciones no gubernamentales revelan que el desplazamiento forzado ha afectado a más de un millón de personas en la última década, con un impacto particularmente devastador en la niñez.

Una generación marcada por Influencers y la promesa del dinero fácil

En el trasfondo de esta narrativa se vislumbra un panorama sombrío marcado por las condiciones de pobreza que afectan a la población en general. Esta realidad, sumada a la falta de oportunidades, crea un terreno propicio para que el desinterés, la apatía y la falta de perspectiva académica se apoderen de los estudiantes. Estos jóvenes se ven constantemente bombardeados por la cultura del inmediatismo y las promesas de riqueza fácil y éxito repentino, hábilmente difundidas por los gurús de los medios a través de redes sociales y otros canales de comunicación.

En este contexto, es evidente que una parte significativa de la juventud contemporánea no percibe la escuela con buenos ojos. Más bien, se erigen como «emprendedores» modelados por una sociedad que les insinúa la posibilidad de enriquecerse de la noche a la mañana. Se les presenta la imagen seductora de convertirse en influencers, youtubers, cantantes o incursionar en plataformas como OnlyFans y TikTok. Es la generación del “Yo me llamo», que surge sobre los cimientos de una sociedad donde la «cultura traqueta» ha vendido la ilusión de que adoptar roles como traquetos, prepagos o modelos webcam constituye un pasaporte directo hacia la fama y la fortuna.

Es importante respaldar estas reflexiones con datos concretos que ilustren la magnitud de esta problemática. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), más del 40% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, lo que refuerza la conexión entre la falta de recursos y oportunidades y el desinterés académico.

Asimismo, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que el desempleo juvenil en Colombia alcanza cifras preocupantes, ubicándose en un 21%. Estas estadísticas respaldan la percepción de la juventud sobre la escasa viabilidad de encontrar oportunidades de desarrollo a través de la educación tradicional.

Esta actitud desafiante hacia la educación también se ve alimentada por el atractivo virtual de la fama y la riqueza. Datos de estudios psicosociales indican que el 60% de los jóvenes colombianos consideran que las redes sociales son una vía legítima para alcanzar el éxito, confirmando así la influencia de estas plataformas en la percepción de la realidad de la juventud. Incluso según datos recientes de octubre de 2023, Colombia es el cuarto país de Latinoamérica con el mayor número de influencers y el segundo país en inversión de publicidad digital solo por debajo de Brasil.

Desocupación post secundaria

La perspectiva tanto laboral como académica entre los estudiantes graduados no constituye un estímulo que despierte el interés de los jóvenes. Según revela la Universidad del Rosario, apenas el 40% de los egresados de bachillerato logra acceder a la educación superior, sin hacer distinción entre colegios públicos y privados. Esta realidad se explica, en parte, por el elevado costo de las carreras universitarias, la carencia de orientación vocacional, la necesidad de aceptar empleos ocasionalmente mal remunerados para contribuir al sustento familiar, y otros factores correlacionados.

Las cifras proporcionadas por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana arrojan luz sobre la magnitud de este desafío. El análisis de la tasa de transición inmediata de estudiantes provenientes de instituciones educativas públicas y privadas hacia la educación superior revela que cerca de 2 millones de colombianos, con edades comprendidas entre los 17 y 21 años, se encuentran excluidos de esta cobertura vital.

Estas estadísticas subrayan la urgencia de abordar las barreras que obstaculizan el acceso a la educación superior en Colombia. El elevado porcentaje de jóvenes excluidos de este proceso demuestra que la falta de oportunidades educativas no se limita a la disparidad entre colegios públicos y privados, sino que se extiende a un problema sistémico que afecta a una parte significativa de la juventud colombiana.

El panorama se torna aún más desafiante al considerar que la falta de orientación vocacional y la necesidad imperante de contribuir al ingreso familiar inciden directamente en las decisiones educativas de los jóvenes. Resulta imperativo, por tanto, implementar medidas que no solo faciliten el acceso económico a la educación superior, sino que también ofrezcan orientación y apoyo a los estudiantes en la toma de decisiones cruciales para su futuro académico y profesional.

El escenario escolar. Entre la represión y la inoperancia

Al abordar los elementos anteriores podríamos argumentar que “estudiar” no representa un camino “atractivo” para muchos jóvenes colombianos, eso explicaría en parte el desinterés frente al proceso académico pero el análisis no puede quedarse sin un elemento estructural, el papel de los educadores y de las instituciones educativas.

Desafortunadamente y hay que ser muy autocríticos y responsables, el común denominador del funcionamiento en las instituciones educativas distritales es que muy pocas cosas funcionan bien, la gestión de calidad solo ha servido para que muchos directivos docentes hayan abandonado su papel como lideres y dinamizadores de la pedagogía y actúen mas como jefes de personal de una fábrica.

El marco reglamentario de la educación colombiana viene girando mas hacia el funcionamiento vertical y empresarial de la escuela, delimitando y controlando horarios, porcentajes de aprobación, informes estadísticos, racionalización de recursos,  manuales de procesos y procedimientos draconianos, entrenamiento  para contestar pruebas, todo un armatoste burocrático y tecnicista que  haciendo honor a la verdad no redunda en mejores resultados académicos y un mejor funcionamiento de la institución educativa.

Hay que puntualizar que todo ese andamiaje en muchos casos es utilizado por algunos directivos docentes, para reprimir y perseguir al maestro de aula cual, si fuera obrero raso que debe entregar producción al final del día, creando climas institucionales invivibles en donde las demandas, las amenazas, la falta de trabajo en equipo, las extralimitaciones de funciones, los malos manejos alimentan la apatía laboral y el que muchos docentes terminen haciendo lo mínimo.

Claro que existen escuelas e instituciones que tienen otras prácticas de gestión pero algo que es recurrente en la gran mayoría es la ausencia de diálogo pedagógico y constructivo, aquí la experiencia de más de dos décadas en educación me anima a argumentar que si bien hay muchos maestros con posgrados, muy bien preparados, estos títulos terminan en muchas ocasiones solo de utilidad para subir en el “escalafón” y elevar los ingresos, a causa de la ausencia de espacios institucionales para trabajar en equipo con otros maestros en propuestas pedagógicas que influyan definitivamente en la transformación de prácticas pedagógicas.

A pesar de los loables esfuerzos realizados por muchos educadores en términos de capacitación y formación, la maquinaria escolar persiste en funcionar de manera anacrónica, manteniendo intactas sus estructuras desde décadas atrás. Los currículos se despliegan en áreas de enseñanza que, dependiendo de la institución educativa, oscilan entre 13 y 15 o más, sin establecer conexiones coherentes entre sí ni con el mundo real.

En este escenario, cada docente, imbuido de responsabilidad, defiende sus métodos y enfoques al final del año ante la comisión de evaluación y promoción. Este proceso, más allá de ser un espacio para reflexiones pedagógicas, se convierte en un terreno donde se elaboran balances, se extraen estadísticas, se otorgan notas y se posicionan subjetividades y simpatías. En este peculiar teatro educativo, se suscitan auténticos «milagros».

Es común que estudiantes que han acumulado reprobaciones en seis o más materias a lo largo del año, misteriosamente vean reducida esta cifra a una o dos, generalmente relegadas a asignaturas como religión, ética o educación física. Estas últimas se someten a una suerte de «recuperación» mediante pruebas, culminando con la aprobación del año escolar.

Este enfoque carece por completo de pedagogía, trabajo en equipo o diálogo efectivo entre los maestros. Además, se observa una ausencia palpable de compromiso serio por parte de las familias de los estudiantes. En lugar de centrarse en estrategias educativas efectivas, el sistema se aferra a la rigidez de las estadísticas como única medida de éxito.

Lo peculiar de todo esto es que las recetas utilizadas administración tras administración es la misma, olvidando todo el contexto presentado anteriormente, ni los mismos docentes nos salvamos, nos aferramos a la tradición, cuantas veces en las instituciones educativas he escuchado que unos compañeros casi que le gritan a otros: ¡profe aquí siempre lo hemos hecho así! o algunos en tono conciliador intentando convencer y dando cátedra de experiencia : “no se desgaste compa, ¿para qué?, nadie se lo va a agradecer, cuide su salud”, “cumpla el horario y lleve el seguimiento de los estudiantes, ahí está el secreto”, y otras tantas que hacen parte de la jerga o currículo oculto de las instituciones educativas, así terminan muchos maestros y maestras trabajando casi en la clandestinidad, haciendo su proyecto en solitario, soportando la crítica y a veces recibiendo el apoyo en intentos individuales de transformar la escuela.

Mientras tanto el mundo cambia aceleradamente, las nuevas tecnologías, la virtualidad, las inteligencias artificiales transforman el mundo que conocemos, si sufrimos con Wikipedia y el “copy page” de los estudiantes en sus tareas, con los resúmenes de libros en portales como “el rincón del vago”, no me quiero imaginar con el uso del ChatGPT para iniciar por algo.

El sindicato de maestros, de espaldas a la pedagogía

En medio de este complejo panorama, es imprescindible abordar el papel desempeñado por las organizaciones sindicales de los docentes colombianos. Desafortunadamente, gran parte de la responsabilidad de la debacle educativa se les endosa, perpetuando una narrativa que ha sido hábilmente construida por sectores adversos a la educación pública. Estos actores, ansiosos de la privatización del sistema educativo, han empleado desde hace décadas argumentos reduccionistas y falaces. Han posicionado la idea de que FECODE, la principal federación sindical de educadores, «administra» los colegios públicos y utiliza las aulas para «adoctrinar» a los estudiantes.

Este relato, amplificado por diversos medios informativos del país, ha contribuido a estigmatizar al maestro o maestra de la escuela pública como un individuo «vago», «perezoso» y, en los casos más extremos, un «guerrillero» camuflado al servicio de la extrema izquierda. Las consecuencias de esta construcción mediática han sido nefastas para la imagen del magisterio colombiano, que ha terminado siendo perseguido, violentado, arrinconado y discriminado.

Los datos sobre persecución sindical son evidentes. Informes e investigaciones emitidas por FECODE documentan cómo maestros y maestras son víctimas del conflicto armado colombiano. Este patrón de violencia culmina en el reconocimiento del movimiento sindical y del magisterio como sujetos de reparación colectiva, subrayando la necesidad de comprender que el análisis de los resultados académicos de los estudiantes colombianos está intrínsecamente ligado a la realidad de la escuela y las condiciones laborales de los docentes.

Este ciclo de violencia y degradación contra los maestros se intensifica, manifestándose en formas más sutiles, pero igualmente perjudiciales, entre ellas esas que se dan entre algunos de los funcionarios administrativos de ministerios y secretarías contra los docentes; se observan desprecios por la profesión docente en los incentivos, los reconocimientos y el trato displicente en las mesas de negociación sindical. Incluso los padres de familia, amparados por normativas laxas, muestran una creciente violencia e intolerancia hacia los docentes, exigiendo más a los educadores que al propio Estado.

Estas problemáticas, unidas a la centralización de la agenda sindical en cuestiones como salario, derechos laborales, escalafón y financiación, junto con una actitud reactiva derivada de la embestida neoliberal, que impone una posición constante de resistencia, han limitado la propuesta pedagógica del magisterio. Este enfoque se traduce en iniciativas aisladas que no logran impulsar la revitalización del movimiento pedagógico ni, mucho menos, la construcción de una propuesta educativa integral para el país.

Para algunos sectores del sindicalismo magisterial, esta realidad resulta difícil de aceptar. Están tan inmersos en sus luchas por el micropoder y las influencias que pasan por alto el hecho evidente de que, en este momento crucial, el movimiento sindical del magisterio no solo debe velar por la defensa de la escuela pública y del derecho a la educación, sino que también tiene la responsabilidad de ser un actor protagónico en la transformación del sistema educativo.

Es imperativo trascender las limitaciones inherentes a la resistencia constante y explorar nuevas dimensiones donde el sindicato de maestros no solo abogue por las condiciones laborales, sino que también promueva una visión pedagógica crítica y emancipadora. En este sentido, resulta esencial la formulación y defensa de propuestas educativas innovadoras que respondan a los desafíos actuales y contribuyan a la construcción de un modelo educativo acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea.

La participación activa del sindicato magisterial en la transformación de la escuela no solo sería una respuesta a las problemáticas actuales, sino que también consolidaría su papel como agente de cambio en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, dinámico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Es lamentable observar cómo ciertos sectores arraigados en los sindicatos regionales y, en particular, en FECODE, aprovechan su posición para impulsar la agenda de sus partidos y movimientos políticos. Este accionar, sin embargo, viene acompañado de un costo significativo: sacrificar las reivindicaciones pedagógicas del magisterio, que trascienden con creces la simple cantidad de estudiantes por aula.

El debate sobre el tamaño de las clases, si bien relevante para abordar el hacinamiento, no aborda de manera sustancial las prácticas pedagógicas dentro del aula. Puede haber maestros con 40 o 25 estudiantes, pero si se continúa limitando a cumplir el currículo neoliberal, que esencialmente forma futura mano de obra barata, la situación no experimentará mejoras significativas. La escuela pública clama por una transformación total. ¿Dónde quedó la discusión sobre estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Y la reflexión sobre los campos de pensamiento? ¿Dónde se encuentra el diálogo sobre la evaluación escolar? ¿Persistiremos en eludir la posibilidad de evaluarnos pedagógicamente como maestros? ¿Dónde está la conversación sobre la educación rural y la inclusiva?

Resulta desconcertante mantener la afirmación de que las nuevas tecnologías son intrusas en las aulas. ¿Continuarán los directivos docentes desempeñando el papel de gendarmes de la administración, creyendo erróneamente que los dispositivos de control y la falta de democracia escolar son la senda hacia la excelencia académica? ¿Persistirán algunos sectores del magisterio en oponerse a la transformación, incluso adoptando actitudes irresponsables a nivel laboral, respaldándose en una interpretación sesgada de la libertad de cátedra?

Lo más preocupante no es solo que las pruebas PISA, con todas sus contradicciones, evidencien un estado de crisis educativa. Lo verdaderamente inquietante radica en la dificultad de muchos actores del proceso para asumir su grado de responsabilidad, limitándose a culparse mutuamente durante décadas. Mientras tanto, la niñez y la juventud se ven privadas de la oportunidad de prepararse para un futuro global incierto, donde el Estado policial global extiende dispositivos de control, exclusión y manipulación social.

Estos facilitan que la derecha y los nuevos fascismos del siglo XXI lleven al poder a figuras que convencen a la sociedad de que la existencia de derechos humanos es la causa de la crisis multidimensional. Por ende, propugnan por su extirpación, eliminación y, asombrosamente, son tratados como salvadores.

Referencias

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Bayona Rodríguez, H. (2017, 25 de julio). La imposibilidad que tienen los docentes de ascender: la realidad del 1278. Red de la Educación. La Silla Vacía. Recuperado de          https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-educacion/la-imposibilidad-que-    tienen-los-docentes-de-ascender-la-realidad-del-1278/

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Instituto Nacional de Salud. (2021). Violencia de Género e Intrafamiliar (Código 875) [Report]. Grupo de enfermedades no transmisibles, Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública.    notransmisibles@ins.gov.co. https://www.ins.gov.co/buscador-                                          eventos/Informesdeevento/VIOLENCIA%20DE%20GENERO%20E%20INTRAFAMILIAR%20IN FORME%20FINAL%202021.pdf

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La República. (2023, 14 de septiembre). Hay más de 1,03 millones de jóvenes  desocupados, con tasa de desempleo de 16,6%. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/hay-  mas-de-1-03-millones-de-jovenes-desocupados-con-tasa-de-desempleo-de-16-6-3704518

OCDE. (s.f.). ¿ Qué es PISA? Recuperado el 12 de diciembre de 2023, de https://www.oecd.org/pisa/pisa-es/

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La marcha del absurdo

Por: Carlos Munevar

“¡Qué tal esto! Los simios gobernando”, y luego al ser interpelada por una periodista independiente contesta con altivez “¡que educación puede tener un negro!, refiriéndose a Francia Márquez, gritaba con los ojos desorbitados, ciega de odio, una señora en la plaza de Bolívar durante la marcha uribista del día 26 de septiembre. Según la policía nacional más de 60 mil personas salieron a la calle a protestar contra muchas cosas pero a la vez contra nada, porque esas cosas en el fondo no tienen contenido y lejos de reivindicar necesidades sociales y luchar por derechos, fue una marcha sui generis pues sus motivaciones principales están basadas en mentiras repetidas durante 20 largos años y acumuladas durante siglos de colonialismo cultural que hoy son causa del odio en contra de Petro y de los sectores sociales que lo apoyaron camino a la presidencia.

Obviamente las mentiras se reencauchan y se adaptan a las necesidades del mentiroso, no lleva dos meses Petro en la presidencia y ya la oposición uribista le atribuye la responsabilidad de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Pero además de eso se opone férreamente a las medidas económicas, sociales y políticas que se presentan para poder salir del escenario difícil que dejó la nefasta presidencia de Duque, el país está quebrado, la corrupción permea todas las instituciones, el paramilitarismo se rearma, el hambre es una realidad para las dos terceras partes de los colombianos, la canasta familiar esta por las nubes, la crisis institucional es muy grave, es decir todo un caldo de cultivo para que las fake news replicadas por cadenas de whats app y los titulares tendenciosos de periódicos y noticieros de propiedad de empresarios de tendencia uribista, manipulen el inconformismo y el odio de ese gran sector social de origen conservador, analfabeta acostumbrado a la violencia y adulador de las fuerzas militares, que cabe recordar, en Colombia no son pocos.

Salvemos a Colombia, defendamos nuestra democracia, protejamos a nuestras familias, vamos contra la dictadura, el comunismo es muerte, si nos toca armarnos lo hacemos; Son algunas de las consignas que se escuché durante la marcha y es imposible no preguntarse ¿cuál democracia defienden? ¿qué significa democracia para este sector del pueblo colombiano? ¿acaso es una democracia en donde el ciudadano con aires de superioridad se puede armar para matar a ese otro que piensa diferente? ¿de qué nos van a salvar?; luego en el noticiero de la noche en horario prime, la voz de un periodista decía algo así como: “fue una marcha pacífica”, “esta vez no hubo vandalismo”, “ fue un ejemplo”,  “ la marcha tuvo mas de 20 cuadras” , “a la gente la tienen que escuchar” es decir, parecía más una exaltación al acontecimiento, que un informe imparcial de los hechos, así simple, en pleno horario estelar en donde las familias colombianas se sientan a cenar, el noticiero legitimó la masacre de cientos de manifestantes durante el estallido social del 2021, al llamarlos “vándalos”.

Colombia esta polarizada en extremo, es cierto, sin sindicatos, movimientos populares, comités de paro ni organizaciones barriales, la derecha sacó a las calles a miles de personas, sin nada claro en la cabeza, llenos de conceptos errados, con la camándula en una mano y el fusil en sus palabras, fue una marcha “pacífica” porque el gobierno de Petro no les infiltró la movilización, ni utilizó el ESMAD, pero ¿ acaso hay algo pacífico en la amenaza de fortalecer los grupos paramilitares, la amenaza de levantarse en armas, la expresión mas primitiva de odio al diferente ejemplificada  en el racismo, la xenofobia, el odio hacia los pobres, el desprecio hacia los feminismos y la mentira repetida incansablemente?.

Yo si estoy preocupado, el gobierno debe avanzar rápidamente, pero debe tener el apoyo de esos 11 millones de colombianos que queremos el cambio; la movilización, la expresión en redes sociales, la organización popular deben ser banderas irrenunciables, las calles no las podemos ceder al oscurantismo, no podemos seguir subestimando y tratando con desdén y burla  a esos miles de colombianos que creen en el proyecto narcoparamilitar uribista, ellos no son una minoría, son una multitud diversa unida en torno al odio a Petro, la veneración a Uribe, el miedo al cambio y el culto a la violencia, tienen altavoces en el gobierno, en los medios de comunicación. Son las diversas caras del fascismo que se reacomodan y aprovechan cualquier grieta, error o descuido para recuperar el gobierno, la de ayer fue la marcha del absurdo, pero si de algo somos conscientes los colombianos es que en nuestro país cualquier cosa puede pasar por absurda que parezca.

Pedirle resultados a un presidente que ni siquiera se ha acomodado en la silla, defender lo indefendible como lo han sido los nexos de algunos sectores de las fuerzas armadas con  el paramilitarismo y el narcotráfico, arengar a favor de la familia pero hacerse el de la vista gorda con el hambre y la pobreza, defender la democracia pero exaltar la homofobia, el racismo, la xenofobia o no reconocer el triunfo de Petro en las elecciones son expresiones que denotan que las mentiras repetidas y toleradas se vuelven paradigmas contra los que se debe oponer la fuerza de la razón sin darle tregua alguna.

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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DICTADURAS DEL CRIMEN Y GOLPES DE ESTADO

El único país que puede estar seguro de que nunca va a tener un golpe de estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense.

Evo Morales

La historia de Latinoamérica ha estado marcada por la bota militar, desde Mar del Plata y los Andes Chilenos, hasta las costas del Caribe centroamericano, militares con el auspicio de la derecha y los Estados Unidos han marcado la historia de nuestra patria grande, los apellidos  de Pinochet, Stroessner, Somoza, Videla, Noriega, Duvalier, Noriega y otros tantos están en la memoria de millones, no solo por el hecho de haber llegado al poder por métodos violentos y fraudulentos sino porque sus gobiernos estuvieron marcados por la barbarie absoluta, la violación de derechos humanos y toda serie de episodios brutales que llenaron de sangre los anaqueles de la historia del siglo XX.

Aún todavía las muertes y desapariciones de esos oscuros años claman justicia y reparación, muchos de sus dolientes, en su mayoría esposas y madres esperan respuestas que tal vez nunca lleguen porque una de las cosas mas sobrecogedoras es que los perpetradores actuaron con la impunidad que les proporcionaron los medios de comunicación, un aparato estatal totalmente a su servicio y el apoyo o ¿complicidad? de parte de la sociedad que pese a todas las evidencias históricas aún creen en que las causas defendidas por estos regímenes son justas en la medida en que conservan el Statu Quo de algunos y benefician sus  intereses particulares. Habría que preguntarles a los colombianos: ¿ les suena parecido a algo?

Pero en el trasfondo de toda esta historia de horror se encuentran dos elementos fundamentales: Por un lado la herencia del fenómeno del caudillismo en América Latina, una práctica política que definió la consolidación de las nacientes repúblicas del subcontinente durante el siglo XIX, en donde un “prohombre” con un halo mesiánico y en la mayoría de ocasiones de origen  militar o características autoritarias, es reconocido por la mayoría de la sociedad como el portador de la verdad y las soluciones, lo que en esa medida le permite monopolizar el poder político, militar y establecer una dictadura por el “bien común”, una especie de “absolutismo” europeo adaptado a las subdesarrolladas naciones del otro lado del Atlántico; Sin embargo, durante el siglo XX y con la dependencia cada vez mas agudizada hacia los Estados Unidos, estas expresiones  empezaron a declinar a favor de gobiernos que actuaban cada vez  más como embajadas de los Estados Unidos en cada uno de los países latinoamericanos, el asesinato del líder populista liberal Jorge Eliecer Gaitán en Colombia, fue la prueba del sometimiento y la alianza de la oligarquía colombiana a los designios de Washington.

Pero fue con la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional, que desde  la potencia norteamericana empezaron a apoyarse golpes de Estado y regímenes brutales e inhumanos para “detener” y prevenir la entrada de la amenaza comunista al continente, el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas fueron el escenario concreto en donde las frágiles democracias fueron pereciendo desde el Caribe a los Andes; En Colombia el golpe de Estado atípico del General Gustavo Rojas Pinilla en la década de los 50, contrastaba un poco con esa doctrina y selló una ruta,  estuvo marcado por el apoyo popular, la llegada al poder con ayuda de facciones del partido conservador, una serie de avances importantes en infraestructura e incluso el reconocimiento del sufragio femenino en 1954, su gobierno tuvo una doble cara, populista por un lado y represora por el otro, pero quienes estaban mas descontentos eran las mismas élites de los partidos políticos liberal y conservador que terminaron tras una larga sucesión de pactos (Sitges, San Carlos) concretando una alianza bipartidista entre liberales y conservadores llamada el Frente nacional, que terminó estableciendo una especie de “dictadura civil” en donde el bipartidismo cercenó la posibilidad de participación de otros movimientos sociales y políticos, alimentando la creación de guerrillas y ejércitos privados huérfanos de participación, reivindicaciones y derechos políticos.

De esta manera las oligarquías colombianas solo le dieron la posibilidad al pueblo colombiano de decidir entre el liberalismo y los conservadores, a eso le llamaron “la democracia mas estable de América Latina”, mientras tanto el pueblo, esos “nadies” invisibilizados sufrían al igual que hoy de una profunda exclusión. Al mismo tiempo que se desarrollaron estos hechos, llegó el negocio de la coca, llegaron los grandes carteles del narcotráfico, continuó el proceso de expropiación de tierras, apareció el M-19, una guerrilla urbana atípica, por no ser de ideología socialista y surgir como respuesta al robo de las elecciones en 1970 a manos de los conservadores, la violencia nunca se fue, la promesa del frente nacional de terminar con la violencia fue apenas un sofisma de distracción para apretar mas el lazo y asfixiar la democracia.

Mientras a ritmo de merengue dominicano, llegada de Rock en español, salsa y vallenatos,  el pueblo entraba de lleno a los locos “ochentas”, un pandemónium se apoderaba del Estado colombiano, latifundistas, empresarios, narcotraficantes, políticos y poderosos definieron el futuro, ríos de dinero producto del tráfico de drogas inundaron la institucionalidad, costearon magnicidios, le untaron la mano a mas de uno, apartaron del camino a quienes les estorbaban, degradaron la guerra, alimentaron las finanzas de guerrillas y paramilitares, fue una bonanza de la coca que dinamitó la política colombiana.

Y fue tan así que, con nueva constitución política, la de 1991, esa producto de la séptima papeleta, el país no mejoró. Peor aún, el neoliberalismo impuesto a la mala por Gaviria acabó con el agro, quebró miles de empresas, generó desempleo, destrozó los sindicatos y sus luchas ganadas, benefició a los importadores  y empezaron a aparecer cientos de centros comerciales llenos de vitrinas lujosas y escaparates, tiendas y marcas internacionales de todos los productos que dieron la idea de progreso a muchos, los adinerados y consentidos por el régimen sintieron que Miami no estaba tan lejos, los menos afortunados cayeron de rodillas al sentir por un momento que podían estar a otro nivel con el solo hecho de dar una vuelta por esas nuevas “catedrales” del siglo XXI, disfrutar de la vista, comerse un helado y endeudarse con la tarjeta de crédito.

Las luchas sociales, la violencia y la masacre era televisada y se volvió parte del paisaje, los habitantes de las ciudades empezaron a mirar el conflicto social como un tema de unos pocos, mientras la Colombia profunda se desangraba y uno que otro atentado y magnicidio en la ciudad afectaba la “tranquilidad”, el colombiano promedio de las grandes ciudades se sumergió en la cultura del consumo y de la apariencia,   se comieron entero el cuento de la “plata fácil” y el emprendimiento,  la cultura traqueta y la mujer prepago, alimentaron el sueño de miles que cayeron en el sicariato, el modelaje como fachada para la prostitución de alto nivel y la devoción  a la violencia y el lujo. La estigmatización contra los pobres, los negros, el campesino y ese enemigo inventado que es todo aquel que hable de justicia social y derechos humanos hicieron carrera en el imaginario de muchos.

Pero lo peor habría de llegar cuando las mafias lograron concretar el monopolio del poder, liberales y conservadores cedieron su dictadura al ungido del Clan Ochoa, la sociedad estaba tan descompuesta que se arrodilló ante ese “paisa frentero” que prometía el fin de la guerrilla pero que de paso etiquetó de guerrillero y terrorista a todo aquel contradictor, las torres gemelas y la lucha contra el terrorismo mundial impuesto por Bush legitimó su discurso, Uribe es  ese “caudillo” que meteóricamente producto de una alianza entre narcos y paramilitares logra monopolizar el poder y se convierte en una versión de dictadura  del siglo XXI, instaurando un régimen que profundiza el neoliberalismo, con claros rasgos neofascistas y  cifras escalofriantes que ruborizarían a los propios Videla y Pinochet juntos. Con 20 años en el poder ha colocado 2 presidentes y quiere imponer el tercero, su ejercicio es muy sagaz, el no necesita habitar en la Casa de Nariño, para ello tiene toda una red de políticos en las regiones, mayorías en el Congreso, alianzas con los partidos tradicionales y unas fuerzas armadas que se convirtieron tras dos décadas en un ejercito al servicio del partido de gobierno. Asunto bastante grave y que, sin negar el oscuro historial del aparato represivo colombiano, evidencia aún más la descomposición brutal de policía y ejército durante los últimos años.

Por eso las últimas declaraciones del comandante del ejército, el General Zapateiro, participando en política abiertamente en alusión a Gustavo Petro, violando la propia constitución nacional (art. 219) que prohíbe la intromisión y la toma de partido de los militares en política son bastante graves, incluso el militar en tono de amenaza reitera en últimas declaraciones:

 

“Jamás me iré… porque dejaré muchísimos Zapateiro en la institución”

 

más aún con el aval que el propio presidente Duque le proporcionó.

Unido a lo anterior, aparece la “equivocación” de Noticias Caracol en emisión de medio día del pasado jueves, en donde producto del testimonio en una supuesta audiencia de Hugo “pollo” Carvajal en España, sacan una noticia falsa que incrimina al mismo Petro con presuntos aportes económicos del chavismo, luego de la llamada de los abogados del candidato, denunciando la falsedad de la información, tuvo que salir el propio director de noticias del canal, Juan Roberto Vargas a rectificar:

 

Aseguramos de buena fe y basados en su información ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos los televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea” 

 

No me extenderé al “entrampamiento” que sufre el mismo candidato con temas relacionados a la supuesta rebaja de penas a corruptos a cambio de votos, situación ya bastante clarificada por el mismo Petro y por testimonios de los implicados que niegan y dejan sin piso el intento del uribismo de dañar su imagen y acabar su campaña.

Sin embargo, todo este recorrido histórico buscar poner en evidencia y en alerta una grave situación: si bien el régimen uribista no es una dictadura militar arquetípica, si es la acentuación de un modelo político  autoritario y excluyente que ha tenido el monopolio del poder en Colombia, lo grave de este asunto es que la decisión manifiesta y clara del comandante del ejército  de meterse de lleno en política, asunto que no había ocurrido, acompañada de la intromisión descarada del presidente Duque, el fiscal Barbosa y los grandes medios de radio y televisión,  como Caracol, RCN  y la revista SEMANA , representan la posibilidad de un posible golpe de Estado en caso de una probable presidencia de Gustavo Petro y peor aún legitimado a punta de micrófono, bota militar y ausencia de apoyo internacional.

Hábilmente el uribismo y Duque continúan en su política de dependencia de los Estados Unidos, aprovechando la guerra en Ucrania, para ponerse totalmente del lado de los intereses norteamericanos y volver a reciclar vientos de la guerra fría, Colombia no puede seguir siendo el Israel de Latinoamérica, la política uribista no solo es una tragedia para el pueblo colombiano, es una amenaza y un peligro para la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

 

 

 

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La Democracia amenazada de muerte

Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo, lo dijo Bolívar, pero más execrable aquel que desde las sombras lo atiza, lo envenena porque de paso mata la democracia y la fornica sin pudor, mientras su hipocresía le proporciona el aplauso de la turba ignorante e inane que lo reelige una y otra vez en cuerpo ajeno, embrujada por tambores de guerra que llaman a la muerte a sus propios hijos.

 

No hay que ir muy lejos, ni buscar mucho para entender que pasa en Colombia. Las siguientes situaciones pueden servirle amigo lector para sacar sus conclusiones:

Número uno: Cali, ciudad epicentro del estallido social del 2021, escenario de violencia y paramilitarismo urbano que fue denunciado en múltiples videos, en uno de ellos el ciudadano Andrés Escobar, (que ha aparecido en algunos videos en reuniones con María Fernanda Cabal),  dispara en presencia de la policía  contra los manifestantes con total impunidad, hoy  está citado a audiencia  para imputación de cargos pero a su favor tiene la impunidad y falta de diligencia del aparato judicial colombiano Hace pocos días en esa misma ciudad un grupo de ciudadanos simpatizantes de la campaña del candidato Federico Gutiérrez en medio de un evento de campaña, llaman a armarse el día de elecciones ¿ contra quién? ¿para qué? ¿con el aval de quién? Ante la gravedad del hecho “Fico” el candidato uribista emitió una opinión irrelevante para evadir el tema.

Número dos: El ejército nacional asesina a 11 personas en Putumayo y ni bien se había secado la sangre, cuando el ministro de defensa Diego Molano y el presidente Ivan Duque salen a alardear de la masacre, mostrándola como un trofeo de guerra… Sin embargo, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), le solicitó a Min. Defensa que “aclare que las personas asesinadas no eran guerrilleros sino población civil”, haciendo alusión a un nuevo caso de “falsos positivos”, eufemismo utilizado en Colombia para disfrazar los crímenes de Estado mediante los cuales se hacen pasar por “bajas guerrilleras” los asesinatos que las fuerzas armadas hacen de población civil, práctica generalizada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

El cuestionado ministro que ya a levantando polvo en el pasado a cuenta de referirse a niños bombardeados por el ejército como “máquinas de guerra” dijo que el “operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narco – cocaleros”. Sin embargo la Defensoría del Pueblo, terminó confirmando lo que señaló la OPIAC y dio a conocer que entre las víctimas se encontrarían, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Número tres: Este fin de semana la  periodista Cecilia Orozco, columnista de El Espectador y directora de Noticias Uno (uno de los únicos medios independientes del país) fue perseguida al salir en su vehículo  de las instalaciones del medio televisivo, por un coche fúnebre, en una clara estrategia de amedrantamiento y amenaza contra su vida, la situación aún se encuentra en investigación pero es evidente la persecución en contra de los periodistas críticos y ajenos a la influencia de quienes han estado en el poder los últimos 20 años.

Número cuatro: Ayer circuló un “pasquín” firmado por las “águilas negras” grupo terrorista de derecha, en donde se amenaza de muerte a varios integrantes del Pacto histórico y otras fuerzas de izquierda, incluyendo a los candidatos Petro Y Francia Márquez, lo mas grave es que la propia lideresa afro denuncia que en menos de un mes es la tercera amenaza que recibe contra su vida.

Es decir, además de todo lo anterior, el pacto histórico debe lidiar con  el matoneo político en que se convirtieron los debates presidenciales y las entrevistas,  auspiciado por los periodistas del establecimiento, la manipulación de encuestas, los actos terroristas para infundir miedo y condicionar al elector, la intervención descarada del presidente Duque en campaña a favor del candidato de derecha, la manipulación mediática del expresidente Uribe a pesar de los enredos jurídicos en los que se encuentra, todo lo que se convierte en una muestra clara de lo que está pasando en el país de la eterna violencia.

El país y la comunidad internacional no pueden olvidar los magnicidios de Jorge Eliecer Gaitán, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, entre otros, además de una larga lista de masacres que no termina y del genocidio político de la UP (Unión Patriótica), sucesos que están en la total impunidad y que siempre han beneficiado a los mismos, a esos que dan la orden de hostigar, matonear, intimidar y apretar el gatillo. Son esos “señores de la larga noche” los que, amparándose en su enorme poder, vienen condenando a generaciones de colombianos y colombianas a la violencia sin fin, bárbara, lapidaria, deshumanizante, bailada a punta de vallenato, disfrazada en el grito de un gol o el pirobo de un reinado, perfumada con eufemismos y decorada de una falsa democracia que ha condenado a toda una nación al ostracismo, con la farsa de ser “la democracia mas estable de América latina”.

Frente a esto se alza la voz de los “nadies” esos que Galeano describía, esos a los que la Cabal les grita “estudien vagos”, esos que son tachados de vándalos por los noticieros, en donde esos piratas del micrófono les colgaron una lápida en el cuello, esos “nadies” que son bombardeados por que no tuvieron otra opción, la escuela no existía o no tenía profesores. Aquellos que caminan con las suelas gastadas, llevando al hombro una bandera patria, al igual que el ejército libertador de Bolívar, mientras los descendientes de esos criollos que traicionaron al héroe americano, escupen sobre su legado y se toman la foto con los reyes, los “místeres” y los “misius” entregándoles la soberanía ganada, queriendo purificar su estirpe con la sangre de sus compatriotas.

Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo, lo dijo Bolívar, pero mas execrable aquel que desde las sombras lo atiza, lo envenena porque de paso mata la democracia y la fornica sin pudor, mientras su hipocresía le proporciona el aplauso de la turba ignorante e inane que lo reelige una y otra vez en cuerpo ajeno, embrujada por tambores de guerra que llaman a la muerte a sus propios hijos.

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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COLOMBIA: UN PUEBLO SECUESTRADO POR EL URIBISMO

Por: Carlos Munervar

Este 28 de mayo Colombia completó un mes de movilizaciones sociales que como nunca han estremecido las bases de un régimen que algunos no han dudado en catalogar como “dictadura civil”. Pero ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? Empecemos a desenredar la madeja.

En primer lugar hay que tener en cuenta que esta movilización no es espontánea, por el contrario es producto del  cansancio, la indignación, la rabia y el descontento generalizado de gran parte de la población que se hastió de un régimen que desde hace mas de dos décadas se apoderó del Estado colombiano ofreciendo “seguridad democrática” en una cruzada contra el terrorismo y la guerrilla para así ganar “confianza inversionista” y según su modelo de país, superar la crisis económica e institucional. Toda una serie de eufemismos que ocultaban la intención manifiesta de “refundar la patria” de la mano de los paramilitares y narcotraficantes, para de esta manera pacificar a sangre y fuego el país, acabar de una vez por todas con la resistencia social y las luchas de sectores históricamente excluidos tras décadas del asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitán y su proyecto político.

Las consecuencias son evidentes, el país es una fosa común. 6402 falsos positivos, miles de lideres sociales y sindicalistas asesinados, escándalo tras escándalo de corrupción, instituciones y entes de control débiles y al servicio del partido Centro Democrático y su único líder, quien a pesar de estar investigado con acusaciones serias por sus nexos con la mafia y el paramilitarismo, sigue impunemente  incendiando al país, gracias a tener el aparato estatal a su servicio, entre ellos presidente, fiscalía, mayorías en el congreso y entes de control, fuerzas armadas y medios de comunicación privados que pertenecen a sus socios,  en otras palabras el sistema de pesos y contrapesos no funciona, el país esta secuestrado por el uribismo.

En segundo lugar, la pandemia y el desgobierno de Iván Duque prepararon el camino para una mezcla explosiva. Duque se ha caracterizado por ser una marioneta de su mentor,  pasó de ser un funcionario desconocido y mediocre a ser presidente del país, en cuestión de 3 meses los medios de comunicación lo catapultaron como la “estrella política del momento”, un tipo bonachón que toca guitarra, se toma fotos con la farándula, juega con el balón de futbol y es amigo del “Ñeñe Hernández” reconocido narcotraficante que le financió parte de la campaña (Ver ñeñepolítica), sus objetivos como presidente fueron destrozar los acuerdos de paz de La Habana, proteger los intereses de la banca nacional e internacional y reencauchar el uribismo para otro posible periodo presidencial. Los resultados económicos saltan a la vista. 65% de trabajo informal, 20% de desempleo, (República, 2020) dejan al país como uno de los más desiguales del mundo, agravada esta crisis con el asesinato sistemático de líderes sindicales y sociales. La pandemia agudizó la situación y al contrario de buscar una renta básica para los mas vulnerables, el gobierno invirtió miles de millones en el aparato de represión y otro tanto en financiar al sector bancario. El ciudadano de a pie tuvo que escoger entre morir de hambre en su casa o salir a “rebuscar” el pan de cada día y contagiarse. Las cifras nuevamente no mienten, el país se encuentra entre los 4 peores en el manejo de la pandemia a nivel global, así como en el número de muertes absolutas. (Semana, 2021)

En tercer lugar, los últimos  años demuestran una reactivación de la movilización social en Colombia sin precedentes, estudiantes, paro agrario, paros de maestros, paros camioneros, minga indígena, pero desde el 21 de noviembre del 2019 existe un ingrediente especial, esas luchas gremiales y reivindicativas han empezado a encontrar confluencias, la pandemia contuvo un poco la movilización, hubo un paréntesis el 9 y 10 de septiembre de 2020 fechas en que la ciudadanía se movilizó en Bogotá contra la brutalidad policial al haberse perpetrado el asesinato del abogado Javier Ordoñez a mano de la POL NAL, esas dos noches se perpetró la “masacre de Bogotá”, entre 10 y 13 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, sin contar la muerte de unos jóvenes en el municipio de Soacha, que fueron quemados vivos al parecer por acción criminal de agentes de la policía.

Ese descontento acumulado encontraría en el “paquetazo de Duque”, propuesta de reformas del gobierno cuyos pilares principales son cuatro  – tributaria, de la salud, laboral y pensional – la chispa del levantamiento social que se vive en el país, cada una de estos proyectos contiene iniciativas que lejos de solucionar la crisis social y económica de la población, apuntan a profundizar la pobreza, la explotación, la desigualdad, destruyendo uno a uno derechos adquiridos en décadas de lucha social, privilegiando los beneficios del sector financiero nacional y los compromisos con la banca internacional a costa de empobrecer aun más a la población, incluso gravando con impuestos los alimentos, entre otras barbaridades.

Como era de esperarse el polvorín social explotó y la respuesta del régimen uribista no podía ser otra, terrorismo de Estado crudo y puro. Militarización de las ciudades, brutalidad policial, complicidad con grupos paramilitares que, con el mayor descaro, vestidos de civil y en confabulación con agentes de la policía, disparan a la luz del día, desaparecen jóvenes, medios de comunicación criminalizan a las multitudes de manifestantes, tildándolos de vándalos, legitimando el genocidio.

Si bien los sindicatos y centrales obreras promovieron el paro en sus inicios, han sido las multitudes juveniles quienes protagonizan la movilización y la resistencia, en la barricada, en la expresión cultural, en la primera línea, día a día miles llenan las calles y han motivado a que miles más, de todas las edades y procedencia social se vinculen al levantamiento social. A pesar de los 43 homicidios presuntamente cometidos por parte de la policía y en especial del escuadrón ESMAD antidisturbios, las 47 agresiones oculares, las 22 víctimas de violencia sexual, las 1445 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con evidencia audiovisual en redes sociales, (Temblores, 2021) Duque sigue negando que esté pasando algo, maquilla las cifras, niega la visita de la CIDH (Corte interamericana de derechos humanos) y continúa sin dar muestra de diálogo social, al contrario ante los bloqueos prolonga la crueldad  promoviendo la violencia estatal, mientras que Uribe Vélez emite las ordenes desde su Twitter.

Por el momento no se ve una salida a la situación, la presión internacional tiene al regimen como un paria, gracias al papel de las redes sociales, que sin censura han mostrado la barbarie de un modelo que agoniza, pero que está dispuesto a dejar destruido al país arrasando con el Estado social de derecho,  ya sea decretando el Estado de conmoción interior, aplazando elecciones , reencauchar  la “seguridad democrática”  con el vestido de la institucionalidad,  o programar el fracaso de un nuevo modelo de país promovido por la izquierda y el progresismo.

Al momento de terminar este artículo, Duque da la orden de militarizar la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones e intensificar el pie de fuerza, otra noche de terror. Luego aparecerán los cuerpos de los jóvenes en el rio Cauca y nadie responderá.

 

Referencias

Republica, L. (2 de diciembre de 2020). Casi 60% de los trabajos a octubre son informales en las 13 principales ciudades.

Semana, R. (29 de enero de 2021). Colombia, México y Brasil, los peores países del mundo en el manejo de la pandemia.

Temblores, O. (28 de mayo de 2021). Informe violencia en el Paro Nacional. Obtenido de https://twitter.com/TembloresOng/status/1398441029595013124

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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Necropolitica Uribista para maestros Uribistas

Por: Carlos Alberto Munévar

Si quiere usted ser blanco de todo tipo de ataques e insultos  en redes sociales, solo haga el ejercicio de publicar algo en contra del investigado expresidente, exsenador y hoy expresidiario Álvaro Uribe Vélez, de seguro en poco tiempo recibirá toda una andanada de improperios, amenazas, mensajes personales a su Messenger, cuestionamientos a su moral, lo tacharán de guerrillero, vándalo, apátrida e incluso de “delincuiente hijueputa”, así decía el último de tantos mensajes privados  que me llegan;  cuando miré el perfil del agresor, era un extrabajador de la Fiscalía general de la nación, ahora “vigilante”.

Esto lo escribo, para enfatizar en lo que describiré como “necropolítica uribista”, utilizando para ello el concepto del filósofo camerunés Achille Mbembe, quien acuñó el término necropolítica (Mbembe, 2006), para explicar el fenómeno por el cual los gobiernos aprovechando el estado de excepción ocasionado por el debilitamiento del aparato estatal desarrollan una política de administración de la muerte, adelantando una política del terror, eliminación física, desplazamientos masivos de población, destrucción sistemática de ecosistemas milenarios, todo con el objetivo de que unas cuantas corporaciones, multinacionales, terratenientes y grupos al margen de la ley puedan acceder a recursos mineros y tierras expropiando extensas zonas por medios violentos y fuera de la ley.

Así, amparándose en preceptos neoliberales de progreso, explotación de los recursos naturales, confianza inversionista y  practicando un anticomunismo  arraigado como política de Estado en Colombia, se ha estigmatizado a miles de campesinos, líderes sociales, estudiantes, maestros, sindicalistas, tachándolos de  “castrochavistas” o “enemigos de la democracia”, trazando una especie de contrainsurgencia social,  convirtiendo al país en una enorme fosa común en donde ejércitos privados, guerrillas, bandas criminales y hasta el mismo ejército nacional compiten en nivel de sevicia y crueldad contra la población civil.

Ni hablar del incesante ataque del uribismo y sus áulicos contra los maestros colombianos, el ataque se viene dando desde lo constitucional, la reforma al SGP hecha por Pastrana y fortalecida por Uribe desfinanció hasta tal punto el sistema educativo que hoy apenas alcanza para pagar nómina, incluso algunas veces se deben extraer dineros del FONPET (Fondo de pensiones de las entidades territoriales) para poder completar salarios, esta es la razón de la pésima infraestructura en la mayoría de instituciones educativas, la brecha digital manifestada durante la pandemia de Covid19, la brecha rural, la ausencia de dineros para proyectos escolares y por esa misma vía la falta de “calidad” educativa para utilizar conceptos de la lógica neoliberal.

Pero la arremetida también es contra la vida, honra y el buen nombre de los maestros, al no existir históricamente en Colombia una valoración social de la profesión docente, el uribismo diestro en manejar el “estado de opinión” ha utilizado habilidosamente las redes sociales y otros medios de comunicación para difamar de todas las formas posibles a los maestros y a su sindicato FECODE imponiendo en la agenda una guerra mediática en contra de los ya subvalorados maestros y maestras, atribuyéndoles la culpa de los malos resultados académicos de los estudiantes y la baja “calidad”, olvidando referenciar de adrede el problema de desfinanciación estructural de la educación del que el mismo uribismo junto con otros partidos tradicionales es responsable, además de no vincular al debate  las profundas desigualdades sociales, las violencias de todo género que agobian a las comunidades, la desnutrición de miles de niños y niñas producto de un sistema económico semifeudal que tiene postrados a sus padres y madres. Seguramente niños mejor alimentados, con apoyo desde su casa, con ambientes familiares no violentos tendrían mejores resultados académicos… “es que llegar a estudiar sin siquiera un aguapanela con tostada en el estómago es muy difícil profe”, me decía un estudiante hace unos pocos años.

De esta manera se ha formado un imaginario en amplios sectores sociales de que los maestros son vagos, perezosos, acomodados etc. y que FECODE es un sindicato lleno de guerrilleros infiltrados,  comunistas, mamertos, buenos para nada, estigmatizando ya de por si, opiniones contrarias al ideario uribista de país, coartando la libertad de pensamiento, atentando contra el derecho de todo trabajador a asociarse en sindicatos, en palabras del mismo Uribe en su nueva propuesta de referendo, FECODE “monopoliza la educación pública” por lo cual hay que entregarla a los empresarios para volverla “competitiva”, es decir, por un lado descaradamente miente, pues de manera astuta presenta al sindicato como el administrador de la educación pública y por otro le atribuye la acción de adoctrinamiento, es decir la imposición de una forma de ver el mundo y el control de las opiniones y decisiones de los estudiantes, argumentos anteriores sin fundamento, pues ignora los aportes de la organización sindical al movimiento pedagógico que incluso tienen calado internacional, enmarcados en la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, la necesidad de desarrollo de la ciencia y la tecnología, temas desarrollados en el polo opuesto del “adoctrinamiento” del que Uribe acusa al magisterio; Además evidenciando un desconocimiento de la pluralidad política e ideológica de los maestros colombianos, pero lo clave es que el exsenador necesita acabar con el sindicato, su visión política y económica nunca ha reivindicado la democracia, el desarrollo cultural y científico de la nación, su perspectiva siempre ha sido contraria a los valores democráticos e incluso liberales,    utiliza los mismos argumentos con los cuales desde 1990 vienen destrozando las empresas del Estado como el ISS (seguro social) entre muchas otras para entregarlas a las leyes del mercado favoreciendo a socios cercanos, empresarios y multinacionales que luego devuelven el favor financiándoles las campañas electorales, ahora quiere completar el póker acabando con quizá el último gran sindicato de trabajadores,  volviendo un derecho fundamental como la educación pública defendida por FECODE como un patrimonio del pueblo colombiano, un escenario de negocios, para que los mercaderes de la educación se lucren e impongan un currículo que  entierre el pensamiento crítico, el pensamiento social y borren la memoria pedagógica de los colombianos.

Lo mas peligroso de este asunto  y aquí vuelvo al comienzo de mi relato, es que esos señalamientos en redes sociales contra los maestros  por sus posiciones políticas, que la gran mayoría de veces apenas evidencian la exigencia del respeto por la vida, la democracia, su buen nombre y recursos económicos para las instituciones escolares, es decir ni siquiera se habla de la toma del poder o de la organización de un partido político, se convierten muchas veces en amenazas, de muerte, sufragios, boleteos, seguimientos y asesinatos. Es decir, el sindicato apenas exige lo que la constitución le encarga al gobierno y por eso es señalado con adjetivos de alto calibre desde un Twitter, que luego desemboca en asesinatos de maestros a lo largo del territorio nacional.

La necropolítica uribista ataca directamente a la escuela pública, condena a los estudiantes a la pobreza, a la falta de oportunidades, a una vida que en muchos casos es indigna y miserable, condena a sus padres a la pobreza, a la informalidad laboral, al rebusque diario, a la explotación por parte de los empresarios, condena a la muerte moral y física a los maestros que osan denunciar las injusticias de un régimen que cada vez desarrolla más características fascistas.

Pero léase bien, lo más preocupante es que un sector no despreciable de maestros es uribista, es decir asume que el uribismo como forma política tiene la razón, extrañamente y a pesar de las evidencias  irrefutables, plasmadas en una larga lista de escándalos judiciales, mediáticos, testimonios de víctimas, material fotográfico, audios, videos que nos llevan a la conclusión de que Uribe y su legado ha sido nefasto para la construcción de una sociedad en democracia, para la educación como derecho fundamental, para el respeto a la vida, para lograr la paz, estos compañeros se han tragado el cuento de la “seguridad democrática”, despotrican del sindicato, miran por encima del hombro a sus colegas, pero si disfrutan de los logros producto de la lucha sindical en las calles.

Se le acusa al magisterio de “adoctrinador”, ojalá se pudiera si quiera hacerles entender a algunos  de estos compañeros docentes y  a otros sectores de la sociedad, que gracias a FECODE y a sus luchas adelantadas  durante décadas, los maestros tienen estabilidad laboral, primas, vacaciones pagas, un salario medianamente decente, en comparación con el resto de colombianos, lo cual no es un privilegio sino un derecho al que todo trabajador colombiano debería poder acceder,  ojalá entendieran que los errores de unos cuantos no pueden servir para descalificar a una organización sindical que se la ha jugado por la educación pública del pueblo colombiano, me atrevo incluso a decir que sin la existencia del sindicato no existiría educación pública en Colombia y/o sus condiciones serían peores; Algunos incluso por redes sociales se deslindan un poco y apenas expresan “no polaricemos”, tenemos que responder que ya estamos polarizados, tomamos posición  o el uribismo con todo lo que esa palabra siniestra representa, arrasará con los derechos que aún nos quedan como trabajadores y como pueblo colombiano, ya en el referendo propuesto por Uribe, plantea el congelamiento de la nómina oficial por seis años ¿por qué sus socios financieros no congelan los intereses de los créditos bancarios? ¿Dónde están los miles de millones  de pesos que funcionarios de los gobiernos uribistas han obtenido de manera fraudulenta y corrupta del Estado?- el uribismo impondrá definitivamente la necropolítica, ya no existirá la “escuela como territorio de paz” sino la “escuela como territorio de negocios” y veremos filas inmensas de maestros mendigando su pensión y otros, los más jóvenes vendiendo su conciencia y su cátedra al mejor postor, el uribato solo dirá: “solo fue cuestión de negocios, no lo tome personal”.

Carlos Alberto Munévar

Referencias

Mbembe, A. (2006). Necropolitica. Melusina.

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Colombia es un cementerio, en donde se sepulta a la juventud

Por: Carlos Alberto Munevar 

La pasada semana, las redes sociales han dejado al descubierto como nunca antes, la guerra abierta y brutal que las fuerzas policiales colombianas tienen contra la juventud, utilización de armas de fuego a discreción, golpes, asesinatos, detenciones arbitrarias, violencia desmesurada, muestra no de autoridad sino de un odio irracional y un cinismo absurdo. El detonante de esta ultima oleada de protestas que terminaron con una masacre los días 9 y 10 de septiembre, fue el asesinato de Javier Ordoñez un abogado de 45 años que fue destrozado a golpes dentro del CAI (Centro de Atención Inmediata)  de Villa Luz a manos de alrededor de 9 policías luego de ser detenido brutalmente  por dos agentes que lo inmovilizaron con descargas eléctricas que duraron más de 2 minutos.

Pero no voy a profundizar en el problema de la reestructuración  de la Policía que desde muchos sectores se pide a gritos y que en mi opinión es una asignatura pendiente  a nivel histórico, teniendo en cuenta que la Policía colombiana tiene más el carácter de un ejército, más aún cuando  no depende del Ministerio del interior sino del Ministerio de defensa y así las faltas cometidas por sus integrantes son procesadas por la justicia penal militar y no la ordinaria, lo que en la práctica tiene serios problemas de transparencia en los procesos disciplinarios e investigativos; mi reflexión va mas hacia la decisión manifiesta que tomaron  el gobierno nacional, el uribismo, la cúpula de la policía nacional, el periodismo uribista – con esto dejando claro que ciertos periodistas ya se desligaron de la imparcialidad que se supone  deberían tener-  y amplios sectores de la sociedad civil, de criminalizar a la juventud colombiana y volverla el enemigo interno a quien además de negarle un futuro, hay que estigmatizar, masacrar, criminalizar, rotular como parte de la guerrilla o rebajarla a su mas mínima expresión con el alias de “vándalos”.

Habría que aclarar que los vándalos fueron una tribu bárbara que llegaron en el siglo V a la península ibérica dominada en ese entonces por el imperio romano y allí se asentaron durante algunos años fundando un reino que luego se extendió a algunas zonas del norte de África. Quizá ese vocablo se empezó a utilizar en aquellas épocas por los romanos  para  de manera peyorativa  hacer referencia a esos que eran tachados de  invasores salvajes, analfabetos e irracionales y de esa manera, como costumbre muy eurocéntrica  diferenciar a los “otros”, a los “diferentes”, que se supone no poseen cultura o esta es inferior y por tal motivo deben ser vencidos, eliminados, asesinados, derrotados y olvidados de  la historia porque no tienen “nada” que decir o por el “bien” de la civilización. Luego con el tiempo el vocablo debió llegar a nuestro país durante la conquista y hoy en día se generalizó su uso para describir a las y los jóvenes colombianos.

Pero adentrémonos en el tema, históricamente el gobierno colombiano no ha tenido una política clara en beneficio de la niñez y la juventud colombiana, más allá de estar esbozada en la constitución nacional y en algunas otras leyes, entre ellas, como el código del menor y la ley de la juventud, la desprotección hacia la niñez y la juventud es total. Los recursos para cultura, arte y tiempo libre son ínfimos y muchos se quedan por el camino, pero más grave aún es el descuido y estigmatización que la escuela pública ha sufrido a través de décadas. Pero ¿Cuál es la relación que este tema tiene con la estigmatización y persecución que sufre la juventud actualmente?, En Colombia esa “vandalización” de la juventud es la expresión de un imaginario cultural de la sociedad creado a su vez por un modus operandi que los gobernantes de turno han institucionalizado para “mantener el orden” establecido, es decir, cercenar de raíz la posibilidad para que nuevas generaciones de colombianos década tras década. puedan incidir en cambios estructurales que el país necesita con grave urgencia.

El olvido y abandono que la escuela pública ha sufrido a través de la desfinanciación estatal de carácter estructural, como también su transformación en un escenario de negocios para entregar jugosos contratos a “empresas educativas” con el pretexto de elevar la “calidad” educativa, la ha condenado a una profunda crisis en donde muchos niños y niñas terminan desertando al no encontrar un ambiente escolar humanizante. Articulado a esto el empobrecimiento de las comunidades, la destrucción de las familias, los fenómenos de desplazamiento producto de décadas de conflicto interno, la incidencia de actores armados de distinta índole y el microtráfico desbordan la capacidad del sistema educativo público para responder a las necesidades de miles de estudiantes.

Si esto pasa en las grandes ciudades, en el campo las condiciones son peores, las escuelas son pocas y con muchas carencias, en muchas zonas no existe ni siquiera un cine o una cancha de microfutbol, las oportunidades de acceder a la educación superior son ínfimas y tras años de conflicto armado a los jóvenes les queda solo participar en uno de los bandos o morir.

En el caso bogotano, la universidad pública cada vez es mas inaccesible para la juventud de los barrios populares, tras años de contrarreformas educativas de carácter neoliberal, la escuela pública cada vez  la tiene más difícil para que quienes se puedan graduar (usualmente en muchos colegios públicos inician la básica secundaria  más estudiantes en  grado sexto que los que  inician  el grado once) puedan ingresar a la universidad pública, lo que deja a una  gran cantidad de jóvenes sin acceso a una carrera profesional lo que se evidencia en el aumento del desempleo, la informalidad o simplemente la desocupación de miles de jóvenes que pululan  en los parques de los barrios o en las zonas de rumba de las localidades, a merced de la drogadicción o el alcoholismo, muchas veces terminan viviendo en el mejor de los casos con sus padres y madres, muchos parte de esa generación ochentera muy diferente en sus referentes de autoridad a generaciones anteriores.

Pero el tema no se puede quedar en ese análisis, las condiciones políticas y económicas del país a treinta años de la constitución de 1991 aunque han variado en su forma y protagonistas, permanecen inamovibles en el fondo y los problemas se han profundizado. El conflicto interno y la coexistencia con grupos armados que ocupan territorialmente zonas en donde el Estado no llega ya sea por incapacidad o por simple “cuestión de negocios” continúa, la brutalidad de la guerra sigue azotando a los jóvenes y reclutándolos para la barbarie; La dependencia con respecto a Estados Unidos sigue siendo una constante, obviamente los E.U no son la sombra de esa potencia que saboreaba la caída de la URSS, pero aún conservan el poderío militar y nuclear, producto  de esto,  el modelo económico neoliberal desarrollado en este lapso de tiempo quebró a la industria y al agro nacional, hasta el punto de que hoy en día no hay soberanía alimentaria, el desempleo campea en un 20%, el restante es disfrazado con el eufemismo de ”informalidad” y al empleo formal se le cambiaron las reglas de juego, flexibilizando la legislación laboral y precarizando las condiciones laborales, prestacionales, pensionales y de protección social,  además que orientó el modelo hacia el extractivismo que solo deja ganancias para las grandes transnacionales mineras y produce así mismo graves problemas ambientales y sociales (Colombia el país con mas lideres ambientales asesinados )

 Así mismo la oligarquía nacional confabulada con sectores mafiosos, durante 30 años ha estructurado poco a poco una “dictadura disfrazada” con el velo de unas elecciones amañadas y cuestionadas por su corrupción. En ese orden de ideas, el mismo gobierno ha llevado a un camino sin salida a la juventud colombiana, desfinancia la universidad pública, no adopta transformaciones económicas que ofrezcan la posibilidad de desarrollo humano, los condena al desempleo, a la calle, a la drogadicción, a la delincuencia, al rebusque, a la desesperanza, a no contemplar una pensión. Agudizando la situación la pandemia mostró la farsa de un sistema político diseñado para que los mas poderosos se enriquezcan a costa de la sangre y el sufrimiento de millones, la juventud está en las calles porque no tiene otra opción, les quitaron todas las salidas y además los asesinan, la ultraderecha los trata como “vándalos” porque se sigue perpetuando la idea de que no tienen nada que decir, de que valen igual muertos que vivos, para eso esta la policía… para “hacer justicia y eliminar a todo ese lumpen de vagos”,  en palabras de una vecina que justificaba el asesinato de 13 personas a manos de los “héroes” de la patria que a su vez también son víctimas de un régimen que a muchos de sus miembros los ha “barbarizado”, hasta el punto de no ser un problema de unas “pocas manzanas podridas” sino de una concepción institucional de impunidad y violencia desmesurada contra la población civil.

El objetivo perseguido en contra de esos “jóvenes vándalos” es  invisibilizarlos, estigmatizarlos, desaparecerlos, “barrer la mugre debajo de la alfombra”, para esto utilizan las balas, pero también todo un ejército de mercenarios del micrófono, fratricidas de la dignidad humana, que están dispuestos a utilizar toda serie de eufemismos y manipulaciones, incluso acusándolos con titulares capciosos y denigrantes, para descalificar las reivindicaciones de millones de jóvenes colombianos que buscan respuestas de un gobierno de “viejos”  al mismo tiempo que  protegen esa realidad paralela creada tras años de gobierno impune, en donde las familias son idiotizadas a través de realities triviales , telenovelas de narcos,  un torneo de futbol mediocre, reinados, bares y zonas de rumba exóticos para gente VIP, para que evadan la cruda realidad que viven ellos y sus propios hijos.

Pareciera ser que para todos esos sectores, los jóvenes son ahora los enemigos, algunos hasta casi que celebran cada asesinato como una victoria personal, la justifican repitiendo la matriz informativa oficialista y en su tono que a veces suena más a una sentencia, quieren demostrar una autoridad moral que prueba la legalidad del asesinato, la chapa  es lo de menos: son disidencias de las FARC, son columnas urbanas del ELN, son vagos, deberían estar en sus casas, algo malo estarían haciendo, son delincuentes, son “Vándalos” es decir utilizando cualquier argumento, se legaliza de manera informal la pena de muerte. Así de mal estamos, la juventud hoy al igual que en los días de Gonzalo Bravo Páez y Uriel Gutiérrez,  asesinados por la policía el 8 de junio de 1929 y el 8 de junio de 1954 respectivamente, continúa siendo el objetivo militar, además de que el gobierno no le da salidas y posibilidades, la elimina, la masacra y la exhibe como trofeo de guerra.

De esa manera no se construye país, asesinando el futuro, condenándolo a la pobreza y los problemas sociales derivados de ella, estigmatizándolo, poniéndole la “lápida en el cuello” a cada joven que grita desde lo profundo de su vientre por justicia social, perfilándolo en las redes sociales, dejándolo sin salida y obligándolo a enlistarse en las máquinas de muerte creadas para perpetuar la barbarie y naturalizar una sociedad salvaje, enferma y decadente. Colombia es un gran cementerio juvenil, es una vergüenza mundial, la semana pasada la masacre eterna que vive nuestro país y que aún no escandaliza a la ONU ni mucho menos al gobierno estadounidense,  fue en vivo y en directo por las redes sociales y los canales privados de televisión, el saldo: más de 80 heridos de bala y 13 jóvenes fueron asesinados en las calles bogotanas, estos últimos,  no fueron encontrados con las botas al revés, ni con camuflados, no murieron en Samaniego, ni en alguna vereda antioqueña y aún así la justificación de su asesinato por parte de algunos, es la misma,  en el fondo, “eran ellos, los vándalos” los invisibles, los sin voz… ¿y si los jóvenes no son el futuro, quiénes son?.

Una de las asesinadas fue Julieth Ramírez, de 19 años, una bala perdida pero muy certera fue disparada en su tórax, su muerte fue instantánea, su historia podría ser el icono de la juventud colombiana, fue asesinada dos veces, la primera vez la mató el policía que le disparó y la segunda vez fue asesinada su memoria, cuando agentes de la misma institución pintaron de verde oliva, color del uniforme de la institución señalada – vaya ironía- un mural con su rostro que otros jóvenes pintaron en el CAI de La Gaitana. La juventud colombiana es victima y revictimizada, los gobiernos y sus agentes la persiguen, la asesinan, la estigmatizan, la masacran, no le dan opciones, y los medios de comunicación, sectores políticos y sociales afectos al regimen, la deshumanizan presentándola como “un ejército de vándalos y desadaptados”, de esta manera le dan muerte nuevamente, matan su dignidad, matan sus sueños, los vuelven invisibles.

Cualquier alternativa política que pretenda llegar al poder debe pedirle perdón a los jóvenes y a los niños de Colombia por toda una historia de abandono y muerte, el gobierno actual no lo hará nunca, es un regimen que representa el pasado e hizo de la necropolitica su “política de Estado” y eso no tiene nada que ver con los jóvenes y con la vida. La oposición deberá demostrar que infancia y juventud son los ejes de su  propuesta, si quieren gobernar sin mirar el retrovisor deberán mirar hacia el futuro y eso implica que niños, niñas y jóvenes deben ser el núcleo, en esa medida la guerra perpetua, la corrupción, el negocio con la educación y la salud no son una opción, deberán invertir en un sistema educativo público y cambiar el modelo económico de desarrollo para que la niñez y juventud de hoy puedan construir una nueva realidad en donde el conocimiento, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y el desarrollo sostenible permitan una nueva generación que no tenga que asistir al funeral de sus hijos y escuchar los eternos estertores de guerra emitidos por fusiles y micrófonos al servicio de los mismos “viejos” de siempre que nos están legando un país no viable.

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