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Salarios vs inflación

Por: Mario Hernández

Octubre fue el mes en el que fueron activadas la mayor cantidad de cláusulas de revisión. Numerosos gremios “lograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan al 50%, cifra similar a la inflación interanual pero que, a su vez, debería estar por encima de la inflación acumulada que se verá en 2021.

Entre otros casos, durante este mes la rama indumentaria textil firmó revisiones que llevan su acuerdo a cerca del 55% anual, los plásticos firmaron en torno del 53%, la UOM (metalúrgicos) reabrió su acuerdo para llevarlo apenas por encima del 50%, AOMA (mineros) revisó en torno al 48%, y Satsaid (nuevas tecnologías), el único gremio que este mes firmó su paritaria anual para 2022, en 45% pero con revisiones a mediados del año próximo.

El último dato correspondiente al relevamiento de salarios de la economía que realiza el INDEC, informa que en agosto 2021 los salarios totales registran un aumento de 49,1% respecto de agosto 2020.

El ajuste del poder adquisitivo de los salarios se puede observar en el aumento de rubros de importancia relativa como transporte, alimentos y prendas de vestir, los cuales registraron un aumento en ese mismo período, 62,3%, 52,4% y 53,4%, respectivamente, señala Martín Calveira, investigador del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral. 

Descontada la inflación, los salarios totales se redujeron en 2,3% en el período agosto 2020-agosto 2021 debido a que la inflación minorista de ese mismo período fue 51,4%, precisa Calveira.

Al desagregar la evolución, “el sector privado no registrado tuvo nuevamente una mayor pérdida real debido a que el aumento respecto de agosto 2020 fue solo 35,8%”. Por otro lado, el sector privado registrado mostró una evolución interanual de 53% y los salarios del sector público un 50,9%.

Yendo más atrás en el tiempo, “desde el inicio del confinamiento, se observa un crecimiento del 55,7%. No obstante, ajustado por la inflación del mismo período es -7%, es decir, un ajuste real de los salarios que se suman a la caída del PIB y un mayor desempleo”.

Noviembre llegó con aumentos

Las subas en alquileres, expensas, GNC, colegios; entre otros, también contribuirán -junto a otros factores- a acelerar el ritmo de la suba del nivel general de precios que en los primeros 9 meses del año acumulan un 37%

Alquileres: Para aquellos inquilinos que firmaron contratos en noviembre del 2020, deben afrontar este mes la suba anual que se determina -a partir de la Ley de Alquileres- por un índice combinado (50 % evolución y de salarios y 50 % precios) que elabora el Banco Central. Se estima que teniendo en cuenta el IPC interanual, la suba pueda alcanzar el 50%.

Según los datos relevados por zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires «El alquiler de un 2 ambientes en la Ciudad se ubica en $ 43.899 por mes, 3.0% por encima del mes previo. En 2021 acumulan suba de 43.1%, levemente por encima de la inflación.»

El portal inmobiliario sostiene que «en los últimos doce meses el precio medio de alquiler (nuevos contratos) acumuló suba de 51.8% levemente arriba de la inflación (51.1%) y de ajuste de los contratos existente firmados hace 12 meses (49.5%).»

Expensas: las expensas tendrán una suba de hasta 10% en noviembre. La misma esta empujada por las paritarias del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) que llevarán el 32% acordado a un 44,8% de ajuste anual.
Eso se debe a que los salarios de los encargados de edificio tienen una fuerte incidencia dentro del valor de las expensas.

GNC: El precio del metro cúbico del gas natural comprimido (GNC) aumentará 1 peso, para venderse a un promedio en todo el país de $47 en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera el valor del gas en boca de pozo pasará de 14% al 14,5%. El último aumento de este combustible se había aplicado en agosto de este año y fue entre $2 y $3.

Colegios: se trata de los colegios privados que reciben subsidios estatales y fueron autorizados para incrementar sus cuotas. Luego de las revisiones paritarias a docentes, los colegios privados aumentarán de un 3% a un 4%.

Telefonía móvil: sin la autorización del ente regular, Enacom, las empresas de telecomunicaciones aumentarán hasta 10% en noviembre. Las empresas siguen aumentando a su antojo mientras existe una judicialización del decreto 690. En los primeros nueve meses del año las subas acumuladas en telefonía, internet y televisión rondan el 49 %, mientras el Enacom había autorizado para el año en curso subas de hasta un 30 %.

Crecen los márgenes de ganancia de empresas oligopólicas

Por David Cufré 

La decisión del Gobierno de establecer precios máximos por 90 días para una canasta de consumos esenciales abroqueló al establishment empresario, la prensa dominante y la oposición de Juntos por el Cambio en contra de la medida. “La culpa de la inflación no es de los empresarios”, aseguró María Eugenia Vidal. “Es de la emisión monetaria”, interpretó, lo mismo que Martín Tetaz, que la acompaña en la boleta. Horacio Rodríguez Larreta pronosticó que la intervención estatal terminará en “desabastecimiento”, igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman. A tres semanas de las elecciones, la pelea por los precios dejó a la luz la diferencia radical de enfoques entre oficialismo y oposición, pero sobre todo lo crucial que son los comicios para fortalecer la defensa de las mayorías populares o dar impulso a la arremetida conservadora.

Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra son protagonistas principales de la pulseada por la inflación. En el primer semestre del año lograron “una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad”, gracias a su poder de mercado para imponer condiciones a otros actores de las cadenas productivas y a los consumidores. Así lo advierte un documento elaborado por Cifra, el centro de investigación económica de la CTA, a propósito del debate sobre las causas de la aceleración de precios.

El caso Techint

“Ternium Argentina (Techint) declaró utilidades netas por el 40,1 % de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando en el mismo período del año anterior había registrado pérdidas contables de -1,5 %”, revela el informe. “Se trata de un nivel muy superior a los buenos registros de 2019, cuando había obtenido un 10,5 % de utilidades sobre ventas”, compara. Es decir, el holding de la familia Rocca se anotó primero en la lista de empresas que recuperaron ganancias a costa de descargar fuertes aumentos en el precio del acero a las industrias que lo utilizan como un insumo clave. Eso genera un efecto cascada que recae en definitiva sobre los consumidores.

La crisis histórica que causó la pandemia, cuyo impacto se minimiza en el debate político, tanto por parte de la oposición como por sectores que supieron votar al Frente de Todos y ahora se manifiestan decepcionados con su actuación, generó una disparada de precios a nivel internacional.

“La energía, los alimentos y los minerales treparon en dólares 82,1 %, 29,4 % y 35,3 %, respectivamente, entre los primeros 8 meses de 2021 e igual período del año anterior. Es tan claro que la economía argentina no está aislada de estas circunstancias internacionales como que la inflación doméstica no se agota en ellas”, destacan Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, autores del documento de Cifra.

El componente local de esa presión inflacionaria a nivel global se expresa en las distorsiones que se advierten en los precios relativos. “Esto se pone de manifiesto en que los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron muy por encima de los precios minoristas durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites, con un alza del 111,3 %, sustancias plásticas (92,6 %), cereales y oleaginosas (90,7 %), productos siderúrgicos (70,9 %) y minerales no ferrosos (54,9 %)”.

Como consecuencia de ello, indica el informe, los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. “Ramas con elevados niveles de concentración económica aceleraron el traslado de los precios internacionales a los internos en detrimento de los salarios y de las empresas que actúan en sectores más atomizados. Prueba de ello es también el elevado incremento de los insumos difundidos”, explica el documento.

“Aluar pasó de -6,7 % a 8,8 % de utilidades sobre ventas entre el primer semestre de 2020 y el mismo lapso de este año”. El aluminio es otro insumo fundamental para la industria y la construcción.

Molinos y Loma Negra

En la rama alimenticia, una empresa testigo en la formación de precios es Molinos Río de la Plata. “Después de un buen primer semestre en 2020, aumentó su rentabilidad de 2,9 a 3,6 % en igual período de este año”, precisa. La compañía del grupo Pérez Companc rechazó la fijación de precios máximos sobre 69 productos y es protagonista de las discusiones con la Secretaría de Comercio por la aplicación de esa medida.

Finalmente, la productora líder de cemento en el país, Loma Negra, pasó de un registro negativo de 6,2 % en la primera mitad de 2020 a utilidades sobre ventas del 5,5 % en igual lapso este año.

“En los casos de Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra, la recomposición de su rentabilidad en el primer semestre de 2021 es significativa respecto a 2020, pero se mantiene por debajo de los buenos resultados del primer semestre de 2019, donde el ajuste en los salarios y la capacidad diferencial de formación de precios provocó un aumento de los márgenes de ganancia”, aclara el documento.

Distribución regresiva del ingreso

Otro dato que explica la necesidad del Gobierno de poner un freno por lo menos transitorio a la suba de precios en la canasta básica es que el sector empresario en general está aumentando su participación en la distribución del ingreso, a costa de los trabajadores. “La situación con las empresas oligopólicas no se trata de casos aislados, ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó del 48,2 al 53,1 % entre el primer semestre de 2020 y 2021”, puntualiza el informe. “Estas son las causas del endurecimiento de la política de control de precios”, concluye.

Movilizar por el control de costos, precios y distribución de productos de la canasta familiar

*»Molinos”, “Arcor” y otros grandes oligopolios de la producción de alimentos en el país, han tenido tarifas congeladas, el dólar frenado, los salarios devaluados, cobraron ATP y subsidios del Estado.

* Sin embargo, se niegan a detener las remarcacionesde los precios de los artículos que integran la canasta familiar.

*¡Enfrentemos el saqueo empresario contra el pueblo trabajador!

1- Solicitamos la implementación de congelamiento de precios (con valores anteriores a las subas desmedidas).

2- Control popular de costos, precios y distribución de los productos de la canasta familiar.

3- Las organizaciones sindicales y populares debemos tomar esta política en nuestras manos.

Rosario, 20/10/2021

Comisión Gremial – Centro Cultural de La Toma

Trabajadores de la salud 

En una asamblea multitudinaria, SIPROSAPUNE FESPROSA (Neuquén) definió un paro de actividades desde este lunes 8 al viernes 12 en repudio al atropello que tuvieron por el archivo antidemocrático de su Proyecto de ley. Las manifestaciones comenzaron el lunes con una marcha e instalación del acampe permanente en Casa de Gobierno de Neuquén.

Al respecto, el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa y sus veinte regionales elevaron una nota al gobernador Omar Gutiérrez para exigir que se revea la decisión de su gobierno y el bloque legislativo del oficialismo de archivar el proyecto de carrera profesional sanitaria que venía tratándose con amplio consenso en la Legislatura provincial.

“Dicho proyecto era una herramienta para defender los derechos de los trabajadores profesionales de la salud pública y defender el full time como arma para combatir el pluriempleo, el que ha causado enfermedad y muerte entre los trabajadores de salud afectados a la lucha contra la pandemia”, sostuvieron.

Y agregaron: “La carrera era, a su vez, un elemento de libertad sindical donde la voz de los profesionales no estaba mediada por una burocracia sindical decadente que solo piensa en cómo mejorar la recaudación para su beneficio, olvidándose de la defensa de los trabajadores y del sistema público de salud. Neuquén es hoy bandera nacional para todos los colectivos de trabajadores de la salud pública. De no reverse la situación el plan de lucha se profundizará con apoyo nacional”.

En tanto, el lunes también hubo manifestaciones en Tucumán a cargo de SITAS Fesprosa. La misma comenzó en el Hospital Padilla, donde reclaman el acceso a la información en el manejo de Recupero de Costos, y exigen que los aumentos salariales sean en blanco.

Por su parte, en Río Negro, ASSPUR Fesprosa convocó a un paro y movilización para el jueves 11 en reclamo por mejoras salariales y laborales, y el reconocimiento del sindicato en la mesa paritaria. La concentración comenzará a las 12:00 en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, donde estarán presentes la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, y el secretario general, Jorge Yabkowski.

En Buenos Aires, CICOP Fesprosa del Hospital Posadas realizó su primera asamblea presencial tras la pandemia y votó por unanimidad un plan de lucha por el pase a planta permanente, el reconocimiento de antigüedades, y la defensa del sector de enfermería. El jueves 11 a las 12:00 realizarán una ronda para sostener los reclamos.

También el jueves 11, en Santa Fe, SIPRUS Fesprosa movilizará hacia la Casa de Gobierno para exigir nuevamente que se cumpla la sentencia judicial que ordena la reglamentación del artículo 25 de la Ley 12.501 que establece la Enfermería es una profesión de alto riesgo, y la instrumentación de la Ley 13.968 que establece que las y los enfermeros con título de grado son profesionales de la salud.

Por su parte, el jueves de 10 a 14:00 habrá una carpa sanitaria y acto en la Plaza de la Municipalidad de San Martín encabezada por CICOP.

La Asociación bonaerense de profesionales de la salud también realizará un paro de 24 horas el viernes 12, con marcha a La Plata en rechazo a la decisión tomada hace unas semanas por el gobierno bonaerense de otorgar un aumento salarial insuficiente por decreto.

Después que el Presidente Alberto Fernández se comprometiera a apoyar la convocatoria a una paritaria nacional de salud, dirigentes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se reunieron con autoridades del ministerio de Salud para comenzar a dar pasos en este sentido, quienes aseguraron que existe “una predisposición favorable para concretar lo solicitado”.

La semana pasada el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se reunió con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina. Desde la Federación (con la presencia de María Fernanda Boriotti, Jorge Yabkowski, Noemí Alemany y César Dell Alli, entre otros) se insistió en la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud, avalada por el Presidente en la reunión realizada hace diez días en la Casa Rosada. Al respecto, Medina sostuvo que se están llevando a cabo conversaciones con las máximas autoridades de las carteras de Salud y de Trabajo, “existiendo una predisposición favorable para concretar la convocatoria solicitada”. Desde Fesprosa se insistió “en la necesidad perentoria de dar pasos concretos en esa dirección”.

Luego la delegación sindical abordó la agenda del decreto 1133, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para los trabajadores de la salud. Según informaron desde la Federación, el viceministro aseguró que “habiéndose solucionado el problema salarial de los residentes nacionales, la prioridad pasaba a ser el pase a planta y la resolución de las antigüedades no reconocidas”.

En cuanto a los planteos respecto de la situación de crisis en el Hospital Sommer, desde el Ministerio aseguraron estar en conocimiento de la situación pero no haber recibido planteos gremiales para desplazar a la dirección del hospital. En este sentido, Medina se comprometió a citar en los próximos días al director ejecutivo del hospital Gustavo Marrone, ante lo que Fesprosa “manifestó la voluntad de participar activamente en la solución de la crisis institucional” de la institución.

Finalmente, representantes del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune-Fesprosa) describieron “la crítica situación de anestesia en la provincia, planteando la necesidad de que el Ministerio nacional y el Consejo Federal de Salud se impliquen de manera activa en la concreción de políticas que frenen la ambición corporativa de las sociedades de anestesia”. Ante esto, el Ministerio manifestó su acuerdo general, afirmando que en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) “se están elaborando normativas para que sea el Estado quien regule el ingreso y la formación de los especialistas en anestesia”.

El martes 2 de noviembre, residentes y concurrentes nucleados en la Asamblea CABA se movilizaron una vez más frente al ministerio de Salud de la Nación por el mal manejo en la adjudicación de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud público porteño.

Según informaron, durante el fin de semana les comunicaron a 150 profesionales de salud de las carreras de Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social que los puestos ya tomados podían sufrir modificaciones por un error de sistema. “Se trata de profesionales que dispusieron sus horarios y organizaron sus agendas en base a las concurrencias tomadas, ya firmaron y entregaron papeles, ya están insertos en distintos equipos de trabajo, y sin embargo frente a esta instancia de adjudicación podrían perder dicho puesto”.

En el Garrahan, 35 enfermeros de CABA y de Nación habían tomado una residencia y con esto quedaron desafectados. Con los concurrentes de CABA pasó lo mismo. “Lo que nos dijeron desde el Ministerio es que lo resolvieron de esta manera, que se vuelvan a adjudicar los puestos. Esto lo que trae es que residentes como los del Garrahan queden sin puesto y que se modifiquen todos los ingresos de los concurrentes”.

El sistema de salud público porteño cuenta con más de 3.000 residentes y concurrentes. 1.440 de ellos son parte del programa de concurrencias, dependiente del ministerio de Salud, orientado a profesionales ya recibidos en distintas áreas que realizan capacitación de posgrado en la práctica concreta de los hospitales. Cumplen con veinte horas semanales que se dividen en cinco de formación y quince de atención directa. A diferencia de la residencia, donde se trabaja a tiempo completo y con guardias, los concurrentes no perciben remuneración ni cuentan con ART u obra social.

A esto se suma el reclamo por los recortes que hubo en CABA durante la pandemia en los puestos de concurrencia. Según denunció la asamblea en la movilización pasada, se recortaron más del 50%, pasando de 344 a 153 puestos. Esto fue aún más impactante en 2019, cuando pasaron de 519 a 153 lugares.

“Lo que pedimos hoy en reunión con el ministerio de Salud de la Nación fue que abran más cupos, sobre todo porque el sistema de salud viene bastante colapsado y hace falta más personal. De esta manera se sostendrían los puestos de los que ya comenzaron a trabajar. También solicitamos una reunión con las autoridades de CABA para pedirles esto”.

A su vez, agregaron: “Lo malo de esta decisión también es que muchos de estos concurrentes ya iniciaron tratamientos, y con estos movimientos la gente ve modificados sus procedimientos y se cambian equipos de trabajo. A nosotros nos afecta porque nos estamos formando, pero afecta mucho más a la gente porque se termina atrasando mucho la atención en los hospitales”.

Previo al brote de la pandemia de Covid, la Asamblea ya denunciaba la falta de personal en los hospitales. “Durante la pandemia, esto quedó muy a la vista. Ahora, que todavía seguimos en pandemia, esto se nota mucho más porque la gente quedó asustada y con secuelas. Lo que pasa es que ahora, al menos en los hospitales de CABA, hay entre cuatro y cinco meses de espera para atenderte, hay pocos turnos, gente que viene y hace fila desde las cinco de la mañana. Y todo esto es porque falta gente para atender”, finalizaron.

Mientras, la Asamblea CABA sigue exigiendo la reunión con el ministerio de Salud de la Ciudad para solucionar la problemática de las adjudicaciones. De no haber novedades, se evaluarán más medidas a tomar.

Docentes 

Martes 9/11 PARO de media y terciarios y concentración a las 15:00 frente a la Legislatura

Rechazamos la propuesta del gobierno plasmada en el acta firmada por las burocracias sindicales que generará mayor inestabilidad laboral y el cese de miles de docentes.

Reclamamos:

– Titularización masiva y fotográfica.

– Restitución de las Juntas de Clasificación y Disciplina con sus funciones históricas.

– Regularización de los concursos anuales.

-Defensa del Estatuto docente contra las reformas flexibilizadoras.

Organicemos asambleas en todas las escuelas para impulsar las medidas de acción.

Por una asamblea unificada de toda la docencia de CABA.

Llamamos a los sindicatos y a toda la docencia que rechace este acta infame a parar y movilizarse para profundizar el plan de lucha.

Ningún acuerdo de espalda a la docencia.

Impulsemos actividades de visibilización en puertas de diferentes medios de comunicación.

ADEMYS

Entre agosto y septiembre, el gobierno provincial y el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, lanzaron el programa +ATR, que consistía en designar a miles de docentes en escuelas primarias y secundarias de PBA para el «acompañamiento de las trayectorias 2020». El programa tenía como objetivo que los estudiantes terminen la trayectoria 2020 frente a las dificultades que esta enfrentó (pandemia, poco acceso a la tecnología que el gobierno nunca se encargó de garantizar, con faltas de dispositivos en los hogares, sin acceso a internet, tareas de cuidado 24-7, etc.).

Obviamente, estos cargos ya daban indicios de ser la antesala de la reforma laboral: una contratación con fecha de inicio y cese, un período de vacaciones desde el 20 de diciembre al 3 de enero, ningún tipo de licencias por enfermedad o causas particulares (solo contempla maternidad o licencia por ART) y trabajar los sábados.

Todo esto en un paquete de 20 horas semanales, a contra turno, en una resolución poco clara respecto a las tareas que se desarrollarían. El sueldo de una maestra de grado (contemplando la antigüedad) sin los bonificantes por institución (es decir, la desfavorabilidad/ruralidad): $48.505.

El viernes, cuando se pudo acceder al couli, la gran mayoría de la docencia se encontró con sueldos que rondan entre $33.000 y $40.000, netos. Solo algunas excepciones, mínimas, cobraron el sueldo correspondiente.

En el sector de auxiliares, la gran mayoría no cobró un peso del programa +ATR, que otorga un pago mensual de $5.800 para trabajar 6 horas los días sábados. Es decir, que por hora abonan $241. Además, estas sumas se pagan en negro sin posibilidad de faltar por enfermedad, es decir, quitan derechos. En los hechos, significa profundizar la precarización y la flexibilización laboral.

Despidos en empresas del sur del país 

La principal empresa de servicios petroleros del país, San Antonio Internacional (SAI), controlada por el fondo de riesgo Lone Star, informó que pagará sueldos en cuotas e impulsa retiros voluntarios entre sus trabajadores.

El secretario general de los Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, dijo: “Hay un sobrante de trabajadores en la compañía, unos 260 entre Comodoro y Santa Cruz”.

La medida de la empresa SAI abarca a operarios petroleros de todo el país, entre los que se cuentan alrededor de 1.500 trabajadores de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 650 trabajan en Santa Cruz y 850 en Comodoro Rivadavia, sobre un total de 3.400 operarios en todo el país. La compañía depositó el jueves 4 de noviembre un anticipo del 70 % de los salarios correspondientes a octubre, mientras que el resto sería complementado en la semana del 15 de noviembre.

San Antonio es una empresa clave en la industria, tanto en yacimientos convencionales como en Vaca Muerta. La firma presta servicios de equipos de torre, de perforación, workover y pulling. También brinda servicios que los pozos necesitan durante su etapa de terminación y mantenimiento, tales como cementación, estimulación y fracturas, entre otros.

José Lludgar agregó: “Hay un sobrante de trabajadores y la compañía está haciendo todos los esfuerzos por sostenerlo, pero cada vez es más difícil”.

Esta declaración pone de manifiesto el acuerdo del sindicato y la empresa en el plan de retiros voluntarios que impulsa SAI. Lludgar agregó: “Esto significa aproximadamente 60 personas en forma directa e indirecta, y después en Santa Cruz se da algo en mayor medida, porque hoy para poder resolver esta situación necesitaríamos que levanten cinco equipos, con lo que serían casi 200 personas las que estarían sobrando allí”.

Recordemos que tras abrir a comienzos de julio de 2020 un plan de “retiros voluntarios” (despidos encubiertos), YPF, la sociedad anónima con mayoría estatal y un 49% de accionistas privados, apuntó a los convenios colectivos de trabajo. Se trata de un plan de ajuste a nivel nacional que combina la reducción de la planta de trabajadores con la flexibilización laboral para quienes continúen trabajando.

Lo más riesgoso es que, aprovechando la pandemia, YPF pretende avanzar en la flexibilización laboral, profundizando el camino de la adenda al Convenio colectivo para Vaca Muerta en 2017, luego de la cual aumentaron las muertes en los yacimientos, como sucedió este 2021 en Comodoro Rivadavia.

La receta es empeorar las condiciones de trabajo para alcanzar la “productividad”, estableciendo dotaciones máximas de personal para cada tipo de operación, y tiempos máximos para cada tarea. Esto aumentando la polivalencia funcional y la sobrecarga de tareas por cada trabajador o trabajadora.

San Antonio Internacional, la empresa más importante de servicios petroleros de Argentina, toma esta medida en este momento donde el precio del petróleo está en sus niveles más altos de los últimos años, un barril a 85 dólares, y donde la industria petrolera viene recuperando la producción a los niveles previos a la pandemia en la cuenca del golfo de San Jorge y con producción récord en Vaca Muerta. Es decir, crisis en el sector no hay.

El lunes 1° hubo una nueva movilización desde la planta de Brightstar hasta la planta de Mirgor en Ushuaia (T. del Fuego), para reclamar una alternativa que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y la operatividad de la planta. Brightstar fabrica celulares para importantes empresas y el año pasado fue adquirida por Mirgor, que controla la familia Caputo. Los delegados aseguran que la empresa se mantiene firme en adelantar las vacaciones a partir de la próxima semana y puso las indemnizaciones a disposición, sin proyectar la reapertura de la empresa.

La delegada Estefanía Robledo señaló que “la situación es muy crítica, no tenemos avances en las discusiones con la empresa. De hecho, la postura de la empresa sigue siendo la misma. El día viernes la audiencia, en el ministerio de Trabajo, fracasó porque no llegamos a ningún acuerdo. Lo que ellos sostienen, e insisten, es el cierre de la planta, la salida anticipada del personal de vacaciones y como posterior el cierra de la planta pagando la indemnización a todos los trabajadores y las trabajadoras”.

Por el lado de operarios y operarias, dijo que la pretensión es “mantener la planta operativa, en primera instancia, y sostener la totalidad de los puestos de trabajo”. Sobre la posibilidad de que el personal sea convocado, si la planta se pusiera operativa nuevamente, la delegada de la UOM aclaró que solamente expresó la empresa “en la audiencia del ministerio de Trabajo que, si en algún momento, hipotéticamente, la planta vuelve a producir; habría personal que podría volver a convocarse. Ahora, eso no contiene al total de los compañeros y las compañeras, porque se refieren a que serían evaluados de acuerdo a la performance, de acuerdo al ausentismo y de acuerdo a los parámetros que ellos manejan”.

“La realidad es que, hoy por hoy, un compañero o una compañera que presenta un certificado médico porque se lesionó acá adentro o porque tiene alguna enfermedad inculpable o si tiene que salir a hacer un trámite o por un turno médico, para la empresa todos estos casos son compañeros o compañeras ausentistas”, remarcó Estefanía Robledo.

Robledo señaló que ellos se encuentran “abiertos a discutir la alternativa que nos proponga la empresa, para transitar esta situación, siempre que no sea obviamente el despido de los trabajadores. Del lado de la empresa no hubo avances o propuestas, nosotros hablamos con el gobernador Gustavo Melella acerca de la posibilidad de fabricar una serie de notebooks y demás, como para ir transitando este tiempo hasta que se recomponga la situación de Brightstar, pero no hubo avances por diferentes razones y no pudimos arribar a una propuesta”, expresó.

La delegada señaló, más adelante, que “del lado de las trabajadoras y los trabajadores de Brightstar nosotros queremos seguir apostando a Tierra del Fuego, queremos seguir habitando la provincia, queremos seguir trabajando. Acá hemos construido una vida y no nos queremos ir, pero la única propuesta que nos trajo la empresa -inicialmente- fue trasladar a un grupo reducido de compañeros, que eran alrededor de 30 personas, a Buenos Aires para fabricar computadoras allá. Y la verdad es que, para nosotros y para la totalidad de compañeros y compañeras de planta, no ha sido una opción viable porque nosotros queremos seguir habitando en la provincia y ser trabajadores de Brightstar”, ratificó.

En horas de la tarde, los trabajadores y las trabajadoras de Brightstar, acompañados por la conducción de la UOM y por el Congreso de Delegados de la Seccional, marcharon hacia la planta reclamando alguna propuesta alternativa que sirva para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

La Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso realizó el domingo un corte por 12 horas de la Ruta Nacional 3. Reclaman que el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, cumpla con el fallo de la justicia que obliga a reincorporar a guardavidas apartados ilegalmente en marzo de este año y exigen la inmediata intervención del gobernador Axel Kicillof. «Se convoca por Whatsapp a los guardavidas que prestarán servicio desde 15 de noviembre sin informar salarios ni condiciones de trabajo. El Plan de Seguridad Acuática presentado por el municipio es un blanqueamiento de la precarización laboral: se pasa de cinco kilómetros de cobertura de guardavidas a solo 2,5 kilómetros; de 75 guardavidas fijos a 35; el horario de cobertura de la temporada pasada era de 10 a 20 y ahora será de 12 a 18; una sola movilidad acuática para todo Monte Hermoso y ninguna para Sauce Grande; un solo Defibrilador Externo Automático (DEA) para todo Monte Hermoso y Sauce Grande; los puestos de guardavidas pasan de 22 a 12 (en caso de que haya menos gente se reemplazan a los guardavidas y a los puestos por carteles)», denuncian.  

Más despidos 

Edgardo Llano, Secretario General de Apa, sostuvo que «la empresa Gol decidió despedir a toda su planta de empleados excepto a la gerencia. Tuvimos reuniones con ellos pero no tienen argumentos, solo aducen que es una decisión de la casa matriz en Brasil. Nosotros acordamos una reducción de los salarios de un 25% mientras no hubiera vuelos por la pandemia, en simultáneo Gol recibió el apoyo del gobierno a través del ATP y REPROS para sostener los puestos de trabajo«. «Ahora que se restablecen los vuelos turísticos vienen con esto, que se inserta en el plan de flexibilización aérea que planteó el macrismo a través del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y hoy vuelven a intentar los senadores de Cambiemos planteando la modificación de los convenios colectivos de trabajo».

La conciliación obligatoria fue decretada por el ministerio de Trabajo que, ante la denuncia que hizo APA, intimó a la empresa a dejar sin efecto los despidos y al gremio a no tomar medidas de fuerza por 15 días. Sin embargo Llanos advirtió que «vamos a utilizar todas las herramientas legales para impedir los despidos y cuando podamos vamos a tomar medidas de fuerza, para impedir que la empresa vuele hasta encontrar una solución satisfactoria, es decir, con los trabajadores adentro«, y recalcó que «en esta situación de crisis mundial del trasporte aéreo y en la previa a las elecciones este conflicto es muy perjudicial para todos, por lo que exigimos una mesa de diálogo y negociación para encontrar alternativas urgentemente».
La empresa no vuela desde marzo, pese a que algunas rutas permanecieron abiertas porque priorizó los vuelos en Brasil y los países donde se le permitía volar sin restricciones. Con la apertura al turismo extranjero ahora pretende contratar a empleados más baratos, «algunos debajo del salario mínimo», aseguró Edgardo Llano. Y agregó que «esto es un hecho grave que viene orquestado desde Brasil, pero lo más grave es que una de las terciarizadas que pretenden usar es de uno de los empresarios que estuvo preso por la causa de Southern Winds en la que se demostró que traficaba cocaína a Europa». Algunos de los implicados son Matías Miret, los hermanos Juliá y Julián Cook, responsable de Fly Bondi. Esos son algunos de los antecedentes de la empresa terciarizadora Fly Sec que quieren contratar para poner a operar los vuelos.

Por último Edgardo Llano manifestó que «los trabajadores siguieron trabajando como voluntarios durante la pandemia para que el país siguiese conectado con el exterior, recibiendo insumos sanitarios y vacunas. Colaboraron mucho con el país. Nosotros tenemos un gran compromiso con ellos, logramos mantener los salarios, hemos cumplido con preservar los puestos de trabajo y seguiremos haciéndolo».

Más de 300 trabajadores de Mondelez contratados temporalmente piden no quedar en la calle y Trabajo media con la empresa por suplencias.

Se trata de más de 300 obreros y obreras contratados durante la pandemia en la Planta Pacheco de la alimenticia Mondelez. “Vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción” expresaron en una carta abierta y pidieron no quedar sin trabajo en este contexto. Desde el ministerio de Trabajo extendieron la Conciliación Obligatoria para analizar opciones pero aclararon que no se trata de despidos porque habían sido contratados por tiempo fijo. Ofrecen suplencias para intentar amortiguar el conflicto.

La carta de los trabajadores dice: «Todos vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción, que en su gran mayoría era para su exportación. Muchos ya superamos más de cinco meses de antigüedad, algunos fueron contratados directamente por más de tres meses, otros tuvieron varias renovaciones llegando a los siete meses, y otros están llegando al año.»

«Nos dijeron que vendrá otra inspección, pero nosotros no queremos que nos digan cuantas líneas andan. Nosotros solicitamos que le exija a Mondelez que cumpla con la ley y nos efectivice porque ya superamos el tiempo de contratación«, agregaron y cerraron pidiendo que no se permita que Mondelez los deje en la calle.

Jujuy 

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL) demandó a la empresa azucarera jujeña por $ 24.500.000, más intereses, en concepto de “aportes sindicales retenidos y no pagados” durante los diez años que van entre 2008 y 2018.

Según estimaciones de especialistas, la empresa estaría debiendo más de 85 millones de pesos sólo por este concepto, pero además se calcularon deudas con el fisco por otros 903 millones de pesos y con las obras sociales de los trabajadores por algo más de 326 millones de pesos. La demanda presentada denuncia que también fueron perjudicados directamente los haberes jubilatorios futuros, así como los montos que percibieron algunos trabajadores que recibieron indemnizaciones por despido.

Desde el gremio denuncian que “para bajar costos laborales, la empresa presionaba a los trabajadores dentro de la puja distributiva” para aceptar acuerdos dañosos, que no incluían los aportes correspondientes. En la demanda se agrega: “Se le solicitó a Ledesma a que realice los pagos omitidos pero se negó sistemáticamente”. Luego remarcan que durante el período señalado, la empresa “aumentó su tasa de ganancia y la cantidad efectivamente ganada a costa de los trabajadores y del sistema de seguridad social”.

De acuerdo a lo informado, durante esos 10 años “el ingenio pagó casi un tercio del salario de sus trabajadores” como sumas no remunerativas y eso “hizo que la empresa Ledesma S.A.A.I. omita el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios; por las sumas no remunerativas abonadas por la empresa a sus trabajadores. Esa Deuda que es propia, y otra parte como agente de retención (art. 38 Ley 23.551)”, motivo por el cual el gremio reclama “la cancelación de los pagos omitidos”, a los que la empresa se niega rotundamente a reconocer la evasión y subsanarla. Con ello, Ledesma SAAI habría violado el artículo 103 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) y el Convenio N° 95 de la OIT dispone que por la prestación de servicios, cada trabajador debe recibir una remuneración.

Este tipo de prácticas, recuerda el SOEAIL no sólo es contraria al marco legal nacional e internacional sino que la práctica se sostuvo en momentos que no eran de crisis económica, destacando que Ledesma sólo comenzó a pagar los aportes completos en 2018, cuando se le notificó la intención de avanzar con una demanda. Rafael Vargas, secretario General de SOEAIL, explicó que con el dinero adeudado se podrían resolver los problemas que atraviesa la obra social del sindicato e incluso saldar las deudas que mantiene con el hospital estatal, que ya inició demandas judiciales al respecto.

Un documento rubricado por el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, sostuvo que el Ejecutivo jujeño incumplió acuerdos firmados con los trabajadores luego del cierre de la mina que, de forma imprevista, determinó la empresa Glencore, propietaria de ese yacimiento.

Al ratificar los incumplimientos de los acuerdos firmados por el gobierno jujeño en Mina Aguilar, el sindicalista sostuvo que afectan la salud y la seguridad, ya que faltan ambulancias y medicamentos y «no hay garantías para quienes realizan mantenimiento»

Bancarios

La Asociación Bancaria sostuvo la necesidad de avanzar hacia una normalización de la actividad del sector, en la actual etapa de “vacunación masiva, testeos y otras medidas de prevención” que han permitido ingresar en un momento de recuperación de la economía. En ese sentido, plantean la importancia de revisar medidas aplicadas por los bancos en el momento de emergencia sanitaria, como la atención con turnos, el cierre de lugares de atención o el desaliento a la atención personal por caja, recuperando las condiciones laborales previas, rechazando cualquier recorte de puestos de trabajo y garantizando una atención al público más completa.

Desde el gremio encabezado por Sergio Palazzo explicaron que estamos en un escenario de “normalización de la economía” que “necesita mantener recaudos sanitarios y reflejar cambios respetando los derechos de las personas”, lo que en el caso del sector bancario implica los “de la actividad financiera, los del público y de los trabajadores que la sostienen”.

Después de reconocer que fue acertada la decisión de atender con turnos, para reducir las posibilidades de contagio de coronavirus, La Bancaria denuncia que “esa medida fue complicada por la decisión de cerrar al público sucursales, reducir los espacios para atender a los usuarios e incentivar en exceso el desaliento a la atención personalizada por caja que, por seguridad o necesidades puntuales, los usuarios reclaman”.

Al respecto, ejemplifican con el caso de los bancos Santander y Supervielle, que consideran “representativos de una tendencia generalizada”, que aprovecharon la coyuntura sanitaria para avanzar con un cierre de espacios de atención al público que involucra a entre 90 y 100 sucursales, afectando severamente la atención.

En este sentido, confirmaron que, después de haber realizado gestiones “en todos los ámbitos” para que se revierta el cierre de sucursales, el gremio realizó una presentación al Presidente del Banco Central “para que se dé por finalizado, con las medidas de prevención apropiadas, el requisito de previa adjudicación de turnos para la atención de los usuarios”, considerando que este pronunciamiento del Central es “imprescindible” ya que “los bancos demoran decisiones coherentes con la recuperación de la actividad económica” buscando sostener la reducción de costos que le implicaron la entrega de turnos y el teletrabajo.

Además del cierre de sucursales, el gremio de Palazzo denunció que los bancos también están “imponiendo” retiros, con lo que “reducen la estructura física del sistema financiero, trasladando costos a las bancarias y bancarios”. Respecto del teletrabajo, denunciaron que las entidades no sólo no están cumpliendo adecuación a la nueva ley, sin compensar gastos de energía, conectividad e infraestructura que ocasiona la realización de labores en el hogar, sino que “aceleran, sin importar la seguridad y la calidad de la atención, tercerizaciones en todas sus áreas, para pagar menores salarios e incumplir con la normativa propia de la actividad”.

“Poco les importa la calidad del servicio que deben prestar, los derechos de usuarios y trabajadores, la necesidad de normalizar la actividad. Están en una arremetida, donde –como siempre y sobre todo en el sector privado– sólo importa ajustar para mejorar la rentabilidad”, concluyeron.

Repartidores 

El lunes 8 se realizará un nuevo paro de repartidores. La convocatoria será en el Obelisco a las 9:30 y se movilizarán hasta el ministerio de Trabajo.

Reclamarán por el aumento de las tarifas, seguro contra accidente, claridad en el pago de la tarifa y contra la precarización laboral que imponen las aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya. Bajo el lema #yonoreparto, levantan la consigna de “basta de precarización”.
Es la segunda acción de una serie de tres, que comenzó con el paro internacional del 3 de noviembre y seguirá con un pausazo el próximo viernes 12.

Entre las reivindicaciones del paro se destacan también: el aumento de tarifa en días de semana, el aumento de tarifas por kilómetro, métricas acordes y transparentes, seguro por celular y vehículo, entre otras.

Condena contra la movilización popular

El lunes, en horas de la tarde en Comodoro Py (CABA), se leyó la sentencia contra los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz, en un fallo condenatorio, al servicio del paquete de reformas antiobreras contra las que se alzaron en diciembre del 2017 miles y miles de trabajadores y jubilados.

César Arakaki y Daniel Ruiz fueron llevados a la Justicia en represalia a la inmensa movilización popular del 14 y 18 de diciembre, que puso en riesgo la aprobación de la reforma jubilatoria macrista, y bloqueó el avance sobre otras reformas antiobreras, como la laboral, que el gobierno tenía en cartera.

Las abogadas defensoras de Arakaki, Liliana Alaniz y Claudia Ferrero, integrantes de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), señalaron que el fallo del juez Ríos sigue exactamente las pretensiones de la fiscalía, que buscó durante todo el proceso obtener una condena ejemplar para aleccionar a los activistas y luchadores que se manifiestan contra las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos patronales.

La condena dictada por el juez implica tres años y cuatro meses de prisión efectiva para César Arakaki y tres años para Daniel Ruiz, quienes aún permanecerán libres hasta que haya sentencia firme. La defensa ya anunció que apelará este fallo arbitrario y que se intensificará la lucha por la absolución de ambos luchadores perseguidos y judicializados.

César Arakaki declaró: “Hoy al juez le dije ´yo vengo de una familia de inmigrantes trabajadores de la que estoy orgulloso, aportaron 30 años para tener una jubilación digna´. Yo fui el 18 de diciembre a la plaza porque tenía que estar ahí. Junto a las trescientas mil personas que había. Con las detenciones y los juicios quieren meter la reforma laboral. Con mi condena, condenan a los que se movilizaron y a las futuras movilizaciones sociales que van a venir. Es contra la movilización popular. Vamos a seguir con esta lucha todos los días de mi vida.”

Represión en Chaco

La policía de Chaco reprimió a los trabajadores de la compañía de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del sindicato de Obras sanitarias Chaco (SOSCH) y al Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestación frente a la Gobernación para exigir el blanqueo de trabajadores adscriptos y aumento salarial. La policía desalojó la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad. «Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio de Trabajo y el Directorio de la empresa se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino.

«Hoy nos movilizamos y la policía sin leer ningún protocolo, sin mediar, avanzó desalojando la calle y llevando a un trabajador detenido. El compañero fue liberado pero esta es la respuesta del Gobierno de Capitanich junto con el Gobierno nacional ante la situación de los trabajadores del SAMEEP, porque lo que viven ellos sucede con miles de trabajadores en el país, mientras el Gobierno renegocia como pagar una deuda externa que no fue contraída por el pueblo trabajador. El reclamo es pedir el blanqueo y un salario acorde a la canasta básica y no de hambre como los que tenemos los chaqueños, junto con condiciones dignas de trabajo», explicó Nadia integrante de la Corriente sindical  Jorge Weizs.

«Los trabajadores de SAMEEP en conjunto con el Sindicato SOSCH hace años viene luchando por el blanqueo de más de 500 trabajadores adscriptos que el gobierno hizo entrar en un Ministerio, pero su servicio lo prestan en la empresa hace más de trece años. Al no estar blanqueados no tienen un montón de beneficios y derechos, ya que están precarizados. En este sentido desde el 2016 se vienen organizando y luchando por el blanqueo de los trabajadores. En estos seis años tres trabajadores, adscriptos y de planta, perdieron la vida por las malas condiciones en las que trabajan en una empresa estatal donde la mayoría de los presidentes que pasaron por ese directorio antes de invertir y levantar la empresa, que es esencial para el Chaco porque maneja el tema del agua y las cloacas, la fundieron y ocupan la caja de la empresa para la campaña política y electoral. Mientras los trabajadores están aquí bajo la lluvia exigiendo un derecho que hace años les vienen negando. Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio y el directorio se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes 1° para exigir que el decreto salga lo antes posible».

Elecciones sindicales

Este 26, 27 y 28 de octubre fueron las elecciones del SUTNA para elegir Comisión directiva nacional y las Comisiones ejecutivas de las seccionales de San Fernando, Merlo y Lavallol. Además se eligió la representación de la delegación de Córdoba.

Los resultados marcaron un claro triunfo de la Lista Negra, con el 73% de los votos a nivel nacional. La Violeta, que responde al ex dirigente Pedro Wasiejko (dirigente de la CTA de los Trabajadores y presidente del Astillero Río Santiago), tuvo un fuerte retroceso, consiguiendo el 20,5%. De perder el gremio por 100 votos en 2016, ahora lo perdió por 1.400.

La lista Roja-Granate-Marrón, que lleva a reconocidos dirigentes, delegados de base y activistas de los conflictos del 2008 y la recuperación del Sindicato, presentó su propia lista en la seccional San Fernando (FATE) y a nivel nacional llamó a cortar boleta para que no vuelva nunca más la lista Violeta a dirigir el Sutna.

La Negra también ganó las elecciones seccionales, incluyendo la de Lavallol (Firestone) que estaba en manos de la burocracia Violeta, al igual que la delegación Córdoba. El retroceso de la Violeta incluye la mala elección de las listas referenciadas en el Frente de Todos en las seccionales, como en San Fernando (Azul y Blanca).

La Negra ganó adhesión con los dos últimos acuerdos salariales conseguidos por los trabajadores del Neumático, que implicaron ganarle a la inflación. También con la reciente efectivización de un sector de contratados y tercerizados.

Con la presencia de varias organizaciones solidarias, el mediodía del viernes 5 se realizó una movilización hacia las puertas del ministerio de Trabajo y luego un acto, acompañando la denuncia que presentó una delegación de ferroviarios de la Lista Multicolor junto a sus abogados, para lograr que el Ministerio falle en contra de la escandalosa proscripción que intenta imponer la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria (100% oficialista) contra la lista que aglutina a toda la oposición. La movilización fue el resultado de una importante reunión de solidaridad que se realizó el martes anterior, cuando se votó dirigirse a la cartera laboral bajo las consignas “abajo la proscripción, no a la lista única de la Verde y Sasia, sin oposición no es elección”.

La convocatoria fue encabezada por las listas Naranja (que integra el MAC, Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y la Gris (parte de la CSC, Coordinadora Sindical Clasista), acompañados por activistas de la oposición a la Verde.

Fueron parte de la jornada representantes de importantes organizaciones obreras y agrupaciones sindicales y juveniles, destacándose la presencia de los principales referentes de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (Bordó Nacional) Rubén “Pollo” Sobrero (secretario Gral. de la UF Haedo), Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer (quien es además diputada nacional del Frente de Izquierda por IS-FITU); además de Jorge Toledo por el SUTNA-Llavallol (sindicato del Neumático), agrupaciones de distintos gremios que son parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (como la Marrón de Coca Cola, Naranja Petrolera de Shell, Marrón de docentes, entre otros), de la Red de Precarixs e informales, otras que forman parte de la Corriente Sindical Clasista como la Naranja Portuaria, la corriente 18 de Diciembre y una delegación de familias de Guernica que luchan por vivienda y trabajo digno. Entre las personalidades del arco político se destacó Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda PTS-FITU y una delegación del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).

Luego de que fueran recibidos en el ministerio de Trabajo los referentes de la Lista Multicolor, se realizó un acto donde tomaron la palabra ferroviarios de las listas convocantes, y luego representantes del sindicalismo combativo que se hicieron presentes.

La Lista Multicolor está conformada por todas las agrupaciones ferroviarias opositoras al oficialismo: Bordó, Gris, Naranja, Turquesa y Púrpura. Desde que se conoció la proscripción, comenzó una lucha por impedir que se consume un fraude, con una campaña de solidaridad a la que vienen adhiriendo cientos de organizaciones, personalidades, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios.

Los trabajadores de la contratista MCM del Ferrocarril Roca llevan meses exigiendo que se respete su derecho a ser parte de la planta permanente.

El Gobierno les había prometido pasarlos a convenio para equiparar el salario, ya que hoy la “equiparación salarial” que tienen es a través de bonos no remunerativos. Bonos que, además, se terminan en diciembre con lo que en enero volverán a cobrar lo que cobraban antes, aproximadamente la mitad de lo dicta el convenio para un puesto efectivo.

A su vez los propios trabajadores denuncian que la patronal de MCM los está persiguiendo, los sanciona y los cambia de lugar, flexibilizándolos muchos más.

El reclamo expresado el martes 2 fue para exigirle al Gobierno que deje de maniobrar y engañarlos, ya que llevan una “negociación” de casi tres meses en los que no se avanza en un programa de pase a la planta permanente del Ferrocarril Roca.

En un comunicado difundido en las últimas horas del lunes, los trabajadores afirmaron: “nuevamente nos vemos obligados a tomar medidas de fuerza. La empresa MCM no respeta el convenio colectivo de trabajo en vigencia. El Estado y Sofse hacen de mediadores donde no hay buena predisposición y otros intereses de parte de la tercerizada. Este es un aviso para el público usuario que seguramente si no concilian las partes se vea afectado el servicio parcial o totalmente en los próximos días”.

El viernes 5 se presentó la lista del FURS, para defender el SUTE recuperado (Mendoza). El frente se conformó con las agrupaciones Marrón Silvia Núñez/Lista Marrón, 9 de abril/Lista Bordó e independientes de toda la provincia. Esta lista presentó las candidaturas para mantener la conducción provincial y conformó listas en 17 departamentos. El frente se encuentra encabezado por Mirtha Faget y Laura Espeche, y es para destacar que hay una amplia mayoría de compañeras mujeres al frente de estas listas en las secretarías y departamentos. Buscarán darle continuidad a la experiencia que comenzó en el 2017 de un sindicato democrático, independiente de los gobiernos, abierto, con perspectiva de género y sin privilegios.

Las listas están compuestas por trabajadoras y trabajadores de la educación, delegadas y delegados de sus escuelas, que durante estos cuatro años fueron parte de democratizar los debates y asambleas de las escuelas, organizar el fondo de huelga, frenar la ley neoliberal de educación del Director General de Escuelas, José Thomas, y conquistar la reglamentación de licencias por violencia de género.

El SUTE recuperado durante la pandemia organizó la ayuda a celadores y celadoras, los más postergados por los gobiernos y llevó adelante las consejerías de género acompañando a las compañeras en el momento más difícil que implicó el aislamiento. Una política basada en la convicción de poner en pie un modelo de sindicato que en lugar de abrazarse con los gobiernos, lo hizo con otros sectores de trabajadores y movimientos sociales, como en la defensa del agua y la Ley 7722, y el acompañamiento a las luchas de vitivinícolas, trabajadores y trabajadoras de la salud y de barrios populares por urbanización.

El 12 noviembre es el día que vence el plazo para que la Junta Electoral oficialice las listas y comience la campaña electoral.

Los pasados martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre se llevaron a cabo elecciones a delegados de ATE en la Municipalidad de Rosario, con una concurrida participación en 7 secretarías de la misma (recordemos que ATE tiene afiliados en las 16 secretarías del municipio). Desde 2004 se viene desarrollando un proceso de sindicalización en todo el municipio, pero es durante estos últimos años que se ha acrecentado la participación y agremiación del personal municipal de distintas secretarías dentro de la ATE. Estas elecciones contaron con el voto de cerca de 250 empleados, eligiéndose 25 delegados en las Secretarías de Control y Convivencia, Salud Pública, Ambiente y Espacio Público, Deportes y Turismo, Intendencia, Concejo y Oficina del Consumidor, además de la elección por primera vez de una Junta Interna en Desarrollo Humano y Hábitat.

El lunes, las y los trabajadores de GPS se movilizaron a las puertas de su sindicato UPADEP para ser escuchados por la conducción de su gremio. Exigen elección de delegados en GPS Aeroparque y Ezeiza, que se encuentran vencidas hace meses y no las convocan. Además, denuncian: “Esto tiene el agravante de que han consumado un fraude en GPS Ezeiza donde ocultaron la convocatoria y no dejaron presentar candidatos opositores a la conducción actual”.

“Exigimos a la directiva del sindicato que se ponga al frente de la lucha por paritarias que le ganen a la inflación. En lo que va del año sólo recibimos un 15% de aumento, congelando en los hechos nuestro salario como hicieron durante todo el 2020”, declaraba Martín Brat delegado de base con mandato vencido.

Por su parte, Luciano Corradi, también delegado de base mostraba el contexto que existe en el rubro aerocomercial: “El ajuste y los despidos son la moneda corriente en los aeropuertos, recordemos el caso LATAM que sus trabajadores siguen peleando, y últimamente los despidos en GOL dónde la conducción de UPADEP tiene responsabilidad”. Y agregaba: “Ese ajuste se da con la excusa de la pandemia a pesar de que los trabajadores no dejaron de trabajar ni un sólo día y este año la operatoria aérea está prácticamente regularizada”.

Como conclusión Martín agregaba: “Toda esta situación que vivimos en GPS es un ataque a nuestro salario que se combina con no permitir elección de delegados en las bases donde justamente recuperamos hace años la Comisión interna con compañeros que venimos dando pelea por el salario y por las condiciones de trabajo, donde siempre realizamos asambleas por turnos junto a todos los compañeros. Esa es nuestra fuerza y eso es lo que les molesta”.

Pasaron 30 años 

La Coordinadora por el Resarcimiento del Programa de Propiedad Participada realizó el miércoles 3 una Jornada nacional de lucha, con movilización al Congreso y en otros doce puntos del país. La Coordinadora nuclea a ex trabajadores de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), del Correo Argentino y de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Reclaman a legisladores y legisladoras que traten las leyes S-66/21 y S-67/21, que permitiría que los ex empleados de las privatizadas puedan cobrar una indemnización, tras la fallida Ley de Reforma del Estado, que habilitó las privatizaciones en los 90 y planteaba un programa de participación de los y las trabajadoras en el paquete accionario, que nunca se aplicó.

La Ley de Reforma del Estado del año 1989 permitió la privatización de empresas públicas, como así también la fusión y disolución de las mismas. Por otra parte, planteó un Programa de Propiedad Participada (PPP), que implicaba que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedaría en manos de sus trabajadores. En su artículo 21, la Ley establece: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta a privatización’, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’. También define a los sujetos adquirentes (art. 22), entre los que se encuentran “los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”.

Sin embargo, tal programa nunca fue aplicado y los ex trabajadores de las empresas ENCOTEL, ENCOTESA, Correo y Segba reclaman que se traten los proyectos de ley de reparación presentados al Congreso de la Nación, que impulsa la senadora Silvina García Larraburu, que se hallan en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación de Trabajo del Senado a la espera de ser tratados.

Rosanna De Pascale, una de las trabajadoras despedidas del Correo, explicó: «somos cerca de 20.000 trabajadores del Correo y 16.000 de Segba. Estamos hablando de 36.000 a 40.000 empleados. Queremos un resarcimiento económico porque ni siquiera encontramos el 14% del que estamos hablando. No dicen sobre qué es ese porcentaje en ningún lado, los sindicatos se encargaron de que desaparezca todo, porque como siempre, ellos llegaron a arreglos internos que no llegaron a los empleados».

Matías Cremonte elegido presidente de la ALAL 

El abogado argentino Matías Cremonte fue elegido por unanimidad para ocupar la estratégica presidencia de Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). La flamante designación en el organismo, que mantiene estrechos lazos con la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cobra trascendencia en un contexto en el que en la Argentina se proponen, como parte del calendario electoral, reformas laborales regresivas.

Cremonte fue durante dos períodos presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de la Argentina (AAL) y es, además, abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Federación Aceitera. No será el único argentino en la nueva conducción: una vocalía será ocupada por María Paula Lozano, actual vicepresidenta de AAL.

“La región sufre una avanzada de los gobiernos de derecha. En la Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió una ley local que se arroga la facultad de revisar las sentencias de la Justicia Nacional, un hecho grave que movilizó a abogados, jueces y trabajadores de la Justicia en su contra porque representa una restricción al acceso de los trabajadores a la Justicia”, afirmó Cremonte.

Un proyecto de ley en contra de los derechos de las personas que trabajan

Por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prevé que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo. 

Ante la presentación del proyecto de ley sobre digitalización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus artículos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.

La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2º, párrafo tercero, y asignado por la propia Constitución Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribución entre la Nación, las provincias «y la Ciudad de Buenos Aires».

La legislación exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Nación tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Nación (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no varió respecto a la que reconocía el texto de 1853.

La Capital de la República Argentina se encuentra bajo la jurisdicción nacional, tanto las «personas» y las «cosas» que se hallen bajo la jurisdicción nacional, en lo legislativo, en lo político y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cláusula transitoria séptima).

A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislación de fondo prevista en el artículo 75, inciso 12 de la CN. En dichos trámites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionarían con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Nación.

La competencia pertenece a la justicia federal o provincial según los casos previstos en el artículo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el ámbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicción la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.

Sin perjuicio, de la sospecha de crear un “fórum shoping”, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilación que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitación de designación de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralización de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnologías para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administración de justicia a la altura de las circunstancias. Es aún más grave, la existencia de recursos económicos millonarios para afrontar este problema con el “Fondo Anticíclico”. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposición de los miembros de la Corte, y sólo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.

Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunció en la causa “Corrales”, luego “Nisman” y finalmente en “Bazán” cerrando el círculo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior común de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violación al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentación directa del art. 129 de la Constitución Nacional, expresamente dispone que será una ley del Congreso Nacional la que decidirá sobre el tema.

Sin embargo, la Legislatura porteña, que tiene jurisdicción en cuestiones de contravenciones y de falta, según el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en línea con los criterios que ya la Corte diseñó y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la época de la Corte automática de Menem. Existe una clara tendencia política para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Nación en abierta violación a la Constitución Nacional.

Es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar también las decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida.

Fuente: https://rebelion.org/salarios-vs-inflacion/

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Textos escogidos sobre teletrabajo

Por: Mario Hernández

En esta tercera y última entrega sobre el teletrabajo seleccionamos textos de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata; de Pablo Marrero, secretario de prensa de bancarios (CTA-A) y de la periodista española, Sabela Rodríguez Alvarez, sobre cómo afecta el teletrabajo a las mujeres. Además, analizamos una encuesta de la consultora Adecco

Teletrabajo: Beneficio obrero o ganancia del empleador

Reproducimos documento de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata: 

La actual pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del virus COVID 19, trajo a colación un sistema de trabajo que ya se venía implementando en diferentes sectores, pero ahora con la clara intención de ampliar su espectro a diversas ramas de la economía. Estamos hablando del teletrabajo – trabajo a distancia – trabajo remoto y/o home office.

En primer lugar, debemos señalar que los términos utilizados no son sinónimos, veamos pues, en qué consisten las principales diferencias:

Teletrabajo, trabajo remoto o a distancia, es el trabajo que una persona realiza para una empresa determinada, desde un lugar alejado de las oficinas centrales o del establecimiento de producción, para realizarlo habitualmente desde su propio domicilio, por medio de la utilización de las nuevas tecnologías de telecomunicación. La clave para entender este concepto es el “control”. Así, el teletrabajo es un proceso donde el operario realiza un trabajo fuera de la sede de la empresa, bajo el control y tutela del empresario.

El espacio donde se realiza el teletrabajo puede ser un domicilio particular, otra oficina, un coworking remoto o cualquier lugar que permita la conexión entre empresario y trabajador. De este modo el empleador cuenta con el control total de los procesos de producción; estén donde estén sus trabajadores. Pese a no estar en la oficina, lo que consigue el teletrabajo es trasladar todos los procesos rutinarios al lugar donde se encuentre el trabajador, manteniendo así todas sus responsabilidades y tareas.

Por su parte, el Home Office o trabajo a domicilio, es el modelo de negocio que utilizan la mayoría de los freelancers. Un freelance es una persona que trabaja por cuenta propia para una empresa determinada, facilitándole un servicio a cambio de una compensación económica. Muchas empresas subcontratan servicios a través de los freelancers, resultando trabajadores de la compañía, que brindan sus tareas en la mayoría de los casos por medio de contratos, especificando el tiempo que trabajarán para el empleador y bajo qué condiciones.

Analizando este concepto, a su vez nos encontramos frente a otro flagelo que afecta a los trabajadores como son los casos de fraude laboral, donde se encubre la verdadera naturaleza del vínculo bajo la apariencia de figuras ajenas al derecho laboral.

En resumen, el teletrabajo, es una forma de organizar el sistema laboral, basado en que el trabajador desempeñe su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en un lugar de trabajo específico. Este tipo de organización de trabajo es posible ya que los métodos utilizados implican el procesamiento electrónico de información y la utilización de un sistema de telecomunicaciones, para poder compartir información entre el trabajador y la empresa.

Existen tres tipos de teletrabajo que son los siguientes:

  • Domicilio: aquel en donde el trabajo es realizado desde la casa o domicilio del empleado.
  • Móvil: aquel caso de teletrabajo en donde el empleado suele trabajar algunos días desde su domicilio y otros en la oficina.
  • Telecentro: aquel en donde la institución o empresa destina una oficina para que los empleados desarrollen determinado tipo de actividades, fuera de su oficina central.

Luego del breve análisis realizado, debemos preguntar ¿es el teletrabajo un beneficio para mejorar la calidad de vida de los trabajadores o más bien resulta un modelo de trabajo forjado en pos de las ganancias del capital? Adelanto la respuesta a favor de la segunda opción.

El trabajo a distancia no es un tema nuevo en el ámbito laboral, sino que hace tiempo que se venía discutiendo, siendo actualmente visto con agrado por parte de la patronal, bajo el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Este modelo de trabajo forma parte del plan de “modernización” que tenía el anterior gobierno de Mauricio Macri, que con el resultado de las últimas elecciones creíamos olvidado, pero lamentablemente hoy no es así.

Como todo sistema novedoso, el trabajo a distancia tiene sus amantes y detractores, quizá entre la población joven -más ligadas al uso de la tecnología- y claro está, entre los grupos empresarios, podemos encontrar a los principales defensores del modelo, sin embargo, la realidad indica que el dicho “se trabaja mejor en casa” es un mito, siendo las principales críticas las siguientes:

1) El trabajador o trabajadora pierde vínculo y comunicación con sus compañeros, los aísla socialmente reduciendo la posibilidad de organización en defensa de sus derechos.

2) Altera los períodos de descanso.

3) Modifica la jornada laboral.

4) Desestabiliza los horarios de los trabajadores.

5)  Afecta el pago de las horas extra.

6) Hay un mayor agotamiento del trabajador ya que el mismo no se desconecta totalmente de sus labores para descansar. Al no existir un horario laboral establecido se ilimita la jornada de trabajo a las 24 horas del día.

7) Afecta las relaciones personales y familiares de los trabajadores, al penetrar el trabajo dentro del ámbito más íntimo como el hogar del obrero.

8) Favorece la precarización y la tercerización laboral.

9) Impide acceder a normas de higiene y seguridad en el trabajo.

10) Afecta en sobremanera a ya que a raíz del modelo social que aún nos domina, en la práctica las mujeres mayormente se encuentren ligadas a realizar actividades domésticas y de crianza de los hijos, hecho este que agudiza el estrés generado por el teletrabajo.

La realidad indica que el teletrabajo implica un “ahorro” para las empresas, para quienes siempre resulta rentable tener personal laborando desde su casa. Los ahorros no solo se dan porque se deja de designar un espacio físico para el personal, sino también por el ahorro en los servicios básicos como agua, luz, gas, internet, insumos, etc., reduciendo de este modo los costos de producción y aumentando la rentabilidad de la empresa.

Como regla fundamental, para implementar este sistema el empleador debería otorgar al obrero la totalidad de los medios tecnológicos, informáticos, digitales, insumos y costos que requiere la implementación del teletrabajo. En muchas ocasiones esto no sucede, y son los trabajadores quienes tienen que asumir esos costos como por ejemplo conexión a internet.

No podemos soslayar un caso puntual como resulta el de los docentes, donde solo un cierto porcentaje tiene acceso a una computadora y conexión de internet, no brindando el empleador las herramientas necesarias para que realicen el trabajo a distancia.

En tal sentido, no todos los trabajadores y trabajadoras están en condiciones de realizar el teletrabajo, por ejemplo, quienes viven en una zona rural o semi rural o con deficiente conexión a internet, quienes comparten el uso de una única computadora con el resto del grupo familiar, como ser hijos en edad escolar, o están al cuidado de otras personas, etc.

Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en adoptar el teletrabajo de manera legal con la Ley de Trabajo a distancia y Teletrabajo, propuesto por el ministerio de Hacienda el 10 de marzo de 2018 y decretado oficialmente el 26 de marzo de 2020, resultando las principales críticas un “menor descanso y falta de pago de horas extras para los trabajadores/as”.

Esta fue una iniciativa empresarial que tiene por finalidad dotar de una regulación flexible a los trabajadores para que puedan desempeñar sus labores en el domicilio.

La legislación permitiría que, si un trabajador ya tiene una relación laboral, de carácter presencial en la empresa, pueda acordar con su empleador el cambio total o parcial a la modalidad de trabajo a distancia.

Es sabido que las negociaciones entre empleador y trabajador son asimétricas por naturaleza y no significan otra cosa en la realidad que imposiciones patronales sobre los empleados. La ley de teletrabajo aprobada “aseguraría” 12 horas de descanso entre jornada y jornada, lo que significa una precarización en las condiciones laborales, con jornadas que podrían extenderse más de lo legal.

El año pasado en el ámbito Judicial recientemente la AJB acaba de firmar un acuerdo paritario con la SCBA para regular el teletrabajo en el contexto del aislamiento social, destacando que el teletrabajo debe ser una opción y no una obligación para los trabajadores.

Concluyendo, hoy es el momento de avanzar en la búsqueda de más y mejores derechos laborales y no retroceder. En consecuencia, si bien el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las limitaciones a la circulación dispuestas por el PEN hicieron que las modalidades habituales de trabajo se hayan visto modificadas, el teletrabajo solo puede ser admitido por los trabajadores y trabajadoras como una herramienta excepcional para superar la actual crisis económico-sanitaria, pero nunca podrá ser convalidado como un método normal, habitual y efectivo de trabajo, toda vez que el mismo no implica un real beneficio para la clase obrera sino más bien un incremento de  ganancia para la patronal.

Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) de Mar del Plata. 

Teletrabajo: con todos los derechos y cuidando la salud

Por Pablo Marrero (Red Eco Alternativo) 

En estos días de pandemia y cuarentena se ha avanzado con la puesta en práctica del llamado “teletrabajo”. Es importante detenerse a pensar en esta modalidad laboral que parece destinada a quedarse y a crecer en el mundo laboral.  

Más allá de lo atractivo que puede ser trabajar en casa, pensar que no tenemos que viajar, en que podemos regularnos los tiempos, prepararnos un mate o un café cuando queramos, convocamos a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de esta modalidad. Entre estas, profundizar sobre el significado de la pérdida de la colectivización que da el compartir con los compañeros y compañeras cuestiones que hacen al ámbito laboral, como así también, otras más vinculadas a la vida social de las personas. El otro elemento en el que hay que detenerse es en la delimitación de los espacios entre lo que es la actividad laboral y la vida privada y un tema muy importante es ver qué condiciones tenemos en nuestro hogar para realizar una actividad propia de una oficina y lo que significa esto para nuestras vidas y la de nuestra familia.

Muchas de las experiencias que se están llevando adelante no son tan idílicas y el trabajador en esta modalidad realiza jornadas mucho más extendidas, dependiendo todo el día del celular o la computadora y en condiciones paupérrimas para su salud. Sin contar que los gastos de luz, internet y otros, corren por su cuenta.

Al respecto, Luis Campo, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, plantea: “Es muy claro que se desdibuja la idea de una jornada laboral limitada. Esa idea de que con el teletrabajo podríamos organizar el trabajo, administrarlo y distribuirlo a lo largo del día como mejor me convenga, puede en un principio aparecer como una ventaja real. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, esa jornada de trabajo se va desdibujando y dejamos de saber cuánto tiempo estamos trabajando. Es decir, experimentamos una jornada laboral continúa, donde la lógica empieza a ser el trabajo a demanda. El teletrabajo permite que se generalice o extienda el trabajo a destajo sobre actividades que hasta hace poco nos parecían impensadas”.

Yendo más a lo concreto, es importante evaluar en qué condiciones se realiza la actividad laboral bajo esta modalidad: ¿se respetan los Convenios Colectivos?, ¿cuáles son los derechos y cómo se reclaman? Y, fundamentalmente, ¿se cumplen las condiciones para el cuidado de la salud del trabajador y la trabajadora?

En Argentina el Ministerio de Trabajo emitió en su momento el “Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo”, que fue elaborado bajo la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que establece la voluntariedad del teletrabajo, la reversibilidad del teletrabajo, la compensación de todos los gastos directos e indirectos que ocasione tele trabajar por parte del empleador y la inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo.

La situación actual de emergencia sanitaria pone en discusión la “voluntariedad del teletrabajo” y por otra parte, la observación del Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Teletrabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, fue suspendida en la emergencia sanitaria.

Este Manual ordena que debían ser provistos al trabajador todos los elementos necesarios para que éste realice su trabajo con las condiciones ergonómicas adecuadas, como ser teclados y pantallas a las alturas correctas, sillas con las características ergonómicas que hacen falta, apoya pies, etc. Se le deberán proveer además los elementos de seguridad, como ser matafuegos, necesarios. Todas estas condiciones de trabajo deberán tener el visto bueno de los representantes sindicales de los trabajadores (Comisiones o Secretarías de Higiene y Seguridad, etc.)

Es prioritario que lo que indica este manual se restablezca en forma inmediata cuando concluya la emergencia sanitaria.

En esta modalidad de trabajo es fundamental respetar la jornada establecida por los respectivos convenios, así también el descanso, tener una delimitación clara de la tarea a cumplir y ejercer el derecho de la actividad sindical. Se deben mantener los mismos derechos que el trabajador habitual -en particular las licencias médicas (no se debe trabajar “medio enfermo” desde casa)-, así como la ART y el seguro.

Tomamos la palabra de Luis Campos cuando nos dice: “Tenemos que volver a pensar en aquella lucha histórica por las 8 horas de trabajo. Esta no era sólo para limitar el tiempo de explotación de nuestra mano de obra, sino por un tiempo de descanso y esparcimiento por fuera del ámbito laboral. El teletrabajo está desdibujando ese derecho”.

La imposición de una nueva modalidad de trabajo por parte de las empresas debe ser pensada y debatida colectivamente por parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. De ninguna manera puede aplicarse unilateralmente y, fundamentalmente, debe respetarse todos los derechos adquiridos referenciados en los respectivos Convenios Colectivos.

El teletrabajo, una «trampa mortal» sobre todo para las mujeres, trabajadoras y cuidadoras las 24 horas

Por Sabela Rodríguez Alvarez  

  • Las expertas señalan las «contradicciones» del trabajo a distancia y demandan medidas específicas: «Sin una regulación se convierte en una trampa mortal»
  • Beatriz Gimeno defiende un cambio cultural profundo, una acción política que «mejore la responsabilidad institucional en los cuidados» y una toma de conciencia en la economía para resolver los problemas de conciliación

Primero, el cierre de las escuelas. Después, el de los centros de trabajo. Y entretanto, las mujeres han tenido que lidiar con las muchas dudas en torno a la conciliación, el trabajo a distancia y una realidad completamente alterada por la pandemia. El teletrabajo se tejió como respuesta inmediata a las preguntas sobre el cuidado, pero pronto degeneró en una «trampa mortal» para las mujeres. Sin mecanismos que garanticen los derechos laborales de las trabajadoras y sin políticas de corresponsabilidad efectivas, la carga continúa recayendo en sus espaldas. El problema amenaza con echar raíces no sólo durante la excepcionalidad: el después preocupa también a las expertas.

El informe La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la covid-19, elaborado por el Instituto de la Mujer, subraya la necesidad de «conocer el alcance del impacto de género que produce e incorporarlo en la respuesta a una crisis que, por sus propias características, afecta de manera diferente a mujeres y hombres«. La situación de emergencia, añade el texto, tiene además «una dimensión social importante en el ámbito privado que actúa como amortiguador de aquélla y que nuevamente coloca a las mujeres al frente de la respuesta a la enfermedad, ya que son las que realizan la mayor parte del trabajo doméstico: el 70% de las tareas de cuidado recae en las mujeres«.

Ellas, recuerda el análisis, siguen realizando «la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes, remunerado y no remunerado, asumiendo también una mayor carga mental derivada de la misma». En añadido, remarca, muchas mujeres se ven «abocadas a no poder seguir trabajando por tener que hacer frente a las tareas de cuidado al encontrarse los centros escolares cerrados».

En la esfera laboral, las mujeres «sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis». En ese sentido, parte de los sectores que asumirán mayores secuelas tras la crisis, como el comercio, turismo y hostelería, «están altamente feminizados». El estudio apunta que en sus últimas proyecciones la OCDE prevé que el turismo tendrá una reducción de actividad del 70%. En la misma línea el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la ralentización de la economía en España en 2020 estará determinada por las dificultades para continuar la actividad en la cadena de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno.

Las sociólogas de la Universitat de València (UV) Cristina Belloch y Empar Aguado han trazado también algunas conclusiones relativas al peso del trabajo productivo y reproductivo durante la pandemia. Las consecuencias no sorprenden: ellas asumen un mayor grado de estrés. Las mujeres que están teletrabajando con sus hijos en casa, exponen las expertas, no sólo tienen que trabajar y a la vez realizar tareas de cuidado, sino que en ocasiones deben intentar facilitar que sus parejas trabajen. Muchas «están trabajando y a la vez cuidando», pero además cargan con el «seguimiento escolar de los hijos» en edad educativa, un «elemento de ansiedad y estrés añadido». Como resultado, las mujeres tienden a buscar su propio espacio de concentración y silencio «durante la madrugada, bien sea retrasando el momento de ir a la cama o levantándose antes que el resto de miembros de la familia». La desconexión se torna tarea imposible.

Las sociólogas se preguntan si se trata de una situación excepcional o bien la «nueva normalidad» amenaza con convertirse en una regresión para las mujeres. «¿Qué ocurrirá cuando la ciudadanía tenga que dar respuestas a la potencial crisis de cuidados que ya se deja entrever?, ¿cómo se resolverá la situación tras el confinamiento sin los servicios educativos esenciales que permitan el desarrollo de las jornadas laborales presenciales?, ¿seguirán siendo las mujeres las que con mayor frecuencia se constituyan como el eslabón flexible cuando el requerimiento en cuidados se vuelve rígido y exigente?», plantean. Los anuncios relativos a la «nueva normalidad» no entretejen respuestas que calmen la inquietud de las mujeres. Sin planes relativos a la conciliación –en Santander el Partido Regionalista de Cantabria ya ha reclamado medidas específicas–, con las aulas a la mitad de su capacidad y la actividad productiva a medio gas, las dudas emergen y las soluciones están lejos.

Las contradicciones del teletrabajo

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Progresista de Mujeres, no resta valor al teletrabajo como herramienta efectiva, pero insiste en que «debe estar regulada y debemos vigilar las condiciones». De lo contrario, advierte, «se convierte en una trampa mortal para no despegarnos del rol de cuidadoras«, lo que supone un «peligro para la promoción personal y laboral de las mujeres, pero también para su propia salud». El teletrabajo es un instrumento que «debe abordarse y analizar, pero no llevarse a cabo en exclusiva como alternativa al trabajo presencial, sino como algo complementario para hacerlo factible».

Ana Gálvez, profesora de Psicología Social del Trabajo y las Organizaciones en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica a infoLibre que el teletrabajo «muchas veces se presenta como una modalidad laboral que permite conciliar la vida laboral y familiar de manera fácil y exitosa», pero recalca que no siempre es así. La relación entre teletrabajo y conciliación está «plagada de contradicciones, paradojas y tensiones«. Un estudio elaborado por Gálvez hace dos años evidencia que el teletrabajo implica, para muchas mujeres, «una enorme carga de trabajo tanto laboral como doméstico y familiar, pero a la vez también les supone una enorme sensación de liberación por la autonomía y libertad que les proporciona a la hora de organizarse el tiempo». El trabajo a distancia, por tanto, «puede ser una trampa en algunas ocasiones» pero a la vez «es en la mayoría de las ocasiones la única manera para poder desarrollar el rol de madre y el de profesional».

Sobre este extremo se expresa también Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT. «Al final vamos a ser nosotras las que paguemos, esa es la sensación», lamenta en conversación con este diario. El teletrabajo, sostiene, se conjuga como una opción «importantísima» pero se está demostrando como una «trampa pura y dura». Recuerda, en esa misma línea, que sólo entre «un 3% y un 4% de los convenios de nuestro país lo regulan» y únicamente «el 20% o el 25% de los empleos del país puede implementar el teletrabajo». Pero además, la desconexión digital «es imposible», de manera que las trabas a la conciliación son mayores.

El teletrabajo, estima la sindicalista, no puede ser entendido como una «herramienta de conciliación» en exclusiva porque entonces las mujeres «perderán el contacto con sus compañeros, la relación presencial con la empresa y se quedarán encerradas en sus casas». Por otro lado, apunta Antoñanzas, su sindicato ha tratado de que «la posibilidad de reducción de jornada viniera aparejada, excepcional y temporalmente, de una prestación», pero no ha sido posible. «Estamos seguros de que son las mujeres las que están solicitando esas reducciones«. En 2018, el 92,2% de las reducciones de jornada para el cuidado fueron solicitadas por mujeres y el 87,1% de las excedencias las demandaron también ellas.

Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, subraya a preguntas de infoLibre que la situación actual no ha sido «programada ni planificada», sino que se trata «prácticamente de una improvisación» ante la emergencia. En ese escenario –altamente condicionado además por las circunstancias de cada familia o las características de cada hogar– las mujeres «se están sintiendo sobrecargadas, estresadas y perciben que no pueden afrontar las dos responsabilidades a la vez, la familiar y la laboral». No obstante, destaca Gimeno, «no es cuestión de descartar la opción del teletrabajo», que en una «situación normalizada puede tener aspectos positivos». En todo caso, estima, «lo que es incuestionable es que no podemos hablar de conciliación sin hablar de corresponsabilidad», ya sea con trabajo a distancia o presencial, «hay que repartir de forma equilibrada la carga de cuidados entre mujeres y hombres, y también las instituciones, la sociedad en su conjunto, tiene que hacerse cargo de una parte».

En ese recorrido, reflexiona la responsable de la institución, «hay que evitar que el teletrabajo se convierta en una opción para madres, y acabe devaluándose laboralmente». Esto se logra, perfila, fijando bien «las condiciones, posibilitándolo y promoviéndolo tanto entre hombres como mujeres, incluso para quienes no tienen responsabilidades de crianza». Sobre todo, añade, dando con «los instrumentos adecuados» e impidiendo que «se convierta en una jornada laboral de 24 horas al día y 7 días a la semana».

Gálvez va directa a la raíz del problema: «Las mujeres se han incorporado al mundo laboral pero no ha habido una redistribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades familiares«. El modelo de familia tradicional «todavía funciona bajo la presunción de que existe una separación entre quien genera los ingresos familiares y quien se encarga del cuidado», una noción que debe ser superada para caminar hacia una igualdad verdaderamente efectiva. En ese sentido, para que el teletrabajo se consolide como herramienta exitosa «hay que solventar graves problemas», tales como «una cultura organizacional donde las jornadas laborales dan sentido y satisfacción a una estructura social patriarcal», pero también un «cambio social que todavía no contribuye a distribuir de forma equitativa el trabajo de los cuidados y las responsabilidades familiares y domésticas».

Problema público

Más allá de la esfera estrictamente laboral, Besteiro recuerda la necesidad de «abundar en la corresponsabilidad y en la necesidad de que toda la sociedad se implique a la hora de arbitrar medidas para que las mujeres puedan conciliar». Uno de los grandes problemas, sostiene, es que «todavía no se considera la falta de corresponsabilidad como un problema público de primera magnitud» y por tanto no toda la sociedad se siente implicada. No es algo privado, reitera, «es una tragedia para nuestro país que además tiene repercusión en cuestiones como el retraso en la edad de maternidad».

¿Va a suponer la nueva normalidad un retroceso para las mujeres? «Yo espero que no, pero tengo la sensación de que sí», reconoce Antoñanzas. Por el momento, esgrime, sobre la mesa quedan todavía «demasiadas cuestiones por las que seguir peleando». Para Gálvez el nuevo escenario puede derivar en serios riesgos para las mujeres. «Hay que estar alerta y diseñar e implantar medidas para frenar que esto ocurra», esgrime, pero no aparta la vista de la oportunidad que cree también se puede abrir, mediante la pedagogía y la evolución hacia un paradigma corresponsable.

Coincide Gimeno en entrever los riesgos y dar la voz de alerta. «En crisis anteriores ya se ha visto que el empleo de las mujeres es el que más tarda en recuperarse», expone, pero también la corresponsabilidad puede sufrir las consecuencias. «Sin un cambio cultural profundo que modifique la asignación de roles por sexos, o la división sexual del trabajo, sin una acción política que mejore la responsabilidad institucional en los cuidados y sin una toma de conciencia en la economía y las empresas de que la vida productiva no puede anular a la reproductiva, los problemas para las mujeres seguirán, o incluso se agravarán».

Aumento de la productividad y nuevos problemas laborales

Una reciente encuesta de la consultora Adecco señala que sólo el 25% de las personas que debieron pasar al “home working”preferirían pasar a esa modalidad de forma permanente. La tendencia, además, es mundial y grandes empresas están confirmando el ahorro que les genera, por lo que se espera que con el fin de la pandemia haya un fuerte crecimiento de este tipo de modalidad laboral, que si bien viene creciendo paulatinamente hace años ahora dará un fuerte salto.

El relevamiento de Adecco sobre 4.500 trabajadores que pasaron a cumplir sus tareas online desde sus hogares muestra que para el 56% de los encuestados este tipo de modalidad es una novedad, mientras que el resto ya la aplicaba eventualmente. Un 56% del total sostuvo que preferiría hace home office sólo algunos días de la semana, un 25% optaría por un esquema permanente y otro 19% sigue quedándose con el trabajo en la oficina o lugar habitual de desempeño.

En cuanto a la comodidad del trabajo hogareño, un 68% confirmó que se cambia de ropa para empezar a trabajar, dejando de lado el pijama o la ropa de dormir, mientras que un 18% reconoció que se queda con esas prendas y un 14% afirmó cambiarse como si fuera a trabajar a la oficina. El 47% de los encuestados señaló que cuenta con un espacio de trabajo cómodo, como un escritorio preparado a tal fin, mientras que un 31% utiliza alguna mesa donde haya espacio, un 17% usa cualquier espacio de la casa que le resulte útil y el 4% trabaja desde la cama o un sillón.

En lo que hace a la productividad, un 42% afirmó dedicar más horas al trabajo en la modalidad hogareña, otro 40% asegura cumplir la misma cantidad de horas y sólo un 18% dice trabajar menos horas. El 60% de los nuevos trabajadores a distancia está conectado con su equipo de trabajo habitual durante esta cuarentena, el 31% se conecta con ellos solo cuando es necesario y un 2% no logra mantener una buena comunicación a distancia. 6 de cada 10 encuestados manifiestan trabajar más relajados desde su casa, para el 28% es lo mismo y un 11% cree que trabajar desde el hogar es más estresante.

Casi la mitad de los encuestados (45%) reconoció comer más durante el trabajo en casa, pero el 75% sostiene que puede implementar una alimentación más sana. El 40% afirma sostener sus rutinas de actividad física, mientras que un 38% las abandonó (el 22% ya no las hacía previamente). El 48% considera haber logrado un equilibro entre su trabajo y la vida familiar, un 31% afirma que esto depende del día y un 21% considera casi imposible hacerlo.

A nivel internacional algunos estudios señalan que la productividad aumentó un 28% con el home office, un escenario en el que las empresas globales anticipan que podrían reducir en hasta un millón de metros cuadrados sus espacios de oficina, lo que les permitiría ahorrar millones en infraestructura, servicios, seguridad, limpieza o amenities.

En contraste, los servicios hogareños de los trabajadores a distancia aumentan en promedio un 30%. Pero el problema no está sólo en el nivel de gastos, sino que la tendencia consolidada por la pandemia también favorecería una precarización laboral en la que la relación de dependencia quedaría más diluida y fomentaría la facturación como freelance en una uberización laboral generalizada donde las empresas no reconocen responsabilidades.

Otro tema es el del impacto psicológico para los teletrabajadores, por la imposibilidad de separar las horas de trabajo de las hogareñas en un desdibujamiento de los turnos laborales que lleva a estar pendiente de las exigencias de trabajo las 24 horas.

Fuente: https://rebelion.org/textos-escogidos-sobre-teletrabajo/

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Entrevista a Gustavo Lahoud del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas «De cara a la crisis climática, el ‘gran acuerdo verde’ sería plantear una estrategia de integración regional en materia energética»

Sobre planes energéticos en Argentina.

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M.H.: “Apuntes sobre la situación energética”, un trabajo de Claudio Lozano y Gustavo Lahoud. ¿De qué se tratan estos apuntes? que escribiste con tu colega, compañero de militancia, director del Banco Nación. Un miembro crítico del gobierno.

G.L.: Sí, porque en los temas que tienen que ver más directamente con su trabajo, política laboral, empleo, análisis económico general, Vicentín, ha sido muy importante y ha puesto en debate un aspecto central que tiene que ver con la recuperación de un rol inteligente y realmente fiscalizador del Estado en una actividad que está encarada por pequeños grupos que generan a la vez grupos concentrados tanto privados como nacionales y extranjeros, como ha sido el caso de Vicentín y con enormes criterios de opacidad para el manejo de los propios negocios, lo cual incluye offshorización y evasión permanente de capitales de la Argentina. Así funciona en parte la economía argentina.

En cuanto a la publicación “Apuntes sobre la situación energética” surgió a partir de que en los últimos meses se han dado a conocer distintos borradores de un proyecto de inversiones hidrocarburíferas en las que estaría trabajando el gobierno de Alberto Fernández y la verdad es que hemos podido acceder a un material bastante completo de lo que se está trabajando y una de las cuestiones que nos llamó la atención es que se trata de un esquema de promoción de inversiones a gran escala, tanto para gas y petróleo, pero fundamentalmente centrado en Vaca Muerta y con perspectiva de trabajar en nuestro Mar Argentino, en la plataforma continental del Atlántico Sur. Con inversiones que iban en función de los distintos tipos de proyectos porque había distintos regímenes promocionales, un total de cuatro, que iban de los 200 a los 1.200 millones de dólares.

Y los regímenes promocionales, tanto para gas como para petróleo, se establecerían por veinte años. Imaginate que amén de todas estas cuestiones, en el contexto en el que necesitamos discutir una agenda propia, de la región, de transición energética, descolgarse con un esquema de estas características.

M.H.: Y con una impronta productivista exportadora tengo entendido.

G.L.: Así es, lo marcamos en el documento, y además tiene otra característica que entronca con esta situación en la que nosotros caracterizamos con la que funciona la Argentina permanentemente, exportadora de dólares y de nuestros propios bienes a partir de la fuga cuya contracara es el endeudamiento.

Hay una serie de inversiones que están apalancadas o incentivadas a partir de la posibilidad de que aquellos que las realizan puedan acceder a importantes porcentajes de liberación de la tenencia de divisas por posibles importaciones.

Es decir, divisas que no se ingresarían al sistema, al mercado de cambios nacional y de las que podrían disponer libremente los posibles inversores en estos esquemas que se están pensando, con niveles que van del 40 al 60%, según los proyectos y los capitales que se inviertan.

A la vez que exenciones impositivas de todo tipo, bajas en los propios cobros de las regalías, que son los derechos que le cabe cobrar a las provincias productoras por la explotación de sus recursos hidrocarburíferos y también a la Nación en el caso de las explotaciones que están a más de 12 millas marinas y que son de jurisdicción nacional. Reducción de regalías como un incentivo más para propiciar ese esquema inversor a gran escala.

Esto es lo más remarcable de este proyecto. Uno se pregunta a partir de esto, en primer lugar, si este es un esquema que podría ser de una manera u otra relacionado con lo que la Argentina tiene como objetivo fundamental a encarar que es la disponibilidad, acceso, con sostenibilidad ambiental, que son los ejes centrales sobre los que hay que trabajar en el sistema energético, para garantizar precios justos y accesibles en un marco de funcionamiento de la energía.

Que tiene que estar en línea con darle competitividad al resto de la economía. Y no generar en el contexto de la discusión en la que estamos, cambio climático de por medio, aumento de las tensiones por la falta de compromisos adecuados para la baja de emisiones de los principales contaminadores del mundo.

No se puede propiciar un esquema por veinte años que implicaría que nosotros incorporemos nuevas e irreversibles zonas de sacrificio. No solo Vaca Muerta, sino otras zonas de la Patagonia y lo que hoy plantea un escenario de ciencia ficción como es la posible explotación de nuestro Atlántico Sur. En donde, ha habido a principios de julio una audiencia convocada por el ministerio de Ambiente para presentar los informes iniciales de la proyección sísmica en tres bloques de la Cuenca argentina norte, que es una de las cuencas que había sido licitada durante el último año de Macri.

Y esto terminó en un escándalo, no ha trascendido públicamente. Participaron más de 500 personas, muchas de ellas de los frentes marítimos desde Mar del Plata hasta la Patagonia, muy preocupadas las comunidades por las posibles implicancias que podría tener liberar una explotación a gran escala en condiciones no solo climáticas, sino también ambientales muy complejas, porque ahí tenemos una diversidad marina.

M.H.: Se mezclan varios temas, medio ambiente, transiciones productivas energéticas, cambio climático. El denominado “nuevo acuerdo verde”. ¿Qué podés comentarnos al respecto? Y quiero mencionar a Vaca Muerta porque hay denuncias por la reiterada situación sísmica que se ha producido en la zona.

G.L.: Esto ocurre hace años, nos vamos enterando por la población local y esto ha desaparecido de cualquier tipo de reporte que hagan las empresas, con YPF a la cabeza, que están delante de la producción en Vaca Muerta y esto plantea una preocupación muy importante, porque los registros de este tipo de situaciones como consecuencias directamente relacionadas con la explotación masiva, vía fracking, en los EE UU tiene antecedentes muy importantes de costa a costa y en el interior del país.

Como sabemos es el único gran país que ha encarado experiencias de producción masiva a través de la técnica del fracking. Cuando me consultabas por el llamado “nuevo acuerdo verde” que se viene tratando hace algunos años, y que el ministro Kulfas al parecer hace ya varios meses, lo ha presentado como uno de los caminos que debería emprender la Argentina, ahí lo que hay que advertir es que no se trata solamente de incluir fuentes renovables en una matriz energética más diversificada, sino de lo que se trata es de cambiar el tipo, la modalidad y el paso del patrón productivo de crecimiento.

Porque el problema es que cuando se planifica en materia energética, la falta de una planificación sistémica, hace que se piensen desvinculados los fenómenos de la producción, por otro lado, los de la transformación y, por otro, los de distribución y consumo.

Y todos forman parte de la economía política de la energía hidrocarburífera y de la energía en general. Quiero decir que la Argentina puede incorporar con criterios de descentralización regional desarrollo de fuentes renovables, combinadas con otras. Pero esto tiene que partir de un criterio nacional y tendiente a la integración regional con los países limítrofes. Y a esta altura de la crisis mundial en la que estamos, el gran acuerdo verde que yo vería por delante es que planteemos una estrategia de integración regional en materia energética.

M.H.: Algo de eso había planteado el Comandante Chávez.

G.L.: Chávez lo planteó cuando se puso en marcha uno de los instrumentos más importantes, que fue liquidado en los años neoliberales, que fue la UNASUR. Esto se trabajó en el Consejo de energía sudamericano, en los primeros esbozos y lamentablemente luego del 2013/4 no se siguió por esa línea.

Esa estrategia verde no puede ser nunca confundida con la estrategia de transición que las corporaciones hoy ya están planteando. Porque las corporaciones llevan movilidad sustentable con litio de por medio, hasta la posibilidad de introducir otra variante como hidrógeno verde asociado a la producción renovable a gran escala.

Todos esos proyectos están pensados sin tener en cuenta adecuadamente los cambios que vamos a tener que hacer en el funcionamiento a gran escala de la economía y en el comportamiento de los patrones de consumo de todos los sectores.

Son visiones que se ponen en juego como para patear la pelota hacia adelante del contexto de crisis climática en el que estamos y a través del cual los grandes capitales buscan lavarse la cara a través de esta estrategia verde que implica, por otro lado, volver a generar una dinámica de endeudamiento a gran escala, que es otro de los fenómenos que yo veo asociado a esto.

A partir de la reedición de los “bonos verdes” que estuvo vinculado al famoso acuerdo de Kioto de 1999 que quedó en la nada finalmente. Pero que sirvió para encarar que los países centrales tuvieran carta libre para seguir encarando proyectos contaminadores en el hemisferio sur y para, por otro lado, frenar nuestros procesos de desarrollo desde otro lugar.

Entonces, hoy en un contexto como el actual, la única agenda climática, o verde, de desarrollo que tenemos que plantear tiene que estar en línea con recuperar una visión sistémica de la energía, para un modelo de crecimiento nacional que tiene que reocupar inteligentemente nuestro país, poner en producción sostenible zonas que hoy no lo están.

Lo mismo pasa respecto del mapa energético. La Cuenca del Noroeste con eje en Salta y la de Cuyo con eje en Mendoza están prácticamente abandonadas, porque todos los capitales hidrocarburíferos nacionales e internacionales están yendo en búsqueda de mayor rentabilidad a Vaca Muerta o poniendo la perspectiva en la posible explotación futura del Atlántico Sur.

M.H.: Me consta lo de Salta, porque he hablado mucho el tema con “Pepino” Fernández, de la UTD de Mosconi. ¿A “Apuntes…” se puede acceder por internet?

G.L.: Se puede acceder a través de www.ipypp.org.ar

Fuente: https://rebelion.org/de-cara-a-la-crisis-climatica-el-gran-acuerdo-verde-seria-plantear-una-estrategia-de-integracion-regional-en-materia-energetica/
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La educación popular en la formación de sujetos libres

Por: Mario Hernández

Dentro de la pedagogía tradicional a principios del siglo pasado se destacan los llamados “sistemas nacionales de enseñanza” con el objetivo de formar ciudadanos de los nacientes estados nacionales. Su papel era difundir la instrucción y transmitir los conocimientos acumulados por la humanidad. El maestro será el artífice de esta gran obra, para lo cual era esencial contar con un docente bien preparado, a tal fin la fundación de escuelas normales.

Las escuelas eran organizadas en forma de clases donde el maestro exponía las lecciones que los alumnos seguían atentamente para luego plantear los ejercicios que éstos debían realizar disciplinadamente.

Las aspiraciones de la burguesía en materia pedagógica alcanzaron alrededor de 1880 cierto aspecto de plenitud. El advenimiento de la escuela laica, logrado después de ruidosos debates, ponía punto final en cierto modo a la batalla emprendida desde hacía varios siglos con la intención confesa de arrebatar a la Iglesia el control de la enseñanza.

Pero la escuela laica no fue una victoria, sino una transacción. Los conflictos obreros provocaron el acercamiento de la burguesía y la Iglesia y el clero invadió las atribuciones del Estado. La burguesía era enemiga de la Iglesia, pero la necesitaba porque veía en ella un poderoso instrumento para inculcar en las masas obreras la virtud de dejarse explotar sin conflictos.

La escuela laica solo aspiró a reglamentar la enseñanza religiosa en las escuelas de modo de no traer conflictos en una institución frecuentada por burgueses de religiones diferentes.

El Congreso Pedagógico de 1881 en Francia aconsejaba a los maestros: “Guardémonos de los fanatismos, porque hay dos: el religioso y el irreligioso.

Lavisse, un campeón del laicismo, en Discurso a los niños sostenía: “La escuela no está nunca demasiado lejos de la Iglesia”.

La introducción de la manufactura primero, de la fábrica después, repercutió en los métodos de educación que atribuían a la inteligencia del niño más importancia que a su espontaneidad. Se lo sobrecargaba de conocimientos sin dar el marco que los hiciera asimilables.

En los alrededores de 1900 comienza una nueva didáctica que se propuso aumentar el rendimiento del trabajo escolar ciñéndose a la personalidad biológica y psíquica del niño, atacando la rigidez de los viejos programas, la tortura de los horarios inflexibles, de los exámenes innecesarios, una corriente que aspira a que se tenga en cuenta la personalidad de los alumnos, dando origen a otra teoría de la educación: la “Escuela Nueva” que desplaza el eje del intelecto al sentimiento, del aspecto lógico al sicológico, de los métodos cognitivos hacia los procesos pedagógicos, del profesor al alumno, de la disciplina hacia la espontaneidad. Se trata de una teoría pedagógica que considera que lo importante es aprender a aprender. En lugar de clases confiadas a maestros que dominaban grandes áreas de conocimiento, la escuela debería agrupar a los alumnos por áreas de interés, donde el profesor actuaría como orientador del aprendizaje. Este tipo de escuela no consiguió modificar el panorama del sistema escolar tradicional, entre otras cosas, por sus costos más elevados, de allí su carácter experimental y circunscripto a pequeños grupos de élite.

Tampoco había en ella ni un asomo de trabajo colectivo, mientras las necesidades de la industria habían acentuado la cooperación en el trabajo.

Al finalizar la primera mitad del siglo pasado, la “Escuela Nueva” dio paso a una nueva teoría educacional: la pedagogía tecnicista que partía del presupuesto de la neutralidad científica e inspirada en los principios de racionalidad, eficiencia y productividad.

Se buscó planificar la educación como una organización racional capaz de minimizar las interferencias subjetivas que pudieran poner en riesgo la eficiencia con propuestas pedagógicas como la micro-enseñanza, la tele-enseñanza, etc. El elemento principal pasa a ser la organización racional de los medios. Alumno y profesor son relegados a la condición de ejecutores de un proceso cuyo planeamiento y control estará a cargo de especialistas habilitados a tal fin. El proceso define lo que profesores y alumnos deben hacer, cuándo y cómo. Para la pedagogía la cuestión central era aprender a hacer.

Educación popular (Paulo Freire) 

Paralelamente aparecen la educación permanente (Pierre Furter) y la educación popular (Paulo Freire). Ambas son propuestas ideológicas de “otra educación” y nacen como movimientos de superación de la educación de adultos, es decir, en su contra.

Furter reconoce tres etapas de la educación permanente:

1º) como proceso continuo de desarrollo individual

2º) como principio generador de un sistema de educación global

3º) como estrategia cultural en el proceso de un desarrollo integral

Considera a la educación en su totalidad comprendiendo simultáneamente las modalidades formales y no formales y engloba al aprendizaje planificado y al accidental.

Este proyecto nunca se realizó como fue pensado. No logró concretar siquiera una experiencia que diera forma a sus ideas.

La educación popular (EP) surge a fines de los ’60 como un movimiento de renovación y luego de transformación del mundo a través del poder de un saber popular. La educación popular ha pretendido ser un movimiento pedagógico que pretende fundar una educación liberadora, luego un movimiento popular que incorpora un movimiento pedagógico y finalmente una propuesta política a través de la educación al servicio de proyectos, sujetos y movimientos populares de construcción de una nueva hegemonía en el interior de la sociedad capitalista. El pasaje de una educación para el pueblo hacia una educación que el pueblo crea al interior de los movimientos sociales de orientación popular y de los movimientos populares de liberación. La forma propia de la educación popular es el movimiento emergente contestatario que se orienta hacia la realización de su proyecto, sin descuidar la confrontación con la institución consagrada. Para la educación popular el sentido del trabajo pedagógico es convertir el trabajo social de la comunidad local en movimiento popular de dimensión política. Es la posibilidad de la educación de ser no solo comprometida y militante, sino una anticipación de la liberación.

En Pedagogía del oprimido, Paulo Freire desarrolla su propuesta de principios y metodológica.

Allí cuestiona la relación educador-educando dominante en la escuela actual a la que califica de narrativa de contenidos, que implica un sujeto que narra y objetos oyentes (los educandos). El educador se refiere a una realidad estática y compartimentada ajena a la experiencia existencial de los educandos donde aparece como su agente indiscutible cuya tarea es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Estos deben memorizar mecánicamente el contenido narrado y cuanto más y mejor se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educados serán. Tal es la concepción “bancaria” de la educación donde el saber es una donación de aquéllos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Estas posiciones serán siempre rígidas negando a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda.

Al contrario, Freire propone que la educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, de manera tal que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos. Cuanto más se conviertan los educandos en depósitos, tanto menos desarrollarán la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo como sujetos transformadores de la situación que los oprime, que es lo que pretenden evitar los opresores.

La acción del educador revolucionario debe estar imbuida de una profunda creencia en los hombres y su poder creador, lo cual exige en su relación con los educandos que sea un compañero de éstos. Mientras la concepción “bancaria” que sirve a la dominación, mantiene la contradicción educador-educandos.

La concepción problematizadora, que sirve a la liberación, realiza su superación en base al diálogo con el educador, transformándose y transformando a los educandos en investigadores críticos que van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que ya no se les presenta como una realidad estática sino en proceso, en transformación. De esta manera, profundizando la toma de conciencia de la situación, los educandos se apropian de ella como realidad histórica y capaz de ser transformada por ellos sintiéndose sujetos, superando el intelectualismo alienante, para concluir que: “Ningún orden opresor soportaría el que los oprimidos empezasen a decir: ¿Por qué?”.

La pedagogía crítica se propone convertir la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. En esto consiste la educación popular que desarrolló Paulo Freire. La concientización de la participación popular constituye el principal efecto de alcance y ruptura de la concepción de educación crítica latinoamericana. Sus variables serán la participación activa de la pareja educador/educando, el diálogo y la necesidad de interpretar el mundo vivido.

El sujeto oprimido no solo debe liberarse de la opresión mediante el proceso educativo, sino promover cambios en las estructuras existentes y en las relaciones de poder. Así la pedagogía de Freire se convierte en una pedagogía crítica, liberadora y problematizadora del ámbito educativo y social y ofrece una propuesta revolucionaria en tanto el sujeto educando, mediante su participación, se convierte en actor indispensable al redimensionar la realidad social que le es propia. La responsabilidad, percepción, comprensión y conocimiento de la realidad se convierten en un hecho compartido, no obstante, como sostiene Freire: “Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los ‘condenados de la tierra’, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen”.

En este camino, las herramientas conceptuales y metodológicas de Freire aportan una alternativa hacia la comprensión de la formación de las identidades de diversos grupos sociales. Estos espacios sociales los constituyen entre otros: el espacio geográfico y de territorio; la historicidad del sujeto, su subjetividad; la memoria histórica, individual; la conformación de la personalidad y su socialización en los diferentes espacios sociales; la identificación cultural y nacional.

En el mismo sentido, la influencia en la formación identitaria a partir de la biografía del sujeto participante en el proceso educativo es la categoría que articula esta perspectiva. Precisamente esta concepción de Freire acerca de la biografía del sujeto y de su lugar constituye una propuesta pedagógica que incorpora al sujeto, su historia personal, sus tradiciones culturales y populares en función de un aprendizaje apropiado desde la vivencia de los sujetos participantes en los procesos educacionales. Se convierte así al sujeto en protagonista de su educación.

Los sentidos de pertenencia y referencia que tengan los individuos y grupos sociales en sus distintas interacciones resultan fundamentales en la configuración de la identidad y, por tanto, en el proceso de aprendizaje cultural y social compartido.

El reencuentro con el pasado y el presente, el lugar que se le asigna a la historia, la memoria y la identidad son nociones importantes. Si entendemos por identidad aquello que los individuos asumen como lo que los identifica y les pertenece, ello implica la posibilidad de estos sujetos, durante el proceso de aprendizaje y socialización, de concientizar su yo al tiempo que lo hacen respecto de su grupo o colectivo.

En el proceso educativo y desde la propuesta freireana, no se deben absolutizar ni simplificar identidades, sino que es necesario que éstas puedan coexistir con otras formaciones identitarias: colectivas, étnicas, territoriales, generacionales, institucionales, culturales, etc., pero que tienden a interrelacionarse entre ellas, a la vez que son influenciadas por un referente sociocultural común en el que se han inscripto y se inscriben continuamente.

Cuanto más articulada esté la práctica pedagógica con la experiencia y la vivencia de los ámbitos en que los sujetos se forman -es decir, familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios, grupos humanos formales e informales, etc.-, mayores posibilidades encontrará el reconocimiento de la identidad cultural y popular de cada individuo, grupo social o comunidad.

En ello juegan un papel fundamental los métodos educativos que rescaten y revaloricen las tradiciones populares y culturales de los educandos, en estrecho vínculo con las prácticas culturales que garantizan el proceso de formación e integración de sus identidades culturales.

El proceso educativo no solo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, en la que los sujetos puedan percibir, problematizar, re-significar y transformar críticamente su realidad social. Desde la articulación de los saberes con las prácticas y vivencias culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de socialización en los que educando/educador participan, se aportará un aprendizaje diverso y comprometido con las problemáticas y realidades de sus espacios sociales.

La noción de identidad cultural en un proceso de educación popular debe ser enfocada desde una perspectiva de la identidad conformada y conformándose ante nuevos contextos, momentos históricos, y no como producto ya acabado por una determinada cultura. Las dimensiones de lo cultural no constituyen solamente herencia o tradición, sino que coexisten otros rasgos identitarios que resultan de la interacción de diversos procesos de formación cultural amplia, por ejemplo, de nuestra identidad latinoamericana.

La educación continúa siendo un importante eslabón de reproducción de la correlación de poderes imperantes. El respeto a la diversidad y a la diferencia, la potenciación de la autonomía, del pensamiento crítico y divergente, la responsabilidad y el compromiso social, la adecuación de la enseñanza a las particularidades cotidianas de los sujetos son elementos aún ausentes en la generalidad de las aulas. Sería ingenuo y peligroso pensar que esto responde al azar. Estos hechos reafirman el papel trascendente de la educación como vía de potenciación de valores y formas de entender la sociedad, de la forma en la que nos asumimos y posicionamos dentro de un espacio social.

La mayoría entiende que la Educación Popular se define por el público hacia el cual va dirigido el esfuerzo educativo, que con tal de ser realizado al interior de los sectores populares corresponde a la Educación Popular. Evidentemente, esta conceptualización tan amplia no es suficiente. Aunque va dirigida hacia los sectores populares, tiene proyectos estructurados en base a un profundo cuestionamiento al sistema educativo tradicional en cuanto estructura reproductora de las desigualdades sociales. Dentro de esta corriente, el cuestionamiento radical apunta a la jerarquía del conocimiento en el sistema formal de educación, a la forma en que éste se aborda en la relación asimétrica entre “el que sabe” y el que “carece” de dicho conocimiento. El esfuerzo educativo se centra en una modificación de la forma en la que se estructuran las clases, colocando el énfasis en la horizontalidad y la desaparición del educador en la figura de un acompañante. Aunque debemos alertar sobre la concepción que pone énfasis en la forma desdibujando la intencionalidad transformadora que debe poseer todo proyecto de Educación Popular. Muchas veces se oculta la evidente asimetría existente entre quienes dominan determinados conocimientos y quienes los desconocen. El extremo son quienes no conducen ni guían, inspirados en definiciones de un Paulo Freire tardío, de Educar con Libertad, por ejemplo, o en posicionamientos teóricos posmodernos.

Nuestra tarea educativa tiene la intención que los alumnos/as ingresen a la Universidad con niveles de conciencia más elevados que les permitan recuperar el conocimiento y colocarlo al servicio de la lucha de nuestro pueblo. Una posición ideológica que nos obliga a abandonar la espontaneidad en el trabajo, rechazar la neutralidad en el saber y colocarnos de frente y comprometidos con toda lucha social o política desatada. Tomar una posición clara en defensa del campo popular, desarrollando tareas de “concientización” como se entiende en Pedagogía del oprimido de Paulo Freire.

Entendemos que la Educación Popular es todo proceso educativo intencionado y orientado hacia el campo popular, que tiene por finalidad elevar la conciencia social a un plano político, desde una mirada radicalmente crítica del orden de dominación imperante, y con una perspectiva transformadora revolucionaria de la sociedad.

La tarea de los educadores populares consiste en llevar procesos masivos de alfabetización política en sindicatos, barrios, escuelas comunitarias, incluso en la Universidad.

¿Por qué una fábrica recuperada, un movimiento social o un sindicato han decidido construir sus propias escuelas? 

El surgimiento de los Bachilleratos Populares (BP) se presenta como una opción educativa en el campo de la educación de jóvenes y adultos, campo totalmente abandonado por las políticas públicas estatales de las últimas décadas.

La creación de escuelas desde el campo de lo popular, gestionadas en y desde los movimientos sociales propone una alternativa pedagógica que rompa con la lógica piramidal y el discurso monolítico de la escuela estatal. A su vez pone en debate la existencia de lo público no estatal, ya que los BP son experiencias educativas, es decir, escuelas públicas populares, no estatales, gestionadas desde movimientos y organizaciones sociales.

Los BP se constituyen durante la última década como reacción y en oposición al modelo neoliberal, como respuesta al abandono por parte del Estado en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Sus protagonistas buscan generar nuevos procesos sociales, que tienen como base la democracia y la participación. Desde estas experiencias sostienen una concepción de escuelas como organizaciones sociales, remarcando una nueva forma de desarrollar estas escuelas, pensadas desde la gestión social y enmarcadas en movimientos y organizaciones sociales que tienen como uno de sus objetivos la transformación social y la educación en clave de educación popular, como una de las herramientas para lograrla.

La idea de toda actividad educativa es política, por más pretensión que haya de una educación única, neutra y universal, no existe práctica pedagógica que no sea a su vez una práctica política. La escuela es un ámbito donde se desarrolla un trabajo político pedagógico que parte de una práctica política pedagógica.

Siguiendo a Esther Pérez en La promesa de la pedagogía del oprimido: “(…) la pedagogía del oprimido no es para nosotros una metodología, una didáctica, un conjunto de métodos y técnicas neutros -en realidad casi nada lo es-, sino un pensamiento y una práctica pedagógicas que asumen una posición frente a la realidad social y apuestan a la educación como una herramienta fundamental de la transformación cultural, que consideran imprescindible para el triunfo y consolidación de un bloque popular. Insisto: no hay educación popular sin la conjunción de reflexión y acción; no hay educación popular que no apunte a la cultura como objetivo último y coagulante de los cambios sociales; no hay educación popular sin toma de posición política”.

Los BP responden a las formas y a los principios políticos de su movimiento y organización y no a normas, reglamentos y estatutos elaborados desde el Estado. A su vez, van generando formas de funcionamiento propias como bachillerato, a partir del trabajo que tienen en asambleas con docentes y estudiantes que se realizan en el horario de clase y en días rotativos para que puedan participar todos los profesores. Las asambleas de profesores también se realizan mensualmente.

Una primera diferencia que podemos establecer entre la propuesta político-pedagógica de los BP en relación a la escuela tradicional, es que ésta funciona en el Estado o desde el ámbito privado y los BP son escuelas gestionadas desde organizaciones y movimientos sociales y no obedecen a los patrones políticos pedagógicos hegemónicos sino que intentan construir un proyecto propio, teniendo en cuenta los objetivos de la organización. No significa que los BP se conviertan en asistencialistas o paternalistas. Quienes llevan adelante esta tarea educativa parten de reconocer la situación de clase de los y las educandos. Es a partir de este reconocimiento y de este reconocerse que se trabaja desde una educación clasista, que no reproduzca las injusticias sociales sino que sea crítica, transformadora y reveladora de las relaciones de opresión. Cada estudiante, docente o integrante de los BP y del movimiento, son fundamentales para lograr el proyecto político pedagógico que se construye.

Otro aspecto de importancia es que se tiene en cuenta la especificidad de la población con la que se trabaja. El trabajo con adultos no puede desarrollarse al igual que en cualquier escuela de educación media. Tanto los programas, metodologías, horarios son acordes a la población adulta y a sus condiciones ya que ésta es una población que además de ser estudiantes son trabajadores/as, madres y padres.

Los BP son espacios donde se crean nuevas formas de pensar y actuar, nuevas relaciones, se construye conocimiento de forma participativa, desde las vivencias de cada uno de los protagonistas y desde la memoria histórica. Lo cual no quiere decir que se conviertan en espacios educativos para bajar una determinada línea política elaborada por un grupo minoritario de iluminados. De lo que se trata es de trabajar y aprender desde una mirada crítica, que dé cuenta del lugar social que ocupan los diferentes actores sociales dentro de la división social del trabajo, dentro del sistema capitalista, poder entender esta situación no solo desde lo local, desde el barrio, desde la propia comunidad, sino también poder generar y desarrollar un pensamiento abstracto que permita a los sujetos comprender el complejo desarrollo histórico del cual forman parte.

No creemos que sean la respuesta al capitalismo, ni la alternativa pedagógica por excelencia, pero entendemos que es necesario construir proyectos políticos pedagógicos que apunten a formar sujetos políticos activos para el campo popular. En este sentido, los BP tiene lógicas diferentes no solo desde sus contenidos y objetivos, sino también desde sus prácticas y formas de organización.

En los BP trabajamos con sectores de la clase obrera para los que el Estado tiene destinada una educación de baja calidad. En el sistema educativo argentino existe una diferenciación clasista. Desde la reforma educativa de la década del 90 hasta hoy, la avanzada del capital sobre la educación ha sido feroz. La reforma educativa menemista siguió la concepción neoliberal de entender el presupuesto del Estado en educación como un gasto y parándose en el concepto progresista de descentralización educativa, inició el desmantelamiento más profundo que el sistema educativo argentino haya visto jamás. La educación pasó de ser una necesidad a ser un gasto y de ser un derecho a ser un bien de consumo. La descentralización que implica la territorialización de los proyectos educativos o la necesidad de pensarlo de acuerdo a las características particulares del lugar donde están insertos, fue una descentralización meramente administrativa, que implicó desinversión por parte del Estado de toda la estructura educativa que con el correr de los años fue cayéndose a pedazos. Por otro lado, los empresarios aprovecharon los agujeros que iba dejando el Estado para acercar a la sociedad sus ofertas educativas financiadas por el propio Estado mediante subsidios. Las escuelas públicas quedaron para los sectores populares, los hijos de la clase trabajadora y algún sector de la clase media y la escuela privada destinada a los sectores medios y más acomodados de la sociedad.

Los BP se presentan como una posibilidad concreta de dar educación de calidad a estos sectores de clase para los que el Estado reserva una educación de bajísimo nivel. Trabajan con jóvenes y adultos expulsados del sistema educativo tradicional y que encuentran como casi única opción a los planes FINES 1 y 2 que precarizan la educación pública, atentan contra los CENS, flexibilizan las relaciones laborales y desintegran en términos pedagógicos el resto del sistema educativo.

La modalidad que tiene el programa FINES 2 es de 6 o 8 horas semanales a lo largo de dos años y medio de cursada, mientras los BP y los CENS tienen una carga horaria mínima de 18 horas semanales a lo largo de tres años.

No es posible formular que el FINES 2 sea un proyecto de Educación Popular ya que separa el proceso pedagógico del organizativo, por tanto, no es parte del hecho histórico que implica la Educación Popular impulsada por los movimientos sociales latinoamericanos y no por el Estado. Con el FINES 2 el Estado ofrece educación populista, lo único que quiere es inflar sus índices de terminalidad para las estadísticas, sin importarle el proceso pedagógico de los estudiantes y los docentes, y apuesta a seguir sosteniendo con precariedad laboral a miles de trabajadores de la educación.

Si el Estado habla de educación de calidad que ofrezca una carga horaria acorde, que incentive a través de becas a los estudiantes, que construya espacios de contención y recreación para los hijos/as de los estudiantes para que puedan estudiar mientras sus hijos están en otra aula jugando, sin la preocupación de cuidar de ellos, que genere equipos que puedan analizar y actuar sobre las causas de la deserción escolar y no ofrecer educación limitada, que combine la producción de conocimiento teórico con una dimensión productiva. Desarrollar relaciones cooperativas de producción entre los actores educacionales, levantando instancias de concientización. Articular trabajo intelectual y manual, teoría y práctica, pensamiento y acción. Generar unidades productivas donde predominen relaciones cooperativas de producción, también pueden generar la oportunidad de solventar las necesidades locales.

Los BP están haciéndolo. En todos los BP hay talleres culturales, de oficio, comunicacionales, dentro de la currícula, pero la diferencia no es solo de contenido, los estudiantes también son participantes activos formando parte central en la toma de decisiones en igualdad de posibilidades con los docentes. Vamos reevaluando los programas en forma conjunta, por lo tanto, los estudiantes también definen la didáctica participativamente y no de manera normativa. Somos los docentes quienes ejecutamos y diseñamos el planeamiento de manera colectiva, pero al mismo tiempo lo vamos poniendo a consideración de los estudiantes. Las asambleas, las discusiones, los talleres de formación y los planes de lucha de los que participamos siguen siendo el motor de nuestras experiencias y son parte de nuestra currícula. Entendemos que educar es un acto político y tomamos partido a favor de los intereses históricos del pueblo trabajador. Somos la contracara de la educación privada empresarial que forma un sujeto individualista, aislado de las luchas populares e incapaz de pensarse colectivamente. También ponemos en cuestionamiento la supuesta neutralidad del Estado y de la educación estatal/pública.

Esto no implica desconocer la discusión en torno a la defensa de la asignación de cargos docentes vía acto público, mecanismo que democratiza el acceso al trabajo, pero que no impide que los contenidos políticos e ideológicos de la educación y las decisiones estratégicas las sigan tomando las clases dominantes por medio de sus funcionarios. Intentamos poner de relieve que el Estado es un Estado de clase, y que si bien debe ser el garante de la educación, las organizaciones populares debemos conservar nuestra autonomía política a la hora de desarrollar nuestras experiencias político-pedagógicas.

Creemos que para constituir una Educación Popular, es el Estado quien debe financiar los espacios educativos, mediante un financiamiento directo, que garantice la cobertura de todos los gastos tanto materiales como pedagógicos (salarios, alimentación, infraestructura, libros, computadoras, insumos educativos y servicios como agua, luz, gas, etc.). Los recursos estatales son nuestros, por tanto, tenemos derecho a autogestionar la educación y ser financiados con los recursos que legítimamente nos pertenecen.

Debemos lograr que el trabajo docente no sea realizado únicamente en nuestro tiempo libre sino que sea parte de la producción social, el lugar donde recibimos nuestros ingresos para vivir, permitiendo la sustentabilidad del proyecto de educación transformadora. Planteamos la autogestión como un proceso de autonomía de los trabajadores de la educación, en el que somos los trabajadores en conjunto con la comunidad educativa, quienes gestionamos las escuelas, logrando reproducir nuestra existencia.

Renunciamos a ver al Estado como única fuente de soluciones a la educación, por el contrario, podemos utilizar recursos del Estado para administrarlos y en proyectos político-pedagógicos que construyan relaciones cooperativas, autogestivas y emancipatorias.

El desarrollo de la Educación Popular debiera apoyarse fundamentalmente en los movimientos sociales, pueblo organizado o sociedad civil.

Uno de los problemas más graves que atraviesan las escuelas estatales es la relación con la comunidad, en este plano, al estar insertos en organizaciones barriales, los BP y la comunidad están unidos por lazos estrechos de solidaridad y pertenencia mutua.

Disparen contra la educación 

Al ataque a la educación pública que comenzó a fines de los ’50, se ha sumado el Estado al tratar de sacarse de encima a estudiantes y docentes en nombre del futuro, la eficiencia y la modernización. La fractura del sistema educativo nacional en los ’90, el presupuesto educativo para las escuelas privadas que supera al estatal en la CABA, etc., son solo dos ejemplos de esta política en nuestro país.

América Latina no es ajena a esta situación. Los grandes sistemas educativos latinoamericanos están siendo fracturados con políticas de descentralización que lejos de constituir mecanismos de transferencia de poder a los ciudadanos como se pretende con las escuelas “boucher” en nuestra provincia de San Luis o en Chile, son una fachada de su destrucción. De allí que la necesidad de sistemas pedagógicos que permitan la transmisión del capital cultural acumulado por los diversos sectores sociales sea cada vez más acuciante. El lugar que ocupó durante cien años la escuela latinoamericana va quedando vacío. El pueblo ve disminuir vertiginosamente sus posibilidades de adquirir la cultura dominante, que es absorbida solo por las élites.

De allí que la lucha por la educación pública debe ser asumida por los educadores populares, hasta por los que la han rechazado en el pasado. La identificación de educación popular con educación no escolar o la educación burguesa antipopular con escolarización, se ha vuelto caduca. Hoy, la universalización de la educación básica se transforma en meta de la educación popular. No se trata de reivindicar la educación “bancaria” sino de trabajar en nuevas estrategias que combinen lo mejor de la escuela pública con la pedagogía de la liberación, el diálogo y su carácter transformador en el proceso educativo para educar a las grandes masas. Hay que volver a definir la educación popular. Hay que crear una nueva didáctica que comprenda tanto los procesos de movilización popular como las actividades educativas entre adultos de las clases populares.[1]

Debemos apoyarnos en el creciente interés que han suscitado las experiencias educativas llevadas adelante por organizaciones sociales o articuladas con éstas (en el caso de nuestro país por los movimientos sociales[2] y fábricas recuperadas), en las escuelas gestadas y conducidas por los movimientos populares, que se vinculan de alguna forma con el sistema educativo oficial. No estamos hablando aquí de las denominadas “prácticas de formación” o “talleres”[3] que no pertenecen de ninguna manera al sistema educativo oficial, ni pretenden hacerlo, y cuyas temáticas se orientan hacia la formación política, las cuestiones de género, lo productivo, lo organizativo, entre otras.

Tampoco de experiencias del tipo Universidad Campesina que comenzó a funcionar en Colombia en 2004 en San José de Apartado, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador o la Escuela Florestan Fernandes del MST de Brasil, en el mismo año, con las que los movimientos sociales de indígenas y campesinos tienden a tomar en sus manos la formación de sus miembros y la educación de los hijos de las familias que los integran como es el caso de las 1.800 escuelas del MST en las que estudian alrededor de 200.000 niños con 4.000 maestros. Podríamos agregar a estos ejemplos la experiencia educativa zapatista.

En nuestro caso hablamos de la educación popular en la formación de escuelas a partir de los movimientos sociales populares y las fábricas recuperadas orientadas a las clases subalternas. El tipo de iniciativa que impulsa la UTD en General Mosconi (Salta) con la Universidad en la localidad de Vespucio abierta a la comunidad y con carreras específicas vinculadas a las actividades de la zona como la de Perito Clasificador de granos de molienda y oleaginosas o el caso del MTD (Emerenciano) del Chaco con escuelas, jardines, bachillerato libre para adultos y escuela técnica de carpintería y electricidad que responde a una necesidad de la población de Resistencia y cuenta con reconocimiento oficial donde el Estado provincial se hace cargo del salario docente. Las reivindicaciones de la Coordinadora de Bachilleratos populares de la CABA van en el mismo sentido [4].

Al respecto, más allá de generalizaciones que no responden a la realidad, es de destacar que en el Nº 2-3, Primavera/Verano de El Ojo Mocho Otra vez en el artículo, “¿Hay una nueva Forma-Estado? Apuntes latinoamericanos” de Verónica Gago, Sandro Mezzadra, Sebastián Scolnik y Diego Sztulwark se sostenga que: “… muchas veces el Estado se sirve de iniciativas autónomas para suplir la imposibilidad de resolución institucional. Pongamos un ejemplo: el aumento en la matrícula escolar, luego de que ésta sea un requisito del beneficio de la AUH (Asignación Universal por Hijo), obligó al Estado a recurrir a la experiencia autogestiva de los “bachilleratos populares”, que hacen educación popular en las fábricas recuperadas desde el 2001, y en simultáneo reconocerles su existencia a partir del financiamiento de los salarios docentes, por afuera de los convenios colectivos del gremio docente”.

La posibilidad de desarrollar la educación popular masivamente es el desafío que enfrentamos.

BIBLIOGRAFIA 

Baraldo, Natalia (2009): “Movimientos sociales y educación en Argentina: una aproximación a los estudios recientes”, Eccos-Rev. Científica, Vol. 11, Nº 1, enero-junio, pp. 77-93, Universidade Nove de Julho, Brasil.

Brito Lorenzo, Zaylín (2007): “Educación Popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire”, en  Gadotti, Moacir, Gómez, Margarita Victoria, Mafra, Jason y Fernandes de Alencar, Anderson (Comps.). Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía, pp. 29-45. Clacso Libros, Bs. As.

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Chinigioli, Evangelina (2012): “Bachilleratos populares: construyendo contrahegemonía. La experiencia de los BP en Movimientos Sociales de la Ciudad de Buenos Aires” (Tesina), Directora: Dra. Nora Llaver, Co-directora: Lic. Natalia Baraldo, Mendoza.

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Nasti, Pablo y Castro, Pablo (2013): “Abriendo escuelas para luchar, bachilleratos de educación popular” en 2º Congreso Nacional de Educación,Buenos Aires.

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Notas:

[1] Al respecto es interesante la apropiación que han hecho las escuelas públicas del programa “Jóvenes y Memoria” organizado por la Comisión Provincial de la Memoria de la Prov. De Buenos Aires con producciones escolares del estilo de “El barrio obrero conocido como Villa 21-24 Zavaleta” realizado por alumnos del CENS Nº 75 de Barracas, entre otras.

[2] Definimos como movimientos sociales populares a aquéllos que luchan contra formas de desposesión, opresión y explotación y lo hacen con fuerte protagonismo de sujetos pertenecientes a las clases subalternas. Dentro de esta definición no solo entran los que se definen como autónomos ya que algunos pueden tener algún tipo de referencia institucional en partidos políticos, sindicatos, etc., sino que enfatizamos que las iniciativas y decisiones se tomen en los espacios de deliberación y no en instancias superiores y separadas.

[3] Se trata de actividades que suelen realizarse con regularidad y que reúnen a un determinado grupo durante un período de tiempo relativamente breve.

[4] Es el espacio donde algunos de los BP discuten y se organizan para exigirle al Estado el reconocimiento de las experiencias, entre estas exigencias están: la oficialización de todos los BP, el salario para todos los docentes, las becas para los estudiantes y el financiamiento integral de las escuelas.

Hay una realidad que nos demuestra que la mayoría de los estudiantes necesitan de su título secundario oficial y por ese motivo se acercan a los BP frente a la carencia de otras alternativas educacionales de nivel medio. Nos acercamos al Estado porque necesitamos los títulos que reclaman los estudiantes y porque las condiciones de trabajo suponen el cobro de salarios, becas y una infraestructura adecuada. Somos trabajadores de la educación, por eso adherimos a los paros y movilizaciones docentes. De allí la importancia de abrir canales de diálogo con los gremios.  

La educación popular en la formación de sujetos libres

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Argentina: Salud y educación en tiempos de pandemia

Salud y educación en tiempos de pandemia

Mario Hernández

Entrevista al Dr. Reynaldo Saccone, ex presidente de CICOP, y a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone

La distribución de la vacuna es totalmente desigual

 

M.H.: ¿A dónde estamos parados respecto de la pandemia?

R.S.: Primero hay que decir que estamos en un tembladeral, después ir dando algunos detalles.

Estamos a nivel mundial en un momento muy delicado porque está en curso un nuevo brote muy importante con una gran cantidad de contagios, incluso con una variante del virus y que se expande rápidamente por todo el mundo. En nuestro país, como todos sabemos, está en marcha. Se esperaba para febrero o marzo, pero ya empezó a levantar el 14 de diciembre aproximadamente. Conjuntamente con eso, están saliendo a la venta las distintas vacunas producidas por las distintas compañías farmacéuticas. Se tardó casi un año para sacarlas a la venta. Cada compañía saca su vacuna y se lava las manos de que ningún competidor conociera su fórmula y no se intercambian información. Si se hubiera hecho de forma colaborativa en todo el mundo, como planteaban muchos científicos, se hubiera encontrado mucho más rápido y hubiera sido mucho más eficaz y con mucho menos gasto de desarrollo.

Contradictoriamente a esto que abre una esperanza, pero para que la vacuna se convierta en realidad hay dos problemas, primero vacunar al 60% de la población, tarea que está lejos de completarse en un año como se pretende. En segundo lugar, tiene grandes incógnitas la vacuna, porque como todos sabemos, no terminó ninguna de las vacunas en circulación el ciclo que habitualmente llevan, no llegaron a la cuarta etapa de los procesos que hace años a nivel mundial están protocolizados y se autorizó a salir a la venta en todos los países por razones excepcionales, estando en la tercera fase, sin haber demostrado completamente su eficacia. Y se está vacunando a la gente con los estudios preliminares no confirmados porque ninguna terminó la tercera y mucho menos la cuarta etapa; dicen que tendría un 95% de efectividad para quien recibiera las dos dosis. Esa es la situación actual.

A nivel mundial hay que tener en cuenta que la distribución de la vacuna es totalmente desigual. Hace unos meses hubo una comunicación de Médicos sin Fronteras que tomó Amnesty International planteando que el 52% de las vacunas habrían sido adquiridas por los países más ricos del mundo que solamente tenían el 13% de la población mundial. Tremendo, la mitad de las vacunas destinadas a una “crema” de los habitantes de los países más ricos. Y para mitigar esta situación, se había creado un fondo que distribuye vacunas, creado por la OMS. Pero ese fondo solo alcanzaría para el 7% de la población mundial.

En los diarios mundiales salieron las declaraciones de un ejecutivo de la OMS que dice que 28 millones de dosis han sido distribuidas solamente en 46 países, pero 10 de ellos tienen el 95% de las vacunas. Es decir que hay una distribución absolutamente desigual y se hace en función de la capacidad de pago de cada país. Entonces los países centrales imperialistas son los que se llevan el botín de la vacuna. Eso está causado porque las vacunas pueden ser producidas porque existen las patentes, entonces la patente impide que otra industria farmacéutica, aunque tenga la capacidad y los recursos, fabrique la vacuna. Solo la pueden fabricar los que tienen la patente.

Estamos en esta instancia que demuestra que la Ley de patentes es un obstáculo para el desarrollo de la industria, en el sentido de una industria que sirva para beneficiar a la humanidad. Para una industria que sirva para beneficiar a sus accionistas la Ley de patentes viene fantástica porque aumenta las ganancias e impide que otros la fabriquen.

Estamos en esa situación a nivel mundial. En cuanto a la Argentina, las vacunas están llegando, no con la rapidez con la que se requiere,pero están llegando. Si no hubiera Ley de patentes se podrían haber empezado a producir en Argentina, pero eso no es posible. El gobierno no tiene la menor intención de desconocer la patente, hay registros históricos de que así ha sucedido, por un lado, hay descubridores de vacunas como el de la penicilina, Fleming, o de las vacunas para la polio, A. Sabin y J. Salk, que renunciaron a la patente, entonces esas vacunas pueden hacerse por cualquiera que tenga la capacidad en recursos humanos y tecnológica para realizarla y se puede distribuir sin tener que pagar regalías a nadie.

Sin embargo, la OMC ha tratado de fortalecer la existencia de las patentes para que la industria farmacéutica tuviera asegurado el monopolio de la producción de las vacunas. Entonces fijate que obviamente el campeón mundial en la lucha de defender las patentes es USA, pero acompañado por todos los países capitalistas europeos.

Hubo ejemplos de desconocimiento como por ejemplo Sudáfrica en los 90 donde la epidemia de HIV se había constituido en un problema brutal de salud pública, especialmente para la población negra, que es la enorme mayoría de la población sudafricana. Entonces el gobierno de Nelson Mandela suspendió las patentes de los remedios para el HIV para poder fabricarlos en el país e incluso comprarlo a aquellos que podían fabricarlo de manera no autorizada por las patentes.

Mandela para mejorar la situación de la población afectada desconoció las patentes. Eso con la oposición tremenda de toda la industria farmacéutica y del gobierno norteamericano que estaba totalmente en contra de lo que estaba haciendo Sudáfrica.

Eso pasó en los 90. Pero en el año 2001/2 sucedió lo que se llama la crisis del Antrax. En EE UU y Canadá había atentados con sobres, correspondencia contaminada con bacilos de Antrax que es una infección muy importante que puede matar, y se difundió rápidamente, había una especie de terrorismo bacteriológico. El remedio para eso es un antibiótico que fabricaba Alemania, la patente la tenía una empresa química de ese país y no podían hacerla en EE UU ni en Canadá. Entonces el gobierno de USA que en todo el mundo defendió el derecho a la patente de los monopolios rompió esa ley y autorizó a su industria a fabricar la ciprofloxacina que era el remedio indicado. Lo mismo pasó en Canadá. Obviamente hubo un acuerdo con la industria alemana, pero se violentó la patente.

Todo esto lo cuento para que se vea que hay ejemplos mundiales, entonces no es descabellado que un gobierno nacional desconozca el derecho a la patente para producir más rápidamente la vacuna. Obviamente con la tecnología y los recursos humanos adecuados. En ese sentido hay una iniciativa encabezada por India y Sudáfrica a nivel internacional que han presentado en la OMC apoyado por 99 países, una cantidad enorme, entre los firmantes está Argentina, que piden que se suspenda la vigencia de la patente mientras dure la pandemia para que los países puedan fabricar la vacuna y todos los insumos, porque si bien no hay remedios que la curen, hay una serie de insumos farmacológicos y de equipamiento que son necesarios para combatir la pandemia. Esa iniciativa se discutió el 14 de diciembre, justo la fecha en que Argentina empezaba a levantar el número de contagiados y ese 14 de diciembre la OMC decidió pasar esa propuesta a comisión para que sea discutida pero no hubo consenso para aceptarla. No lo hubo porque los grandes países centrales capitalistas y que ejercen su dominio político y económico sobre el resto del mundo, se opusieron tajantemente con sus aliados, entre ellos el Estado de Israel y otros Estados menores que acompañan a los países que dominan la economía mundial.

Entonces todo esto es interesante, quiere decir que en el mundo hay un intento para oponerse a la dictadura tremenda de los monopolios farmacéuticos, pero para eso tiene que ser mantenido y los gobiernos tienen que tomar la decisión de llevarlo adelante, cosa que nuestro gobierno está muy lejos de tomar una decisión de esa naturaleza que lo llevaría a enemistarse con el FMI y todos los organismos internacionales cuyas directivas están cumpliendo a rajatabla para perjuicio de la población argentina.

M.H.: ¿Cómo está el dengue?

R.S.: El dengue existe en nuestro país, durante muchos años fue exótico, venía con los viajeros de lugares donde era endémico como las zonas más tropicales. Con el cambio climático, nuestro país se fue haciendo más tropical, hoy los veranos porteños superan los de la época de los tangos de Piazzolla, no hay comparación posible. Pero no es solo Buenos Aires. Las altas temperaturas se han ido corriendo hacia al sur y con eso también las patologías ligadas a las altas temperaturas. Una de ellas es el dengue, que como todos sabemos existe en estado endémico y que lo transmite el mosquito. El mosquito pica a una persona, que está infectada de dengue, aunque no aparezca la enfermedad, porque no es una enfermedad continua, sino que existe por brotes y durante muchos años la enfermedad no se manifiesta, pero la persona tiene el virus; entonces el mosquito pica, come la sangre infectada y después pica a una persona sana y le inyecta la sangre infectada y así se va transmitiendo. Eso se llama “insecto vector” que es el que lleva la enfermedad.

En nuestro país existe en forma estable, está en la Argentina, no es necesario que nadie viaje a Paraguay o al sur del Brasil, sino ya en el Conurbano, parte de la provincia de Buenos Aires ya lo tiene y se va a ir desplazando hacia el sur. El mosquitoAedes aegypti, que es el mismo que transmite la fiebre amarilla, que era exótico en las zonas del litoral y las más tropicales del país ya se ha convertido en una especie endémica, tiene su hábitat permanente en las zonas templadas de la Argentina. O sea que tenemos el virus y tenemos el vector natural. No es necesario que nadie viaje para transportarlo.

Estoy hablando en sentido muy general. A partir de septiembre empieza a levantar el dengue. Hay hospitales en CABA que tienen consultorio específico para dengue, tienen todo tipo de profesionales, con apoyo bioquímico para los pacientes, que diagnostican los síntomas y hacen el control y monitoreo de la evolución de los pacientes. En general es una enfermedad auto limitada en la gran mayoría de las personas, son varios días con fiebre y tremendos dolores musculares. Por eso en algunos países se lo llama la fiebre quebranta huesos porque la persona siente que le rompieron los huesos. Pasan 5/7 días, una semana y hay recuperación espontánea. Lo cual no quiere decir que haya desaparecido el virus de la sangre de esa persona, pero está equilibrado. No se contagia de persona a persona, se contagia a través de un mosquito.

Estamos empezando la época del dengue que es mientras dura la temporada estival y hay mosquitos en circulación. Hay que cuidarse especialmente de los mosquitos. No hay medicación eficiente conocida, hay distintas pruebas empíricas, pero no hay una medicación. Se trabaja en esa línea investigativa y también se trabaja en el desarrollo de la vacuna. Tampoco hay vacuna a la fecha.

Entrevista a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone 

La oposición ha hecho de la presencialidad una bandera electoral 

M.H.: Cuál es tu opinión sobre el comienzo de clases el próximo 17 de febrero.

L.M.: Efectivamente, el gobierno de CABA pretende dar inicio de clases con presencialidad el 17 de febrero.  Esto en realidad forma parte hoy de un debate nacional que se está dando, sobre el regreso a clases este año. Es notable cómo han salido a posicionarse en un planteo bastante irresponsable sobre este tema. Hemos visto al propio ministro de Educación nacional Trotta decir y desdecir, primero decir que estaba planteado el regreso con presencialidad y luego manifestar que no todas las escuelas ni todas las provincias están en condiciones. Parece que hemos entrado en campaña electoral.

Y el tema del reinicio de las clases con presencialidad aparece como un tema de disputa entre el oficialismo y la oposición sin que ninguno tenga la capacidad de decir hoy cuáles serían las condiciones que permitirían un regreso con presencialidad casi al 100% como algunos están planteando. El colmo ha sido Patricia Bullrich, a la que yo llamo “Pepita la pistolera”, diciendo que “docente que no se reintegra hay que relevarlo de sus tareas”. Es una señora bastante irresponsable, pero no nos vamos a detener en ella.

Las familias están preocupadas tanto por la posibilidad de volver como de no volver a clases. Es un tema muy sentido que afecta al conjunto de la población. Casi toda la población tiene algún familiar en edad escolar. Empecemos por lo que ya hemos hablado en repetidas oportunidades, la presencialidad es el mejor ámbito para el desarrollo de la educación. El contacto entre pares, la interacción entre el docente y el colectivo de alumnos. Todo eso no tiene mejor espacio de desarrollo, especialmente en el nivel inicial y la primera infancia que en un edificio escolar o un ámbito que permita la presencialidad. Lo que hay que discutir no es eso, sino si existen condiciones para la presencialidad.

Participé de un zoom que hizo un colectivo de familias, que siempre se ocupan de la cuestión de la escuela pública, y que han creado un colectivo que se llama “Retorno seguro a las escuelas”. Me pareció muy interesante y serio el trabajo de este colectivo que ya tiene alrededor de 400 integrantes, que se ha hecho en estos días, mientras las familias se encuentran con la intriga de qué va a pasar cuando les planteen el regreso a las escuelas de sus hijos.

Hicieron un listado de preguntas para hacerle a la ministra de Educación de CABA y yo creo que también es extensivo al ministro de Educación nacional y puede servir de base para que sea presentado por familias y docentes de distintas provincias. Plantea discutir con seriedad cuáles son las condiciones para la vuelta a la presencialidad.

El año pasado el ministro Trotta emitió un documento, en el cual se decía cuáles eran las condiciones epidemiológicas para plantearse un regreso masivo o parcial de los alumnos a la presencialidad. Elaboró o dio a publicidad un semáforo epidemiológico que se utiliza en distintos países del mundo, donde hay tres indicadores, uno es cuál es el grado de transmisión, el otro cuál es el grado de crecimiento y el otro el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en la región. Si atendemos a los tres indicadores, por el momento el último estaría bajo, pero está arrancando el nuevo brote y en algunos lugares ya es muy alto el índice de ocupación de camas; la transmisión es muy alta. No responde a este semáforo las condiciones actuales en CABA. Entonces en vez de decir cosas que puedan generar ilusión en una familia que tiene un problemón porque necesita que los chicos puedan ir a la escuela para responder a la exigencia del empleador de trabajar. El índice del semáforo de transmisión y de crecimiento no da garantías de que se pueda reingresar a la escuela con presencialidad.

Seguro en CABA que tenemos un índice de mortalidad del 3,11%, confirmado por el ministerio de Salud de CABA.

Entonces, cuáles son las condiciones que hacen falta, además de estas epidemiológicas, condiciones sanitarias en las escuelas. Si para conservar distancia, 1,5 o 2 metros entre alumnos para que no haya posibilidades de que el aerosol al hablar contagie a los chicos, tendríamos que tener 8 o 10 alumnos por aula. En las aulas actuales esa situación no da para responder al núcleo de alumnos que hace falta para una supuesta presencialidad 100% como se pretende.

Y si supuestamente el docente atiende otra parte, en forma virtual, hay un problema ¿cuál es el docente que al mismo tiempo está dando clases virtuales? Excepto que se esté especulando con que el docente duplique su jornada laboral sin que se haya pensado en nuevos cargos o duplicación salarial. Al mismo tiempo en dos lugares no se puede estar. Entonces, no hay una adaptación física de las aulas y las escuelas para garantizar una presencialidad al 100% como se habla en CABA.

Segundo, la higiene de los baños y espacios comunes, requeriría un aumento, que hoy no puedo dar cifras del personal de limpieza de las escuelas, para garantizar algo que hoy no se garantiza con la planta de trabajadores actuales. Y podemos seguir, ya hemos hablado en otra oportunidad de la cantidad de chicos que quedó afuera del sistema educativo durante el 2020 por la falta de dispositivos y conectividad. El ministerio de Educación de la nación, sacó un documento de balance, o sea, que esto que voy a detallar a continuación son cifras oficiales y es que alrededor de un millón de chicos quedó afuera del sistema educativo, porque no tuvo ningún tipo de conexión o muy bajo. Yo me animaría a decir que puede ser mayor y que inclusive esta es una cifra muy relativa, porque si tuve algunas conexiones entraría a la categoría de “pudo acceder a conexión” y no es suficiente. Entonces, hay cifras que da el ministerio que indican que en nuestro país solo 1/3 de los docentes cuenta con dispositivos tecnológicos para su uso exclusivo, porque el docente también tiene hijos, tiene una pareja que también hace teletrabajo y a lo mejor no todos tienen un dispositivo. El propio ministerio reconoce que solo el 30% de los docentes tiene disponibilidad de un dispositivo en su casa. Esto es un problema delicado para las familias.

M.H.: Un dispositivo que por otra parte paga el docente.

L.M.: Claro, porque además los docentes tuvieron que salir a contratar un sistema de alrededor de 2.000 pesos para garantizar la conectividad. Todo eso pensando que solamente el 52% de los chicos tienen computadoras liberadas para uso educativo. Hoy me comentó una compañera que trabaja en un lugar muy pobre de Córdoba, que se llama Las Tapias, en Traslasierra, sus alumnos son hijos de familias que hacen ladrillos con el método ancestral, en su mayoría. Ella me decía que trabajó más que nunca en su vida, porque sus alumnos, los que logró que se mantuvieran conectados, algunos tenían que hacerlo a la noche porque el papá de día usaba el celular en su trabajo y volvía tarde. Y ella no le podía decir al alumno que su horario de trabajo es de 8:00 a 14:00. No tuvieron horario los docentes.

Cuando Patricia Bullrich o algunos otros personajes repugnantes, acusan a los docentes de ser los responsables de una situación que es realmente crítica, porque si más de un millón de alumnos quedaron fuera del sistema estamos hablando de una situación muy complicada. Este colectivo de padres que mencioné parte de un posicionamiento muy serio “Exigimos al gobierno que diga cuántas aulas y cuántas escuelas fueron reparadas y acondicionadas para esta situación de pandemia durante el 2020 y con qué nos vamos a encontrar en este 2021”. “Cuántos cargos nuevos se crearon para poder compensar la bimodalidad que se propone”. En Córdoba el gobierno se dio el lujo de no cubrir inasistencias, entonces no hubo suplencias, el gobierno se ahorró plata. Y esto también ocurrió en CABA. Muchos docentes perdieron el trabajo, la planta más precaria que son los suplentes, se encontraron con que no se convocaba a nuevos reemplazos y eso supuso que hubo alumnos que se quedaron sin clases sobre todo en las materias curriculares, que siempre se las considera en un segundo plano, Educación física, Música, etc.

Cuando el ministro Trotta da declaraciones claramente esta apurado y preocupado por responder a la campaña electoral que ya largó la oposición haciendo de este tema una bandera electoral. Con una falta de responsabilidad total. Yo creo que hay que saludar la posición de este colectivo que son familias que tienen que ser escuchadas y que van a dar una voz distinta a lo que está escuchándose en los medios. Ellos van a demostrar que para volver a clases hay que ser serios, garantizando condiciones epidemiológicas en primer plano y de limpieza e higiene en las escuelas. Mientras tanto tenemos que garantizar que todos los alumnos tengan dispositivos y conectividad. No sé por qué seguimos en la misma situación, no se resolvió nada desde el año pasado a esta fecha. Se prometen y dicen cosas que no son. El gobernador de Córdoba dijo que todas las escuelas de la provincia tienen internet. En octubre, me decían las maestras, empezaron a darles conectividad y las famosas computadoras que supuestamente habían repartido casi no existen. Es muy sencillo responder con seriedad a esta pandemia y al problema educativo, conectividad y dispositivos para todos en tanto no se den las condiciones epidemiológicas que el propio gobierno y las propias entidades oficiales han puesto como condición el año pasado que es el semáforo epidemiológico.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/__trashed/

 

 

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Entrevista a Silvio Schachter: «El techo para vivir no es una opción, no es una elección, es una necesidad prioritaria»

S.S.: El nombre Guernica tiene una asociación directa al bombardeo de la aviación alemana al pueblo de Guernica y uno de los cuadros icónicos y más emblemáticos del Siglo XX de Picasso que lleva ese mismo nombre.

Pero esta localidad recibe ese nombre antes, fue creada antes del bombardeo por una aristócrata que se llamaba Matilda Díaz Vélez que no tenía ninguna simpatía por la República española. Si bien es un homenaje a sus ancestros españoles vascos, no es una referencia al bombardeo. Eso se crea en 1934 cuando ella recibe de una herencia una parte de las estancias familiares y crea esta localidad que está en el partido que ahora se llama Presidente Perón.

El hecho que es conocido, se produce cuando 2.500 familias, unas 10.000 personas ocupan el terreno en Guernica e inmediatamente, no es el bombardeo de la aviación alemana pero sí el de los medios, políticos y varios funcionarios que reclaman acciones punitivas e ilegales y rodean a esta gente con una cantidad de adjetivos como “usurpadores”, “ilegales”, “especuladores”, etc. Cuando en realidad es un acto de desesperación de aquellos que no tienen techo, que están en situación de calle, que han sido expulsados de sus viviendas porque lacrisis económica les impide pagar un alquiler o la renta de donde estaban viviendo, inclusive en algunos lugares muy precarios como puede ser una villa miseria, donde un porcentaje muy alto de la gente que la habita tiene que pagar alquileres para vivir ahí.

La mayoría son familias, gente que se ha quedado sin trabajo, que estaba pagando unos lotes en zonas aledañas que producto de la crisis no pudo seguir pagando esas cuotas y no le quedó otro recurso que salir a ocupar una tierra.

Yo siempre insisto en que el techo para vivir no es una opción, no es una elección, no es que elijo este lugar porque quiero vivir acá. Es una necesidad prioritaria, nadie puede vivir sin un lugar físico a dónde hacerlo y es tan imprescindible como puede ser alimentarse o curarse.

Inclusive se puede vivir sin educación, con todo lo brutal que esto puede ser, pero se necesita un espacio físico para poder vivir. Y cuando ese espacio físico es negado por muchas razones, no queda otra opción que la búsqueda desesperada de un lugar accesible, a donde se pueda empezar a construir un techo.

Porque otro dato importante es que la ocupación de un terreno no resuelve el tema, es el primer paso de un largo y duro ejercicio de auto construcción con medios precarios, etc. La sorpresa de algunos que hablan de usurpación, que no se puede permitir este tipo de actos que violentan a la propiedad privada, ignora que el 25% de la población de América Latina vive en villas y asentamientos y que casi todas las villas, que nosotros le llamamos así, pero se puede llamar favela, cantregrill, rancho, depende de cada país, pero la mayoría de esos barrios pobres se han construido sobre terrenos ocupados. No vienen de loteos conforme a la lógica de la propiedad privada sobre la tierra. Quiere decir que estamos hablando de cien millones de personas viviendo en Latinoamérica en villas.

M.H.: Recuerdo el libro de Bernardo Verbitsky, Villa miseria también es América

S.S.: Excelente libro, de fines de los 50, de ahí surge el concepto “villa miseria”. Aunque ya había asentamientos pobres previamente. Él lo que hizo fue una descripción social del fenómeno. Porque es un fenómeno socio espacial, es espacial en tanto y en cuanto ocupa un espacio físico en el que desarrollar biológicamente la vida. Pero es un tema social, que tiene que ver con la pobreza, con la relación de propiedad. Es histórico a partir de la ocupación de tierras y la autoconstrucción de espacios, hábitats precarios donde vivir, se ha generado lo que en urbanismo se llama “urbanización formal” y “urbanización informal” y lo formal tiene que ver con las normas de propiedad del suelo urbano.

Estos procesos, entre lo formal y lo informal conviven a veces alejados entre sí y en otros casos en zonas de tensión, como sucede en Retiro o algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

M.H.: Como Flores Sur, Pompeya, entre otros. 

S.S.: Y uno va a Río de Janeiro y estando en Copacabana levanta la vista ve la favela en el morro.

M.H.: Yo conocí Mangueira, cuando fui en 1984, uno de los sambadores de Mangueira era amigo de un amigo, y ese año había ganado la escola entonces hicieron una fiesta ahí, y me llevó. Así conocí la favela de Mangueira. 

S.S.: Es una de las más grandes, aunque la más famosa es la Rosinha. Los sectores de la cultura, como Chico Buarque se declara fanático de la escola do samba de Mangueira.

M.H.: Cada escola tiene su torcida. 

S.S.: Sí. Mangueira sufrió cuando fueron las Olimpíadas y el Mundial de fútbol, que fue en el Maracaná, como se necesitaba más playa de estacionamiento y más servicios para el Maracaná que está muy próximo a Mangueira le serrucharon una parte a la favela y su gente fue desparramada por zonas que no recibían condiciones de habitabilidad. Fue hecho muy compulsivamente y comenzó inclusive en la época que gobernaba Lula. Hubo resistencias y movilizaciones que fueron bastante violentamente reprimidas por la policía, se oponían a la realización del Mundial y las Olimpíadas a cuenta de desalojar a la gente.

El desalojo siempre ha sido un método para aquellos que tienen el poder ante los más pobres. Para los cuales no existe la ley. Esto puede causar alguna reminiscencia a lo que fue la política de Cacciatore en la Ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura. Que “erradicó”, barrió y arrasó con las villas en la Ciudad.

M.H.: O el general Bussi que directamente las tapió en Tucumán. 

S.S.: Cacciatore subió a la gente en camiones y las dejó en descampados en el Gran Buenos Aires.

M.H.: Durante muchos años di clases en el Bachillerato Popular Darío Santillán en la Villa 21-24 de Barracas, y ahí tuve la oportunidad de conocer la historia del barrio a través de un trabajo que hicieron los chicos del CENS. La 21-24 fue completamente desalojada durante la dictadura. 

S.S.: Bueno, en la Villa 31 de Retiro quedaron muy pocas casillas a partir del recurso de amparo que presentaron abogados, una abogada que en ese momento era mi compañera y otro abogado que lograron que la justicia impidiera el desalojo de muy pocas casillas, en ese momento eran 20, la mayoría fueron desalojados. Cacciatore lo que hacía era tirarles los contenedores encima. Y a partir de que se frenó ese desalojo la Villa poco a poco se fue reconstruyendo.

M.H.: ¿En qué año fue esto? 

S.S.: En 1977 en plena dictadura. Hay un tema de Spinetta sobre la Villa del Bajo Belgrano que Cacciatore también desalojó, esa Villa desapareció por completo, nunca más se volvió a construir. Ahora hay viviendas de alta gama.

En general los desalojos compulsivos y más rápidos se producen en terrenos que tienen precio alto para el mercado inmobiliario. Aquellos que se construyen sobre basurales o zonas inundables son más “tolerables” por decirlo de alguna manera. Aquellas que no tienen valor comercial al menos en lo inmediato, lo que sucede es que la Ciudad crece y lo que hoy aparece como bajo valor, en algún momento descartado para el mercado inmobiliario, a medida que la Ciudad crece o que el Estado va construyendo servicios, ese suelo aumenta el precio y también la presión por el desalojo.

M.H.: Que es lo que pasa precisamente con la Villa 31, que está interrumpiendo el corredor de la costa. Y la otra que también cumple el mismo rol es la Rodrigo Bueno. 

S.S.: Claro porque está al lado de las tierras que fueron fraudulentamente adquiridas de lo que fue la Ciudad deportiva de Boca. Que tiene un proyecto que se llama “Santa María de los Buenos Aires”. El Estado siempre ha sido muy generoso con los grandes operadores inmobiliarios para cederles tierra a cambio de dinero y entregar tierra pública, que nos pertenece a todos, que se ha valorizado social y culturalmente con infraestructura que todos pagamos.

El derecho constitucional a la vivienda pocas veces se cumple 

M.H.: Yo quiero cuestionar también esta idea de sentido común de la propiedad privada que tanto se ha instalado en nuestros días. Porque hay que recordar que la propiedad de la tierra en América Latina no era privada, era comunitaria. Incluso hoy en día tenemos varios conflictos en el territorio nacional con nuestros pueblos originarios por ese motivo. 

S.S.: Ese es un tema que recorre toda América Latina, sobre todo en el área extractivista. Son pueblos originarios o trabajadores de la tierra cuyas familias han vividos siglos ahí, son desalojados compulsivamente, como en este caso se pretende con Guernica u otras tomas de tierra, para garantizar la explotación del subsuelo por parte de grandes compañías internacionales.

También el Estado es muy flexible, y en realidad actúa como punta de lanza, le ofrece el poder de policía a aquellas multinacionales que no lo tienen y en algunos casos también tienen el poder de policía ellos.

M.H.: Lo tratamos hace poco con Gustavo Lahoud referido al empresario inglés Lewis en el sur, que no solo tiene una policía privada, sino además el apoyo de la Prefectura en el último intento de llegar al Lago Escondido y de la propia policía provincial rionegrina. 

S.S.: La historia de los grupos es muy conocida en Brasil también, hay una película que se llama “Antonio Das Mortes” de Glauber Rocha. Siempre hubo estos grupos paramilitares, que actúan abiertamente como sucede ahora en Colombia y en otros lugares de Centroamérica.

Sobre lo que sucedió y sucede aquí en la Patagonia, Osvaldo Bayer escribió mucho y muy bien sobre el tema, donde los grandes estancieros utilizaban cazadores para desplazar a los habitantes originarios y les pagaban por orejas. Hoy utilizan otros métodos, pero el contenido es parecido.

El suelo no es un bien producido, no es un producto de la riqueza generada por el hombre, ni siquiera le cabe el concepto de meritocracia. El suelo no es producido por nadie, por eso no tiene valor, tiene precio, pero no valor. El suelo siempre es apropiado sobre la base del dinero. No es una mercancía común, porque es un bien limitado, no se reproduce y en cuanto más crece la ciudad lo que aumenta es su precio. Con lo cual es un bien que básicamente especulativo. Muchas veces he comentado este ejemplo. Si voy a un terreno y dejo ahí un millón de dólares durante un tiempo, cuando vuelva va a seguir habiendo un millón de dólares. Es el trabajo humano sobre ese terreno el que le da cierto valor. Cuando no hay trabajo humano en ese terreno el precio tiene que ver con todo lo que se construye alrededor. La estructura, la vida social, cultural, etc. Esos fenómenos que después derivan en otro proceso como la gentrificación son muy claros.

Lo que quiero señalar es que la idea de que hay un Estado mediador está en crisis, porque en realidad todo lo que está haciendo es desalojando, y el desalojo es una manera de encubrir el problema, porque está trasladando a la gente generando más parias urbanos. Además, justamente ahora en la provincia de Buenos Aires hay un ministro de Seguridad que no es Patricia Bullrrich pero que se parece mucho. De hecho, hay un spot suyo en el que se vanagloria en el corto período que está en la provincia de haber desarmado 800 tomas y metido presa a más de 500 personas. Lo cual se contradice bastante con algunas declaraciones del gobierno actual en las que se habla de justicia social, derechos, etc.

Me parece que empieza a ser cada vez más incompatible ese discurso con las realidades que se van planteando sobre todo para aquéllos con más niveles de urgencias. Hay que esclarecer este problema y reivindicar el derecho a la vivienda que dice la Constitución e innumerables declaraciones internacionales pero que pocas veces se cumple. Lo que sí se cumple es la judicialización de estos procesos y el desalojo compulsivo, con lo cual los derechos escritos si no se cumplen de poco sirven.

Fuente: https://rebelion.org/el-techo-para-vivir-no-es-una-opcion-no-es-una-eleccion-es-una-necesidad-prioritaria/
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“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”

Por: Mario Hernandez

Se desmorona la versión criolla del fin de la historia

Según Peña (Marcos, Jefe de Gabinete), el triunfo del Gobierno en la elección del domingo pasado marca el final de la etapa abierta con la fenomenal crisis del 2001.En la teoría urgente elaborada por el jefe de Gabinete, el voto que consolidó a Cambiemos provino de una sociedad que rechazó seguir extorsionada con el miedo al regreso al pasado traumático. Clarín 29/10/2017

Manifestarse en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Neuquén, San Pedro en Jujuy, La Plata, Luján, Río Negro, Ingeniero Juárez (Formosa) implica someterse a gases lacrimógenos, emboscadas, balas de goma y cacerías policiales, pero además al aparato de propaganda paraestatal (el ejército de trolls que operan bajo el control de la Jefatura de Gabinete) y los canales de TV como América con “periodistas” oficialistas como Eduardo Feinnman que igualan a un activista que tiró una bengala como Sebastián Romero, con policías que dispararon balas y proyectiles a mansalva.

La táctica del lunes 18 fue distinta a la del jueves anterior cuando se practicó la “represión preventiva”. Mientras que en la primera los efectivos se dejaron cascotear durante una hora para después reprimir, justificados por las imágenes que los exhibían como víctimas. El saldo de heridos policiales fue de más de 80, mientras que en la segunda solo de 8. No obstante, en ambas la situación de los reprimidos fue similar. Se superó el centenar de heridos y detenidos al voleo, una práctica que se hizo habitual.

Daniel Sandoval que enseña Química en una escuela de Villa Soldati perdió un ojo y terminó con 15 balas de goma en el cuerpo, seis de ellas en la cabeza. Así el gobierno busca instalar el terror.

Docentes, militantes de organizaciones sociales y periodistas [1] son los blancos preferidos por las fuerzas de seguridad. Seis personas perdieron los ojos a manos de la policía. Una nueva modalidad represiva.

Miedo a ser golpeado, de sufrir un allanamiento en la madrugada, de ir preso y quedar procesado. A pesar de todo la gente sigue saliendo. El lunes a la noche las calles se llenaron de pibes con cacerolas.

Pronunciamientos contra la represión

La represión policial que provocó decenas de heridos durante las manifestaciones contra la reforma previsional motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara su preocupación por el uso “inadecuado” y “desproporcionado” de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. El organismo de la OEA difundió un comunicado en el que recordó que “la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”. En este sentido, advirtió que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron además un llamado a las autoridades “a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante esas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes”. El texto dado a conocer habla específicamente de dos operativos represivos. El 14 de diciembre fue el día en que, al no poder mantener el quórum, se cayó la primera sesión de Diputados para aprobar el ajuste jubilatorio. “Según la información recibida por la CIDH, varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza”, indicó el comunicado. La segunda referencia es a la represión del lunes 18. En el comunicado difundido el jueves pasado, la Relatoría hizo especial mención de la violencia de los efectivos contra periodistas que registraban los hechos. “Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación”. Los especialistas recordaron finalmente que en democracia, “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.

Mientras tanto, agitando el fantasma de un «renacer de las guerrillas urbanas» el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, pidió nuevas leyes que impidan excarcelar a «los violentos» detenidos en manifestaciones.

Las opiniones de Moldes fueron avaladas por Macri: “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, afirmó el primer mandatario, encubriendo a los policías que le pasaron por encima con una moto a un joven que estaba en el piso. O a los policías que disparaban balas de goma a corta distancia a personas indefensas, apuntando al rostro.

A tono con las declaraciones presidenciales, en el Congreso ya preparan una ley que limite la excarcelación de los manifestantes. Y hay jueces y fiscales dispuestos a aplicar la Ley Antiterrorista sancionada durante el kirchnerismo. Sazonada con amenazas de persecución a los organismos de Derechos Humanos proferidas por la funcionaria judicial de la dictadura y actual diputada del oficialismo, Elisa Carrió.

Ante estas declaraciones, el abogado y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil , señaló: «Pedir una ley como lo hace Moldes para no excarcelar es la consagración de un estado de excepción: con una apariencia de legalidad lo que hacen es disciplinar e impedir que la gente proteste».

Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, afirmó que el Gobierno está «evaluando y recopilando todo para pedirle el juicio político» a la jueza López Vergara por ordenar que la Policía no lleve armas letales a la manifestación. También pidió que se aplique la figura de «sedición» a los manifestantes del lunes pasado, señaló al «Partido Obrero, al Partido de izquierda (sic), Frente Para la Victoria, ligado a La Cámpora» y la «UOM de Quilmes» como los autores de una «planificación» para «desestabilizar al gobierno», y adelantó que investigarán la responsabilidad en «las máximas conducciones» para «solicitar en el juzgado electoral y a la Cámara Electoral sacar la personería jurídica de los partidos políticos».

En una conferencia realizada el viernes, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y los organismos de derechos humanos y antirrepresivos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leyeron un pronunciamiento donde denuncian la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri : « en una ciudad militarizada, todos los manifestantes sufrimos durante horas gases lacrimógenos tóxicos, balas de goma, ataques de camiones hidrantes, a manos de una fuerza policial con órdenes de descargar toda su brutalidad contra el pueblo. Así ocultan que las fuerzas represivas disparaban a la cara de los manifestantes . Posteriormente desataron una cacería en el centro de la ciudad, con más de 130 detenidos sobre los que pesan imputaciones penales graves, como forma de amedrentamiento. Para frenar la movilización popular también el gobierno reprimió el cacerolazo espontáneo de miles y miles por la noche del 18«.

También remarcaron que «Macri ha lanzado un ataque contra una jueza por limitarse a dictar un fallo estrictamente ajustado en lo legal, que prohíbe el uso de municiones de plomo para reprimir movilizaciones«.

En este sentido, denunciaron: «el Gobierno Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio» .

Finalizaron recordando «los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de los movimientos sociales el 13/12, contra los trabajadores que protestaban el 14 de diciembre primero en La Plata y luego frente al Congreso Nacional, demuestran que el gobierno nacional y la inmensa mayoría de los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas las garantías democráticas si es necesario«.

También la OIT pidió explicaciones al gobierno por las detenciones del Secretario general y el Secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, Sergio Reynaldo Juárez y Néstor Bautista, respectivamente, que fueron encarcelados junto a más de una veintena de trabajadores que se manifestaban contra los despidos y el retraso salarial en San Pedro (Jujuy).

Cae la imagen presidencial

El lunes 18, previo a la brutal represión desencadenada en Plaza Congreso y alrededores, el índice de optimismo que releva Management and Fit para Clarín revelaba la caída de los números de la imagen presidencial en el ámbito económico y político. Se trata de la primera caída considerable desde los resultados electorales de octubre, hace apenas un par de meses atrás.

En materia política, el “optimismo” bajó 2 puntos, el subíndice de “expectativas” cayó 2,5 y el de clima político bajó 1,8, pero las principales caídas se dan en percepción de eficiencia del gasto público (4 puntos), aprobación general de gestión (3,2) y la percepción de capacidad futura del Gobierno para resolver problemas (3). La percepción de confianza en la economía actual baja 1,3 hasta los 35 puntos sobre 100. “La variable más afectada en materia económica es aquélla que mide la percepción sobre el nivel de vida alcanzado que cae 1,9 puntos”, destaca Juan Pablo Hedo, de la consultora.

El último domingo se conoció otra encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) donde consigna que la imagen positiva de Mauricio Macri era de un 52,5 % el 17 de noviembre y descendió a un 43,4 %. Además, el 74,2 % opina que la Reforma Previsional perjudicará a los jubilados y el 69 % que en estos dos años se benefició más a la clase alta.

Para el oficialista Clarín, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se ubicó 8 % por debajo de la semana anterior a la elección de octubre al igual que la diputada oficialista Elisa Carrió. Macri, con el 38 % de imagen positiva, 9 % por debajo de su nivel en el mismo período.

También cayó el consumo masivo en supermercados un 0,7 % en noviembre frente al mismo mes del año pasado y acumula una merma interanual del 3,4 % en once meses. Los supermercadistas advierten que el arranque de las ventas en diciembre fue flojo, más allá de la usual tracción de las fiestas. Según un informe elaborado por el Indec, octubre también había cerrado con caída de ventas en supermercados del 0,1 % en términos interanuales.

El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró en diciembre una caída del 15,5 %, la mayor de los últimos 22 meses.

La desregulación del mercado de combustibles jugó a contramano del pronóstico del presidente Mauricio Macri que, al momento de anunciar la medida, en octubre pasado, se mostró confiado en que el precio internacional del petróleo iría a la baja. Desde ese entonces, sin embargo, la cotización del barril, que se mantenía en torno a los 50 dólares, registró una curva ascendente que hoy lo ubica casi en los 65 dólares. Ya con un mercado abierto que no es intervenido por el Estado, esa presión alcista del crudo a nivel mundial, que se combina con el deslizamiento del dólar por sobre los 18 pesos, podría decantar en un nuevo aumento en los surtidores argentinos. Sin embargo, la posición de las petroleras es contradictoria y aún no hay una decisión tomada. Las dos últimas subas (a fines de octubre y a principios de diciembre), que acumularon un aumento del 16%, les dio margen para maniobrar.

Apuntes económicos para entender la reforma previsional

En “Deuda y Jubilaciones” del pasado 19/12, publicado en infoydata, el economista Héctor Giuliano sostenía: “Bajo el ampuloso título de Reforma Previsional el gobierno Macri ha logrado la aprobación parlamentaria de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios –y beneficios sociales en general – que disminuye el aumento de los sectores pasivos de la economía.

Esto es, una ley que permite la rebaja en los incrementos de los gastos sociales del Estado a costa de los jubilados como uno de los componentes centrales de la contención y/o baja del Gasto Público y del Déficit Fiscal.

La clave funcional del Proyecto de Ley (PL) aprobado es lograr un ahorro del Gasto Público por concepto de gastos previsionales que compense, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la Deuda Pública.

El logro de la aprobación parlamentaria de esta Reforma Previsional para reducir los aumentos a los jubilados forma parte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de Noviembre pasado, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22.10, durante cuya campaña notablemente tanto oficialismo como oposición política no sometieron a debate ninguna de las iniciativas que fueran sólo enunciadas por el gobierno de Cambiemos para después de los comicios.

Peor aún, el mismo gobierno –a través de su Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña – en declaraciones producidas en Agosto pasado, había desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de Reforma Previsional del Ejecutivo para después de los comicios de Octubre.

La actual fórmula de indexación de haberes –que se usa para actualizar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por discapacidad, AUH y otros gastos sociales– toma en cuenta dos factores básicos: la evolución de los salarios activos y el ritmo de recaudación tributaria.

La nueva fórmula del gobierno Macri cambia estos factores reemplazándolos por otra cuya incidencia corresponde a la Inflación pasada en un 70 % y a la evolución del Índice Salarial o Ripte en un 30%.

En el próximo mes de Marzo, los jubilados –y, por extensión, todos los beneficiarios sociales– percibirán así un aumento de sólo un 5.7 % mientras que por aplicación de la fórmula de actualización hoy vigente les correspondería un 12 %, es decir, poco menos de la mitad.[2]

Esta pérdida en los haberes jubilatorios no se recupera tampoco con el nuevo Bono compensatorio –planteado, a último momento, como paliativo parcial para los beneficiarios más bajos– que, a su vez, es un bono de carácter discriminatorio porque se concedería sólo a personas con ingresos menores de 10.000 $/Mes y es una suma que sigue estando por debajo del valor de la Canasta Básica Total, que mide la Línea de Pobreza.

En un artículo anterior, “Deuda pública y reformas macristas” del 2/12 había advertido en referencia a la reforma impositiva:

«El objeto central de las reformas –siempre según la formulación oficial– sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.

Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir –y menos en el corto plazo– en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.

En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?

Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno –a través del Banco Central (BCRA)– el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (¡desde los 30 días!) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual.

En síntesis, que la mentada reforma tributaria no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una batería de medidas y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.

Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado: Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri -que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar- el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo.

Los grandes acreedores externos están apretando al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses –ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia– y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores.El paquete de Reformas Estructuralesun conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales– tendría por finalidad seguir ganando tiempomientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri. (Negritas mías)

Consenso fiscal

“Si no hay reforma previsional, no hay Pacto Fiscal”, advirtió el Gobierno a los gobernadores antes de la sesión legislativa del jueves 14, con el objetivo de alcanzar quórum. Al fracasar desde el viernes se convirtió en amenaza. Sin Pacto Fiscal se caía todo el acuerdo entre Macri y los gobernadores, reapareciendo el Fondo del Conurbano y su caja de $ 55.000 millones que perderían las provincias. Así, una vez más se sentaron todos los gobernadores, peronistas y no peronistas, con la excepción de Alberto Rodríguez Saá, en la mesa del ministro Rogelio Frigerio a acordar lo que luego se conoció como “consenso fiscal”. De caerse el Pacto Fiscal, también arrastraba a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y dependen de fondos nacionales para cubrir sus déficits que en 2017 ascendieron a unos $ 15.000 millones. El Gobierno les alertó que si no tenía su reforma previsional, tampoco tendría recursos para asistirlas. Tampoco incluirían en el Presupuesto 2018, que comenzaría a tratarse después de la reforma previsional, obras públicas en las provincias acordadas previamente. Sin que se vuelque en un texto puntual, los gobernadores también acordaron que la Nación será “más colaborativa” cuando las provincias requieran, como ocurrirá con varias a fin de año para pagar sueldos y aguinaldos, anticipos de fondos o asistencia vía ATN para cubrir “eventualidades”, según manifestó un mandatario.

Despidos estatales

El pasado martes trabajadoras pertenecientes a la Subsecretaria de Coordinación de Programas Productivos y Acción Cooperativa del Ministerio de Producción, con sede en la ciudad de La Plata, fueron notificadas de la no renovación de 17 contratos, sumándose a los más de 150 despidos en la provincia.

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, avisó a los gremios que hay una decisión tomada de no renovar en el cargo a todos los docentes suplentes y provisionales que no tengan el título habilitante. La medida afectaría a alrededor de 7.000 maestros de grado. Se trata de la aplicación de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente donde se establece el cese en el cargo al finalizar las tareas de cada curso escolar, para aquéllos que hubieran accedido al cargo sin título habilitante. Aunque la ley es de 2006 hasta ahora nunca se había aplicado y la renovación se hacía de manera automática el 31 de diciembre de cada año.

El conflicto ocurre en las puertas de la discusión salarial 2018. Si bien hubo una primera reunión paritaria, hasta ahora no comenzó la negociación por el aumento. El gobierno aguarda la inflación de diciembre ya que el 21,5% otorgado este año a los docentes está atado al Índice de Precios de cada trimestre. El titular de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que «la semana que viene nos tendrían que estar convocando porque tienen que aplicar la cláusula gatillo ya que la inflación es más alta que el 21,5% que firmamos».

Con la presencia de trabajadores de emisoras de las provincias, de la Agencia Telam, de la TV Pública, y de representantes de los sindicatos integrantes de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (FATPREN, FETRACCOM y CISPREN), se exigieron precisiones sobre la continuidad del personal contratado y rechazaron el plan de jubilaciones anticipadas en Radio Nacional.

El director ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levín, reunió a los principales gremios del canal para anunciarles su salida de la señal.

La noticia puso en guardia a los sindicatos de Televisión (SAT) y de prensa (SiPreBA) que vienen encabezando el rechazo al ajuste, ya que el ahora ex funcionario, en la práctica el director del canal, se había comprometido a no implementar recortes de personal mientras estuviera en su cargo.

Los recortes en el Ministerio de Cultura amenazan dejar a 64 trabajadores en la calle. Como respuesta, cacerolas, bombos y aplausos se hicieron sentir frente a la sede de calle Alsina al 400 como un “ruidazo” que denuncie la política de ajuste fiscal y de vaciamiento de programas culturales que impulsa el Gobierno.

El viernes al mediodía 70 trabajadores del Ministerio de Defensa fueron despedidos. Entre ellos 10 pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estaba conformada por 35 trabajadores.

De esta manera, quedan desmanteladas las áreas de archivos y políticas de género. El área de archivos se encarga de aportar documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas a las causas judiciales de lesa humanidad. Asimismo, la Dirección de políticas de género lleva a cabo la tramitación de denuncias de vulneración de derechos humanos en razón de género y realiza capacitaciones, entre otras tareas, dentro de las Fuerzas Armadas.

Otros 27 corresponden a la sede central de Fabricaciones Militares, a ellos se sumó el recorte anunciado para la planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, donde fueron desvinculados 35 trabajadores más.

Basándose en el último informe crítico que elaboró el IEC sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 elevado al Congreso por el Gobierno Nacional, la Conadu (docentes universitarios) exige $ 9.700 millones para la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, la regularización de los contratados y ad honorem, las becas estudiantiles y gastos de funcionamiento y para recuperar la pérdida salarial y el poder adquisitivo de 2016.

Más despidos privados

El viernes los trabajadores de la empresa Rodolfo Stockl no pudieron ingresar a la planta industrial. Además, les adeudan la mitad de la 2ª quincena de noviembre y la 1ª de diciembre más el aguinaldo. Por tal motivo, marcharon al Ministerio de Trabajo y a la UOM Seccional Avellaneda.

El jueves fue confirmada por la seccional de Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que la empresa Vasalli se desprenderá en una primera etapa de 52 operarios y estiman una cifra similar para enero de 2018.

“Lo curioso es que el próximo miércoles 27, en Rosario, está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las autoridades de la UOM y los titulares de la empresa. Simultáneamente, se realizará una manifestación de la cual participarán distintas seccionales de la UOM en Santa Fe”, detalló El Correo de Firmat.

En la tarde del jueves 21 se puso en marcha un importante operativo policial en la zona céntrica de La Plata para desalojar a trabajadores ambulantes, tal como sucedió el pasado martes 12.

Comienzan a calentarse las paritarias

El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por un período de 15 días en toda la actividad bancaria.

Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe explicaron en un documento en representación del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que la decisión oficial fue impuesta no obstante “el incumplimiento de Trabajo de la convocatoria a la paritaria dispuesta en el último acuerdo salarial” y en el contexto del conflicto originado por “la irrisoria oferta de las cámaras patronales de producir un aumento del 9 %” para 2018.

La Bancaria realizó asambleas en las dos últimas horas de atención al público en la totalidad de las entidades financieras en rechazo de ese aumento salarial y la City porteña estuvo prácticamente paralizada.

El Gobierno ya acordó un aumento salarial de 17% con los empleados de Intercargo, la firma estatal que se dedica a la atención en tierra de los aviones, y está próximo a cerrar un trato con el personal de Aerolíneas Argentinas por un promedio similar. La suba, sin embargo, tendría un impacto de bolsillo mayor, de entre el 20 y 25%, según la categoría del empleado, debido a que algunos tramos de pago serán no remunerativos.

Con los pilotos de APLA, en tanto, negocia sobre la misma base aunque con un ítem adicional por productividad, que representaría un beneficio mayor y que llevaría el alza por encima de 20%.

Lo que se defina con la paritaria de la estatal Aerolíneas Argentinas se replicaría en la privada Latam, que postergaría su paritaria a enero porque el Ministerio de Trabajo renovaría la conciliación obligatoria por las últimas medidas de fuerza.

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró “en estado de alerta permanente” y consideró la posibilidad de “no iniciar el ciclo lectivo 2018 en caso de que no haya una propuesta salarial que responda a la demanda de los docentes” en actividad y jubilados.

Tras conocerse la propuesta de un nuevo Reglamento del régimen de Residencias, cientos de jóvenes trabajadores de la salud organizaron su rechazo con un paro provincial activo realizado el martes y se movilizaron desde diferentes hospitales y centros de atención primaria a 4 y 51, sede de Desarrollo y Capacitación del Ministerio de Salud.

El nuevo reglamento deja de entender a las residencias como un “modelo formativo remunerado” para pasar a llamarlo escuetamente “modelo formativo”. Atribuye una “asignación dineraria en concepto de beca de capacitación”, un gran retroceso frente a la remuneración vigente mensual, la cual está sujeta a normas de liquidación y actualización. Se rechaza la incorporación al régimen previsional y a las asignaciones familiares como la AUH. Se quita el derecho al SAC (aguinaldo), y como si fuese poco la beca estaría sujeta a “cese por fuerzas mayores”. Es inadmisible el concepto de beca negando los derechos conquistados de los trabajadores.

Un ataque brutal para quienes hoy son de los principales sostenes de la Salud Pública. Los residentes llegan a realizar jornadas de más de 30 horas, con un salario que no cubre la canasta básica y con una inestabilidad laboral que no les garantiza la continuidad dentro de los hospitales una vez finalizada su especialización.

El rey desnudo se va dos semanas de vacaciones a Villa la Angostura

El pasado 18D, luego de jugar al paddle en la residencia presidencial de Olivos, el presidente Mauricio Macri arribó a la Casa Rosada poco antes de las 15:00. Allí recibió a los directores locales del grupo franco-suizo Lafargue-Holcim, la mayor cementera del mundo, que según la justicia francesa es también una corporación que financia el terrorismo yihadista.

Unos días antes, el viernes 15 se cumplió un mes de la desaparición de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Mientras sufren el maltrato de los funcionarios, los familiares siguen esperando noticias, exigiendo que la búsqueda no termine.

El gobierno ruso ofreció buscar al submarino perdido durante un mes, con el buque oceanográfico Yantar que se encuentra en Puerto Nuevo, y cuenta con un submarino de alta tecnología y equipos para detectar y filmar objetos hundidos a más de 1.000 metros de profundidad, lo que puede revelar las causas del naufragio. El gobierno denegó terminantemente la búsqueda, pasando también por arriba del enfático pedido de los familiares de la tripulación del submarino.

Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, la submarinista y única mujer a bordo, escribió en Twitter: “Señor Mauricio Macri, ¿usted está de vacaciones? ¿Usted es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? Desde mi punto de vista tendría que estar en Puerto Belgrano verificando las operaciones de búsqueda del ARA San Juan”. Tiene razón. Pero el Presidente hizo oídos sordos, al igual que ante el reclamo popular contra la reforma previsional, y optó por ir a descansar un par de semanas junto a su amigo Nicolás Caputo y cerca de su también amigo Joe Lewis.

Mientras tanto, se conoció el ajuste en las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, sobre las tareas de mantenimiento en las Fuerzas Armadas. Al rubro Mantenimiento y Producción para la Defensa, se le habían asignado en 2015 un total de $ 1.032 millones. En 2017 se redujo a la mitad: $ 533.140.000, monto del que al 23 de noviembre, el día en que se confirmó la explosión en el ARA San Juan, había sido ejecutado apenas un 51,2 %.

En abril, el gobierno anunció un fuerte recorte de “gastos superfluos” en Defensa por $ 4.154 millones. El grueso del ajuste afectó directamente proyectos industriales y capacidades productivas. A la interrupción del plan de re motorización de los aviones Pucará se agregó la suspensión de la fabricación de la serie II de los radares RPA3L-DaII. Hubo recortes de personal en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y en Fabricaciones Militares, y se canceló la inversión en las plantas de pólvora de Azul, Río Tercero y Villa María.

Otra erogación que se decidió suspender fue la reparación del submarino ARA Santa Cruz, presupuestada en $ 20 millones. Respecto del rubro “Transportes Navales” de la Armada, el Presupuesto 2018, le quitaba $ 170 millones. Este año fue de $ 292 millones, pero solo se ejecutó un 34,5 %. Pasaría a ser de $ 119.630.000.

Ni el tiro del final te va a salir: la conferencia de la OMC fue un fracaso

Nadie intentó esconderlo. De nada sirvieron las deportaciones, el operativo de seguridad que provocó un caos de tránsito, las pérdidas de los negocios de la zona de Puerto Madero y sus alrededores y el millonario presupuesto gastado en la organización.

La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, dijo que había sido “horrible, una ocasión perdida. Estoy muy triste de decir que no hay ningún resultado”. Y el director del organismo, Roberto Azevedo, calificó la Cumbre como “decepcionante”.

Siguiendo con las malas noticias, Macri esperaba anunciar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero no pudo. Los europeos dijeron que quizá el año que viene.

Más allá de las disputas en la OMC, el modelo de neoliberalismo impulsado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los ‘80, ya no es el paradigma de los países como EE.UU. que con sus ataques a la OMC, intenta cambiar las reglas que promueven la liberalización arancelaria y el debate multilateral, inclinándose por generar TLC bilaterales y negociaciones comerciales inaceptables con los países periféricos, al tiempo de respaldar la producción nacional made in USA , acompañados por sus socios conservadores británicos a partir del proceso de ruptura (Brexit) con la Unión Europea.

A contramano de esos cambios, algunos líderes neoconservadores latinoamericanos, como Mauricio Macri o Michael Temer, ostentan un neoliberalismo reciclado, sin las renovaciones anunciadas por las campañas electorales, que muy bien maquillan el marketing político y los medios hegemónicos. El dúo está proponiendo más de lo mismo, con aperturas económicas en condiciones desfavorables para la producción nacional, que tendrán repercusiones laborales, distributivas y culturales. Ya empezaron con las reformas previsionales y laborales.

Las trabas en las discusiones de la OMC no significan el fin del capitalismo, ni un paso atrás de las poderosas transnacionales, aunque representan una crisis del modelo neoliberal, que puede convertirse en posibilidad para aquellos sectores de la sociedad mundial que pretenden salir de los estrechos márgenes del libre comercio, porque los temas agrícolas-alimentarios, las disputas por las patentes -especialmente de medicamentos-, sobre la producción industrial soberana y la desregulación de servicios médicos y educativos, siguen siendo fundamentales para las sociedades, y por ello son parte de la agenda política mundial en disputa.

Se suma a esa agenda de discusión, el tema del comercio electrónico, que promete ser la batalla de batallas por el control de mercados, por los software y las monedas digitales, una problemática que debe estar en la retina de investigadores, Estados y organizaciones, para un análisis profundo, sin esperar a que los desreguladores de Google, Amazon, Alibaba y e-Bay, avancen en el control mundial del comercio electrónico, porque el neoliberalismo en los centros de poder mundial se está repensando en esos ámbitos, aunque los neoliberales criollos reciclen la pesada herencia de los 80.

La represión del estado argentino contra los manifestantes pacíficos que participaron en la contra-cumbre en la Universidad de Buenos Aires y contra de los expertos internacionales de las ONG, a quienes se les negó la entrada al país, son la muestra del maridaje entre el poder y la violencia, que es la forma de acumulación de riquezas del modelo imperante. No es casualidad el uso de la fuerza desmedida, es la forma de gobernar de las democracias restringidas, propia de los conservadores, nuevos y viejos.

Notas

[1] En la marcha del lunes último hubo 36 fotógrafos, camarógrafos y cronistas heridos, según reveló el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). El jueves anterior, 12 fotógrafos baleados, 3 afectados por gases y chorros de camiones hidrantes y un periodista agredido por policías.

[2] El Gobierno aún no informó cuánto estima que será el porcentaje de aumento según la fórmula anterior. Sus cuentas hablan de un 14 %, pero con los datos de noviembre, el especialista Guillermo Jáuregui lo calculó en 14,7, pero atento a la marcha de la recaudación y de los salarios de diciembre, el porcentaje podría ser aún mayor. En ese caso, se agrandaría la diferencia con el 5,7 % para marzo de la nueva fórmula.

Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, www.infogremiales.com.arwww.pagina12.com.ar, Anred, Resumen Latinoamericano, www.perfil.com

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