La Escuela pública: entre las pruebas PISA y la inercia de la tradición

Es en este contexto que resulta relevante escuchar la opinión de un maestro de aula, ya que son habitualmente los tecnócratas de escritorio y la prensa de derecha quienes, con frecuencia, tienen la última palabra y dictan el veredicto en temas educativos. Su influencia prevalece en la opinión pública, con la clara intención histórica de que el Estado ceda el futuro del «negocio» educativo a manos de la empresa privada y a esos conglomerados económicos que ven en el sector educativo una fuente de negocios altamente rentable. Su objetivo es imponer un currículo educativo a medida de sus intereses.

Desde su concepción, las pruebas PISA contienen una contradicción intrínseca. Comparar los resultados en ciencias, matemáticas y lectura entre países con condiciones tan diversas en lo social, económico, político, cultural y científico-tecnológico es absurdo. Es evidente que países como Colombia permanecerán constantemente en la mitad inferior de la tabla. Esto se agrava por la ausencia de una política educativa seria en el país. Los avances en este ámbito han sido principalmente el resultado de la lucha social y el esfuerzo sindical de los maestros, enfrentándose a gobiernos reaccionarios.

El país se encuentra inmerso en una economía marcada por una confrontación bélica persistente, alimentando una maquinaria militar que devora millones del presupuesto. Esta situación ha llevado a un aumento constante de la deuda externa, que para junio de 2023 alcanza los US$187.529 millones, equivalente al 56,1% del Producto Interno Bruto (PIB) (BanRepública, 2023).

Además, varios investigadores han intentado cuantificar el costo del conflicto armado en Colombia durante más de 50 años. Las estimaciones sobre el costo del conflicto varían notablemente. Por ejemplo, una investigación de la firma Raddar y la Corporación Bienestar sugiere que el conflicto ha costado al país U$2724 billones desde 1964, debido al aumento del gasto militar, la destrucción de infraestructura, la pérdida de oportunidades y la asignación ineficiente de recursos.

El gobierno de Ivan Duque es ejemplificante, en plena pandemia de COVID 19, con una sociedad golpeada y una economía en crisis en donde se necesitaba mitigar el hambre, sustentar a quienes perdieron el empleo y sus negocios, financiar la educación pública en modo virtual, el gobierno uribista se preparó para una verdadera guerra contra su población invirtiendo más de U$ 10.18 millones en defensa y armas.

“además de la decisión de comprar 24 aviones militares, en los últimos meses el Gobierno ha invertido, de acuerdo con información del Secop, $ 9.500 millones de pesos para comprar municiones para el Esmad (81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas) y se compraron 23 camionetas para protección presidencial por $ 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas por $ 12.000 millones de pesos y 3 camionetas para esquema de comandantes del Ejército por $ 812 millones”.

Tomado de El Tiempo 26/04/2021.

Y aun no quedando satisfechos embolataron $ 70 mil millones (Transparencia por Colombia, 2023) destinados a la conectividad de las escuelas más apartadas del país, hecho delictivo por el cual Karen Abudinen titular del Min. de tecnologías de ese entonces, no da razón mas allá de un libro con el cual busca limpiar su nombre, mientras las escuelas rurales de Colombia, sus maestros y sus estudiantes aún siguen en el abandono.

Teniendo este contexto inicial sobran los argumentos para discutir que los resultados de los estudiantes colombianos no son ajenos a una realidad nacional en donde la guerra, la corrupción, el abandono y la marginalidad de la escuela pública son el común denominador e influyen directamente en el contexto de aprendizaje. Esto no es Singapur, no es Finlandia, es Colombia y es allí precisamente en donde cobra relevancia el análisis desde el aula y no desde un escritorio o desde el micrófono de un periodista prepago del establecimiento.

El caso Bogotano

El análisis no puede dejar de lado la situación educativa de Bogotá y su comparativa con otros territorios del país, resulta evidente que, si bien existe una crisis generalizada, la capital colombiana enfrenta desafíos menos agudos que otras zonas. El gobierno distrital, liderado por la alcaldesa Claudia López y su secretaria de educación Edna Bonilla busca construir la narrativa de que sus políticas han mitigado los impactos negativos en la ciudad en comparación con el resto del país. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto la influencia significativa del sindicato de maestros ADE, cuya presión constante ha contribuido considerablemente a las condiciones educativas en la ciudad.

Es importante reconocer que diversos factores se entrelazan para favorecer a Bogotá en términos educativos. El centralismo histórico se refleja en la oferta y acceso a formación posgradual universitaria para los docentes, que en Bogotá con respecto al resto del país es muy superior, así como en aspectos como la oferta cultural, el acceso a redes de internet, bibliotecas, centros culturales y la disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares. El nivel de alfabetización de la población y la formación de los padres también juegan un papel crucial en estos resultados.

El informe de la Secretaría de Educación de Bogotá omite estos factores, atribuyendo los logros únicamente a la consolidación de estrategias de aprendizaje, especialmente aquellas centradas en la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sin embargo, carece de autocrítica en relación con la política de privatización permanente, que ha llevado al desfinanciamiento de la escuela pública, la sobrecarga laboral y la persecución contra el magisterio.

Es esencial destacar el papel fundamental de los maestros y maestras que, a pesar de la escasez de recursos, han contribuido significativamente al proceso educativo en Bogotá. Pero obviamente estamos ante una Secretaría que está enfocada en profundizar el proceso de privatización, manifestado en programas como el BI (bachillerato internacional) y otros convenios con las cajas de compensación en detrimento de la pedagogía y de los derechos laborales de los docentes capitalinos.

Violencia, exclusión social y escuela

El análisis se ve enriquecido al considerar las condiciones sociales en las cuales se desarrollan los procesos escolares y que además son el resultado de diversas formas endémicas de violencia presentes en nuestro país. Esto se ve agravado por el modelo económico de explotación y saqueo que ha perpetuado la pobreza y el abandono estatal a lo largo de generaciones de colombianos.

En circunstancias normales, los niños y niñas deberían asistir a la escuela para aprender, socializar y construir conocimientos guiados por sus maestros y maestras. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas públicas y muchos colegios privados, esta realidad dista de ser la ideal. Los educadores se ven obligados a dedicar gran parte de su tiempo en el aula a abordar problemas de convivencia escolar, derivados de diversas causas.

Entre estas causas se encuentran las violencias familiares durante la crianza, que se manifiestan en comportamientos violentos de muchos niños y niñas hacia sus compañeros. También influyen las violencias presentes en los entornos barriales, donde muchos jóvenes crecen sin la supervisión de sus padres, cuyas obligaciones laborales los mantienen ocupados todo el día. La calle y sus amigos se convierten en sus referentes, en una sociedad descompuesta y enferma, donde el microtráfico, las bandas delincuenciales y otras problemáticas son lamentablemente comunes.

Además, se suma la violencia producto del conflicto armado, que afecta a familias enteras que han sido desplazadas, diezmadas, ultrajadas y moralmente destrozadas. En este contexto, los niños, niñas y jóvenes son los más afectados, enfrentando traumas y desafíos que obstaculizan su desarrollo integral.

Por otro lado, la violencia mediática también desempeña un papel crucial. La matriz mediática ha girado en torno a la violencia social, el amarillismo y la difusión de contenidos violentos y sexuales en busca de audiencia. Esto contribuye a la formación de una sociedad desensibilizada y normaliza comportamientos perjudiciales, especialmente entre los jóvenes.

  • Para respaldar estos planteamientos, es relevante destacar algunas estadísticas alarmantes. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Salud, el porcentaje de casos de violencia intrafamiliar ha aumentado en un 20% en los últimos cinco años. Asimismo, informes de organizaciones no gubernamentales revelan que el desplazamiento forzado ha afectado a más de un millón de personas en la última década, con un impacto particularmente devastador en la niñez.

Una generación marcada por Influencers y la promesa del dinero fácil

En el trasfondo de esta narrativa se vislumbra un panorama sombrío marcado por las condiciones de pobreza que afectan a la población en general. Esta realidad, sumada a la falta de oportunidades, crea un terreno propicio para que el desinterés, la apatía y la falta de perspectiva académica se apoderen de los estudiantes. Estos jóvenes se ven constantemente bombardeados por la cultura del inmediatismo y las promesas de riqueza fácil y éxito repentino, hábilmente difundidas por los gurús de los medios a través de redes sociales y otros canales de comunicación.

En este contexto, es evidente que una parte significativa de la juventud contemporánea no percibe la escuela con buenos ojos. Más bien, se erigen como «emprendedores» modelados por una sociedad que les insinúa la posibilidad de enriquecerse de la noche a la mañana. Se les presenta la imagen seductora de convertirse en influencers, youtubers, cantantes o incursionar en plataformas como OnlyFans y TikTok. Es la generación del “Yo me llamo», que surge sobre los cimientos de una sociedad donde la «cultura traqueta» ha vendido la ilusión de que adoptar roles como traquetos, prepagos o modelos webcam constituye un pasaporte directo hacia la fama y la fortuna.

Es importante respaldar estas reflexiones con datos concretos que ilustren la magnitud de esta problemática. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), más del 40% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, lo que refuerza la conexión entre la falta de recursos y oportunidades y el desinterés académico.

Asimismo, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que el desempleo juvenil en Colombia alcanza cifras preocupantes, ubicándose en un 21%. Estas estadísticas respaldan la percepción de la juventud sobre la escasa viabilidad de encontrar oportunidades de desarrollo a través de la educación tradicional.

Esta actitud desafiante hacia la educación también se ve alimentada por el atractivo virtual de la fama y la riqueza. Datos de estudios psicosociales indican que el 60% de los jóvenes colombianos consideran que las redes sociales son una vía legítima para alcanzar el éxito, confirmando así la influencia de estas plataformas en la percepción de la realidad de la juventud. Incluso según datos recientes de octubre de 2023, Colombia es el cuarto país de Latinoamérica con el mayor número de influencers y el segundo país en inversión de publicidad digital solo por debajo de Brasil.

Desocupación post secundaria

La perspectiva tanto laboral como académica entre los estudiantes graduados no constituye un estímulo que despierte el interés de los jóvenes. Según revela la Universidad del Rosario, apenas el 40% de los egresados de bachillerato logra acceder a la educación superior, sin hacer distinción entre colegios públicos y privados. Esta realidad se explica, en parte, por el elevado costo de las carreras universitarias, la carencia de orientación vocacional, la necesidad de aceptar empleos ocasionalmente mal remunerados para contribuir al sustento familiar, y otros factores correlacionados.

Las cifras proporcionadas por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana arrojan luz sobre la magnitud de este desafío. El análisis de la tasa de transición inmediata de estudiantes provenientes de instituciones educativas públicas y privadas hacia la educación superior revela que cerca de 2 millones de colombianos, con edades comprendidas entre los 17 y 21 años, se encuentran excluidos de esta cobertura vital.

Estas estadísticas subrayan la urgencia de abordar las barreras que obstaculizan el acceso a la educación superior en Colombia. El elevado porcentaje de jóvenes excluidos de este proceso demuestra que la falta de oportunidades educativas no se limita a la disparidad entre colegios públicos y privados, sino que se extiende a un problema sistémico que afecta a una parte significativa de la juventud colombiana.

El panorama se torna aún más desafiante al considerar que la falta de orientación vocacional y la necesidad imperante de contribuir al ingreso familiar inciden directamente en las decisiones educativas de los jóvenes. Resulta imperativo, por tanto, implementar medidas que no solo faciliten el acceso económico a la educación superior, sino que también ofrezcan orientación y apoyo a los estudiantes en la toma de decisiones cruciales para su futuro académico y profesional.

El escenario escolar. Entre la represión y la inoperancia

Al abordar los elementos anteriores podríamos argumentar que “estudiar” no representa un camino “atractivo” para muchos jóvenes colombianos, eso explicaría en parte el desinterés frente al proceso académico pero el análisis no puede quedarse sin un elemento estructural, el papel de los educadores y de las instituciones educativas.

Desafortunadamente y hay que ser muy autocríticos y responsables, el común denominador del funcionamiento en las instituciones educativas distritales es que muy pocas cosas funcionan bien, la gestión de calidad solo ha servido para que muchos directivos docentes hayan abandonado su papel como lideres y dinamizadores de la pedagogía y actúen mas como jefes de personal de una fábrica.

El marco reglamentario de la educación colombiana viene girando mas hacia el funcionamiento vertical y empresarial de la escuela, delimitando y controlando horarios, porcentajes de aprobación, informes estadísticos, racionalización de recursos,  manuales de procesos y procedimientos draconianos, entrenamiento  para contestar pruebas, todo un armatoste burocrático y tecnicista que  haciendo honor a la verdad no redunda en mejores resultados académicos y un mejor funcionamiento de la institución educativa.

Hay que puntualizar que todo ese andamiaje en muchos casos es utilizado por algunos directivos docentes, para reprimir y perseguir al maestro de aula cual, si fuera obrero raso que debe entregar producción al final del día, creando climas institucionales invivibles en donde las demandas, las amenazas, la falta de trabajo en equipo, las extralimitaciones de funciones, los malos manejos alimentan la apatía laboral y el que muchos docentes terminen haciendo lo mínimo.

Claro que existen escuelas e instituciones que tienen otras prácticas de gestión pero algo que es recurrente en la gran mayoría es la ausencia de diálogo pedagógico y constructivo, aquí la experiencia de más de dos décadas en educación me anima a argumentar que si bien hay muchos maestros con posgrados, muy bien preparados, estos títulos terminan en muchas ocasiones solo de utilidad para subir en el “escalafón” y elevar los ingresos, a causa de la ausencia de espacios institucionales para trabajar en equipo con otros maestros en propuestas pedagógicas que influyan definitivamente en la transformación de prácticas pedagógicas.

A pesar de los loables esfuerzos realizados por muchos educadores en términos de capacitación y formación, la maquinaria escolar persiste en funcionar de manera anacrónica, manteniendo intactas sus estructuras desde décadas atrás. Los currículos se despliegan en áreas de enseñanza que, dependiendo de la institución educativa, oscilan entre 13 y 15 o más, sin establecer conexiones coherentes entre sí ni con el mundo real.

En este escenario, cada docente, imbuido de responsabilidad, defiende sus métodos y enfoques al final del año ante la comisión de evaluación y promoción. Este proceso, más allá de ser un espacio para reflexiones pedagógicas, se convierte en un terreno donde se elaboran balances, se extraen estadísticas, se otorgan notas y se posicionan subjetividades y simpatías. En este peculiar teatro educativo, se suscitan auténticos «milagros».

Es común que estudiantes que han acumulado reprobaciones en seis o más materias a lo largo del año, misteriosamente vean reducida esta cifra a una o dos, generalmente relegadas a asignaturas como religión, ética o educación física. Estas últimas se someten a una suerte de «recuperación» mediante pruebas, culminando con la aprobación del año escolar.

Este enfoque carece por completo de pedagogía, trabajo en equipo o diálogo efectivo entre los maestros. Además, se observa una ausencia palpable de compromiso serio por parte de las familias de los estudiantes. En lugar de centrarse en estrategias educativas efectivas, el sistema se aferra a la rigidez de las estadísticas como única medida de éxito.

Lo peculiar de todo esto es que las recetas utilizadas administración tras administración es la misma, olvidando todo el contexto presentado anteriormente, ni los mismos docentes nos salvamos, nos aferramos a la tradición, cuantas veces en las instituciones educativas he escuchado que unos compañeros casi que le gritan a otros: ¡profe aquí siempre lo hemos hecho así! o algunos en tono conciliador intentando convencer y dando cátedra de experiencia : “no se desgaste compa, ¿para qué?, nadie se lo va a agradecer, cuide su salud”, “cumpla el horario y lleve el seguimiento de los estudiantes, ahí está el secreto”, y otras tantas que hacen parte de la jerga o currículo oculto de las instituciones educativas, así terminan muchos maestros y maestras trabajando casi en la clandestinidad, haciendo su proyecto en solitario, soportando la crítica y a veces recibiendo el apoyo en intentos individuales de transformar la escuela.

Mientras tanto el mundo cambia aceleradamente, las nuevas tecnologías, la virtualidad, las inteligencias artificiales transforman el mundo que conocemos, si sufrimos con Wikipedia y el “copy page” de los estudiantes en sus tareas, con los resúmenes de libros en portales como “el rincón del vago”, no me quiero imaginar con el uso del ChatGPT para iniciar por algo.

El sindicato de maestros, de espaldas a la pedagogía

En medio de este complejo panorama, es imprescindible abordar el papel desempeñado por las organizaciones sindicales de los docentes colombianos. Desafortunadamente, gran parte de la responsabilidad de la debacle educativa se les endosa, perpetuando una narrativa que ha sido hábilmente construida por sectores adversos a la educación pública. Estos actores, ansiosos de la privatización del sistema educativo, han empleado desde hace décadas argumentos reduccionistas y falaces. Han posicionado la idea de que FECODE, la principal federación sindical de educadores, «administra» los colegios públicos y utiliza las aulas para «adoctrinar» a los estudiantes.

Este relato, amplificado por diversos medios informativos del país, ha contribuido a estigmatizar al maestro o maestra de la escuela pública como un individuo «vago», «perezoso» y, en los casos más extremos, un «guerrillero» camuflado al servicio de la extrema izquierda. Las consecuencias de esta construcción mediática han sido nefastas para la imagen del magisterio colombiano, que ha terminado siendo perseguido, violentado, arrinconado y discriminado.

Los datos sobre persecución sindical son evidentes. Informes e investigaciones emitidas por FECODE documentan cómo maestros y maestras son víctimas del conflicto armado colombiano. Este patrón de violencia culmina en el reconocimiento del movimiento sindical y del magisterio como sujetos de reparación colectiva, subrayando la necesidad de comprender que el análisis de los resultados académicos de los estudiantes colombianos está intrínsecamente ligado a la realidad de la escuela y las condiciones laborales de los docentes.

Este ciclo de violencia y degradación contra los maestros se intensifica, manifestándose en formas más sutiles, pero igualmente perjudiciales, entre ellas esas que se dan entre algunos de los funcionarios administrativos de ministerios y secretarías contra los docentes; se observan desprecios por la profesión docente en los incentivos, los reconocimientos y el trato displicente en las mesas de negociación sindical. Incluso los padres de familia, amparados por normativas laxas, muestran una creciente violencia e intolerancia hacia los docentes, exigiendo más a los educadores que al propio Estado.

Estas problemáticas, unidas a la centralización de la agenda sindical en cuestiones como salario, derechos laborales, escalafón y financiación, junto con una actitud reactiva derivada de la embestida neoliberal, que impone una posición constante de resistencia, han limitado la propuesta pedagógica del magisterio. Este enfoque se traduce en iniciativas aisladas que no logran impulsar la revitalización del movimiento pedagógico ni, mucho menos, la construcción de una propuesta educativa integral para el país.

Para algunos sectores del sindicalismo magisterial, esta realidad resulta difícil de aceptar. Están tan inmersos en sus luchas por el micropoder y las influencias que pasan por alto el hecho evidente de que, en este momento crucial, el movimiento sindical del magisterio no solo debe velar por la defensa de la escuela pública y del derecho a la educación, sino que también tiene la responsabilidad de ser un actor protagónico en la transformación del sistema educativo.

Es imperativo trascender las limitaciones inherentes a la resistencia constante y explorar nuevas dimensiones donde el sindicato de maestros no solo abogue por las condiciones laborales, sino que también promueva una visión pedagógica crítica y emancipadora. En este sentido, resulta esencial la formulación y defensa de propuestas educativas innovadoras que respondan a los desafíos actuales y contribuyan a la construcción de un modelo educativo acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea.

La participación activa del sindicato magisterial en la transformación de la escuela no solo sería una respuesta a las problemáticas actuales, sino que también consolidaría su papel como agente de cambio en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, dinámico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Es lamentable observar cómo ciertos sectores arraigados en los sindicatos regionales y, en particular, en FECODE, aprovechan su posición para impulsar la agenda de sus partidos y movimientos políticos. Este accionar, sin embargo, viene acompañado de un costo significativo: sacrificar las reivindicaciones pedagógicas del magisterio, que trascienden con creces la simple cantidad de estudiantes por aula.

El debate sobre el tamaño de las clases, si bien relevante para abordar el hacinamiento, no aborda de manera sustancial las prácticas pedagógicas dentro del aula. Puede haber maestros con 40 o 25 estudiantes, pero si se continúa limitando a cumplir el currículo neoliberal, que esencialmente forma futura mano de obra barata, la situación no experimentará mejoras significativas. La escuela pública clama por una transformación total. ¿Dónde quedó la discusión sobre estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Y la reflexión sobre los campos de pensamiento? ¿Dónde se encuentra el diálogo sobre la evaluación escolar? ¿Persistiremos en eludir la posibilidad de evaluarnos pedagógicamente como maestros? ¿Dónde está la conversación sobre la educación rural y la inclusiva?

Resulta desconcertante mantener la afirmación de que las nuevas tecnologías son intrusas en las aulas. ¿Continuarán los directivos docentes desempeñando el papel de gendarmes de la administración, creyendo erróneamente que los dispositivos de control y la falta de democracia escolar son la senda hacia la excelencia académica? ¿Persistirán algunos sectores del magisterio en oponerse a la transformación, incluso adoptando actitudes irresponsables a nivel laboral, respaldándose en una interpretación sesgada de la libertad de cátedra?

Lo más preocupante no es solo que las pruebas PISA, con todas sus contradicciones, evidencien un estado de crisis educativa. Lo verdaderamente inquietante radica en la dificultad de muchos actores del proceso para asumir su grado de responsabilidad, limitándose a culparse mutuamente durante décadas. Mientras tanto, la niñez y la juventud se ven privadas de la oportunidad de prepararse para un futuro global incierto, donde el Estado policial global extiende dispositivos de control, exclusión y manipulación social.

Estos facilitan que la derecha y los nuevos fascismos del siglo XXI lleven al poder a figuras que convencen a la sociedad de que la existencia de derechos humanos es la causa de la crisis multidimensional. Por ende, propugnan por su extirpación, eliminación y, asombrosamente, son tratados como salvadores.

Referencias

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Carlos Munevar

Docente e integrante de la Asociación de Educadores de Bogotá

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