La jueza María Tolomei dictaminó la sentencia de tres años de prisión contra el dirigente docente, Santiago Goodman, por “incendio estragoso”.

El 4 de agosto había declarado culpable al ex secretario de ATECH y había declarado la absolución de Mariana Castro y Marcela Ancaleo que también estaban imputadas por el mismo delito.

La acusación contra Goodman se basó en una pueblada donde participaron cientos de personas y en donde la defensa denunció una “zona liberada” por parte de la policía y “espionaje ilegal” a los manifestantes. El propio tribunal reconoció la gran cantidad de personas presentes.

Se refiere a la crisis provincial de septiembre del 2019, cuando durante todo el año hubo protestas y tuvo su punto más agudo, el 17 de septiembre, cuando distintos sectores encabezaron una protesta enfurecidos por el fallecimiento de Jorgelina Ruíz Díaz (52 años) y María Cristina Aguilar (55 años), ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia. Las maestras murieron por un accidente de autos luego de volver de una movilización por la falta de pago de salarios y paupérrimas condiciones laborales. En la jornada la policía reprimió y la protesta culminó con el incendio de la Legislatura.

Una nueva movilización frente a la Oficina Judicial de Rawson, Chubut, ante el adelantamiento de la audiencia, acompañó al dirigente docente: “No podemos permitir que se siga criminalizando la protesta. No les vamos a entregar a ningún compañere”, afirmaron desde la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut.

Sobre la condena al ex dirigente de ATECh, Santiago Goodman, se pronunciaron el conjunto de las organizaciones que conforman la Red de Organizaciones por los DD HH de Chubut a través de un documento.

Comunicado de la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos – Chubut

Con enorme malestar, y no sin asombro, leemos el comunicado de los Fiscales del país en torno al proceso penal y la condena de Santiago Goodman, ex dirigente de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). Aun cuando esa respuesta corporativa pudiera esbozar un tibio esfuerzo solidario con la Fiscal de la causa, Florencia Gómez, resulta en un claro pronunciamiento contra todo principio democrático y adquiere, por lo tanto, notable peligrosidad.

La protesta social es un derecho consagrado y pensarla desprovista de historicidad como se afirma en el documento “es preciso destacar que el objeto del proceso seguido al Sr. Goodman no tiene nada que ver con la legitimidad del reclamo, a punto que esta Asociación también ha reclamado en esos tiempos por el incumplimiento de las remuneraciones a miembros del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, pero por vías legítimas” evidencia, por un lado, el desconocimiento del contexto particular en el que se dan los acontecimientos y, por otro lado, las condiciones necesarias para el análisis de cualquier hecho social, lo que abre un serio interrogante acerca de la formación de los funcionarios que emiten el comunicado.

La afirmación de que los Fiscales están solos y expuestos a agresiones e insultos no hace más que poner en evidencia la baja calidad de la institucionalidad existente en la provincia de Chubut, amén de convertirse en un pobre argumento de victimización por una situación que la propia función de los Fiscales debería resolver en tanto auto reconocerse como funcionarios independientes.

La Asociación Argentina de Fiscales reclama al Procurador General de la Provincia de Chubut, se ejerza y demande un rol activo y de trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo “ya que el orden y seguridad no se agota en lo que ocurre en el interior de las salas, sino que deben extenderse a las zonas contiguas e inmediatas de desplazamiento de todos los intervinientes” lo que implicaría un reconocimiento implícito de la “zona liberada” denunciada por los trabajadores y manifestantes y que fuera ratificado por pruebas testimoniales. ¿No es grave que el Poder Judicial inste al Ejecutivo a reforzar las fuerzas represivas en nombre del Orden, tanto adentro como afuera de las salas de tribunales? ¿Será que la Fiscalía se siente más cómoda con la fuerza policial que con el pueblo?

A todo ello debe sumarse el silencio manifiesto del comunicado en relación con la obtención de la “prueba” por parte de Fiscalía, que surge de un accionar de espionaje ilegal de las fuerzas policiales, que según testimonio del Oficial Barrera continúa realizándose hasta el día de hoy como si estuviéramos viviendo en dictadura.

Los organismos abajo firmantes nos hemos expresado firmemente en el sentido de calificar el proceso penal seguido a los trabajadores como un acto de criminalización de la protesta social y lo sostenemos dada nuestra actuación en territorio y el permanente acompañamiento a las víctimas de excesos que venimos denunciando desde hace tiempo. Tal es el caso del vecino de Lago Puelo fusilado por el grupo GEOP, Martín Alejandro John, cuyo expediente sigue sin ser abierto por la Fiscalía cuando ha pasado un año y casi tres meses de ocurrido el hecho.

Tampoco se abren las investigaciones sobre policías que actuaron contra el propio pueblo en la represión de diciembre de 2021. No hay por parte de los Fiscales de Chubut impulso alguno para garantizar los Derechos de las comunidades originarias que reclaman sus tierras frente a los poderosos del lugar.

Ni hay investigaciones sobre las responsabilidades que le caben al Gobierno Provincial por no garantizar plenamente el Derecho a la Educación desde hace años. Finalmente, repudiamos enérgicamente la acusación vertida sobre manipulación de la opinión pública y el perjuicio a los Fiscales, quienes están reconociendo en el mismo comunicado emitido que necesitan atención y dedicación de los poderes de un Estado que tampoco los contiene. Es evidente que están equivocando entonces la dirección del reclamo.

El intento de instalar la idea de “manipulación ideológica” de las y los estudiantes cuando se exponen con toda claridad cuáles son las condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrolla la tarea docente en Chubut desde hace un lustro y que derivan en medidas de fuerza. Las y los estudiantes tienen criterio propio y sufren, al igual que los cuerpos docentes, el destrato de un Estado que día a día vulnera los derechos de todos y ningún Fiscal ha reparado en ello.

Nos preguntamos qué parte de la realidad es la que la Asociación de Fiscales está mirando. Y nos preguntamos también si esa realidad que mira constituye una parcialidad que actúa en favor de quienes avasallan los Derechos Constitucionales del pueblo de Chubut.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Chubut

Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagonia

Comisión contra la Impunidad y por la Justicia – Trelew

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Trelew

Colectivo de Abogados Populares La Ciega

Colectivo La Minka

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario

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